por Alberto López Girondo | Sep 26, 2014 | Sin categoría
El único lenguaje entendido por asesinos como estos (hablaba del grupo extremista Estado Islámico) es el lenguaje de la fuerza. Por eso, Estados Unidos trabajará con una amplia coalición para desmantelar esta red de la muerte.» Las palabras de Barack Obama resonaron en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Algunos, como los países que integran esta nueva alianza que el presidente de Estados Unidos armó para combatir a las tropas islamistas que de pronto se apropiaron de parte de Siria y de Irak, aplaudieron.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en cambio, se permitió en ese foro privilegiado –y a pocos metros de Obama– la duda sobre no sólo las acciones que emprenden los países occidentales con relación al terrorismo internacional sino incluso sobre el grupo mismo que hoy por hoy aparece como la encarnación del mal.
Es que, sin ir demasiado lejos, allí nomás, en ese mismo escenario, hace once años el entonces secretario de Estado Colin Powell entregó profusa información sobre el arsenal de armas de destrucción masiva que colocaba a Saddam Hussein, el presidente iraquí, como uno de los peores enemigos de la civilización. Algo que no debe haber estado ausente de la percepción de CFK cuando destacó que «desde las grandes potencias se cambia demasiado fácil el concepto de amigo, enemigo o terrorista».
Las críticas por la sinuosa política internacional que desarrolla el gobierno de Obama desde que llegó a la Casa Blanca son a esta altura un clásico entre grupos opositores de toda laya, pero también entre analistas y estudiosos de las temáticas internacionales.
Pero la sinuosidad se extiende a las estrategias que despliega la administración estadounidense en las últimas décadas. Como si encontrarse siendo la gran potencia global a la caída de la Unión Soviética hubiese desplegado ambiciones equiparables a las torpezas para llevarlas a la práctica. Al revés de Midas, aquel rey de Frigia que convertía en oro todo lo que tocaba, parecen trocarlo todo en un desastre, para ser elegantes y si se quiere naïfs.
Porque la guerra desatada por George W. Bush, que acabó con el régimen saddista, al poco tiempo demostró haber partido de una mentira como excusa. En aquel momento, el senador Obama se oponía al despliegue de tropas por las consecuencias que eso podría acarrear al país. Y con ese antecedente se presentó a los comicios de 2008 como una esperanza de cambios. De hecho, hace casi tres años se ufanó de haber retirado los últimos soldados de ese el pensamiento dominante entonces. Ahora, sin que se le moviera un pelo, inició una ofensiva que nadie sabe de qué modo terminará. Y sobre todo, que seguramente será una herencia maldita para quien lo suceda en 2017.
Como será que en su propio territorio, activistas por la paz como David Swanson, sostiene en su web War is a crime (la guerra es un crimen), que «cualquiera que comente el estado actual de Irak podría pensar que George W. Bush hizo algo bien». Ironiza en que un video difundido por ISIS, el anagrama con que todavía se conoce a EI en aquellas regiones, donde muestran las atrocidades cometidas y alguna frase del ex mandatario republicano: «Estás con nosotros o estás contra nosotros». En una esquina de la pantalla se lee «Bush dijo la verdad, a pesar de que es un mentiroso». Una frase que bien le calza a este Obama que echó por tierra con las razones que le permitieron ser coronado en Oslo hace casi cinco años.
Es interesante el ácido artículo de Peter Van Buren, un ex funcionario con 24 años de carrera en el departamento de Estado que fue designado para trabajar con los iraquíes luego de la invasión. Su paso por el país asiático fue entre 2009 y 2010, o sea, cuando el demócrata llegaba a Washington. «Mi función era dirigir dos equipos en la reconstrucción de la nación», señala Van Buren. «Eso significó pagar por escuelas que nunca se terminaron, el establecimiento de pastelerías en calles sin agua ni electricidad, y la realización de eventos de propaganda de temas generados en Washington.» Señala el hombre que entre las acciones de acercamiento y seducción de los nativos estaba jugar partidos de fútbol en los que se garantizaba un resultado que permitiera integrar a sunnitas con chiítas.
