por Alberto López Girondo | Feb 12, 2019 | Sin categoría
España entra en zona crítica estos días. Por un lado, se inició el juicio contra una docena de líderes independentistas por la declaración republicana de hace un poco más de un año. Atado a este juicio en términos políticos, el jefe de gobierno, Pedro Sánchez, necesita aprobar el presupuesto para 2019 y de no contar con el apoyo de la izquierda y los partidos nacionalistas, tendrá que llamar a elecciones anticipadas. Mientras tanto, los catalanes están indignandos porque aprovechando este clima de tensiones cruzadas un tribunal absolvió a 40 funcionarios de la Caixa Catalunya acusados de que en medio de la crisis de la entidad bancaria que la llevó a ser estatizada en 2011, se aumentaron los sueldos de un modo escandaloso.
El tema más visible será sin dudas el del juicio que se desarrolla en la Sala de Audiencias de Madrid a 12 dirigentes catalanes. Se supone que el proceso judicial, a televisión abierta, podrá durar unos tres meses. El principal protagonista de aquel intento de secesión -y efímera declaración de Republica- es Carles Puigdemont, que fue presidente de la Generalitat y permanece exiliado en Bélgica para no terminar preso. Siu vicepresidente, Oriol Junqueras, podría terminar preso por un cuarto de siglo. El resto de los imputados tienen pedidos de cárcel por entre 7 y 17 años.
Entre los que se sientan en el banquillo de los acusados figuran la ex presidenta del parlamento catalán, Carme Forcadell, algunos ministros regionales de aquel gobierno que luego fue intervenido por Mariano Rajoy, y los líderes de asociaciones independentistas como ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Las carátulas de sus causas son rebelión y malversación de fondos públicos. Todo por haber convocado a un referéndum considerado ilegal por Madrid y reprimido ferozmente, el 1 de octubre de 2017. Y por pretendido poner en vigencia lo que había sido aprobado, 26 días más tarde.
Las imágenes de policías apaleando ciudadanos que querían votar recorrieron el mundo esa vez y son un baldón para el sistema político hispano, que alardea de ser una de las 20 democracias plenas que hay en el mundo, según un informe de la revista neoliberal británica The Economist muy publicitado en la televisión estatal de España (TVE) por estos días. Este martes otra vez hubo represion en las calles de BArcelona cuando comenzaron a transmitir escenas del juicio.
Una treintena de eurodiputados que se nuclean en la Plataforma de Diálogo UE-Cataluña denunció que lo que se inició en Madrid fue en realidad un «juicio político» del que debiera tomar en cuenta el continente. «Este proceso es una vergüenza no sólo para el Estado español, sino también para la UE», dijo en Estrasburgo (la sede del Parlamento Europeo, en el este de Francia) la eurodiputada italiana Eleonora Forenza.
Para esa organización, formada a fines de 2017, «los catalanes tiene el derecho legítimo de decidir democráticamente su propio futuro político» y reclaman «diálogo y la negociación» para solucionar el entuerto, que se fue potenciando en los últimos seis años ante la intransigencia del gobierno conservador de Rajoy y de la corona de los Borbones, que saben que detrás de la declaratoria de independencia, como lo muestra la historia de esa nación, siempre viene la de constituir una república de iguales y abandonar la monarquía.
Otro que salió a reclamar diálogo pero mostró su respaldo al independentismo fue el presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, quien calificó de «injusto» el juicio que se inició en el Tribunal Supremo en Madrid. «Este juicio (…) se desarrolla en un marco procesal que no es el que el Barça había pedido, un marco político».
Este proceso se desarrolla siguiendo una práctica muy particular del sistema judicial español, como destaca la agencia francesa AFP. Porque en el proceso intervienen tres acusadores diferentes:
–La fiscalía, compuesta de magistrados propuestos por el gobierno y que aparecen como independientes del poder político.
–Los abogados del Estado.
–La acusación popular, una figura bajo la que cualquier ciudadano u organización puede intervenir en el juicio. En este caso esa representación la tiene el partido ultraderechista Vox. seguramente el más acérrimo enemigo de la independencia catalana y que el domingo organizó una marcha en Madrid junto con los otros partidos de la derecha, como el PP y Ciudadanos, para pedir elecciones anticipadas.
Es que los conservadores no digirieron aún la arremetida de mayo pasado entre el PSOE y la alianza de izquierda de Podemos con nacionalistas vascos y catalanes para forzar un voto de confianza que terminó por dar como resultado la salida del poder de Rajoy. Fue en ese contexto que Sánchez llegó a La Moncloa el 2 de junio, como quien dice, «por la ventana», ya que ni siquiera era diputado.
