El 22 de julio 1969 el dictador Francisco Franco nominó oficialmente a Juan Carlos de Borbón como sucesor. Un hecho insólito, ya que el general que había iniciado la Guerra Civil 33 años antes se ungía él mismo como elector real. La respuesta del designado fue clara y concisa: «Recibo de su excelencia el jefe de Estado el generalísimo Franco la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936». Mucha agua corrió por el río Manzanares en estos 51 años, pero el rey ahora emérito sigue dando dolores de cabeza a la monarquía e incluso hace crecer reclamos para volver a la República hundida en aquella feroz guerra civil.
El Borbón –que asumió en 1975 a la muerte de Franco– debió abdicar en 2014, golpeado por una serie de escándalos tras volver de urgencia de un safari por África para operarse por una rotura de cadera. El incidente reveló que había viajado con una amante, Corinna zu Sayn-Wittgenstein, nada que ver con el filósofo austríaco. Justo para cuando el gobierno de Mariano Rajoy profundizaba un plan de ajuste por la crisis económica. No era el primer desliz del rey, pero no tuvo plafón para continuar.
Su hijo, Felipe VI, la viene remando desde entonces para salvar la imagen de los Borbones y de la monarquía. Pero debió enfrentar el proceso independentista catalán, que llegó no sólo a hacer un referéndum –considerado ilegal por Madrid– sino a declarar una tan efímera como simbólica República independiente en 2017.
La historia de Juan Carlos sigue atronando en el Palacio de la Zarzuela. Y los medios, que no le tienen la indulgencia de otras épocas, profundizaron a placer en los oscuros manejos del dinero obtenido por la venta de armas a Arabia Saudita. Así, se reveló que utilizó de fachada para girar divisas a cuentas en Suiza a través de una empresa radicada en Panamá. Se supone que son cien millones de euros y que 65 millones habrían terminado en cuentas de Corinna.
Estos días se divulgó que entregó 2 millones con los que Corinna compró dos departamentos de lujo en los Alpes suizos. Pero también que con dinero del Estado hizo pagar 3 millones a otra mujer con la que tuvo relaciones íntimas, Marta Gayá, para que tuviera “una vida digna”. Aunque como según se supo, toda esta operación fue a través de personas de su confianza y con pedido de expresa discreción, la sospecha es que era una fortuna para comprar silencio.
Ahora, desde las filas de Podemos, el partido de izquierda que integra la coalición de gobierno, comenzaron a oírse voces sobre la necesidad de llamar a un referéndum para ver si la ciudadanía está dispuesta a dejar atrás esa figura arcaica de la monarquía para fundar lo que sería la Tercera República.
Por el contrario, aunque desde que la pandemia dejó algún lugar para nuevas elucubraciones empezó a circular la posibilidad de que en Catalunya volvieran a llamar a un referéndum, relacionado con la vieja idea separatista. Pero las últimas noticias apuntan a lo complicado que resultaría un nuevo llamamiento, y que hasta el Esquerra Republicana de Catalunya, uno de los grupos que en principio la impulsan, por el momento sería partidario de establecer una mesa de diálogo con el gobierno central.
Si es verdad, como aseguran muchos analistas, que Donald Trump necesita una guerra para recuperar terreno de cara a las elecciones de noviembre, lo pasos que está dando contra China se están pareciendo demasiado a un conflicto mundial que no se veía desde los tiempos de la Guerra Fría. Y para no desentonar, incluso el léxico que utilizan tanto funcionarios como las principales espadas republicanas va en esa línea. De una guerra comercial, decididamente buscan instalar que es contra el partido comunista chino.