El problema es que a la caída de Hussein, un sunnita en una población mayoritariamente chiíta, viejas enemistades quedaron a la luz y se manifestaron con toda virulencia en múltiples atentados registrados desde entonces. Para colmo, desde el Pentágono y con anuencia de la CIA se fomentó la creación de un modelo que reparte los poderes en tres: sunnitas en el parlamento, chiítas en el ejecutivo y un presidente de origen kurdo. Agua con aceite que incluso podría haber funcionado si no fuera, piensa Van Buren, que el primer ministro Nuri Al Maliki inició persecuciones y se abrió hacia actos de corrupción que empeoraron la situación. El cambio forzado por el departamento de Estado hace algunos meses ya era una decisión desesperada y tardía.
Van Buren –autor de un libro esclarecedor, Teníamos buenas intenciones: cómo ayudé a perder la batalla por los corazones y las mentes del pueblo iraquí»– reflexiona que un chico que forme parte ahora de ese contingente de 1600 «no botas en el suelo» (Obama prometió que sólo actuarán drones y aviones de combate pero no tropas sobre el terreno) tenía ocho años cuando Bush inició la invasión. «(El muchacho ) probablemente le tuvo que preguntar a su padre de qué se trataba eso». Y el progenitor le podría haber dicho que en 2011, cuando regresó a su casa con la frente bien alta, Obama había asegurado que «estamos dejando atrás un Irak soberano, estable y autosuficiente».
John Taylor anotó en The Unz Review, un foro alternativo estadounidense creado por el dirigente conservador Ron Unz, una lista que debería tenerse en cuenta antes de adherir fácilmente al pedido de Obama para una cruzada en tierras de Irak y Siria. «¿Se ha olvidado que los mujaidin que patrocinamos en Afganistán para luchar contra los soviéticos se transformaron en el Talibán y al-Qaeda? Por el agujero de la memoria, quedó la destrucción del Estado libio, que el propio Obama presidió, y la anarquía que prevalece en la actualidad.» Y advierte que en Siria la mayoría sunnita, que está enfrentada al gobierno de Bashar al Assad, alauita y por lo tanto ligado a la vertiente chiíta del Islam, simpatiza con el EI. No porque participe de sus atrocidades, sino porque representan la posibilidad de sacarse de encima un régimen que les resulta opresivo. Esa fue la apuesta de la comunidad occidental cuando decidió apoyar a grupos opositores a Al Assad. Pero algo evidentemente salió mal. O tenía un componente envenenado y nada inocente que sirvió para forzar cualquier política pacifista de Obama.
La situación es tan enrevesada a estas horas que no resulta inaudito que Al Assad y el régimen iraní pasen a ser la mejor opción para combatir a los yihaidistas del EI. Detalla Glenn Greenwald, el periodista británico que publicó la información filtrada por el analista estadounidense Edward Snowden, los nuevos bombardeos sobre objetivos en Siria con apoyo de regímenes como los de Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Jordania. «Eso significa que Siria pasó a ser el séptimo país predominantemente musulmán en ser bombardeado por el Nobel de la Paz 2009, después de Afganistán, Pakistán, Yemen, Somalia, Libia e Irak».
Van Buren destaca que la excusa para abrir la política bélica fue la protección de los yazidis «una secta religiosa de la que nadie en este país habían oído hablar», pero de la que ya no se escucha demasiado. Y compara ese gesto con el del supuesto ataque en el Golfo de Tonkin que justificó la ampliación de la Guerra de Vietnam en 1964. «Esta última guerra en Irak cuenta con entrenadores en Operaciones Especiales y ataques aéreos a combatientes que tienen armas abandonadas por el ejército iraquí, que ahora debe ser reabastecido por Washington». Van Buren –que fue expulsado del gobierno en 2011 y padeció persecución civil– escribió también «Los fantasmas de Tom Joad: la historia del 99%». Una suerte de revival de Viñas de Ira, la novela de John Steinbeck que da cuenta de la crisis del ’30 en los sectores más castigados del Estados Unidos. El 99% de los menos favorecidos en la sociedad estadounidense actual también padece una degradación en todos los aspectos en beneficio del 1% más favorecido. Es que una cosa va ligada a la otra. Y la inequidad social junto con la guerra son componentes básicos de este momento del mundo. Componentes tan terroristas como los que cortan cuellos en las arenas de Asia Menor.
