Chile votó por el matrimonio igualitario a siete días de haber rechazado una ley que proponía la despenalización del aborto hasta las 14 semanas de gestación, en los últimos estertores de una campaña presidencial llamada a ser histórica. Y como suele suceder en estos trances, los dos candidatos de este ballotaje tejen alianzas de última hora en una estrategia se diría que desesperada por sumar matemáticamente apoyos con electores. Una quimera que no siempre se cumple.
Por eso, para el ultraderechista José Antonio Kast resulta esencial el aval de Franco Parisi, un economista radicado en Estados Unidos que además tiene cuentas pendientes en Chile por no pagar una pensión alimentaria tras un juicio de divorcio. Gabriel Boric, a su vez, si ben marcha primero en las encuestas, sabe que en el mundo de los sondeos nada es como parece y tiende lazos en el espacio progresista y la intelectualidad.
Será interesante saber como repercutirá en el electorado la ley aprobada este martes en el Congreso y que deberá refrendar el presidente Sebastián Piñera.
El 30 de noviembre el Legislativo había rechazado una ley de aborto que ninguno de los dos candidatos se mostraba dispuesto a aceptar, aunque en el caso del postulante centroizquierdista, recibió muchas críticas porque se limitó a estar ausente en el día de la votación. Kast, en cambio, siempre se presentó como un adalid del antiabortismo y si bien dijo que aceptaba la decisión legislativa de permitir el casamiento entre parejas del mismo sexo, aclaró que para él, “el matrimonio es entre un hombre y una mujer”.
De todas maneras, Kast aceptó reformular su discurso y su programa original ahora que está verdaderamente camino a la presidencia y sabe que se juega mucho más que una presencia testimonial. Por un lado, ensayó unas disculpas un tanto ambiguas para intentar demostrar que no es el retrógrado machista que trasuntaba en la primera vuelta.
Y cambió hacia un lenguaje más “inclusivo” elaborado en oficinas publiciarias y con resultados de focus group.
También debió aceptar otros condicionamientos para que el candidato oficialista Sebastián Sichel, que quedó cuarto en la primera vuelta, le diera su respaldo. Entre los términos que le exigió figuran respetar irrestrictamente los derechos humanos, no cerrar el INDH y abandonar el proyecto de ley para que el presidente de la Nación “tenga la facultad de interceptar, abrir o registrar documentos y todo tipo de comunicaciones, y arrestar a las personas en sus propias moradas o lugares que no sea cárceles, ni estén destinadas a la detención”.
No es que la derecha institucionalizada desde el regreso de la democracia sea la pulcritud en el respeto de las personas, pero lo de Kast sonaba a demasiado. Sichel -que en esto hasta se puede dar el lujo de quedar como un progresista, porque no tiene nada que perder- también le pidió el respeto a las minorías y condenar el discurso del odio que se esparce por las redes sociales.
Los estrategas de Kast, en tanto, recomendaron morigerar el discurso para ganar indecisos de la ancha avenida del medio y del primer programa, de 204 páginas, solo quedaron 55 carillas donde usa el mismo argumento para reconocer supuestos errores en cuanto al Ministerio de la Mujer para rectificarse sobre el medio ambiente. “Se nos acusó de ser negacionista o no creer en el cambio climático y es evidente que nosotros hemos planteado que existe cambio climático. No lo supimos explicar bien en algunos de los puntos de nuestro programa y eso ha quedado aclarado”, dijo en una entrevista televisiva.
Donde tiene algo más que explicar es en el deseo de captar votantes de Parisi, el increíble personaje que logró un 12,8% de los votos sin pisar suelo chileno, desde las redes sociales y sin poder evitar que salieran a la luz sus serias cuentas pendientes por falsificación de firmas cuando anotó su candidatura en 2013, irregularidades en gastos de campaña de ese año, una denuncia por acoso sexual y la ya contada de deuda por pensión alimentarias de sus dios hijos.
Así explicó su apoyo a Kast, con un ¿error de tipeo? Incluido.
