Vladimir Putin viajó a Sebastopol este sábado para celebrar el noveno aniversario de la incorporación de Crimea a la Federación de Rusia un día después de que la Corte Penal Internacional emitiera una orden de arresto en su contra por imputaciones de ser presuntamente responsable del traslado ilegal de niños de las áreas ocupadas de Ucrania a territorio ruso desde el inicio de las operaciones militares. En la misma orden quedó incursa la comisionada de los Derechos del Niño del país euroasiático, María Lvova-Belova.
La medida del tribunal de La Haya no sorprendió porque se sabe que desde el 24 de febrero de 2022 se preparaba alguna iniciativa para acusar a la dirigencia de Moscú por crímenes de guerra. Lo llamativo es el cargo, ya que Rusia no niega el traslado de unos 20.000 niños residentes del Donbass. El tema es que según su óptica, era necesario sacarlos de una zona de guerra por su propia seguridad.
Este juego revela más bien el insólito recurso a estrategias en torno a la guerra entre países que o no firmaron la adhesión a ese tribunal -como es el caso de Rusia, de Ucrania y de Estados Unidos, además de China, India e Israel, por decir algo- o se niegan a investigar violaciones a los Derechos Humanos que los involucran.
El fiscal que lleva adelante la denuncia de Kiev y otros gobiernos europeos, Karim Khan, es un ciudadano británico que asumió ese cargo en junio de 2021, en reemplazo de Fatou Bensouda. Heredó de la abogada gambiana dos casos que duermen en los cajones de su escritorio: las investigaciones sobre crímenes de guerra en Afganistán y casos similares en Palestina. El gobierno de Donald Trump había ordenado en 2019 su detención si se atrevía a viajar a EE UU para indagar a exsoldados.
A todo esto, el expresidente estadounidense denunció en su red Truth Social que este martes podría ser arrestado por orden de un fiscal del distrito de Manhattan acerca de un presunto pago de sobornos a una actriz porno antes de las elecciones de 2016 para que silenciara su relación. Trump llamó a sus seguidores a manifestarse en su defensa. “¡Protesta, recupera nuestra nación!”, alienta.
El caso contra Putin, por otro lado, enturbia aún más la situación en el continente europeo. El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, consideró que ahora “el mundo está descendiendo a una aceleración del conflicto en Ucrania” que lo acerca hacia la Tercera Guerra Mundial, y advirtió que también va a complicar las conversaciones a desarrollarse en Macedonia del Norte para normalizar las relaciones con Kosovo.
También salió a hablar el ex primer ministro británico Tony Blair, otro que tiene el placard lleno de muertos, al cumplirse el 20º aniversario de la invasión a Irak ordenada por George W. Bush en busca de armas de destrucción masiva que nunca aparecieron, sin mandato de la ONU y seguida sin dilación por el premier laborista. “Putin no puede de forma alguna remitirse a la guerra de Irak para justificar la invasión de Ucrania (…) si no hubiera esa excusa, habría usado otra”, señaló en una entrevista que consigna AFP.
Operaciones militares
Mientras tanto, las tropas rusas -con incidencia clave de efectivos del Grupo Wagner- mantienen el asedio en el nudo de Bajmut, convertido en una suerte de gran batalla que para algunos puede decidir el curso de la guerra.
Un incidente entre un avión ruso y un dron de EEUU elevó la tensión entre Washington y Moscú. La información, como suele ocurrir en estos casos, es contradictoria. Lo concreto es que un aparato no tripulado MQ-9 «Reaper» cayó al Mar Negro luego de cruzarse con un caza ruso SU-27. Según la Casa Blanca, era espacio aéreo internacional, según el Kremlin, se trató de una incursión en área exclusiva con una nave de espionaje. Según EE UU, el avión ruso rozó al dron con un ala, aunque luego difundió imágenes donde se ve que un caza le arroja combustible a su paso. Para Rusia, las imágenes fueron editadas.
La guerra en Ucrania dejó de ser de interés para los estadounidenses, embarcados en sus propias crisis bancarias (ver aparte). Los principales medios ahora dan cuenta de que Ucrania no puede resistir mucho más y hasta el gobernador de Florida, el republicano Ron de Santis, competidor de Trump en la interna partidaria, dijo estos días que “si bien Estados Unidos tiene muchos intereses nacionales vitales (…) enredarse aún más en una disputa territorial entre Ucrania y Rusia no es una de ellas”. «
Tembladeral en bancos de Suiza y de EE UU
Se sabía que la caída del Silicon Valley Bank era el preanuncio de una nueva crisis financiera global. Y todo está ocurriendo según las previsiones, aunque quizás mas rápido. Así, desde el lunes las bolsas del mundo reflejaron los temores al tiempo que los ahorristas comenzaron a huir de algunas entidades que mostraban signos de debilidad.
