por Alberto López Girondo | Feb 16, 2020 | Sin categoría
Se cumplieron dos semanas del paro más grande de petroleros de Brasil en los últimos 25 años, con alrededor de 20 mil trabajadores de 116 unidades operativas en 13 estados en huelga. Este sábado, empleados de la subsidiaria Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados de Paraná (FAFEN) rompieron los telegramas de despido en señal de protesta. La alerta surgió a principios de mes, cuando se anunció este proceso de cesantías que para la Federación Única de Petroleros (FUP) representa la avanzada en la línea de privatización de la mayor empresa brasileña, de mayoría estatal.
Petrobras, que durante los gobiernos del PT creció hasta ser la multinacional más importante de su país, llegó a tener la exclusividad de la cuenca del Presal, con reservas superiores a los 273 mil millones de barriles. Pero desde 2013 sufrió el acoso de los servicios de inteligencia de la NSA, según denunció el agente Edward Snowden, y supuestos esquemas de corrupción desde sus cuentas resultaron decisivas para la causa Lava Jato, por la cual varios exfuncionarios “trabalhistas” y legisladores de todos los partidos terminaron en prisión. En ese marco también Lula da Silva quedó involucrado en esas investigaciones.
Desde la destitución de Dilma Rousseff, en agosto de 2016, se supo que los vientos soplaban en contra de la empresa, por la tendencia neoliberal de Michel Temer. Con la llegada de Jair Bolsonaro al gobierno, el 1 de enero de 2019, se consolidó un proyecto que, de la mano del ministro de Economía Paulo Guedes, un egresado de la Escuela de Chicago, puso al frente de la firma a Roberto Castelo Branco, relacionado familiarmente con el primer presidente de la dictadura (1964-1985) y un convencido de que el estado no debe participar en negocios donde hay privados que se dedican a lo mismo. Así fue que Petrobras perdió la exclusividad en la explotación de la rica cuenca marina.
En el caso concreto de la FAFEN, se trata de una planta comprada en 2012 a Vale do Rio Doce. Para los actuales directivos de la empresa, era deficitaria y no logró venderla luego de dos intentos frustrados, por lo que decidió cerrarla. El viernes 145 trabajadores recibieron los telegramas de despido, pero hay otros 368 empleados directos de Petrobras que están en la misma situación, al igual que cerca de 600 tercerizados. Desde que comenzó el conflicto, el 1 de febrero, se fueron sumando al reclamo los planteles de otras plantas de Petrobras. Por solidaridad y porque saben que es hora de barbas en remojo. Entre los que adhirieron hay plataformas de producción, refinerías, terminales de petróleo y usinas térmicas.
La Agencia Nacional de Petróleo, Gas y Biocombustibles (ANP) advirtió al Tribunal Superior del Trabajo (TST) por los riesgos de desabastecimiento en todo el país ante esta medida. El ministro de esa entidad, Ives Gandra Martins Filho avisó a los gremios que deberían mantener un contingente de no menos de 90% de trabajadores en cada unidad. Las penalidades, si no lo hicieran, serían de 500 mil reales diarios para la FUP y los sindicatos adheridos del Norte Fluminense, Bahía y Espirito Santo y de 250 mil para los otros gremios. Que en esta partida el gobierno se juega una fuerte parada lo demuestra la oferta que Petrobras hace a los despedidos: un adicional a la indemnización de entre 50 mil y 200 mil reales (entre 12 mil y 48 mil dólares), y la permanencia en la obra social por 24 meses luego del cese. Por otro lado, a través de agencias externas buscan contrataciones temporales para reemplazar a los petroleros en paro. Pero esa tentativa no alcanzó para romper con la huelga. Así, en Rio Grande do Norte los trabajadores impidieron embarques de Campo de Ubarana; situaciones parecidas se vivieron en Espirito Santo. Plantas refinadoras de Bahia se agregaron a las 39 plataformas de Petrobras en la región sudeste, donde se concentra la mayor producción.
Los petroleros enrolados en la FUP vendieron garrafas de gas y nafta a precios subsidiados en Amazonas, Pernambuco, Bahía, Espirito Santo, Rio de Janeiro, San Pablo y Rio Grande do Sul. Es que con Bolsonaro, los precios de los combustibles fueron liberados y el costo para los sectores más pobres es asfixiante. Los reajustes se realizan en función del precio en dólares. Pero sucede que estas últimas semanas hay una corrida contra el real y el dólar se disparó a 4,30 por real. En enero del año pasado, estaba a 3,68. Otro dato que anotan los representantes gremiales es que hace seis años las refinerías brasileñas operaban al 95% de su capacidad, mientras que antes de la huelga lo hacían por debajo del 70%. En resumen, Brasil pasó nuevamente a ser importador de combustible.
