A poco de ponerse en marcha el gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos, Pedro Sánchez enfrenta un “conflicto del campo” que lo tiene a maltraer, con movilizaciones en todas las ciudades del país y tractorazos que ya llegaron a Madrid. Pero a diferencia del enfrentamiento de 2008 de las corporaciones agrarias argentinas contra la entonces presidenta Cristina Fernández, en la “madre patria” la crisis es por los precios irrisorios que las grandes cadenas de distribución les pagan a los pequeños productores en contraste con lo que cobran al público.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, es atacado por los medios hegemónicos porque planteó que la solución no pasa por un aumento de los productos del campo a los consumidores sino por un “reequilibrio” entre agricultores, fabricantes, supermercados y el público de a pie. Planas adelantó que se estudian modificaciones a la Ley de la Cadena Alimentaria para que los agricultores no vendan a pérdidas. Una salida que irrita a los grandes jugadores del sector, como Mercadona, Dia, Covirán, Carrefour, Lidl, Eroski, Alimerika y Ahorramas, que se nuclean en la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), algunos de cuyos propietarios figuran entre las 10 familias más ricas de España y vieron crecer sus ingresos más de 15% en 2019 (ver aparte).
“Los precios que perciben los agricultores y ganaderos están sometidos a una gran volatilidad derivada de innumerables factores. Recurrentemente se utiliza el falso debate de los supuestos márgenes excesivos de la distribución desviando así el foco mediático hacia este sector y sin centrarlo en los problemas reales de los agricultores”, respondieron desde Asedas en un comunicado. Como dato adicional vale la pena decir que las grandes cadenas de distribución figuran entre los mayores aportantes de publicidad para los medios de comunicación, lo que implica que los campesinos juegan con la cancha inclinada en su contra en la visibilidad.
Como para poner las cosas en situación, se conocieron datos elaborados por la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) donde se revela que el kilo de papas cuesta 0,17 euros en origen y se vende al público a una media de 1,25 euros el kilo, o sea 7,35 veces más. Las cebollas se pagan a 0,20 euros y en los supermercados se ofrecen a 1,44 euros.
El Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) de productos agrarios y ganaderos publicado por la COAG se sitúa en el mes de enero en 4,15. El informe de esa institución señala que “en el caso de los productos ganaderos, la ternera cuadruplicó su precio (sobre lo pagado al productor), mientras que el conejo, el cerdo, el pollo y el cordero lo triplicaron y la leche y los huevos lo multiplicaron por dos”.
Esa organización nació en 1977 y se presenta como “plural, independiente y reivindicativa, representativa en todas las Comunidades Autónomas (para defender) los intereses del modelo social y profesional de agricultura mayoritario en España, y da servicio a más de 150 mil agricultores y ganaderos”.
Desde el ministerio, la respuesta de Planas, un abogado que ingresó en la carrera burocrática como inspector del trabajo y se incorporó al PSOE en su juventud, el problema es complejo y se le debe agregar que hay situaciones parecidas en todos los países de la Unión Europea, en gran medida potenciados por la Política Agrícola Común (PAC) que adoptaron los países miembro.
Entre otras cosas, el PAC obliga a estándares de sustentabilidad ambiental muy precisos, al tiempo que apunta a un recorte de subsidios para el campo. Un tema que en caso de el país ibérico preocupa por el incremento de la emigración a las grandes ciudades, un proceso que genera lo que conoce como “la España vacía”.
A todo esto se agrega que el gobierno de Donald Trump aplicó aranceles extra a productos europeos en respuesta a los subsidios para el fabricante de aviones Airbus, la mayor competidora global de la estadounidense Boeing. Y que muchos agricultores se ven amenazados por la posible implementación de un acuerdo UE-Mercosur que incremente la competencia agropecuaria de América del Sur. Y que, además, el Brexit podría derivar en una amenaza de productos más baratos desde el otro lado del Canal de la Mancha sin regulación de Bruselas.
Los agricultores, en tanto, se movilizaron en todo el país. Algunos ilustraron su situación destacando que el café que se tomaban en el bar de la ciudad les costaba lo mismo que obtenían por 40 duraznos de su granja. Como primera medida, piden financiación para la próxima campaña ya que los bancos se muestran, ante este clima crítico, adversos a abrir los bolsillos.
En su primera reunión con el ministro Planas, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) propuso prohibir las ventas a pérdidas, sanciones más duras para los que abusen y elaborar una ley que defina qué es un precio justo.
