Las revelaciones del sitio The Intercept sobre la manipulación del exjuez Sergio Moro y el fiscal Deltan Dallagnol para encarcelar a Lula da Silva, que causaron un terremoto en el sistema político-mediático-judicial de Brasil, alientan también al dos veces presidente brasileño a volver al ruedo para reparar «esas cosas que hicimos mal» y concretar las que no se hicieron durante las gestiones del PT, entre 2003 y 2016.
Fue en un extenso reportaje concedido al Canal TVT, la televisión de la Central Unica de Trabajadores (CUT) de San Bernardo do Campo, la localidad paulista en la que Lula se forjó como dirigente gremial y donde tiene la única vivienda registrada a su nombre. Allí, Luiz Inácio Da Silva desafió a Moro y Dallagnol a un debate por la red O Globo en el horario que ellos decidan, «yo solo contra ellos dos», para demostrar públicamente que mintieron para sacarlo de la elección de 2018, donde aparecía como seguro ganador.
Al mismo tiempo, declaró que detrás de la Operación Lava Jato «están los intereses norteamericanos» y se mostró arrepentido, entre otras cosas, de no haber impulsado una ley de medios cuando estuvo en el gobierno.
El domingo pasado, en portal The Intercept, creado por el periodista estadounidense Glenn Greenwald, comenzó con la publicación de miles de filtraciones que muestran a través de mensajes de Telegram y mails, el modo en que Moro y Dallagnol fueron articulando la causa judicial para condenar a Lula, acusado de haber recibido un departamento triplex en Guarulhos como parte de una coima, a pesar de que, como reconoció el fiscal, no había pruebas.
Greenwald publicó en el británico The Guardian el reportaje al analista de la agencia NSA Edward Snowden que en 2013 reveló de qué modo las oficinas de inteligencia estadounidenses espían a todo el mundo mediante programas informáticos. Casado con Davis Miranda, un diputado por el partido PSOL, Greenwald desarrolló el portal para apoyar este tipo de iniciativas de particulares que por múltiples razones –mayoritariamente éticas– quieren dar a conocer esos secretos que los poderosos no quieren que las sociedades sepan. Tiene dos versiones, en inglés y en portugués.
Esta megafiltración afecta directamente al sistema político que, en 2016, armó un golpe de Estado institucional para voltear al gobierno de Dilma Rousseff y luego detener a Lula para que no pudiera ser candidato. Eso se ve claramente en algunas de las conversaciones de Telegram entre los implicados en la maniobra: Dallagnol y los fiscales de la llamada Fuerza de Tareas de Lava Jato.
Tanto Moro como Dallagnol reconocieron la veracidad de los mensajes, pero cuestionaron la violación a la intimidad que representaba y pidieron saber quién era la fuente que las había desnudado. Como Lula protestó ante Juca Kfouri y José Trajano –quienes lo entrevistaron para TVT después del escándalo pero antes de la huelga general de este viernes–, «ellos no fueron tan puntillosos cuando filtraron mis llamados a Dilma en 2016, ni de mis hijos». Lula se definió en esa entrevista como «encabronado» por la situación que le toca vivir, porque está detenido por un delito que no cometió.
Pero, también señaló que está mucho más tranquilo de que todos los jueces y los dirigentes que lo condenaron. «Siempre dije que Moro es un mentiroso. Lo dije en el primer testimonio que tuve ante él, que estaba obligado a condenarme. Porque su mentira había ido demasiado lejos y no iba a poder echarse atrás». Para graficar, agregó: «Moro dejó de ser juez hace mucho tiempo. Cuando la mosca azul de O Globo se posó en su frente, se convirtió en un sirviente de la Globo».
Luego reconoció como una falla no haber armado una red de televisión efectiva que peleara el discurso de los medios hegemónicos y no haber pensado en regular los medios. «No puede ser que nueve familias concentren toda la información que recibe nuestro pueblo», reconoció.