Kast, por su parte, recibió estos días el respaldo de la extrema derecha antichavista, de la mano de Leopoldo López, el prófugo dirigente del parido Voluntad Popular exiliado en España y con causas por violencia política en Venezuela.
Y desde ese lugar interpreta los incidentes xenófobos en el norte de Chile contra migrantes venezolanos que intentaban ingresar al país transandino.
Boric, en tanto, profundiza su mensaje de cambio sin mostrarlo como demasiado disruptivo hacia posiciones de izquierda.
Boric cuenta con el apoyo de intelectuales y capas medias politizadas, aunque, por cierto, que no ostentan los galardones del premio Nobel de Literatura peruano-español Mario Vargas Llosa.
Pero si se destaca este spot de campaña de, cantautor y multiinstrumentista Nano Stern en favor del joven que busca representar la aspiración de cambios expresada en las movilizaciones de 2019.
La presidenta electa de Honduras presentó un ambicioso plan de gobierno de 30 puntos que colocan nuevamente al país centroamericano como abanderado del progresismo en esa región del continente y alienta esperanzas para quienes vienen tejiendo alianzas para una integración democrática. Entre las primeras medidas a poner en marcha cuando asuma el gobierno el 27 de enero, Xiomara Castro adelantó que pedirá una misión de la ONU para investigar la corrupción que hereda del actual régimen. Pero también dijo que pedirá la derogación de las leyes de la impunidad.
“Lucharé y apoyaré la derogación de las leyes de la dictadura: Ley del Consejo de Seguridad y Defensa, Ley de Secretos, Ley de Escuchas, Ley de Zonas Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), Ley de Coalianza, Ley del Congreso Nacional y demás leyes vigentes, aprobadas en la hemorragia legislativa del 2013 para conformar la dictadura”, dijo en un mensaje que alarmó a los sectores de la derecha más rancia que apoyaron en 2009 el golpe de Estado contra su marido, el presidente constitucional Manuel “Mel” Zelaya, ahora autodenominado “simplemente asesor” y sin aspiraciones a ningún cargo.
Castro, de 62 años, que aplastó con un inapelable 51% de los votos y 15 puntos de diferencia con el candidato del oficialismo, también dijo que convocará a un referéndum para reformar la Constitución. Una de las excusas para la destitución de Zelaya fue que planteaba colocar una urna para que los ciudadanos votaran si querían una reforma de la Carta Magna, que tenía una cláusula “pétrea” que impedía modificaciones. Luego, el actual mandatario, Juan Orlando Hernández (JOH), la cambió sin problemas para reelegirse. En cercanías de la futura mandataria temen que ese punto genere irritación cuando hay otros temas quizás más urgentes para resolver.
Por lo pronto, Honduras tiene un índice de pobreza de casi el 60% y es el punto de partida de miles de ciudadanos que en caravana salen hacia Estados Unidos para intentar una mejor vida. Y tiene una deuda de 17 mil millones de dólares que ahoga los esfuerzos por cambiar esa realidad con políticas inclusivas a la que se propone auditar para determinar dónde se usó el dinero y por qué.
Castro se propone también recuperar las empresas estatales de energía eléctrica, telefonía y de aguas, además de los aeropuertos, los puertos y los peajes carreteros. “Reduciré el precio de la energía eléctrica para que la empresa privada, especialmente la micro, pequeña y mediana empresa, sea más competitiva, y los más pobres no deban asumir los costos de la energía eléctrica”, detalló.
Los migrantes hondureños huyen de la miseria, pero también de la violencia. Por tal razón, Castro quiere crear una Policía Comunitaria en los barrios y aldeas “como un brazo coordinado por la Policía Nacional Preventiva”. En esa línea, afirma que llevará a cabo una lucha frontal contra el narcotráfico. “Vamos a garantizar la seguridad de nuestras fronteras, tanto aéreas como marítimas, para que, tanto el narcotráfico como el tráfico de armas, no se puedan dar en nuestro país”.
