por Alberto López Girondo | Oct 19, 2015 | Sin categoría
A fines de setiembre pasado, el gobierno logró aprobar un proyecto de ley que busca proteger la tenencia de las acciones de empresas privadas en poder del Estado al impedir que se puedan enajenar esos bienes sin los votos de una mayoría calificada de dos tercios de cada cámara legislativa. La normativa crea además la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas (ANPEE).
El Estado nacional se quedó con un importante paquete accionario de firmas particulares que estaba en poder de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) cuando estatizó el sistema previsional, en octubre de 2008. Era una cartera que las AFJP habían adquirido en el marco de una ley dictada por el menemismo, y se trataba de inversiones previstas en ese modelo para la capitalización de empresas con los aportes de los trabajadores.
Más allá de reiteradas denuncias sobre el valor excesivo al que muchas de esas acciones fueron adquiridas y sobre la ventaja de las inversiones realizadas, la nueva legislación dejó en manos del llamado Fondo de Garantías una cartera con 9% de acciones de Aluar, 20% de Molinos, 27% de la productora de limones San Miguel, 11% de Petrobras, 26% de Siderar, 20% de Banco Galicia, 64% del Banco Hipotecario, 25% de Nordelta y 9% de Clarín, entre otras.
En total son 46 empresas y en 27 de ellas el Estado tiene directores. Es un paquete que refuerza los recursos que los trabajadores depositan en la Anses para su futuro y que al mismo tiempo le sirve al Estado para tener una voz dentro del directorio de algunas de las firmas más importantes del país.
Para el gobierno de Cristina Fernández, la ley es un anticuerpo contra las privatizaciones y, a la vez, un símbolo de su gestión contraria al neoliberalismo. Para la oposición es la pretensión de digitar la política del futuro gobierno e impedirle que, en caso de necesidad, busque fondos frescos. Esa fue la misma argumentación que en los 90 se usó para liquidar el patrimonio de los argentinos.
Revista Acción Octubre 15 de 2015
por Alberto López Girondo | Oct 19, 2015 | Sin categoría
La detención del comisario inspector santafesino Gustavo Pereyra es apenas la punta de un iceberg de incalculable profundidad que atraviesa a la sociedad en todos sus estamentos. Eso es, ni más ni menos, el problema de las vinculaciones entre las bandas del narcotráfico y las instituciones estatales. Un tema que se terminó metiendo en la agenda de la campaña electoral pero que desde hace tiempo golpea profundamente en organismos de seguridad y políticos de todos los sectores. Porque la situación en la Policía de la provincia de Santa Fe no es nueva y, además, es un espejo de situaciones similares en las provincias de Córdoba y Buenos Aires, como para sospechar que nadie está exento de resultar salpicado por ese oscuro paradigma que no solo impacta en la Argentina sino que es un tema candente en otros países de la región, aunque lejos en la comparación con la situación local, como México y Colombia.
Para corroborar esta aseveración, esos mismos días se comenzaba a sustanciar el juicio político contra Julio Novo, fiscal general del distrito de San Isidro, acusado de encubrir a una banda de narcotraficantes, la misma causa por la que fue desplazada la procuradora general de Buenos Aires, María del Carmen Falbo. El caso data de 2009 e involucra a agentes policiales y funcionarios judiciales y desliza sospechas sobre dirigentes políticos comunales bonaerenses.
En Córdoba, mientras tanto, el Tribunal Oral Federal Nº 2 rechazó a fines de setiembre un nuevo pedido de excarcelación presentado por el ex jefe de Lucha contra el Narcotráfico de la Policía cordobesa, Rafael Sosa, a la espera del juicio oral y público por el denominado «narcoescándalo». El proceso se inició en 2013 cuando en un programa de TV de Canal 10 un informante de la Policía denunció a la jefatura de esa dependencia por complicidad con bandas de narcotraficantes. El gobernador José Manuel de la Sota, peronista disidente, tuvo que cambiar entonces la cúpula policial. Lo mismo se vio obligado a hacer un año antes el mandatario santafesino, Antonio Bonfatti, del Partido Socialista. Y en un paralelo notable prosigue el juicio contra el exjefe de la Policía provincial, Hugo Tognoli, quien en octubre de 2012 había saltado a la fama cuando resultó acusado de haber encubierto a narcotraficantes, de amenazas y de haberse enriquecido con este tipo de complicidades con quienes debería haber combatido. Junto con Tognoli están sentados en el banquillo dos exfuncionarios de la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones y el ex subjefe de Inteligencia de la policía provincial, José Luis Bella.
