El conflicto en Gaza puede derivar en una guerra regional en gran escala a partir del asesinato el lunes pasado del general de Brigada iraní Razi Musavi, alto mando de la unidad de elite de la Guardia Revolucionaria, que estaba como asesor militar en Siria y cayó durante un ataque de fuerzas israelíes. Al mismo tiempo, Benny Gantz, exministro de Defensa israelí y actualmente en el gabinete de emergencia de Benjamin Natanyahu, amenazó a Líbano para que tome medidas contra Hezbollah. «El tiempo para una solución diplomática se está agotando, si el mundo y el gobierno libanés no actúan para impedir los disparos contra los residentes del norte de Israel y alejar a Hezbolá de la frontera, lo hará el Ejército israelí», dijo Gantz. Por otro lado, este viernes, milicias proiraníes atacaron dos bases militares estadounidenses en la provincia de Hasaka, al noreste de Siria, dice Europa Press.
Mientras tanto, la posición de Israel en torno al asedio a Gaza se va tornando cada día más controvertida. Así, la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos (UNRWA) denunció que la ayuda humanitaria a la población de la Franja. «Soldados israelíes dispararon contra un convoy de ayuda cuando regresaba del norte de Gaza, utilizando una ruta designada por el Ejército israelí», escribió en su cuenta de la red X el director de la agencia, Thomas White.
Pero hubo chispazos entre el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan y el primer ministro israelí. «¿En qué se diferencia Netanyahu de Hitler? (…) ¿Hay algo de lo que Netanyahu hace que sea menor que lo que hizo Hitler? No», respondió el mandatario turco. «Erdogan, que está llevando a cabo un genocidio contra los kurdos y mantiene encarcelado a un número récord mundial de periodistas opuestos a su Gobierno, es el último en predicarnos sobre moral», respondió Netanyahu.
En esa misma línea, Sudáfrica acusó a Israel en la Corte Internacional de Justicia de La Haya de cometer “actos de genocidio contra el pueblo palestino de Gaza”. En su demanda, el gobierno sudafricano dice que los «actos y omisiones de Israel son de carácter genocida, ya que van acompañados de la intención específica requerida de destruir a los palestinos de Gaza como parte del grupo nacional, racial y étnico más amplio de los palestinos». La respuesta del ministerio de Relaciones Exteriores israelí a través de un tuit del vocero, Lios Haiat, fue escueta: «Israel rechaza con disgusto la difamación de Sudáfrica y su recurso ante la Corte Internacional de Justicia».
En marzo pasado la CIJ acusó a Vladimir Putin de crímenes de guerra por la deportación de niños de Ucrania a Rusia y ordenó su arresto. La medida no se cumplió entre otras razones porque Rusia no forma parte de los países que respetan la jurisdicción de la ICIJ y porque además el presidente ruso no viajó a países donde si se cumplen las órdenes de La Haya. Por lo demás, China, Turquía, Rusia, Estados Unidos, no aceptan la injerencia de la ICIJ. Tampoco Israel, por cierto.
La situación en el territorio se volvió difusa. A esta altura las tropas israelíes parecen no haber podido cumplir con el objetivo de “limpiar” el territorio de milicianos de Hamás, los responsables del ataque del 7 de octubre pasado, y hasta en algunos ámbitos se especula de que la resistencia es mayor de la esperada. Las víctimas de la llamada “Operación Tormenta de Al Aqsa en territorio israelí son 1140, según los datos proporcionados por el gobierno. Ese día fueron tomados 250 rehenes, de los cuales la mitad permanecen retenidos en algún lugar de la Franja de Gaza. Las fuerzas israelíes, a su vez, provocaron cerca de 22000 muertos, en su mayoría mujeres y niños. El 85% d los 2,4 millones de habitantes de ese enclave, tuvieron que desplazarse ante la ofensiva de Israel.
