Para los criollos de esta parte del mundo, filibustero es como un pirata del Caribe que se dedicaba al saqueo de las ciudades costeras. Vaya uno a saber por qué piruetas de la lengua popular, terminó designando, sobre todo en Estados Unidos, a una estrategia destinada a paralizar o demorar un debate parlamentario. Consiste básicamente en que un legislador puede hacer uso de la palabra todo el tiempo que quiera siempre y cuando no se detenga ni se siente. Hay quienes han leído cartas de sus hijos, recetas culinarias, anécdotas del servicio militar. Hasta que se suspende la sesión. Un senador por Texas, el ultraconservador Ted Cruz, ostenta un récord desde septiembre de 2013, cuando habló durante 21 horas y 19 minutos en un debate sobre la necesidad de retirar fondos que el gobierno de Barack Obama quería destinar a su plan de salud. Quizás porque Texas tiene algo de tierra de filibusteros, esta vez una mujer, la senadora Carol Alvarado, hizo su modesta contribución a ese insólito medallero cuando habló durante caso 15 horas en un intento de obstruir la aprobación de una ley que restringe el derecho a voto en ese estado.
Nacida en Houston en una familia de origen mexicano, Alvarado tiene un título en Administración de Empresas y otro en Ciencias Políticas. Se presenta en su CV como “defensora de la salud y los derechos reproductivos de la mujer” y recuerda que impulsó leyes para ayudar a las víctimas de abuso sexual.
Su “filibuster” buscaba impedir que la cámara alta diera media sanción a una iniciativa del partido republicano que pone trabas al derecho al voto y afectará a las minorías afrodescendientes e hispanas. El rechazo a esta ley entre los demócratas ya provocó una persecución de gobernador Greg Abbot y del líder republicano en la Cámara de Representantes, Dade Phelan, quien ordenó la detención del medio centenar de legisladores que se negaron a dar quórum para su tratamiento sobre tablas y viajaron a Washington para alertar al Congreso federal sobre la maniobra.
Para cumplir con su objetivo obstruccionista, Alvarado se puso un aparato ortopédico en la espalda y zapatillas deportivas y habló parsimoniosamente detrás de un escritorio repleto de papeles o ayuda-memorias. “¿Queremos que el acceso a nuestro proceso electoral sea más difícil para las personas con discapacidad o queremos eliminar barreras para ellas?” planteó en un tramo de su extensísimo discurso. “¿Queremos defender el tremendo progreso que hemos logrado en los derechos civiles y la igualdad o reducir los derechos de voto a las comunidades de color?”, agregó.
Habló de historia del voto en EEUU y detalló con una minuciosidad soporífera los aspectos de la ley que se debatía. “El obstruccionismo no va a detenerla, pero un obstruccionismo también se utiliza para frenar un problema, para llamar la atención sobre lo que está en juego, y eso es lo que estoy haciendo”, dijo al diario Texas Tribune.
La dilación no fue suficiente y el proyecto salió del Senado por 18 votos a 11. Ahora habrá que ver qué pasa en la Cámara de Representantes. Allí el oficialismo estadual depende de poder capturar a los rebeldes y llevarlos a la fuerza al Capitolio para dar quórum. Lo demás sería como una escribanía ya que los republicanos tienen mayoría.
A todo esto en Washington, Cruz -un ultraconservador que se opone a todos los gobiernos populares latinoamericanos- logró bloquear un proyecto en el Senado para tratar una ley federal sobre el derecho a voto a instancias de los demócratas. “Este proyecto de ley constituiría una toma de control de las elecciones por parte del gobierno federal”, argumentó Cruz.
