Para el presidente Donald Trump, Tik Tok es una aplicación destinada a recopilar datos privados de ciudadanos estadounidenses que luego utilizará el Partido Comunista chino para hacer maldades inconfesadas. “Así pueden rastrear ubicaciones de empleados y contratistas federales, crear expedientes de información personal para chantaje y realizar espionaje corporativo”, sostiene una orden ejecutiva firmada por Trump este jueves en la que prohibió cualquier operación con la casa matriz y pretende obligar a que una empresa “muy estadounidense” compre la red, que según cifras del gobierno tiene más de 175 millones de descargas y creció exponencialmente durante las cuarentenas. Microsoft se anotó en el primer lugar en esta carrera. Puede ser un negocio redondo para el gigante creado por Bill Gates para quedarse con un imperio como ese a precio de ganga.
Lo curioso es que al mismo tiempo que se difundió esta nueva ofensiva de Trump contra empresas informáticas chinas, a las que como Huawei, acusa de ser plataformas para el espionaje, el Wall Street Journal, quizás lo mas alejado que podría existir de simpatías con el partido comunista, publicó este viernes un informe donde se revela que una pequeña compañía creada por dos veteranos de guerra y con varios contratos con oficinas estatales de EE UU incorporó software en más de 500 aplicaciones de celulares que le permite rastrear a millones de personas en todo el mundo. Claro que a favor de Washington y no de Beijing.
Según el WSJ, Anomaly Six -vaya nombre- se jacta de ser “capaz de extraer datos de ubicación en cualquier móvil”. Para ofrecer su maravilloso producto al público “civil”, se publicita asegurando que numerosas agencias federales ya realizaron contratos con ellos para la provisión de sus servicios.
«Anomaly Six fue fundada por veteranos de contratación de defensa que trabajaron en estrecha colaboración con agencias gubernamentales durante la mayor parte de sus carreras y crearon una empresa para atender en parte a las agencias de seguridad nacio-nal, según registros judiciales y entrevistas», dice el informe del WSJ.
“Si está cansado del ruido y la falta de calidad de sus datos. Envíenos un correo electrónico a questione-verything@anomalysix.com”, propone la firma en su página de Linkedin. “Brindamos soporte analítico para evaluaciones de la cadena de suministro, evaluación del mercado inmobiliario, análisis de patrones de senderos, análisis de lugares y deportes, evaluación de la gestión de riesgos para fusiones y adquisiciones, así como asistencia humanitaria y evaluaciones internacionales”, agrega.
“La compañía también explicó sus prácticas comerciales en una sesión informativa reciente en la oficina del senador Ron Wyden, cuyo personal luego lo describió al Journal. El demócrata de Oregon ha estado realizando una investigación sobre la venta de datos de ubicación de estadounidenses” continúa la investigación del periódico de negocios neoyorquino.
Según todas las evaluaciones de los expertos consultados, lo que hace Anomaly Six no es ilegal. Pero acarrea el riesgo de que particulares o los propios gobiernos puedan utilizar la información con fines no sometidos a escrutinio público.
Anomaly Six tiene su base en el 625 de la North Washington Street, Alexandria, Virginia. A unos 22 kilómetros de la sede central de la CIA; 50 de la NSA, la agencia denunciada por Edward Snowden por espionaje global y 140 de Quantico, la academia del FBI. Y a 15 kilómetros del edificio del Departamento de Estado de EEUU. Apenas cruzando el río Potomac. Para la administración Trump, sin embargo, el peligro es Tik Tok, la aplicación creada Zhang Yiming. Para la administración Trump, sin embargo, el peligro es Tik Tok, la aplicación creada Zhang Yiming.
Este jueves Bolivia celebró los 195 años de existencia como país independiente en un contexto de enfrentamiento creciente. Por un lado, el derrocado presidente Evo Morales denunciaba desde su exilio en Buenos Aires que se preparaba un golpe militar para impedir las elecciones. Mientras tanto, el gobierno de facto designaba en la cartera de Planificación a Branko Marinkovic, el rico empresario separatista santacruceño que huyó del país hace diez años acusado de sedición y terrorismo. Los sindicatos nucleados en la COB y movimientos sociales, a su vez, en las últimas horas levantaron el bloqueo en carreteras de todo el país, implementado en reclamo por el regreso de la democracia y aceptaron la postergación de la fecha del comicio para el 18 de octubre.
