Los que se tomaban a la chacota los gestos ampulosos de Donald John Trump durante su turbulento primer mandato comprueban en su segunda etapa en la Casa Blanca que el hombre realmente quiere ser recordado como emperador Donald I y, si la vida le alcanza, pone todo su empeño para lograrlo. Cierto que el planeta no era un lecho de rosas cuando llegó a la presidencia, pero habrá de reconocerse que lo que no estaba descompuesto lo hizo trizas y en los 342 días que lleva en el Salón Oval dio vuelta la taba de manera decisiva. Aunque, claro, en el recuento final, habrá que ver cuánto de lo que hizo se debe a su impulso y cuánto a que se montó sobre una ola que no siempre manejó a su voluntad. Pero con eso también se construye una época.
Para comenzar, entonces, digamos que el 20 de enero de este 2025 a punto de concluir, DJT había avisado sobre qué ejes pensaba realizar la 47ª Presidencia de EE UU. En su discurso inaugural dijo, pomposamente, que “el declive de Estados Unidos ha terminado”, que ese sería el “Día de la Liberación” (sic) y después hizo un prolijo enunciado de los ejes sobre los que giraría para reconstruir la “nación manufacturera” que se fue diluyendo con la globalización. Un punto clave sería el gobierno de William McKinley (1897-1901), “que hizo a nuestro país muy rico a través de los aranceles y a través del talento». Y explicó: «Era un hombre de negocios y le dio a Teddy Roosevelt el dinero para muchas de las grandes cosas que hizo, incluyendo el canal de Panamá, que ha sido tontamente entregado luego”.
Nadie debería haberse sorprendido entonces de que el tema de los aranceles como arma de guerra hubiera teñido la primera parte de su gestión. Una guerra en la que finalmente no obtuvo los resultados que esperaba, aunque en el entretanto logró doblegar a una Europa que sumisamente aceptó un 15% de tasa arancelaria del que se supone que es su aliado de hierro. Con China, el enemigo fundamental, no tuvo el mismo éxito y tampoco con Brasil, a pesar de las bravuconadas contra Lula da Silva por la detención de su aliado, el ultraderechista Jair Bolsonaro. Cierto que se trata de negociaciones en las que a veces se debe ceder. Pero hay que ver cómo Donald I siempre se muestra triunfador, contra toda evidencia.
Otro ítem que, con sonrisa canchera, prometió ni bien jurara el cargo, es poner fin a la guerra en Ucrania, “una guerra que ni siquiera hubiera comenzado si yo hubiera sido presidente”, decía. Todavía en ese terreno no hubo fumata blanca, pero si fue ostensible el acercamiento con Vladimir Putin que culminó en una cumbre en la base militar de Anchorage, Alaska, el 15 de agosto. Fuera de las palabras de ocasión formuladas al finalizar el encuentro, no cuesta mucho sostener que allí se esbozó una suerte de Yalta 2.0 al que le faltó China, pero del que Europa decididamente se quedó con la ñata contra el vidrio y mascullando bronca.
Hegseth en la «Asamblea» con los generales.
Meses antes, Israel venía acentuando una ofensiva contra Líbano, Palestina e Irán -Hezbollah y Hamás en los términos planteados por el gobierno de Benjamin Netanyahu- pero sobre todo desarrollando un genocidio en Gaza que no había manera de ocultar. La situación estuvo por salirse de cauce cuando a mediados de junio hubo un fuerte intercambio de misiles que alarmaron en territorio israelí y EE UU lanzó una operación contra las plantas nucleares del país persa en Fordow, Natanz e Isfahan. Ese fue un quiebre para los acólitos de Donald I, que habían militado el MAGA (Hacer a EE UU Grande Otra Vez, en inglés), eran tan derechosos como él, pero entendieron que su nación se había entregado a la voluntad de Netanyahu. Fueron acusados de antisemitas, por supuesto, pero esa ruptura dará para mucha tela todavía. ¿Por qué Trump habría cambiado su estrategia para la región? Lo sugirió quien todavía era su “ministro de la motosierra”, el magnate Elon Musk: los archivos del empresario sexual Jeffrey Epstein, que son como una espada de Damocles sobre el presidente y sobre gran parte de las elites de occidente. Otra historia que por estos días está en desarrollo.