Ordenar la detención de legisladores opositores no suena demasiado bien para los cultores del sistema democrático occidental y cristiano. Para colmo, porque se negaron a votar una ley que restringe el derecho a voto y viajaron a la capital del país para plantear el caso ante las máximas autoridades federales. Pero la cosa cambia si el escenario no es un país subdesarrollado de Latinoamérica, África o el mundo árabe. En concreto, el presidente de la Cámara de Representantes de Texas emitió una orden de detención para más de 50 legisladores demócratas que viajaron a Washington para evitar la aprobación de un proyecto de ley que restringe más el acceso al voto en un estado ultraconservador con aires de secesionista que esta vez, con la relajación de las medidas electorales por la pandemia, vio un incremento de ciudadanos que decidieron cumplir con sus obligaciones electorales. Los 38 electores quedaron para Donald Trump, pero a un plazo no demasiado largo los estrategas republicanos temen perder la supremacía que le da un sistema que les permite gobernar a voluntad gracias a maniobras para diluir o impedir el voto que en otros distritos estadounidenses alimenta las bases del partido del burro.
Los legisladores en la mira del congreso tejano son 54 y representan el 36% de la cámara baja del segundo estado más rico de EEUU. A fines de julio decidieron fletar un charter y pedir entrevista con el presidente Joe Biden para contarle la situación.
En tiempos de Zoom no hacía falta que fueran hasta la capital estadounidense, pero era la excusa que necesitaban para no dar el quorum necesario para aprobar la normativa que los republicanos, que son mayoría en el Capitolio estadual, pretenden imponer.
Con el argumento de que se intenta hacer que “el voto sea más seguro” y en consonancia con las posiciones más duras de Trump a negarse a aceptar la derrota en noviembre pasado por supuesto fraude, la iniciativa pretende prohibir el voto en automóvil (drive-in), aplicar restricciones en los horarios de votación y el voto por correo. Trump estaba convencido de que en el voto postal estaba la posibilidad de que los demócratas lo derrotaran y quería impedirlos desde antes del comicio.
El sistema electoral estadounidense es de por si restrictivo. Se vota en un día laborable, el primer martes de noviembre, y es necesario registrarse previamente. Por otro lado, existe un artilugio muy usado que se llama gerrymandering y que consiste en dibujar los distritos electorales para compensar con límites amañados las mayorías opositoras. Así, en 2016 Trump arrebató el triunfo a Hillary Clinton, que tenía más de 2 millones de votos populares que el republicano.
Este método tiene un capítulo complementario: para garantizar que solo lleguen a la presidencia “los buenos”, hay un colegio electoral que “regula” y dosifica la voluntad popular para adecuarla a la necesidad del establishment.
Como ejemplo de manipulación electoral, el viernes pasado se cumplieron los 56 años de la firma de la Ley del Derecho al Voto con el que Lyndon Johnson cumplió finalmente su promesa de anular las discriminaciones raciales para ejercer el sufragio universal. Y no fue una concesión graciosa de las elites sino el resultado de la lucha incesante a un costo en vidas monstruoso de la comunidad negra.
Ahora, y al cabo de pocas semanas, 17 de los 50 estados norteamericanos promulgaron 28 nuevas leyes que solo tienen como objetivo dificultar el voto libre y universal. En este contexto, el presidente de la Cámara de Representantes de Texas, Dade Phelan, firmó las órdenes de arresto para los legisladores demócratas y se las entregó al jefe de seguridad del Capitolio.
La mayoría republicana había aprobado la autorización basada en una ley que permite detener a diputados que se ausenten durante las votaciones para obligarlos a volver a la sala. La moción fue sancionada por 80 votos contra 12, algo no demasiado prolijo ya que el quorum es de 100.
“Es nuestro derecho como legisladores romper el quórum para proteger a nuestros electores”, adujo el líder demócrata, Chris Turner. “Lucharemos tan duro como podamos contra los ataques republicanos a nuestro derecho al voto”, agregó.
No está claro dónde están los legisladores rebeldes. Muchos se supone que en Washington, pero otros, como Evelina Ortega o Celia Israel, están en Texas pero aseguraron a medios locales que no piensan presentarse a pesar de las órdenes de detención.
La ofensiva contra el voto universal había recibido un espaldarazo a principios de julio cuando la Corte Suprema de EEUU ratificó leyes de Arizona impulsadas por los republicanos que para los defensores de los derechos civiles desafía la histórica ley de Johnson.