El problema narco es de tal magnitud, que el hermano del presidente saliente está detenido con prisión perpetua en EE UU por tráfico de estupefacientes y el propio JOH aparece implicado en una red. Nadie garantiza que el hombre que gobernó con mano de hierro desde 2014 y logró una reelección amañada por el apoyo determinante de Donald Trump en 2017 pueda zafar de un proceso judicial en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Sus estrategas legales esperan que le levanten cargos en Honduras, cosa de demorar una posible extradición a la espera de mejores vientos.
La llegada de Joe Biden a la Casa Blanca fue clave para que le quitaran el apoyo a JOH, lo que pavimenta buenas relaciones entre Washington y Tegucigalpa, al menos al inicio. Con la piedra en el zapato de Nicaragua y la creciente tensión con Guatemala y El Salvador, el secretario de Estado Antony Blinken busca buenas migas en Honduras. No deja de lado que Taiwán mantiene relaciones con varios países de la región, lo que para China es causal para no establecer lazos diplomáticos. Honduras es uno de esos países, junto con Haití, Paraguay, Guatemala y Nicaragua. En el marco de la estrategia por aislar al gigante asiático de América Latina y el Caribe, que la presidente taiwanesa Tsai Ing-wen haya sido de las primeras en felicitar a Xiomara y que el vicepresidente electo, Salvador Nasralla, haya desechado de cuajo cambiar de socios “mientras tengamos apoyo de EE UU”, es señal auspiciosa para Blinken.
Nadie puede llamarse a sorpresa sobre el carácter ultraconservador de la Corte Suprema de Justicia supo armar Donald Trump para dejar como legado a sus sucesores. Y entre los temas que ese tribunal tenía como objetivo -se sabía- figuraba en uno de los primeros lugares anular de alguna manera el fallo Roe vs Wade, que a falta de una ley federal de aborto, impide penalizar la interrupción voluntaria del embarazo. El dictamen es de 1973 y su anulación está en la agenda conservadora desde entonces por eso de que la derecha no es de rendirse.
Unos días antes de la elección de 2020, Trump logró imponer a Amy Coney Barrett en el máximo tribunal en reemplazo de una liberal y defensora de los derechos de las mujeres, Ruth Bader Ginsburg, que había fallecido a los 97 años unas semanas antes. Los demócratas plantearon incluso la posibilidad de aumentar el número de jueces para contrarrestar esa desigualdad notoria. Pero nada hicieron al respecto.
El empresario inmobiliario ya había designado a otros dos conservadores, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh, con lo que inclinó la balanza decisivamente hacia posturas de derecha en una corte que normalmente fluctuaba en uno en mas o en menos hacia cada lado de la balanza y ahora, repentinamente, paso a contar con 6 votos sobre 3 pata formatear al país por décadas.
Lo primero que se pensó entonces era que Trump se garantizaba un tribunal que apoyaría las denuncia que ya desplegaba en torno a fraude electoral. Pero los movimientos feministas alertaron con mucha perspicacia que el “botín” que estaba en riesgo era el de ese fallo que al cabo de casi medio siglo permitió que las mujeres pudieran ejercer su derecho al aborto hasta la semana 24ª.
Ya había movidas en cada estado para ponerle freno a esa cobertura judicial y en julio de 2020 hubo un caso testigo cuando la Corte invalidó una ley de Luisiana que habría obligado a cerrar las clínicas de aborto. Trump se declaró “decepcionado” con los magistrados que había nombrado.
Ahora los jueces están analizando una ley de Misisipi -un estado del conocido como “Cinturón Bíblico”- que en 2018 prohibió la interrupción del embarazo hasta la semana 15ª. Las organizaciones feministas se pusieron nuevamente en alerta cuando se supo que el tribunal iba a analizar la decisión impulsada entonces por el gobernador republicano Phil Bryant y que había sido rechazada en todas las instancias inferiores.
Corre nuevamente peligro la sentencia Roe vs Wade que, cada tanto vuelve a ser sometida a presiones revocatorias. Había ocurrido en 1992 con el caso conocido como Planned Parenthood vs. Casey. Esa vez la Corte confirmó el fallo de 1973 -que habla de las garantías individuales a decidir en cuestiones privadas- y determinó que “un Estado no puede prohibir a ninguna mujer tomar la decisión final de interrumpir su embarazo antes de la viabilidad”.