Ahora, en coincidencia con el inicio de las audiencias contra los independentistas, el gobierno del PSOE salió a defender en el Congreso su proyecto de presupuesto para el año 2019. Más allá del contenido de la normativa, lo que está en juego es con cuánto apoyo cuenta el oficialismo para conseguir la aprobación y mantenerse en el Ejecutivo.
Para llegar al gobierno necesitó de la izquierda y de vascos y catalanes. Quizás la premura en reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela tenga que ver con que necesita amigarse con los sectores más conservadores del espectro político español, que no son pocos. De todas maneras, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tuvo que asegurar que «el gobierno no va a ceder a ningún chantaje por parte de nadie». Sánchez no descartó llamar a comicios en abril.
El poder real, en tanto, se manifestó en la audiencia de Barcelona donde el ex presidente de la Caixa Catalunya, Narcís Serra, el exdirector general de ese banco, Adolf Todó, y otros 38 directivos de esa entidad fueron absueltos de culpa y cargo.
Habían sido denunciados en 2010 por haber, «en un contexto de notable reducción de los beneficios -destaca la acusación- incrementado el salario de varios de los principales responsables». El caso más llamativo fue el de Todó, que entró a la Caixa con un salario fijo de 600 mil euros y un 35% más en función de resultados obtenidos y logró subir en 1,5% el fijo y hasta 50% el premio. Los quebrantos de la institución fueron en ese período de unos 720 millones de euros. La Caixa fue intervenida el 30 de septiembre de 2011 por el Estado a través del Fondo de reestructuración ordenada bancaria (FROB) y terminó absorbida por el BBVA.
Los jueces que absolvieron a los directivos reconocen que la institución estaba en crisis y que aumentarse el sueldo en esas condiciones hace un poco de ruido, pero el dictamen dice que «el Tribunal no aprecia comportamiento delictivo ni en la decisión misma ni el proceso que lleva a la misma” y jura que no hay «elementos que permitan tipificar los acuerdos perseguidos como delito».
Tiempo Argentino, 12 de Febrero de 2019
por Alberto López Girondo | Oct 14, 2018 | Sin categoría
El centro que el viernes la Cancillería argentina a través de un tuit en que saludó «afectuosamente al Reino de España en su Día Nacional» fue cabeceado desde el otro lado del océano por una agrupación de extrema derecha que viene creciendo al calor de la caída del Partido Popular. Vox publicó el mismo 12 de Octubre un mensajito en que afirmó que «hace 526 años se inicia la Hispanidad, la mayor obra de hermanamiento realizada por un pueblo en toda la Historia universal». En ambos lados del Atlántico se recordó, sin embargo, que ese día de 1492 comenzó un proceso de destrucción salvaje de culturas ancestrales y el mayor genocidio de la humanidad. Por si hiciera falta retratar qué entiende Vox por hermandad baste decir que el líder de esa agrupación, Santiago Abascal, propuso expulsar del país al secretario de Podemos, Pablo Echenique, porque si bien tiene nacionalidad española, nació en Argentina.
La embestida de Abascal fue en respuesta a un mensaje de Echenique –un científico de 40 años que emigró a España a los 13 años con su familia y forma parte de Podemos desde el origen de esta formación de izquierda– en que cuestionó la masiva manifestación de Vox el domingo pasado en el Palacio de Vistalegre, de Madrid.
No es extraño que salgan a la luz este tipo de chisporroteos. La ola ultraderechista que sacude Europa no había tenido réplica en España. La explicación para el crecimiento del Frente Nacional en Francia, Alternativa para Alemania o la Liga del Norte en Italia, entre otros, es que fue la reacción de grandes sectores de la población ante las consecuencias de la globalización.
Sociedades sometidas a un bipartidismo entre una centroderecha y una socialdemocracia que mantienen políticas neoliberales, dejó sin representación a los que perdieron con los nuevos procesos económicos. En este sayo también cabe Estados Unidos tras el ascenso a la Casa Blanca de Donald Trump. Un nacionalismo elemental que promete defender el trabajo local y ponerle freno a la inmigración. En tiempos del nazismo, sería salvar los valores de la raza.