En el caso del también santafesino Pereyra, conocido como Gula, de 54 años, fue procesado por la jueza Alejandra Rodenas, quien le trabó embargo por 100.000 pesos. La acusación es por haber integrado una banda que se dedicaba a cometer homicidios, extorsión y amenazas de la que formaban parte otros miembros de la fuerza junto con una familia vinculada con el delito conocida en Rosario como «Los Monos». La Justicia lo acusa de poner a disposición de la banda «información reservada y secreta» que les permitía mantenerse fuera de la órbita de la ley y escapar a tiempo de procedimientos que el comisario no podía evitar sin verse involucrado. Es decir, acciones realizadas en el marco de las funciones para las que la sociedad le pagaba su sueldo.
Acusación por televisión
Un hecho que conmovió a la sociedad en 2008 fue el llamado triple crimen de General Rodríguez. El 16 de agosto de ese año un lugareño encontró tres cadáveres en un zanjón a un costado de la ruta 6, en la localidad bonaerense de General Rodríguez. Los cuerpos de Sebastián Forza, de 34 años; Damián Ferrón, de 37; y Leopoldo Bina, de 35, habían sido acribillados con saña y una verdadera muestra de violencia típica de los homicidios mafiosos. Se supo que estaban vinculados con el tráfico de efedrina, un principio activo de origen vegetal para medicamentos vasodilatadores pero al mismo tiempo precursor de anfetaminas.
La trama sobre esas muertes permanece entre las sombras, aunque fueron condenados Víctor y Marcelo Schillaci como partícipes necesarios y los hermanos Christian y Martín Lanatta como autores materiales de los asesinatos. En tanto permanece prófugo Esteban Pérez Corradi, considerado uno de los mayores proveedores de efedrina a los carteles mexicanos. El caso volvió a la escena de un modo impactante una semana antes de las PASO cuando el periodista Jorge Lanata consiguió entrevistar a su casi tocayo Martín Lanatta en la prisión y a otro de los implicados, José Luis Salerno, exsocio de Ferrón, una de las víctimas. Ambos aseguraron que el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, sería el autor intelectual de los homicidios. Unos días más tarde, Salerno se desdijo en sede judicial, mientras que tanto familiares como el abogado de Lanatta aseguraron que en ningún tramo del juicio en su contra había dicho algo en ese sentido. Pero la sospecha quedó instalada, sobre todo desde que el que fue secretario de la Secretaría de Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR) entre 2004 y 2011, Ramón Granero, terminó procesado y a punto de ir a juicio oral en una causa por tráfico de efedrina iniciada en el despacho de la jueza María Servini de Cubría.
Otro caso oscuro es el del doble homicidio de dos ciudadanos colombianos en la playa de estacionamiento del shopping Unicenter, del partido bonaerense de San Isidro, ocurrido en julio de 2008. Hubo una denuncia del exdiputado provincial Marcelo Saín, que se sumó a otra del entonces fiscal de San Isidro, Luis Angelini. Ambos consideraron que el fiscal Julio Novo y dos de sus subordinados no hicieron sino obstaculizar las investigaciones para determinar quiénes habían sido los responsables de la matanza registrada en un lugar muy concurrido y en el estilo de las ejecuciones que se ven en las películas de narcos colombianas.