Con apoyo de Egipto y Estados Unidos, el mes pasado se abrió una ventana para negociar rehenes por presos palestinos en cárceles israelíes, a partir de una propuesta de Qatar. Así regresaron a sus hogares 80 israelíes a cambio de 240 prisioneros. Pero la tregua duró poco y no hubo forma de que en la ONU se le diera cauce a una iniciativa de alto el fuego. Le traba siempre vino de parte del veto de Estados Unidos y la abstención británica.
Esta semana, una delegación de Hamás y de la Yihad Islámica Palestina llegó a El Cairo para tratar un plan egipcio que consta de tres etapas. Un cese de hostilidades prorrogable, nuevos intercambios de rehenes por presos y un alto el fuego permanente. El jefe de los servicios de inteligencia egipcio, Diaa Rashwan, señalo que aún no había recibido respuesta en la propuesta de “detener la agresión contra la Franja de Gaza y para restaurar la paz y la seguridad en la región”, consignan agencias internacionales.
Si el mega DNU del 20 de diciembre era una señal de que Javier Milei está dispuesto a ir a por todo con su programa regresivo, los 664 artículos de la ley ómnibus que envió el 27 contienen una alarmante pretensión de que el Congreso le otorgue la suma del poder público. El documento propone modificaciones que retrotraen el manejo de la cosa pública a aquello que los conservadores le criticaban a Juan Manuel de Rosas, a pesar de que Milei decidió presentarlo con el pomposo título de «Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos», en referencia al texto de Juan Bautista Alberdi que sirvió para la redacción de la Constitución argentina de 1852. Entre el 20 y el 27 del último mes de este año, atravesado por una tormenta de la que muchos argentinos aún no se han desayunado, y cuando arreciaban las voces de repudio al decretazo tildado de anticonstitucional por letrados de los más diversos sectores, Milei amenazó con llamar a un plebiscito para que sea la población la que determine la legitimidad del proyecto orientado a llevar a cabo la más profunda reforma política, económica y laboral en la democracia vernácula. Lo que surge de las dos iniciativas es la idea de construir un Estado que amplía las ventajas para los poderosos y que tiene como rol casi exclusivo el de impedir a como dé lugar que los menos favorecidos se quejen por ser obligados a jugar con la cancha inclinada. Esa estrategia se vio el mismo 20 de diciembre, cuando la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, estrenó su protocolo antidisturbios. Y siguió en la marcha organizada por las centrales sindicales y organizaciones sociales frente al Palacio de Justicia una semana más tarde, cuando agentes de la Policía de la Ciudad cercaron y terminaron deteniendo a manifestantes que se retiraban de manera pacífica. Ya lo había dicho alguien tan distante de las izquierdas o el kirchnerismo como la lideresa de la Coalición Cívica, Elisa Carrió: «Este proyecto solo cierra con represión». Y para eso están Bullrich y el nuevo jefe de la policía porteña, Diego Kravetz. Lo de la vicepresidenta Victoria Villarruel, por el momento jugando en un segundo plano, parece destinado a sumar masa crítica en las Fuerzas Armadas para reconstruir la alianza cívico-militar de 1976. Como sea, la apuesta de Milei y el grupo de estudios de abogados que elaboraron tanto el DNU como la ley ómnibus es ir lo más rápido posible hacia una reforma radical que demuela esas otras bases en las que se erigió esta Argentina que conocemos. La velocidad es primordial, porque el plan es machacar en caliente antes de que los votantes fieles de Milei, ese 30% de las PASO y la primera vuelta, se terminen de dar cuenta de que la casta eran ellos. Pero si las condiciones no permiten avanzar al ritmo que se pretende desde la habitación del Hotel Libertador, está la amenaza de convocar a una consulta popular para avalar la reforma esquivando el rechazo legislativo. Milei no habló ante el recinto cuando asumió el cargo, sino de espaldas al Congreso. Más claro no podría haber sido. El que no quiso darse cuenta es porque estaba mirando otro partido. Y el fundador de La Libertad Avanza parece seguir los pasos de algunos antecesores regionales en esto de pasar por sobre las instituciones.