Tiempo Argentino
Setiembre 26 de 2014
por Alberto López Girondo | Ago 2, 2014 | Sin categoría
Lo que tienen algunos opinólogos de la derecha es que, como se sienten dueños, no tienen empacho en decir ciertas cosas sin aditamentos. Es lo que ocurre con Carlos Pagni, uno de los estrellas de La Nación, furioso antiK y sin dudas del lado menos amigable para hablar del manejo de la controversia con los fondos buitre. En una columna de este viernes que tituló “El alto costo de un capricho”, Pagni sostiene que “Acusar a los holdouts porque «quieren más» es ignorar que la justicia a la que las partes se sometieron les dio derecho a más”.
Luego cuestiona el argumento oficial de que no se conformaban con el 300% que se les ofrecía porque “no se está debatiendo un contrato entre un país y sus acreedores, sino la determinación del capitalismo de «tumbar» a un «modelo» impertinente, que no se sometió a las exigencias del sistema financiero” (Pagni dixit). La crítica es que la postura gubernamental es inocente. “Era natural que esos acreedores no iban a aceptar los términos de los canjes. Por eso fueron a juicio”.
“Cristina Kirchner y Kicillof siguieron acusando a Griesa de coincidir con los «buitres». Tienen razón –destaca- . Griesa, como la mayoría de los jueces neoyorquinos, suele ser más sensible al derecho de propiedad de los acreedores que al «interés general». Más: identifican el interés general con el derecho de propiedad de los acreedores. Y suelen provenir, como Griesa, de estudios jurídicos que defienden a los bancos. Pero la Presidenta y el ministro olvidan que la Argentina se sometió a esa justicia por esas razones. Es decir, porque cuando intervienen magistrados que sacralizan la letra de los contratos los que prestan su dinero cobran una tasa de interés inferior. En otras palabras: la afinidad de los Griesa con los acreedores fue, en su momento, un subsidio para los deudores”.
Se puede agregar que los bonos en cuestión no fueron emitidos por este gobierno. Y que la sociedad y la dirigencia política no mostraron en su momento ninguna oposición al tribunal porque las crisis de la deuda implicaban dar respuesta urgente con una pistola en la nuca. Los medios cacarearon entonces- La Nación, entre ellos- sobre la necesidad imperiosa de aceptar ese tribunal o perecer. Pero las políticas de shock, que abrieron las puertas a la entrega del patrimonio nacional, llevaron indefectiblemente a la crisis del 2001.
Ahora la sociedad aprendió. Se nota en las calles que no quiere comprar el discurso de apurar definiciones bajo amenaza de las peores consecuencias. Y está bien. Ni en la vida cotidiana es bueno negociar bajo presión.
Es cierto que una pistola en la nuca es peligrosa. Depende de la pericia de quien la empuñe que no se dispare el tiro fatal. Y de que quien padece el frío caño en la piel no haga un movimiento que desencadene la matanza.
Pero es bueno recordar aquella idea de Néstor Kirchner de que nadie le puede cobrar a un muerto. Sigue siendo una carta ganadora. Los buitres quieren castigo, si, pero sobre todo aprecian el dinero. Y si aprietan el gatillo no tendrán quién les pague. Esa es una ventaja para cualquier deudor. Solo hace falta mantener la calma.
2 de Agosto de 2014
por Alberto López Girondo | Abr 25, 2014 | Sin categoría
Desde los originarios «pactos preexistentes» de la vieja Constitución de 1853 hasta el del Bicentenario que propuso el recién asumido gobierno de Cristina Fernández en 2008 –pasando por el Gran Acuerdo Nacional que la dictadura de Alejandro Lanusse quiso imponer al peronismo en los 70– mucha agua corrió bajo los puentes. Sin embargo, para grandes sectores de la dirigencia política y empresarial, la panacea para todos los males sigue estando en los míticos Pactos de La Moncloa, al que ahora agregan el promovido por el mexicano Enrique Peña Nieto hace un par de años.
Para agregar algo de «achuras» a este asado, tanto dirigentes como comunicadores sociales suelen incorporar el ejemplo de modelos económicos que figuran como exitosos en el prospecto de recomendaciones para los gobiernos de turno y los que puedan venir. El problema es que la realidad raras veces es como quisieran esos cultores del espejismo y con frecuencia, incluso, es totalmente opuesta al discurso de cúpulas más habituadas a manipular datos que a responder a problemáticas concretas.