Nuevamente ahora los colectivos autodenominados “provida” levantaron sus antenas y el miércoles pasado se vistieron de celeste -a la manera de sus pares latinoamericanos- frente al Palacio de Justicia en Washington para manifestar su apoyo a un fallo quelimite o impida directamente el aborto.
Sonia Sotomayor, una de las tres jueces progresistas -nombrada por Barcak Obama- consideró que la revocación de Roe v. Wade daría la impresión de que el máximo tribunal es un organismo político y no judicial. «¿Sobrevivirá esta institución a la fetidez que esto crea en la percepción pública de que la Constitución y su lectura son solo actos políticos?», se preguntó, según refleja un cable de la agencia AFP.
Kavanaugh, en tanto, puesto ciertamente en adalid del sector antiabortista, planteó por qué la Corte “debería ser el árbitro en lugar del Congreso, las legislaturas estatales, las cortes supremas estatales, el pueblo?». Y deslizó lo que tal vez termine siendo su dictamen: que cada estado federal decida. Algo así como ocurre con la pena de muerte, curiosamente.
Pero Kavanaugh tiene algunas cuentas pendientes en su pasado que no pocos en Estados Unidos consideran repudiable y que salió a la luz cuando fue nominado por Trump.
La que lo recordó estos días fue la representante por Nueva York del ala izquierda de los demócratas, Alexandria Ocasio-Cortez.
“Recordatorio de que Brett Kavanaugh * todavía * sigue siendo acusado de forma creíble de agresión sexual en múltiples cuentas con detalles corroborados y este año el FBI admitió que nunca se investigó por completo. Sin embargo, el tribunal le está permitiendo decidir si legaliza el parto forzado en Estados Unidos. Sin recusación”, dijo.
En otro tuit del mismo hilo, Ocasio-Cortez puntualiza que “de los 9 jueces (de la Corte), 3 fueron nombrados por un hombre que intentó derrocar al gobierno de los EE. UU. (Y fue elegido por minoría)”. Y agrega que esos tres decidirán sobre “el hecho de obligar a las personas a dar a luz en contra de su voluntad”.
La centralidad que mantiene en la política argentina la vicepresidenta Cristina Fernández quedó de manifiesto una vez más el último fin de semana de noviembre. El viernes 26, el anuncio de que el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº5 había sobreseído a la expresidenta y a sus hijos en la causa por supuesto lavado de dinero en las sociedades Hotesur y Los Sauces fue la primera señal. La decisión firmada por los jueces Adrián Grünberg y Daniel Obligado, con la disidencia de Adriana Palliotti, recibió, como era previsible, el rechazo de la oposición y de los medios hegemónicos que incluso convocaron, con poco éxito, a una caceroleada frente al edificio donde vive CFK, en el barrio porteño de Recoleta. Más allá de las discusiones sobre el fallo, la decisión de los magistrados que evitaron la realización del juicio oral y público por el caso de los hoteles de la familia Kirchner desató una andanada de indignación en un sector bien determinado del arco político y mediático. Esa misma mañana, el expresidente Mauricio Macri había obtenido un guiño favorable a su intento de sacar del tribunal de Dolores, a cargo del subrogante Martín Bava, la causa por espionaje ilegal a familiares de víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan para llevarla a uno en Comodoro Py más amigable para sus intereses. Entre los que condenaron el aval de la Cámara Federal de Mar del Plata a que el Tribunal de Casación decida en qué juzgado continuará la investigación estuvieron los propios espiados, que desde un primer momento cuestionan las continuas maniobras de la defensa de Macri para evitar que sea imputado por esa causa y lo que califican como permisividad intolerable del Poder Judicial. Sin embargo, pocos días después el expresidente fue procesado por Bava. Para el magistrado, Macri consintió prácticas ilegales que se inscriben en un «cambio de paradigma» en la estrategia de seguridad e inteligencia de la Argentina desde la recuperación de la democracia. «Las prácticas ilegales que se ventilan en esta resolución nos remontan a las épocas más oscuras de nuestro país», escribió Bava, tras considerar que «la tarea que llevaba adelante la AFI era espiar y después analizar si había un delito». También en este caso, la discusión técnica sobre quién debería investigar qué cosa está teñida del recelo en una sociedad donde parte de la dirigencia y casi todos los medios de comunicación hace tiempo que no discuten sobre la realidad sino sobre