Sobre el Lava Jato, acusó a jueces y medios de haber creado algo así como monstruos y de haber destruido empresas cuando se acusaba a directivos o dueños de empresas de haber cometido delitos de corrupción. «No destruyeron a Samsung ni a Volkswagen cuando cometieron delitos sus directivos, acá se destruyeron cientos de miles de puestos de trabajo en Petrobras. Son irresponsables», declaró. Allí es donde vio la mano negra de los intereses estadounidenses detrás de la causa Lava Jato, aunque, aclaró, «eso no significa que no se tenga que condenar la corrupción».
Este domingo, mientras tanto, The Intercept subirá a su portal otra tanda de filtraciones que, por lo que dejó trascender, revela el modo en que una jueza federal y un magistrado de segunda instancia actuaron para impedir que en abril de 2018, Lula pudiera quedar en libertad, lo que hubiera abortado el plan para que quedara fuera del comicio. Pero aseguran que tienen más mensajes que involucran a toda la dirigencia que se prestó a ese accionar antidemocrático. «
Si esto no es apoyo explícito…
(Foto: Presidencia Brasil)
En Brasil, como en Argentina. Tras las revelaciones del domingo pasado, durante esta semana Jair Bolsonaro se mostró varias veces con el juez Sergio Moro, e incluso llegó a condecorarlo… Una situación con rasgos parecidos a cuando Mauricio Macri y el cuestionado fiscal Carlos Stornelli fueron fotografiados a escasa distancia uno del otro en el acto por el Día del Ejército.
La huelga paralizó Brasil La primera huelga general contra Jair Bolsonaro terminó con fuertes críticas en el acto central en San Pablo a las políticas de ajuste neoliberal del gobierno y es un llamado de atención para los planes del excapitán del Ejército. El paro de actividades en todo el país fue masivo y refleja el rechazo de la población a la reforma del sistema previsional, con que el ministro de Economía Paulo Guedes espera «ahorrar» unos U$S 250 mil millones anuales. Hubo represión en el centro paulista y también en Río de Janeiro. Sobrevoló en los discursos de los organizadores el mensaje de unidad opositora en torno a reclamos que afectan a todos los trabajadores y de los estudiantes, que fueron los primeros en ocupar las calles contra el mandatario ultraconservador. También el escándalo de las filtraciones sobre el proceso de Lava Jato. Bolsonaro enfrenta además una crisis de Gabinete azuzada por sus propios hijos a través de las redes sociales. El jueves echó al ministro de la Secretaría de Gobierno, el general Carlos Santos Cruz, enemistado con Carlos Bolsonaro y con Olavo de Carvalho, un extremista ideológico radicado en EE UU considerado el gurú del presidente.
Una de las filtraciones de información sensible más impactantes del mundo demuestra la forma en que se torcieron las investigaciones en el caso Lava Jato para encarcelar a Lula da Silva y dejarlo fuera de carrera presidencial en 2018. El escándalo surge de la publicación en el portal The Intercept de miles de escuchas telefónicas entre el juez que condenó al ex presidente, Sergio Moro, y el fiscal Deltan Dalagnol, en las que se revela la escasez de pruebas concretas para una sentencia y la presión del actual ministro de Justicia de Jair Bolsonaro para acelerar un fallo. Incluso se nota la desesperación por evitar una entrevista periodística desde la prisión antes del comicio para impedir que el apoyo a Fernando Haddad, el candidato del PT, incidiera para ganar el ballotage.
El impacto que produjo la publicación de este material es tan fuerte y la seriedad del portal es tal que los propios involucrados reconocieron que las escuchas son ciertas, aunque se desligaron de cualquier posibilidad de haber cometido un ilícito y aseguran que todo lo conversado forma parte de conversaciones normales en el ámbito de la justicia.
The Intercept es el portal del abogado y periodista estadounidense Glenn Greenwald. En su historial tiene el haber sido en 2014 el que publicó en el diario británico The Guardian la primera entrevista al analista estadounidense Edward Snowden en que contaba la forma en que la agencia NSA espiaba a todo el mundo en todo el mundo a través de los medios electrónicos.
En verdad, Greenwald tuvo la perspicacia de darse cuenta, alertado por la cineasta Laura Poitras, de que los mails encriptados que enviaba un misterioso Citizenfour podían contener información importante para conocimiento de la ciudadanía. Y así viajaron a Hong Kong para hablar con el misterioso personaje, hoy exiliado en Rusia para no correr la misma suerte que Julian Assange, el australiano que inauguró el método de invitar a fuentes anónimas a mostrar documentos sobre los secretos más comprometidos que los estados no quieren que se sepan por medio de WikiLeaks.
