por Alberto López Girondo | Oct 1, 2017 | Sin categoría
La foto es de Horacio Paone
–El gobierno nacional prepara un paquete de medidas, con ajustes, reformas laborales, previsionales…
–El gobierno y lo que algunos llaman el establishment, y otros denominan el círculo rojo, vienen dando señales. Aparecen los gurúes, los economistas, los representantes de los grandes bancos internacionales, que dicen que «el mercado está esperando señales concretas de que van a avanzar en las reformas estructurales». Más claros no podrían ser. El gobierno ha instalado también una falsa opción entre ajuste gradual o shock. Y esas no son opciones. La discusión verdadera es ajustar o no ajustar. Es decir, ¿Argentina necesita un ajuste o no lo necesita? En la concepción de este gobierno, con este perfil impositivo y con este costo laboral, Argentina no es un buen destino para las inversiones que buscan optimizar la rentabilidad. Simplemente se trata de eso, a modo de ejemplo, paradójicamente, en las renegociaciones del NAFTA, Estados Unidos y Canadá le piden al gobierno mexicano que suba los salarios mínimos, porque México hace competencia desleal con los otros dos países que tienen salarios más altos. Esto ha sido un caballito de batalla de Donald Trump en su campaña. Nuestro gobierno dice que si queremos que las inversiones vengan, hay que bajar el costo laboral, porque nuestro costo es mucho más alto que el de Brasil o Chile. Los funcionarios dicen también que se debe hacer una reforma impositiva de modo que sea más rentable para las empresas invertir en nuestro país. Pero bajar los impuestos plantea un desequilibrio, y es allí donde aparece el ajuste. Si se bajan impuestos en un escenario de déficit fiscal, hay dos opciones: o el gobierno se sigue endeudando o ajusta el gasto. Así de sencilla es la ecuación. Hasta ahora hicieron ajustes en ciertos rubros y han cubierto el déficit fiscal con deuda. Pero esa deuda va engrosando el déficit fiscal, porque genera mayor costo por intereses. Cuando se mira el gasto público, se ve que la seguridad social es una parte importantísima del gasto público, otra parte es el subsidio a servicios públicos y otra parte la transferencia a provincias. Son los tres grandes rubros, además de educación y salud. Esta estructura indica que el ajuste puede venir muy probablemente del sistema previsional. ¿Cómo harían este ajuste? Alargando la edad para jubilarse o modificando la fórmula de indexación de los haberes jubilatorios para que el valor en moneda constante se vaya reduciendo, o ambas cosas a la vez. Es muy probable también que después de las elecciones el gobierno avance con una reforma laboral que, como mínimo, disminuiría los aportes patronales a la seguridad social. Al principio es algo que mucha gente podría percibir como indoloro, porque no hay un efecto inmediato. Pero esta medida genera el desfinanciamiento del sistema previsional y en un par de años dirán que no es sustentable, como ya ha pasado en otro momento. También están negociando los topes indemnizatorios, las vacaciones o la extensión de la jornada laboral. Los funcionarios del gobierno nacional llaman «costos» a todos estos derechos adquiridos. Es probable que se intente avanzar en estos temas y, además, se profundice la apertura de la economía, con el argumento, por ejemplo, de que gracias a que se abrió la importación de computadoras, los argentinos podemos comprar computadoras más baratas.
–Hay algo de película ya vista en este panorama. ¿Cómo puede ser que exista un importante apoyo a estas políticas cuando ya vivimos lo que ocurrió antes?