La medida de fuerza puesta en marcha el lunes pasado por la Central Obrera Boliviana y el Pacto de Unidad logró paralizar al país, pero al mismo tiempo comprometía la estrategia del “masismo” para encontrar una salida democrática al golpe que entronizó a los sectores más retrógrados de la sociedad boliviana en noviembre pasado.
La COB, por su inacción hace nueve meses, fue clave para la renuncia de Morales y de Álvaro García Linera. Ahora, entendían en cercanías del exmandatario, podía ser la excusa para justificar un golpe dentro del golpe. “Con los bloqueos de rutas perjudican a los pobladores de muchos lugares que pueden ponerse en contra” de lo que según las encuestas sería un triunfo relativamente cómodo de Luis Arce, del MAS-IPSP, sentenciaban en el partido.
Que el gobierno de Jeaninne Añez utilice una argucia basada en la pandemia para postergar una vez más la elección también fue entendida como una forma de buscar que esas diferencias entre actores que integran el bloque de centroizquierda se profundicen. La única posibilidad de que gane la derecha sería con un sector que apoye las transformaciones de estos últimos 13 años vaya dividido.
Desde el Palacio Quemado ya le endilgaron los bloqueos a Morales, que ya había sido acusado de incitar a la violencia. En los piquetes de huelga, en tanto, confiaron a Tiempo Argentino que temían una represión violenta por parte de efectivos militares que en noviembre forzaron la renuncia del gobierno constitucional.
Desde Buenos Aires, no es mucho lo que puede incidir el exlíder cocalero en los dirigentes que votaron por salir a las rutas hace diez días. Pero cada incidente se lo cargarán en la mochila a Evo Morales. Finalmente, el los caminos bolivianos se entendió que lo mejor es despejar y apostar a que las elecciones se desarrollen con las garantías constitucionales.
En un tuit, su ahora habitual medio de difusión, el expresidente dijo el viernes que “se gesta un nuevo golpe de Estado en Bolivia, cuyo plan está a cargo de los generales Ortiz y Orellana. Se intenta instaurar un gobierno de civiles y militares. Con ese fin llegaron dos aviones con armas desde EE.UU. y desplazaron francotiradores a El Alto y Chapare”.
El general Sergio Orellana es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y el general Iván Ortiz Bravo, jefe del departamento Tercero del Comando en Jefe. Orellana había presionado públicamente al congreso para que ratificara los ascensos promovidos por Añez. De acuerdo a la Carta Magna, es el Senado el que ratifica las designaciones, cosa que no había ocurrido. Ortiz Bravo, afirma Morales, viene preparando el golpe desde hace meses.
La designación de Marinkovic fue interpretada como una amenaza para cualquier apertura democrática. Pero al mismo tiempo pone en el tapete la gravedad de la crisis de los grupos del poder real boliviano. Podría decirse que el magnate -de origen balcánico y fuerte ligazón con grupos paramilitares que en 2008 quisieron forzar la independencia de la Media Luna del oriente boliviano- tuvo que salir de atrás de bambalinas para hacerse cargo del manejo de las instituciones. Fue nombrado en reemplazo del economista Carlos Melchor Díaz, que renunció alegando razones de salud. Su proyecto, desde el área de Planificación sería el de una Bolivia atendida por sus propios dueños. Que, sin Evo, recuperaron su peso como factor de poder.
Pero el historial de violencia de corte fascista de Marinkovic no es precisamente un galardón institucionalista en los tiempos que vienen. En 2008 lideró el llamado Comité Cívico Pro Santa Cruz, que defendía los intereses de la oligarquía de la Media Luna boliviana, integrada por los departamentos de Pando, Beni y Santa Cruz. Una zona rica en recursos petroleros pero mucho más próspera en las últimas décadas por la explotación de la soja. De hecho, los Marinkovic están ligados a la industria aceitera.
El actual ministro de Planificación fue acusado de haber contratado a veteranos de la Guerra de los Balcanes de los años 90 a través de las conexiones de su familia croata, para desestabilizar a Morales. Esa vez fue clave la intervención de la Unasur, presidida en esa oportunidad por la entonces presidenta chilena Michelle Bachelet.
El organismo regional fue desarticulado ni bien asumieron los gobiernos de la derecha, tras el triunfo de Mauricio Macri en Argentina.