Bajo esta premisa, Greenwald -que está casado con un diputado brasileño David Miranda, del Partido Socialismo y Libertad (Psol) y vive en Río de Janeiro- creó The Incercept, ( la intercepción, la escucha) donde publica información contrastada con el rigor característico del tradicional periodismo sajon que recibe de fuentes anónimas que entregan el material en plataformas seguras y a prueba de vigilancia estatal.
Para esta filtración se cumplieron los objetivos fijados por Greenwald, pero además el hecho encuentra un momento muy propicio para golpear de lleno en la política brasileña y latinoamericana en general. Lula da Silva siempre sostuvo su inocencia y su condena fue producto de lo que se conoce como lawfare, la utilización del sistema judicial para la persecución de los enemigos políticos. Lo mismo podría decirse de la destitución de Dilma Rousseff, acusada de una falta administrativa comoexcusa para quitarle del medio y que asumiera su vice,el golpista Michel Temer,a hora preso
Pero por eso de que la mentira tiene patas cortas, poco a poco se va descorriendo el velo de un método por el cual Lula y los dirigentes del PT aparecieron como personajes corruptos que una ola de pureza ideológica iba a barrer de la historia.
Sin embargo en el Supremo Tribunal de Justicia (STJ), la primera condena contra Lula, por el caso de un triplex de Guarulhos que le atribuyeron al ex presidente, fue disminuida lo suficiente como para que en pocas semanas pueda quedar en un régimen semiabierto, o sea que pueda salir durante el día a trabajar. Y ya se le autorizó a que diera reportajes periodísticos. Por otro lado, la fiscal general ya recomendó adelantar el momento de la semilibertad.
Mientras tanto, la Orden de Abogados de Brasil (OAB), el colegio profesional del país, reclamó por las escuchas ilegales que se le hicieron al detenido con sus abogados, algo que viola todas las normas elementales en un estado de derecho, otra practica muy extendida por estas regiones desde hace años.
Es así que The Intercept, en el editorial en que explica el alcance de las filtraciones que publica, sostiene que «este escándalo generalizado envuelve a diversos oligarcas, líderes políticos, los últimos presidentes y hasta líderes internacionales acusados de corrupción». Y agrega que la exclusión de Lula, el objetivo declarado en las conversaciones interceptadas, «fue la llave maestra para un camino a la victoria de Bolsonaro», que como se pudo ver, premió la ayuda con un ministerio para Moro.
Uno de los tramos más reveladores de los varios artículos que publicaron Greenwald y su equipo de periodistas muestran que el fiscal Dalagnol no estaba seguro de que las pruebas contra Lula sobre el famoso triplex fuesen contundentes. Había estado trabajando en el tema con otros 13 fiscales y a pocos días de tener que presentar el caso, no había encontrado nada firme. Lo único que había era un artículo periodístico con demasiados verbos en potencial.
«Dirán que estamos acusando en base a noticias de un diario e indicios frágiles (…) hasta ahora tengo recelo de la conexión entre Petrobras y el enriquecimiento y también de la historia del departamento (…) son puntos en que tenemos que tener las respuestas ajustadas en la puta de la lengua», dice un mensaje del 9 de setiembre de 2016 en un grupo de chats bautizado Incendiarios ROJ , integrado por los fiscales del caso.
A los pocos días Dalagnol presentó un Power Point donde acusa a Lula diciendo que tenía «la íntima convicción» de que era el dueño del triplex. El ex dirigente sindical siempre dijo que lo habían condenado por un Power Point y sin pruebas. Estos mensajes demuestran que no mentía.
Otra maniobra revelada por estas filtraciones son conversaciones entre Moro y Dalganol donde el juez de Curitiba le pide «invertir el orden de las fases de la investigación», para producir los resultados deseados. En otra charla, le recrimina: «¿No hay mucho tiempo sin ninguna operación?» y en otra le dice, como si fuese un escolar: «No puede cometer este tipo de errores ahora» por falencias de la Policía Federal en la búsqueda de información que necesitaban para condenar.
