por Alberto López Girondo | Abr 21, 2019 | Sin categoría
España se encamina a las urnas en un clima de tensiones políticas derivadas de la cuestión no resuelta del independentismo catalán, del crecimiento de la ultraderecha y de una crisis económica que una medida de Donald Trump relativa a Cuba no haría sino empeorar. En este marco, la buena noticia para Pedro Sánchez es que podría legitimar su gobierno, al que ingresó como por la ventana el 2 de junio de año pasado, enancado en el apoyo de Unidos-Podemos y los partidos nacionalistas regionales.
La cadena de casos de corrupción que envolvió al Partido Popular (PP) generó las condiciones para que –confiando en que ganaba «con la camiseta»– Mariano Rajoy pidiera un voto de confianza al Congreso. Hacía dos años había sido reelecto y con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) sumido en una crisis casi terminal que nada parecía preocupar.
La sorpresa fue que la centroizquierda, conformada dentro de Podemos por grupos que masivamente habían abandonado el PSOE, disgustados por las políticas de corte neoliberal aplacadas por José Luis Rodríguez Zapatero, convencieron a Sánchez, que ni siquiera era diputado, de que daban los números para sacar a los conservadores del Palacio de La Moncloa. Y efectivamente, aliados con el Partido Nacionalista Vasco y los catalanes, forzaron la renuncia de Rajoy. Sánchez asumió con una debilidad de base que ahora espera remediar.
No es que el presidente del gobierno haya decidido lanzar una votación anticipada porque se sentía fortalecido, simplemente fue que no logró que le aprobaran un presupuesto considerado por los sectores progresistas del país como más beneficioso para las clases populares que los que se vienen manejando desde 2008 en adelante.
Las últimas encuestas sostienen que el PSOE lograría una mayoría que de todas maneras no le daría para gobernar en soledad. Necesitarán otra vez de los votos parlamentarios de Unidas-Podemos (la alianza entre el partido de Pablo Iglesias, Izquierda Unida y Equo, la versión española del Partido Verde, que al calor de los tiempos que corren, cambió de género) y quizás hasta de los nacionalistas.
Aquí es donde la cosa se puede complicar, porque a estas horas también avanza el juicio contra los líderes independentistas catalanes, calificados por amplios sectores sociales como presos políticos. Qué hacer con este entuerto es un tema de debate nacional que atraviesa los comicios.
En este escenario también vino desgajándose la centroderecha, que desde la vuelta de la democracia, en 1975, está mayoritariamente representada por el PP. El partido Ciudadanos (Cs) se formó con descontentos con la corrupción en 2006. VOX, corrido todo lo que puede a la derecha, nació en 2013 ante el crecimiento de la inmigración y el avance del independentismo regional, y viene creciendo con un discurso xenófobo y ultramachista.
El pentágono
A la elección del 28 se presentan cinco candidatos a la primera magistratura: Sánchez por el PSOE, Pablo Iglesias por Unidas-Podemos, Pablo Casado por el PP, Albert Rivera por Cs y Santiago Abascal por VOX. Todo indica que habrá algo más de votos de derecha que de izquierda (casi 46% a 44%), pero la dispersión no le permitirá ampliar su base de escaños en el Parlamento, algo que conseguiría más fácilmente el PSOE, aunque tampoco es que le sobre tanto.
Que el clima se pone denso cuando falta una semana para las urnas lo prueba la disputa por el debate de los candidatos. Hay bastante acuerdo en que no se haga presente el representante de VOX, con la excusa de que no tiene representación parlamentaria. Curiosamente –o no– eso hace crecer la imagen de Abascal, a través de las redes sociales, en las que sus partidarios son muy activos, habla de censura.
El encuentro de a cuatro iba a ser este lunes por la Televisión Española (RTVE), mientras que el canal privado Atresmedia iba a hacer lo propio el martes. A último momento el canal público cambió la fecha al 23, superponiendo el desafío. Sánchez dijo que iría a RTVE, Iglesias pidió alguna negociación para evitar un papelón y los «trifachos», como los caratularon en un programa humorístico ironizando sobre la plataforma de búsqueda de hoteles Trivago, dicen que estarán en Atresmedia, que ahora desinvitó a Abascal.
