Si el gobierno de Dilma Rousseff comenzó a desplomarse lentamente a partir de las manifestaciones previas al Mundial de Fútbol de 2014, podría decirse que la debacle de Jair Bolsonaro ya está en marcha, a pesar de que todavía no pasó medio año de gestión. Esa sensación surge de las contundentes marchas en defensa de la educación pública que poblaron las calles de las principales ciudades brasileñas con un millón y medio de personas.
Eso, sumado a la catarata de denuncias contra Flavio Bolsonaro, el hijo senador del mandatario, al pobrísimo resultado económico del gobierno y la amenaza de mayores ataques a derechos adquiridos por la población –sin hablar del enfrentamiento con su vicepresidente, el general Hamilton Mourão– pintan un panorama oscuro para el ultraderechista que llegó al Planalto el 1º de enero pasado, tras la proscripción de Lula da Silva.
Este miércoles estudiantes y docentes de todas las universidades públicas salieron a expresar su firme rechazo a la política de ajustes que nacieron desde la cartera de Economía, a cargo del neoliberal Paulo Guedes, aunque se implementan desde el Ministerio de Educación.
Sorprendieron por su masividad pero por ser como la señal de alerta en el coloso sudamericano, poco habituado a las protestas ciudadanas. Y más aún porque son los primeros escarceos contra un gobierno recién asumido y que tuvo fuerte apoyo electoral el año pasado.
La Unión Nacional de Estudiantes de Brasil encabezó la manifestación luego de que se anunció el congelamiento de hasta un 30% del gasto universitario, alegando la «precaria situación fiscal del gobierno». Sólo en San Pablo se estimó que había medio millón de personas protestando contra una política que atenta contra la democratización de la enseñanza. Porque entre los planes que pierden presupuesto están los de integración por cuotas para minorías raciales.
Para el exrector de la Universidad Federal de Río de Janeiro, Nelson Maculan, «es la primera vez que los brasileños empiezan a pensar que la educación pública es algo importante». En una entrevista con la AFP, el matemático de 76 años, que fue funcionario del Ministerio de Educación en el primer mandato de Lula, lamentó que la política de recortes lleve a que muchos jóvenes piensen en irse del país.
Es que el ajuste también impacta en la investigación científico-técnica que se viene llevando a cabo en instituciones terciarias de Brasil y que recibió un fuerte impulso durante los gobiernos del PT, que aspiraban a elevar al país a la categoría de potencia mundial.
La respuesta de Bolsonaro ante las protestas fue otra joya de su acervo. Primero llamó «idiotas útiles» a los estudiantes. Luego, firmó un decreto, el 9794, que a pesar de que determina que desde la Secretaría de Gobierno se pueden vetar nombramientos de agencias reguladoras, organismos autárquicos y todos los cargos en el exterior, incluyendo embajadores y las cabezas del Banco Central, apunta a las designaciones en los centros de estudios, con lo cual echa por tierra con la autonomía universitaria. Para el que fuera candidato del PT a la presidencia, Fernando Haddad, es una represalia de Bolsonaro y reclamó que la dirigencia tome en cuenta el plan del gobierno contra el sistema educativo.
El nuevo ministro de Educación, Abraham Weintraub –quien reemplazó el 8 de abril a Ricardo Vélez Rodríguez– llegó a declarar que la autonomía no es soberanía, y que la policía tiene derecho a entrar en las sedes universitarias. Además, anunció el bloqueo de las cuentas de las instituciones que se opongan al gobierno. «Las universidades que, en lugar de tratar de lograr la mejor forma académica, sólo están haciendo un caos, tendrán su recortes presupuestarios», señaló. Desde las calles, las pancartas respondían «el gobierno hace caos. Las universidades públicas hacen ciencia». Pero también se escuchaba: «La educación no es mercancía».