En Texas, el juez Brad Urrutia había prohibido al gobernador republicano Greg Abbott y al titular de la Cámara que emitieran cualquier orden de detención sin su consentimiento. Pero la Corte Suprema local rechazó inmediatamente “el peligroso intento de los demócratas de Texas de socavar nuestra Constitución y evitar hacer el trabajo para el que fueron elegidos”, según calificó Renae Exe, vocera del gobernador texano.
Andrew Cuomo tiene genes de la vieja aristocracia del Partido Demócrata y su carrera hacia la presidencia de Estados Unidos parecía despejada para dentro de cuatro años a partir de tres periodos como gobernador del estado de Nueva York. Mostraba una gestión de la pandemia que contrastaba con el negacionismo de Donald Trump y un discurso que se podría catalogar de progresista, digno heredero de la tradición “rooseveltiana”. Pero de pronto todo se le vino abajo cuando se reveló que había disimulado arteramente la cifra de ancianos que habían muerto en los geriátricos. Luego, en cadena, aparecieron denuncias de acoso y de haber creado un clima de persecución contra quienes se atrevían a mostrarlo como un depredador sexual. A partir de una investigación de la fiscalía general que en 165 páginas relata testimonios de once víctimas y aporta nada menos que 74 mil pruebas -fotos, videos, mails- sus correligionarios, desde el alcalde neoyorquino al presidente Joe Biden, le piden que renuncie para no seguir profundizando la crisis política en el oficialismo.
El hombre se está defendiendo como gato entre la leña pero la Asamblea estadual le dio plazo hasta el próximo viernes para presentar su defensa antes de iniciar el proceso de juicio político.
Andrew es hijo de Mario Cuomo, que fue también gobernador de Nueva York entre 1983 y 1994, un récord que estuvo a punto de empatar, ya que está en el cargo desde 2011. Abogado, fue jefe de campaña y asesor de su padre, secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano de Bill Clinton de 1997 a 2001, fiscal general de la ciudad de Nueva York entre 2006 y 2010, cuando ganó la elección. Nieto de italianos del sur de la península por parte masculina y de Sicilia por la rama femenina, fue por 15 años esposo de Kerry Kennedy, la hija menor de Robert Kennedy, asesinado en 1968, con quien tuvo tres hijas.
Las primeras denuncias por acoso que alcanzaron estado público fueron en febrero pasado, cuando dos ex asistentes, Lindsey Boylan y Charlotte Bennet, con diferencia de días, se presentaron a la fiscalía. Según Bennet, una noche en junio de 2020 y cuando ya se había ido todo el personal de la oficina, se le acercó y le dijo que sufría la soledad en tiempos de pandemia “por no poder siquiera abrazar a alguien”. Ella asegura que se sintió “increíblemente incómoda y asustada” cuando le dijo que estaba abierto ”a relaciones con mujeres de veintitantos”. Bennet fue despedida luego de que contara en incidente a la jefa de personal de la Gobernación.
Boylan, que se postula para presidir el distrito de Manhattan, había denunciado a Cuomo tiempo antes desde las redes sociales y luego sufrió el escarnio de la administración estadual. “Me acosó durante años, abusó de su poder”, fue la síntesis. La última acusación que se conoció fue la de Anna Ruch, una joven de 33 años que dijo haber sido incomodada en un casamiento con la pretensión de besarla.
En un video que difundió en las redes, luego de asegurar que no piensa renunciar, el gobernador se mostró compungido: “Ahora entiendo que actué de una manera que hizo que la gente se sintiera incómoda. No fue intencional, y me disculpo sincera y profundamente por eso. Me siento muy mal por ello y, francamente, me da vergüenza”. Pero no reconoció haber cometido ningún delito.