El Credit Suisse, uno de los más prestigiosos y venerados bancos de esa pequeña nación europea que hizo de sus entidades financieras un sacerdocio, está contra las cuerdas y busca desesperadamente un salvataje. Lo mismo ocurrió con el Signature Bank y el First Republic Bank de Estados Unidos.
La casa suiza pidió el jueves un préstamo de hasta 50.000 millones de euros, El Financial Times británico informó el viernes que el UBS, el mayor banco suizo, compraría la mayoría de las acciones del Credit Suisse para evitar que la mancha venenosa se extienda al total de las entidades de ese país.
En Estados Unidos, en tanto, once bancos, entre ellos los gigantes Bank of America, Citigroup y JPMorgan, anunciaron un acuerdo para aportar hasta 30.000 millones de dólares en depósitos en First Republic. Tanto el presidente Joe Biden como su secretaria del Tesoro, Janet Yellen, afirman que la situación tiende a normalizarse. Pero nadie apuesta demasiado por lo que pueda ocurrir en los próximos días.
Este fin de semana las autoridades económicas helvéticas mantendrán urgentes negociaciones para encontrar alguna salida que permita devolver la confianza a los ahorristas. “El banco central suizo desea una solución simple y directa antes de que los mercados abran el lunes», publica el FT, citado por la agencia AFP.
No es que el CS estuviera en el mejor de los mundos. En octubre pasado presentó un plan de reestructuración que implicaba el despido de 9000 empleados hasta 2025, el 17% de su plantilla. Pero la guerra en Ucrania y las sanciones a Rusia golpearon de lleno en sus negocios en el país euroasiático. Y agravaron una crisis que se había gestado desde 2008.
La caída del Silicon Valley Bank amenaza con convertirse en una nueva crisis financiera como la que se desató en 2008 con el derrumbe del Lehman Brothers. Si se tiene en cuenta que gran parte de los clientes atrapados en ese fangal son las mayores empresas tecnológicas del sector en que Estados Unidos todavía puede mirar a los competidores por sobre el hombro, se podrá tener una magnitud del riesgo para todo Occidente cuando su economía apenas está saliendo del cierre por la pandemia.
La otra novedad que preocupa a Washington y a los estrategas de la Casa Blanca es la firma y la activación de un acuerdo entre Irán y Arabia Saudita bajo los auspicios de China. “La República Islámica de Irán y el Reino de Arabia Saudita han decidido reanudar sus relaciones diplomáticas y reabrir sus embajadas en dos meses”, dice el comunicado dado a conocer este viernes. El acuerdo pone fin a décadas de enfrentamiento entre dos naciones con visiones del islam opuestas. Pero fundamentalmente da cuenta de la influencia china en Medio Oriente, donde ya es un jugador tan determinante como para sentar a la mesa a dos enemigos con poco ímpetu reconciliador hasta ahora. Un pacto de seguridad firmado en 2001, poco antes de los atentados a las torres gemelas, nunca se había puesto en marcha y desde entonces la animosidad fue creciente.
En Beijing, por otro lado, Xi Jinping fue reelegido por unanimidad por tercera vez como presidente de la República Popular China y del Consejo Militar Central, reafirmando un liderazgo político como no se veía en ese país desde Mao Zedong. Esta es otra señal de unidad de cara a la rivalidad con Estados Unidos, que ya ingresó en una etapa de frac o deterioro comercial, que se refleja en una baja en el intercambio entre ambos países de más del 17% anualizado en los primeros dos meses de 2023. En este bloque se deben incorporar las sanciones contra empresas occidentales que pretendan vender productos considerados esenciales para el desarrollo tecnológico, como chips, replicado con la venta por ahora a cuenta gotas pero con tendencia al alza de acciones del tesoro estadounidense en manos del gobierno chino.
Foto: Zurab Tsertsvadze / AFP
¿Revolución de colores?
Si bien en el último informe de la Corporación Rand se recomendaba al gobierno de Joe Biden ir desescalando su intervención en Ucrania para no afectar más los intereses estadounidenses a largo plazo, todavía sigue vigente el documento de 2018 que especificaba los pasos a seguir para “sobreextender y desequilibrar a Rusia”. Algo de esta estrategia se percibe en los últimos acontecimientos en Georgia, otra exrepública soviética y a la sazón la patria chica de Stalin.
El concreto, un proyecto de ley del partido oficialista Sueño Georgiano estipulaba la creación de un registro para todas aquellas personas e instituciones que reciben financiamiento del exterior. Según el gobierno, la iniciativa estaba basada en una ley de EE UU del año 1938 sobre agentes extranjeros: según la oposición, era copia de una del gobierno de Vladimir Putin de 2012 y tenía el propósito de alejar al país de Europa.