El jefe de Gobierno, Pedro Sánchez, dijo ante el primer tractorazo en Madrid, esta semana, que “las grandes distribuidoras tienen que hacer un examen, una autocrítica» y reclamó “muchísima más transparencia para defender al pequeño y mediano agricultor y ganadero que ahora mismo desgraciadamente están viendo como los precios bajan, bajan y bajan. Y eso es algo absolutamente inaceptable para este Gobierno”. Los manifestantes, en tanto, expulsaron a representantes del partido ultraderechista Vox de sus actos. «Las tres organizaciones -a la UPA y la COAG se sumó la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA)- hemos pedido que no venga ningún político”, sostuvieron. « Los ricos ganaron 35 mil millones de euros más
Un relevamiento realizado por el diario El Mundo muestra que los ultramillonarios españoles ganaron un 15% más en 2019 que el año anterior. Al tope de la lista figura, como hace bastante tiempo, el gallego Amancio Ortega Gaona, dueño de Inditex, que fabrica vestimenta con la marca Zara. Acumula una fortuna de 72.640 millones de euros. Pero su hija Sandra tiene otros 6700 millones y figura en el cuarto lugar. El segundo en este conteo es Rafael del Pino Calvo-Sotelo, sobrino de Leopoldo Calvo-Sotelo, segundo jefe de Gobierno tras la muerte del dictador, por el partido franquista Unión de Centro Democrático (UCD). En tercer lugar, con 9000 millones de euros, aparece el propietario de Mercadona, la cadena de distribución más grande de España, Juan Roig Alfonso. Más abajo figura un conocido de los argentinos, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid y titular de una empresa, ACS, que participa en la concesión de las autopistas Acceso Oeste y Acceso Norte a través de una controlada. El entramado de empresas en nuestro país llega a las firmas familiares del expresidente Mauricio Macri. En total, la riqueza de los más ricos se incrementó en 35 mil millones de euros durante 2019. Indica El Mundo que recuperaron el 6,5 que habían «perdido» en 2018, a pesar de la crisis política que llevó a la realización de tres elecciones generales y en el marco de la inestabilidad económica derivada de un cambio de rumbo por la llegada al poder de una coalición de centroizquierda y el ascenso de la ultraderecha de Vox y la debacle del Partido Popular, el heredero de la UCD por la derecha institucional. El informe destaca que desde 2012, los ricos españoles duplicaron la fortuna. Los ricos ganaron 35 mil millones de euros más
Un relevamiento realizado por el diario El Mundo muestra que los ultra millonarios españoles ganaron un 15% más en 2019 que el año anterior. Al tope de la lista figura, como hace bastante tiempo, el gallego Amancio Ortega Gaona, dueño de Inditex, que fabrica vestimenta con la marca Zara. Acumula una fortuna de 72.640 millones de euros. Pero su hija Sandra tiene otros 6700 millones y figura en el cuarto lugar. El segundo en este conteo es Rafael del Pino Calvo-Sotelo, sobrino de Leopoldo Calvo-Sotelo, segundo jefe de Gobierno tras la muerte del dictador, por el partido franquista Unión de Centro Democrático (UCD). En tercer lugar, con 9000 millones de euros, aparece el propietario de Mercadona, la cadena de distribución más grande de España, Juan Roig Alfonso. Más abajo figura un conocido de los argentinos, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid y titular de una empresa, ACS, que participa en la concesión de las autopistas Acceso Oeste y Acceso Norte a través de una controlada. El entramado de empresas en nuestro país llega a las firmas familiares del expresidente Mauricio Macri. En total, la riqueza de los más ricos se incrementó en 35 mil millones de euros durante 2019. Indica El Mundo que recuperaron el 6,5 que habían «perdido» en 2018, a pesar de la crisis política que llevó a la realización de tres elecciones generales y en el marco de la inestabilidad económica derivada de un cambio de rumbo por la llegada al poder de una coalición de centroizquierda y el ascenso de la ultraderecha de Vox y la debacle del Partido Popular, el heredero de la UCD por la derecha institucional. El informe destaca que desde 2012, los ricos españoles duplicaron la fortuna.