Otro tramo sugestivo de la publicación es cuando traman la forma de bloquear el pedido de entrevista de la periodista de Folha de San Paulo Mónica Begaramo, que había sido autorizada por el STJ.
Los supremos habían permitodo el reportaje aceptando los argumentos de la defensa de Lula de que si hasta homicidas o narcotraficantes condenados con sentencia firme habían podido hablar con la prensa, mucho más aceptable debería ser su caso habida cuenta de que no estaba acusado de ningún crimen de esa naturaleza. El intercambio de chats es sorprendente en funcionarios judiciales que deberían mostrar equidistancia para juzgar.
La fiscal Laura Tessler escribió: “¡¡¡Que chiste!!! Asco !!! Allí va el chico hacer palanca en la cárcel. Un verdadero circo. Y después de Mónica Bergamo, por la isonomía, van a venir tantos otros periodistas … y nosotros aquí haciendo papel de payasos con ese Supremo …”.
Otra fiscal, identificada como Carol PGR, agrega: «estoy muy preocupada con una posible vuelta del PT, pero he rezado mucho a Dios para que ilumine a nuestra población para que un milagro nos salve»,
“Mafiosos!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”., dice simplemente otra procuradora, Isabel Groba.
Un fiscal sugiere que la Policía Federal debería intervenir para impedir el reportaje o al menos demorarlo lo suficiente como para que se produjera después de las elecciones, cosa de cumplir con el STJ pero licuar el impacto de las palabras del ex tornero mecánico, como siempre se presentó en las audiencias Luiz Inacio Da Silva.
El alivio de los funcionarios judiciales fue grande cuando el Partido Novo, una agrupación creada en 2015 y de tendencia derechista libertaria, presentó un recurso ante el Supremo Tribunal para impedir el reportaje, lo que impidió que se cumpliera el propósito de los magistrados más inclinados al respeto de los derechos civiles.
Greenwald, tras defender reiteradamente la publicación por lo que implica para la democracia brasileña y de la región conocer cómo se torció al sistema judicial para condenar a un ex presidente, asegura dice que tiene más material explosivo en sus manos sobre el caso. «Esto es apenas el inicio de una gran investigación periodística en curso sobre las pruebas de la investigación Lava Jato y «sobre los actos de Moro cuando era juez y sobre el fiscal Dallagnol», dijo.
Fernando Haddad, el candidato del PT derrotado en noviembre, exigió una investigación a fondo sobre «el mayor escándalo institucional de la historia de la República» y que ahora podría terminar, considera, con los promotores de la operación judicial sentados en el banquillo de los acusados y los sentenciados, el libertad y reivindicados ante la opinión pública. .
Los fiscales que desde el Ministerio Público Federal (MPF) urdieron la causa Lava Jato reconocieron en un comunicado que «sus miembros fueron víctimas de una acción criminal de un hacker», aunque defendieron sus actuaciones como limpias y legales.
El ministro Moro también minimizó la filtración. «no se vislumbra ninguna anormalidad de direccionamiento de actos en tanto que magistrado, a pesar de ser sido sacadas de contexto y de su sensacionalismo», dijo. Pero se ve que ya estaba al tanto de que algo así saldría a la luz porque la semana pasada denunció que alguien la había hackeado su celular.
El 17 de marzo de 2016 un juez federal de Brasil suspendió el nombramiento del expresidente Lula da Silva como ministro de la Casa Civil de Dilma Rousseff. El cargo de jefe de Gabinete de la entonces jefa de Estado le hubiera dado un fuero que habría impedido que fuese a prisión por los cargos que se le endilgaban. Pero la jugada tenía otro objetivo: el golpe contra la mandataria electa un par de años antes con 54 millones de votos estaba en marcha y el peso político y la muñeca del dirigente metalúrgico era la última opción para salvar el gobierno del PT.
La oportuna filtración de una conversación privada entre Lula y Dilma, viralizada por los medios de comunicación hegemónicos, justificó que el juez Itagiba Catta Preta Neto argumentara que había «riesgo de daño al libre ejercicio del Poder Judicial, de la actuación de la policía y del Ministerio Público» por lo que conversaban en forma privada ambos dirigentes. No hubo ninguna protesta por el espionaje ilegal de los medios mayoritarios y luego ocurrió lo que ya se sabe. Pero no era la única maniobra de espionaje ilegal en el destino del dos veces mandatario brasileño.