Desde el 1 de mayo, en tanto, habrá un duro golpe a los capitales españoles en Cuba ya que ese día la Casa Blanca anunció que levantará la suspensión de la ley Helms-Burton.
Se trata de una normativa aprobada en 1996 y en suspenso desde entonces que endurece las sanciones contra el gobierno de la isla y penaliza el comercio y las inversiones externas. Desde hace décadas España es el principal inversor en la mayor de las Antillas, con fuertes intereses en el sector hotelero y de servicios. Tres días después de las elecciones, empresas españolas podrían ser demandadas en Estados Unidos por sus vinculaciones comerciales con el gobierno de la Revolución.
Mientras tanto, la deuda pública española se mantiene en alza y en febrero trepó a 1.1 88.919 billones de euros, el 98,2% del PBI o 1,2 puntos más que un año antes.
Tiempo Argentino, 21 de Abril de 2019
por Alberto López Girondo | Abr 7, 2019 | Sin categoría
Mediante una maniobra de espionaje que culminó en una operación mediático-judicial, el gobierno de Mariano Rajoy acusó a los líderes de Podemos de pagos irregulares del gobierno chavista para que ese partido no llegara al poder en 2016. Para cumplir con ese objetivo, negoció con un exministro de Hugo Chávez –convertido en informante de la DEA– para que avalara presuntos pagos a una fundación relacionada con esa agrupación política. La olla se destapó estos días con una serie de audios en que el inspector José Ángel Fuentes Gago le dice claramente al venezolano Rafael Isea que «si nos ayudan a que no lleguen los de Podemos, mejor para todos».
Isea, militar en retiro que fuera muy cercano a Chávez, ocupó el Ministerio de Finanzas en 2008 y fue luego gobernador de Aragua y presidente del banco del ALBA, hasta que el gobierno venezolano lo denunció por corrupción. En septiembre de 2013 pasó a ser testigo protegido de la DEA y denunció a altos funcionarios chavistas por narcotráfico.
En abril de 2016, Fuentes Gago al frente de una delegación que incluyó al jefe de la Brigada de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF), el comisario José Manuel García Catalán, y a una inspectora, viajó a Nueva York para entrevistar a Isea, que estuvo acompañado por un abogado. La transcripción de esas charlas, de cuatro horas, son reveladoras. El exministro ve el documento donde se acredita un pago de 7,1 millones de dólares a la fundación CEPS y duda de su veracidad. Reconoce su firma y la de Chávez, pero indica que es una fotocopia, que no recuerda haber autorizado ese pago, que faltan los sellos oficiales. «A nosotros todo eso nos da igual, si el documento es bueno, si es malo, si tal (…) si esos dineros se cobraron y ellos no lo han declarado ya han cometido unos delitos. Eso es lo único que nos vale a nosotros, si el documento es bueno o malo, ehh…»
Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero habían hecho trabajos de consultoría para el gobierno venezolano y no lo negaron. Ellos son académicos y en aquel momento aún no habían creado Podemos. Por otro lado, no es delito hacer un trabajo y cobrar por él. Lo que ellos negaron es que la cifra fuera esa.
El PP de Mariano Rajoy tambaleaba por la crisis económica y los escándalos de corrupción y podía perder las elecciones de junio de 2016. Cuestionar a Venezuela se había convertido en caballito de batalla y todo lo que oliera a chavismo un buen argumento de campaña ante un partido que crecía y amenazaba al establishment. De allí la desesperación en buscar un freno, a cualquier precio. «Si es que sólo es para poder introducirlo en el tracto jurídico español –le explica el policía–. Si estas personas usted tiene conocimiento de que cobraban por informes huecos y que cobraban unas cantidades que son elevadas, porque luego ya, el comisario que dirige la UDEF buscará la forma hablando con quien tenga que hablar, con la DEA, con el FBI o con los rusos, joder. Que también ellos nos deben alguna».
Isea terminó aceptando la veracidad de los papeles porque le garantizaron que iban a proteger a su familia, que los iban llevar a España con identidad reservada «para que tuvieran una nueva vida». El caso fue desechado por la Justicia española, pero los medios se regodearon con los datos y Podemos perdió muchos de los votantes, por la teoría de que «al final todos son lo mismo».
Ahora, tras la publicación de los audios en medios españoles, Isea dijo que se siente utilizado. Podemos, ahora, también pide explicaciones, pero a la Justicia.