Una investigación del diario español El País pone en negro sobre blanco la trama de corrupción que envuelve a dos empresas públicas de la península, el Metro de Madrid –el subterráneo– y el Canal Isabel II, proveedora de agua potable de la capital española. El quid de la cuestión es una serie de negociados que golpean sobre las administraciones del Partido Popular desde principios de siglo pero salpican a emprendimientos realizados en Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay. En el caso de Argentina, el escándalo tiene que ver con la venta de vagones con amianto durante la gestión de Mauricio Macri como jefe de Gobierno porteño.
Si bien todos estos escándalos no son nuevos ni es la primera vez que aparecen en los medios, el trabajo realizado por los periodistas Soraya Constante, Mar Centenera, Juan José Mateo y Francesco Manetto acumula todas las denuncias y procesos judiciales de tal manera que se revelan las operatorias dentro de un marco general, a espaldas de la sociedad y con repercusiones en todos los países donde ambas empresas sentaron sus reales.
Por el lado de Argentina, la maniobra apunta a la venta de vagones de subte para la línea B. La compra data de 2011 pero recién en febrero del año pasado se supo que los coches contenían el mineral cancerígeno. La adquisición fue realizada por Macri, que según destacaron los medios españoles en aquel momento, es muy cercano al Partido Popular. La demanda de Sbase, que explota el metro capitalino, es de 15 millones de euros de indemnizaciones. Pero esa no es la mayor de las querellas.
La llamada Operación Lezo, iniciada en un tribunal madrileño, implica sobreprecios y coimas en la compra de la sociedad brasileña Emissão, proveedora de servicios de aguas potables. El sobrecosto trepa a los 10 millones de euros y la «mordida» entre los directivos llega a los 5 millones. Por ese caso, en noviembre pasado fue procesado el expresidente de la Comunidad de Madrid del PP, Ignacio González, quien dirigió Canal Isabel II entre 2003 y 2012, y que ya venía siendo juzgado por fraude y malversación de caudales luego de su paso por la administración comunitaria, entre 2012 y 2015.
El salto hacia América de Canal Isabel II se inició en 2001 y en Colombia, donde adquirió la proveedora de agua corriente Inassa, de Barranquilla. En el país caribeño también se hicieron de Triple A.
El año pasado salió a la luz que la Fiscalía General de Colombia embargó acciones de Inassa por unos 70 millones de euros a raíz de un sobreprecio. Según se publicó, en 2008 un espía español siguió a González hasta Cartagena de Indias y lo filmó con una bolsa en su poder donde se supone que llevaba dinero. Luego encontraron que tenía una fortuna oculta en empresas radicadas en Panamá.
El caso se conoce en Colombia como Operación Acordeón y el procurador general, Fernando Carrillo, dijo que Odebrecht también tendría algo que ver con esa trama de corrupción en la obra pública. Los investigadores llegaron a hablar de que desde las mismas oficinas se pagó la campaña de Juan Manuel Santos para la reelección, en 2014. Quizás por eso el actual mandatario, Ivan Duque, estaba tan interesado en profundizar la pesquisa. «
Sánchez depende del voto catalán
La nominación de Pedro Sánchez como presidente del gobierno español depende de que la Abogacía del Estado se pronuncie en forma favorable a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que determinó la inmunidad del líder de ERC, Oriol Junqueras, como eurodiputado. De cumplirse ese paso, se podrá lograr formar gobierno con apoyo del partido independentista catalán. Un intríngulis que mantiene en vilo a la sociedad española, que ahora enfrenta la necesidad de obtener acuerdos con los secesionistas para tener un gobierno sin ir a alecciones nuevamente, ya que la coalición del PSOE con Unidas-Podemos no alcanza para lograr la investidura.
De no lograrse este paso, que es rechazado por gran parte del establishment político de la nación, la posibilidad de que Sánchez cumpla el mandato que le dio el rey Felipe VI se restringe a recostarse en acuerdos con las derechas (PP, Ciudadanos y el racista Vox).
El Tribunal Supremo de Justicia de España quitó el que podría ser el último clavo en el ataúd del dictador Francisco Franco al despejar todas las trabas para finalmente y permitir la exhumación de sus restos del Valle de los Caídos para ser enterrados en el cementerio El Pardo-Mingorrubio. El dictamen unánime representa un triunfo para el actual jefe de Gobierno, Pedro Sánchez, del PSOE, de cara a las elecciones del 10 de noviembre en las que espera consolidar un fuerte respaldo que le permita finalmente ser ungido en su cargo con todas las de la ley.