En septiembre, hubo otro dato para expresar la época. El inquilino de la Casa Blanca anunció el cambio de nombre para la Secretaría de Defensa. Pasaría a llamarse, Secretaria de Guerra, como lo había sido desde la fundación de Estados Unidos y hasta 1947. El funcionario a cargo de esa cartera, Pete Hegseth, les puso estándares más bien espartanos a 800 generales en una arenga en la base de Quantico, Virginia. Les dijo, suelto de cuerpo, que “quien quiere la paz debe prepararse para la guerra”, una frase del escritor latino Flavio Vegecio Renato.
La destrucción y el genocidio en Gaza.
En este cierre del año, Donald I vuelve al plan que había presentado ese 20 de enero y sobre la que ahora viene a cuento extenderse. Habló entonces de recuperar el canal de Panamá, tema sobre el que avanzó con la ayuda del fondo Black Rock, que compró los puertos de Balboa y Cristóbal a la empresa china que los manejaba. Dijo también que se tomaría Groenlandia -un territorio en manos de Dinamarca que encierra la llave geopolítica para el acceso al Ártico y cierra la plataforma del continente americano o hemisferio occidental, como lo llaman allá en el norte. Ahora designó al gobernador de Luisiana, Jeff Landry, como enviado para negociar la compra, como en 1806 se había hecho con esa región al mismísimo Napoleón. O sino la apropiación, qué tanto.
Eso es lo que está haciendo en el Caribe con petroleros que salen de Venezuela, en una ofensiva para “recuperar el petróleo venezolano, que es nuestro”, según amenaza. Operación propia de los antiguos piratas -así se construyó el imperio inglés- que desafía también a Colombia y Brasil y cualquiera que ose desafiar al nuevo amo de esta parte del mundo. Que, por otro lado, fue ganando fichas en este tablero de ajedrez mediante provocaciones, pero también en las elecciones de Ecuador, Bolivia, Argentina, Chile y Honduras.
El 5 de diciembre Trump presentó la Estrategia de Seguridad Nacional-2025 en la que establece el Corolario Trump a la Doctrina Monroe. En 1904, el sucesor de McKinley -que, a todo esto, fue asesinado antes de terminar su mandato- había instaurado el Corolario Roosevelt, que contemplaba la política del Gran Garrote para dominar en la región y surgió, vaya “casualidad”, tras el bloqueo a Venezuela por potencias europeas que pretendían cobrarse la deuda por las malas.
Una más: el libro de Flavio Vegecio Renato, Epitoma rei militari (Compendio de los asuntos militares), fue escrito hacia el año 390, 86 años antes de que el germano Odoacro depuso a Rómulo Augústulo, el último emperador romano. «
Putin con el arzobispo ortodoxo ruso de Alaska.
Ese viejo y olvidado Estado Profundo
Desde su primera escala en la Casa Blanca, Donald Trump chocó con lo que llamó el Estado Profundo. Esto es, esas organizaciones burocráticas -incluye a los servicios de vigilancia y espionaje, el FBI, la DEA y el Pentágono- que según esa óptica, son los que diseñan realmente la política estadounidense. ¿Cómo lo hacen? En el mejor de los casos, aconsejando (guiando, presionando) al presidente de turno sobre pasos a seguir. En el peor, desde la amenaza, la extorsión o eventualmente el asesinato, todo sirve para lograr los mismos objetivos.
Como DJT resultaba tan disruptivo contra la globalización, tuvo una pelea cuerpo a cuerpo con lo que en inglés se le dice Deep State. Ejemplos de aquellos años: la acusación de injerencia rusa en las elecciones que lo llevaron a ganar la elección de 2016, que obligó a la renuncia de Asesor de Seguridad Nacional, el general Michael Flynn, a pocos días de haber asumido.