“Nunca toqué a nadie de manera inadecuada, nunca supe en ese momento que estaba haciendo que alguien se sintiera incómodo y, ciertamente, nunca tuve la intención de ofender, lastimar o causarle dolor a nadie, es lo último que querría hacer”. Y remató: “Tengo 63 años. He vivido toda mi vida adulta a la vista del público. Eso no es lo que soy. Y ese no es quien he sido. Por favor, tómense el tiempo para leer los hechos y decidir por sí mismos”. La fiscal Letitia James, en cambio, sostiene que “hay un comportamiento abusivo de parte del gobernador y del personal de alto rango profundamente perturbador pero claro”. Y eso que ella no se metió en el caso de los geriátricos. La maniobra, en este caso, habría consistido en descontar como fallecidos en instituciones estatales a los ancianos que habían sido trasladados a hospitales y murieron allí. El tema del abuso sexual aparece como un signo del poder en Estados Unidos. Valga solo recordar que Bill Clinton fue sometido a impeachment por un caso en 1998 y que Donald Trump también tuvo sus historias de polleras que no llegaron a juicio política. Ambos tenían mayoría legislativa como para que la cosa no pasara a mayores. Cuomo también, pero los correligionarios no lo quieren.
Lo menos que puede decirse del momento que viven las instituciones brasileñas es que están a las puertas de un choque de trenes, con una escalada sin límite a la vista entre Jair Bolsonaro y el Poder Judicial. El presidente, en su intento por modificar el sistema de votación ante la certeza de que no podrá lograr la reelección, no duda en amenazar sin rodeos y hasta reclamar a la población que se arme “para evitar un fraude”. Bolsonaro sobrepasó todo límite en la convivencia dentro de un sistema democrático que a pesar de las diferencias, siempre trató de mantenerse dentro de cauces civilizados en un país acostumbrado a lo largo de su historia a la negociación más que a la confrontación directa.
Según todos los sondeos, la popularidad de Bolsonaro cae continuamente mientras aumenta la de Lula da Silva, pero eso no significa que el excapitán del Ejército vaya a tirar la toalla. Más bien lo contrario: el proyecto de reforma del sistema electoral forma parte de una estrategia destinada a deslegitimar el triunfo del candidato que marcha primero en las encuestas. Pero también podría abrir las puertas precisamente a la manipulación del resultado en un esquema de votación para el que el país no está acostumbrado, ya que el voto electrónico data de 1996.
El enfrentamiento con el Supremo Tribunal Federal, (STF) -la corte de justicia brasileña- se viene profundizando a partir de denuncias de corrupción contra los hijos presidenciales. Pero desde lo simbólico, desde que las causas contra Lula fueron cayendo por la endeblez jurídica con que fueron construidas y además, quedaron expuestos los ejecutores de la estrategia para desplazarlo de las elecciones de 2018, el juez Sergio Moro y el fiscal Deltan Dallagnol.
Las denuncias del bolsonarismo contra el sistema electoral generaron el repudio no solo de la dirigencia política tradicional -no vinculada a la extrema derecha- sino también de todos los estamentos judiciales encargados de controlar los comicios. El rechazo fue compartido en un fuerte documento firmado por el presidente del Superior Tribunal Electoral, Luiz Barroso, ocho miembros STF y todos los extitulares de la justicia electoral de los últimos 33 años de historia democrática del país sudamericano. El único que no se plegó fue Nunes Marques, nombrado por Bolsonaro en 2020. “Desde que se implementó el sistema de voto electrónico, jamás se documentó ningún episodio de fraude en las elecciones”, dice el documento emitido luego de las protestas organizadas por el oficialismo en 10 ciudades a favor de modificar el sistema electoral.
En este escenario, la corte le abrió una causa a Bolsonaro en la que le pide explicaciones sobre las irregularidades que denunció. El presidente admitió que no tiene pruebas aunque insiste en que el voto electrónico es susceptible de fraude.
Y para doblar la puesta, pidió a sus seguidores que sigan el ejemplo de los trumpistas. “Quiero decirles que toda dictadura fue precedida por una campaña de desarme. Para mí es diferente: el pueblo de bien debe estar armado a ejemplo del pueblo estadounidense. Para que exactamente prototipos de dictadores no quieran hacer valer su voluntad en nuestra patria amada llamada Brasil”, agregó en un discurso transmitido por sus redes sociales.