Democracias en tensión El precedente más cercano es, por cierto, el salvadoreño Nayib Bukele. En el Gobierno desde 2019, este empresario publicitario pertenece a esa camada de presidentes de alto perfil que no dudan en imponer sus propuestas aun contra la letra y el espíritu de la ley. Su justificativo es que necesitaba mano dura para combatir la violencia de las maras. Las fotos de miles de detenidos humillados en las superpobladas cárceles salvadoreñas –muchos de ellos literalmente «cazados» en las calles y sin delitos comprobados– escandalizaron al mundo, pero le granjearon las simpatías del electorado salvadoreño, que no vio con malos ojos su ingreso a la fuerza a la Asamblea Nacional (Congreso) en febrero de 2020 para que los diputados le votaran un paquete de leyes de inversión. Luego, obtuvo mayorías para descabezar al Poder Judicial y remover a todos los integrantes de la Corte Suprema y la Procuraduría General. El otro espejo de Milei es Alberto Fujimori, quien recuperó la libertad el último 6 de diciembre, luego de haber pasado los últimos 18 años cumpliendo sentencias por violaciones a los derechos humanos y corrupción. Fujimori impuso el neoliberalismo más extremo en Perú, en los años 90, cuando en estas pampas gobernaba Carlos Menem, otro modelo para Milei, y luego cayó en desgracia. Cuando asumió, en 1990, este ingeniero de origen japonés lidió con un congreso de mayoría opositora, pero que le concedió en grajeas poderes especiales para las reformas neoliberales que tanto el FMI como el Banco Mundial requerían en el marco del Consenso de Washington. Para entonces, Perú atravesaba una inflación del 7.000% al año. Mientras tanto, se extendía en el país la lucha contra la guerrilla de Sendero Luminoso, lo que le daba un rol fundamental a las Fuerzas Armadas. En ese escenario, había un choque generalizado entre las medidas que trataba de imponer el presidente y las denuncias por violaciones a derechos humanos en el interior del país a que los diputados prestaban oídos y trataban de dar respuesta institucional. Hasta que el 5 de abril de 1992, en un discurso por cadena nacional, Fujimori anunció que disolvía el Congreso y establecía una profunda reforma del Poder Judicial. El «Fujimorazo» fue un vuelo sin paracaídas en el que el presidente modificó las reglas de juego a voluntad –hasta cambió la Constitución nacional– y pudo quedarse en la Casa de Pizarro por diez años. Pero en noviembre de 2000, la sucesión de escándalos de todo tipo, desde la compra de votos a la venta ilegal de armas, sumada a delitos de lesa humanidad y la esterilización forzosa de cerca de 200.000 mujeres indígenas, lo puso en la picota. Sabiéndose perdido, asistió a una cumbre presidencial en Brunei y de allí viajó a Japón, desde donde renunció al cargo. El Congreso no le aceptó la dimisión y lo destituyó por «permanente incapacidad moral». El último capítulo de esta saga –donde hubo extradiciones, liberaciones, amnistías y regreso a las cárceles– se desarrolló hace 20 días. En esta Argentina atribulada por una alta inflación que el nuevo Gobierno se empeña en asimilar a una híper, no existen maras ni guerrilla, pero sí creatividad. En su anterior gestión, Bullrich llevó a cabo operaciones contra la supuesta Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). Ahora el enemigo son las marchas contra las peligrosas políticas del nuevo Gobierno. En el Poder Legislativo y el Judicial todavía no hubo respuestas contundentes y preocupadas contra este avance sobre las instituciones. ¿Será que no la ven o que entre ellos hay socios del silencio?
Algunos de los más conspicuos integrantes del flamante gobierno argentino suelen apelar a la retórica más desmesurada para explicar sus propuestas libertarias. Entre las figuras destacadas de ese ranking tiene una mención especial la canciller Diana Mondino. Es verdad que cuanto a la política exterior, no hay mucha diferencia entre lo que dijo en su campaña Javier MIlei y algunas declaraciones de esta economista cordobesa ultraliberal. Pero ahora algunos de esos incendios los tiene que apagar ella misma desde el Palacio San Martín o pedir encuentros cara a cara para calmar tormentas que ellos mismos agitaron.