La última novedad es que el gobierno ordenó el cierre del consulado chino en Houston Texas, al que acusa de cobijar a hackers y de ser un centro de espionaje, entre otros objetivos, de empresas desarrolladoras de tecnología. La semana pasada había comenzado esta etapa de demolición de los negocios de empresas chinas en Europa, como es el caso de Huawei. (Ver acá)
Este lunes, la Casa Blanca había culpado a dos ciudadanos chinos de ser piratas informáticos “que trabajan con el ministro de Seguridad de Estado de China”. Los acusados son Li Xiaoyu, de 34 años, y Dong Jiazhi, de 33, que a la sazón están en su país natal. No es claro de qué se los acusa, pero desde la secretaría de Justicia se mencionó un hackeo a una investigación sobre vacunas contra el Covid-19, sin dar mayores precisiones.
Beijing salió de inmediato a rechazar las imputaciones. “El gobierno chino es un ferviente defensor de la ciberseguridad y siempre se opuso a los ciberataques», dijo el portavoz de la cancillería, Wang Wenbin, quien pidió a Washington que «cese de inmediato sus calumnias y su difamación». Al mismo tiempo calificó el cierre del consulado de ser “una provocación política que viola gravemente el derecho internacional” y agregó la condena a “esta decisión escandalosa e injustificada”.
Beijing también advirtió que tomará medidas “legítimas y necesarias” en consecuencia. Por lo pronto, alertó a los más de 300.000 estudiantes chinos que cursan en Estados Unidos por el “riesgo de interrogatorios arbitrarios” al que los podrían someter en ese país en medio de este clima prebélico.
Trump, habitualmente muy locuaz en las redes sociales, se había cuidado de enviar algún mensaje sobre el asunto. El que si dijo fue el senador Marco Rubio, quien en un tuit dejó suficiente como para ver de qué viene esta ofensiva.
«El consulado de China en Houston no es una instalación diplomática. Es el nodo central de la vasta red de espías y operaciones de influencia del Partido Comunista en los Estados Unidos. Ahora ese edificio debe cerrarse y los espías tienen 72 horas para salir o enfrentar arresto. Esto tenía que suceder», escribió el ultraconservador Rubio.
Horas antes de estos comunicados, los bomberos habían acudido al edificio avisados por vecinos sobre un posible incendio en su interior. “No pudimos entrar porque es una sede diplomática”; se excusaron. La especulación de las autoridades es que se habían quemado documentos ante la certeza de que tendrían que irse.
China tiene cinco consulados en territorio estadounidense. El de Houston precisamente fue el primero en abrirse, en 1979, luego del histórico viaje del presidente Richard Nixon para entrevistarse con Mao Zedong y sellar un acuerdo para que el gigante asiático recuperara la representación oficial en todos los estamentos mundiales de la nación. Hasta ese momento, Taiwán ocupaba un sillón permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el gobierno de Beijing ni siquiera estaba reconocido. Washington, a su vez, tiene otros cinco consulados en China continental y uno en Hong Kong.
El que también estuvo activo en esta escalada fue el secretario de Estado, Mike Pompeo, quien viajo el lunes a Londres para agradecer la decisión de Boris Johnson de prohibir la utilización de equipos 5G de la empresa china Huawei en el Reino Unido. De allí se cruzó a Dinamarca, donde intenta tejer una alianza contra China en el Ártico.
En Copenhague llamó a defender los valores de la “libertad, la transparencia, la soberanía y la estabilidad”. Y de argumentó que parte de esa embestida en razón de la necesidad de combatir el “robo de propiedad intelectual por el Partido Comunista chino».
La administración Trump trata de ganar adeptos a su ofensiva sobre China, pero lo hace luego de que perdió terreno en muchos aspectos durante años. Es así que, en cuanto al Ártico, el tema es que Beijing está desarrollando el proyecto de ruta de la seda por esa región y ya tentó a varios países. En ese marco apareció el año pasado la oferta -que sonó a delirante- de comprar Groenlandia, una isla de dos millones de kilómetros cuadrados administrados por Dinamarca. El primer ministro groenlandés, Kim Kielsen, viajó a China hace unos días para discutir las ventajas que dejaría en ese territorio las inversiones prometidas por Beijing.