Bolsonaro, en este ida y vuelta, fue incluido en una investigación sobre la maquinaria de fake news como la que le sirvió para llegar a ser el candidato mas votado en el balotaje de 2018 y asentar un discurso medieval desde que llegó al Palacio del Planalto, el 1 de enero de 2019. La causa está centrada en “crímenes de calumnia e incitación al crimen”.
Esa maquinaria se basa en granjas de trolls y medios alternativos de ultraderecha con sustento ideológico en las extremas derechas y el neorracismo europeos y norteamericanos alentados por estrategas neofascistas como Steve Banno. La investigación está a cargo del magistrado Alexandre de Moraes a instancias del presidente del STE.
Bolsonaro, lejos de bajar un cambio, dijo, amenazante, que a Moraes “ya le va a llegar la hora” y que Barroso “debería hacer política y presentarse como vicepresidente de Lula”. En una visita a Joinville, Santa Catarina, para un encuentro de empresarios, dobló la puesta y catalogó a Barroso de “hijo de puta”, aunque el video luego fue borrado de las redes.
Y para terminar de demostrar que no está en sus planes recular, el presidente de la Cámara baja, Arthur Lira, del partido Progresistas, de centro derecha y aliado de hierro de Bolsonaro, se disponía a llevar a plenario el proyecto de reforma electoral, a pesar de que la iniciativa que presentó la diputada Bia Kicis -que compite con el presidente para ver quién está más a la derecha- fue rechazada en comisión por amplia mayoría de 23 votos a 11. Para Lira, “las comisiones no son determinativas, sino opinativas. Sugieren el texto pero cualquier recurso del plenario puede ser llevado a cabo”.
El mandatario también es investigado por una comisión del Senado por la gestión gubernamental de la pandemia y presuntos casos de corrupción en la compra de vacunas. En este caso, el crimen por el que debe responder es “prevaricación”, es decir, no haber denunciado un supuesto pedido de coimas para la compra de dosis de Cvaxin. «
La privatización del correo
La Cámara de Diputados de Brasil dio media sanción a un proyecto de ley para privatizar la Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), una joya de la abuela que en tiempos de pandemia resulta clave para las entregas en todo el extenso país. La iniciativa permite la venta de la mayor operadora logística de Brasil, actualmente estatal, a capitales privados y se trata de un proyecto largamente acariciado por el neoliberal ministro de Economía Paulo Guedes. Entre los postulantes a quedarse con esa empresa estratégica figura Amazon, pero también están en la gatera Fedex, el correo de España y hasta la argentina Mercado Libre.
La oposición se abroquela en el Senado, donde los legisladores del PT esperan convencer a sus pares de que esta venta no es más que “la continuidad de la quema de activos del Estado por parte del gobierno de Bolsonaro”. Y destacan que “es una empresa estructural de servicios públicos que funciona bien y que da ganancias”.
De hecho, según datos oficiales del Tesoro de Brasil, el año pasado cerró el balance con ganancias por cerca de 300 millones de dólares, y no registra quebrantos en lo que va del siglo. Lo que desmiente el argumento de la derecha de que se necesita sanear un activo que produce déficit que deben solventar los contribuyentes.
De conseguir la aprobación en la cámara Alta, el Gobierno espera realizar la subasta de la empresa Correios en el primer semestre de 2022. No queda claro, de llegar a ese camino, el futuro de los casi 100.000 empleados de planta con que cuenta el servicio.
En ese sentido, el personal nucleado en la Asociación de los Profesionales de los Correos (Adcap) sostuvo que la normativa que se debate en el Congreso ignora cuestiones fundamentales “como el hecho de que la propia Fiscalía ya ha reconocido que una eventual privatización de los Correos no podría ser hecha sin un cambio constitucional”, señaló en un comunicado.
Es otro punto de conflicto del gobierno de Jair Bolsonaro contra el poder judicial ya que el Supremo Tribunal Federal tiene en análisis una Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI, una suerte de amparo judicial) de la Adcap que cuenta con el aval del procurador general de la República, Augusto Aras, en contra de la privatización.
