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¿Obama eligió ser Nixon?

El anuncio de que Barack Obama visitará finalmente la Argentina el 24 de marzo levantó protestas de todo calibre en amplios sectores de la sociedad. Y no es para menos. Justo ese día se cumplen 40 años del golpe genocida, amparado y apoyado por Estados Unidos como lo prueban los documentos desclasificados de la CIA. Esos mismos documentos indican la responsabilidad de los diferentes funcionarios de aquellas administraciones estadounidenses -desde el presidente Richard Nixon hasta el verdadero gestor de la barbarie, el luego Premio Nobel de la Paz Henry Kissinger- en la cadena de golpes y asesinatos en el marco del Plan Cóndor en el cono sur de América.
El acercamiento de Obama a Cuba y el reconocimiento de sucesivos errores que habían aislado a Estados Unidos de la región desde el bloqueo, hace más de medio siglo, fueron a fines de 2014 una buena señal hacia la región. Así lo entendió el gobierno de Raúl Castro, que desde entonces promueve medidas tendientes a lograr recomponer cinco décadas de hostilidad contra la revolución cubana. Aún falta, claro, levantar las medidas de coerción económica que intentaron asfixiar a esa sociedad para enfrentarla en contra de su dirigencia.
Otro punto importante es el viejo reclamo de devolución del territorio donde se asienta la base de Guantánamo. Allí se instaló luego de los atentados a las torres gemelas, el 11 de setiembre de 2001 -cuando se cumplían justo 28 del golpe contra salvador Allende en Chile, otro «logro» de la Casa Blanca- una cárcel donde fueron alojados presos sin juicio y por el único delito de ser sospechosos de terroristas. En cumplimiento de la cuestionable Acta Patriótica.
En lo que va del siglo, tanto en Estados Unidos como ahora en Europa, con la excusa del combate al terrorismo se fueron sepultando libertades individuales que garantizan las constituciones de todos los países «occidentales». Obama llegó al gobierno en 2009 luego de prometer a su electorado terminar con el oprobio que significa para un país que se pretende defensor de la democracia y las libertades mantener a seres humanos detenidos por portación de cara, de raza o de religión, en estos casos, musulmanes.
Las dictaduras sudamericanas, y la argentina no fue una excepción, se impusieron en nombre de la civilización occidental y cristiana. Fueron los mismos argumentos que la Iglesia Católica utilizó para justificar la conquista de América en el siglo XVI. Ni bien asumió Obama dio un discurso emblemático en El Cairo en que reconoció la contribución árabe a la humanidad y buscó acercarse a una región que representa el lado más caliente y peligroso del planeta desde hace demasiado tiempo. Luego vino la Primavera Árabe y una vuelta atrás impiadosa y ahora esa parte del mundo está envuelta en llamas como pocas veces antes…
El papa Francisco, argentino y con una fuerte impronta latinoamericanista él, acaba de pedir nuevamente perdón a las comunidades indígenas a nombre de una Iglesia que arrasó con culturas milenarias y asesinó a millones de personas a nombre de el «único Dios verdadero». Fue clave la intervención de Jorge Bergoglio para el histórico acercamiento de Obama con Raúl Castro. Señales de nuevos rumbos.
El gobierno de Mauricio Macri estrena por estos días un nuevo protocolo de represión en caso de manifestaciones y cortes de calles. Tras la detención de Milagro Sala ni bien asumió el gobernador de Jujuy está claro que el concepto de sociedad que maneja esta nueva derecha argentina es calcado del que aplica la derecha internacional: represión, detenciones al margen de las garantías individuales, jueces amañados para proteger y custodiar los verdaderos bienes del establishment. Para garantizar estabilidad social en momentos en que pretende cambiar el paradigma productivo -dejando afuera del sistema a millones que, se sabe, no se entregarán sin dar pelea.. O sea que quizás se logre una paz social, pero podría ser muy parecida a la de los cementerios. Recuerdos de épocas oscuras.
En España, el partido que más cercanía tiene con la agrupación que lidera Macri, el PP, también pretendió taponar las protestas con una ley que entró en vigencia a mediados del año pasado, la llamada «ley mordaza», que no solo reprime sino que impone multas por protestar. Pero la ciudadanía provocó un giro impensado en los últimos comicios y dejó noqueado al PP, que no pudo formar gobierno. Un poco porque la crisis la siguen pagando los mismos y otro poco porque se fueron destapando casos de corrupción que golpean de lleno en la actual gestión de Mariano Rajoy.
En Francia, el gobierno de François Hollande, que visitará argentina en unos días, también forzó cambios legislativos para reducir libertades. Obama, mientras tanto, sabe que tiene una deuda pendiente con el cierre de Guantánamo. No hay razones para descreer de la buena voluntad del presidente estadounidense en cumplir esa promesa electoral. Pero precisamente desde esta interpretación benévola de la intencionalidad del primer presidente negro en la historia de un país racista como Estados Unidos es que vale la pena insistir en lo desafortunado de la fecha elegida para pisar tierra argentina.
Es cierto que en su anterior gira continental evitó el desembarco en Buenos Aires porque eran tiempos electorales y eso podría tener una lectura política que era mejor soslayar. Pero ahora que a Obama le faltan pocos meses para terminar su mandato ¿Para qué este gesto de despedida? Porque además no está claro quién lo sucederá, y a su derecha hay cada halcón republicano…
¿Obama quiere dar su discurso del perdón por los crímenes alentados desde Washington hace 40 años? Un mes, una semana antes o después no cambiaba nada. El mismo día, por el contrario, suena a mojada de oreja. Va a quedar como un Nixon, cuando podría hacer como un Jimmy Carter, que alentó investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos en el mismo momento en que se producían.
Llama la atención también que los socios de la alianza Cambiemos, las distintas variantes de la Unión Cívica Radical, no se hayan pronunciado en contra de esta decisión que, se supone, fue consensuada entre la administración estadounidense y la local.
Porque la dirigencia política del fin de la dictadura impulsó que la asunción presidencial fuera un 10 de diciembre, para honrar el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y el primer presidente de la democracia recuperada, Raúl Alfonsín ordenó investigar los delitos de lesa humanidad y alentó al juicio a las juntas genocidas.
El 24 de marzo habrá, como todos los años, una masiva manifestación por Memoria, Verdad y Justicia. Uno esperaría que fuera una sola marcha y se dejaran de lado miserias que en este contexto desviarían el centro del reclamo. ¿Qué hará el gobierno? ¿Reprimirá bajo el nuevo protocolo dictado por el Ministerio de Seguridad? ¿Impedirá cualquier concentración con la excusa de proteger a tan solemne invitado, que por otro lado, tiene un séquito de custodios que asusta? ¿Es la forma que creen haber encontrado para cerrar aquella grieta sangrienta en la sociedad argentina o se trata de un error de percepción? ¿O , como proclaman esas voces de rechazo, simplemente es una provocación ?

