Nadie duda de que este 24 de marzo tendrá un impacto decisivo. Porque las políticas que implementa el Gobierno que asumió en diciembre pasado implican un giro en torno a la interpretación de la barbarie que se extendió en el país desde 1976 en su intento de resignificar y reconstruir la alianza cívico-militar que formateó a la sociedad y la economía sobre la base de la desaparición forzada y el exterminio de 30.000 personas, miles presos políticos y exiliados, para lo cual necesitó de una «refundación» impiadosa con la aspiración de que esa vez fuera definitiva. Por ese motivo, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, partidos políticos y agrupaciones sindicales se unieron para que haya una sola marcha en todo el país en conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y que en las calles se multipliquen las consignas de siempre ante un nuevo escenario. El clima político para esta ocasión está plagado de amenazas y provocaciones de los espacios más reaccionarios de la sociedad. Desde el ataque a una militante de la agrupación HIJOS –que el propio presidente consideró una operación falsa– hasta los «trascendidos» de que el Ministerio de Seguridad analizaba activar el protocolo antipiquetes para la marcha de hoy, pasando por la posibilidad de que el presidente indulte a los genocidas presos y la emisión de un video reivindicativo de la dictadura. El ataque a la militante de HIJOS tiene el claro objetivo de amedrentar y desmovilizar. No obstante, la organización aclaró que su respuesta, además de exigir justicia para la compañera atacada, será redoblar los esfuerzos militantes y la movilización. De la misma manera ofensiva para la historia nacional con que Mauricio Macri invitó al entonces presidente de Estados Unidos Barack Obama para la conmemoración de los 40 años del golpe en marzo de 2016, ahora el jefe de la CIA, William Burns, desembarcó en el país. Salvo que le entregue más archivos desclasificados sobre la participación de la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos en el golpe y la feroz represión, la visita no tiene mucha razonabilidad por estos días. Milei en esto también cumple aquel sueño frustrado de Macri de ir más rápido y a fondo en un eventual segundo turno presidencial.
Relaciones carnales Por si no bastara, se anunció la compra de material de rezago para la Fuerza Aérea: aviones de combate F-16 al Gobierno de Dinamarca. Se trata de una aeronave diseñada por la firma General Dynamics en 1973, puesta en servicio en 1978 y fabricada por Lockheed Martin desde 1993. ¿Serán para regalar a Ucrania, como hizo Javier Milei con dos helicópteros de fabricación rusa? Para el anuncio oficial de los F-16 vendrá en abril la jefa del Comando Sur de EE.UU., la generala Laura Richardson, que como ya declaró otras veces, está ávida de los recursos naturales argentinos y de sacar del juego regional a China. Si es por mostrar el compromiso en estas nuevas «relaciones carnales», hay otra muestra: la Autoridad General de Puertos de Argentina firmó un memorándum de entendimiento que habilita la presencia de personal del Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense en la Hidrovía, la estratégica ruta fluvial de gran parte del comercio internacional del país. En la iniciativa de revisión de los años 70 –un caballito de batalla de la vicepresidenta Victoria Villarruel– se presentará un video que corre por cuenta de un cineasta cercano a Javier Milei, Santiago Oría. Por otro lado, el rumor de un posible indulto presidencial apareció como creíble en la medida en que el Gobierno de La Libertad Avanza suele tener esos gestos de provocación como para mostrarse fuerte y decidido. Lo hizo hace no tanto cuando el mismo 8 de marzo cambió el nombre del Salón de las Mujeres Argentinas de la Casa Rosada y en su lugar puso a próceres –entre los que anotó a Carlos Menem–, todos ellos varones. La violencia desatada por las bandas narcos en Rosario fue el resquicio usado para volver a impulsar la intervención de las Fuerzas Armadas en seguridad interior. La ministra Patricia Bullrich y su excompañero de fórmula presidencial por Juntos por el Cambio, Luis Petri, titulares de Seguridad y Defensa respectivamente, anunciaron el jueves un paquete de leyes que incluiría penas de prisión para los organizadores de piquetes y bloqueos y una reforma a la Ley de Seguridad Interior para permitir la intervención de los militares.