Para esta segunda administración, Trump se codeó con algunos que entendían de qué venía la cosa en esos asuntos, como el secretario de Salud, Robert Kennedy Junior, quien de denunciar que su padre y su tío, el presidente John Fitzgerald habían sido víctimas de una confabulación organizada desde esos oscuros rincones del aparato estatal. La mujer que designó al frente de la Dirección de Inteligencia Nacional, la oficina que regentea 16 agencias de espionaje, Tulsi Gabbard, también es una crítica del funcionamiento del esas entidades.
La designación de Marco Rubio al cargo de secretario de Estado era una señal nítida de que Trump tiene prioridades, y reforzar el control de Latinoamérica es de orden anterior a pelear contra el Estado Profundo. Porque el republicano de origen cubano tiene vinculaciones ancestrales con esas verdaderas cloacas del sistema político. Pero quizás esa sea su ventaja, ya que conoce de adentro esos entresijos, como recordó hace poco el presidente colombiano, Gustavo Petro, al afirmar que si querían buscar narcotraficantes debieran empezar en Miami, no lejos de la mansión de Mar-a-Lago, donde colombianos exiliados y hasta algunos familiares de Rubio aparecerían vinculados a ese negocio del que se acusa al gobierno de Nicolás Maduro.
«Cuidado con los Idus de Marzo», le habían advertido a Julio César, por ese 15 de marzo del 44 a. C., que sería el último de sus días cuando fue asesinado por Marco Junio Bruto. A los Gobiernos neoliberales argentinos les cabe un «cuidado con la Señora de la Esperanza», que según el santoral de la Iglesia Católica se celebra el 18 de diciembre. O, si vamos al caso, por San Ceferino, el 20. Tienen tan presente esas fechas que buscan cambiarles el sentido desde el fin del Gobierno de Fernando de la Rúa, en 2001, y el inicio de la debacle de Mauricio Macri, en 2017. Y esta semana, por tercera vez, el empecinamiento chocó contra multitudes reclamando cambiar el rumbo que se avizoraba dentro del edificio del Congreso, ideado por el arquitecto italiano Víctor Meano e inaugurado en mayo de 1906.
En esos tres acontecimientos históricos fue figura protagónica Patricia Bullrich. Tanto es así que la imagen de la actual senadora por la Ciudad de Buenos Aires dentro del espacio de La Libertad Avanza refleja mejor que mil palabras lo que ocurrió entre el miércoles y el jueves para el oficialismo: del gesto prepotente ante el peronista José Mayans cuando ella armó a piaccere la Comisión de Trabajo y Previsión de la Cámara Alta, a la convocatoria calma y dialoguista con la no menos peronista Juliana di Tullio 24 horas más tarde, cuando –obligada por la realidad o algún sedante, incluso– invitó a posponer el tratamiento de la polémica reforma laboral para febrero.
Desde la Plaza de Mayo, y decenas de plazas en todo el país, multitudes convocadas por la CGT, las dos CTA, partidos políticos y movimientos sociales mostraban que ese 40% oficialista del electorado del 26 de octubre es importante, pero no es tanto como pretenden creerse y hacer creer desde la Casa Rosada. Y que tampoco eran de arrear con el poncho los gobernadores que están más dispuestos a bancar al proyecto del Gobierno nacional o, al menos, intentan obtener fondos para sus provincias mediante discretas negociaciones fuera de los radares. Como sea, un recuento de las últimas jornadas puede ilustrar cómo fue que aparició ese paredón frente a una ruta que lucía despejada como para acelerar a fondo. Fue una marcha masiva y sin incidentes, no como aquella de hace ocho años, con las «14 toneladas de piedras» contra la ley de reforma previsional del macrismo. Y menos como aquel 20 de diciembre trágico de hace 24 años que clausuró el Gobierno de la Alianza.
Cambio de ritmo. Luego de intentar un tratamiento exprés, la senadora Bullrich anunció que la modficiación del régimen laboral se debatirá en febrero.