Pompeo se reunió con a premier danesa Mette Frederiksen y luego con el canciller Jepe Kofod y las autoridades de Groenlandia y las islas Feroe. Copenhague tiene una alianza estrecha con Washington y es uno de los países que destinó tropas para las invasiones de Irak y Afganistán. Pero también tiene y necesita buenas migas con Alemania. El otro punto de divergencia que trata de limar Pompeo es el gasoducto Nord Stream 2 que abastecerá a la industria germana desde Rusia. En octubre pasado se firmó un acuerdo para que la tubería pase por aguas danesas.
Esta semana, se adelantó, recrudecerán las presiones sobre la Unión Europea, según el DOS (Departamento de Estado por sus siglas en inglés). «El embajador Philip T. Reeker, jefe de la Oficina de Asuntos Europeos y Euroasiáticos, viajará a Bruselas del 23 al 25 de julio para reunirse con sus homólogos de la UE y Bélgica para avanzar en nuestra relación transatlántica y promover prioridades bilaterales entre EEUU y Bélgica (…) subrayará la importancia de mantener el comercio transatlántico y los flujos de datos, y planificará el diálogo entre EEUU y la UE en China».
La Organización Mundial de la Salud se mostró preocupada por el crecimiento de los casos de coronavirus en el continente africano, donde ya se produjeron más de 15.000 muertos desde que comenzó la pandemia. Michael Ryan, director de Emergencias de esa entidad, llamó a “tomar muy en serio la aceleración de la enfermedad y a mostrar solidaridad”. El país más golpeado, con todo, es el más rico y a la vez el más desigual, Sudáfrica, que ya superó los 5000 muertos y se acerca a los 400.000 contagiados, ocupando el quinto puesto a nivel mundial, detrás de Estados Unidos, Brasil, India y Rusia. «Sudáfrica corre el riesgo de ser un precursor de lo que va a pasar en el resto de África», abundó Ryan.
El resto de las naciones subsaharianas, en tanto, también presentan un estallido de casos y con un crecimiento de 31% en Kenia, 50% en Madagascar, 57% en Zambia, 69% en Namibia y 66% en Botsuana. Al norte del continente, en la región conocida como Magreb, de población mayormente árabe, si bien el Covid-19 también está haciendo estragos (en Egipto los muertos son más de 4.300 y el Argelia llegan a 1.100) la preocupación mayor parece ser la situación en Libia y la decisión de parlamento egipcio de autorizar el envío de tropas ante el avance de las fuerzas respaldadas por Turquía, lo que amenaza la estabilidad regional en un momento de relativa calma por la pandemia.
El problema en Sudáfrica se extendió de tal modo que un ambulanciero consultado por la agencia AFP, Eugene Muller, dijo que los cadáveres se apilaban en el suelo de los hospitales por falta de camas. En la provincia de Cabo Oriental, agrega el entrevistado, «los hospitales ni siquiera tienen espacio para recibir pacientes graves».
Muller trabaja en Port Elizabeth, una de las principales ciudades de la región, donde -asegura- falta personal de atención médica y tampoco en los últimos años hubo políticas oficiales en favor de la salud pública. Port Elizabeth es una zona industrial donde se encuentra una planta de Volkswagen. La firma alemana construyó un hospital de campaña con 1500 camas, que en vista del crecimiento de casos resulta insuficiente. Que en África la pandemia podría producir estragos era previsible (ver acá) por la escasez de recursos y de políticas de salud en la mayoría de los países. Por eso llama la atención que el lugar mejor posicionado esté pasando por este momento dramático. O, desde otra perspectiva, quizás lo que sucede en Sudáfrica tenga mayor visibilidad internacional y la situación en otros territorios sea aún peor pero no se conozca.