–Según los datos de las recientes elecciones primarias, esta política tiene el apoyo de un tercio de la población, no tiene mayoría. Lo que sucede es que se le presenta a la ciudadanía un conjunto de opciones que parecen opositoras, pero para distribuir los votos opositores. De esa forma, el voto de apoyo al gobierno aparece como el más grande, porque el voto opositor aparece dividido. Pero no es cierto que la mayoría de la ciudadanía apoye las políticas del gobierno en esta elección de medio término, donde claramente se está poniendo en juego el juzgamiento de las políticas que se llevaron adelante. Hay dos tercios que votaron propuestas verbalizadas como opositoras. Tengo una opinión sobre cómo han actuado diputados y senadores electos como opositores y que han acompañado la sanción de las leyes. Y doy un ejemplo porteño: Martín Lousteau, exembajador de este gobierno en Estados Unidos, quiere participar en la interna oficialista, no lo dejan y se convierte en un opositor porteño pero oficialista a nivel nacional. Es candidato a diputado nacional y hace su campaña hablando de la gestión de la Ciudad, pero de los problemas del país no habla. Lo más llamativo es que su segunda candidata, Carla Carrizo, es integrante del interbloque Cambiemos. Va por una lista supuestamente opositora y si resultara electa, va a votar todas las leyes que el macrismo necesita, al igual que Lousteau. Por eso no acepto la idea de que la mayoría de la ciudadanía acompañe a este gobierno. Hay dos tercios que han elegido distintas opciones para decir que están en desacuerdo. Habría que discutir si todas esas opciones son verdaderamente opositoras o no. Pero eso no tiene que ver con la ciudadanía, sino con lo que se instala, con los medios de comunicación, con la falta de concordancia entre los dichos y las actitudes. Los candidatos a diputados nacionales de Unidad Porteña hemos firmado un «Compromiso Ciudadano» que establece qué cosas nos comprometemos a no votar jamás. Porque hay dos tiempos, el de la campaña electoral, que es cuando hay que lograr voluntades, y el tiempo del «opoficialismo», ya elegidos, que es cuando se vuelven «razonables» o «racionales» para supuestamente garantizar la gobernabilidad.
–¿Cómo es la construcción desde el Partido Solidario en Unidad Porteña (UP)?
–Nosotros hoy podemos analizar casi dos años de gestión macrista en los que se puede ver claramente cómo votamos cada proyecto y cómo nos hemos comportado respecto de nuestras propuestas y nuestro compromiso. Eso lo podemos exhibir como un valor. En la Ciudad está claro que hay un oficialismo con Elisa Carrió como candidata y hay varias fórmulas donde la principal ha sido la lista de Unidad Porteña que claramente aparece confrontando con la propuesta del macrismo. Visto el resultado de las PASO, lo que se va a votar es si entra al Congreso el cuarto candidato de UP, el segundo de Evolución o el noveno de Vamos Juntos. No si van a entrar Carrió o Filmus o Lousteau.
–Unidad Porteña se referencia en el liderazgo de Cristina Fernández, que se plantea como eje de la oposición, ¿cómo se siente en ese espacio?
–Quiero resaltar que esta es una elección legislativa, no la del candidato para 2019. Creo que de aquí a 2019 el espacio de quienes nos oponemos a este proyecto tiene que ir conformando la posibilidad de construir una mayoría capaz de volver a ser gobierno. Para eso hay un tiempo. Cristina es una referente indudable de ese espacio, pero discutir hoy candidaturas de 2019 es una trampa. En la provincia de Buenos Aires lo que se está decidiendo es si Gladys González o Jorge Taiana llegan al Senado, es decir, si hay un senador más que va a cuestionar este proyecto o una que lo va a defender. También se juega la correlación de fuerzas en Diputados, Legislatura Provincial y concejos deliberantes. Y también está claro que votar cualquiera de las otras opciones que se presentan facilita el resultado favorable al oficialismo. Si el voto opositor se dispersa, se beneficia el oficialismo. Con Unidad Ciudadana en la Provincia de Buenos Aires se fortalece la verdadera oposición en el Congreso.
–Un eje de la campaña es el tema de la corrupción y Cristina Fernández está en medio de varias acusaciones.
–Repito lo que siempre digo: no hay corrupción de izquierda o de derecha. La corrupción debe ser sancionada con dureza siempre. Pero instalar que el deleznable hecho de los bolsos de López es más grave que los 350.000 millones de dólares fugados al exterior que no han pagado impuestos es una falacia. El primero es deleznable y grosero que ofende e irrita porque se lo ve y por lo que significa, y el segundo lo es a través de medios electrónicos y no visualizados, con un impacto distinto porque carece de la instalación mediática crítica. Hubo un blanqueo en Argentina que excluía a parientes de funcionarios, fue una condición principal para que se aprobara la ley. Pero luego se los incluyó por un decreto. Posteriormente se instaló una discusión, porque trascendieron nombres y cantidades que blanquearon miembros cercanos de la familia y amigos del presidente. No se discutió cómo puede ser que esta gente blanqueó, se discutió cómo puede ser que se filtró la información.