Pero también el Senado podría trabar la venta desde la Comisión de Derechos Humanos y Legislación Participativa, que tiene en sus manos una Sugestión, que no es más que una propuesta de un particular presentada a través del Portal e-Ciudadanía, que busca impedir la privatización y que cuenta con el apoyo de más de 20 mil internautas.
“No es exagerado decir que los Correos representan un factor de integración nacional que da a los brasileños en los rincones más remotos del país la oportunidad de ampliar sus horizontes por los servicios de envío y recepción de correspondencia encomiendas y valores”, justificó el presentador del proyecto, Afonso Henrique Muniz Nascimento, según indica la Agencia Senado.
Hay que hurgar en la dictadura militar para encontrar otros casos de injerencismo argentino como el escándalo por la venta de armas y pertrechos represivos a Bolivia para el golpe contra Evo Morales de noviembre de 2019. Por ejemplo, está la intervención, en 1980, en otro golpe en ese país, contra la presidenta Lidia Gueiler, que llevó a cabo el narcogeneral Luis García Meza. No es el único caso, ni el único país. Justamente, la socióloga e investigadora de Conicet, Julieta Rostica estudió la participación de militares argentinos en la represión en Centroamérica. La metodología de los ejecutores de ese plan criminal en Guatemala -donde entre 1960 y 1996 se registraron 150 mil muertos y 50 mil desaparecido- tuvo su origen en Argentina. Rostica fue perito en la causa por la desaparición de un chico de 14 años, Marco Antonio Molina Thiessen, que se puede explicar desde la perspectiva de un modelo que el Director de Inteligencia de aquella nación aprendió en cursos realizados en Buenos Aires.
“Hubo una escuela argentina muy activa que tenía capacitación de la Escuela Francesa desde fines de los años 50”, con expertos en torturas de la guerra de Argelia y Vietnam, sostiene Rostica, autora de “La colaboración de la dictadura argentina en la ‘lucha antisubversiva’ en Guatemala (1976-1981)”, que la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA va a presentar en unos días.
“Emma Molina Thiessen era una militante Juventud Patriótica del Trabajo, de 21 años, cuando fue secuestrada en septiembre de 1981 por el ejército guatemalteco. La tienen en un centro clandestino en Quetzaltenango donde la amarran, la torturan, la violan. Baja tanto de peso que un día logra zafar de las esposas y escapa. Pide ayuda y la rescatan pero una patota va a la casa de la madre y se llevan a su hermanito, que nunca apareció. El modus operandi es muy similar al que conocemos nosotros”, dice a Tiempo la socióloga.
-¿Por qué te llaman a periciar el caso?
-Yo hago sociología histórica, trabajamos con el método comparativo, con similitudes y diferencias. Yo venía trabajando el genocidio guatemalteco, la violencia represiva en la zona rural, básicamente, pero empecé a encontrar que en la zona urbana la represión era mucho más parecida a la argentina. Al hacer comparaciones veo las formas que fue adquiriendo la desaparición forzada de personas. Vimos que uno de los manuales de guerra contrasubversiva que usaban cita -es raro que un manual cite- a bibliografía de EE UU, francesa y argentina.
-¿Qué citan específicamente?
-Uno de los libros es Guerra Revolucionaria Comunista, del general Osiris Villegas. El segundo es un folleto, Instrucciones para la lucha contra la subversión, ambos del año 1962. El folleto es anónimo, tiene toda la pinta de ser un reglamento, pero no había ninguno con ese título antes al 76. Encontramos entonces que Argentina había impartido una serie de cursos en los 60 a militares latinoamericanos.
-¿Pero eso no era en la Escuela de las Américas?
-No, en Argentina, y antes. Los franceses vinieron a fines de los 50 y a partir de allí hay una producción importante de artículos sobre los conceptos de Guerra Revolucionaria, Guerra Moderna, en base a teóricos como Roger Trinquier (NdR: es una de las fuentes para el documental La Escuela Francesa, de Marie-Monique Robin). Ahí ya se habla de centralización de la información y descentralización operativa. Todos estos libros giran sobre conquistar a la población y buscar al enemigo que está infiltrado en el medio de la población. La inteligencia empieza a ser central en este tipo de guerra.