La derecha más rancia
Branko Marinkovic es hijo de un croata y una montenegrina que emigraron a Bolivia en 1954, cuando ambos países integraban la Yugoslavia de Josip Broz, Tito. Nacido en 1967, Branko se recibió de ingeniero electromecánico y en Economía y Finanzas en la Universidad de Texas. Los Marinkovic acumularon una cuantiosa fortuna con establecimientos agrícolas propios y la planta Industrias Oleaginosas, que procesa más de 1500 toneladas diarias de soja. Con intereses muy diversificados, es miembros de una burguesía tan activa como extremista. Uno de los miembros de esa oligarquía, Luis Fernando Camacho, fue el hombre que ingresó a la sede de gobierno nacional de La Paz y se arrodilló frente a una Biblia y una bandera boliviana.
En 2008 esa derecha neofascista fogoneó un movimiento separatista. En una marcha a favor del gobierno nacional, en la localidad de El Porvenir, fueron asesinados 14 pobladores indígenas, en lo que se llamó la Masacre de Pando. Una investigación de Unasur determinó la responsabilidad del prefecto local, Leopoldo Fernández.
Los Marinkovic tienen viejas cuitas con Morales. El Instituto de Reforma Agraria ordenó en 2009 repartir a las comunidades aborígenes la finca Yasminka, unas 12.500 hectáreas usurpadas por la familia por décadas.
El asesinato del mercenario Eduardo Rosza Flores develó la vinculación de Branko y las bandas paramilitares. Buscado por la Justicia, huyó a Brasil en 2010. Regresó a Bolivia el 14 de enero pasado, luego del golpe que ayudó a consolidar. Este jueves, asumió el Ministerio de Planificación del Desarrollo.
El uribismo desencadenó una guerra sin cuartel contra la Corte Suprema de Colombia, que ordenó la detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe y en la práctica suspendió sus funciones de senador con el argumento de que podría entorpecer la acción de la justicia en una causa que, paradójicamente, inició él mismo en el año 2012. Así, mientras el líder ultraconservador fue diagnosticado con Covid-19, desde la propia presidencia de la Nación crece el clamor por una reforma constitucional para blindar al controvertido dirigente.
El caso que llevó a este fallo del tribunal nació cuando Uribe presentó una denuncia contra el senador Iván Cepeda, al que acusó de haberse conectado con ex paramilitares presos para negociar falsos testimonios en su contra.
Uribe es un enemigo feroz y sanguinario de la guerrilla y luego de haber combatido ca las FARC con todo el aparato estatal, también utilizó métodos y expertos en técnicas de lucha irregular entrenados por especialistas estadounidenses, que tienen bases militares erigidas con la excusa del combate de los grupos rebeldes.
Cepeda, en cambio, es un defensor de los derechos humanos que inevitablemente está enfrentado con ese sector de la dirigencia más belicoso. El ex presidente Juan Manuel Santos, sucesor de Uribe, inició un proceso de paz con las FARC que el uribismo siempre rechazó. Cepeda, en cambio, fue defensor de algunos de los líderes insurrectos, como Jesús Santrich. La relación entre ambos no podía ser sino de enfrentamiento.
La relación entre ambos no podía ser sino de enfrentamiento. El acuerdo de paz alcanzado con la guerrilla por Santos, con anuencia de la ONU y el auspicio de Noruega, Chile y el apoyo del gobierno bolivariano de Venezuela, firmado en La Habana, Cuba, en ese mismo año de 2012, era un modo de salir del atolladero en que está Colombia en el último medio siglo.
Ese proceso se fue cumpliendo de manera bastante adecuada a los documentos establecidos, hasta que en agosto de 2018 asumió la presidencia Iván Duque, un hombre que ató su destino al uribismo sin fisuras. Mientras se dilataban algunos puntos de la implementación de pacto de paz, fuerzas paramilitares iniciaron una cacería de líderes sociales que ponen a Colombia como el país más peligroso para la defensa de los derechos ciudadanos.
–No cesan los asesinatos de líderes sociales. La causa por la denuncia de Uribe llegó a la Corte porque se trata de miembros del parlamento. Hace varios días el clima demostraba que el tiro del exmandatario le había salido por la culata. La sensación crecía por los ataques coordinados de grupos de trolls en las redes sociales, advertencias y hasta amenazas de dirigentes de segundo orden sobre el poder judicial.
Finalmente la Corte ordenó el arresto domiciliario de Uribe en la causa por presunta manipulación de testigos. El tribunal informó que el expresidente «cumplirá la privación de la libertad en su residencia y desde allí podrá continuar ejerciendo su defensa con todas las garantías del derecho al debido proceso».