Otros frentes
El otro frente abierto contra Bolsonaro es a través de uno de sus hijos. Los Bolsonaro son una suerte de clan, cada cual más agresivo y brutal, sobre todo en las redes sociales. Flavio es senador por Río y aparece involucrado en maniobras de lavado de dinero a través de cuentas de su chofer, Fabricio Queiroz. Pero también por esta vía resulta relacionado con los asesinos de la concejal carioca Marielle Franco y de Anderson Pedro Gomes en marzo del año pasado.
La Justicia levantó el secreto fiscal y bancario de Flavio Bolsonaro, de Queiroz y de otros 80 exfuncionarios ligados al senador para que puedan ser investigados en una causa por evasión. De allí podrían surgir otras relaciones de tipo criminal. Bolsonaro Jr dijo que no lo iban a intimidar y calificó la medida como maniobras para debilitar a su padre. El presidente afirmó que no lo iban a poder «agarrar» por ese lado.
Otro decreto que levantó polvareda fue el que Bolsonaro autoriza a que los brasileños puedan portar armas en espacios públicos. Para un juez de la Corte Suprema, hay allí un «abuso del poder regulatorio», que contradice normativas de 2003 dictadas por Lula, precisamente para limitar el armamentismo individual.
Mourão, en tanto, viajó a China, donde tendrá un encuentro con el presidente Xi Jinping y asistirá a un plenario de la Comisión Sino-Brasileña de Alto Nivel de Concertación y Cooperación (Cosban). Como parte del grupo BRICS, Brasil es un socio estratégico de China. Pero el alineamiento de Bolsonaro y Trump pone en jaque la relación en el contexto de la guerra comercial declarada por Washington.
De gira por Dallas, Texas, el titular del Ejecutivo brasileño dijo admirar a EE UU. Fue allí donde se permitió analizar la situación política argentina. «Con problemas estructurales en el país, mi amigo (Mauricio) Macri enfrenta dificultades y ve crecer la posibilidad de que vuelva la anterior presidenta, una amiga del Partido de los Trabajadores de Brasil, de (Hugo) Chávez, (Nicolás) Maduro y Fidel Castro». «
En Argentina, también se protesta
Fueron miles, el jueves, en diversas ciudades argentinas, a pocas horas de las protestas en Brasil. La Marcha Nacional Educativa fue convocada por las federaciones de docentes universitarios que negocian la paritaria, hasta ahora sin resultados positivos.
A 55 años del golpe militar que tumbó al gobierno de João Goulart, Brasil da una vuelta de campana y por instrucciones de Jair Bolsonaro, las Fuerzas Armadas festejan aquella movida que, consideran, obedeció al «clamor popular» y no fue ni un golpe, ni una dictadura, ni desplegó una feroz represión con miles de torturados, desaparecidos y asesinados. Para el presidente, esos apenas fueron «unos problemitas» y no un modelo criminal.
«El 31 de marzo de 1964 se inserta en el ambiente de Guerra Fría que se reflejaba en el mundo y penetraba en nuestro país. Las familias en Brasil estaban alarmadas y se pusieron en marcha. Frente a un escenario de grandes convulsiones, fue interrumpida la escalada hacia el totalitarismo», dice un mensaje del general Fernando Azevedo e Silva, ministro de Defensa, refrendado por la cúpula de las tres fuerzas.
Este regreso al pasado, ahora se da mediante el mecanismo eleccionario, pero guarda muchos componentes de aquella dictadura que se extendió de 1964 a 1985. El actual vicepresidente, el general Antônio Hamilton Martins Mourão, de estirpe militar, es sobrino nieto del general Olímpio Mourão Filho, que comandaba la 4ª Región Militar y junto con Carlos Luis Guedes iniciaron la Operación Popeye (así le decían a Olímpio), el pistoletazo de partida para la destitución de Goulart.
Es cierto que ese golpe se inscribe en la Guerra Fría. El Brasil que había dejado Getulio Vargas cuando se suicidó, en 1954, continuaba con el proyecto industrialista mientras iba dando cabida a otros sectores sociales en la discusión democrática. El 31 de enero de 1961, Janio Quadros recibe la banda presidencial en la recién inaugurada Brasilia.