La presidenta Salomé Zurabishvili se comprometió a vetarla ante las primeras manifestaciones masivas en contra y luego el partido SG dijo que la retiraría del Parlamento como prenda de unidad. Pero las protestas no cesaron e hicieron recordar las de 2014 en Plaza Maidan contra el gobierno de Viktor Yanukovich, que devino en su destitución y el inicio de la guerra civil en Ucrania. Rusia no puede darse el lujo de tener otro conflicto en sus fronteras hasta resolver el tema Ucrania.
En el frente ucraniano, en tanto, las tropas rusas parecen estar tomando definitivamente el control del estratégico punto de Bajmut, con lo que se le despejaría el camino a consolidar su dominio sobre el Donbass. El presidente Volovimir Zelenski ordenó a sus efectivos no abandonar la ciudad, pero al mismo tempo reclama desesperadamente a la Otán y EE UU el envío de más armamento para sostener ese bastión, que ahora reconoce como clave.
Foto: Nournews Agency / AFP
Dudas de la Casa Blanca
En Washington a veces da la impresión de que reina el desconcierto en ambos partidos políticos. Este miércoles la Cámara de Representantes rechazó por 321 votos contra 103 una propuesta del congresista republicano Matt Gaetz para retirar las últimas 900 tropas estadounidenses de Siria en un plazo de seis meses. «Hemos manchado los desiertos de Oriente Próximo con suficiente sangre estadounidense, es hora de traer a nuestros miembros del servicio a casa», dijo Gaetz en su exposición, pero su correligionario Joe Wilson argumentó: «no queremos repetir el 11-S. La paz se mantiene mejor a través de la fuerza».
La Casa Blanca, a su vez, tuvo que recular ante el Pentágono después de haber intentado una maniobra de márketing buscando evidencia de crímenes de guerra cometidos por los rusos en Ucrania para presentar ante la Corte Penal Internacional de La Haya. El pequeño detalle es que ni Estados Unidos ni Rusia ni China (y tampoco Israel) ratificaron el Tratado de Roma que dio origen al CPI y al que se habían opuesto desde el vamos.
Pero además, y a esto apunta el rechazo de los militares estadounidenses, esta presentación podría sentar un precedente que permita investigaciones futuras sobre crímenes cometidos por tropas de EE UU en el resto del mundo. El último incidente en tal sentido fue en 2017 cuando un fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, y el jefe de la División de Jurisdicción, Complementariedad y Cooperación de la Oficina del Fiscal, Phakiso Mochochoko, se propusiereon investigar atrocidades cometidas en Afganistán durante la gestión de George W. Bush.
El entonces presidente Donald Trump sancionó al personal judicial y su secretario de Estado, Mike Pompeo, los denunció como corruptos. Es bueno recordar que el australiano Julian Assange está privado de su libertad en el Reino Unido y es reclamado desde EE UU donde enfrenta cargos por 175 años de prisión por revelar pruebas de esos crímenes cometidos en Irak y Afganistán.
Noticias de Nord Stream
Cuando pasaron más de cinco del sabotaje de los gasoductos rusos Nord Stream en el mar Báltico, y uno de la investigación del periodista Symour Hersh acusando a los servicios de inteligencia de EE UU y Dinamarca, medios occidentales se hicieron eco de un artículo del New York Times que atribuye el atentado a un grupo proucraniano.
La fiscalía general de Alemania anunció que investiga un barco donde se sospecha que transportaron los explosivos. La información del NYT tiene como fuente a los mismos servicios estadounidenses que aparecen implicados, según el prestigioso periodista de 85 años que en los 60 ganó un Pulizter por haber revelado los pormenores de la matanza en la aldea vietnamita de My lai cometida por soldados de EE UU.
Gary Lineker fue un extraordinario goleador inglés y es (¿era?) un incisivo comentarista en la BBC, el sistema público de comunicaciones británico. Admirador del fútbol argentino y con un muy buen manejo del idioma castellano tras su paso por el Barcelona, al finalizar el mundial de 1986, donde se coronó goleador. Todo un caballero, declaró que si no hubiese vestido la camiseta inglesa, habría aplaudido con todas las ganas el segundo gol de Maradona en México, donde luego hizo el tanto de descuento contra Argentina.
En su cuenta de Twitter, Lineker se presenta como alguien que “alguna vez pateó una pelota y ahora habla de patear una pelota”. Como muestra de su respeto por el juego limpio, nunca fue expulsado en su carrera y ni siquiera recibió una tarjeta amarilla…hasta ahora.