interpretaciones que llevan agua a cada molino. Pero si hay una diferencia entre lo que ocurre hoy con el accionar del sistema judicial y el anterior Gobierno es que parece haber caído en desuso la llamada «doctrina Irurzun», que permitió detenciones por el presunto «poder residual» que conservarían funcionarios de Gobiernos pasados. Lo que le genera no pocas críticas al manejo del área de Justicia del presidente Alberto Fernández dentro de la tropa oficialista, que reclama por la detención de Milagro Sala y considera que no se hace nada para exculpar a los perseguidos por el macrismo. No es la primera causa contra Cristina Fernández que naufragó en estos meses. Baste recordar las de dólar futuro y memorándum con Irán. En ninguna de ellas está dicha la última palabra porque siempre quedan instancias de apelación, incluso ante la Corte Suprema. En el caso de Macri, los procesos abiertos en su contra parecen encaminarse hacia un fárrago sin resolución en el foro que más lo favorece, que son los tribunales federales del barrio porteño de Retiro. A medida que avanzan las negociaciones por la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) también se potencian las críticas hacia el Gobierno dentro de la coalición gobernante, las presiones mediáticas –acompañadas por maniobras en los mercados financieros– y los brulotes de la oposición. No faltan quienes puntualizan la demora y hasta la inacción para impulsar la denuncia realizada en marzo pasado luego de un informe del Banco Central y la Auditoría de la Sindicatura General de la Nación sobre el acuerdo con el FMI de 2018, que dejó un tendal de 44.000 millones de dólares de deuda que amenazan el futuro de varias generaciones de argentinos. La causa «Macri, Mauricio y otros s/ defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública» quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº5 a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, quien delegó la investigación al fiscal Franco Picardi.
Gritos y silencios No hubo muchas novedades en el caso, salvo elementos que aportó el propio Macri, quien en sucesivas declaraciones dijo que el destino de ese monto monumental de dinero fue para pagar deudas del Gobierno anterior y luego afirmó que era «para pagarles a los bancos comerciales que se querían ir del país». En las últimas semanas y luego de las elecciones de medio término, el propio presidente Alberto Fernández puso en la agenda la negociación con el FMI. La oposición y sus medios afines batieron palmas sobre qué pensaba la vicepresidenta acerca de cómo se llevaban adelante esas conversaciones entre el Gobierno nacional y la cúpula del Fondo. Y sobrevoló nuevamente la especulación de qué quería gritar con su silencio en torno al asunto, si se permite el oxímoron. Pero sobre el final de noviembre otra carta de CFK removió el avispero político. La noticia de que la vicepresidenta había escrito una nueva misiva hizo temblar a propios y ajenos, recordando el vendaval que había provocado su carta del 17 de septiembre luego de que el oficialismo perdiera las PASO, con cambio de Gabinete incluido. El tema central de esta no fue sobre espacios internos o cuestionamientos más o menos velados a la tarea de algún funcionario, sino que giró en torno a la negociación con el FMI por la astronómica deuda contraída por Macri. Para irritación de quienes no la quieren, fue directo al grano desde el título: «De silencios y curiosidades. De leyes y responsabilidades». Y dispara una serie de preguntas provocativas. «¿En serio que los mismos y las mismas que trajeron de vuelta el FMI a la Argentina, reiniciando el ciclo trágico de endeudamiento que Néstor Kirchner había clausurado en el año 2005, hoy no se hagan cargo de nada? ¿En serio que los mismos y las mismas que recorrieron el país y los canales de televisión recitando el mantra “hay que quitarle la mayoría a Cristina en el Senado para que el Congreso no sea una escribanía del Gobierno”, ahora quieren que “Cristina defina si el acuerdo con el FMI está bien o está mal?”». La misiva, luego de reconocer que el peronismo por primera vez desde 1983 pierde el quorum en el Senado, recuerda que «la lapicera» para firmar el acuerdo la tiene el presidente, y que el documento deberá pasar por la instancia del Congreso. Al mismo tiempo, alienta al primer mandatario a sostener su discurso del 9 de julio pasado en la Casa de Tucumán, en el que dijo «nunca esperen de mí que firme algo que arruine la vida del pueblo argentino, nunca, nunca».