En España, donde había estallado la crisis inmobiliaria, la respuesta estuvo en la izquierda. Y el movimiento de los Indignados de 2011 fue el caldo de cultivo para el surgimiento en 2014 de Podemos. No por casualidad, el partido mantuvo fuertes lazos con los gobiernos populistas latinoamericanos de principios del siglo XXI. ¿Por qué la opción española estuvo en la izquierda? Para Juan Carlos Monedero, otro creador de Podemos, «porque el franquismo, que es la ultraderecha española, está dentro del PP».
Podemos puso en jaque al bipartidismo y se coló en la izquierda del PSOE mientras el PP se veía envuelto en escándalos de corrupción y crecía el independentismo catalán. Así fue que los medios fueron promoviendo a un pequeño partido creado en Cataluña en 2006, Ciudadanos, liderado por Alberto Rivera, para seducir al descontento del PP.
El vasco Santiago Abascal Conde tiene 42 años y militó desde los 18 en el PP hasta que en 2013 anunció que dejaba el partido porque consideraba que había traicionado los valores que siempre había defendido. Criticaba que por querer congraciarse con el centro había abandonado a la derecha. Al poco tiempo fundó el partido Vox.
La caída de Mariano Rajoy y el ascenso de Pedro Sánchez en una coalición parlamentaria con Podemos abrió el cauce para que los ultras sacaran la naftalina a sus banderas franquistas y sumaran a la ola neofascista sin vergüenza.
El domingo congregaron a unos 10 mil adeptos en Madrid. Se cantó el himno De cara al sol y lucieron emblemas de la Falange. Abascal se burló de quienes los acusan de fascistas. «Cuando nos llaman facha es porque hacemos lo correcto para enfrentarnos a la izquierda y para combatir a los enemigos de España».
Este viernes publicó un tuit más categórico. «Día de la Hispanidad, en mi patria chica, Álava, haciendo lo que mi padre me enseñó a hacer desde pequeño cada 12 de Octubre: ir a un cuartel de la Guardia Civil a felicitar y dar las gracias a los mejores hombres y mujeres de España». «
Debate por la visibilidad
La presencia de Vox en los medios despertó polémicas entre los periodistas. El debate se inició el lunes porque las portadas de dos de los diarios más importantes, El Mundo y La Razón le dieron amplio espacio al mitin en el Palacio de Vistalegre, un mini estadio de la capital española. La pregunta que muchos se hicieron fue «¿corresponde dar cobertura a un partido que no tiene representación parlamentaria?».
La otra cuestión corrió por cuenta del semanario humorístico Jueves, que ironizó con que los periodistas no sabían cómo llamar «a los putos nazis» de Vox, si «derecha reaccionaria, derecha ultra o usar el anglicismo ‘alt-right'».
Para Nemesio Rodríguez, presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), «Vox tiene el mismo derecho a la libertad de expresión que los demás, ya sea para opinar sobre el conflicto catalán o sobre otros asuntos, siempre que respeten los derechos constitucionales».
Hugo Cuello, experto en marketing y evaluación de impacto, analizó el tráfico en las redes y encontró que el acto de Vox «no tuvo tanto impacto como después de que los medios le dieran cobertura, especialmente en el telediario del día siguiente. La atención mediática ha doblado el interés por Vox».
Debate por la visibilidad
La presencia de Vox en los medios despertó polémicas entre los periodistas. El debate se inició el lunes porque las portadas de dos de los diarios más importantes, El Mundo y La Razón le dieron amplio espacio al mitin en el Palacio de Vistalegre, un mini estadio de la capital española. La pregunta que muchos se hicieron fue «¿corresponde dar cobertura a un partido que no tiene representación parlamentaria?».
La otra cuestión corrió por cuenta del semanario humorístico Jueves, que ironizó con que los periodistas no sabían cómo llamar «a los putos nazis» de Vox, si «derecha reaccionaria, derecha ultra o usar el anglicismo ‘alt-right'».
Para Nemesio Rodríguez, presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), «Vox tiene el mismo derecho a la libertad de expresión que los demás, ya sea para opinar sobre el conflicto catalán o sobre otros asuntos, siempre que respeten los derechos constitucionales».
Hugo Cuello, experto en marketing y evaluación de impacto, analizó el tráfico en las redes y encontró que el acto de Vox «no tuvo tanto impacto como después de que los medios le dieran cobertura, especialmente en el telediario del día siguiente. La atención mediática ha doblado el interés por Vox».