Angelini sospechaba que las maniobras de Novo tenían como objetivo encubrir las vinculaciones entre los asesinatos de los colombianos y los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá, hijos de un exjefe de la Fuerza Aérea argentina, condenados y presos en España luego de que les encontraran una tonelada de cocaína en su avión. Angelini fue más lejos y afirmó que «existe una inmensa actividad institucional estatal claramente dirigida a encubrir graves delitos de acción pública que ocultan, a su vez, una enorme trama de narcotráfico nacional y supranacional» y apuntó directamente contra «una multiplicidad de agentes de competencia decisiva que integran el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires». La jueza que investigó esta denuncia es Sandra Arroyo Salgado, exesposa y querellante a nombre de sus hijas en la investigación por la muerte del fiscal de la causa AMIA, Alberto Nisman.
Miradas contrapuestas
En este clima de denuncias y sospechas contra fuerzas policiales y funcionarios de algunos de los organismos estatales, en el marco de las repetidas «guerras» de narcos en distintos distritos del país, el tema se coló en la campaña electoral y no solo por la denuncia contra Fernández. Es así que Sergio Massa, el candidato del frente UNA, aliado con el cordobés De la Sota, mostró el perfil más duro en la lucha que proponía contra la droga, mientras que Mauricio Macri, de Cambiemos, se sumaba a la propuesta de combate de ese flagelo, pero no llegó a proponer, como el exintendente tigrense, usar a las Fuerzas Armadas para enfrentar a las bandas de narcotraficantes. Fernández, candidato a la gobernación bonaerense, defendía, en tanto, otro perfil y reclamaba no penalizar el consumo sino poner el eje en tratar los casos de adicciones como una enfermedad, un aspecto que desde la otra vereda parecía no ser tan tenido en cuenta. La posición extrema de Massa de llevar tropas militares a las villas y clausurar las fronteras despertó críticas desde lo legal –la legislación vigente impide que las fuerzas de defensa puedan intervenir en acciones interiores, que deben estar a cargo de fuerzas de seguridad como la Policía y la Gendarmería–, pero también reflotó los antecedentes de otros países, donde ese recurso no hizo sino agravar la situación. Sobre todo por el poder corruptor que muestra el dinero que produce el negocio de las drogas.
El propio Saín, director de la flamante Escuela Nacional de Inteligencia, salió al cruce de esas propuestas. Señaló que el candidato responde a directivas de la embajada estadounidense, el país que promueve desde hace por lo menos cuatro décadas la guerra al narcotráfico. Así, en un reportaje publicado por Tiempo Argentino, reconoció que no hay una gran ciudad donde no haya una red criminal dedicada al tráfico y la distribución de algún tipo de droga «con la particularidad de que (las redes) son regenteadas por el propio Estado, porque son reguladas policialmente».
El exjuez y exministro de Seguridad bonaerense, León Arslanian, recordó a su vez que una semanas atrás un grupo de académicos, dirigentes sociales y políticos y organizaciones no gubernamentales presentaron un Documento de convergencia en que destacan que «las drogas son un síntoma de algo mucho más hondo y su eventual superación requiere afrontar dilemas y retos estructurales que lo nutren y multiplican». Y agregan que «la intervención de las Fuerzas Armadas agravaría las consecuencias, en términos de violencia y abusos (…) que se observan en otros países de América Latina».
Guerra perdida
En 2013 la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, que integran los expresidentes César Gaviria, de Colombia; Fernando Henrique Cardoso, de Brasil, y Ernesto Zedillo, de México, entre otros, llegó a la conclusión de que es necesario buscar otras soluciones para el problema de la droga y el narcotráfico porque «la guerra contra las drogas» fue una «guerra perdida» que acarreó costos incalculables.