Por estas horas, Mondino está volviendo de Francia, donde fue a buscar alianzas dentro del espacio occidental y cristiano con Emmanuel Macron, luego de haber reculado en chancletas ante el gobierno de Lula y el de Xi Jinping y de haber comprobado que poco y nada debía esperar de Joe Biden. Y mucho menos del Fondo Monetario Internacional.
Pero vayamos por partes: en el dogma de Milei-Mondino, el mundo se divide entre «gente de bien» y «populistas de izquierda, zurdos, comunistas» o genéricamente «colectivistas». Si pudo calificar al exalcalde porteño de socialista, que no habría de decir de los gobernantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua. Y ya que estaban de los de Brasil o China.
Sería difícil construir una política exterior con esas premisas, que van en contra de algunas tradiciones argentinas que se remontan a los orígenes de la nación y se refuerzan con la Doctrina Drago, del que fuera canciller de Julio Argentino Roca, prócer para esta camada de dirigentes argentinos. Pero podría funcionar. El problema es que el país está ubicado en un espacio y un tiempo que no se pueden modificar con un DNU.
El gobierno puede no designar embajadores en La Habana, Caracas o Managua, como parece ser la decisión, porque allí hay regímenes que le resultan indigestos y quizás no tenga un gran costo en términos económicos, que es su idioma favorito. Pero con Brasilia y Beijing el precio es otro.
Brasil es el primer socio comercial de Argentina, comparte una asociación aduanera a través del Mercosur y juntos avanzan en una estrategia de integración regional con Uruguay, Paraguay y ahora Bolivia. China es el segundo socio comercial y en los últimos años es el principal sostén financiero ante la falta de créditos internacionales tras el ruinoso acuerdo del gobierno de Mauricio Macri con el FMI en 2018. Un trabajo de la socióloga y politóloga tucumana María Haro Sly señala que entre 2007 y 2020 Argentina recibió 10.650 millones de dólares en inversiones de empresas chinas, concentradas en los sectores energético, minero y financiero, y que el país es el cuarto destino de inversiones chinas en la región. Por si esto no fuera suficiente, el 75% de las reservas brutas del Banco Central son de los acuerdos de swaps.
La sola mención de que China suspendería la activación de otros 6500 millones de dólares le hizo temblar la pera al gabinete. Milei firmó una carta para excusarse con Xi Jijinpig, Fue durante una reunión con un enviado especial de China, el vicepresidente de la Asamblea Popular, Wu Wuhaiu. Pero según trascendió, allí otra vez Mondino lo hizo: la conversación iba por carriles diplomáticos, hasta que la ministra reivindicó el derecho a comerciar con Taiwán. Fin.
Por suerte los chinos cultivan lo que se llama «paciencia estratégica» y tienen a sus espaldas 4000 años de historia. Lo habían demostrado cuando Biden respondió que China es una dictadura a la pregunta envenenada de un periodista, al final de un encuentro para limar asperezas que había gestionado por meses su secretario de Estado Antony Blinken.
Hay que decirle al gobierno chino que lo de Mondino no es nada personal. Después de todo, en plena campaña generó un escandalete cuando habló de respetar la voluntad de los habitantes de las islas Malvinas. Y este gobierno reivindica a Margaret Thatcher.
El secretario de Defensa, Lloyd Austin, anunció, en el marco de una gira por Medio Oriente, la creación de una nueva coalición bélica liderada por Estados Unidos, esta vez para combatir a las fuerzas yemenitas que controlan el paso por el estrecho de Bab el-Mandeb y el acceso por el sur al mar Rojo, un punto neurálgico para el transporte naval hacia el canal de Suez y el Mediterráneo. La alianza, bautizada Guardián de la Prosperidad, está formada sobre la base del Grupo de Trabajo 153 de las Fuerzas Marítimas Combinadas que se puso en marcha en abril de 2002 para garantizar la circulación desde la región del golfo de Aden. «Los países que buscan defender el principio fundamental de la libertad de navegación deben unirse para abordar el desafío planteado por este actor no estatal», dijo Austin desde Dubai, en referencia a los hutíes, el grupo armado que controla gran parte del territorio yemenita y del aparato estatal y militar en ese extremo de la península arábiga y que a partir de la respuesta israelí a la operación Tormenta de Al Aqsa realizada por Hamas el 7 de octubre pasado, atacan el tráfico con destino a Israel.