Parecidos y diferentes La vicepresidenta, Victoria Villarruel, volvió a mostrar sus diferencias con la Casa Rosada y si bien acompaña e incluso potencia su discurso negacionista, señaló en una entrevista por TN que «la función de las Fuerzas Armadas no es combatir a civiles, creo que había quedado claro con el tema de los 70. El narco es un civil para el derecho. En los 70 se combatió el terrorismo, ¿y dónde están los que combatieron? Están presos». El mensaje tiene un ángulo institucionalista, como cuando permitió el debate por el mega DNU en el Senado, pero también puede interpretarse como una forma de negociación del tipo «si quieren que vuelvan a salir a las calles indulten primero a los que están entre rejas». Por si acaso, la Cámara Federal de Casación Penal se adelantó a recordar que en los casos de delitos de lesa humanidad condenados por la Justicia «la concesión del indulto es incompatible con la obligación de imponer penas adecuadas». Todos estos condimentos le agregan razones para las tradicionales marchas de repudio contra la barbarie desatada en 1976, que hoy resonaron en las calles de todo el país. En la Ciudad de Buenos Aires, epicentro de la convocatoria, se nuclearon en la Plaza de Mayo desde el mediodía. Fue una manifestación de todas las fuerzas populares, desde Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S Capital, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Asociación Buena Memoria, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Comisión de Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica Argentina, Liga Argentina de los Derechos Humanos, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y Encuentro Memoria Verdad y Justicia, junto con la CGT, las dos CTA y partidos políticos.
Chandler es una ciudad del condado de Maricopa, en Arizona. Con algo menos de 300 mil habitantes, remite al célebre autor de policial negro Raymond Chandler o al personaje de la comedia Friends que protagonizó el malogrado Matthew Perry en los ’90. Pero no hay link con el homenajeado con el nombre de esa población, un veterinario, Alexander John Chandler, el primero en curar ganado en esa zona de Estados Unidos. Maricopa, por otro lado, tuvo su cuarto de hora de fama cuando un sheriff, Joe Arpaio, se envalentonaba en contra de los inmigrantes sin temor a violar sus derechos humanos más elementales. Pero cada vez que iba a elecciones arrasaba y permaneció en el cargo entre 1992 y 2016.
Ahora Chandler volvió al candelero pero por otras razones: el presidente Joe Biden anunció financiación directa por 8500 millones de dólares y créditos por otros 11.000 millones para incrementar la producción de chips de computadora en la planta que tiene en esa localidad el gigante tecnológico Intel. El enemigo a combatir, en este caso, es China y la promesa del mandatario de «traer el futuro de regreso a Estados Unidos». La herramienta: subvenciones para recuperar trabajo estadounidense, un objetivo en el que, por otro lado, no está en desacuerdo su rival en la contienda por la presidencia, Donald Trump. Pero que por estas cosas rioplatenses parece tener mala prensa ahora mismo.
Claro que el mandatario demócrata aprovechó para tirar un poco de barro de campaña. «A diferencia de mi predecesor, yo estaba decidido a cambiar las cosas para invertir en Estados Unidos, todo estadounidense, todos estadounidenses. Y eso es lo que hemos estado haciendo», dijo ante los trabajadores de la planta, que no habían mostrado demasiado entusiasmo cuando llegó, en su auto blindado y rodeado de una impresionante caravana de motocicletas policiales.
El plan del gobierno es incentivar la inversión de Intel en cuatro estados, Arizona, Ohio, Nuevo México y Oregón, para que al final de la década alrededor del 20% de los chips que circulen en el mundo sean fabricados en Estados Unidos. El plan se sustenta en la Ley de Ciencia y CHIPS (como acrónimo de Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors, Creación de incentivos útiles para producir semiconductores) aprobada en agosto de 2022 para impulsar la industria de alta tecnología estadounidense y competir especialmente con China en ese rubro estratégico.
La ley tiene destinados fondos por 280 mil millones de dólares, de los cuales 100 mil son para investigación y desarrollo, un sector en el que EE UU perdió la preeminencia hace décadas. Intel, por su parte, recibirá beneficios fiscales para reclamar hasta el 25% del capital que invierta en este plan que, como tiene como horizonte el 2030, tranquilamente podría denominarse Plan Quinquenal de Biden.
«Dependemos de un número muy reducido de fábricas en Asia para todos nuestros microprocesadores más sofisticados. Esto es insostenible e inaceptable», explicó Biden en Chandler, para concluir y que no quedaran dudas: «Es un problema de seguridad económica, pero también de seguridad nacional”. Se espera que estas inversiones públicas generan unos 30 mil puestos de trabajo directos y otras decenas de miles indirectos. Pero sobre todo, le despejarán el panorama hacia la independencia tecnológica.