Tiempo Argentino, 14 de Octubre de 2018
por Alberto López Girondo | Oct 8, 2018 | Sin categoría
España nunca juzgó los delitos del franquismo. A lo sumo hace algunas semanas el nuevo gobierno de Pedro Sánchez, del PSOE, ordenó retirar la tumba de Francisco Franco del Valle de los Caídos porque resulta una afrenta a la democracia. Cuando un juez pretendió investigar las fosas comunes, fue destituido. Eso fue en 2012 y el magistrado era Baltasar Garzón, conocido por estas costas porque juzgó en su momento al dictador chileno Augusto Pinochet y abrió expedientes también contra militares argentinos. Garzón, en 2008, había caratulado como delito de lesa humanidad a la sustracción de menores y ordenó investigar a presuntos responsables, sancionar a culpables y compensar a las víctimas. Pero tras su caída, el caso que llevaba y que podría haber involucrado a una cifra que algunos elevan hasta 300 mil bebés robados por la dictadura franquista, quedó cajoneado. Desde entonces, los desaguisados en la justicia española en torno a este drama no tiene fin. La última fue la absolución del ginecólogo Eduardo Vela, declarado culpable pero de un crimen prescripto.
Vela, que hoy tiene 85 años, fue encontrado culpable «de forma incontestable” -según el fallo de las juezas María Luisa Aparicio Carril, Ángela Acevedo Frías, María Teresa García Quesada y Ana Mercedes del Molino Romera- de haber entregado en 1969 una bebé a una familia «fuera de los cauces legales» y «sin que conste que hubiera mediado consentimiento ni tan siquiera conocimiento por parte de los progenitores del recién nacido».
La niña se enteró de su origen recién en 2012 y fue entonces que presentó la denuncia. Hoy, a los 49 años, encuentra un sabor agridulce en la sentencia ambigua y controvertida del tribunal. Es que las magistradas entendieron que si bien el hombre es culpable, el hecho prescribió. De haberse mantenido el fallo de Garzón, no hubiese tenido lugar a semejante sentencia ya que es de entender que mientras la mujer, Inés Madrigal, no sabía quién era, el delito se seguía cometiendo. ¿Desde cuándo cuentan el hecho?
En la sentencia de la sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid se determina que «los tres delitos de los que se ha considerado autor al acusado constituyen un conjunto punitivo, por lo que la prescripción depende de la del delito de mayor gravedad de los tres: la detención ilegal». Y según la legislación que se tomó en consideración, el plazo de prescripción para la sustracción de menores es de diez años a partir de que la víctima cumple los 18 años, fecha que se cumplió el 4 de junio de 1987. Madrigal presentó la demanda en abril de 2012.
Madrigal había sido entregada a pocos días de haber nacido en la clínica San Ramón, de Madrid, por intermedio de un sacerdote jesuita, a una mujer de 46 años que no podía tener hijos. La señora Inés Pérez y su marido Pablo Madrigal murieron. El tribunal encontró que el ginecólogo Vela era responsable de haberle quitado la bebé a su madre de sangre y anotarla como hija natural de Pérez.
Hace dos años, otra sala de esa misma Audiencia había determinado que el delito no había prescripto porque se había falsificado un documento, con lo que el daño se mantenía en forma constante. «Se ha vulnerado, y se sigue haciendo, el bien jurídico que protege el delito de falsedad documental», dijeron los jueces de la sección Segunda. «El delito se estaría cometiendo en el momento en que se presentó la denuncia, fecha en la que Inés Madrigal adquirió el conocimiento» de que podía ser una robada.
El caso Madrigal abrió un amplio debate en la sociedad española en torno a los bebés robados en la dictadura, un modelo sobre el que después los militares argentinos tomaron como ejemplo en los 70. El abogado de la víctima, Guillermo Peña, anunció que recurrirá la sentencia ante el tribunal de alzada. «Si la palabra prescripción se hubiese borrado, muchos otros casos tendrían una esperanza de ir adelante», señaló a la agencia AFP Irene Meca, una mujer de 65 años que se enteró a los 15 de que era adoptada.
Según la historia más o menos oficial, el franquismo arrebató los niños a mujeres republicanas que habían sido encarceladas o habían muerto a manos de las fuerzas armadas. Pero también hay una cifra importante de bebés que fueron quitados a sus madres porque, en un clima de pacatería ultracatólica como la que impuso Franco en una dictadura brutal que se extendió entre 1939 y 1975, una madre soltera era un mal ejemplo para la sociedad.
Un caso paradigmático de cómo la democracia actual trató ese drama en estas décadas es el de María Ascensión López, quien denunció a una monja por haber intervenido en su adopción ilegal y terminó condenada por calumnias a pagar una multa de 3000 euros y una indemnización de 40.000 euros a la religiosa Dolores Baena.