Hombre aceptado por el establishment, pronto inicia una política alejada de los cánones que esperaban los dueños del país y Estados Unidos: estableció fuertes relaciones con la Unión Soviética y con la Cuba que comandaba Fidel Castro. Además, condecoró a Ernesto Che Guevara con la Orden de la Cruz del Sur. Demasiado para la época. El 25 de agosto de ese mismo año renunció ante las presiones militares y también civiles.
Hubo un pase de comedia porque el vicepresidente, Goulart, estaba de viaje por la China de Mao. Los militares no lo querían a Jango, como le decían los íntimos. Si bien era hijo de un rico hacendado de Río Grande do Sul, como ministro de Trabajo de Vargas había otorgado leyes que garantizaban derechos a los trabajadores. Goulart tuvo que aceptar nuevas reglas de juego. Debería gobernar en un sistema parlamentario sui generis, por el que renunciaba a poderes presidenciales y daría mayor intervención al Congreso.
Astuto, al cabo de dos años organizó un plebiscito para volver al presidencialismo. Tuvo un Gabinete de lujo, con el economista Celso Furtado en Planeamiento, Darcy Ribeiro en Educación y Ulysses Guimarães en Industria y Comercio. Profundizó el acercamiento al bloque soviético al punto de recibir en visita oficial al cosmonauta Yuri Gagarin. Su suerte quedó echada cuando anunció un impuesto a la renta y la obligación de que las multinacionales reinviertan su ganancia en Brasil.
El 13 de marzo de 1964, casi contra las cuerdas, Jango organizó una suerte de asamblea pública en la Plaza de la República, frente a la Estación Central de ferrocarriles de Río de Janeiro junto con el gobernador de Río Grande do Sul, Leonel Brizola. Frente a más de 200 mil personas, anunció la firma de dos decretos. Uno para la expropiación de las refinerías de petróleo que aún no pertenecían a Petrobras. El otro, declaraba la reforma agraria.
Los atemorizados sectores medios y altos, azuzados por una bestial campaña mediática, organizaron manifestaciones conocidas como Marcha de la Familia con Dios y por la Libertad.
Los militares, desde los cuarteles, ultimaban detalles para eliminar a ese fantasma que iba recorriendo Brasil y la asonada comenzó con el levantamiento de Mourão Filho y Guedes. Luego de un interinato, asumió el Mariscal Humberto de Alencar Castelo Branco, Goulart se exilió en Uruguay y luego pasó a la Argentina. Murió en Mercedes, Corrientes, el 6 de diciembre de 1976. Hay indicios de que fue asesinado en el marco de la Operación Cóndor.
Aquel Guedes no tiene relación familiar con el ministro de Economía de Bolsonaro. Pero es bueno recordar que Paulo Roberto Nunes Guedes, un Chicago Boy de 69 años, es un admirador de la dictadura chilena, a la que otorga como mérito haber aplicado las teorías de Milton Friedman en los ’70. Incluso a la vuelta de su doctorado en Chicago, en 1978, recaló en la Universidad de Chile, donde dio clases a principios de los ’80 en la Facultad de Economía y Negocios.
Bolsonaro, exmilitar exonerado de la fuerza hace 30 años, siempre reivindicó a los militares golpistas de ayer y en el juicio político a Dilma Rousseff, votó por su destitución recordando al coronel que la había torturado cuando ella era una joven militante de la guerrilla.
Tuvo un amplio apoyo desde los cuarteles para ganar la presidencia y en su Gabinete hay siete militares ocupando cargos clave. En 2015 Bolsonaro había afirmado que «Pinochet hizo lo que tenía que hacer… Tenía que actuar de forma violenta para recuperar a su país». Hace unos días, dijo que hace 55 años no se inició una dictadura. «¿Dónde has visto a una dictadura entregar el gobierno en forma pacífica? –interpretó–. Entonces, no fue una dictadura».