Uribe se defendió en su cuenta de Twitter.
Y recibió el apoyo, como el oficialismo esperaba, del actual mandatario y del partido Centro Democrático, que ya adelantó que pedirá una reforma de la constitución de 1991 para “garantizar una justicia no alineada con un sector político”.
Cepeda, mientras tanto, se dedicó a explicar en qué consiste el caso, que parecía olvidado para el común de la gente.
La finca de Uribe, en el departamento de Córdoba, fue el lugar elegido por Uribe para pasar la cuarentena. El lunes se informó que había pedido que lo revisara un equipo médico ya que algunos trabajadores de ese lugar habían dado positivo por Covid-19. Luego se informó que estaba contagiado y que no tenía ninguna complicación. Pero el virus le permite quedarse y no tener que cumplir la domiciliaria en su c asa de Antioquia.
El oficialismo, en tanto, mientras denuncia persecución judicial y habla de una reforma constitucional, se debate en una crisis interna que la ausencia de Uribe, el único que logra unificar criterios. Esa crisis pude repercutir en el presidente Duque, debilitado por la situación económica del país y por la violencia política.
No se equivocaba Mark Zuckerberg, el Ceo de Facebook, cuando hace un par de años dijo en una charla para sus íntimos colaboradores quizás tendría que subirse al ring y pelear contra una posible limitación a los gigantes tecnológicos. Solo erró en quien sería su contrincante. Esa vez hablaba contra la senadora Elizabeth Warren, que en su campaña para las primarias demócratas proponía aplicarles las leyes antitrust. Sucede que por una vez, aunque por motivos diversos, legisladores demócratas coincidieron con sus pares republicanos y hasta el presidente Donald Trump en la necesidad de poner freno al GAFAT, el selecto club que integran Google, Apple, Facebook, Amazon y Twitter. La incógnita pasa por saber hasta dónde están dispuestos a ir.
La novedad de esta semana fue que los popes de esas empresas, crecidas aceleradamente desde principios de siglo pero que dieron un salto explosivo gracias a la pandemia, tuvieron que desfilar ante el Congreso para dar explicaciones. Como en esas viejas películas de Hollywood, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Sundar Pichai, y Tim Cook fueron interrogados en la comisión de Seguridad de la Cámara de Representantes para rendir cuentas sobre las conclusiones de una investigación parlamentaria de un año sobre sus comportamientos.
“Los padres fundadores no se inclinaron ante un rey ni nosotros deberíamos inclinarnos ante los emperadores de la economía en internet”, les espetó el titular del comité, el demócrata David Cicilline. “Como guardianes de la economía digital, estas plataformas disfrutan del poder de elegir ganadores y perdedores para sacudir a las pequeñas empresas y enriquecerse mientras ahogan a la competencia”.
A su turno, se fueron defendiendo con argumentos que chocaron contra la solidez de los reclamos, lo que hizo trastabillar a más de uno. Fue una sesión virtual, por otro lado, que como castigo, se cortó varias veces por problemas de conexión.
Más allá de esos detalles, los demócratas cuestionan en líneas generales que las compañías abusan de su posición dominante para asfixiar cualquier vestigio de competencia y los republicanos que hacen negocios con firmas chinas y con tal de ganar dinero, no demuestran demasiado patriotismo.
Como para no perderse el show, Trump tuiteó que si el Congreso no tomaba alguna medida lo haría él a través de una orden ejecutiva (los DNU estadounidenses). Este viernes se anunció que el Departamento de Justicia abrió una investigación contra Alphabet, la “casa matriz” de Google, por prácticas monopólicas. La Comisión Federal Comercial, incluso, analiza las últimas adquisiciones de Facebook, como Instagram, una plataforma que, reconoció Zuckerberg, fue comprada con el objetivo de sacar a un rival peligroso del camino.
Estos últimos meses Trump está de punta contra la red del pajarito, que borró algunos de sus mensajes por considerarlos fake-new. El presidente amenazó con incluir a Twitter bajo las leyes de medios con el argumento sencillo pero incontrastable de que si eligen qué circula sobre su plataforma entonces editan y por lo tanto son un canal de informaciones. En su partido se quejan de que FB censura mensajes de sectores conservadores. Zuckerberg ya había comparecido en 2018 para explicar su negocio con Cambridge Analytica, la consultora que usaba datos para manipular elecciones en todo el mundo.