López contó en un reportaje al portal publico.es de julio pasado que se enteró que era adoptada luego de que, a la muerte de su padre, una prima la reveló la verdad. “Me dio que no buscara más señas porque no iba a encontrar ninguna”, dice que le dijo la parienta, a la sazón integrante de la orden religiosa de la Caridad, de Almería.
Luego de luchar judicialmente y a través de los medios para dar con su madre carnal, hace tres meses lo único que obtuvo fue un fallo que la sentenció a pagar la multa y que le suspende la pena de prisión si paga antes del año 2020 los 40.000 euros de indemnización. El dinero para la multa y el pago de las costas y de su abogado lo fue juntando a través de diversas organizaciones dedicadas a su misma búsqueda mediante campañas de crowfunding.
“Un compañero me dijo que la verdad no tiene precio –declaró a Público- Claro, imagínate, en ese momento, con el mazazo que acababa de recibir, cómo reaccioné ante esa afirmación. Bastante mal, pero hoy esas mismas palabras las he llegado a hacer mías y es uno de los lemas más importantes para mí”.
Unos años antes, la monja María Gómez Valbuena, “Sor María”, había quedado en el candelero tras haber sido denunciado por la apropiación de bebes durante el franquismo y en los primeros años de la democracia. Había sido denunciada por María Luisa Torres de haberle arrebatado a su hija en 1982.
Torres se reencontró con la niña en 2011 luego de hurgar en archivos y hacer un estudio de ADN. Confirmó entonces que Sor María se la había quitado porque como no estaba casada con el padre, era una adúltera. Valbuena murió en 2013, con tres causas abiertas en tribunales madrileños, a los 87 años.
Tiempo Argentino, 8 de Octubre de 2018
por Alberto López Girondo | Sep 16, 2018 | Sin categoría
La Universidad Rey Juan Carlos, de España, terminó siendo más conocida por la cantidad de maestrías truchas que otorgó –y la lista puede crecer en cualquier momento– más que por la excelencia de la enseñanza que imparten sus docentes. Lo cual generó ácidas críticas entre el alumnado, que desfiló frente a los medios de comunicación para mostrar su indignación sobre el trato que recibieron allí dirigentes de los dos grandes partidos de la transición democrática, el Popular (PP) y el Socialista Obrero Español (PSOE), envueltos en una ciénaga que parece no tener fin. También los docentes están que trinan y a la seguidilla de renuncias en la cúpula le siguen imputaciones que se cuecen en los pasillos y, para rematar, docentes contratados no cobran sus tareas desde marzo, cuando el primer chanchullo salió a la luz. Por si esto no bastara para observar este momento de la política española, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, finalmente decidió mostrar su tesis doctoral, aunque el líder del PSOE sólo estaba acusado de haber plagiado gran parte del texto con el que se graduó en otra casa universitaria, la Camilo José Cela.
El «temita» del master de la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, la conservadora Cristina Cifuentes, estalló en marzo, cuando el portal <www.eldiario.es> publicó una investigación en la que se revelaba que la mujer –que aspiraba al liderazgo dentro del PP, por entonces en el gobierno con Mariano Rajoy– había obtenido su título sin haberse tomado la molestia de concurrir a clases. Acosada por esta novedad, y por la difusión de un video donde se la veía intentando irse de un supermercado sin pagar una crema antiarrugas, renunció al cargo a fines de abril.
La causa por la financiación ilegal del PP, pocas semanas más tarde, terminaría arrastrando al gobierno de Rajoy y en ese escenario Sánchez hizo el sorpasso para ocupar su lugar, el 2 de junio. En su Gabinete designó a Carmen Montón como ministra de Sanidad. Con un sólido prestigio y un cuadro reconocido en cuanto a la salud pública, tuvo que dimitir esta semana porque el mismo portal –sostenido por sus lectores mediante suscripción–reveló que también había obtenido su master en la URJC en condiciones irregulares.
Sánchez trató de salvarla del escarnio pero básicamente de no incinerarse cuando no había cumplido 100 días en el sillón de mando. Pero la presión mediática fue más fuerte.
Además, quedaba como un suerte de enroque, ya que al mismo tiempo el nuevo líder del PP, Pablo Casado, también aparecía en la mira. Emergente de la crisis del tradicional partido de la derecha española, Casado llegó a la cumbre partidaria en julio. Fue «compañero» de Cifuentes en la URJC, pero ninguno de los que asistieron a aquellos cursos recuerdan haberlo visto. Para colmo, tiene un récord impresionante de haber rendido 18 materias en apenas dos años en dos carreras simultáneas, aunque en una universidad privada, Derecho y Administración de Empresas. Lo del master ya era de vicio, tal vez por eso se niega a presentar los documentos que prueben que hizo todo como corresponde.