Cuando se cumplió el medio siglo del golpe, en 2014, O Globo, el mayor grupo de comunicaciones de Brasil, hizo un mea culpa por su participación en el clima que llevó a la interrupción constitucional. Le daba la razón a un cántico callejero: «La verdad es dura, O Globo apoyó la dictadura» y agregaba que «las Organizaciones Globo reconocen que, a la luz de la historia, ese apoyo fue un error».
Fue crucial también el apoyo de los medios hegemónicos para la destitución de Rousseff y la llegada de Bolsonaro al Planalto. Pero al menos O Globo ya parece estar abriendo el paraguas. «En estos casi 90 días de poder, si hay un método de gobernar del presidente Jair Bolsonaro, es el del enfrentamiento que ha producido en la política algo próximo al caos», dice un editorial de este jueves en relación a los ataques del mandatario al titular de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia.
Si creyó que el golpe de timón hacia el neoliberalismo que puso en marcha tras la destitución de Dilma Rousseff alcanzaba para evitar la prisión, evidentemente Michel Temer hizo un mal cálculo. En la mañana de este jueves, un grupo de tareas de la policía federal irrumpió en su vivienda paulista y se lo llevó detenido por orden del juez Marcelo Bretas, bautizado por los medios como el «Sergio Moro carioca».
«Es una barbaridad», le dijo a un periodista cercano, Kennedy Alencar, cuando se lo llevaban detenido. Pero en el entorno del hombre que reemplazó a Rousseff mediante el golpe institucional de agosto de 2016 susurraron que desde hace semanas se la veía venir.
Junto con el ex presidente de facto fueron apresados también su ex ministro de Minas y Energía, Wellington Moreira Franco, y el ex jefe de la Casa Civil (Jefatura de Gabinete) Eliseu Padilha. Los tres aparecen administrando un sistema de obtención de fondos no demasiado limpios y quedaron inmersos en una serie de acusaciones en el marco de la Operación Lava Jato, que ya dejó entre rejas a otro expresidente, Lula da Silva, y elevó condenas contra cerca de 130 dirigentes y empresarios por un total de unos 1900 años de prisión.
El PMDB, (Partido del Movimiento Democrático Brasileño) acompañó al PT de Lula y Dilma en una alianza desde 2002 hasta que decidió traicionar los acuerdos. Acaba de emitir un comunicado en que dijo que «lamenta la postura de la Justicia en contra de la marcha de una investigación en la que se ha demostrado que no hay irregularidad por parte del ex presidente de la República, Michel Temer y del ex ministro Moreira Franco. El MDB espera que la justicia restablezca las libertades individuales, la presunción de inocencia, el derecho al contradictorio y el derecho de defensa «.
No es la misma interpretación de los derechos civiles que sostuvo ante la detención del ex dirigente metalúrgico, preso en Curitiba desde hace casi un año sin sentencia firme, una maniobra pergeñada por el juez Moro que impidió la postulación a la presidencia y abrió las puertas del Planalto al ultraderechista Jair Bolsonaro. Moro, en premio a esta operación, fue invitado a ocupar el cargo Ministro de Justicia. Y no lo rechazó. El PMDB hizo silencio porque creyó que con Lula fuera de la cancha habría lugar para ellos.
Temer enfrenta diez diferentes acusaciones en la Justicia, que ya estaban sobre el tapete en el plazo que estuvo al frente del Poder Ejecutivo, entre el 31 de agosto de 2016 y el 31 de diciembre de 2018, pero las fue esquivando porque su destitución hubiera implicado un caos aún mayor en la política brasileña. Pero en su caso, hay pruebas contundentes de su participación en delitos, delaciones de implicados y hasta filmaciones.
Según detalla el portal de OGlobo -el mismo medio que fogoneó la destitución de Dilma y la detención de Lula- una de las imputaciones es por una coima de un millón de reales que dice haber pagado la constructora Engevix al ex ministro Moreira y a un amigo de Temer.
