Uno de los sucesos más impactantes en la historia política española de estos últimos dos años fue el surgimiento de Podemos. Una agrupación nucleada en torno a un puñado de intelectuales y militantes sociales y sindicales que eligieron el camino de la construcción política como respuesta a una crisis económica que venía devastando a la sociedad y que había explotado el 15 de mayo de 2011, aunque sin canales de expresión. Quizás su argumento más contundente es que la dirigencia española desde la recuperación democrática -el partido Popular (PP), conservador, y el Partido Socialista Obrero Español, PSOE, de centroizquierda- representa una casta que se reparte prebendas y beneficios y poco hace para el bien de los españoles de a pie.
El concepto no fue invención propia, como alguna vez reconoció uno de los voceros más preclaros de Podemos, Iñigo Errejón, para quien la palabra aplicada al «envilecimiento de la política profesional» había sido una idea luminosa de dos periodistas italianos, Sergio Rizzo y Gian Antonio Stella, quienes la usaron para definir una situación que se vivía en su patria para el año de publicación del libro La Casta, el 2007. Eran tiempos de tropelías berlusconianas y de anuencia de la Democracia Cristiana que dieron lugar a la aparición de sectores marginales y contestatarios que en alguna medida catalizaron en torno del cómico Beppe Grillo.
En España la popularización del concepto de casta le sirvió a Podemos para definir una situación irritante para el grueso de la sociedad de la península. Mientras la mayoría sufre recortes al estado de bienestar que supieron construir PSOE y PP en otros tiempos, las denuncias de corrupción -pago de sobornos de empresarios privados al partido oficial y fraude por parte de miembros de la familia real- fueron convenciendo que ahora que hay recortes continuos, forman parte de una dirigencia que se sirve de la política y no para servir a los ciudadanos.
El crecimiento en las encuestas de Podemos en el último año encendió las alarmas de los políticos tradicionales, que no se ven como casta, pero que defienden esos privilegios porque también en España la clase dirigente decidió convertirse en clase dominante para persistir. Fue así que desde la derecha liberal surgió l agrupación Ciudadanos, declarado enemigo de Podemos.
El partido que lidera Pablo Iglesias, mediante alianzas muy adecuadas, logró hacer baza en la alcaldía de Madrid con la ex jueza Manuela Carmena y de Barcelona con Ada Colau, una militante social. Y en los últimos comicios dio el batacazo al quedar tercero con 5,2 millones de sufragios, a poco más de 300 mil votos del segundo, el PSOE, y a dos millones del primero, el PP. En bancas, que es lo que importa a la hora de formar gobierno en un sistema parlamentario como el español, el PP quedó primero con 123 escaños, luego el PSOE con 90, Podemos con 69 y Ciudadanos con 40. Otros partidos menores suman 19 curules.
Por primera vez en la historia de la actual democracia española, el que recibe más votos no puede garantizarse la presidencia del gobierno. Porque la diferencia -se necesitan 176 votos parlamentarios- y sobre todo la participación de otros dos partidos con fuerte presencia, no dan para alquimias que en otros tiempos podrían pasar sin mayor trámite. Esto es: el PSOE votaría a su candidato, como segunda minoría que es, con lo que el PP formaría gobierno, o a lo sumo se abstendría. Algo que ahora no da para hacer.
Las negociaciones que se llevaron a cabo desde el 20 de diciembre siguen empantanadas, aunque hubo algunas señales de cómo podría terminar. El actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, intentó vanamente forzar un apoyo con el argumento de que el que ganó tiene derecho a gobernar. Mientras tanto, el PSOE, de la mano de su candidato Pedro Sánchez, que se presenta como una renovación al menos etaria de su partido, busca acuerdos con Podemos y armar una coalición centroizquierdista con el foco en recuperar derechos perdidos en estos años.
