La Central Obrera Boliviana (COB) y las organizaciones nucleadas en el llamado Pacto de Unidad inician una escalada para la recuperación de la democracia, que comenzará este lunes a la 0 hora con el bloqueo en todas las carreteras del país, según confirmó a este diario Juan Carlos Huarachi, el líder de la entidad sindical. La decisión surgió de un Cabildo realizado en martes pasado en El Alto en el que se declaró una huelga por tiempo indeterminado hasta que el gobierno de facto y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) vuelvan a la convocatoria original para elecciones el 6 de septiembre. “El cabildo ampliado en asamblea de varios sectores comunitarios, como corresponde al uso y costumbre -relató Huarachi a Tiempo- aprobó un plan de lucha que se resume en un solo objetivo: el respeto a la democracia, a la salud, a la vida de todos los bolivianos”.
La fecha original del llamado a elecciones era en mayo, pero la pandemia representó una formidable excusa para que la presidenta de facto, Jeanine Áñez, demorara el llamado a comicios para elegir un presidente constitucional.
El régimen instaurado de manera violenta en noviembre de 2019 no pudo arrasar con todas las instituciones por el temor a un estallido de consecuencias impredecibles. De manera que se mantuvieron instituciones como la Asamblea Plurinacional y el TSE. En una entrevista con Tiempo, la senadora Adriana Salvatierra, quien presidía el órgano legislativo y ante la renuncia del presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera, hubiera sido la sucesora natural, explicó que tuvo que renunciar al cargo por las amenazas que recibieron dirigentes y familiares en esos acalorados días.
“Fui sometida a las mismas presiones que nuestros compañeros, una violencia de carácter fascista con autoridades nacionales y dirigentes; secuestraron familiares, destruyeron y quemaron viviendas”, recordó.
Ese mismo tipo de presiones padecieron dirigentes gremiales, lo que permitió un hueco en la red de alianzas que había mantenido al gobierno de Evo en el poder. Pero esa misma violencia se volcó en contra de los golpistas, que debieron recular en su deseo de acabar de raíz con el proceso virtuoso encabezado desde 2005 por Morales y los movimientos sociales, sindicales, de mineros y agricultores y de intelectuales que protagonizaron los cambios mas potentes en la historia boliviana desde sus orígenes.
Pero a poco de andar, la senadora Áñez, que se ubicó en el lugar de Salvatierra para calzarse la banda presidencial –y con la Biblia en la mano- mostró el rostro neoliberal de su gobierno. Lo que generó la caída del nivel de vida, la pérdida de derechos y con la pandemia, el horror de muertos que se apilan en las calles ante la inacción oficial. El Covid-19 ya causó cerca de 2900 muertos y más de 75 mil contagiados, para un país de 11 millones de habitantes.
“El gobierno hizo una pésima gestión sanitaria, y se ha visto los casos de corrupción como la compra irregular de respiradores al triple de su valor, la falta de insumos médicos y un mercado ilegal de remedios y recetas”, puntualizó Salvatierra. Lo más preocupante, con todo, es que el cambio del calendario electoral, al 18 de octubre, fue hecho sin pasar por la legislatura. Es decir, sin dictar una nueva ley que derogue la que está en vigencia y que había fijado la fecha para el 6 de setiembre. Sería la cuarta prórroga.
Demasiadas crisis para que la sociedad boliviana no saliera a protestar. De allí que el cabildo de la semana que pasó sirviera para que la dirigencia percibiera que el ánimo estaba caldeado por la falta de una salida democrática, sumada a la tragedia sanitaria y a la debacle económica.
“Hemos articulado una demanda reivindicativa, no hay un interés partidario particular. El pueblo está demandando recuperar la democracia y así garantizar la estabilidad política, económica y social, porque vive una realidad muy diferente a lo que se ha vivido en gestiones pasadas, sufriendo la verdadera crisis económica que hoy está atravesando nuestro país”, dijo Huarachi. Con las únicas armas, recalcó, como son las de “la convulsión social, el elemento que tenemos como instrumento de lucha”.