Foto: @PatoBullrich
Cancheros Se dijo en estas páginas que desde el oficialismo y los medios consustanciados con el proyecto neoliberal, el resultado de las elecciones de medio término fue interpretado como una abrumadora mayoría para las derechas, que no fue tal. Ante la carencia de una oposición que se muestre unida para poner freno a este relato, el Gobierno –y especialmente el presidente Javier Milei– cometió el error de consumir los cuentos que le cuentan a la sociedad. Hubo un hecho que despertó alarmas, pero los medios le quitaron los focos de encima, aunque sí impactó en los despachos. Fue cuando en los primeros días del mes el Ministerio de Economía buscaba la gran noticia de que había logrado regresar a los mercados internacionales de deuda para fondearse ante los inminentes vencimientos del mes de enero.
Luis Caputo canchereaba diciendo que iban a obtener hasta 4.000 millones de dólares a un 6,5% de interés que, cuando se desmenuzaba la cosa, se veía que el número rondaba el 9%, disfrazado por esas alquimias en las que es especialista el equipo de esa cartera. Fueron apenas 1.000 millones y al 9,25%. Como colofón, cinco días más tarde el Banco Central anunció que desde enero de 2026 el piso y el techo de las bandas cambiarias se actualizarán cada mes en línea con el último dato de inflación disponible, en lugar de ese 1% arbitrario que se implementó en abril. Y Caputo juró que, ahora sí, la idea es acumular reservas, como indicaban los economistas de «mandrilandia», el FMI y la administración de Donald Trump.
Ese mismo estilo de «muchachos piolas» que, desde que se hizo conocido en los medios, sostiene Milei, se utilizó para apurar las leyes que pretendía aprobar antes del fin de año. Una, la de Presupuesto, sería la primera en votarse desde que se puso la banda presidencial; la otra, de reforma laboral, es el viejo sueño húmedo del conservadurismo local desde hace 80 años. Sí, desde el 17 de octubre de 1945.
Con la incorporación de diputados «amarillos» que no dudaron en teñirse de violeta, más el aporte insoslayable de radicales y peronistas dispuestos a usar peluca y Bullrich metiendo presión desde el Senado y el apoyo incondicional de los medios amigos, ¿qué podría salir mal?
Pero, así como los inversores no entraron en el juego de creerse que la oferta de deuda era conveniente –y en general demuestran con hechos que no se tragan el discurso de Caputo– resulta ser que los ministros de Hacienda provinciales descubrieron una trampita. Escondido en el proyecto de ley laboral había artículos que bajan impuestos coparticipables y, para peor, se incluyó en el dictamen del Presupuesto un par de triquiñuelas adicionales. Una, que no se votaría por artículo sino por capítulo. Otra, que en el capítulo XI se incluyó una adenda para darle los fondos que reclama la Ciudad de Buenos Aires y se incrementa el financiamiento del Poder Judicial; pero lo más espinoso es que derogaba las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Educativo. O sea, pretendía que los mismos que habían aprobado las leyes y rechazado luego los vetos con mayorías especiales las borraran con el codo tres meses más tarde.
En una sesión maratónica y cargada de voltaje, Diputados aprobó en general el proyecto de ley del Presupuesto 2026 por 132 votos a favor, 97 en contra y 19 abstenciones, pero rechazó por 123 votos a 117 el ya famoso capítulo XI. Subido al mismo impulso quimérico, desde las usinas mediáticas del oficialismo se dijo que el presidente vetaría esa ley. Luego, quizás con una dosis de Nervocalm –el medicamento que tomaba el papá de la inefable Mafalda– se adujo que en el Senado negociarían los términos para no hacer un nuevo papelón. Lo que demoraría, en caso de modificaciones, la aprobación.
Para colmo, mientras se debatía la Ley de Leyes, en otro lugar del edificio juraban como integrantes de la Auditoría General de la Nación (AGN), Mónica Almada, por La Libertad Avanza; Juan Forlón, por el kirchnerismo; y Pamela Calletti, aliada del gobernador salteño, Gustavo Sáenz. Otra «avivada» que salió mal , ya que despertó la ira de Cristian Ritondo. El titular del bloque del PRO sacaba chispas cuando se enteró y denunció la falta de códigos del Gobierno, dijo que la designación es anticonstitucional y adelantó que judicializará la medida.