Esta semana salió al cruce de un proyecto conservador que limita el ingreso de inmigrantes ilegales a través del Canal de la Mancha y prohíbe que puedan acogerse a un asilo, establecerse en el Reino Unido y solicitar la nacionalidad británica.
«Dios mío, esto es más que horrible. No hay una afluencia masiva (de inmigrantes), es sólo una política inconmensurablemente cruel dirigida contra las personas más vulnerables en un lenguaje no muy diferente al utilizado por Alemania en la década de 1930», tuiteó.
La andanada en su contra fue impresionante y diputados conservadores pidieron que lo expulsaran de la BBC. «No es racista decir que tenemos demasiados inmigrantes ilegales que abusan de nuestro sistema de asilo», se defendió la ministra del Interior, la ultraconservadora Suella Braverman, en el Daily Mail.
Este viernes, la BBC informó mediante un comunicado que “ha decidido que dejará de presentar (su programa sabatino) ‘El partido del día‘ hasta que tengamos una posición clara y acordada sobre su uso de las redes sociales». Un vocero citado por AFP agregó que “su reciente actividad en las redes sociales es una violación de nuestras pautas de imparcialidad”. Alex Scott, Alan Shearer, Ian Wright y Micah Richards, co-conductores del programa, anunciaron que no se presentarán en solidaridad.
Los datos sobre la violencia narco en Rosario son escalofriantes y una muestra de lo que viene sucediendo hace ya bastante es que desde septiembre de 2020 funcionan tres fiscalías dedicadas exclusivamente al fenómeno de las balaceras, una palabra que hasta no hace tanto se escuchaba solo en series y películas dobladas en México. La jefa de esa sección es Valeria Haurigot, quien se hizo conocida en los medios nacionales luego de que el local del suegro de Lionel Messi fuera baleado, a las pocas horas de que el presidente Alberto Fernández pronunciara en el Congreso de la Nación el discurso inaugural de sesiones del año 2023 y en el que, en el marco de sus críticas a la Corte Suprema y al Consejo de la Magistratura, atribuyera a ese poder del Estado la demora en designar jueces federales en la provincia de Santa Fe que servirían para combatir el crimen organizado. Haurigot indicó en alguna de sus intervenciones que en lo que va del año se ha registrado un homicidio por día en enfrentamientos entre bandas. El más espeluznante, el de un niño, Máximo Jerez, de 11 años, que quedó en medio de una balacera. El ataque al supermercado de los Rocuzzo levantó sospechas de todo tipo porque tuvo todas las características de una maniobra destinada a generar efectos mediáticos inmediatos, como efectivamente ocurrió, no solo en el país sino en todo el mundo, y nombraba al intendente local, Pablo Javkin. También despertó, en un año electoral, reacciones en diversos sectores de la dirigencia política que pronto acudieron a emitir mensajes de campaña en torno a las más disímiles salidas para una situación que no nació durante esta gestión a nivel provincial o nacional sino que se arrastra desde hace más de dos décadas y cruza todas las gestiones. Es así que se vieron escenas que se viralizaron en memes de burla, como la recorrida de un conductor televisivo junto a la diputada provincial Amalia Granata por el barrio del establecimiento baleado donde alguno de los vecinos le recordó que nunca había estado en esa zona desde la última elección y que, además, vive en Buenos Aires. Luego se supo que el chaleco que lucía la legisladora no era equipamiento de seguridad antibalas sino para el juego de Paintball. Tuvo que salir a explicar que había sido un «modo simbólico» de mostrar el grado de violencia que se vive en esa ciudad. Otra situación fue la del diputado bonaerense Diego Santilli, que «casualmente» pasaba por el lugar con los auriculares del canal ya puestos. Desde el oficialismo, la crisis rosarina llevó al ministro de Seguridad Aníbal Fernández a cometer algunos traspiés, como cuando dijo que «los narcos ganaron». O el propio presidente Fernández cuando desde Salta indicó que «algo hay que hacer» por los rosarinos. En ese sentido, la oposición también encontró canales de expresión para las distintas posiciones que atraviesan a Juntos por el Cambio en esos temas. Así, mientras la exministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich (2015-2019) proponía sacar a las Fuerzas Armadas para combatir al narcotráfico, el alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se desligaba –en el contexto de su interna por la precandidatura presidencial– declarando que «el Ejército no está preparado para combatir a los narcos, tenés que tener gente entrenada para eso. La Gendarmería está mucho más cerca en el entrenamiento». La propuesta de Bullrich encontró eco en los sectores de la sociedad más cercanos a la ultraderecha y críticas desde quienes recuerdan que, por ley, las Fuerzas Armadas no pueden intervenir en cuestiones de seguridad interior. Pero además, los datos de la participación de militares resultan dramáticos en casos similares en México y Colombia, donde quedó un tendal de víctimas sin haber solucionado el problema de fondo e incluso agravándolo. Desde los propios uniformados