«El anuncio es un gran paso para garantizar el liderazgo industrial de Estados Unidos en el siglo XXI. Con este acuerdo, estamos ayudando a incentivar más de 100 mil millones de dólares en inversiones de Intel, lo que supone una de las mayores inversiones jamás realizadas en la fabricación de semiconductores en Estados Unidos con empleos bien remunerados que impulsarán la próxima era de innovación», declaró a la prensa la secretaria de Comercio, Gina Raimondo. “No podemos simplemente diseñar chips. Tenemos que hacerlos en Estados Unidos”, agregó la funcionaria.
Los distritos en los que fluirán esas inversiones están en disputa en las últimas elecciones entre demócratas y republicanos. Y Biden no quiere perder por no mover sus fichas. Habrá que ver si le alcanza.
La cifra de víctimas del mayor atentado terrorista en Rusia en dos décadas crecía a cada momento y al cierre de esta edición rondaba los 133 fallecidos y centenares de heridos, muchos de ellos de extrema gravedad. Los videos tomados por asistentes al recital del grupo de rock Picnic, en el Crocus City Hall, de Krasnogorsk, un suburbio del noroeste de Moscú, eran desgarradores: al menos cuatro individuos disparando con ametralladoras sobre una multitud sorprendida y horrorizada que intentaba en vano cubrirse detrás de las butacas o debajo del escenario de un local que luego resultó incendiado.
A poco de difundirse la información, Estado Islámico del Gran Jorasán, filial local de EI (ISIS-K, en inglés), se atribuyó el ataque, aunque desde el gobierno de Vladimir Putin deslizan, sin acusación directa, la responsabilidad de Kiev, algo que el asesor presidencial ucraniano, Mijailo Podoliak, negó rotundamente. La sospecha se basa en que el servicio de seguridad ruso (FSB) capturó en la localidad de Jatsun, en la región de Briansk, cerca de la frontera con Ucrania, a once personas presuntamente implicadas en el hecho, cuatro de ellos indicados como los responsables directos de la balacera. «Se les había preparado una ventana para que pudieran cruzar», dijo explícitamente Putin en un discurso televisado en el que se comprometió a castigar con dureza a los atacantes.
El brutal golpe sucede a una ofensiva rusa contra la infraestructura energética de Ucrania con drones y misiles que provocó el viernes cortes en la línea eléctrica de la planta nuclear de Zaporizhya y dejó sin luz a gran parte del país, y al triunfo de Putin en las elecciones presidenciales por más del 85% de los sufragios la semana anterior. Pero, y en esto se basan muchos analistas para plantear sospechas sobre una posible intervención de Washington, el 7 de marzo la embajada de EE UU en Moscú había emitido un comunicado en el que advertían a sus ciudadanos que no circularan por al menos 48 horas porque tenían «informes sobre planes inminentes de extremistas de atentar en Moscú contra grandes concentraciones, incluidos conciertos».
La portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de EE UU, Adrienne Watson, aseguró que las agencias de Inteligencia estadounidenses «siguieron la tradicional política del ‘deber de avisar’». La CNN afirmó que «desde noviembre ha habido reportes de inteligencia ‘bastante específicos’ de que Isis-K quería perpetrar atentados en Rusia» y que el Kremlin los había desoído.
El Gran Jorasán al que alude la K es un amplio territorio sobre los actuales Irán, Afganistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán, de mayoría de población musulmana. Estas tres últimas fueron repúblicas soviéticas y la URSS tuvo su Vietnam en la fallida intervención en Afganistán en los ’80. No es un secreto que Estados Unidos financió y fomentó entonces el crecimiento de grupos extremistas islámicos para combatir a las tropas de la Unión Soviética y que otro tanto hizo desde 2011 en Siria, donde las fuerzas rusas fueron claves para sostener al gobierno de Bashar al Assad. Dato, no opinión: ISIS o Estado Islámico, que se extendió durante la administración de Barack Obama, se diluyó prácticamente con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Los últimos atentados en Rusia, como los de la escuela de Beslan en 2004 (334 muertos) o en las estaciones de subte de 2010 en Moscú (40 muertos) y en 2017 en San Petersburgo (14) fueron producidos por terroristas islámicos.