Porque al mismo tiempo que la OMS alerta sobre el coronavirus, otras instituciones como la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) anunciaron planes para controlar la propagación de la peste porcina africana (PPA), que si binen no se transmite al ser humano, al diezmar los ganados le suma el riesgo de una hambruna que se sumaría a la crisis sanitaria. En las costas del Mediterráneo, con todo, crece la preocupación por el conflicto libio. El país, que tiene los yacimientos petroleros más importantes de África, fue desmembrado por la intervención de la OTAN y EEUU en 2011 para derrocar al líder Muhammad Khadafi. Desde entonces tribus regionales se disputan el control de la nación, obedeciendo a intereses económicos de las multinacionales petroleras, en el marco de disputas geopolíticas más amplias.
Libia se divide hoy día entre un territorio en el este, liderado por el general Jalifa Haftar, en Bengasi, y otro en Trípoli, en el oeste, con el apoyo de las Naciones Unidas. El gobierno de Abdul Fatah al Sisi apoya a Haftar, porque argumenta que así resguarda su frontera, mientras que Recep Tayyip Erdogan se suma a la ONU, Rusia y Emiratos Árabes Unidos en favor del gobierno de Tripoli. La situación se complica en la medida en que tanto Turquía como Egipto son aliados de EEUU. Turquía, además, es miembro de la OTAN. La situación se complica en la medida en que tanto Turquía como Egipto son aliados de EEUU. Turquía, además, es miembro de la OTAN.
La guerra comercial entre Estados Unidos y China ingresó en una fase de convertirse en algo más real que bravuconadas de un mandatario extravagante. Además, porque ese presidente aspira a ser reelecto en noviembre y según entiende, una pelea de fondo contra su mayor competidor por la hegemonía mundial desde la desaparición de la Unión Soviética puede acarrearle votos. Se suman ahora a las cuestiones geopolíticas de toda disputa por el control del mundo, el liderazgo tecnológico y el rumbo del sistema capitalista en sí mismo. Las argumentaciones para convocar adhesiones de la Casa Blanca, sin embargo, hacen agua por todos los poros. Lo que facilita la respuesta de Beijing y una gambeta de la Unión Europea a las presiones estadounidenses.
El martes pasado, Londres anunció que desde el 31 de diciembre los proveedores británicos tienen prohibido adherir al desarrollo de la red 5G de la empresa china Huawei. Declarada enemiga de Estados Unidos por el hecho de que su fundador, Ren Zhengfei, es un exingeniero del Ejército Popular de Liberación chino, la firma también es acusada de haber creado artilugios para espiar donde se implante el servicio de alta velocidad que provee.
En su ofensiva contra la compañía –que hasta sus competidores la reconocen como la más avanzada del mundo en el desarrollo de la red 5G– el secretario de Estado, Mike Pompeo, afirmó sin despeinarse que Huawei ofrece al Partido Comunista chino una “puerta trasera” para la vigilancia global. Por si estos considerandos no bastaran, Donald Trump puso el foco en Hong Kong, donde las autoridades chinas pusieron en vigencia una ley de seguridad que generó manifestaciones de opositores en esa ciudad recuperada del control británico en 1997 pero con un estatus especial hasta 2047.
Hong Kong fue un enclave tomado tras las guerras del opio, en 1860, cuando Londres peleaba en defensa del libre comercio de la droga, prohibido por el emperador Xianfeng entre otras razones por el deterioro de los términos del intercambio. Convertido en base del capital financiero internacional, es ahora moneda de presión ya que muchos nativos no quieren formar parte de China.
Trump acusa a Beijing de no respetar los valores democráticos occidentales ni los Derechos Humanos tanto allí como contra la comunidad musulmana uigur en Xinjiang. Para empiojar más al asunto, Pompeo alienta a naciones vecinas en el marco del conflicto territorial en el mar de China. El Congreso de EE UU aprobó el jueves una ley que prevé sanciones a China “por sus acciones opresivas”. Y Trump impuso restricciones a visas de empleados de Huawei y dijo a los gobiernos que no rompieron con esa empresa, que “si hacen negocios con Huawei los están haciendo con abusadores de los Derechos Humanos”.