hubo críticas que no llegaron a trascender –por razones obvias– contra los dichos de Bullrich, alertando contra intentos de «manchar al Ejército» en delitos de los que luego los civiles encontrarán la manera de no hacerse cargo. El martes 7 de marzo el primer mandatario anunció el envío de 300 efectivos de Gendarmería Nacional y 100 de la Policía Federal. Lo más destacado fue, sin embargo, la orden de despliegue de tropas del cuerpo de Ingenieros del Ejército para realizar tareas de urbanización en los barrios marginales de Rosario. Patricia Bullrich encontró otro hueco para la crítica: «No es prioridad construir casas, sino evitar que sigan masacrando a los rosarinos». El miércoles, desde Rosario, Aníbal Fernández dijo que «es imperioso llegar hasta el hueso». Organismos de derechos humanos, en tanto, cuestionaron la convocatoria. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) consideró que esa iniciativa es un hecho grave y «muestra el fracaso político para resolver con seriedad la violencia urbana y la limitación a un abordaje punitivista del problema». No se ignora que el narcotráfico arrastró a varias cúpulas de la policía provincial, que hay implicados miembros del servicio de Justicia de todos los niveles, pero además, que el resultado de esos delitos es una fortuna que luego es ingresada al circuito legal mediante esquemas de lavado de dinero.
Abogada y magíster en Criminología, Claudia Cesaroni es autora de varios libros sobre la temática. Es docente y trabajó en la Procuración Penitenciaria y en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Este verano fue, como se dice, «furor en las redes» por sus posturas contra la corriente punitivista en los juicios que más impactaron en los medios: contra los jóvenes que mataron a Fernando Báez Sosa y las autoras del el crimen del niño Lucio Dupuy. «Me cuesta mucho no decir cosas, no intervenir en la discusión pública con temas que a mí me interesan y donde me parece que tengo una mirada que no es la más habitual –asegura–. En el caso de los chicos llamados “rugbiers” –yo no los llamó así porque ni siquiera todos son rugbiers– se construyó una especie de estereotipo clasista un poco traído de los pelos. Las cosas que dije este verano las empecé a decir hace tres años, cuando sucedió el hecho. Lo que empecé a decir fue “ojo, porque se está hablando de un homicidio con alevosía y eso quiere decir prisión perpetua, y eso hoy es una pena de por vida”. Eso produjo también muchos insultos, pero en ese momento la exposición del caso era mucho mayor y, por ende, cualquier posición que no fuera exactamente lo que todo el mundo decía». –¿Por qué tanta mediatización? –No soy experta en medios, pero recuerdo que otro verano fue el caso Lola Chomnalez, y también 24 x 24. Otro fue Nisman, mucho antes Monzón, Olmedo. Hay que llenar el verano con algo que sea atractivo. También en este caso incidió el rol de (Fernando) Burlando, porque la querella le dio una entidad para el mal, a mi manera de ver las cosas, que probablemente otros juicios no tienen. Todos los días él era como una estrella, el juicio empezaba más tarde porque él tenía que hacer declaraciones a la prensa. Luego está la característica de los victimarios y de la víctima.
«Las propuestas de reforma no las escribió Blumberg sino su asesor jurídico, Roberto Durrieu, quien fue subsecretario de Justicia de Videla.»
–Los victimarios son de clase media. –Sí, pero en términos de, comillas, «atractivo para el morbo», son ocho pibes contra otro pibe. El otro caso, más horrendo si cabe, también de morbo: una mamá lesbiana con su compañera, con todo el discurso de odio y el aprovechamiento para construir mensajes odiantes. –¿Este tipo de condenas es fruto de las reformas de Blumberg-Petri? –Todo empieza en algún sentido con estas reformas manoduristas brutales con otro caso que tuvo mucho impacto, como fue el asesinato de Axel Blumberg, en marzo de 2004. Todas las propuestas que hizo el padre fueron aprobadas. Yo siempre cuento que las propuestas de reforma no las escribió Juan Carlos Blumberg sino su asesor jurídico, que ya falleció, Roberto Durrieu, quien fue subsecretario de Justicia de Videla y uno de los arquitectos jurídicos del Terrorismo de Estado. Ese señor escribió el petitorio que Blumberg presentó en la marcha del 1° de abril de 2004. Y nuestro Parlamento votó esas reformas escritas por un funcionario de la dictadura. Los legisladores que se atrevían a rechazar algo, sin embargo, decían: «Esto no sirve, lo sabemos, pero la demanda de la sociedad…». Algo que me parece muy grave es el discurso de que «con el dolor de las víctimas no se puede discutir». Y ahora me decían lo mismo, cómo iba a discutir la perpetua. Con eso de que con el dolor no se discute se hacen cosas que producen más dolor. La última reforma es de 2017, a propuesta del diputado Luis Petri (del PRO), también tras un hecho que provocó mucha conmoción pública que fue el femicidio de Mica García, una militante del Movimiento Evita, hermosa, luminosa, solidaria. La brillante solución fue quitarles prácticamente la libertad condicional a todos los presos que cometan delitos desde 2017.