La situación, sin embargo, se puede desmadrar más aún. El gobierno desconoció a la Asamblea no solo en cuanto a las elecciones sino también a los ascensos de militares, que fueron hechos por decreto presidencial y sin anuencia del Senado, como es la forma constitucional. Incluso se contrataron créditos del FMI sin acuerdo legislativo. La pregunta entonces sería si en caso de permitir elecciones los golpistas aceptarían el resultado, que de acuerdo a las encuestas se va perfilando para los candidatos del MAS IPSP Luis Arce, el ministro de Economía de Morales, y David Choquehuanca, su ex canciller. Tanto Huarachi como Salvatierra apelan a la lealtad constitucional de los uniformados, cuyas cúpulas fueron claves para el golpe contra Evo. “No estamos interesados en una venganza”, asegura la joven politóloga. “La elección es una alternativa de pacificar el país con nuevas políticas que alienten la esperanza del pueblo boliviano”, dijo el dirigente minero. Habrá que ver que sucede desde este lunes. Tanto Huarachi como Salvatierra apelan a la lealtad constitucional de los uniformados, cuyas cúpulas fueron claves para el golpe contra Evo. “No estamos interesados en una venganza”, asegura la joven politóloga. “La elección es una alternativa de pacificar el país con nuevas políticas que alienten la esperanza del pueblo boliviano”, dijo el dirigente minero. Habrá que ver que sucede desde este lunes.
La confirmación de que la decana de la Corte Suprema de Justicia de EEUU está siendo tratada nuevamente por un cáncer aceleró una sorda pelea dentro del partido republicano por garantizarse una mayoría de la más rancia derecha y super leal en el máximo tribunal federal. Donald Trump trata de armar una lista de candidatos que no terminen por traicionarlo, como cree que hicieron los dos que pudo nombrar desde que llegó a la Casa Blanca. Que parecían suficientemente retrógrados y sin embargo le vienen fallando en contra en temas muy sensibles para sus votantes, como el aborto y la protección de las minorías LGBTQ. En lo personal, el presidente no les perdona que hayan dictaminado que debe mostrar sus declaraciones de impuestos, como cualquier ciudadano común, y que el cargo no le permite ocultarlos a la vista del público.
Trump ganó los favores del establishment del partido Republicano con la promesa de que pondría en la CSJ a jueces de reconocido perfil conservador. La base electoral que logró juntar el mandatario en 2016 tiene un fuerte componente de ciudadanos de tendencia religiosa que naturalmente están en contra del aborto, reconocido como legal por la corte desde un famoso fallo de 1973 que sentó jurisprudencia, el caso Roe v. Wade. Esto permitió zanjar un tema muy delicado en ese país, ya que no hay una ley federal que permita la interrupción del embarazo. Por el retiro de Anthony Kennedy, en julio de 2018 y luego de una trabajosa negociación en el Senado, Trump pudo designar finalmente a Brett Kavanaugh, que tenía un perfil de antiabortista en su trayectoria como juez de distrito. El pasado persigue al candidato.
Un año antes había podido nominar a otro conservador, Neil Gorsuch, en reemplazo de Antonin Scalia, que había muerto en 2016. Esa vez el presidente en ejercicio era Barack Obama pero los republicanos bloquearon cualquier nominación bajo el argumento de que se le vencía el mandato y correspondía esa potestad a su sucesor. Un ultraconservador resistido.
Normalmente el tribunal mantiene un tenso equilibrio entre liberales y conservadores, la vieja disputa entre garantistas y punitivistas. Como son nueve integrantes y por cuestiones de edad cada presidente tiene ocasión de designar a al menos uno durante su gestión, la CSJ pasa de 5 a 4 con mucha facilidad hacia un lado u otro. Con Trump, los liberales perdieron terreno. En estos dos años la balanza computó a Kavanaugh, Gorsuch, al actual presidente del tribunal, John Roberts, a Clarence Thomas y a Samuel Alito en el banco de la derecha. Quedaban del otro lado Ruth Bader Gisnburg y Stephen Breyer, nombrados por Bill Clinton en 1993 y 1994 respectivamente, y Sonia Sotiomayor y Elena Kagan, que asumieron en tiempos de Obama. Pero hubo varias sorpresas que dejaron trastabillando a Trump. Un golpe fuerte fue cuando el voto de Robert resultó crucial para impedir que el gobierno pusiera fin al Programa de Acción Diferida para los inmigrantes llegados en la infancia, conocida por sus siglas DACA, una normativa que permitió por décadas que jóvenes indocumentados pudieran permanecer en el país sin ser deportados.