Tiempo Argentino, 7 de Abril de 2019
por Alberto López Girondo | Mar 6, 2019 | Sin categoría
El partido ultraderechista español Vox quedó implicado en un escándalo cuando uno de sus integrantes fue detenido bajo el cargo de abuso sexual contra al menos un interno de un centro de discapacitados de la provincia catalana de Lleida. El hecho causó una pequeña crisis dentro del partido xenófobo y franquista que corre a la derecha del todo el espectro político de la península, ya que José Antonio Ortiz Cambray figuraba como presidente de la agrupación en ese distrito e incluso fue candidato. Vox, sin embargo, en un primer momento optó por desconocerlo.
Ironías del destino: la mejor herramienta para el acelerado crecimiento de la agrupación que lidera Santiago Abascal, las redes sociales, fueron también el instrumento para enterrar el discurso evasivo de la dirigencia «voxista», ya que inmediatamente de copnocido el caso comenzaron a circular videos y registros en que el sospechoso demostraba su relación con el partido que se presenta como un hálito de pureza en un sistema político atravesado por la corrupción generalizada.
Los Mossos d´Esquadra, la policía catalana, acudieron ante una denuncia de las autoridades de la Fundación Aspros, responsable del centro de atención a discapacitados de Lleida (Lérida para los españolistas). Los médicos habían observado comportamientos fuera de lo común en uno de los internos. Los mossos incautaron el celular del muchacho -se ignora la edad aunque se confirmó que es mayor de edad- y comprobaron reiterados mensajes con Ortiz Cambray. Sobre todo, mensajes de contenido sexual explícito.
No se sabe si alguna información le había llegado al acusado y buscó una tangente por la que desviar la atención, pero justo este lunes Ortiz Cambray había presentado una denuncia en la fiscalía local por la aparición de varios muñecos de la altura de un hombre, colgados de un puente de la autopista de ingreso a la ciudad en su cruce con la calle Cos-Gayón.
Los muñecos tenían las siglas de los partidos y los rostros de representantes de Ciudadanos, Podemos, Partido Popular, Partido Socialista Catalán (la versión catalana del PSOE) y Vox. Junto a ellos había pancartas que decían «Todos los Partidos del régimen serán culpables del encarcelamiento» y «Absoluciones Pablo Hasél amnistía total».
Hasel es un rapero de 31 años condenado varias veces a prisión por el contenido de sus letras. En 2014 fue sentenciado a dos años por apología del terrorismo y luego fue arrestado acusado de atacar un desfile del partido de extrema derecha Plataforma per Catalunya (PxC). En septiembre pasado recibió otra condena, a nueve años, por blasfemar contra la monarquía en otra de sus canciones.
Ostentando el cargo de presidente de Vox de Lleida, Ortiz Cambray denunció el caso como «delito de odio». El dirigente conocía bastante bien a Hasel ya que formó parte de PxC y fue candidato a alcalde. Los monigotes habían aparecido el miércoles anterior, pero todo indica que la fiscalía recién abrió una investigación cuando presentó su denuncia.
A esta altura, la suerte del hombre ya estaba echada y este martes un partida de mossos llegó hasta su trabajo, en una concesionaria de autos del barrio de Cappont y se lo llevó detenido.
La acusación es que abusó del discapacitado neurológico al que, presumiblemente, le pagaba por servicios sexuales. Investigan también si es el único interno que habría sufrido abuso o hay algún otro.
Al circular la información, obviamente desde todo el arco político saltaron sobre Vox, que creció al calor del descrédito del PP, envuelto en el escándalo por la financiación ilegal durante el gobierno de Mariano Rajoy. De hecho, Abascal era miembro del PP y formó una nueva agrupación en 2013, acusando a la dirigencia conservadora -en ese momento en el Palacio de La Moncloa- por los tortuosos manejos económicos de sus integrantes.
A fines del año pasado, Vox dio el batacazo en Andalucía al sumar 12 escaños para el parlamento local. No son determinantes para aspirar al ejecutivo, pero si para ser necesarios en cualquier alianza, fundamentalmente porque por primera vez desde el retorno de la democracia a España, el PSOE perdió la elección en manos de agrupaciones de centro derecha.