“Buscamos cumplir con las condiciones determinadas por la justicia –dicen en la FUP- pero la actual gestión de Petrobras no quiere que asumamos en las unidades para aumentar la producción y reducir los precios de los derivados del petróleo”. Al mismo tiempo, alertan sobre maniobras de la empresa para generar desabastecimiento en algunas regiones del país. El proceso de privatizaciones de las empresas públicas brasileñas fue iniciado por Bolsonaro ni bien llegó al Palacio del Planalto. A tal punto que en Economía se creó una Secretaría de Privatización y Desinversión, a cargo de Salim Mattar, empresario minero. En agosto pasado, el ministro Guedes anunció que se irían a acelerar las ventas, que incluyeron la Casa de la Moneda, el Correo, Telebras. En el caso de la petrolera, la estrategia pasó por deshacerse de BR Distribuidora y Liquigas.
En enero pasado, el gobierno anunció que durante 2020 proyecta vender otros 300 activos públicos, con los que piensa recaudar unos U$S 36 mil millones. Entre estas joyas de la corona figura Electrobrás, la mayor proveedora de energía eléctrica de América Latina. Eletrobrás fue un proyecto del expresidente Getulio Vargas, de 1954, que tuvo una enorme resistencia en la dirigencia política y en los medios de entonces. Esas trabas fueron uno de los fundamentos para el suicido, el 24 de agosto de ese año, según dejó escrito en una carta póstuma. La otra gran creación de Vargas fue Petrobras, de 1953. Los trabajadores de la FUP hacen lo posible para que este no sea el fin del sueño varguista.
Una familia poco común
Los Bolsonaro suelen mostrar su rostro más violento muy seguido. El domingo pasado, la policía bahiana abatió al exagente de la policía carioca Adriano Magalhaes da Nobrega. El hombre, un asesino a sueldo vinculado al hijo mayor del presidente, Flavio Bolsonaro, fue sindicado como uno de los responsables del asesinato de la concejala Marielle Franco, en marzo de 2018. A medida que avanzaba la investigación sobre el crimen que conmovió a la sociedad antes de las elecciones del año pasado, la situación de Flavio parecía complicarse. La muerte de Da Nobrega resulta, en este contexto, muy oportuna.
Otro de los hijos del presidente, Eduardo, se sumó a una brutal campaña contra una periodista del diario Folha de Sao Paulo que había revelado el sistema de fake news en redes sociales de equipos cercanos al exmilitar para desacreditar al partido de Lula da Silva, un método que los analistas consideran que fue clave para ganar el apoyo de sectores sociales mayoritarios de Brasil.
Patricia Campos Melo, una profesional muy respetada y rigurosa, fue atacada por esas mismas redes de trolls desde que publicó la información. El martes, en una reunión de la Comisión Parlamentaria mixta Investigadora de las fake news, un exempleado de la firma de marketing digital Yacows, en lugar de argumentar por el esquema revelado por Campos Melo, dijo que la mujer le había hecho insinuaciones para tener sexo a cambio de información. El diputado Eduardo Bolsonaro dijo que no dudaba de la palabra del acusado. Lo que despertó ácidas críticas de los colegios de periodistas y de colectivos feministas.
Tiempo Argentino, 16 de Febrero de 2020
por Alberto López Girondo | Dic 22, 2019 | Sin categoría
Si la causa Lava Jato fue el principio del fin del gobierno de Dilma Rousseff y terminó con Lula preso y proscripto, un sistema de lavado de dinero con un local de venta de chocolates puede ser el inicio de la caída de Jair Bolsonaro y su gobierno ultraderechista. Al menos así lo teme el presidente, al que se vio desbocado en un encuentro con periodistas y que podría enfrentar un impeachment por sus muestras de inestabilidad emocional.
Esta semana la fiscalía de Río de Janeiro ordenó allanar 24 inmuebles pertenecientes al hijo mayor del presidente, Flavio Bolsonaro; su exchofer Fabricio Queiroz; la segunda esposa de su padre, Ana Cristina Siqueira; y exasesores del primogénito, que fue diputado estadual y el año pasado resultó el senador elegido con mayor cantidad de votos en la antigua capital del país.