El presidente mexicano Enrique Peña Nieto reconoció este hecho cuando aseveró que «los escasos resultados obtenidos en décadas obligan a un cambio de paradigma». El mandatario, del PRI, sucedió en el cargo a Felipe Calderón, del PAN, que al llegar al Palacio de los Pinos, en 2006, había desatado una guerra sin cuartel recurriendo al Ejército. El resultado no puede ser más aleccionador: en ese lapso la tasa de homicidios aumentó un 300%, se registraron unos 60.000 muertos y más de 26.000 desaparecidos. El caso de los estudiantes de Ayoztinapa, hace un año, es el más dramático: los chicos quedaron en medio de una disputa entre bandas narcotraficantes del estado de Guerrero y en su desaparición están implicados policías, militares y hasta el alcalde de la localidad de Iguala, José Luis Abarca, del PRD, el partido de la izquierda que había formado Cuauhtémoc Cárdenas y del que luego se abrió, antes de que esta trama siniestra saliera a la luz.
Revista Acción Octubre 15 de 2015
por Alberto López Girondo | Oct 16, 2015 | Sin categoría
Según Barack Obama, las fuerzas militares afganas «han obtenido progresos» desde la invasión estadounidense, hace 14 años, pero «aún no son lo suficientemente fuertes» como para garantizar la seguridad el país, por lo que lejos de dejar el territorio, como era su promesa, Estados Unidos mantendrá unos 5500 soldados incluso después de dejar su cargo, en 2017. La incursión de tropas estadounidenses en la región, que se disparó luego de los atentados a las torres gemelas del 11S de 2001, no hizo sino profundizar el caos existente y el relato del presidente es apenas un gesto de reconocimiento de errores que no cometió personalmente, pero que tampoco hizo mucho por resolver.
Por lo pronto, este mes, Afganistán fue un dolor de cabeza para Obama y tuvo que salir a dar explicaciones en más de una ocasión por lo que llamó errores. No son pocos los críticos que, donde la Casa Blanca ve equivocaciones, interpretan políticas de fondo, prácticas perversas que se desarrollan en ese rincón del planeta desde el inicio de la ocupación.
El 3 de octubre el mundo se horrorizó al conocerse la noticia de que aviones de EE UU habían atacado en Kunduz un hospital que estaba a cargo de Médicos Sin Fronteras (MSF). El ataque duró varias horas y causó la muerte de 22 personas, 10 pacientes y 12 miembros de la organización. De inmediato la ONG presentó enardecidas protestas por la barbarie demostrada en el incidente, ya que aseguran haber indicado con suficiente antelación la ubicación del edificio en GPS y además, en el techo estaba pintado el logo correspondiente.
Al principio, voceros del Pentágono hablaron de un error, luego el tema fue creciendo en los medios –MSF pidió expresamente una investigación internacional bajo los postulados de los Convenios de Ginebra, puesto que los consideró un crimen de guerra- y el propio Obama primero pidió perdón y luego anunció una pesquisa, aunque interna y sin participación foránea.
Justo un par de días más tarde se anunció en Atlanta, Georgia, la firma del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés), un acuerdo de libre comercio que nuclea a 12 países de la cuenca del Asia-Pacífico, un selecto club que excluye a China –más bien fue hecho para oponérsele-, representa el 10% de la población mundial y el 40% del PBI. Que además refuerza el mercado productivo de Estados Unidos en un momento crucial por la crisis económica internacional.
El TPP fue elaborado en el secretismo más profundo durante cinco años por un equipo de no más de tres personas por país y representantes empresarios, y sólo traslucieron algunos de sus detalles luego de una filtración del sitio WikiLeaks. Es curioso, pero el anuncio de la firma no implicó la publicación de la letra chica del documento, que según la administración de Obama, se hará en los próximos 30 días. «Los abogados están trabajando ahora mismo para terminar el texto y prepararlo para su difusión», explicó el representante de la casa Blanca, Michael Froman. ¿Qué anunciaron, entonces?
Para entrar en vigencia, el TPP deberá pasar por las legislaturas de los países firmantes, que por América Latina son Chile, Perú y México. En algunos distritos será un simple trámite, pero en otros nada está garantizado, más aun cuando aparece en la agenda como una estrategia armada al margen de la población de cada uno de los socios. En el caso de Estados Unidos, los republicanos lo aprueban con las dos manos levantadas, pero ya la precandidata presidencial y ex secretaria de Estado, Hillary Clinton, dijo que se opone. «Lo que sé es que a partir de hoy no estoy a favor de lo que he podido saber sobre eso», dijo en tono despectivo en una entrevista para la cadena pública PBS.