La Corte de ese país ya había autorizado la exhumación el 24 de setiembre pasado, contra la voluntad de los sectores franquistas de la sociedad, que no son pocos y están enquistados en cada rincón de las instituciones del reino. Es así que a familia del dictador y diversas organizaciones particulares intentaron bloquear el traslado, que ya se había ordenado el año pasado ni bien Sánchez llegó a La Moncloa tras una arremetida en el parlamento contra el conservador Mariano Rajoy, del PP.
Pero las trabas judiciales fueron cayendo una a una. La última de estas partió del juez José Justy, quién consideró que como para retirar el cuerpo había que levantar losa que cubre el monumento en su honor erigido en 1975, a su muerte, por el gobierno que continuó hasta el inicio del actual período democrático, se necesitaba de una licencia municipal.
Lo que el TSJ hizo ahora fue no solo dar vía libre a la voluntad de las autoridades sino aclarar que para hacerlo no se necesita de ningún permiso de los mandatarios locales.
El monumento del Valle de los Caídos lo hizo construir el mismo dictador en lo que imaginó como una forma de ser homenajeado al término de sus días, junto a otros protagonistas de la guerra civil (1936-1939), que él provocó contra la Segunda República y que dejó más de un millón de muertos y alrededor de 100 mil desaparecidos, una herida aún abierta para familiares de esas víctimas de la brutalidad franquista.
El juez que intentó frenar la exhumación es miembro de una familia militar ultraconservadora que ya en 2007 polemizó con el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, también del PSOE, quien había impulsado la Ley de Memoria Histórica para reconocer a las víctimas de esa tragedia.
Los restos del dictador están a los pies del altar mayor de la basílica de ese monumento, ubicado en cercanías de Madrid, bajo una lápida de mármol de 1,5 toneladas, junto a los restos del fundador de la Falange Española, José Antonio Primo de Rivera. Ahora, por orden de la corte, deberá ir a un cementerio donde está el cuerpo de su esposa, Carmen Polo de Franco, quien murió en 1988.
Los nietos del dictador pedían que fuera llevado a la catedral de Almudena, en el centro histórico de la capital española. Pero los magistrados sostienen que por cuestiones de seguridad y motivos históricos lo que corresponde es que esté en El Pardo.
“Al fin y al cabo se trata de levantar una sola, extraer los restos y reponer el solado original, revirtiendo el pavimento de la basílica”, minimizó el TSJ en su fallo, dejando sin sustento al reclamo de los familiares de Franco, que alegaron razones administrativas y arbitrariedad del gobierno nacional como último recurso para demorar a la espera de tiempos políticos mejores el traslado.
La sentencia establece que, como la medida original parte de una acordada del Consejo de Ministros -lo que sería algo así como un decreto gubernamental-, la exhumación no necesita el visto bueno urbanístico de San Lorenzo del Escorial, el municipio de la Comunidad de Madrid donde se encuentra el faraónico complejo construido por el franquismo y donde el dictador fue enterrado con todos los honores en 1975.
Para Sánchez, es un triunfo político con el que espera recuperar votos de la izquierda que le den el último envión para ser nombrado presidente del gobierno -algo que no logró en los comicios de abril pasado- para gobernar en soledad o al menos con la fuerza suficiente como para obtener el visto bueno de la oposición. En el oficialismo suponen también que podrán mermar los votos de Unidas-Podemos liderado por Pablo Iglesias, y los de Más Madrid, un desprendimiento de ese sector que sostiene a Iñigo Errejon y a Manuela Carmena, ex alcaldesa de Madrid, con lo que el PSOE superaría los 123 escaños de abril. Para formar gobierno necesita 176 votos.
Pero todavía no está el camino totalmente despejado para la exhumación, ya que los familiares prometieron nuevas presentaciones para evitar el traslado o al menos impedir que se haga a El Pardo. Pretenden que la figura de Franco mantenga ese viso de heroísmo que mantuvo de manera simbólica desde El Escorial.
“Después de 18 días de estancamiento, Italia y España parecen haber llegado a un acuerdo, identificando a Mallorca como un puerto de desembarco”. El comunicado de la ONG Open Arms parecía mostrar un cierto acuerdo para solucionar la crisis política desatada en torno a 107 migrantes que hace casi 20 días están bloqueados en un buque en cercanías de la isla italiana de Lampedusa y por el que pugnan más o menos públicamente tanto la organización de origen hispano como los gobiernos de ambas naciones. En el medio, el ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, aprovechó para sacar a relucir su rostro xenófobo y busca la forma de canalizar su rechazo al ingreso de los migrantes bombardeando el gobierno de coalición con 5 Estrellas.