La causa no es nueva, pero el triunfo electoral de Jair Bolsonaro y la designación de Sergio Moro como ministro de Justicia hicieron mucho por atemperar la celeridad de los magistrados.
La investigación se centra en un sistema de desvío de fondos que en Brasil se conoce como «rachadinha», una «contribución» obligatoria de empleados y asesores –reales o ficticios– hacen a un dirigente político. La operación se descubrió cuando el COAF (Consejo de Control de Actividades Financieras) encontró movimientos poco comunes en una cuenta de Queiroz en los años 2016 y 2017.
El hombre había recibido alrededor de dos millones de reales (medio millón de dólares a hoy día) en 483 depósitos provenientes de 13 asesores ligados al Gabinete del diputado Flavio Bolsonaro. Su salario era de menos de 6000 dólares mensuales.
Como parte de la pesquisa, los sabuesos llegaron hasta una chocolatería en un shopping de Barra de Tijuca que explota la franquicia Kopenhagen, una tradicional marca en Brasil. La firma propietaria del local se llama Bolsotini, por las sílabas de Bolsonaro y de su socio, Alexandre Santini, que adquirieron el fondo de comercio en 2014.
Un dato sospechoso fue que en los períodos de mayor venta de chocolates, para las Pascuas, el volumen de ventas crecía menos que los depósitos en las cuentas bancarias de la sociedad. Un esquema típico de lavado de dinero que bien podría haber investigado Moro, «especialista» en la cuestión, de acuerdo a sus antecedentes en el Lava Jato, un sistema similar pero aplicado en una cadena de lavanderías de autos.
La explicación de Flavio –al que irónicamente ahora llaman Willy Wonka– sobre la diferencia fue en un primer momento afirmar que habían tenido un éxito colosal con la venta de un chocolate alusivo al 7 a 1, que fue el resultado del desastroso partido que Brasil perdió con Alemania en el Mundial de ese año.
Para el padre, Flavio es como un Neymar para los negocios. «Lo acusaron de ganar más. Lo que sucede es que quien lleva más clientes allí, gana más dinero. Es lo mismo que Neymar cuando le preguntan ¿por qué estás ganando más que otros jugadores? Porque él es lo más importante. No es comunismo».
Pero a medida que la visibilización del tema avanza en los medios hegemónicos –que tanto hicieron para sacar al PT del poder– Jair se fue poniendo más nervioso. El miércoles tuvo un entrevero a la salida de la residencia de la Alvorada que está llamada a resultar una marca de agua de su pensamiento. Luego de acusar de la arremetida judicial al gobernador de Río, Wilson Witzel, que fue aliado en 2018 y rompió a principios de su gestión, de querer usar el caso porque quiere ser presidente en 2020, Jair Bolsonaro dijo que no todo es lo que parece en la causa contra Flavio. «Tú tienes una cara de homosexual terrible y no por eso te acusan de homosexual», le espetó a un trabajador de prensa.
Con lo cual, si ya tenía en la lista de enemigos al diario Folha de São Paulo, ahora se compró a O Globo y a todo el mainstream, que empieza a batir el parche para analizar si Brasil puede estar tranquilo con un presidente capaz de perder la compostura de esa manera.
Pero las ramificaciones del caso van más allá y Queoroz, que aún no declaró, puede ser la clave para llegar a los asesinos de la concejal Marielle Franco. Sucede que Adriano da Nóbrega, uno de los principales sospechosos del asesinato de la militante social y del conductor del auto en que viajaba, a la salida de una charla en el barrio de Lapa, en marzo de 2018, también recibía dinero de ese fondo proveniente de las «rachadinhas». DanielleMendonça da Costa, exasesora de Flavio, está casada con Da Nóbrega, un excapitán de la Policía Militar sindicato como el líder de una de las milicias más antiguas y violentas de Río de Janeiro, en la favela del Río de las Piedras, conocida como Escritorio del Crimen.
Tiempo Argentino, 22 de Diciembre de 2019
por Alberto López Girondo | Dic 15, 2019 | Sin categoría
Una característica de los Bolsonaro, la familia del presidente de Brasil, es su apego a las armas. Y sobre ese oscuro deseo construyeron una ideología, calcada de la idiosincrasia estadounidense. Es así que ni bien Jair Bolsonaro llegó al gobierno firmó el primero de una serie de decretos para liberalizar el uso de armas. Un sector de la población se sumó ostensiblemente a la propuesta, de tal modo que según datos del Ministerio de Economía, Comercio Exterior y Servicios, la venta de armas importadas aumentó un 1473%. En 2016, cita el informe, se vendieron en ese país 2390 armas importadas. Este año ya se comercializaron 37589, y aún faltan unos días para comenzar 2020.