-¿Qué se sabe de esos cursos de inteligencia?
-Tenían un código COE-600, Cursos para Oficiales Extranjeros. Más adelante se les cambió el nombre y figura como CIOEPA (Cursos de Inteligencia para Oficiales de Países Amigos). Era la época de Jimmy Carter en EE UU y tanto Argentina como Guatemala estaban en la mira por violaciones a los DD HH. Por eso la dictadura ayudó además con un crédito de 30 millones de dólares para armas y otros 30 de apoyo comercial.
-¿De qué otros países hubo “alumnos”?
-Hay muchos de Bolivia, paraguayos, uruguayos, de España, de todas partes. Supongo que esos cursos duraban tres o cuatro meses. También había cursos más largos en la Escuela Superior de Guerra, como los de Comando. En estos cursos se formó Manuel Callejas y Callejas, que fue el director de Inteligencia cuando se llevaron a Marco Antonio.
-¿Fue condenado?
-Tanto él como otros militares de alto rango fueron condenados. El tema es que ellos están vinculados a las redes del narcotráfico actuales. En 2015 hubo una gran crisis política y el presidente Otto Pérez Molina y su vice fueron ligados a una red criminal, La Línea, de defraudación aduanera. Su origen es un grupo que se llama La Cofradía, militares vinculados a la inteligencia guatemalteca que nacen en el 80. Son redes que se armaron en esa época, que siguen vigentes. Por eso el caso Molina Thiesse fue importante y fue la primera vez que se vinculó la inteligencia con estos casos y la piedra angular para otros juicios que se están llevando a cabo en Guatemala.
Cartercomunismo
“Llegaron a hablar de Cartercomunismo para definir el gobierno de Jimmy Carter. En esos años hubo una internacionalización del aparato represivo argentino tremenda. Yo lo ligo al triunfo de la Revolución Sandinista en 1979. En las actas de la junta militar se puede ver cómo se discutió la situación de América central y decidieron cambiar las agregadurías militares en Centroamérica”, relata la investigadora Julieta Rostico.
Completa que “fueron muy importantes para el Plan Cóndor, dependían directamente de la jefatura de inteligencia. La escuela militar argentina era importante en la región, igual que la de Brasil, pero no hay mucha investigación sobre esto”.
No sería extraño que algún día se le agradezca al uruguayo Luis Almagro su paso por la Organización de Estados Americanos. Básicamente porque con sus poses antipopulares extremas demostró por el absurdo la necesidad perentoria de terminar con ese corset que intenta doblegar a los latinoamericanos desde Washington. Sus imposturas llegaron a tanto que planteó -sin éxito por cierto- una sesión extraordinaria para tratar la situación de Cuba… cuando ese país fue expulsado en enero de 1962 en Punta del Este en el marco de la Guerra Fría y por presiones estadounidenses. La receta regional para dejar atrás ese organismo, a esta altura anómalo, podría estar en el esbozo de plan que por estos días propuso el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien habló de sustituir a la OEA por un “organismo que no sea lacayo de nadie”.
Pero los intentos de integración sin injerencias se vienen gestando desde bastante antes. Una que calza como anillo al dedo nació en febrero de 2010, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que integran 33 países y que excluye deliberadamente a Estados Unidos y Canadá.
La OEA fue creada en 1948 para “fortalecer la paz, la seguridad y consolidar la democracia, promover los derechos humanos, apoyar el desarrollo social y económico favoreciendo el crecimiento” de la América y el Caribe. Pero en concreto buscó arriar a los países de la región detrás de los intereses estadounidenses. La retahíla de golpes a cual más violento entre el que derrocó a Jacobo Arbenz y el registrado en Bolivia en 2019 nunca conmovió la sensibilidad democrática, ni el fervor por los derechos humanos de la OEA. Luego de la revolución cubana, los otros gobiernos en la mira fueron siempre aquellos que intentaron un camino que no fuera el de lacayo.