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Detenidos
Las autoridades rusas informaron de la captura de once personas ligadas al ataque en el Crocus City Hall y pronto se viralizaron imágenes que mostró el FSB de algunos de ellos confesando su participación como mercenarios. Según los medios los detenidos casi no hablan ruso y debieron recurrir a traductores para comunicarse. Algunos son originarios de Tayikistán. Uno de ellos dice en el video que le pagarían un millón de rublos por el golpe, de los cuales le habían transferido la mitad a su tarjeta, la que afirmó haber perdido o tirado. Dice que las armas se las dieron «ellos», a los que no identificó. Dijo, tembloroso, que se llama Khargunysham Sedin, que nació en 1998, y que se habían comunicado con él a través de la red social Telegram, «sin nombre ni nada» y que se habían puesto en contacto cuando escuchaba «una lección del predicador».
Margarita Simonian, jefa del grupo mediático Rossiya Segodnya señaló que «los autores materiales fueron elegidos de tal manera que pudieran convencer a la comunidad internacional de que fue ISIS». En esa misma línea se pronunció la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores, María Zajarova. «Lo más importante es que las autoridades estadounidenses no olviden cómo su entorno informativo y político vinculó a los terroristas l con la organización terrorista ISIS», y agregó que se trata del mismo país que «de la mano de los regímenes liberales occidentales, lleva diez años convirtiéndose en un centro de propagación del terrorismo en Europa, superando incluso a Kosovo en el frenesí extremista».
Como sea, gobiernos y organizaciones de todo el mundo expresaron su condena al bárbaro ataque: desde Estados Unidos, Alemania, la Unión Europea, la ONU a líderes de Irán Turquía, Cuba, Venezuela, Bolivia, México, Bielorrusia, Hungría, España.
Podría decirse que el rechazo en el Senado al mega DNU con que Javier Milei inauguró su gestión en diciembre pasado estaba cantado. Y que esa muerte anunciada en gran medida fue provocada por las continuas agresiones que el presidente le destina sin el menor recato a la dirigencia política, a los gobernadores y hasta a sus propios aliados. Si para los «biempensantes» la sociedad argentina viene sufriendo una grieta desde hace muchos años, más que motosierra lo que La Libertad Avanza instaló fue una topadora que desde su granja de trolls no duda en atacar incluso a su vicepresidenta por no seguir las instrucciones que bajan «desde el Cielo». Y en este áspero transitar, el oficialismo arrastra a los argentinos en una vorágine que golpea a la economía, a la sensibilidad y a los valores democráticos conseguidos en estas cuatro décadas. El voto de 42 senadores contra el DNU 70/23, que modifica de un plumazo más de 80 leyes constitucionales, le puso un freno –aunque por ahora circunstancial– a las aspiraciones de uniformidad y acatamiento que pretende Milei. Sin embargo, el presidente libertario no entierra la iniciativa. Ahora habrá que ver qué sucede en la Cámara Baja, por más que ya gran parte de sus reformas están vigentes. Especialmente tras los aumentos indiscriminados en salud, educación privada y alquileres. Lo que sí deja el claro el debate en la semana de los Idus de Marzo mileísta es la fractura expuesta entre el primer mandatario y la vicepresidenta Victoria Villarruel. Los mensajes que le propinó Milei resposteando amenazas e improperios de todo calibre en las redes sociales –una mecánica de comunicación muy afín al gusto presidencial– fueron devueltos con cierta elegancia y una sonrisa enigmática de su compañera de fórmula. La pregunta es: ¿había necesidad de semejante agresión por haber incorporado el tratamiento del DNU en la sesión del jueves 14?