La fiebre armamentística llegó a tal punto que cuando los Bolsonaro entraron con conflicto con el Partido Social Liberal, la agrupación política que le había permitido al excapitán del Ejército competir por la presidencia, a fines de noviembre decidió armar la Alianza para Brasil.
El acta fundacional de ese nuevo partido dice que tiene como objetivo “el respeto a Dios y a la religión, a la identidad, la memoria y cultura del pueblo, la vida, y la legítima defensa y de la familia”. En esa misma línea, eligió como número electoral el 38, por el calibre del arma de mayor circulación en ese país. Y se conocieron entonces imágenes de “creativos” que habían elaborado una placa identificadora construida con casquillos de ese calibre sobre un marco metálico.
Como cuadra a semejante postura frente a la vida, el ministro de Justicia, el exjuez Sergio Moro –el mismo que manipuló al sistema judicial para procesar y detener a Lula da Silva en la causa Lava Jato, según revelan las filtraciones de The Intercept– envió un proyecto para aumentar las penas a determinados delitos.
En términos generales, se incrementan penas y se establecen modificaciones en el proceso en relación al crimen organizado y el tráfico de drogas. El exmagistrado se quedó con las ganas, en cambio, de imponer un artículo que dejaba sin castigo a los agentes policiales que maten en una situación de «miedo justificado, sorpresa o emoción violenta». Esto es, la doctrina Chocobar a la brasileña no pasó el tamiz del Congreso.
El texto había pasado por la Cámara Baja y luego de la aprobación en el Senado está a la firma de Bolsonaro, quien podría llegar a vetar parcialmente algunos de los capítulos. Se descuenta que no rechazará los aspectos más ásperos de la normativa.
Los cultores de la violencia institucional, sin embargo, no cejan en su empeño y este jueves Moro recibió como regalo una obra del artista plástico Rodrigo Camacho que da que hablar. Se trata de un busto del ministro realizado con casquillos de bala, a la manera del símbolo del partido de Bolsonaro.
Por más que la imagen pública de Moro quedó muy cuestionada luego de que se difundieran conversaciones del equipo de fiscales y el juez en las que quedan al descubierto las maniobras contra Lula, para una gran mayoría de la sociedad el Lava Jato desnudó un sistema irregular de financiación política y de corrupción que irrita a la ciudadanía.
Es así que, más allá de la vinculación dudosa de Lula con este esquema oscuro en el manejo de fondos públicos, para el 81% de los brasileños la investigación debería continuar ya que no llegó a su fin. El estudio fue realizado por la consultora Datafolha, habitualmente reputada de seria, entre los días 5 y 6 de diciembre.El sondeo indica que el 47% de los consultados piensa que a pesar de las condenas por esta causa, la corrupción en Brasil seguirá como si nada, mientras que el 41% cree que disminuirá. Al mismo tiempo, para Datafolha, Moro tiene un 53% de imagen positiva. El sondeo indica que el 47% de los consultados piensa que a pesar de las condenas por esta causa, la corrupción en Brasil seguirá como si nada, mientras que el 41% cree que disminuirá. Al mismo tiempo, para Datafolha, Moro tiene un 53% de imagen positiva.
Tiempo Argentino, 15 de Diciembre de 2019
por Alberto López Girondo | Dic 1, 2019 | Sin categoría
La salida de prisión de Lula da Silva saca a relucir los peores fantasmas de la dictadura brasileña. Y la amenaza del gobierno de Jair Bolsonaro de reimplantar un bando militar de 1968 debería leerse en el contexto de que las políticas neoliberales no son compatibles con la democracia. Así lo entiende el líder del PT y dirigentes de todos los sectores que salieron a cuestionar en fila declaraciones en Washington del ministro de Economía, Paulo Guedes, acerca de que para combatir posibles manifestaciones populares «alguien podría pedir el AI-5», el Acta Institucional que suspendió garantías constitucionales y dio una vuelta de tuerca para la persecución y tortura de opositores al golpe de 1964.