A principios de julio, Trump recibió otros dos mandobles. En un fallo histórico la SCJ invalidó una ley de Luisiana que habría obligado a cerrar las clínicas de aborto. Ya había determinado que es ilegal despedir a una persona por su identidad de género. Gorsuch, que llegó al Palacio de Justicia con la anuencia fervorosa de los grupos evangélicos más fanatizados, dijo en su dictamen que el Título VII de la Ley de Derechos Civiles impide cualquier tipo de discriminación laboral, lo que incluye a la comunidad LGBTQ, que celebró como un triunfo este fallo inesperado. Trump salió a despotricar en las redes sobre lo que llamó una “traición” de los jueces por él designados. Prometió entonces, para ganar el favor del partido ante las próximas elecciones – cuando muchos ya anunciaron que no lo votarán por el cariz que tomó su gobierno- que elaborará una lista de candidatos que se comprometan verbalmente a defender esos valores que tanto sirven para ganar votos en algunos sectores sociales.
No se privaron de cantarle cuatro frescas los republicanos más extremos. Entre ellos figura Josh Hawley, senador por Missouri, que declaró al Washington Post que solo votará a candidatos a la Corte que se hayan pronunciado decididamente en contra del aborto. “No quiero garantías privadas de los candidatos. No quiero escuchar sus opiniones personales, de una forma u otra. No estoy buscando pronósticos sobre cómo votarán en el futuro o predicciones. No quiero nada de eso. Quiero ver, como parte de su registro, que han reconocido en algún foro que Roe vs Wade, como un asunto legal, se ha decidido erróneamente”. Pero todavía los supremos le tenían deparada una sorpresa que consumaron hace unos días, cuando determinaron que el presidente debe entregar sus declaraciones de impuestos como cualquier mortal dentro de Estados Unidos. El magnate se venía negando al requerimiento de un fiscal de Nueva York que le reclama su planilla de aportes a la agencia impositiva.
Los abogados de Trump alegaban que como mandatario tiene inmunidad. «Hace doscientos años, nuestro tribunal estableció que ningún ciudadano, ni siquiera el presidente, está categóricamente por encima del deber común de presentar pruebas cuando se le solicita en un proceso penal», señala el fallo, aprobado por 7 votos a 2.
Mientras los allegados a Trump se desviven por demostrar que la lista “blanca” no superará las 25 personas e incluso debaten si no convendrá que sean menos, la expectativa crece luego de que se supiera que la jueza Ruth Bader GInsburg, de 87 años, hace un par de meses se viene sometiendo a un tratamiento de quimioterapia por un cáncer al hígado. Reconocida liberal, defendió históricamente los derechos de género y es una suerte de símbolo de defensa de derechos ciudadanos. Eso aviva las esperanzas de que la jueza deba retirarse por enfermedad -no vivarían al cáncer porque por allá esas cosas no se dicen- para colocar a un conservador de pura raza que no le haga asco a ir contra la corriente. Pero va a resultar difícil controvertir el propio argumento de los republicanos hace cuatro años. Son sus últimos meses en la Casa Blanca, corresponde que envíe el pliego el que gane en noviembre.
En cuanto a sus asuntos impositivos, puede decirse que la SCJ le hizo precio: no lo obligó a enviar sus reportes a la IRS (la AFIP estadounidense) sino a una instancia judicial anterior, que es la que reclamaba. El fiscal a cargo de la investigación es Cyrus Vance Junior, hijo de Cyrus Vance Senior, que fuera secretario de Estado de Jimmy Carter y en ese carácter viajó a Buenos Aires para exigirle respuestas al dictador Jorge Videla sobre las denuncias por desapariciones de personas.
Vance Jr. quiere saber si con fondos de su campaña electoral de 2016 se pagó el silencio de dos mujeres que habrian tenido relaciones sexuales con él y habían sacado el caso a la luz, la actriz porno Stormy Daniels y la ex modelo de Playboy Karen McDougal. Trump sabe que el fiscal es del ala liberal de la justicia, lo sabe cercano a los demócratas y sostiene que lo persigue en el marco de la campaña electoral. Nadie en ese país, sin embargo, espera que la planilla de impuestos sea presentada antes de noviembre, cuando podría hacer daño. Sus abogados son duchos en patear la pelota afuera de la cancha y no les temblará el pulso para encontrar la forma de ganar tiempo a como dé lugar.
Nadie en ese país, sin embargo, espera que la planilla de impuestos sea presentada antes de noviembre, cuando podría hacer daño. Sus abogados son duchos en patear la pelota afuera de la cancha y no les temblará el pulso para encontrar la forma de ganar tiempo a como dé lugar.
Bolivia entra en una semana decisiva para la recuperación de sus instituciones democráticas. Este martes, y a raíz de la amenaza de proscripción del partido mayoritario –el MAS-IPSP de Evo Morales– y la modificación del calendario electoral, la Central Obrera Boliviana (COB) y el Pacto de Unidad, un colectivo que agrupa a organizaciones sociales, prometen llenar las calles con una masiva movilización en reclamo de elecciones. Es una pulseada por el futuro del país a ocho meses del golpe de Estado que derrocó al mandatario más votado en los últimos comicios, el 20 de octubre de 2019.