–El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, dijo que los funcionarios tienen derecho a tener dinero en el exterior.
–Legalmente tienen derecho, el tema es si es éticamente aceptable. Lo que Dujovne defiende es que no tiene plata escondida, lo que uno podría preguntarse es: ¿cómo alguien que maneja las finanzas de un país no confía en las reglas de su propio gobierno? Hay un tema en cuanto a la corrupción, yo no conozco en detalle, pero a Cristina no le han encontrado ninguna cuenta en el exterior y a varios de los funcionarios actuales, montones de sociedades, cuentas, empresas. Si el problema de la gestión anterior era la corrupción, podríamos preguntarnos: si en 2015 había un déficit fiscal de 1,8%, el desempleo era 5,9%, la deuda pública 13% del PBI, la actividad económica creció 2,6% y supuestamente se robaban todo, y de los que vinieron después se sostiene que no se roban nada, ¿por qué empeoramos? Si solo se trataba de dejar de pagar sobreprecios, tendríamos que haber ido mejorando en todos los aspectos y no pasó eso, aumentó el déficit, subió el desempleo y el endeudamiento, se achicó el país. Algo no anda bien en ese análisis.
–¿Cómo afecta este escenario al sistema financiero?
–Yo diría que el sistema financiero tiene una pérdida de volumen por el traslado de muchos inversores que van a las Lebac. Hay una competencia de la bicicleta financiera que termina desfinanciando al sistema bancario. Como se venía con muchísima liquidez, eso todavía no se nota, ni es un problema, ni es una amenaza en el corto y mediano plazo. Pero hay muchísimas personas y empresas que utilizaban el sistema financiero para ahorrar o mantener sus inversiones y hoy están en las Lebac. No hay ninguna actividad productiva que rinda tanto como las Lebac. En el indicador más sensible que tenemos, que es el de la morosidad, no se advierten signos de deterioro importante. Está un poquito más alto que los valores históricos, pero todavía no es un dato que preocupe. Pero hay otras cosas que llaman la atención y que pueden ser señales de problemas a futuro. Hay muchísimos embargos de la AFIP y de ARBA a cuentas de pymes que tienen problemas impositivos y están siendo atacadas judicialmente. Eso ha crecido. En verdad, el mayor problema no es el sistema financiero sino el productivo. Las pymes están siendo atacadas por la caída del consumo y la competencia de la importación, y eso alimenta un círculo vicioso muy perverso.
–Un tema preocupante en este período es el contexto represivo y el retroceso en materia de derechos humanos, con la detención de Milagro Sala y la desaparición de Santiago Maldonado, como casos salientes. ¿Comparte esta preocupación?
–Históricamente los programas de ajuste han venido acompañados de represión porque, como yo decía en los 90 y lo digo actualmente, el único límite que tienen los ajustes es la capacidad de resistencia de los ajustados. Casi como una constante de esos programas, uno tiene que imaginar que van a ir acompañados de medidas de coerción de distinto tipo. En ese escenario están los casos paradigmáticos como Milagro Sala y Santiago Maldonado. Es llamativo el caso de Milagro Sala: ¿a qué genocida le han hecho lo que a esta militante social? Con la humillación de esa construcción vigilada, la garita, la tanqueta, que solo tienen un sentido intimidatorio y humillante. Con lo de Maldonado el gobierno y los medios concentrados instalan una intrusión «ilegal» mapuche en los territorios «legítimos» de Benetton. El fondo de la cuestión está ubicado allí. Son situaciones graves, pero también hay que decir lo saludable que es ver cómo ha reaccionado la ciudadanía ante el 2×1 o ante lo de Santiago Maldonado. Hay una reserva considerable de defensa de los derechos humanos en la sociedad argentina, que puede parecer aletargada; pero cuando se producen estos hechos, se genera una reacción espontánea, inmediata y multitudinaria.