Lula, liberado el 8 de noviembre pasado tras 580 días en una celda en Curitiba, se puso sobre los hombros la lucha contra el modelo que busca implantar el excapitán del Ejército brasileño. Pero paralelamente la región sigue convulsionada por protestas contra la desigualdad en Chile, Colombia y Ecuador, mientras que en Bolivia se consolida un gobierno de facto. La respuesta de Guedes fue a una pregunta sobre si no creía que ese clima levantisco se trasladara a las calles brasileñas.
Desde que asumió, el gobierno de Bolsonaro inició una política de ajustes y privatizaciones al estilo de la Escuela de Chicago, de la que Guedes es discípulo dilecto. El resultado es que la economía no da señales de vida y todo indica que el crecimiento será del 0,9% en 2019. Menos que el de Brasil en los dos años previos pero incluso se trata de un decrecimiento si se tiene en cuenta que el índice de natalidad supera el 1,4% anual.
Bolsonaro ya logró que le aprobaran una reforma laboral y previsional que generaría una reducción presupuestaria («ahorro», lo llaman) de 217.500 millones de dólares al cabo de una década. Aun así, el déficit de este período no bajará del 6,3%. De allí que enviara al Congreso un proyecto de reforma constitucional para descentralizar los recursos federales. El Plan Más Brasil dejaría áreas clave como educación, salud y seguridad en manos de los municipios y los estados.
«En el primer año de gobierno, el pueblo tiene la expectativa de que ocurrirán cosas buenas –dijo Lula en un reportaje al diario español El País– pero ahora se agrava el desempleo, el ingreso disminuye y hay dificultades para comprar alimentos».
El temor al contagio regional ya había sido la excusa de Eduardo Bolsonaro, uno de los hijos del presidente, para lanzar la idea de reflotar el AI-5 el 31 de octubre pasado. «Si la izquierda se radicaliza hasta ese punto, tendremos que dar una respuesta. Esa respuesta puede ser un nuevo AI-5, puede ser una legislación aprobada por plebiscito», dijo esa vez el diputado.
Aquel decreto del 13 de diciembre de 1968 fue considerado un golpe dentro del golpe brasileño. La dictadura había sido implantada el 31 de marzo de 1964 y si bien había limitado derechos ciudadanos, había mantenido algunas prerrogativas constitucionales y como una máscara legalista, el Congreso seguía funcionando.
A cuatro años de la instauración del régimen, los movimientos estudiantiles y sindicales poblaban las calles de reclamos. También crecían organizaciones políticas. Algunas de ellas armadas, que veían a la Revolución Cubana como un ejemplo a seguir. En junio de 1968, artistas e intelectuales organizaron una caminata en Río de Janeiro que concentró a cientos de miles de ciudadanos.
Mediante el AI-5, alrededor de 500 personas perdieron sus derechos políticos, cinco jueces, 95 diputados, cuatro senadores y 66 profesores universitarios fueron expulsados de sus cargos. Dilma Rousseff fue detenida y torturada en 1970 tras ese decreto. Caetano Veloso, entre tantos artistas, se había exiliado en Londres un año antes.
«No sé por qué Bolsonaro tiene miedo al pueblo en la calle», protesta Lula. «La democracia no es un pacto de silencio. Salir a la calle es una demostración de que la sociedad está viva y no va a permitir que desmantele el país», abunda.
A raíz de la amenaza de «golpe dentro del proceso democrático» como podrían definirse a las palabras de Bolsonaro Jr y el titular de Economía, el exdirigente metalúrgico fue muy activo en Twitter. «No sé si Bolsonaro o Guedes van a leer esto, pero quería decir una cosa. Existen dos palabras para tener una economía sólida: credibilidad y previsibilidad. Este gobierno no tiene ninguna de las dos. ¿Qué inversor extranjero va a querer invertir en Brasil de hoy?», escribió.
En esto coincidió con el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, del partido Demócratas, quien criticó ese regreso al pasado. “Son frases que generan inseguridad, retracción en las decisiones de inversión», deslizó desde un atril en un encuentro con empresarios en San Pablo.
«Creo que es deplorable que la gente pueda hablar del AI-5 como si fuera algo trivial. Logramos restaurar la democracia en Brasil y tenemos que luchar por preservarla», se sumó el expresidente Fernando Henrique Cardoso ante la BBC. El presidente de la Corte de Justicia, José Antonio Dias Toffoli, agregó que «el decreto AI-5 es incompatible con la democracia».