Este jueves el Tribunal Supremo Electoral decidió aplazar por otras seis semanas la elección, que por la pandemia de Covid-19 ya había sufrido dos postergaciones. La fecha del 6 de septiembre, votada por la Asamblea, que tiene mayoría del MAS, se pospuso unilateralmente, como no se cansan de resaltar en el entorno de Morales, para el 18 de octubre. Sucede que la convocatoria del 6-S había sido aprobada mediante una ley y de acuerdo a la Constitución: sólo otra ley podría cambiar ese llamamiento.
Unos días antes, la alianza Creemos, que lidera el neofascista Luis Fernando Camacho, presentó una demanda ante TSE para reclamar la inhabilitación del MAS-IPSP con el argumento de que había difundido una encuesta, algo que según afirmaron, está prohibido por la ley electoral.
Un par de cuestiones a tener en cuenta. La derecha anti-Evo no pudo organizar una coalición de unidad para derrotar en las urnas al partido que gobernó durante 14 años y produjo la transformación más importante en la historia boliviana desde su fundación. Los que encabezaron el golpe del 10 de noviembre pasado, Camacho y la actual presidenta de facto, Jeanine Áñez, entre otros, armaron candidaturas propias.
El periodista Carlos Mesa, que ocupó interinamente la presidencia entre 2003 y 2005, y que tiene su base electoral en una clase media urbana de centro, aparece como el segundo con más intención de voto. Nunca hubo acuerdo para ir juntos, sólo estuvieron unidos en su rechazo a los intereses que representa Evo Morales.
Mientras tanto, las políticas puestas en marcha por Áñez fueron un golpe para los bolivianos, y no sólo en sus bolsillos. De modo que el MAS-ISPS mantuvo su caudal de votos e incluso puede superar ampliamente el 50% con la candidatura de Luis Arce, el hombre del milagro económico de esos 14 años virtuosos. “No les podemos dejar el gobierno nuevamente, para eso no dimos el golpe”, es el mensaje claro de Camacho y los grupos fascistoides que lo acompañan.
(Foto: Xinhua)
Así las cosas, el coronavirus desnudó en toda su inhumanidad de qué se tratan los que tomaron el poder. Las cifras son escalofriantes y los medios muestran sin pudor que cada día deben retirar cadáveres de personas que murieron en las calles por falta de atención. Los datos oficiales hablan de cerca de 70 mil contagiados y unos 2500 muertos para un país de 11 millones de habitantes.
La pandemia ya fue excusa para posponer el llamado a elecciones de mayo y ahora también lo es para decir que en septiembre vendrá el pico de contagios. Sin embargo, antes que poner sobre la mesa esa decisión del TSE, el partido de Camacho había demandado a Arce por la supuesta difusión ilegal de encuestas. Algo que de acuerdo a los juristas que asesoran al candidato no corresponde porque hay una ley electoral posterior que no habla de ese tema.
En todo caso, algunos analistas, como el periodista boliviano Jimmy Iturri, varado en Buenos Aires desde principios de año, sostienen que hay una suerte de oferta de negociación: si la Asamblea acepta el cambio de fecha sin protestar, el tribunal cajonea la denuncia de los camachistas.
Para otro conocedor de esos entresijos, como el politólogo Jorge Richter, “al no poder cerrar la Asamblea, la van aislando de todas las decisiones”. La estrategia sería, según explicó al programa Voces del mundo, de AM 770, que “si no pueden frenar el proceso electoral, que la elección se haga entre amigos, es decir, que sólo participen los partidos de la derecha y que se pueda proscribir al MAS”.
Es que hay otro tema no menor. Las listas de candidatos están homologadas para la elección de mayo y no se pueden cambiar sin violar la ley. Podrían bajarse de la candidatura los candidatos con menos intención de voto, pero eso impediría que obtengan alguna banca en el Parlamento. Prorrogar la fecha es ganar tiempo, ante la posibilidad del regreso de los derrocados. El 18 de octubre puede ser un nuevo escalón con el objetivo de ganar tiempo y desgastar al partido de Evo, no una fecha definitiva.
La proscripción sería más conveniente para una «elección entre amigos». La otra opción, que también avizoran en cercanías del ex vicepresidente Álvaro García Linera, es generar las condiciones para barajar y dar de nuevo: modificar las candidaturas oficializadas y, ahí sí, armar una coalición de ultraderecha con posibilidades de ganar y poder gobernar con relativa comodidad.