Austin, un general de cuatro estrellas que tras su retiro formaba parte del directorio de empresas fabricantes de armamento como Raytheon, pasó el lunes por Tel Aviv para corroborar en una conferencia de prensa junto a su par israelí Yoav Gallant la voluntad de la administración de Joe Biden de seguir apoyando a Israel para la liberación de todos los rehenes que aún están en manos de Hamas. «Continuaremos proporcionando a Israel el equipo que necesita para defender a su país, incluidas municiones críticas, vehículos tácticos y sistemas de defensa aérea», dijo el titular del Pentágono tras una reunión con el primer ministro Benjamin Netanyahu. Ya que estaba, pidió a Irán, uno de los principales apoyos externos a los hutíes, que no se involucre en los ataques contra buques comerciales para no escalar las tensiones.
La situación en Gaza es cada vez más desesperante para los pobladores, que ven su territorio arrasado por las fuerzas de Israel y denuncian la muerte de alrededor de 20.000 personas, casi la mitad de ellos niños, en lo que incluso en ámbitos judíos se considera un verdadero genocidio. Estados Unidos viene bloqueando decisiones en el Consejo de Seguridad de la ONU para un inmediato alto el fuego y el ingreso de ayuda humanitaria. Este sábado, una nueva resolución aprobada por 13 votos insta a permitir el suministro de ayuda «a gran escala y sin obstáculos» a la Franja de Gaza para evitar una hambruna generalizada. Hace dos semanas, Washington se había opuesto a un cese de hostilidades y el rechazo contó con la abstención del Reino Unido, otro integrante de ese selecto club con derecho a veto. Ahora, la propuesta no tuvo rechazos, pero se abstuvieron EE UU y Rusia, lo que es casi lo mismo. De hecho, Israel –que no está en esta ocasión en el Consejo de Seguridad– anunció que continuarán sus ataques por tierra y por aire en la Franja «hasta que Hamas sea eliminado y sean liberados los 129 rehenes».
Pero a Israel y a las empresas petroleras los ataques en Bab el-Mandeb les generan pérdidas directas e indirectas. Por un lado, por las consecuencias para los buques que puedan ser bombardeados. Por el otro, por el rodeo que deben hacer a través del sur de África para evitar esa amenaza. El 40% del comercio mundial atraviesa el mar Rojo y según estimaciones no oficiales ya se registraron quebrantos por 80.000 millones de dólares a raíz del desvío obligado de más de 120 portacontenedores. En esta semana se reportaron ataques contra los buques M/V Swan Atlantic y el MSC Clara por su negativa a responder a las comunicaciones de los milicianos y la petrolera británica BP y la transportista taiwanesa Evergreen anunciaron que no cruzarán para no sufrir pérdidas hasta que la situación se calme.
La coalición que intenta armar EE UU sería de 20 países, pero algunos que se informaron en principio no terminaron de confirmar su presencia. Ya habían dado el sí el Reino Unido, Francia, Bahréin, Canadá, Italia, Países Bajos, Noruega, y las islas Seychelles. España, que primero apareció como firmante, todavía estaba en fase «analizando». Es que existe el peligro de que los ataques se extiendan a buques no relacionados con Israel en represalia y los hornos no están para bollos.