Lula en medio de una pugna judicial
Apenas habían pasado 20 días de la liberación de Lula da Silva cuando el Tribunal Regional Federal 4 de Porto Alegre apuró un proceso en segunda instancia sobre la reforma de una propiedad rural en la localidad paulista de Atibaia que los magistrados insisten en que pertenece al expresidente, aunque nunca pudieron probarlo legalmente en esas instancias.
De tal modo que no sólo consideraron en esta segunda instancia que las obras de refacción en la vivienda realizadas por las constructoras Odebrecht y OAS habían sido un pago por contratos concedidos en Petrobras, sino que incrementaron la sentencia de primera instancia, de 12 años y 11 meses a 17 años y un mes.
Para la fiscalía, es bastante prueba en contra de Lula que aunque los documentos de propiedad están a nombre de otra persona, el exmandatario era el principal usuario y por lo tanto las reformas eran para su beneficio y en pago de servicios irregulares desde la presidencia del país.
El fallo aparece como un desafío del TRF4 al Supremo Tribunal de Justicia y al Supremo Tribunal Federal. Sucede que el STF emitió un dictamen que favoreció la libertad de Lula al reafirmar que un condenado sin sentencia firme –esto es, de la Corte Suprema– puede esperar la resolución definitiva fuera de la cárcel.
Según una columna en el diario Folha de São Paulo –no alineado con el bolsonarismo– la decisión del TRF4 tiene un tinte político no aceptable en ámbitos leguleyos. Y algo de eso hay, ya que todo el proceso del Lava Jato, por el cual Lula pasó 580 días en prisión, quedó al descubierto como una colosal maniobra que permitió el triunfo electoral de Bolsonaro.
Desde las publicaciones del portal The Intercept, se desató una pugna interna en el sistema judicial en torno del actual ministro de Justicia, Sergio Moro, que fue el juez de primera instancia que condenó a Lula.
El tribunal de alzada sobre el fallo inicial de Moro es el TRF4, que con su fallo le mojó la oreja al máximo estrado judicial de ese país. Se especula que el STF podría dar una señal de su disgusto en relación con reclamos de la defensa del líder «trabalhista», mediante algún fallo favorable a Lula da Silva.
Lula en medio de una pugna judicial
Apenas habían pasado 20 días de la liberación de Lula da Silva cuando el Tribunal Regional Federal 4 de Porto Alegre apuró un proceso en segunda instancia sobre la reforma de una propiedad rural en la localidad paulista de Atibaia que los magistrados insisten en que pertenece al expresidente, aunque nunca pudieron probarlo legalmente en esas instancias.
De tal modo que no sólo consideraron en esta segunda instancia que las obras de refacción en la vivienda realizadas por las constructoras Odebrecht y OAS habían sido un pago por contratos concedidos en Petrobras, sino que incrementaron la sentencia de primera instancia, de 12 años y 11 meses a 17 años y un mes.
Para la fiscalía, es bastante prueba en contra de Lula que aunque los documentos de propiedad están a nombre de otra persona, el exmandatario era el principal usuario y por lo tanto las reformas eran para su beneficio y en pago de servicios irregulares desde la presidencia del país.
El fallo aparece como un desafío del TRF4 al Supremo Tribunal de Justicia y al Supremo Tribunal Federal. Sucede que el STF emitió un dictamen que favoreció la libertad de Lula al reafirmar que un condenado sin sentencia firme –esto es, de la Corte Suprema– puede esperar la resolución definitiva fuera de la cárcel.
Según una columna en el diario Folha de São Paulo –no alineado con el bolsonarismo– la decisión del TRF4 tiene un tinte político no aceptable en ámbitos leguleyos. Y algo de eso hay, ya que todo el proceso del Lava Jato, por el cual Lula pasó 580 días en prisión, quedó al descubierto como una colosal maniobra que permitió el triunfo electoral de Bolsonaro.
Desde las publicaciones del portal The Intercept, se desató una pugna interna en el sistema judicial en torno del actual ministro de Justicia, Sergio Moro, que fue el juez de primera instancia que condenó a Lula.
El tribunal de alzada sobre el fallo inicial de Moro es el TRF4, que con su fallo le mojó la oreja al máximo estrado judicial de ese país. Se especula que el STF podría dar una señal de su disgusto en relación con reclamos de la defensa del líder «trabalhista», mediante algún fallo favorable a Lula da Silva.
Tiempo Argentino, 1 de Diciembre de 2019
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