Revista Acción, primera quincena de Octubre de 2017
por Alberto López Girondo | Sep 16, 2017 | Sin categoría
Si logra los resultados que espera en la elección del 22 de octubre, el gobierno se dispone a impulsar varias reformas sustanciales. En algunos casos, las conversaciones se desarrollan, al menos en parte, a plena luz del día, como ocurre con la reforma tributaria. En otros, los actores se mueven en silencio. En esta situación está la modificación del rol de las Fuerzas Armadas, un proyecto que no es nuevo, pero que se reactivó con el cambio de ministro de Defensa, en julio pasado. Si bien avanzan los preparativos, por ahora no cuenta con la luz verde definitiva en el gobierno de Mauricio Macri.
Fuentes ministeriales y legislativas certificaron la existencia de este plan, que calzaría justo con la apelación a combatir el narcotráfico que el oficialismo desplegó en campaña. Hay quienes temen que –con el antecedente de otras experiencias desde diciembre de 2015–en Balcarce 50 busquen evitar un ríspido debate en el Congreso para reformar la Ley de Defensa y en cambio podrían apelar a un decreto que reinterprete la normativa vigente para que otra vez los militares puedan intervenir en vigilancia y control interior.
Es ocioso recordar que las FF.AA. quedaron profundamente salpicadas por el tenebroso papel que jugaron en los años 70. Más tarde, recuperada la democracia, las intentonas de los carapintada en la Pascua de 1987 y los levantamientos de 1988 y 1990 pusieron de manifiesto el carácter antidemocrático que primaba en las fuerzas.
En tanto, recién en abril de 1988 se aprobó la Ley de Defensa Nacional número 23.554, donde se establece que las FF.AA. deben «enfrentar las agresiones de origen externo» y que debe diferenciarse su intervención de la seguridad interior. Esta última se rige por otra ley, de 1992, que asigna esas tareas a las fuerzas policiales, Gendarmería y Prefectura Naval.
Hubo que esperar hasta 2006, cuando mediante el decreto 727 se reglamentó la ley 23.554. Ese «descuido» permitió interpretaciones de lo más contrapuestas entre autoridades de turno y los lobistas del momento. El decreto puntualiza que «las Fuerzas Armadas, instrumento militar de la defensa nacional, serán empleadas ante agresiones de origen externo perpetradas por fuerzas armadas pertenecientes a otro/s Estado/s», según los términos definidos por las Naciones Unidas. Como agregado, detalla que las FF.AA. no podrán intervenir en «producción de inteligencia, hipótesis, supuestos y/o situaciones pertenecientes al ámbito de la seguridad interior».
Operación cuestionada
Expertos en el tema acusan al exjefe del Ejército, César Milani –ahora detenido por una causa de lesa humanidad–, de sentar un nefasto antecedente al impulsar en 2011 el Operativo Escudo Norte (OEN), un plan para el control fronterizo y la vigilancia del espacio terrestre en doce provincias del norte del país con el objetivo de combatir el «tráfico ilícito de drogas, la trata de personas y el contrabando de bienes». El OEN, si bien ponía en el campo a efectivos de fuerzas de seguridad, otorgaba cobertura logística y estratégica de Ejército y Fuerza Aérea. El plan sigue vigente, ya que fue prorrogado anualmente hasta 2017.
Desde el cambio de gobierno, con renovadas expectativas, tanto para los estrategas de las FF.AA. como para los especialistas de los distintos partidos políticos, volvió a resonar una pregunta inquietante: ¿qué hacemos con los militares? El argumento economicista que prima en muchos miembros de la alianza Cambiemos, fundamentalmente en los originarios del PRO, apunta a preguntarse para qué mantener un gasto en personal e insumos si la única razón de su existencia es un hipotético conflicto externo a todas luces improbable en estos días. Por eso, ni bien asumió el primer titular de Defensa, el radical Julio Martínez, comenzaron los recortes presupuestarios. Ahora, con la llegada de Oscar Aguad al edificio Libertador, los que aspiran a una mayor preponderancia de las FF.AA. tienen nuevas expectativas. Aguad, apodado «El milico» por su buena relación con militares y su cercanía con represores como Luciano Benjamín Menéndez, viene de desguazar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual desde la cartera de Comunicaciones, que se disolvió tras su paso a Defensa. Se especula que su objetivo apunta a fusionar este organismo con Seguridad, si es que logra reformular el rol de los uniformados.