Que las tecnológicas alcanzaron un nivel desmesurado no es novedad. Según datos publicados por el sitio elordenmundial.com, hace diez años solo Microsoft figuraba entre las diez empresas más grandes de EEUU, las dos primeras eran Exxon Mobil y Petro China, seguidas por P&G, la fabricante de bienes de consumo. Ahora, copan esos lugares Apple, Google, Amazon y Alibaba, la competidora china del gigante estadounidense.
El dueño de Amazon, Jeff Bezos, también propietario del diario The Washington Post, alegó: “Me encantan los emprendedores de garaje, yo era uno. Pero al igual que el mundo necesita pequeñas empresas, también necesita grandes”. Recibió loas de los defensores del libre mercado, incluso en Argentina. No así de la demócrata Pramila Jayapal, quien cuestionó que la firma, de acuerdo a la investigación, había usado datos de empresas que vendían a través de esa plataforma para diseñar sus propios productos similares.
La crítica contra el indio Sundar Pichai, CEO de Google desde 2015, fue que el buscador deja entrar a todos, pero como si fuera una suerte de mafia, no deja salir nada. “Nuestros documentos muestran que Google evolucionó de un torniquete al resto de la web, a un jardín amurallado que mantiene cada vez más a los usuarios dentro de sus sitios”, le dijo Cicilline. El palo contra Tim Cook, de Apple, fue que la aplicación App Store “inventa reglas en el camino y luego las interpreta arbitrariamente para beneficiar a sus productos”.
El antecedente más recordado de aplicación de la ley antitrust data de 1911, cuando la Standard Oil Company fue desmembrada por orden de la Corte Suprema, que entendió que violaba los términos de la Ley Sherman Antitrust, de 1890. El holding se dividió en 34 empresas independientes, una de ellas la Standard Oil de Nueva Jersey, luego Esso y finalmente Exxon; otra fue la Standard Oil Company de Nueva York, que se transformaría en Mobil. Las picardías de Donald
Donald Trump no se cansa de mostrarse impredecible y hasta se podría decir que disfruta de ese rol de chico rebelde para la política de Estados Unidos. En todo caso, queda claro que sabe manejar a los medios, no por nada fue por ocho años el conductor de un reality show, El Aprendiz, donde un aspirante entre 18 ganaba un contrato para dirigir una de sus empresas. A esas artes apeló este jueves cuando tres horas después de que el Departamento de Comercio anunciara una caída en la economía en el segundo trimestre del 32,9% lanzó una bomba: habría que aplazar las elecciones de noviembre porque la pandemia obligaría a ejercer el voto por correo, lo que permitiría un colosal fraude.
Se trata del mayor desplome desde 1947, tras la guerra mundial, a pesar de que no hubo una cuarentena estricta precisamente para no dañar la actividad económica. La polémica por el voto barrió debajo de la alfombra a la colosal debacle en el principal eje para la campaña presidencial, como es la recuperación de Estados Unidos como potencia mundial.
El argumento de Trump no es del todo descabellado: actualmente casi un cuarto de los votantes envía el sufragio adelantado, una práctica que se fue extendiendo ante la dificultad para sufragar en ese país. Se vota el martes posterior al primer lunes de noviembre. Es una particularidad propia de una sociedad de raigambre religiosa que aprobó esa ley -inmutable hasta ahora- en 1845. No se votaría un domingo porque es el día consagrado al Señor, y no era sencillo viajar en épocas de tormentas, de modo que un lunes podría no ser prudente.
Para una sociedad de patrones de estancia o profesionales independientes un martes es una buena opción, pero no para asalariados, que además de registrarse para ejercer su derecho, deben faltar a sus trabajos. Es así que normalmente no vota mucho más del 50% de los ciudadanos habilitados.
Trump alega que el voto por correo no garantiza que no colapse el sistema o que alguien meta la mano en el conteo. Los argumentos en su contra fueron que ni siquiera en tiempos de la guerra civil o de las guerras mundiales se pospuso un comicio. De lo que nadie quisiera hablar es del fraude en contra de Al Gore en las elecciones de 2000, cuando la Corte Suprema tardó 36 días en reconocer el triunfo del republicano George W. Bush a pesar de las impugnaciones de los demócratas porque en el estado de Florida habían votado algunos ciudadanos fallecidos. Trump quizás tema sinceramente una estocada con algunos fallecidos acudan a la oficina de correo a votar.
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