El problema es que los archivos de respaldo que podría probar quién hizo qué en relación en la URJC, según denunció este viernes el centro educativo, fueron borrados por manos anónimas. Se trata de 5000 correos electrónicos del Instituto de Derecho Público del período entre 2008 y 2014.
Sánchez aprovechó la espuma para presentar su tesis doctoral. La denuncia de dos medios de la derecha era que había hecho copy-paste. Según reveló eldiario.es, el texto contiene muchas citas sin entrecomillar, pero al final del trabajo consta de dónde fue sacado cada frase ajena.
El dirigente de Podemos Juan Carlos Monedero especula con que Sánchez no quería mostrar su tesis porque es más bien floja y agrega que el error fue no haber puesto las comillas y una llamada a pie de página, para evitar sospechas. En cuanto a la profusión de citas, él tiene una para ilustrar a qué vienen, del ya fallecido semiólogo italiano Umberto Eco. «Copiar un libro es cometer un plagio, copiar dos, dos plagios; copiar muchos, una tesis doctoral.»
En el PSOE, en cambio, ven el ataque desde la derecha –entre los mas entusiastas acusadores estuvo Ciudadanos– a la aprobación del decreto que permite exhumar el cuerpo del dictador Francisco Franco. «
A la sombra del Borbón
No son pocos los que consideran que parte del escandalete de la Universidad Rey Juan Carlos tienen relación con los programas de estudios superiores que con pompa y circunstancia adhirieron los países de la Unión Europea, el Plan Bolonia. Se redujeron desde los ’90 los estudios de grado y la preparación se debe completar con especializaciones, que son criticadas como una forma encubierta de privatización de la enseñanza pública. Así florecieron másters como el que miembros del PSOE y del PP hicieron en tiempos récord y mientras estaban ocupados en otras cuestiones políticas.
La URJC ya venía en falsa escuadra desde que Fernando Suárez, rector entre 2013 y 2017, y medievalista de cierta fama se tuvo que ir casi por la puerta del fondo cuando se descubrió que había cometido 15 plagios de unos 20 autores en sus obras.
Suárez es hijo de Luis Suárez, otro historiador de aquellas épocas, que fue presidente de la Hermandad del Valle de los Caídos, donde todavía están los restos de Franco. Juan Carlos de Borbón, que le da nombre a la ahora machucada universidad, también tiene lo suyo. Designado a dedo por el dictador a contrapelo de la sucesión entre los Borbones, subió al trono formalmente a la muerte del caudillo, en 1975. Y abdicó en junio de 2014, envuelto en escándalos que todavía lo acosan, como el de una amante que en julio pasado reveló que la había usado como testaferro para ocultar una fortuna en Suiza.
A la sombra del Borbón
No son pocos los que consideran que parte del escandalete de la Universidad Rey Juan Carlos tienen relación con los programas de estudios superiores que con pompa y circunstancia adhirieron los países de la Unión Europea, el Plan Bolonia. Se redujeron desde los ’90 los estudios de grado y la preparación se debe completar con especializaciones, que son criticadas como una forma encubierta de privatización de la enseñanza pública. Así florecieron másters como el que miembros del PSOE y del PP hicieron en tiempos récord y mientras estaban ocupados en otras cuestiones políticas.
La URJC ya venía en falsa escuadra desde que Fernando Suárez, rector entre 2013 y 2017, y medievalista de cierta fama se tuvo que ir casi por la puerta del fondo cuando se descubrió que había cometido 15 plagios de unos 20 autores en sus obras.
Suárez es hijo de Luis Suárez, otro historiador de aquellas épocas, que fue presidente de la Hermandad del Valle de los Caídos, donde todavía están los restos de Franco. Juan Carlos de Borbón, que le da nombre a la ahora machucada universidad, también tiene lo suyo. Designado a dedo por el dictador a contrapelo de la sucesión entre los Borbones, subió al trono formalmente a la muerte del caudillo, en 1975. Y abdicó en junio de 2014, envuelto en escándalos que todavía lo acosan, como el de una amante que en julio pasado reveló que la había usado como testaferro para ocultar una fortuna en Suiza.
Tiempo Argentino, 16 de Septiembre de 2018
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