–¿Delitos penales? –Sí, pero no solo delitos de sangre. Hay una larga lista que incluye la tenencia de estupefacientes para la comercialización. Una persona podía tener cuatro años y seis meses, y ahora la tiene que cumplir de punta a punta. Se ha terminado en la práctica con lo que teníamos y tienen los países que miramos como modelo, el «régimen de progresividad de la pena». Significa que a medida que la persona presa cumple ciertos requisitos de comportamiento tenía acceso a salidas transitorias hasta los dos tercios de la condena y luego libertad condicional. Si es prisión perpetua, antes de Blumberg los tenía a los 20 años, hasta 2017 a los 35 años, y ahora nunca. Ahora a estos pibes, a Nahir Galarza, a la mamá de Lucio y todas las perpetuas que están poniendo –porque hay como un festival de perpetuas– se les está diciendo: «Vos no vas a volver a salir a la calle hasta dentro de 50 años». Eso no ha evitado que se repitan crímenes. El femicidio se incorporó al Código Penal con prisión perpetua. ¿Hay menos femicidios ahora? Por eso decimos que es pura venganza. Como en nuestro país no hay pena de muerte, lo más parecido a la pena de muerte es la muerte en vida.
Foto: Juan Quiles/3Estudio
–Otro caso fue el de Maribel Salazar, la mujer policía asesinada en la estación Retiro del subte. –Ahí también dije algo y se desencadenó un trolaje: que a esa mujer le sacaron un arma demasiado fácilmente. Eso no significa culpabilizarla a ella. En todo caso significa denunciar la mala capacitación, que estaba sola… –En las películas los policías siempre van en pareja. –Es una cosa básica, ese nivel de mala formación pone en riesgo a los propios policías y a terceros, porque esa persona podía haber matado a cualquiera que pasara por ahí. Otra situación es cuando policías persiguen a 100 km/h en patrulleros en medio de la ciudad. Denunciar eso significa denunciar formas de violencia estatal. La violencia estatal también se expresa cuando pone en riesgo a la propia fuerza, o que el policía no sepa cumplir con su tarea sin ponerse en riesgo a sí mismo o a la persona que cometió un delito, porque a ella también se le debe preservar la vida. En 1999 (Carlos) Ruckauf ganó la gobernación (de la provincia de Buenos Aires) diciendo «hay que meter bala a los delincuentes». En ese contexto sucedió la masacre de Ramallo en el Banco Nación. Después se lloran esas situaciones. Yo comparaba la respuesta punitiva que hubo en el caso de Fernando Báez Sosa, a mi juicio absolutamente exagerada, y el caso de David Moreira, un chico también de 18 años que en 2014 intentó robar una cartera en un barrio de Rosario, salió corriendo y vecinos organizados en una autodefensa barrial le pegaron, no un minuto como a Fernando, sino 15 minutos sin parar. Solo hubo una condena por ese caso, de tres años, a uno de los reconocidos en el video. Allí las marchas eran «por la libertad de nuestros vecinos». La mamá de David nunca logró ni la millonésima parte de empatía, amor, cercanía, que recibe la mamá de Fernando, porque era la mamá de un delincuente. Se tuvo que ir a vivir a Uruguay.
«Se ha terminado en la práctica con lo que teníamos y tienen los países que miramos como modelo, el “régimen de progresividad de la pena”.»
–El carnicero de Zárate, Daniel Oyarzún, fue absuelto en un juicio por jurados. –Ese es otro caso de lo que se llama «justicia por mano propia», que en realidad es venganza. ¿Qué justicia es esa? tenés un negocio, entran a robar, te sacan 5.000 pesos, no te lastiman, no te hacen nada, te subís al auto y los aplastás contra una columna, sos un héroe y además te premian con un cargo público. Pero insisto, hay muy pocos que se plantan frente a esto. Yo creo que hay que atreverse a dar una discusión no solo de la efectividad de este tipo de medidas, que no la tienen. Todo esto está enmarcado en una derechización de nuestra sociedad y de nuestra comunidad política, que no solo sucede en Argentina, y lo que más me preocupa y trato de alertar es que ocurre en gobiernos populares de América Latina. Se vio en el Brasil de Lula y de Dilma con la «pacificación de las favelas».