«Lo que hace EE UU no tiene nada de limpio. Son, simplemente, golpes bajos», cuestionó Hua Chunying, vocera de la cancillería china. «Si quieren hablar de Derechos Humanos, tendrían que preguntarle a George Floyd y a los miembros de las minorías étnicas en Estados Unidos qué tienen para decir”, añadió.
El ex analista Edward Snowden, exiliado en Rusia tras detallar cómo la agencia NSA vigila a todo el mundo, contó que entre los espiados estaban la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y la estatal Petrobras. En Europa, la principal dirigente bajo la mira era –¿es?– Angela Merkel. Tal vez de allí provenga la resistencia de Berlín y de la UE a someterse a Washington sobre los acuerdos con Huawei. Este jueves, además, la Corte de Justicia regional anuló el pacto de transferencia de datos personales entre el bloque y EE UU, llamado “escudo de privacidad”.
Luego de las denuncias de Snowden, hubo ruido de fondo en la UE. Un activista austriaco, Maximilian Schrems, presentó una demanda contra la sede europea de Facebook en Irlanda por su derecho a resguardar su intimidad. Los datos que surgen de las redes sociales son una fuente comercial incalculable, ya que así arman perfiles de clientes y gustos personales. Pero también sirven a organismos gubernamentales y políticos. El uso de esa información por la británica Cambridge Analitica fue clave para manipular elecciones en Europa, EE UU, Brasil y Argentina, en 2015.
El asesor de Seguridad Nacional, Robert O’Brien, confía en convencer a los europeos de romper con la compañía china. «Europa está despertando ante la amenaza de China», dijo desde París. «Imaginen cómo China podría interferir en las elecciones si lo supiera todo sobre cada persona en la Tierra», agregó, también sin inmutarse.
Internet nació en los años ’60 sobre la base de un proyecto del Departamento de Defensa de EE UU en plena Guerra Fría. Como sistema de uso militar que sigue siendo, por EE UU pasan todas las redes de comunicación global. Una comisión del Parlamento Europeo abrió una investigación contra la red de espionaje Echelon en 2000. Un año más tarde el emitió un informe en el que asegura que “no hay ninguna razón para seguir dudando de la existencia de un sistema de interceptación de las comunicaciones a nivel mundial» y determinó que «la finalidad del sistema es la interceptación, como mínimo, de comunicaciones privadas y comerciales». Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda integran lo que podría denominarse el Imperio Anglosajón. Conforman la red también llamada Cinco Ojos (Five Eyes, cuyo anagrama usual es FVEY), un tratado de cooperación conjunta de inteligencia de señales creado tras la Segunda Guerra mundial.Era natural que EE UU se integrara en la vigilancia mundial con las únicas naciones en las que el Pentágono puede confiar. Esta semana, Gran Bretaña le dio la espalda a Huawei en esta etapa belicosa de la Casa Blanca. Canadá ya le había dado un guiño en diciembre de 2018 cuando detuvo y procesó a Meng Wanzhou, vicepresidenta de Huawei e hija del fundador, a pedido de EE UU. En junio, los operadores de telecomunicaciones canadienses Bell y Telus anunciaron que dejarán de usar equipos Huawei. La firma tampoco hace negocios en Australia y Nueza Zelanda.
2 Mil millones de libras
Y de dos a tres años de atraso costará a los consumidores del Reino Unido la prohibición del uso de tecnología Huawei para su red de 5G, reconoce el gobierno.