Hipótesis peligrosa
En el Ministerio explican estos pasos destacando que luego de la derogación de la Ley de Servicio Militar en 1994, a raíz del asesinato del soldado Omar Carrasco, se fue reduciendo a niveles mínimos el personal de las FF.AA. «Si pensamos en una pirámide en la que la base son los soldados y la cima son los jefes –dijo una fuente a este medio–, ya pasamos la época en que era un rectángulo y ahora es una pirámide invertida. En términos de la calle, hay más caciques que indios y no porque no se necesiten los indios».
Pasada la hora de sumarse a las tropas internacionales de Cascos Azules en los Balcanes o en Haití, no son muchas las oportunidades para quienes se alistan. Además de que se achataron los sueldos en detrimento de las fuerzas de seguridad, con lo cual es fácil ver a suboficiales y oficiales de baja graduación haciendo tareas de vigilancia como un extra hasta no hace tanto impensable en un militar.
El combate del narcotráfico y del terrorismo forma parte del discurso de sectores de la derecha tradicional que encuentran eco en el gobierno y que tienen anuencia de otras líneas políticas como el massismo, que también lo agitó en campaña. Desde el ministerio juran que un nuevo rol para las FF.AA. en la lucha contra ambos flagelos no implicará que se les permitirá actuar en vigilancia y control interno. Pero los límites en realidad son difusos.
A esto se suma que para la gestión macrista la lucha contra el narcotráfico es un objetivo declarado, lo que crea el escenario adecuado para una vuelta de página en favor de las FF.AA. argentinas. Una vuelta de página que por otro lado implicaría también un grado de reivindicación de lo actuado hace cuatro décadas.
Los detractores de estos planes de reinserción militar tienen como ejemplo para poner sobre la mesa la experiencia mexicana. Recuerdan que desde el 11 de diciembre de 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón lanzó a los militares a la guerra contra el narcotráfico, se han registrado no menos de 150.000 muertos en el país azteca. Y alertan sobre el riesgo de repetir otra guerra contra el terrorismo y el narcotráfico de consecuencias impredecibles.
Revista Acción, segunda quincena de Septiembre de 2017.
por Alberto López Girondo | Sep 12, 2017 | Sin categoría
Mañana se juega una partida crucial en las calles de Cataluña, cuando los catalanes celebren la Diada bajo el telón de fondo del llamado a referéndum independentista del 1 de octubre. Ya no solo se recordará el día en que Barcelona cayó en manos de las tropas borbónicas, el 11 de setiembre de 1714, sino la voluntad de ir a las urnas para dirimir una cuestión que fue creciendo en forma insistente en estos años como es la voluntad de formar un estado separado de España.
El miércoles pasado, y luego de unas 12 horas de escaramuzas y debates leguleyos, se aprobó la llamada a consulta popular y una ley de Transitoriedad que regiría en caso de una respuesta afirmativa el 1-O. Los partidarios del NO -que son minoría- se retiraron cuando vieron que no podrían dilatar el debate hasta el jueves, lo que hubiera permitido que Mariano Rajoy tuviera en sus manos un dictamen del Tribunal Constitucional para bloquear la convocatoria.
De todas maneras, el gobierno lanzó una andanada de recursos constitucionales y el TC dictó una cautelar por cuatro presentaciones de Rajoy. A su vez, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya dio lugar a un reclamo de la Fiscalía General de la región, una contra el presidente de la Generalitat Carles Puigdemont y su gabinete, y otra contra la titular del Parlament, Carme Forcadell. En ambos casos la acusación es por desobediencia, prevaricato y malversación, lo que implica una sentencia de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos.