Hay un caso de lavado de dinero que se habría registrado con la reforma de un inmueble de la hija del golpista, Maristela, en San Pablo, costeada por la empresa Argeplan. Junto a este incidente figura la investigación por sobreprecios en contratos con esa firma en una obra junto a Concremat. Argeplan también aparece en otras investigaciones ligadas a Temer en obras públicas.
Otro «arrepentido» lo involucra en un contrato ficticio en el puerto de Santos con la empresa Përola. Un directivo de Odebrecht involucra al trío ahora detenido en una coima de 10 millones de reales y dio pruebas sobre la negociación. En esa misma línea tenía una causa abierta por el otorgamiento de los puertos a empresas privadas durante su gestión de forma presuntamente irregular.
Las más documentadas públicamente son, sin dudas, la valija con medio millón de reales que le encontraron a su ex asesor Rodrigo Rocha Loures, debidamente filmado cuando recibía el «aporte» de un ejecutivo del holding J&F en una pizzería.
Temer en persona apareció en una cámara oculta que le hizo el dueño del frigorífico JBS donde reconoce que tuvieron que pagar por el silencio de Eduardo Cunha, que fuera titular de la Cámara baja y que abrió el juicio político contra Dilma Rousseff, pero terminó tras los barrotes porque le encontraron más de un millón y medio de dólares ocultos en una cuenta en Suiza. Recibió una sentencia de 15 años y 4 meses.
El juez Bretas, en tanto, es de fe evangélica, como gran parte del gabinete de Bolsonaro y de integrantes del Congreso brasileño. Asegura que sus creencias religiosas no interfieren para nada con su tarea profesional. Tiene 49 años, es esposo de una jueza federal y permaneció dos años en Washington, según su currículum, estudiando el sistema judicial estadounidense.
Entre sus casos más mediáticos, condenó a 30 años de prisión a Elke Batista, que fuera el empresario más rico de Brasil y uno de los 10 más acaudalados del mundo, por corrupción activa y levado de dinero.
También impuso una pena de 22 años y 8 meses a Sergio Cabral, gobernador de Río de Janeiro por el mismo partido que Temer, a la esposa y a funcionarios de su gobierno, por coimas.Ahora, tomó una delación premiada del empresario Lucio Funaro, homologada el setiembre de 2017 por el ministro Edson Fachin, del Supremo Tribunal Federal. Funaro esstá preso desde 2016 y reconoció haber sido el operador financiero del PMDB en el parlamento Ahora, tomó una delación premiada del empresario Lucio Funaro, homologada el setiembre de 2017 por el ministro Edson Fachin, del Supremo Tribunal Federal. Funaro esstá preso desde 2016 y reconoció haber sido el operador financiero del PMDB en el parlamento.
Un viejo chiste decía que cuando Brasil fuera grande quería ser Estados Unidos. Lo viene probando desde antes de la Segunda Guerra Mundial –fue el único país latinoamericano en mandar tropas a combatir contra el nazismo– y este martes, Jair Bolsonaro va a dar otra señal en un encuentro reservado con Donald Trump en el que delinearán acciones para consolidar la alianza ultraconservadora que ambos lideran. En cuanto a políticas más duraderas para las dos naciones, el brasileño firmará, entre otras cosas, un acuerdo para que la base de Alcántara, en el estado de Maranhao, sea utilizada para el lanzamiento de cohetes estadounidenses. Una base militar que atenta contra la soberanía nacional, según los críticos.
En esa misma línea directriz, el senador Flávio Bolsonaro apuró un proyecto de ley que legaliza la portación de armas en el país, la versión brasileña de la Segunda Enmienda estadounidense. Además, flexibiliza las condiciones para instalar fábricas de armas y municiones en el país y permite la actividad de empresas privadas. Desde 1934 sólo las Fuerzas Armadas pueden producir armamento.