Los fanáticos de Los Simpson saben que los guionistas tienen alguna capacidad predictiva poco común, como la de que Trump sería presidente. El largometraje estrenado en 2007 (Los Simpson, la película) muestra una escena que recién en 2013 sería develada como real por el analista de la CIA Edward Snowden. En un momento del filme Lisa recomienda ser discreta hasta llegar a Seattle, donde contaran el plan del gobierno para destruir Springfield, convertida en una amenaza ambiental por la torpeza de Homero. Marge responde: “Lisa, no creo que el gobierno escuche las conversaciones de todo el mundo”. Lo que despliega las alarmas de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA), donde cientos de personas escuchan conversaciones triviales de ciudadanos comunes hasta que uno de ellos se para, exultante, tras la frase de Lisa: “Oigan, el Gobierno encontró a alguien a quien buscaba”.
Sowden contó en detalle cómo son los programas de la NSA para espiar a todo el mundo desde plataformas, redes sociales o incluso los dispositivos de los aparatos de telefonía, computación o los televisores inteligentes. Una amenaza para las libertades civiles inadmisible para él. Era un joven idealista que creyó que Barack Obama había llegado a la Casa Blanca para cambiar las cosas. Pero cuando vio la suerte del australiano Julian Assange (WikiLeaks), tomó sus precauciones y habló con un medio británico, The Guardian, en la habitación de un hotel de Hong Kong, porque allí no hay tratado de extradición con EE UU. De todas maneras, su vida corría peligro, así que huyó a Rusia con ayuda de gente de WikiLeaks. En abril pasado, Snowden pidió extender su permiso de residencia por otros tres años. A Assange, preso en Londres y a las puertas de la extradición a EE UU, lo acusan no sólo de develar secretos de Estado sino de haber ayudado al ex contratista de la CIA.
La democracia argentina tiene varias cuentas pendientes con la sociedad. Entre ellas, la pobreza y la desigualdad ocupan un lugar destacado. Tanto como la violencia institucional. Se van sucediendo hechos que ponen en debate la formación de las fuerzas de seguridad de todo el país y atraviesan los distintos gobiernos que se sucedieron desde 1983. Los últimos casos más resonantes golpeaban de lleno en la policía bonaerense. Mientras se realizaban pericias en vehículos de una comisaría de Bahía Blanca presuntamente implicada en la desaparición de Facundo Astudillo Castro, se conocían más detalles del homicidio de Lucas Nahuel Verón en La Matanza y de la muerte de Raúl Dávila en el incendio de una celda de una comisaría de ese mismo distrito. Tienen entre 18 y 22 años y quedaron bajo la mira policial por circular, según la versión de los uniformados, sin permiso. Facundo desapareció el 30 de abril cuando, según varios testigos, fue detenido en un control policial en la localidad de Mayor Buratovich. Iba desde su vivienda, en Pedro Luro, hasta Bahía Blanca, a la casa de su novia. Lo último que se supo de él fue una conversación telefónica con su madre a las 13.33 de ese día, para decirle una frase inquietante: «Vos no tenés idea de dónde estoy». Ella lo retó por haber violado la cuarentena y esperó en vano a que volviera, pero no hubo más noticias hasta que logró que el caso saliera a la luz pública. Finalmente, las autoridades separaron a la policía bonaerense de la investigación. Este caso es similar al de Luis Espinoza, que participaba en una carrera de caballos en la localidad tucumana de Melcho. Agentes de la comisaría de Monteagudo trataron de impedir el evento y tras un forcejeo, balearon por la espalda al joven, de 31 años. El cuerpo fue encontrado una semana más tarde en Andalgalá, Catamarca, envuelto en frazadas y cinta de embalar. La cuarentena parece haber sido excusa también para otros casos aberrantes por parte de policías de La Pampa, Chubut, Córdoba, Santa Cruz, Santa Fe, la Ciudad de Buenos Aires, pero también de gendarmes en otros distritos. Los más impactantes fueron el ingreso violento a la vivienda de una familia qom en Chaco, la muerte de Florencia Magalí Morales, que apareció ahorcada en la comisaría de Santa Rosa de Conlara, San Luis, luego de haber sido detenida por circular en bicicleta sin documentos; y el caso de Mauro Coronel, que murió en la comisaría 10 de Santiago del Estero con graves lesiones en las vías respiratorias.