Este sábado, como en una letanía que ya no sorprende, Milei pidió desde la cumbre del Mercosur en Foz de Iguazú una reforma institucional integral de la organización regional. Fiel a sus principios neoliberales extremos, reclamó una baja de aranceles y, ya que estaba, se sumó a la Casa Blanca al considerar al gobierno de Venezuela de «narcoterrorista», mientras aplaudió las presiones contra Nicolás Maduro.
Se entiende el pago geopolítico por el apoyo de la administración Trump en la previa a las elecciones pasadas. Lo que los mandatarios presentes no terminan de comprender es el fervor por la «libertad aduanera» cuando su mentor ideológico marcha en camino contrario y, además, se acababa de anunciar que no se firmaría el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea porque los agricultores, sobre todo franceses, rechazan abrir las puertas a la competencia sudamericana.
Donald Trump insiste en que una guerra con Venezuela sigue siendo posible, liberó unos 300GB de los archivos del fallecido Jeffrey Epstein, mientras los europeos deciden un empréstito megamillonario para sostener la guerra en Ucrania, aunque se quedaron con las ganas de apropiarse de los fondos rusos congelados en Bruselas y dan vueltas para firmar un acuerdo con el Mercosur. Si hubiera una postal de este momento de occidente no habría mejor imagen que la de Bill Clinton en un jacuzzi con un recuadrito negro que oculta algún rostro comprometedor, ligada a los chacareros venidos a la capital belga en sus tractores para arrojar bosta ante el edificio de la Unión Europea en rechazo a las negociaciones con el bloque sudamericano.
En declaraciones a NBC News, el inquilino de la Casa Blanca no descartó una guerra contra el país caribeño y lanzó una frase bien esclarecedora: “(Maduro) sabe exactamente lo que quiero. Lo sabe mejor que nadie”. Un par de días antes dijo que si el gobierno venezolano quería que se levantara el bloqueo total y completo a petroleros sancionados frente a sus costas, tendría que devolver “a los Estados Unidos de América todo el petróleo, la tierra y otros activos que previamente nos robaron». La referencia es a empresas expropiadas hace 20 años por el chavismo. Desde Caracas, Delcy Rodríguez, la vicepresidenta, le respondió que si quería el petróleo tendría que pagarlo. Otra respuesta provino del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien arguyó que de usar un criterio semejante, América Latina le debería decir que devuelvan Texas, California y todo el sur de EE UU.
El caso es que este viernes el departamento de Justicia publicó miles de fotos, videos, un libro de contactos y cientos de evidencias del caso Epstein. Los demócratas, que activaron la denuncia como un modo de presión sobre Trump, terminaron denunciando un sesgo en las revelaciones que salieron en los medios, ya que el expresidente Clinton (1993-2001) es uno de los mandamases dentro de ese partido, junto con su esposa Hillary Rodham. Y en algunas de las fotos se lo ve vestido con ropas femeninas. Además de él, aparecieron fotos de Mick Jagger, Michael Jackson, Woody Allen, más del propio Trump y hasta alguna de Noam Chomsky con Epstein. Por cierto, no todas indican alguna relación “impropia”, ya que el hombre era una figura del jet set. Pero las del líder demócrata no son precisamente inocuas.
Del otro lado del Atlántico, mientras tanto, los jefes de estado de la Unión Europea y, hay que decirlo, del Reino Unido -que terminó de irse de ese club en 2020- buscan desesperadamente un lugar bajo el sol en este nuevo diseño del mundo que lleva adelante la Casa Blanca. Así, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viene agitando las aguas para usar unos 300.000 millones de euros de los fondos rusos depositados en custodia de Euroclear para apoyar a Ucrania. Los 27 no pudieron torcer la voluntad, en primer lugar, de Bélgica, la sede de ese organismo, que considera -con argumentos incontrastables- que una decisión así terminaría con la credibilidad del euro, de Europa y ahuyentaría a inversores del resto del planeta.