Ahora, la Orden de Abogados de Brasil (OAB), la institución madre de los letrados de esa nación y la única que hace de Colegio y otorga las matrículas para ejercer la profesión, clasificó como «grave episodio» la denuncia de la defensa de Lula sobre espionaje ilegal de conversaciones privadas entre el líder del PT y sus defensores en la investigación por la causa Lava Jato. Una práctica que integra el manual básico del lawfare en esta parte del mundo, como se ve.
Abogados de Lula, alojado en la sede de la Policía Federal de Curitiba y pronto a obtener el beneficio de un régimen semiabierto de detención, afirmaron que al menos 14 horas de conversaciones entre los representantes legales y su defendido fueron utilizados como informes en la causa por la cual fue condenado inicialmente a 12 años y un mes de cárcel.
Para la OAB, «el secreto de las conversaciones entre defensor y cliente está protegido por ley y su violación por cualquier medio es ilegal, además de ser un ataque al derecho a la defensa y las prerrogativas de los abogados», dice en un comunicado.
La denuncia sobre la pinchadura fue presentada por el abogado Pedro Henrique Viana Martínez, quien asegura haber visto los informes en el despacho de la 13ª Circunscripción Federal de Curitiba, entonces a cargo de Sergio Moro, ahora ministro de Justicia del ultraderechista Jair Bolsonaro.
Asegura Viana Martínez que las conversaciones fueron captadas directamente de la central telefónica del estudio de Teixeira Martins & Asociados, que llevaba la defensa técnica de Lula. «Cada conversación fue separadamente identificada, siendo posible visualizar el número de origen y destino de la llamada y su duración», señaló el letrado , de acuerdo a una publicación del diario Folha de São Paulo.
La mayoría del material interceptado eran charlas entre Lula y los abogados Cristiano Zanin, Roberto Teixeira y Nilo Batista y se relacionaban con estrategias para la defensa ante las acusaciones en torno a la causa por presunto pago de sobornos en la obra pública con fondos de Petrobras. El denunciante asegura que en su momento elevó la queja y el caso lo tomó el ministro Teori Zavascki, relator de la causa en el Supremo Tribunal de Justicia, quien recriminó a Moro. El actual ministro dijo aquella vez que hubo un error en la intercepción con otro número telefónico. Zavascki murió en un accidente de avión en 2017. La información grabada ilegalmente sirvió de base para la condena de Lula.
Que un presidente tenga que cambiar un itinerario en su país por una marcha en contra no llamaría la atención. Que se cambie una agenda acordada previamente cuando hace una visita oficial a otra nación ya resulta menos usual, sobre todo entre socios íntimamente hermanados como Argentina y Brasil. Pero esto le ocurre al ex capitán del Ejército brasileño Jair Bolsonaro, que realizará todas sus actividades programadas en Buenos Aires dentro de la Casa Rosada para no cruzarse con las manifestaciones de rechazo que recibiría en el tránsito por las calles porteñas y que convocaron organismos de derechos humanos, movimientos sociales y políticos y de residentes brasileños bajo lemas como «tu odio no es bienvenido aquí» y «fuera Bolsonaro y el fascismo de Argentina y América Latina».
A su regreso a Brasilia, sin embargo, también se topará con el repudio de multitudes que tras las últimas y masivas marchas que hubo en todo el territorio brasileño, demuestran un creciente rechazo a sus políticas de recortes presupuestarios y ataques a la educación pública, fundamentalmente. Así lo pronostica João Pedro Stedile, líder tradicional e integrante de la Dirección Nacional del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra. «La disputa ideológica se dará en las calles», asegura Stedile en un reportaje concedido a Brasil de Fato, un medio alternativo, durante la inauguración de la capilla de Nuestra Señora de Aparecida -el santo patrono de Brasil- y de la Bodega de la Reforma Agraria en São Miguel do Gostoso, en Río Grande del Norte.