Un mes de gestión machista

El gobierno de Mauricio Macri tuvo sus primeros tropiezos. Uno de ellos fue la frustrada designación por Decreto de Necesidad y Urgencia de dos miembros de la Corte Suprema de Justicia en comisión. Le salieron al cruce desde casi todos los sectores políticos. El otro, menos institucional, golpeó de lleno en la Casa Rosada luego de saltar la avenida General Paz. La fuga de los tres condenados por el triple crimen de General Rodríguez puso sobre el tapete uno de los aspectos más oscuros de la política nacional, que figuró a la vez entre los principales temas de la campaña de Cambiemos tanto en la Nación como en la provincia de Buenos Aires.

La sospechosa evasión de los hermanos Cristian y Martín Lanatta y Víctor Schillaci, presos en la cárcel de máxima seguridad de la localidad bonaerense de General Alvear, provocó un vendaval político. La muy «oportuna» denuncia de Martín Lanatta sobre la presunta vinculación de Aníbal Fernández con el tráfico de efedrina y el bárbaro homicidio de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina ante el periodista Jorge Lanata una semana antes de las primarias abiertas, si bien no le causó la derrota en la interna, selló sin dudas el destino del candidato del FPV a la gobernación. Fernández se despachó entonces contra el «fuego amigo» que habría facilitado la entrada de las cámaras de canal 13 al penal para «embarrarlo» en una causa que data de 2008 y en la que, repitió en todos los medios, jamás había sido imputado.