Muchos de esos temas volvieron a estar en el tapete a raíz del documento que el llamado Foro de Convergencia empresarial presentó como plataforma para la futura gestión presidencial. Más allá de reclamos puntuales y la perspectiva desde la que se analiza este momento del país, se destacan los comentarios ad hoc tanto de dirigentes como de periodistas afines. Que los hubo en abundancia.
«Este documento no da detalles de las medidas. Proponemos que nuestros equipos técnicos trabajen con los equipos técnicos de los partidos políticos y así se definan las propuestas. Necesitamos pactos como el de México o el de La Moncloa», señaló en conferencia de prensa Miguel Blanco, presidente de IDEA, una de las instituciones que adhirió a la propuesta con más fervor.
Ricardo Romano –subsecretario general de la Presidencia en el segundo mandato de Carlos Menem, (1995 -1999) y ex vicepresidente de la Internacional Demócrata de Centro (IDC)– escribió en una columna en Infobae que «los Pactos de La Moncloa consagraron la supremacía del conjunto respecto de los intereses de la parte. El punto de partida fue la coincidencia en el diagnóstico respecto de la situación del país».
El Pacto de La Moncloa –por el palacio madrileño donde atiende el presidente del gobierno español– fue un compromiso multipartidario de la dirigencia peninsular en un momento clave de su historia moderna. La muerte del dictador Francisco Franco implicaba que desaparecía el hombre que por 39 años había gobernado con mano de hierro tras haber ganado la Guerra Civil. Por tal razón, firmaron el Partido Comunista, el PSOE, el franquismo y el centrista Adolfo Suárez «recientemente fallecido y muy homenajeado por su contribución a estos entendimientos (…que comprendieron…) que no había futuro sin unidad», acota Romero. Parte central del Pacto es que no se volvería a un proyecto republicano sino a una monarquía, la de Juan Carlos de Borbón.
Es por lo menos extraño que sigan vendiéndolo como un «modelo», cuando es evidente que desde hace tiempo el Pacto ya no es garante del progreso económico que durante un cuarto de siglo vino a representar para los españoles, algo evidente desde la crisis de 2008. Pero sobre todo resulta increíble que sus propagandistas escamoteen que también trastabilla en su intento de mantener la unidad nacional. Basta decir que en Madrid se discute por estas horas cómo enfrentar el referéndum independentista que los catalanes convocaron para el 9 de noviembre próximo. Cómo mantener la unidad de la nación, claro.
A diferencia del de La Moncloa –que «aguantó» algo más de 40 años– el Pacto por México fue firmado ni bien el PRI volvió a poder con Peña Nieto, en diciembre de 2012. Propone también una hoja de ruta tanto en lo económico como en lo social y político que la dirigencia debe apoyar más allá de cambios electorales. Pero a un año de andar, el PRD, el movimiento de izquierda liderado por Cuauhtemoc Cárdenas y el ex jefe de gobierno del DF, Marcelo Ebrard, decidió dar un portazo en protesta por un proyecto de reforma política que, dicen, no cumple con las condiciones consensuadas y sobre todo contra una ley energética que amenaza a la propiedad pública de la petrolera estatal Pemex. El espejo que devuelve el pacto mexicano tampoco resulta tan alentador.
Otro gran ejemplo para latinoamericanos desprevenidos es el de países con «una gran solidez institucional», como Costa Rica y Chile, lo que según esta visión idílica, asegura per se inversiones y prosperidad.
El país centroamericano tuvo una corta guerra civil que en 1949 culminó con la firma de otro pacto, el Ulate–Figueres, por Otilio Ulate Blanco y José Figueres Ferrer, los dirigentes que acordaron resolver los conflictos mediante la lucha política y se repartieron la presidencia alternativamente hasta 1974.
Curiosidades del caso: Figueres Ferrer era hijo de catalanes y su lengua materna fue el catalán. A pesar de haber sido militar y protagonista del golpe que devino en la contienda, fue luego el responsable de haber abolido el ejército en ese país. Casado en dos ocasiones –ambas con norteamericanas– uno de sus hijos, José Figueres Olsen, también llegaría a ser presidente, entre 1994 y 1998.