Los hutíes, una de las comunidades yemenitas nucleadas alrededor de Ansarollah (Seguidores de Alá), tienen el control de la mayor parte del país desde que tomaron la capital, Sanaa, durante una larga y cruenta guerra civil que se inició en el año 2014. Hasta abril pasado, luchaban contra las fuerzas que apoyaba Arabia Saudita y sí, cuentan con respaldo iraní. Pero desde que bajo auspicio de China la monarquía saudita se reconcilió con la República Islámica de Irán, tienen el manejo de casi la totalidad del país. No sólo eso, adquirieron mucha experiencia en combate moderno y por esa razón tienen a mal traer a las naves de vigilancia de las Fuerzas Marítimas Combinadas, la coalición con base en Bahrein surgida para contrarrestar los ataques piratas desde Somalia.
Con el simple pero efectivo recurso de drones que ellos mismos están produciendo dentro de su territorio, a un costo irrisorio en comparación con el armamento occidental, confían en sus fuerzas y dicen: «Si los estadounidenses se plantean ir más allá, implicarse más y cometer locuras apuntando contra nuestro país apuntaremos contra ellos».
Geopolítica y BRICS
Cuando se anunció la ampliación de los BRICS, en agosto pasado, lo que quedó muy evidente fue que entre los nuevos invitados había algunos que geopolíticamente son centrales para el control del comercio internacional de petróleo y también de los suministros que la economía mundial necesita con desesperación. El mapa muestra que Irán, Arabia Saudita, Etiopía, Egipto y Emiratos Árabes Unidos no solo están parados arriba de petróleo sino que están ubicados en nudos estratégicos, tanto sea para el tráfico como para el bloqueo del flujo sanguíneo que mueve al mundo. Irán y EAU tienen la llave del estrecho de Ormuz, Egipto el canal de Suez pero también una costa en el Mar Rojo y algo más abajo está Etiopía. Del otro lado de ese curso de agua está el reino saudita. Yemen se les quedó afuera porque la situación desde el punto de vista institucional es difusa. En Aden reside el Consejo de Liderezgo Presidencial de Yemen, una entidad que tiene el reconocimiento internacional pero en la práctica ni siquiera los que deberían ser sus representantes están en el país. Rashad al Alimi, un exasesor del que fuera presidente, Abdo Rabu Mansur Hadi, quien renunció el año pasado para facilitar una salida negociada, suele residir también en Riad. Este sábado la ONU anunció la reanudación una mesa de diálogo para encauzar la situación en Yemen mediante una hoja de ruta entre todos los actores. Incluido el jefe del movimiento hutí, Mohamed Abdul Salam.
El protocolo antipiquete pergeñado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, era a todas luces un programa destinado a amedrentar a la población: un proyecto de represión autoritario adornado con recursos de markertingy parafernalia al uso de Hollywood. Ante la evidencia de que el plan económico del Gobierno de Javier Milei solo cierra con represión, la estrategia era comenzar a aplicarlo en el marco de la marcha organizada por partidos y movimientos sociales de izquierda para conmemorar el 20 de diciembre de 2001. Al mismo tiempo, el presidente anunciaría, al mediodía y por cadena de radio y televisión, su mega DNU de reforma de la economía, cuyos tramos esenciales se habían deslizado en los medios más cercanos a la coalición La Libertad Avanza-PRO. Pero si el objetivo era dar señales claras de que no se iban a tolerar cortes de calles, la realidad dejó abundantes chascarrillos en las redes sociales: la cantidad de fuerzas de seguridad destinadas al control de los manifestantes fue tan abrumadora que los propios uniformados cortaron las calles intentando cercar a los manifestantes hacia las veredas. Y tras el discurso presidencial, que finalmente fue emitido a la noche, esas mismas calles se llenaron de ciudadanos indignados que marcharon pacíficamente hasta el Congreso para expresar su rechazo. Sin protocolos y haciendo tronar sus cacerolas. El Gobierno recurrió desde días antes a un aparatoso bombardeo mediático amenazando con quitar los subsidios a los manifestantes que se sumaran a marchas. Su consigna fue: «El que corta no cobra». Pero también se traslucían temores ante las primeras reacciones luego de la brutal devaluación y el acelerado incremento de precios posterior. De todas maneras, el día elegido para presentar su mega DNU de apertura de la economía sonaba a provocación. Es que el 20 de diciembre de 2001 es una de esas fechas determinantes para la sociedad argentina, por