La dificultad para lograr este tipo de compromiso estriba en cómo plantarse frente al problema más grave que debe enfrentar cualquiera que se siente en el Palacio de La Moncloa, como es el de la independencia de Cataluña. Porque paralelamente a esta trabazón en Madrid, los catalanes estuvieron casi cuatro meses debatiendo la forma de ocupar la presidencia de la Generalitat. Casi sobre el límite de tener que llamar a nuevos comicios, el resistido Artur Mas dio un paso al costado y fue ungido Carles Puigdemont, otro independentista quizás más extremo.
El PSOE, como partido del sistema, no quiere ni oír hablar de negociar ninguna forma de secesión. Podemos, que no por nada tiene vínculos con los gobiernos progresistas de América Latina -algo que para sus críticos es una mancha en su «prontuario»- presentó una propuesta de reforma constitucional por medio de la cual España sería definida como un Estado Plurinacional, con el esquema de la Constitución boliviana de 2009. Y pretende una consulta popular para que los catalanes decidan si esta es la forma de seguir siendo españoles sin renunciar a su nacionalismo. Y de paso redefinir otras cuestiones en la Carta Magna que modifiquen el modelo neoliberal que se viene imponiendo desde 2009 por lo menos, cuando aún no gobernaba Rajoy. El PSOE acepta casi todo, con sus matices. En lo que se muestra irrenunciable es en lo del referéndum catalán. Los socialistas no quieren las urnas cerca.
Tampoco quieren volver a una nueva consulta en relación con las elecciones generales. Por eso tratan de armar alianzas que les permitan torcer el rumbo en su favor, como hace poco hizo el socialismo portugués a pesar de haber resultado segundo en los comicios. Pero acá juega mucho el concepto de «casta». Si aceptaran ligarse de alguna forma al PP y a Ciudadanos a cara descubierta, confirmarían lo que de ellos dice Podemos.
Por eso en forma imperceptible dieron un primer paso que parece como formal pero marca tendencia: el miércoles eligieron al vasco Patxi López, del socialismo regional -una «sucursal» del PSOE- como presidente de la Cámara junto con Ciudadanos y el PP, que renunció a presentar candidato propio. A cambio, la derecha tendrá amplia mayoría en la Mesa del Congreso, el organismo parlamentario que regula el funcionamiento de la cámara baja desde el presupuesto hasta la investigación de posibles actos de corrupción. La frutilla de un postre que aún está en el horno. Allí dejaron afuera a Podemos. ¿Qué ocurrirá de ahora en más, mientras, Sánchez dice que seguirá negociando con Pablo Iglesias?
El sistema de castas -que sostiene privilegios extravagantes para dirigentes que deberían responder a sus votantes pero terminan imponiendo políticas neoliberales- no es característico solamente de esos dos países del sur europeo. En México circulaba un chiste que ilustra en profundidad esta cuestión: Decían que los políticos mexicanos se hicieron ateos, porque no pueden creer que haya una vida mejor que esta.
En Argentina, la eclosión del sistema en el 2001 se debió a la aceptación de esas políticas impuestas por los organismos internacionales, que dejó una crisis terminal luego de recurrir al pago de sobornos para dictar una ley de flexibilización laboral absolutamente perjudicial para los trabajadores.
De aquel desprestigio nació en kirchnerismo, que en doce años demostró, con sus más y sus menos, el valor de la política como herramienta de cambio. La nueva administración macrista viene a enterrar ese valor de la política, de allí la inundación de gerentes en lugares clave del Estado.
Pero no puede clausurar la política con un congreso mayoritariamente opositor. ¿Cuál es la solución que encontró el ex jefe del gobierno porteño? acordar con algunos de aquellos personajes de la Alianza, que comparten cargos con los CEOs, y tratar de encontrar socios en el parlamento. Un «peronismo prolijo» –como el de Sergio Massa- sería un cofrade ideal para conformar una casta adecuada para la hora. El FPV, en este contexto, será por fuerza un convidado de piedra. Ese es el lugar que le quieren destinar.