Diego Alejandro Ravasio, de 44 años, y Martín Cruz Fielberg, de 48, fueron imputados y quedaron detenidos con prisión preventiva por el asesinato del joven mapuche Elías Garay, de 29 años, en Cuesta del Ternero, al norte de la localidad rionegrina de El Bolsón, donde también resultó herido Gonzalo Cabrera, de 21. Este caso es emblemático por varias razones. En primer lugar, muestra una escalada peligrosa contra la comunidad mapuche que viene creciendo desde la llegada del Cambiemos al poder en diciembre de 2015. Los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel son las primeras muestras de una ofensiva que tiene condimentos políticos, xenófobos y una dosis de intereses económicos que subyacen cada vez menos ocultos. Unos días antes del asesinato de Garay, el presidente Alberto Fernández había prorrogado por otros cuatro años mediante un DNU la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras de las comunidades originarias que contempla la Constitución de 1994. La Lof Quemquemtrew, asentada en Cuesta del Ternero, está sitiada por fuerzas policiales porque los terrenos están reclamados por dos empresarios de la zona para una explotación maderera. No les dejan ingresar ninguna vitualla, pero los acusados pudieron pasar sin problemas. Feilberg y Ravasio están relacionados con los empresarios. Sus nombres quedaron registrados en el puesto policial que custodiaba el sector por donde entraron. Y fueron identificados en la declaración testimonial de Cabrera. En Bahía Blanca, la dirigente mapuche Olga Curipán sufrió la amenaza de un ignoto grupo parapolicial autodenominado Comando de Restauración Nacional. En El Bolsón, jinetes vestidos de gauchos corrieron a rebencazos a manifestantes que reclamaban justicia por Elías Garay y luego declararon sin inmutarse: «Mapuches eran los de antes».
Con la paciencia de un artesano, Mel Zelaya, construyó una herramienta política Libre, para romper con el bipartidismo y desalojar del poder a los usurpadores que lo expulsaron hace 12 años interrumpiendo un proceso progresista en Honduras. Y ahora puede celebrar como propio el triunfo de Xiomara Castro Sarmiento, su esposa, por 20 puntos de diferencia sobre el derechista Nasry Juan Asfura Zablah. Un resultado el de las elecciones de este domingo que alegra a los sectores enrolados en la izquierda regional y alienta esperanzas del renacer de los gobiernos populares en América Latina luego de un ciclo con tintes ultraderechistas y de pérdidas de derechos.
Si bien el Consejo Nacional Electoral (CNE) había dejado de actualizar el conteo de votos con el 51,45% de las mesas escrutadas, la diferencia a favor de Xiomara Castro era tanta que resultaba difícil articular una maniobra para birlarle el resultado, como había ocurrido en 2017 a favor del actual presidente, Juan Orlando Hernández (JOH), cuando un “repentino” corte de luz jugo a favor del mandatario.
Para la candidata del Partido Refundación y Libertad, Libre, el resultado daba en el último cierre, 53,61% del total, con 961.694 votos, mientras que el postulante del oficialismo, con la bandera del Partido Nacional, sumaba 607.492 votos y un porcentaje de 33.87%. Los electores habilitados son 5.182.425 ciudadanos empadronados.
Con esta tendencia, Xiomara se declaró ganadora y agradeció a sus electores.
Más interesante como para saber cómo se juegan las fichas en esta ocasión, la por ahora candidata ganadora agradeció también al titular de la cámara empresaria que pronto aplaudió su triunfo.