«Lo que se llama “justicia por mano propia”, que en realidad es venganza, ¿qué justicia es esa? Hay muy pocos que se plantan frente a esto.»
–¿Cómo maneja esta exposición en las redes? –La gente que me quiere me reta. Me tomé vacaciones por unos días. Me afecta cuando el nivel llega a «ojalá no le pase nada a tu hijo». Eso me afecta en términos de pensar en las personas que más amo en el mundo. Yo explico cosas en las redes no para esa gente, sino porque me ha pasado de alguien que me dice «no estoy totalmente de acuerdo, pero no se me había ocurrido pensar las cosas así». Trato de tener una cosa pedagógica y además eso genera que me llamen de los medios y eso me abre espacios para plantear algunos temas en debate.
–En algún programa de radio dijiste que tu posición sobre la perpetua se hacía extensivo a los militares presos por delitos de lesa humanidad. –Yo persigo penalmente en un caso que a casi nadie le importa porque las víctimas eran presos comunes, que es la Masacre del Pabellón Séptimo. Yo soy la abogada de esa causa contra penitenciarios y por supuesto quiero que lleguemos a juicio y les impongan una pena. No voy a poder pedir, y no la pediría, prisión perpetua como está vigente ahora porque no se puede aplicar retroactivamente. A ellos les va a corresponder la prisión perpetua de cuando fue el hecho, marzo de 1978. Es una pena mucho más benigna la que estaba vigente en plena dictadura. Es un tema paradojal. Uno de los imputados tiene 80 años; otro, 70. No es lo mismo que una perpetua a un pibe de 20 o 30 años en términos del impacto sobre la vida. Dicho todo esto, tampoco me parece que cambie en algo el reclamo de justicia que una persona tenga que morirse en la cárcel. –Muchos tomaron el hecho de que Videla haya muerto en prisión como una satisfacción. –Yo no lo discuto, para mí que haya muerto ahí o en su casa acompañado por su mujer, abrazado por su familia, es igual. Pero no por buena o por poner la otra mejilla. Es porque creo que la mejor respuesta a hechos de ese tenor de brutalidad y aberración es que haya un juicio y que las víctimas sean reparadas. Nuestro país ha establecido reparaciones económicas, que está muy bien para quienes están de acuerdo en recibirlas, pero también hay reparaciones simbólicas: cada pañuelo que tenemos dibujado en una plaza, cada baldosa que tenemos puesta, cada lugar con el nombre de un compañero desaparecido, señalizaciones. En el caso del que hablábamos, la mejor reparación es que deje de llamarse «Motín de los colchones» y se llame Masacre, que todo el mundo escuche la canción del «Indio» Solari y sepa que se está hablando de una masacre carcelaria, que el Estado repare económicamente a las víctimas, que todavía están peleando porque no los reconocen como víctimas, que haya juicio y que una sentencia judicial diga «esto fue un delito de lesa humanidad». Esa es una batalla que todavía estamos dando. Y, por supuesto, que estas personas reciban una condena. Si alguno está con cáncer, o se hace pis encima, o está medio demente y eso se puede demostrar con los controles médicos, la verdad, que se vaya a su casa. Lo otro me parece una aflicción agregada que no repara ningún daño. Porque ¿qué es más grave, tener un Código Penal intervenido por un subsecretario de Videla o que Videla haya muerto en la cárcel o en otro lado, o aplicar medidas económicas de la dictadura? A veces hay una especie de trampa en todo esto. Foto: Juan Quiles/3Estudio
VOCESLa canción del Indio Solari1 de marzo de 2023–En algún programa de radio dijiste que tu posición sobre la perpetua se hacía extensivo a los militares presos por delitos de lesa humanidad. –Yo persigo penalmente en un caso que a casi nadie le importa porque las víctimas eran presos comunes, que es la Masacre del Pabellón Séptimo. Yo soy la abogada de esa causa contra penitenciarios y por supuesto quiero que lleguemos a juicio y les impongan una pena. No voy a poder pedir, y no la pediría, prisión perpetua como está vigente ahora porque no se puede aplicar retroactivamente. A ellos les va a corresponder la prisión perpetua de cuando fue el hecho, marzo de 1978. Es una pena mucho más benigna la que estaba vigente en plena dictadura. Es un tema paradojal. Uno de los imputados tiene 80 años; otro, 70. No es lo mismo que una perpetua a un pibe de 20 o 30 años en términos del impacto sobre la vida. Dicho todo esto, tampoco me parece que cambie en algo el reclamo de justicia que una persona tenga que morirse en la cárcel. –Muchos tomaron el hecho de que Videla haya muerto en prisión como una satisfacción. –Yo no lo discuto, para mí que haya muerto ahí o en su casa acompañado por su mujer, abrazado por su familia, es igual. Pero no por buena o por poner la otra mejilla. Es porque