Anticuerpos El desafío para la dirigencia política es cómo encuadrar a esos civiles armados que tienen la misión de proteger al ciudadano dentro de la Constitución. Sin embargo, debería destacarse que la sociedad desarrolló anticuerpos para expresarse ante estos hechos. Fue clave la movilización popular contra un fallo de la Corte Suprema de Justicia que le otorgaba el beneficio del 2×1 a un represor condenado, en mayo de 2017. Y también la marcha en reclamo de la aparición de Santiago Maldonado, en agosto de ese mismo año. Durante la gestión de Mauricio Macri, la mano dura fue avalada desde la Casa Rosada, al punto de que el presidente recibió «con honores» al policía Luis Chocobar, procesado por el crimen de Juan Pablo Kukoc, que había herido con un puñal a un turista en un intento de robo en La Boca. Efectivos de Prefectura mataron a Rafael Nahuel, durante una persecución en el lago Mascardi. Dijeron que el joven había disparado contra ellos, pero la Justicia determinó que estaba desarmado. La entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió a los agentes argumentando que «su versión es la verdad, no necesitamos pruebas».
Pedro Luro. Familiares, amigos y vecinos de Facundo reclamaron su aparición. (Gentileza Infoluro)
Como los casos Maldonado o Nahuel, cada generación argentina desde la recuperación de la democracia tiene un nombre que identifica un hecho de violencia institucional. Walter Bulacio, 1991, Miguel Bru, 1993, son dos ejemplos. El primero, muerto en circunstancias sospechosas en una comisaría porteña tras un recital de Los Redonditos de Ricota, el otro, desaparecido en una sede de la bonaerense del centro de la ciudad de La Plata El brutal asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas, en enero de 1997, marcó la agenda de todo ese año. Si bien se acusó al entorno de un empresario, Alfredo Yabrán, fueron condenados también tres policías de Pinamar por su intervención en el crimen. En ese escenario, el entonces gobernador Eduardo Duhalde convocó a Carlos Arslanian como ministro de Seguridad con el objetivo de reformar a la bonaerense. Jurista de prestigio y exjuez del tribunal que juzgó a las Juntas Militares, Arslanian chocó no solo con el establishment policial sino con el candidato a suceder a Duhalde, Carlos Ruckauf, partidario de «meter bala» para combatir el delito. Arslanian tendría otra oportunidad tras otro caso que marcó la agenda política argentina. El 26 de junio de 2002, los manifestantes Maximiliano Kosteki y Darío Santillán fueron asesinados durante una movilización por una brigada policial al mando del comisario Alfredo Fanchiotti en la estación Avellaneda del Ferrocarril Roca. Un hecho que solo pudo ser descubierto gracias a las imágenes captadas por dos fotoperiodistas y que sellaron el fin del interinato de Duhalde en la Casa Rosada. El entonces gobernador Felipe Solá decidió volver sobre la reforma de Arslanian en abril de 2004. Eran también tiempos turbulentos, signados por el reclamo de mano dura multiplicado tras la muerte de Axel Blumberg, joven asesinado tras un secuestro extorsivo. El exjuez, identificado como «garantista», se mantuvo en el cargo hasta que Daniel Scioli asumió la gobernación, en 2007. Dispuesto a pactar reglas de convivencia tradicionales con la fuerza, Scioli designó como sucesor a Carlos Stornelli, quien en poco tiempo tiró por la borda todas las reformas y se volvió a la «normalidad» institucional previa. El aspecto fundamental de la contrarreforma de Stornelli es que devolvió el comando de la fuerza a los uniformados. Una suerte de pacto en el que la sociedad tiene pocas cosas para ganar.
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