La misma amenaza rige para los alcaldes que se sumen al reclamo independentista o que den lugar a la votación. Se sabe que hay 670 de 943 municipios que ya avisaron que esperan y apoyan la voluntad popular. Otros ligados al socialismo rechazan el convite y Barcelona intenta mantener una equidistancia que parece difícil de sostener en estas circunstancias.
La alcaldesa Ada Colau llegó al cargo luego de una alianza entre Podemos y movimientos de izquierda locales, Barcelona en Comu. No es que se plante contra la consulta, solo que se la nota tironeada por sus aliados madrileños. Pablo Iglesias busca una alianza con Pedro Sánchez, el nuevo líder del PSOE, para quitar del medio a Rajoy y las políticas neoliberales del PP.
Colau, que tiene como número dos al argentino Gerardo Pisarello, se escuda en la suspensión dictada por el TC mientras cuestiona la cerrazón de Rajoy para «llegar a una solución del conflicto político». Pero también critica a los independentistas que, dice, quieren avanzar contra el deseo de «media Cataluña». Es que según las últimas encuestas, hay un 40% de catalanes que se manifiestan independentistas y otro 40% que no quieren dejar España, más un 20% de indecisos. La opción, en todo caso, sería llevar esta paridad a las urnas.
Desde Madrid, en cambio, quieren mostrar dureza y ordenaron a la Guardia Civil allanar talleres gráficos donde se imprimieron documentos del referéndum, uno en Tarragona y un semanario en Alt Camp.
La intervención del gobierno central choca con la policía local, los Mossos d’Esquadra, que son los que serían llamados por ejemplo a detener a Puigdemont y Forcadell, llegado el caso.
Sucede que este cuerpo policial fue muy celoso de su rol tras el atentado yihadista del 17 de agosto en La Rambla de Barcelona y fue muy evidente la velocidad con que desarticuló al grupo de presuntos responsables sin dejar que actuara nadie de Madrid. El sindicato que los agrupa ya adelantó que respetarán la ley. Lo que no queda claro es cuál de las leyes en disputa. «
Tiempo Argentino
Setiembre 10 de 2017
por Alberto López Girondo | Sep 12, 2017 | Sin categoría
Foto: Tiempo Argentino
Curioso raíd el de Mónica Silvana González. Nació en Buenos Aires y vivió en Mataderos hasta que a los cuatro años sus padres emigran a Esquina, Corrientes. De allí, con un diploma en Turismo por la Universidad del Litoral en la mano, se fue en 2001 con la idea de especializarse en España y recaló en la Universidad de Alcalá de Henares. Ya afincada en la tierra de Miguel de Cervantes, donde la conocen simplemente como Mónica Silvana, fue ocho años concejala, es diputada de la Asamblea de Madrid y desde junio pasado integra «la mesa chica» del Partido Socialista Obrero Español, tras el triunfo en la interna de la tradicional agrupación española del ala izquierda, que lidera Pedro Sánchez. Desde ese lugar clave, impulsa ahora una alianza con Podemos para poder gobernar con el modelo de la coalición de izquierda portuguesa. De paso por Buenos Aires, la secretaria de Movimientos Sociales y Diversidad –el asunto que más le preocupa y al que ha dedicado su vida política– del PSOE habló de estas cuestiones con Tiempo.
«La situación hoy día es que ganamos una interna complicadísima que era vencer a la trama de los medios de comunicación que es el grupo Prisa (Diario El País, radios en la península y Latinoamérica, incluida Continental en Argentina, canales de TV y editoriales como Santillana), hemos vencido al Ibex35 (el principal índice bursátil de ese país)», dice, como para romper el hielo.
–¿Vencieron a la casta?
–A mí no me gusta hablar de casta porque es un término muy de Podemos que debería tener sus aclaraciones. Hemos vencido a todo el poder que quería que gane Susana Díaz para que se justifique la abstención que le permitió a Mariano Rajoy ser presidente del Gobierno. Entendemos que ese fue un error y por eso el perfil que tengo para estar en la Permanente del Ejecutivo Federal, que es el entorno más cercano a Pedro Sánchez.
–¿Cómo podría definirse ese lugar en la cúpula partidaria?