Finalmente, la decisión mayoritaria en la UE fue “conceder una ayuda de 90.000 millones de euros a Ucrania para 2026-2027”, según publicó el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en X. Para el canciller alemán, Friedrich Merz, es un mensaje a Vladimir Putin de que debe terminar con la guerra. El primer ministro húngaro, el ultraderechista Viktor Orban, otro de los que nunca estuvo a favor de tomar el dinero ruso, puso en negro sobre blanco de qué viene ese préstamo. “Por primera vez en la historia de la Unión Europea, 24 Estados miembros han concedido conjuntamente un préstamo de guerra a un país no perteneciente a la Unión. No se trata de un detalle técnico, sino de un cambio cualitativo. La lógica de un préstamo es clara: quien presta dinero lo quiere de vuelta. En este caso, la devolución no está vinculada al crecimiento económico ni a la estabilización, sino a la victoria militar”. Y agregó: “Para recuperar este dinero, Rusia tendría que ser derrotada (…) Un préstamo de guerra inevitablemente hace que sus financiadores se interesen en la continuación y la escalada del conflicto, porque la derrota también implicaría una pérdida financiera. (…), ya no se trata solo de decisiones políticas o morales, sino de duras restricciones financieras que empujan a Europa en una dirección: la guerra”.
El presidente ruso se sometió a una maratónica rueda de prensa y respondió preguntas de los ciudadanos, una práctica habitual en esta parte del año. Después de castigar el ego de los dirigentes -entre ellos el secretario de la OTAN, Mark Rutte, otro belicista empedernido- el mandatario ruso dijo tranquilamente: «¿De qué hablas cuando hablas de prepararte para la guerra con Rusia? ¿Sabes leer? ¿Has leído la Estrategia de Seguridad Nacional de EE UU? No menciona a Rusia como adversario. EE UU es el principal patrocinador de la OTAN. ¿Y aun así, el secretario general de la OTAN la está preparando para la guerra? Es simplemente falta de competencia profesional básica».
Legitimidades conducentes
El secretario de Estado, Marco Rubio, mantiene su ofensiva contra el gobierno venezolano y como parte de esa estrategia dijo que en el país caribeño hay “un régimen ilegítimo que coopera abiertamente con terroristas que amenazan la seguridad de Estados Unidos”. Todo esto tras señalar que Caracas -viejo discurso que por estas tierras también se estila, aunque referido a líderes locales- colabora con Irán, Hezbollah y el terrorismo en general.
No es la primera vez que sobre Nicolás Maduro se utiliza el brulote de ser un gobierno ilegítimo. De hecho, el diputado Juan Guaidó (¿alguien sabe qué es de su vida?) había sido reconocido como el único legítimo de Venezuela entre 2019 y 2023.
Pero si de legitimidades se trata, Washington y occidente en general tienen un problemita en Ucrania, donde Volodimir Zelenski tiene el mandato cumplido desde mayo de 2024. Si persiste en el poder es por una ley que impide desarrollar elecciones mientras el país está en guerra. Según sondeos algo informales, quizás la paz no pinta bien para el excomediante, que además está acosado por denuncias de corrupción que llegaron, por ahora hasta la puerta de su despacho en Kiev.
Sucede que para Rusia tampoco es un aliciente firmar cualquier acuerdo con el inquilino (¿ocupa?) del Palacio Mariyinski. No cuesta mucho entender que sería papel mojado para el sucesor legal de Zelenski. Ya hubo experiencias en ese sentido cuando el entonces presidente Leonid Kuchma firmó el acuerdo Minsk I en 2014.
Es así que este sábado Vladimir Putin ofreció a Ucrania un cese el fuego el día que se celebren comicios. Donald Trump le recordó varias veces a Zelenski que su mandato está cumplido y hace una semana declaró a Político que “están utilizando la guerra para no celebrar elecciones, pero creo que el pueblo ucraniano debería tener esa opción». Y añadió: “Hablan de democracia, pero llega un punto en que ya no es una democracia».
Zelenski adujo haber “escuchado insinuaciones de que nos aferramos al poder o de que yo personalmente me aferro a la presidencia, y que por eso la guerra no termina. Para ser sincero, esto es una narrativa completamente inadecuada”. Su argumento es que «no se pueden celebrar elecciones en territorios no controlados por Ucrania, temporalmente ocupados”.