Trasfondos Los conocedores de los manejos legislativos se desgañitaron explicando que Villarruel no tenía otra opción que dar vía libre al debate porque así lo pide el reglamento. De modo que la opción política hubiese sido negociar la aceptación de los más díscolos o la abstención, cuando se sabía que habría quorum para tratar varias iniciativas en la orden del día, entre ellas la que preocupaba en la Casa Rosada. Pero entre Milei y Villarruel se produjo una fisura desde las primeras horas que se fue profundizando muy velozmente. La designación de la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio en los ministerios de Seguridad y Defensa golpeó directamente en las aspiraciones de la vicepresidenta. Ultraconservadora y descendiente de una familia de militares, hija de un teniente coronel retirado que participó en la Guerra de Malvinas y también fue procesado por delitos de lesa humanidad, había arreglado como parte de su alianza con los libertarios que ella manejaría esa área. Es verdad que el mismo día del triunfo, en la segunda vuelta, sus más cercanos seguidores mostraron una bandera con un logo diferente al de la agrupación ganadora que integró. La represalia bien podría haber sido cerrarle la puerta sin explicaciones, como ya se hizo costumbre en el Gobierno, que cultiva prolijamente el destrato a quienes desplaza de su cercanía. Luego fue ostensible la presencia de la vicepresidenta en actos provinciales, como en Jesús María, Córdoba, o la Fiesta de la Vendimia, en Mendoza. Un artículo del Financial Times destaca la frase de un entrevistado que despertó aún más recelo: «Creo que hay que observarla atentamente; ella está lista para lo que sea», dice, laudatorio. El diario es tal vez el más influyente del mundo de las finanzas internacionales. Y el trasfondo de la cobertura –que se publicó en la primera semana de enero, cuando entraba en vigencia el DNU– era resaltar que, a diferencia de Milei, ella podría garantizar las mismas reformas pero con el consenso político y también militar que necesitan las corporaciones y los organismos como el FMI. Cuando ya era inevitable el tratamiento del decreto, la Oficina del Presidente de la Nación (OPRA), otra de las modas traídas de Estados Unidos por la actual gestión, emitió un comunicado en el que percibe el rechazo como una amenaza al Pacto de Mayo que Milei pretende firmar con los gobernadores, y lanza una indudable chicana: «Esperamos que el Poder Legislativo no se deje cautivar por el canto de sirena de quienes pretenden anotarse victorias de corto plazo». Ella, con la misma sonrisa de vendedora de perfumes con que defiende el rol de las Fuerzas Armadas en la dictadura y busca reivindicaciones para los condenados por violaciones a los derechos humanos, respondió en un video a los ataques de trolls –alguno llegó a pedir que la colgaran en Plaza de Mayo– luego de un nuevo comunicado con el logo de la OPRA posterior al rechazo que afirma: «En su discurso del estado de la Nación, el presidente planteó dos alternativas: el acuerdo o la confrontación. Ha llegado el momento en que la clase política decida de qué lado de la historia quiere quedar. «Mi compromiso con Argentina y Javier Milei es inclaudicable», respondió Villarruel, para luego apelar a un recurso que todavía parece rendir frutos: denigrar al Gobierno anterior y a la dos veces presidenta. «Yo no me voy a convertir en Cristina Fernández de Kirchner, no me voy a convertir en aquello que vinimos a cambiar», dice Villarruel, para concluir marcando la cancha en la línea que les gusta a los inversores. «El Senado es la casa de las provincias y es un poder independiente de la República Argentina (…) No hay Gobierno sin institucionalidad, por eso la política tiene que trabajar para la gente. No hay progreso sin libertad».
Futuro impredecible ¿Cómo seguirá la historia? Es una incógnita. Los rumores de que la apuesta real de Mauricio Macri no era Milei sino ella circulan desde que tras la primera vuelta el expresidente se lanzó en ayuda del expanelista televisivo. El distanciamiento de Macri con Patricia Bullrich por la presidencia del PRO y la posible fusión con LLA no hacen sino exacerbar estas divergencias. Los antecedentes de la historia argentina en torno a disputas entre los dos máximos cargos ejecutivos –uno con el poder de «la lapicera» en la mano y el otro con el «serrucho» entre las sombras– no son nuevos. Desde la recuperación de la democracia, los relatos de intrigas entre Raúl Alfonsin y Víctor Martínez eran moneda corriente en la prensa de la segunda mitad de los años 80. Carlos Menem se llevó a las patadas con Eduardo Duhalde y luego con Carlos Ruckauf; Fernando de la Rúa y sus hijos-consejeros hicieron lo posible para sacarse de encima a «Chacho» Álvarez, sin ver que estaban cavando su propia fosa. Ya en este siglo, la desconfianza de Néstor Kirchner hacia Daniel Scioli era también evidente, para no hablar de las diferencias de Cristina Fernández de Kirchner con Alberto Fernández. Ahora, en esta etapa se juega otra partida. El Gobierno de LLA cumplirá sus primeros 100 días de gestión recién este martes. Se supone que debería estar disfrutando aún de una luna de miel con la sociedad. En cambio, se dedicó a emprender un viaje plagado de turbulencias. En las antípodas de aquel libro de Dale Carnegie, Cómo ganar amigos.
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