¿Es posible escapar de una prisión como esa sin fuerte apoyo externo? Indudablemente que no. El hecho recuerda a la fuga del capo del narcotráfico mexicano Joaquín Chapo Guzmán de otro penal presuntamente muy seguro en Almoloya, estado de México. El dinero y las conexiones, tanto en un caso y en otro, se sabe, aceitan cualquier mecanismo por obturado que parezca.

De pronto, la gobernadora María Eugenia Vidal tuvo que darse un baño de realidad: era la hora de ejercer el gobierno y de enfrentar descarnadamente ese drama que en las elecciones se reveló como tema estratégico de campaña y que también lo es para gran parte de la población: el narcotráfico.

Desde La Plata, el ministro de Seguridad Cristian Ritondo y la gobernadora cometieron algunos errores que quedaron a la vista con la fuga. En primer lugar, demoraron en definir las autoridades policiales y las del servicio penitenciario. En segundo lugar, intentaron negociar con las cúpulas existentes y quedaron entrampados en un sistema que excede al control del poder político.

El caso puede arrastrar a todos los que estuvieron de alguna manera cerca de estos 3 personajes que parecían olvidados hasta que una interna partidaria y el fragor de una campaña les devolvieron protagonismo. Sobre todo porque el triunfo de Cambiemos en la provincia le debe mucho a aquel escándalo, en el que no fueron ajenos el periodista Lanata, notorio antiK, y la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, que cedió su propio departamento para una entrevista con uno de los implicados en la causa, José Luis Salerno.

La resolución del destino de los Lanatta y Schillaci influirá en el futuro de Cambiemos en la provincia. El hecho los obliga a meter el cuchillo hasta el hueso en el asunto donde todos preveían que podrían fracasar, es decir, dominar a la fuerza policial del distrito más grande y poderoso del país. Algo que la gestión de 8 años de Daniel Scioli tampoco había resuelto. Es más, como se recuerda, el excandidato presidencial del FPV le dio un giro de 180 grados a la política que había implementado el exministro de Seguridad León Arslanian, en el sentido de crear una policía verdaderamente democrática, y le devolvió el control de las calles y la «administración del delito» a los uniformados. Si la denominada «maldita policía» enterró alguna vez la carrera política de Eduardo Duhalde, ahora Cambiemos tiene la oportunidad de domar ese potro. El caso es si sus compromisos le permitirán ir en el sentido democrático que es imprescindible para la sociedad.

 

A sola firma

Otro tema espinoso en estas semanas fue la andanada de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) de Mauricio Macri, que lo pone en contradicción con el perfil republicanista que había esgrimido en tiempos de campaña. Así lo marcaron algunos de sus aliados políticos y aparecieron –además– los primeros chisporroteos con algunos sectores, por ahora mínimos, del Poder Judicial, que criticaron la decisión de gobernar sin consultar al Poder Legislativo. La urgencia de los DNU se entiende desde quienes apoyan al gobierno, en la necesidad de aprovechar los primeros 100 días de gracia que toda sociedad otorga al nuevo inquilino de la Casa Rosada. 100 días que coincidirán con el plazo en que constitucionalmente el Congreso permanecerá en receso. Se sabe que a partir de marzo el macrismo necesitará esgrimir mucha muñeca para consensuar las medidas que el ejecutivo pretenda.

Para algunos temas trascendentes, lo que hay por delante son interrogantes: ¿qué pasará con la andanada de DNU veraniegos cuando reabra el Congreso? ¿Cómo se resolverá el espinoso asunto de los miembros de la Corte que Macri designó en comisión? ¿Qué ocurrirá con la emergencia en seguridad decretada por el ministerio a cargo de Patricia Bullrich luego de la inexplicable fuga de los 3 presos? Y finalmente, ¿cómo reaccionará el movimiento obrero en el inicio de las negociaciones paritarias, tras la devaluación y el brutal aumento de precios consecutivo?