El TPP deja muchas hilachas perjudiciales para trabajadores, pymes de países menos desarrollados y hasta para los gobiernos de esas naciones, que quedarían a merced de tribunales comerciales secretos que, se descuenta, beneficiarán a las multinacionales y a los grandes inversores.
También despertó críticas porque la iniciativa tiene artículos que permiten limitar y castigar la libertad de expresión en Internet mediante la excusa de proteger los derechos de autor. Pero en el área que más polvareda levantó fue en la cuestión de los medicamentos.
Son muchas las instituciones que venían advirtiendo de los riesgos que involucra ese acuerdo para la salud ya que al incrementar el plazo de cobertura de las patentes industriales encarecerá el costo de los genéricos en tratamientos de toda índole y principalmente para los sectores más carenciados de la sociedad.
Al frente de estas protestas se había anotado precisamente MSF en un comunicado que firmó su directora, Judit Rius Sanjuan, asesora legal, a la sazón, de la campaña de Acceso de Medicamentos de la entidad en EE UU. «Médicos Sin Fronteras –dice el texto- expresa su consternación por la decisión que tomaron los países miembros del TPP de acceder a las demandas del gobierno de los Estados Unidos y de las farmacéuticas multinacionales que aumentarán el precio de medicamentos para millones de personas a través de la extensión innecesaria de monopolios y retrasando deliberadamente la baja de precios al impedir la competencia con medicamentos genéricos (…), el TPP pasará a la historia como el peor tratado para el acceso a medicamentos en países en desarrollo, que serán forzados a cambiar sus leyes para incorporar los abusivos protocolos de protección a la propiedad intelectual para las compañías farmacéuticas.»
En asuntos intrincados como este, las coincidencias no suelen abundar. ¿Esto quiere decir que el ataque al hospital de Kunduz podría ser una venganza o una amenaza por el rechazo de MSF al tratado TPP? No habría elementos para asegurarlo. Es cierto que la ONG de inmediato pidió investigar un crimen de guerra. Dijo, incluso, que hasta en las guerras hay códigos, que en el caso del centro de atención en esa localidad afgana habían sido violados. Pero no habló, al menos públicamente, de que una cosa tuviera que ver con la otra. Es cierto, también que las disculpas de Obama finalmente se produjeron, pero sonaron, como ironizó algún cercano al organismo, a la actitud de ese marido golpeador que tras una paliza le regala flores a su esposa con una tarjetita que dice «no quise hacerte daño».
Según un trabajo elaborado por Micah Zenko, investigador en el Council on Foreign Relations, un think tank estadounidense, en Afganistán por cada soldado hay tres «contratistas», la forma legal que reciben los mercenarios que trabajan para alguna de las empresas de seguridad con las que desde el gobierno de George W. Bush se privatizaron gran parte de las guerras que encara Estados Unidos.
La principal de esas empresas es DynCorp, que pertenece desde 2010 al fondo de inversiones Cerberus Capital Management, con sede en Nueva York. Con inversiones en todas las ramas de la economía, desde automotrices como en su momento Chrysler, o inmobiliarias, también tiene intereses en la industria bélica, por supuesto, y los tuvo en alguna farmacéutica de menor volumen, como Talecris Biotherapeutics. Entre sus directivos figura el ex vicepresidente de George W Bush, James Danforth «Dan» Quayle, y su ex secretario del Tesoro, John William Snow.
El TPP garantiza mercados y negocios para inversores de toda laya, y Cerberus es uno. Cualquier oposición representa una mala nueva y un enemigo que mejor no tener. DynCorp tuvo en su historial denuncias de todo calibre por las barbaridades cometidas por su personal en Bosnia, Colombia y Afganistán (principalmente en Kunduz, por escándalos sexuales en 2009).