Y en cadena se fueron sucediendo los mensajes de felicitaciones.
De su esposo, claro.
Del hijo del matrimonio
Y también de uno de los postulantes que compitió este domingo, el representante del Partido Liberal Yani Rosenthal. A quien siguieron los líderes latinoamericanos para quienes un gobierno de Xiomara Castro no les resultará indiferente.
Es el caso de Evo Morales, que tuvo tiempo para un mensaje en su red social cuando se acercaba a La Paz para finalizar la Marcha por la Patria y contra la derecha golpista.
Hicieron lo propio el presidente cubano.
El venezolano.
Y el líder progresista colombiano Gustavo Petro, que aspira a ingresar en esa liga el los comicios del año que viene.
Tampoco podía faltar el mensaje del Grupo de Puebla.
Zelaya, si bien no se consideraba inicialmente como un presidente de la centro izquierda latinoamericana cuando llegó al gobierno, en 2006, pronto percibió los aires que soplaban en la región con Hugo Chavez, Lula da Silva, Néstor Kirchner, Evo Morales y el Frente Amplio en Uruguay.
Cuando en 2009 intentó hacer un referéndum para cambiar la constitución, la derecha -en alianza con la embajada de EEUU, que nada había cambiado con la llegada de Barack Obama a la Casa Blanca- promovió el golpe. Militares desalojaron a Zelaya poniéndolo como quien dice de patitas en Costa Rica con la excusa de que quería perpetuarse en el poder modificando la Carta Magna con el único propósito de conseguir la reelección.
Así recordaba Zelaya aquellos momentos y analizaba el futuro, a diez años del golpe.
En elecciones con la proscripción de Zelaya, en Hernández, JOH para la prensa hondureña, llegó al poder tras ganar las elecciones de 2017. No tuvo demasiada oposición para modificar el artículo “petreo” de la Constitución y conseguir que la Corte Suprema le autorizara la reelección. Pero JOH es indefendible incluso para el departamento de Estado y en Estados Unidos pululan investigaciones judiciales por su relación con el narcotráfico. Un juez federal de Nueva York condenó en marzo pasado al hermano, Juan Antonio “Tony” Hernández, por cuatro cargos, entre ellos tráfico de drogas. Y vienen ahora por él.
Vinculado al progresismo latinoamericano, Zelaya había fustigado el año pasado al Grupo de Lima y a esos gobiernos sumisos a las directivas de la administración Donald Trump.
Ahora un gobierno hondureño vuelve a tener ocasión de inscribirse en esa plataforma antineoliberal y de respeto a la voluntad y las necesidades populares. Menudo compromiso.
La Central Obrera Boliviana llamó a una multitudinaria concentración este lunes en la Apacheta, de El Alto, para recibir a la Marcha por la Patria, que con Evo Morales a la cabeza, partió el martes de Caracollo, Oruro, cerca de 200 kilómetros al sur. Esperan sumar a un millón de personas en apoyo del gobierno democrático de Luis Arce y contra los intentos golpistas que surgen desde Santa Cruz de la Sierra.
El viernes, desde Ayo Ayo, una de las paradas intermedias, Morales dijo que la movida, que se inició junto con el presidente Arce y el vicepresidente David Choquehuanca, “se resume en la defensa de este proyecto político y social que hemos construido”, del que resaltó que “no viene del Fondo Monetario Internacional, que solo nos trae privatizaciones. Estamos acá los nacionalizadores”, agregó.
Hace dos años, un golpe contra Evo, fomentado por la derecha –con eje en el líder entonces de los llamados Comités Cívicos de Santa Cruz de la Sierra, Luis Fernando Camacho– tuvo apoyo de los medios de comunicación pero para concretarlo fue clave el rol de la COB, de la cúpula de las Fuerzas Armadas y de la policía boliviana. Había comenzado denunciando fraude en el triunfo de Morales de octubre de 2019 –en este caso la “ayuda” de la OEA de Luis Almagro fue decisoria– y con cortes y movilizaciones de grupos de choque derechistas.