el recuerdo de la feroz represión, con decenas de muertos, que puso fin al Gobierno de Fernando de la Rúa tras la experiencia de la convertibilidad y sus dramáticas consecuencias. Para colmo, muchos de los protagonistas de aquellos días están nuevamente en el poder y el DNU no es más que el reflejo de que para ellos –Patricia Bullrich, Federico Sturzenegger, Rodolfo Barra, entre otros– el decreto de estado de sitio del expresidente radical seguía vigente: de allí este protocolo, calificado de anticonstitucional por organizaciones de derechos humanos y juristas. Además, las medidas que anunciaría Milei no son sino una continuidad agravada de las que quedaron en el camino en aquellos aciagos días. Si en ese momento el grito en las calles era «que se vayan todos», la realidad 22 años después es que volvieron todos, por tercera vez, y con ataduras reforzadas al FMI. Caratular como provocación al día elegido para dar a conocer el decreto no es exagerado. Ya el Gobierno de Mauricio Macri había tenido en su momento una actitud similar cuando el 24 de marzo de 2016, al cumplirse los 40 años del golpe de Estado que inauguró la última dictadura cívico-militar, invitó al país nada menos que al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que finalmente tuvo que irse de «paseo» a Bariloche porque su presencia resultaba demasiado chocante. Ahora también debió sonar demasiado, y por eso la cadena nacional de Milei para anunciar su controvertido DNU se postergó hasta la noche. Pero desde temprano las fuerzas policiales iniciaron en varios puntos del Conurbano y la Ciudad de Buenos Aires requisas en colectivos y trenes, pidiendo documentos y tomando fotos a los pasajeros. Al deseo de atemorizar –desde tiempos de la dictadura que no se veían imágenes como esas– se les sumaron mensajes en las estaciones de trenes urbanos y hasta una pantalla con una imagen del presidente de la Nación que muchos identificaron con la película Gran Hermano, basada en la novela 1984, de George Orwell. Los canales cubrieron el accionar policial y en algunos casos los presentadores de noticias parecían estar a la derecha del Gobierno, alentando a impedir cualquier corte a como diera lugar. Mientras tanto, en las redes se repetían críticas sobre lo anticonstitucional del operativo y aparecían teléfonos y recomendaciones ante la posibilidad de que la represión fuera indiscriminada, como prometían las medidas que se ponían en marcha. La cantidad de personal de seguridad era tanta que no había modo de circular por las calles. Un pase de comedia que se continuó con el cruce del nuevo jefe de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Kravetz, con la ministra Bullrich. Fue cuando al exsecretario de Seguridad de Lanús le preguntaron qué tenía para decir sobre el operativo de las fuerzas federales. «Pregúntenle a Bullrich», dijo, de malhumor. Luego, alguno de los movileros descubrió que estaba dialogando con el líder piquetero Eduardo Beliboni y se descargó contra el funcionario porteño. No podía tolerar que se intentara resolver la cuestión hablando. Esa es también otra expresión de los tiempos que corren. La indignación de comunicadores televisivos que parecían ansiar actos de violencia, hasta el posteo –luego borrado– en la red social X de un diputado bonaerense pidiendo directamente que corriera sangre, hasta los de militantes de LLA también furiosos porque, finalmente, los manifestantes pudieron marchar pacíficamente, llegar a la Plaza de Mayo, leer un texto alusivo a aquel 20 de diciembre y luego desconcentrarse tranquilamente. Solo hubo un par de incidentes menores con dos detenidos. Toda la marcha y los movimientos de los uniformados fueron seguidos por pantallas ubicadas en el Departamento Central de la Policía Federal por el presidente de la Nación, la ministra de Seguridad y la titular de la flamante cartera de Capital Humano, Sandra Petrovello. Otro acting muy afín a las películas de acción. Lo que ocurriría después también fue un revival de diciembre del 2001: tras el mensaje de un cuarto de hora de Milei –rodeado de sus ministros y un Sturtzenegger que resaltaba por su vestimenta disonante– comenzaron los primeros cacerolazos en distintos puntos de la ciudad. A medida que iban creciendo las protestas espontáneas, miles de personas se fueron acercando de las esquinas más características de los barrios y se inició una marcha lenta hacia el Congreso donde hasta altas horas de la madrugada permanecieron cantando consignas contra las medidas anunciadas.