En este aspecto, el gobierno ya mostró frente al reclamo de trabajadores de Cresta Roja cuál puede ser su respuesta ante la protesta. Primero, reprimió con dureza y, luego, recurrió a la negociación. Las señales fueron claras y en ese orden. Desde otro ángulo, las declaraciones del ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, no dejan lugar a dudas. El funcionario consideró que en las paritarias «cada sindicato sabrá dónde le aprieta el zapato y hasta qué punto puede arriesgar salario a cambio de empleo».

El paquete económico parece así cerrado y no en beneficio de los trabajadores. Los voceros de las empresas de producción de alimentos, como es el caso de Daniel Funes de Rioja, ya anunciaron que retrotraer los precios de los productos de la canasta básica a noviembre pasado será imposible. Y allí precisamente se verá reflejado el hachazo a los sueldos, porque la suma de devaluación y eliminación de retenciones recae sobre los productos de la tierra.

Por otro lado, todavía está por verse cuál es el techo para el valor del dólar, ya que las presiones cambiarias están lejos de atenuarse. Por lo pronto, los gremios, tanto los alineados tibiamente con el gobierno –como el que lidera el camionero Hugo Moyano– como los abiertamente opositores –como la CTA de Hugo Yasky o la CGT del metalúrgico Antonio Caló– adelantaron que no aceptarán lo que consideran una amenaza de Prat Gay.

En cuanto a los polémicos DNU, hasta la propia gestora de la alianza Cambiemos, Elisa Carrió, llegó a cuestionar la designación de jueces de la corte sin pasar por el congreso y Macri tuvo que dar marcha atrás. Ahora todo se encamina a una negociación en la cámara alta, donde el kirchnerismo tiene mayoría.

El Senado es un ámbito donde las formas y los modos protocolares importan mucho y el despido de más de 2.000 empleados decidido por la vicepresidenta Gabriela Michetti generó fisuras en el peronismo, porque se acusó al titular de la bancada del FPV, Miguel Ángel Pichetto, de no haber presentado los suficientes reparos a este recorte de plantilla. Justamente el tema de los despidos en la función pública es otro punto de rispidez. Porque el oficialismo imputa a los miles que dejó en la calle de ser «ñoquis». O de tener un puesto por su militancia partidaria. Desde el kirchnerismo respondieron que echar a alguien por su pensamiento es persecución política.

La cuestión constitucional estuvo en el tapete también por los DNU utlizados para modificar las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y de Telecomunicaciones (ver Vía libre…), así como el que dispone la desregulación del mercado de hidrocarburos. En poco tiempo, y como le recomiendan ideólogos del conservadurismo vernáculo, como el columnista de La Nación, Joaquín Morales Solá, Macri quiere poner fin al esquema estatal montado por el kirchnerismo al cabo de 12 años de trabajosa tarea parlamentaria.

El columnista había dicho en diciembre pasado que el presidente no tiene margen para el error, porque «un eventual fracaso significaría el regreso del populismo por un tiempo previsiblemente largo». Ahora explica los DNU porque «la primera prioridad que Macri se impuso es el desmantelamiento del Estado populista». Y abunda: «¿Reúnen los DNU de Macri las condiciones de excepcionalidad y urgencia que impone la Constitución? (…) A esa pregunta el macrismo la responde exhibiendo aquella prioridad: hay que desmantelar el Estado populista. Y es ahora o nunca, aseguran».

Así se entiende la urgencia. Hay poco tiempo para desmantelar el Estado creado por el kirchnerismo porque no tienen las mayorías parlamentarias que sí tenía el anterior gobierno. Y medidas como esas no se pueden discutir tan abiertamente. El riesgo sería abrir la brecha que Cambiemos prometió cerrar. ¿La sociedad aceptará el precio?

 

Revista Acción
Enero 1 de 2016

Castas en el poder

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