Así las cosas, desde los sectores que sustentaron la presidencia de Evo Morales, en tanto, se preparan para llenar las calles este martes. La COB y el Pacto de Unidad anunciaron la “Gran marcha nacional” desde Senkata hasta La Paz. “El pueblo exige elecciones porque no se ha atendido las demandas sociales en salud, en educación”, dijo el titular de la central sindical, Juan Carlos Huarach. “Rechazamos este golpe a la democracia, golpe al país, rechazamos la suspensión de las elecciones con chantajes al pueblo, con chantajes a la Asamblea Legislativa”, insistió.
Las cartas están echadas. «
FRASES
«Daremos un golpe a quien queramos, entiende eso…» (Elon Musk — Dueño de Tesla, el auto que anda con baterías de litio, a uno que lo criticó por apoyar el golpe en Bolivia)
«Pretenden que la elección sea entre amigos, que sólo participen los partidos de derecha» (Jorge Richter — Politólogo)
LA CRISIS BOLIVIANA PASO A PASO
Domingo 20/10/2019: Bolivia acude a las urnas para elegir a un nuevo presidente. Evo Morales, primer jefe de Estado indígena, luego de 13 años en el poder, busca un cuarto mandato.
Lunes 21/10: el TSE otorga el 46,4% de los votos al MAS y el 38,16% al expresidente (2003-2005) de derecha Carlos Mesa, quien denuncia fraude, con la complicidad de la OEA.
Miércoles 23/10: Morales denuncia por primera vez que está en marcha un golpe de Estado.
Sábado 2/11: el cruceño Luis Fernando Camacho se erige como el opositor más radicalizado. Llama a «ponerse del lado de la gente» a la policía y FF AA.
Viernes 8/11: unidades policiales se amotinan en Cochabamba, Sucre y Santa Cruz.
Domingo 10/11: desde Chimoré, ante la presión de la OEA, Morales anuncia por la mañana que convocará a «nuevas elecciones». Por la noche renuncia.
Martes 12/11: asume Jeanine Áñez Chávez como presidenta.
Jueves 12/12: Evo llega a la Argentina en calidad de refugiado, tras su paso por México.
Viernes 3/1/2020: El TSE llama a elecciones nacionales para el 3 de mayo, pero luego el Ejecutivo las suspende por la pandemia.
Martes 17/3: se fijó la fecha del 6 de septiembre.
Viernes 23/7: Áñez volvió a postergarlas, sin la participación de la Asamblea Legislativa. El TSE fijó como fecha el 18 de octubre.
La mala palabra en América Latina es Venezuela. Como un virus altamente contagioso, con sólo decir “Venezuela” uno ya se contagia. El único antídoto es decir “dictadura”. Lo comprobó el primer canciller designado por el uruguayo Luis Lacalle Pou, Ernesto Talvi. Pocas palabras le bastaron para ser expulsado del gobierno a dos meses de asumir. “Este canciller no va a decir en este rol esa palabra y lo que yo piense respecto del régimen que gobierna Venezuela dejó de ser relevante en el momento en que asumí este cargo”.
Le está pasando algo similar al gobierno argentino. Los medios concentrados le exigen a Alberto Fernández encolumnarse detrás de los mandatarios que siguen a pie juntillas los lineamientos del Departamento de Estado. Como no dice la palabra mágica, hay un acoso permanente.
La renegociación por la deuda de Ecuador es puesta como ejemplo, por los mismos endeudadores seriales que llevaron al desastre argentino. El ministro de Economía ecuatoriano explica así el éxito de su gestión: “No es negocio estar junto a (Nicolás) Maduro, no es el camino”. El ministro de Relaciones Exteriores Felipe Solá salió a desmarcarse del embate mediático sobre Venezuela. “Es un gobierno autoritario, sin dudas”, dijo, con lo que desconcertó a muchos de los propios sin congraciarse con los ajenos. No dijo “dictadura”. Y para colmo, le dieron asilo a Evo Morales, dicen los voceros de Washington. El ministro de Relaciones Exteriores Felipe Solá salió a desmarcarse del embate mediático sobre Venezuela. “Es un gobierno autoritario, sin dudas”, dijo, con lo que desconcertó a muchos de los propios sin congraciarse con los ajenos. No dijo “dictadura”. Y para colmo, le dieron asilo a Evo Morales, dicen los voceros de Washington.
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