El enviado ruso Kirill Dmitriev se reunió en Florida con los representantes de Estados Unidos, Steve Witkoff y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner.
En el proyecto de ley de reforma laboral que el Gobierno acaba de enviar al Senado de la nación se juegan varias partidas al mismo tiempo, pero es apenas el prólogo de una catarata de iniciativas que la Casa Rosada espera aprobar, durante las sesiones extraordinarias, para tapizar un 2026 que muchos catalogan, sin más, como de consolidación del «cambo de régimen».
Para comenzar: el hecho de que una normativa como la que presenta el Ejecutivo proponga cambios impositivos implicaría, según el reglamento, que debe hacer su camino legislativo primero por la Cámara Baja, como indicó el diputado Esteban Paulón en una carta documento dirigida al jefe de Gabinete.
El legislador socialista supone que la maniobra del oficialismo obedece «al capricho de Patricia Bullrich de “capitalizar” su posible aprobación». Razones no le faltan. Bullrich integró el Gobierno de la Alianza que en mayo de 2000 había logrado la aprobación de la Ley 25.250 promulgada por el entonces presidente Fernando de la Rúa a fin de ese mes. Se trató, básicamente, del mismo planteo actual, pero con otro bozal. Ella, en esa ocasión, era secretaria de Política Criminal y Asuntos Carcelarios y en octubre pasaría al Ministerio de Trabajo en reemplazo de Alberto Flamarique, a esa altura inmerso en el escándalo de lo que se llamó Ley Banelco, por el pago de coimas para que los congresistas aprobaran el proyecto.
Otro que volvió para cumplir un viejo sueño es Federico Sturzenegger, que en marzo de 2001 asumió como secretario de Política Económica de esa gestión, elaboró el plan del Megacanje y renunció en noviembre, dos días antes de que el ministro Domingo Cavallo decretara el corralito. Eso no le evitó haber sido procesado por ese negociado con los bonos soberanos, cargo del que fue sobreseído en 2015. Bullrich y Sturzenegger volvieron a las grandes ligas inmaculados, primero durante el Gobierno de Mauricio Macri y ahora con Javier Milei. Habrá que decir que no abominaron de su vocación de manejar la represión una y las finanzas el otro. En el caso del «Coloso», como lo llama Milei a Sturzenegger, con un empecinamiento por mostrarse un adalid de la libertad irrestricta de mercados, sin importar sus consecuencias.
En cuanto a la reforma laboral, el ministro de Desregulación publicó un extenso texto en su cuenta de la red X donde explica las «maravillas» de la ley que se pretende aprobar en tratamiento exprés. Dos cosas sobre eso: la primera es que ese proyecto ya era viejo cuando el Gobierno de Carlos Menem intentó uno similar, como analizaba en 1993 el genial Tato Bores, un sagaz observador de la realidad que no pierde vigencia.
Trabajo registrado La otra cuestión es que, si la zanahoria es que así se creará trabajo, habrá que decir que cada uno de esos momentos de la historia argentina desmiente rotundamente ese aserto. De hecho, la ley Banelco fue derogada en 2004 y con reglas «obsoletas» fueron creados más de 3 millones de puestos trabajo hasta 2015. Por otro lado, en una entrevista de Radio Con Vos, uno de los que diseñaron ese proyecto, el abogado Julián de Diego, se sinceró ante la periodista Noelia Barral Grigera: «No creo que modificando la legislación laboral vaya a haber creación de puestos de trabajo registrado», dijo.
El abogado Julián de Diego defendió los cambios en la normativa pero dijo que no habrá más empleo sin "una etapa de crecimiento económico sustentable". https://t.co/1Y9jtZh7rvpic.twitter.com/bu0lY6d0R4
El economista neoliberal Fausto Spotorno, del estudio de Orlando Ferreres, también admitió que la ley no va a crear empleo genuino. «Lo que genera trabajo es el crecimiento económico», dijo ante Romina Manguel. Una respuesta clásica de analistas de otro palo, curiosamente. Cierto que luego dijo que una ley podría ser incentivo para inversiones, las que en última instancia son las que podrían desarrollar el mercado laboral. ¿Entonces?