Una de sus mayores «obras» fue su participación para introducir a Costa Rica en el exclusivo club de los elaboradores de microchips. Fue así que logró que en diciembre de 1996 Intel anunciara la radicación de una planta de Ensamble y Prueba. Eran los tiempos del Pentium II y la localización fue motivo de debate en todo el continente.
En Argentina, muchos dirigentes lamentaban semejante pérdida para el país, que iba ingresando en lo peor del proceso neoliberal, mientras Domingo Cavallo dejaba el gobierno de Menem y crecía exponencialmente la desocupación al ritmo de las empresas que se deslocalizaban hacia otros horizontes. Pero donde más «castigó» aquella decisión empresarial fue en Chile, que había estado compitiendo por esa bendita planta. Así lo cuenta Daniel Vásquez Barría, asesor en Tecnologías de la Información y Comunicación del gobierno chileno: «Corría el gobierno de Eduardo Freí Ruiz Tagle, en la época de los 90 éramos los jaguares de Latinoamérica (cuando) Intel decidió crear una planta de procesadores en Latinoamérica, y los dos países candidatos eran Chile y Costa Rica (…); por el lado chileno jamás nadie aceptó la culpa por la pésima negociación del país, pero en Costa Rica las negociaciones las hizo personalmente el presidente del país, en una visión que marcó la productividad y economía del país para siempre».
Tanto la empresa, con base en Santa Clara, en California, como analistas de toda laya, coincidieron en que Costa Rica entraba a jugar en las grandes ligas y dieron sus explicaciones para el milagro. Mike Forrest, el gerente general de la firma en ese pequeño país, dio sus razones para explicar la presencia la nación centroamericana: «Hay cosas básicas que buscamos para fabricar. Una de ellas es la educación, que es un componente clave. Además, se trata de la democracia más longeva de la región y cuenta con una adecuada legislación fiscal.»
«¿Por qué escogió Intel a Costa Rica para construir su primera planta en América Latina?», se preguntaba en enero de 1997 Rigoberto Stewart, presidente del Instituto para la Libertad, una ONG de corte liberal. «Algunos dicen que se debe a la alta calificación de nuestra mano de obra, la estabilidad social del país, las favorables condiciones de vida y la cercanía a Norte América.”
Costa Rica, que en 2007 aprobó un TLC con Estados Unidos en referéndum y mantiene como estatales a las empresas de telecomunicaciones y proveedoras de electricidad, pasó a ser centro de inversiones tecnológicas, con Hewlett Packard a la cabeza. Y fue la envidia de sus vecinos, a pesar de que, como Stewart señalaba hace 17 años, «Intel ingresará al país bajo el régimen de Zona Franca, lo que implica que operará como si no estuviera en Costa Rica: no pagará impuestos ni aranceles y gozará de otros beneficios. Además, el gobierno le otorgó un nivel tarifario preferencial, mediante el cual el monopolio estatal le venderá el servicio eléctrico a un costo de 0,05 dólares por kilovatio, a pesar de que el costo real es de 0,069 dólares, situación que representará un subsidio anual de unos 3,8 millones de dólares».
Tanto no estaba ubicada en el país que hace unos días confirmó que se va de Costa Rica. No por problemas internos del país, según aclararon los voceros de Intel. Sucede que la empresa viene con un par de ejercicios a pérdida y encuentra más conveniente trasladar su planta costarricense a Vietnam. Intel representaba casi el 6 % del PBI «tico» y el 20% de sus exportaciones. Deja en la calle a 1500 trabajadores especializados. Detrás de ella también se va el Bank of América, que expulsará a 1500 personas de su sede de servicios, también en la zona franca.
Luis Guillermo Solís, un historiador y docente universitario –que quebró el bipartidismo iniciado con Figueres padre con un sorpresivo triunfo y asumirá la presidencia de Costa Rica el próximo 8 de mayo– es considerado un progresista «moderado». Comienza su gestión con un problema que ningún nuevo pacto va a solucionar.
En Chile, el otro «modelo» exitoso, Michelle Bachelet volvió al gobierno con la promesa de cambiar un sistema educativo privatista, para lo cual deberá hacer una reforma impositiva. Ya envió al Congreso un proyecto para cambiar la ley electoral que diseñó Pinochet. Debería celebrar que el país se salvó de la planta de Intel.
Tiempo Argentino, 25 de Abril de 2014
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