No es casualidad que con la aparición de procesos virtuosos como el que encabezó Hugo Chávez en 1999 y desde 2003 Néstor Kirchner y Lula da Silva coincidieran voluntades de intentar otra forma de integración. En el caso del sur del continente, la Unasur era una coordinación entre países más allá del color político de cada gobierno. Solo así pudieron sentarse a una misma mesa Chávez y Sebastián Piñera o Rafael Correa y Álvaro Uribe, más allá de ciertos chisporroteos.
La Celac, en cambio, le debe mucho de su origen al gobierno cubano y a Evo Morales. Y no está de más recordar que adhirieron desde el mexicano Felipe Calderón al paraguayo Fernando Lugo. Y que el primer presidente pro témpore fue el chileno Piñera, al que sucedió Raúl Castro. A lo largo de estos años y desde el triunfo de Mauricio Macri, la derecha regional fue intentando vaciar de contenido a los procesos de integración. El caso más violento es el de Unasur, que había impedido en 2010 un conato de guerra que pretendía desatar Uribe contra Chávez.
Unasur impidió también un intento de golpe contra Evo en 2009 y abortó un levantamiento policial contra Correa un año más tarde. Tenia una cláusula democrática por la cual no fue reconocido el gobierno surgido del golpe institucional contra Fernando Lugo en 2012. Al regreso de la derecha más acérrima al escenario regional pronto se creó el Grupo de Lima, con el propósito de destituir a Nicolás Maduro en Venezuela. Al que definieron como un club “democrático” y alejado de “ideologismos” pero al que no ingresaban los que no aceptaban sus reglas de juego.
Ahora Lima tiene otro color tras la llegada de Pedro Castillo al gobierno. Pero el grupo antichavista vegetaba desde bastante antes. Hay nuevas cartas sobre la mesa y es natural incluso que AMLO plantee la sustitución de la OEA, un organismo en terapia intensiva que con Almagro alcanzó cumbres jamás vistas en su historia.
“La propuesta-abundó el mandatario mexicano- es ni más ni menos que construir algo semejante a la Unión Europea, pero apegado a nuestra historia, a nuestra realidad y a nuestras identidades”. O sea, una Celac con los toques que Lula y Kirchner buscaron darle al Mercado Común del Sur. Con una pizca de Unasur, como cuando AMLO agregó: “Digamos adiós a las imposiciones, las injerencias, las sanciones, las exclusiones y los bloqueos; apliquemos, en cambio, lo principios de no intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias”.
Alberto F. y la OEA
El Grupo de Puebla es un foro integrado por líderes progresistas a título personal. Alberto Fernández forma parte del grupo fundador, junto con AMLO, el colombiano Ernesto Samper, el expresidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, y el chileno Marco Antonio Enríquez Ominami, entre otros. Al celebrar el segundo aniversario, Fernández se sumó en un encuentro virtual al reclamo de AMLO y pidió reformular a la OEA, a la que tildó de “una suerte de escuadrón de gendarmería” sobre los gobiernos populares.
Tras reclamar una investigación sobre el rol de la OEA en Bolivia, pidió un mea culpa del secretario general “por las cosas que ha hecho y también a la institucionalidad de Estados Unidos por haber sostenido a un hombre como (Luis) Almagro”.
“(Donald) Trump imponía su política sobre América Latina y eso explica muchas cosas que pasaron; eso explica la OEA que tenemos, explica el BID que tenemos, la división que tenemos, el nacimiento del Grupo de Lima, del Foro Prosur; todos mecanismos que servían a la política de Trump y no a la unidad de América latina ni al desarrollo ni al progreso de los latinoamericanos”, agregó.
Fernández convocó a institucionalizar la unidad regional mediante organismos como la Celac, y planteó que América Latina tiene la “obligación moral” y el “deber ético” de alzarse frente a los bloqueos económicos a Cuba y Venezuela en tiempos de pandemia y sostuvo que los Estados, por una cuestión “humanitaria”, no pueden “quedarse callados” en estas circunstancias.
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