–Hay un ámbito de 49 personas, que es la Mesa Grande y una Mesa Chica por decirlo en términos argentinos, donde somos 17 más el secretario general y es donde hacemos los despachos semanales.
–¿Desde ese sitial discuten la letra chica para la alianza con Podemos?
–El documento que hemos presentado a la interna dentro del 39º Congreso del PSOE y que ha salido refrendado por la gran mayoría de los socialistas españoles viene con un programa muy claro de una alianza estratégica no solamente de los partidos sino una alianza ciudadana, al modelo de Portugal. Allí hoy está gobernando la izquierda como fruto de una alianza con todos los sectores sociales. Es lo que queremos para España, que dejemos de lado a ver quién tiene mas votos si Podemos o el PSOE. No vamos a competir con ellos, aunque quisiera recuperar a esos votantes que han sido socialistas y por los errores múltiples que se han cometido en los últimos tiempos se han ido a Podemos. Como dice nuestro logo, «Somos la izquierda». Y somos una izquierda creíble que produjo un gran crecimiento en el país con el ingreso de España a la Unión Europea (en 1986, con Felipe González en el poder), con todo el paquete de leyes sociales y un enorme avance en cuestiones civiles y en mejora económica.
–¿Cómo podrían hacer eso ahora teniendo en cuenta lo que ha pasado en Grecia, donde fue claro que el paradigma de la UE no va hoy para ese mismo lado?
–Esta claro que en Europa las alianzas con la derecha no han funcionado. Siempre en esas alianzas todos quedan subsumidos en el partido que ha tenido la hegemonía del gobierno. Por eso creo que abstenerse para posibilitar que la derecha gobierne o compartir gobierno con la derecha no ha llevado ningún beneficio ni para los ciudadanos ni para la fuerza política. El modelo de Grecia es otro y no quiero compararme con otro país.
–Pero más allá de las alianzas políticas lo que se ve es que a los organismos centrales de la UE no les importa quién gane la elección y siempre presionan para que imponer medidas neoliberales. ¿No cree que hay una trampa en la que cayeron tantos partidos socialistas en Europa y el propio Syriza en Grecia?
–Es una trampa en la que han caído muchos, por eso nosotros decimos que no se puede hacer ninguna medida sin consultar. Lo hemos hecho en las bases y lo defenderemos estando en el gobierno. Sabemos que todos los cimientos sobre los que se ha construido Europa están en entredicho porque desde los sectores mas de derecha se están intentando separar a Europa. Nosotros defendemos todo lo contrario y decimos que para tener una España fuerte necesitamos una Europa fuerte. Se avecinan elecciones en el Europarlamento que son clave y creemos que las elecciones en Francia han contribuido a que no se siga desmembrando Europa.
–¿Cómo se puede hacer fuerte a España con una situación económica como la actual?
–Uno de los modelos que tiene que defender un nuevo gobierno es el combate de la desigualdad. España hoy día crece, pero con niveles de pobreza tremendos. En Madrid tenemos que hablar de un 21% de pobreza. Madrid, la capital de España, con una de las rentas per cápita más altas de Europa. La herencia que va a quedar después de esta gran crisis económica va a ser la desigualdad. Hace falta recorrer colegios, de rincones de los barrios de Madrid para darse cuenta. Yo como diputada conozco muy bien la realidad de los barrios de Madrid. Hay que hablar de esa pobreza que crece por gobiernos de derecha que están desarmando el modelo de Estado de Bienestar, la inversión en educación publica, en salud pública. Por eso le decimos a los ciudadanos que están viviendo esta situación que ahora la dirección del POSE vuelve a ser la misma de aquellos logros.
–Otro tema preocupante en el país es Cataluña, ¿cómo piensan tratar el caso?
–El tema es muy complejo. Desde la época de Manuel Azaña, presidente de la república española (1936-1939) autor de un libro muy interesante, «El gran problema español», se ve que los mismos temas siguen vigentes. Nuestro modelo refrendado en el 39ª Congreso es el del Estado Plurinacional. España puede ser una nación de naciones pero con un modelo de soberanía única que es España.
Tiempo Argentino
Setiembre 3 de 2017
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