El detalle es que un día antes, Luiz Henrique de Castro, de 25 años, y Guilherme Taucci Monteiro, de 17 años, ingresaron al colegio Raúl Brasil de la localidad de Suzano, en los alrededores de San Pablo, mataron a cinco alumnos, una profesora y un empleado y se suicidaron. Uno de los asesinos solía postear fotos del actual mandatario brasileño. Desde el gobierno, desvincularon el caso del impulso armamentista de Bolsonaro.
Casi en la puerta del avión que lo llevará a Washington, el presidente consideró que sería un paso «muy importante» instalar la base de EE UU en el nordeste, porque «podríamos estar lanzando satélites de todo el mundo». El anuncio había alertado a las FF AA, que ostentan la abrumadora mayoría de despachos en el Gabinete. Ya en enero pasado, un uniformado que pidió mantenerse en el anonimato, había deslizado el malestar del Ejército con la oferta de Bolsonaro. «Es el caso del niño débil que espera que lo salve un amigo fuerte», susurró ante la prensa.
«Desde el gobierno de Lula intentamos ese acuerdo, pero no tuvimos éxito, mucho más por una cuestión ideológica que por una cuestión técnica», agregó el mandatario. El plan venía de la época de Fernando Henrique Cardoso en el Planalto, pero aquel Congreso rechazó la posibilidad de ceder territorio para una base extranjera.
La sintonía que busca el excapitán –expulsado del Ejército hace tres décadas pero con el apoyo de las FF AA para llegar a la presidencia– levanta cuestionamientos en la oposición. Pero también en el ámbito de la diplomacia.
El canciller Ernesto Araújo es el blanco de las mayores censuras. Hasta O Globo, que fue clave para defenestrar a los gobiernos del PT, rechaza el «trumpismo» que ahora impera en la jefatura de Itamaraty.
Rubens Ricupero, exdiplomático y teórico de las relaciones internacionales, observa con preocupación la nueva política que despliega Araújo, confeso admirador de Trump y de EE UU, una potencia que, recuerda Ricupero, «es un amo insaciable e intratable que exige adhesión total y sin reservas». Fue embajador de José Sarney en Washington, sabe de lo que habla. Por eso lamenta que se pierda una tradición de 200 años en la política exterior brasileña que, recuerda, tuvo una línea política inmutable a pesar de los distintos gobiernos.
«¿Qué amenazas sufrimos ahora para una acción que sólo se contempla como preliminar de una guerra o un grave peligro?», se pregunta. «Qué consecuencias traería a la seguridad de nuestra población el eventual uso de la base para atacar a otra nación», advierte.
Si hacía falta algún testimonio para graficar de qué modo el armamentismo se consolida en este momento del Brasil, baste con las palabras del senador Sergio Olimpio Gomes, del oficialista Partido Social Liberal. «Si hubiera habido un ciudadano con un arma regular en la escuela (de Suzano) se podría haber minimizado el tamaño de la tragedia», dijo en una reunión de la Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía de la Cámara Alta.
El «trumpismo» no lo podría haber dicho mejor.
Avanza la ola privatizadora
El grupo español Aena, el suizo Zurich y el brasileño Aeroeste se repartieron 12 aeropuertos brasileños, en la primera tanda de privatizaciones del gobierno de Jair Bolsonaro con la que espera demostrar que la políticas neoliberales de su ministro Paulo Guedes no eran solo especulaciones de campaña. . Las concesiones tienen plazos de 30 años, las ofertas, que entusiasmaron al presidente, sumaron unos 620 millones de dólares, diez veces más de lo que pronosticaban los analistas. La otra gran apuesta del hombre doctorado en Chicago está en marcha en el Congreso, aunque resulta más trabajosa su aprobación. «La reforma de las jubilaciones es el primer y mayor desafío que debemos enfrentar. Si lo logramos en dos o tres meses, tendremos diez años de crecimiento sostenido por delante», dijo Guedes cuando asumió el cargo. Lula da Silva, desde su celda de Curitiba, envió un mensaje que resume el momento: «La campaña por la liberación debe estar vinculada a dos cuestiones, la reforma previsional y la soberanía.»
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