La evaluación de Stedile se basa en el clima de protesta que va creciendo contra una política nacional destinada a cortar con los fondos que reciben las instituciones de educación pública, además de que busca terminar con la autonomía universitaria para poder incidir con su agenda ultramontana en todos los ámbitos de la instrucción superior.
Toda la apuesta de Stedile está en acumular fuerzas para la huelga general que convocan gremios y movimientos sociales. «Las movilizaciones de la juventud y los profesores (del 15 y el 30 de mayo) nos dan ánimo para una huelga general de hecho, el 14 de junio. La clase trabajadora precisa comprometerse y parar el trabajo, la reproducción, la circulación de personas y mercadería para que los capitalistas, que son los dueños de ese gobierno, sepan que si continúan quitando derechos la clase trabajadora no lo va a aceptar».
Ya hubo reformas laborales desde la destitución de Dilma Rousseff, encaradas por Michel Temer, pero la gran apuesta de Bolsonaro es la reforma previsional, que está trabada en el Congreso entre otras razones porque las manifestaciones sorprendieron a toda la dirigencia. Los brasileños no son de salir a protestar masivamente en las calles y en ambas movilizaciones hubo millones de personas en todo el país.
La política educativa está en el centro del debate por ser uno de los grandes logros de la gestión del PT desde que Lula da Silva asumió en poder en 2003. El candidato del partido en la elección del año pasado, Fernando Haddad, fue precisamente el ministro de Educación que fomentó la creación de universidades estatales y planes de apoyo incluso económico para la ampliación de la base de jóvenes que podían acceder a la educación.
Contra esta extensión de derechos apuntó de entrada Bolsonaro, por motivos ideológicas pero con argumentos presupuestarios que le baja su ministro de Economía, Paulo Guedes, un hombre formado en la Escuela de Chicago y que hoy integra la comitiva que acompaña al mandatario brasileño en Buenos Aires.
A cuatro meses de haber asumido en el Palacio del Planalto, la imagen de Bolsonaro se derrumbó, al igual que la economía en general del país. Su porte desafiante con tintes racistas y homofóbicos le acarreó no pocas críticas de sectores incluso de derecha. Hasta dentro de las Fuerzas Armadas, su principal sostén -su vicepresidente, Hamilton Mourao, y la mayoría de su gabinete son militares- crece la irritación por sus posiciones extremas en política exterior y soberanía nacional. El alineamiento con Donald Trump les preocupa e irrita porque deja a Brasil en una posición de servilismo que los antecedentes de ese país no registran.
A esto apuntó Lula da Silva en un par de reportajes a medios locales desde su prisión en la sede de la Policía Federal de Curitiba. «Tenemos motivos de sobra y bandera para ir a la calle juntos, y coloco la cuestión de la soberanía como cosa muy fuerte. Defendiendo la soberanía estás defendiendo a tu país, tú territorio, tu pueblo y tus riquezas», le dijo en una entrevista al portal Tutameia. Y agregó que lo más importante de este momento es «la lucha por el salario, por el empleo, por la mantención de una jubilación justa para las personas y la cuestión de la soberanía nacional».
Desde que el Supremo Tribunal de Justicia autorizó a que el ex presidente concediera entrevistas, la palabra de Lula encontró un cauce en la sociedad para otra agenda. Hasta ese momento, el discurso dominante se manifestó casi exclusivamente en la boca de Bolsonaro o de sus hijos, más extremistas que él, si cabe.
El tema de la soberanía puede reconciliar al PT con los sectores militares de corte más nacionalista, que habían presionado en su momento para que el líder metalúrgico no pudiera ser candidato a la presidencia, pero ahora tienen un problema mayor con un mandatario imprevisible con el que tienen disputas cotidianas. La eventual caída de Bolsonaro arrastraría a las Fuerzas Armadas, además de envolver al país en una crisis de imprevisibles consecuencias.
Que hubo cambios en los ejes del establishment se revela en que el STJ redujo la sentencia a Lula de modo que estaría en condiciones de tener libertad condicional en pocos meses. El martes, el Ministerio Público opinó que el ex presidente ya está en condiciones de obtener los beneficios de un régimen semiabierto, lo que implica poder salir a trabajar durante el día y dormir en la cárcel.
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