Golpeados debajo de la línea de flotación, desde el entorno de Abascal salieron pronto a despegarse de Ortiz Cambray. Luego, cuando las evidencia ya resultaban incontrastables -es difícil evadirse de lo que circula en las redes sociales- intentaron, a través de Twitter, desmarcarse aludiendo a que «el señor Ortiz no ocupa ningún cargo de responsabilidad dentro del partido y es tan sólo un militante de base».
Anunciaron entonces que hasta que la cosa se aclare, habían suspendido al sospechoso. Pero como tampoco podían desmentir que fungía como titular del partido a nivel local, dijeron que -ahora- llevarían «al señor Ortiz al Comité de Garantías (de Vox) por presentarse ante la opinión pública como presidente de la formación en Lérida. Una presentación que ha hecho siempre de forma personal y a través de sus redes sociales».
Finalmente ruegan a los medios de comunicación «que se han hecho eco de esa información falsa a que rectifiquen sus informaciones al respecto y consideren al señor Ortiz como un afiliado de base».
Tiempo Argentino, 6 de Marzo de 2019
por Alberto López Girondo | Feb 17, 2019 | Sin categoría
A 44 años de su muerte, el dictador Francisco Franco será protagonista de las elecciones convocadas por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, para el 28 de abril.
El para nada sorprendente rechazo parlamentario al presupuesto para el año 2019 forzó el adelantamiento de los comicios. Sánchez, que había llegado a La Moncloa en junio pasado tras una maniobra conjunta con los partidos de izquierda–Podemos-IU y los nacionalistas vascos y catalanes, tenía una debilidad de origen. No sólo llegó luego de un voto de confianza adverso contra el premier del Partido Popular (PP), Mariano Rajoy, sino que ni siquiera era diputado al momento de la designación.
La alianza circunstancial era una manera de darle un giro a la economía del país, sometido a ajustes perpetuos tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008. Pero en el medio “pasaron cosas”.
Como que la caída de Rajoy precipitó la crisis interna en el PP de la cual emergió como líder Pablo Casado, de la generación nacida en los ’80. Además, fue creciendo otra variante de derecha como el partido Ciudadanos, que conduce Albert Rivera. Y finalmente, apareció un partido ultraderechista como Vox, clave para destronar al PSOE de Andalucía luego de cuatro décadas en el poder.
Pasó, también, que el mismo día que se debían votar los presupuestos -un acuerdo con Podemos-IU que va en sentido contrario a las políticas neoliberales que se bajan desde Bruselas- comenzaba el juicio en Madrid contra 12 dirigentes acusados por el referéndum y la efímera declaración de República Independiente de Catalunya de octubre de 2017.
El jefe de Estado había planteado la figura de un intermediario –al que denominó “relator”- para un diálogo con el presidente de la Generalitat, Joaquim Torrá. Para VOX, Ciudadanos y el PP, no hay negociación posible con los secesionistas, solo la intervención, como la que había ensayado Rajoy, y cárcel de por vida a los insurrectos. Francisco Franco se había ensañado especialmente con esa región desde 1939. Cataluña fue uno de los pilares de la República Española, aplastada a sangre y fuego por el dictador, ayudado por el nazismo.
Vox participa en el juicio contra los independentistas como parte de una figura que se llama Acusación Popular. «Vox está aquí como la voz, el clamor del pueblo español, para que esta gente aprenda que no se puede hacer un golpe de Estado», dijo uno de sus militantes. “El 28 de abril la España Viva reconquistará su futuro”, se entusiasma Santiago Abascal, el fundador de esa agrupación política.
Sánchez, en tanto, está decidido a apurar la decisión de retirar el cuerpo de Franco del Valle de los Caídos, en las afueras de Madrid. Una forma tardía de reconquistar al votante de centroizquierda que fue la base del PSOE desde la recuperación de la democracia. Ni bien le puso fecha al comicio, exigió a la familia del dictador que busquen un lugar donde depositar los restos.
“A los muertos hay que dejarlos en su sitio”, arenga Vox. «El Valle no se toca», dice a su turno otro acérrimo defensor de Franco, Luis Alfonso de Borbón, bisnieto de Franco por parte de madre y de Alfonso XIII, el rey destronado por la República, por parte de padre.
Tiempo Argentino, 17 de Febrero de 2019
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