creo que la mejor respuesta a hechos de ese tenor de brutalidad y aberración es que haya un juicio y que las víctimas sean reparadas. Nuestro país ha establecido reparaciones económicas, que está muy bien para quienes están de acuerdo en recibirlas, pero también hay reparaciones simbólicas: cada pañuelo que tenemos dibujado en una plaza, cada baldosa que tenemos puesta, cada lugar con el nombre de un compañero desaparecido, señalizaciones. En el caso del que hablábamos, la mejor reparación es que deje de llamarse «Motín de los colchones» y se llame Masacre, que todo el mundo escuche la canción del «Indio» Solari y sepa que se está hablando de una masacre carcelaria, que el Estado repare económicamente a las víctimas, que todavía están peleando porque no los reconocen como víctimas, que haya juicio y que una sentencia judicial diga «esto fue un delito de lesa humanidad». Esa es una batalla que todavía estamos dando. Y, por supuesto, que estas personas reciban una condena. Si alguno está con cáncer, o se hace pis encima, o está medio demente y eso se puede demostrar con los controles médicos, la verdad, que se vaya a su casa. Lo otro me parece una aflicción agregada que no repara ningún daño. Porque ¿qué es más grave, tener un Código Penal intervenido por un subsecretario de Videla o que Videla haya muerto en la cárcel o en otro lado, o aplicar medidas económicas de la dictadura? A veces hay una especie de trampa en todo esto. Foto: Juan Quiles/3Estudio
Trabajadores de los principales medios gráficos de España realizaron manifestaciones frente a cada una de las redacciones en reclamo de un aumento salarial para compensar la alta inflación que se registra en el país, lo que socavó brutalmente los ingresos ya bastante mermados al cabo de diez años sin ningún tipo de incremento. Las movilizaciones se realizaron este 1 de marzo en las sedes de Prisa (El País), Unidad Editorial (El Mundo) Vocento (ABC) y Promecal (con medios en Castilla, León, Navarra y La Rioja). Se trata de los grupos que concentran en conjunto centenares de diarios nacionales y locales, periódicos digitales y radios en todo el país.
Según denuncian los representantes gremiales, entre la precarización del trabajo de prensa y hasta en algunos casos rebajas en el marco de situaciones críticas de las empresas, hay periodistas que perciben ingresos por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). La realidad en los periódicos locales es aún peor y desde el 2008, señalan, han perdido hasta un 25% del poder adquisitivo.
Las movilizaciones contaron con el apoyo de las centrales Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT) y la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP). De la movida, inédita en cerca de dos décadas, participan fundamentalmente los comités de trabajadores (comisiones internas) de las principales empresas.
El reclamo se centra en la negativa de la Asociación de Medios de Información (AMI) a negociar un nuevo Convenio Estatal de Prensa Diario superior al 1% de aumento y sin carácter retroactivo ofrecido por la patronal, considerado como “ridículo y ofensivo”,
“Las empresas están bloqueando la mejora laboral del teletrabajo, práctica que permite conciliar la vida laboral y privada de las personas trabajadoras sin bajar la productividad, como ya se demostró durante la pandemia por Covid-19”, dice un comunicado de CCOO, UGT y FeSP.
El reclamo se hizo extensivo también contra la creciente precarización del trabajo de prensa. Así lo indicó el titular de la FeSP, Francesc Ràfols, quien destacó que ”la situación de los freelance en Europa es muy precaria, y en el Estado español, insostenible. Es un sector completamente desregulado, y no pedimos nada que otros colectivos no tengan”.
El comité del diario El País, quizás el más conocido en el exterior y el más influyente de España, publicó en su cuenta de Twitter que “esta plantilla demostró que está unida y dispuesta a reclamar la actualización salarial que merece desde hace años y la negociación del #teletrabajo a la que la empresa se comprometió”. La del diario El Mundo, en tanto, anotó que “salimos todos a la calle para exigir la actualización de nuestros salarios después de 10 AÑOS congelados”.
Las manifestaciones se repitieron en todos los medios. «Promecal nos quiere arruinar», gritaban trabajadores de La Tribuna de Toledo en un video que difundieron en las redes. «La dirección de Vocento se reparte nuestro aumento», replicaban desde una punta de Madrid. “Todas las plantillas de Unidad Editorial han salido a la calle a pedir una subida salarial necesaria y justa. No se puede hacer periodismo de calidad sin profesionales con condiciones laborales dignas”, señalaban desde otro costado.
Comentarios recientes