¿Esto relaciona a los mercenarios con el bombardeo al hospital del MSF?
¿Es la primera vez que hay «errores» como este?
No, todavía se recuerda el ataque al Hotel Palestina de Bagad que causó la muerte de dos periodistas y otro en contra las oficinas de Al Jazzera en Kabul, ambos en 2001.
¿Obama tiene algo que ver con el ataque?
No hay pruebas de nada de esto, sólo cadenas de casualidades, sospechas con cierto fundamento. En todo caso, tal vez el reflejo de que el inquilino de la Casa Blanca está en un laberinto del que no le resulta fácil escapar.
Tiempo Argentino · 16 de Octubre de 2015
Ilustró Sócrates
por Alberto López Girondo | Oct 11, 2015 | Sin categoría
El peor atentado en Turquía se produjo a menos de tres meses de otro que había dejado un saldo de 34 muertos en cercanías de la estratégica ciudad de Kobane, bajo asedio de milicias del Estado Islámico, en la región kurda. El golpe en Suruç del 20 de julio no fue reivindicado por ningún grupo terrorista, ni siquiera por el EI, pero golpeó en el corazón de un conflicto que mantiene en vilo al país desde hace décadas y que parecía en vías de encontrar canales democráticos de resolución.
Poco antes, el 5 de junio, y a dos días de una elección crucial para el gobernante turco, Tayyip Recip Erdogan, una doble explosión había dejado un saldo de cuatro muertos en una manifestación del prokurdo Partido Democrático de los Pueblos (HDP) en Diyarbakir, considerada la capital no oficial del Kurdistán turco.
El detalle entonces fue que en el comicio del 7 de junio el AKP, el movimiento conservador que sustenta a Erdogan y a su primer ministro, Ahmet Davutoglu, por primera vez perdió la mayoría parlamentaria, con el agregado de que también por primera vez llegó al Parlamento el HDP, que logró cruzar la restrictiva barrera del 10% de sufragios necesarios para obtener una banca. Consiguió más de 6 millones de votos, un 13,2%, y 80 escaños en una asamblea de 550 diputados. Fue un duro golpe para Erdogan, que esperaba una amplia mayoría que le permitiera cambiar la Constitución con el objetivo de reforzar su poder.
Este nuevo atentado, en otra marcha pacífica de opositores y que al cierre computaba 95 muertos y 256 heridos, se produce a 22 días de la nueva cita con las urnas. Como el AKP quedó en minoría y no hubo acuerdo para designar premier, Erdogan llamó a nueva elección, que es como decir hacer borrón y cuenta nueva, con la esperanza de torcer la voluntad de los sectores de izquierda y prokurdos que apoyaron al partido de Selahattin Demirtaş y Figen Yüksekdağ. No necesita demasiado, sólo ese poco más de 3 puntos que superó la barrera del 10 por ciento.
Desde el gobierno acusan a grupos terroristas entre los que engloban, por supuesto, a PKK, el movimiento guerrillero kurdo que durante años fue epicentro de las luchas independentistas. Hace tiempo PKK llamó a la paz y casi al mismo tiempo que se conocía la noticia del atentado en Ankara salió a la luz un comunicado en que anunciaba un cese el fuego. Ligar al HDP con el PKK es un ejercicio muy sencillo para las autoridades turcas, que apelan al nacionalismo para consolidarse en este delicado momento político. Es algo similar a lo que en España hacen los sectores más conservadores con la ETA y la izquierda abertzale.
Hasta ayer, la fidelidad del electorado a HDP parecía sólida y los sondeos no le daban más votos a AKP que en junio. Habrá que ver cómo influye el doble atentado en la elección. Pero sobre todo, cómo detonará en la dramática situación de un país atravesado por la crisis en el mundo árabe que lo golpea de lleno por su posición geográfica y por los resabios de la pulverización del imperio otomano y de la conformación de la República kemalista.
Tiempo Argentino · 11 de Octubre de 2015
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