Quien quiera leer el proyecto completo, lo puede encontrar acá.
Un buen «despiece» se puede hallar en este hilo de tuits de Luis Campos. El investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma señala en primer lugar que no se trata de una simple reforma, sino que son tres, «una que transfiere recursos multimillonarios del trabajo al capital; otra que debilita la acción colectiva; y otra que fortalece la disciplina laboral en los lugares de trabajo».
1. ¿En qué consiste la reforma laboral? En realidad, son tres reformas. Una que transfiere recursos multimillonarios del trabajo al capital; otra que debilita la acción colectiva; y otra que fortalece la disciplina laboral en los lugares de trabajo. Vamos con un hilo largo
Reglas de juego Dos argumentos, incluso complementarios, podrían explicar por qué en cada Gobierno conservador –elegido democráticamente o no– se intenta flexibilizar, modernizar, reformar o como pinte en cada etapa llamar al cambio de reglas de juego. Reglas que remiten al primer peronismo, consolidadas en la Ley de Contrato de Trabajo que data del tercer Gobierno de Perón, sancionada en septiembre de 1974, unos meses después de su muerte y modificada a poco de instaurarse la dictadura cívico-militar.
Una explicación viene del historiador Juan Carlos Torre y habla del «impulso igualitario» que se adentra en las raíces de la nacionalidad, según el destacado del columnista Marcelo Falak. «Esa actitud que tienen los argentinos de ser y sentirse iguales. Quienes detentan un estatus social superior no encuentran en los de más abajo la mirada huidiza y obsequiosa, tan característica de las sociedades jerárquicas, sino la mirada franca y dirigida a los ojos».
Élite Otra interpretación del ansia por modificar la ley que empoderó a los trabajadores y a los sindicatos y que va en línea con lo anterior apareció en una entrevista para el diario La Nación al director del capítulo argentino del Índice de Calidad de Élites (EQx), que elabora la Universidad de St. Gallen, Suiza. Tras definir a «élite» como a esos grupos coordinados de personas con algún grado de influencia en la sociedad, desde empresarios y políticos a deportistas, periodistas y profesionales destacados, Pablo San Martín –el entrevistado– certifica: «La élite argentina es profundamente depredadora. Su principal característica es que pone el foco en el flujo de efectivo inmediato y no en el valor patrimonial de sus activos a largo plazo». Y agrega: «Hoy somos el peor país de América Latina, cuando de chico me tocó vivir la Argentina de los premios Nobel. Sería razonable pensar cómo se lograba eso y cómo volvemos a hacer de la Argentina un lugar transitable».
Estas cuestiones, si se quiere histórico-culturales, definen no solo las relaciones laborales en Argentina, sino que eslabonan en el ADN de una sociedad que añora el progreso colectivo y que fue ejemplo en cuanto a niveles de educación y salud pública, otros ámbitos de la puntillosa destrucción mileísta. Una sociedad que conoció tiempos mejores y ve ejemplos de otros países con un dejo de nostalgia. Sin ir más lejos, el Gobierno de la mexicana Claudia Sheinbaum aprobó a principios de mes una reforma laboral que contempla el aumento del salario mínimo, que trepa un 154%, y la disminución progresiva de la jornada laboral hasta llegar a 40 horas semanales para 2030. Todo consensuado con el empresariado.
Dos buenas noticias para el pueblo de México: el aumento al salario mínimo para 2026, que significa 154 por ciento de incremento al poder adquisitivo; alcanzará para dos canastas básicas.
También informamos la reducción gradual de la jornada laboral de 48 a 40 horas durante el… pic.twitter.com/XQwtguKXd4
Así como las marchas en defensa de la universidad pública fueron masivas, es de esperar que la que la CGT organiza para el 18 de diciembre, y a la que se van sumando las dos CTA y otras organizaciones sindicales, sociales y políticas, también lo sea. El apuro en tratar el tema en extraordinarias tiene mucho de necesidad de aprovechar el relajo normal del verano para que la sociedad trague los licores más amargos. Vieja estrategia también de los Gobiernos conservadores desde el retorno de la democracia.
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