En 2020, y tras las demoras por la pandemia –convenientemente aprovechadas por el gobierno de facto de Jeanine Áñez– el MAS-IPCP volvió a ganar, por el 55%, de la mano de Arce, arquitecto del “milagro económico boliviano” durante las presidencias de Evo, y Choquehuanca, que fue el canciller durante gran parte de su mandato. Camacho ganó, a su vez, la gobernación de Santa Cruz de la Sierra, el reservorio del separatismo.
La derecha habló de un nuevo fraude, aunque no cuestionó el triunfo de Camacho. Desde La Paz, el gobierno comenzó a desplegar su agenda antineoliberal e impulsó el juzgamiento de todos los delitos cometidos por los golpistas, incluidas las masacres de Sacaba y Senkata.
La aprobación en agosto de la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo fue la excusa justa para que los sectores ideológicamente opositores aglutinaran también a quienes sintieron afectados sus bolsillos. Se trata de una norma para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en línea con iniciativas de organismos financieros internacionales y la ONU. Proliferaron paros y cortes de ruta armados por la oposición que hicieron peligrar el abastecimiento de productos esenciales.
Arce buscó calmar los ánimos derogando la llamada también Ley Madre. Eso generó controversias dentro de la derecha, porque el sucesor de Camacho en el Comité Cívico cruceño, Rómulo Calvo, decidió levantar las medidas de fuerza, ganando la hostilidad de los grupos más radicalizados.
Camacho, en tanto, alienta el debate sobre el federalismo. Bolivia tradicionalmente adscribió al centralismo unitario, y así también quedó definido en la Constitución de 2009 que crea el Estado Plurinacional. El rechazo de la mitad más rica de Bolivia, el Oriente, tiene profundas raíces históricas, culturales y también raciales. El Altiplano es territorio con mayoría de descendientes de los pueblos originarios. El sector oriental, controlado por criollos de origen europeo y cada vez más influidos por la nueva derecha internacional, económicamente egoísta, xenófoba y antidemocrática.
En 2008 fomentaron la secesión para poner fin al “dominio de los indios”. No contaron con el apoyo de las Fuerzas Armadas, razonablemente opuestas a la división del país. Pero fueron sembrando en ese sector de la administración central al punto de sumarlos al golpe de 2019. Y ahora diseñaron una estrategia con el mismo objetivo de no ceder nada de sus recursos para el crecimiento del total de la sociedad, pero sin romper la unidad territorial. “Hay departamentos y regiones que quieren dirigir ellos mismos su desarrollo, el centralismo y el masismo no los dejan. Ha llegado el momento de discutir una solución de fondo y esa solución se llama federalismo”, dice ahora Camacho.
En este año, Arce ya cambió tres veces la cúpula militar, sabedor de que ahí anida un enemigo poderoso. Baste solo recordar que Evo terminó por renunciar luego de una imposición del comandante en jefe de las FF AA, el general Williams Kaliman y una “sugerencia” entonces de la COB. Esa misma dirigencia sindical que hoy pide apoyo para sostener al gobierno democrático.
Cumbre en México
Los presidentes Luis Arce y Alberto Fernández participarán en forma virtual de la presentación de la propuesta de Modelo Solidario de Desarrollo para América Latina, El Caribe y Europa del Grupo de Puebla. La organización que nuclea a 54 líderes progresistas de 16 países se reunirá presencialmente por primera vez tras la pandemia en la Ciudad de México entre el lunes y el 1 de diciembre.
Confirmaron su presencia los expresidentes Ernesto Samper de Colombia, Dilma Rousseff de Brasil, Rafael Correa de Ecuador y José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno de España. También participará la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena. Lula da Silva enviará un mensaje grabado como forma de expresar su adhesión a un grupo del que fue inspirador.
Aunque no es el centro del debate, sin dudas el acoso a los gobiernos democráticos de Bolivia y Perú y la elección en Chile serán parte de los temas a tratar.
Fernández acudió en defensa de Morales y le dio asilo en Argentina a fines de 2019.
Comentarios recientes