«¿Por qué todos los barcos españoles, franceses, alemanes, noruegos o ingleses vienen a Italia? ¿Por qué no van a España, donde son buenos y generosos y han abierto puertos?», desafió Salvini durante una entrevista radiofónica. Salvini, insiste en mostrarse «absolutamente contrario» a permitir el desembarco de los migrantes y refugiados que siguen a bordo del barco Open Arms. «Somos buenos cristianos, pero no tontos», afirmó.
La ONG, en tanto criticó la propuesta de llevar a los migrantes socorridos en el Mediterráneo al archipiélago español de las Baleares, a unos 1.000 kilómetros de la isla de Lampedusa, como era la propuesta original del gobierno de Pedro Sánchez.
«Es urgente terminar ya con la experiencia inhumana e inaceptable que están viviendo las personas que hemos rescatado en el mar», sostiene la ONG, señalando una «grave crisis psicológica a bordo».
El fundador de Proactiva Open Arms, Oscar Camps, publicó el domingo un vídeo donde se ve a cuatro migrantes que saltaron del barco para intentar llegar a nado hasta Lampedusa antes de ser devueltos al barco.
Ante el rechazo de Roma de acoger a los migrantes, al que calificó de «inconcebible», el Jefe de gobierno español ofreció el domingo el puerto de Algeciras, en el sur de España.
Pero Open Armas consideró que esa propuesta era inviable, por la distancia que debería recorrer la nave, a lo que Madrid respondió con la propuesta de las Baleares, a través de la vicepresidenta,Carmen Calvo, que están a 1000 kilómetros de Lampedusa.
El actor estadounidense Richard Gere, activo militante de esta causa desde hace diez días, comparó las políticas migratorias del presidente de EEUU y del ministro del Interior italiano, a quien calificó de «Baby Trump». Y no es una imputación injusta, ya que Matteo Salvini comparte con Trump su proyecto de una internacional derechista, de la mano del mentor de ambos, Steve Bannon.
«El mundo tiene los mismos problemas. Tenemos refugiados de muchos países centroamericanos. El ministro del Interior tiene la misma mentalidad que el presidente Trump. De hecho, a Salvini le llamo Baby Trump. Usa la misma ignorancia en un sentido radical, apoyándose en el miedo y el odio», declaró Gere a Corriere della Sera.
«¿Por qué #OpenArms no va a España? En 18 días iban y regresaban 3 veces de Ibiza y Formentera, esta es una batalla política para ellos», tuiteó el también vicepresidente del Gobierno italiano.
«España abre sus puertos a los inmigrantes de la ONG Open Arms. ¡Bien! El que la sigue la consigue», añadió en Twitter.
La semana pasada, Salvini pateó el tablero italiano al presentar una moción de censura contra el gobierno del primer ministro Giuseppe Conte y pedir elecciones anticipadas. Salvini, líder de la ultraderechista Liga del Norte, espera poder formar gobierno sin la ayuda de 5 Estrellas, la agrupación de centro formada por el cómico Beppe Grillo. Cree que está en condiciones de duplicar los votos que obtuvo el año pasado cuando no tuvo más remedio que aceptar la coalición ante la crisis económica en que se sumió Italia.
Por ahora el Senado rechazó su propuesta pero de creérsele que «el que la sigue la consigue» seguramente volverá a empujar el tema. El caso del Open Armas, según todo indica,. le resultó conveniente, pero todo tiene un límite.
Mientras tanto, el gobierno español subió la apuesta contra Salvini. «Lo que está haciendo Salvini en relación al Open Arms es una vergüenza para la humanidad en su conjunto», dijo la ministra española de Defensa, Margarita Robles, apuntando a «una finalidad exclusivamente electoral» del líder ultraderechista italiano.»Es urgente terminar ya con la experiencia inhumana e inaceptable que están viviendo las personas que hemos rescatado en el mar», replicó la ONG, señalando una «grave crisis psicológica a bordo».
«Es urgente terminar ya con la experiencia inhumana e inaceptable que están viviendo las personas que hemos rescatado en el mar», replicó la ONG, señalando una «grave crisis psicológica a bordo».
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