Los chilenos volvieron a rechazar un proyecto de constitución en reemplazo de la que rige en el país desde la dictadura de Augusto Pinochet. Cuando se completaba el 99 del escrutinio, el Servicio Electoral (Servel) informaba que la opción “En contra” obtenía casi en 56% de los votos sobre el 44% del “A favor”. De esta manera se legitimó la Carta Magna que rige el país trasandino desde 1981 y que recibió nada menos que 63 modificaciones a lo largo de la democracia recuperada en 1990. De este modo se cierra un capítulo en la historia reciente de Chile, que tras la revuelta popular de 2019 y la llegada al gobierno del líder de las manifestaciones estudiantiles de 2010, Gabriel Boric, parecía encaminarse hacia el progresismo regional. La realidad indica que fue un giro de 360 grados para volver al camino inicial.
De todas maneras, esta nueva consulta popular fue una experiencia que es de pensar que servirá para que esos sectores que hace dos años habían construido una Constitución muy avanzada recuperen el camino de los grandes cambios sociales tras el susto de haber estado a las puertas de un texto aún más extremo del de Pinochet, que habían querido echar al trasto de la historia por las protestas en las calles del país.
Este domingo, unos 13 millones de ciudadanos acudieron a las urnas en una votación obligatoria -una de las condiciones que logró imponer la derecha para lo que se llamó “Plebiscito de salida” – y le dijeron “No” a una reforma verdaderamente regresiva. La Carta Magna había sido redactada al gusto de conservadurismo más rancio, encarnado en el Partido Republicano, que había logrado la mayoría de los cargos en el Consejo Constitucional para la elaboración del texto. La anterior consulta había sido rechazada por el 61% de los votos.
Esta Constitución ultraconservadora limitaba aún más si cabe el rol del Estado en la economía chilena y entre otras cosas, pretendía revisar las leyes de aborto. Si se tiene en cuenta que la normativa pinochetista era fruto de la primera experiencia a sangre y fuego de neoliberalismo de los Chicagos Boys en los ’70, con eso ya sería bastante para ver que quizás este extremo cuerpo constitucional sonaba a venganza más que a una propuesta con visos de ser aceptada para convertirse en Ley de Leyes.
Boric, que fue uno de los líderes de las rebeliones estudiantiles de los años 2010, esta vez se mostró neutral, para no quedar pegado a un resultado que apareciera como un referéndum sobre su gestión, que se inició en diciembre de 2021, luego de haber derrotado al ultraderechista José Antonio Kast en el balotaje. Kast, uno de los más conspicuos asistentes a la asunción de Javier MIlei a la presidencia hace 7 días, había fundado el Partido Republicano, que con 22 escaños tenía la mayoría para la redacción del texto ahora desechado, y se mostraba como el verdadero ganador de este proceso constitucional.
Foto: Pablo VERA / AFP
Las revueltas populares de 2019 dejaron literalmente al país patas para arriba y la centroizquierda mostró un avance inesperado y muy repentino. El caldo ce cultivo contra lo peor del neoliberalismo se venía macerando en todo el país desde una década antes. Así, la derecha pospinochetista, encolumnada detrás del dos veces presidente Sebastián Piñera, y los sectores del progresismo, que tenían en la llamada Concertación, en la que descollaba la socialista Michelle Bachelet, protagonizaron la vida democrática chilena desde 1990.
El emergente transitorio fue Boric, que desde su llegada al gobierno resulta cuestionado por no haber podido llevar a la práctica sus promesas electoral. Es que la derecha chilena si algo demostró en todos estos años es que tiene herramientas -lícitas y no tanto- para no ceder las riendas del país. Este giro de campaña que termina legitimando al legado pinochetista es una muestra bien patente.
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