por Alberto López Girondo | Jun 24, 2017 | Sin categoría
El oficialismo celebró de buena gana que el candidato de la alianza ECO-Cambiemos, Eduardo Tassano, destronara al intendente correntino Fabián Ríos, del Partido Justicialista (PJ), por casi 4 puntos de diferencia: 50,17% contra 46,47%. El jefe comunal electo superó la mitad de los votantes en un distrito que Ríos gobernó en los últimos cuatro años, pero que dirigió el radicalismo desde 2001, luego de la debacle del clan Romero Feris, que llevó a las intervenciones federales de Ramón Mestre y Oscar Aguad. El peronismo siempre tuvo dificultades para hacer pie en la provincia, hasta que en 2009 el regatista olímpico Carlos Mauricio Espínola dio el batacazo y ganó la intendencia de la capital, justo cuando el Frente para la Victoria (FpV) sufría un revés en las parlamentarias de medio término de la primera gestión de Cristina Fernández, con el recuerdo fresco del conflicto con el campo. Ríos sucedió a Espínola en otro momento crítico para el kirchnerismo, en 2013.
Este cambio de tendencia encuentra a la alianza de gobierno en plena deliberación sobre el modo de construir consensos internos para las legislativas de octubre, con amplios sectores del radicalismo molestos por el modo en que el presidente Mauricio Macri maneja la relación con el partido que en 2015 le aportó estructura para poder presentarse en todos los distritos. El triunfo de Tassano, un médico cardiólogo radical de reconocida trayectoria, que fue concejal y diputado provincial, alegró al oficialismo nacional y le dio un respiro cuando varias encuestas mostraban a un electorado esquivo a las políticas del gobierno central.
El peronismo, en tanto, pudo mostrar dos triunfos en el primer domingo del año electoral que le dan aire en momentos en que también dirime su interna, bastante áspera en más de una provincia. En Chaco, que realizó las PASO para renovar la mitad de la Cámara Baja, el Frente Chaco Merece Más, que gobierna la provincia con Domingo Peppo y la capital con Jorge Capitanich, obtuvo 50,12% de los sufragios, contra el 33,5% de las tres listas sumadas que apoyan a Cambiemos.
En La Rioja también se renueva la mitad de la Cámara Baja y allí Cambiemos apenas superó el 18% de los votos. El justicialismo fue dividido, y en su versión más exitosa, que llevaba el logo oficial del PJ, logró cerca del 25% de los votos, mientras que Encuentro por La Rioja, otro afluente peronista, quedó en segundo lugar, con escasa diferencia sobre Cambiemos. El triunfo permitió que el presidente del PJ a nivel nacional, el sanjuanino José Luis Gioja, apelara a la unidad federal para las parlamentarias.
Al mismo tiempo que celebraba Tassano, en el gobierno nacional cundía el temor por las consecuencias que pueden tener las revelaciones de directivos de Odebrecht, un escándalo que puede generar en este lado de la frontera un cataclismo político similar al que produjo en Brasil, donde quedaron salpicados dirigentes de todos los partidos.
La preocupación llevó al ministro de Justicia, Germán Garavano, a viajar a Estados Unidos para hablar con el jefe de los fiscales, Jeff Sessions, para liberar información que ejecutivos de la multinacional brasileña entregaron a la Justicia estadounidense sobre sobornos pagados en el país en los últimos años y que la empresa estimó en 35 millones de dólares.
El caso Odebrecht desnuda un modus operandi que, si bien es escandaloso, no por eso deja de sorprender, ya que tiene décadas de funcionamiento más o menos aceitado. La propia empresa, que tiene a su presidente, Marcelo Odebrecht, preso y condenado en Brasil, reconoció que lleva pagados más de 3.000 millones de dólares en coimas en casi todos los países de América Latina. Los ejecutivos de la constructora aceptaron «prender el ventilador» con tal de reducir la condena que les esperaría en su nación de origen, y en ese camino dejaron mal parados al expresidente de Perú, Alejandro Toledo, y al actual mandatario de Colombia, Juan Manuel Santos. Aquí las autoincriminaciones de Odebrecht podrían repercutir tanto contra funcionarios del gobierno anterior, como a los actuales y a miembros de gobiernos provinciales o municipales.
Jueces en la mira
El caso Odebrecht desnudó otro momento crítico para la institucionalidad. Porque voceros del oficialismo volvieron a arremeter contra la procuradora Alejandra Gils Carbó, a la que no quieren cerca y aún no hallaron el modo de expulsar. Ahora dijeron que busca direccionar esa investigación en contra del gobierno.
Las palabras del presidente Macri en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires en una entrevista pública fueron indicativas del rumbo que pretenden en la Casa Rosada. «Los miembros de la Justicia Federal tienen que saber que cuidado (sic), porque los argentinos queremos saber la verdad, entonces más vale que ellos nos representen. Si no, vamos a buscar otros jueces que nos representen».
Otro acusado de afinidad con el anterior gobierno, el juez Eduardo Freiler, seguía en la picota. Las presiones para que renuncie no encontraron la respuesta esperada y los intentos de someterlo a juicio político tampoco, por la falta de un voto clave en el Consejo de la Magistratura, el del representante de los académicos, Jorge Daniel Candis, convertido entonces en un obstáculo para el nuevo diseño al que en el área de Justicia aspira Cambiemos. Un diseño que choca con la resistencia de jueces no necesariamente filokirchneristas o incluso notoriamente opuestos. Así nació la Asociación de Jueces Federales, cuyo presidente, Jorge Morán, de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, confió en que «pueda contar algún día con las herramientas y los hombres para poder tener una Justicia que permita llegar a una República con la que soñamos».
La sorpresiva renuncia de Susana Malcorra, en tanto, despertó suspicacias de las que no fue ajeno el escándalo Odebrecht. Pero otros temas la podrían haber malquistado con el oficialismo, como haber apostado a pleno a la candidatura de Hillary Clinton en las elecciones estadounidenses, sin dejar margen a un triunfo de Donald Trump, lo que complicó al presidente con un viejo conocido. Además, su renuncia por razones personales explicando que debía estar cerca de su familia en Madrid contradice su deseo –en el que embarcó a la cancillería en pleno– de estar al frente de la ONU, un organismo con sede en Nueva York.
Revista Acción
Junio 15 de 2017
por Alberto López Girondo | Jun 24, 2017 | Sin categoría
Si algo se puede decir de Donald Trump es que está dispuesto a echar por tierra todos los convenios a los que Estados Unidos se comprometió durante los ocho años de Barack Obama en la Casa Blanca. Así, luego de patear el tablero con los acuerdos climáticos de París y amenazar con barrer el que se alcanzó con Irán y las grandes potencias por los proyectos nucleares del país asiático, ahora fue por Cuba. Lo prometió en campaña, lo venía adelantando y el viernes llegó a Miami a mediodía para, una hora más tarde, ante un Teatro Manuel Artime repleto de cubano-estadounidenses, entusiasmar a los más exaltados con un puñado de frases que, por lo menos, sonaron a retórica antigua.
«Estoy cancelando todo el acuerdo bilateral del último gobierno –dijo el polémico empresario–, estoy anunciando una nueva política, como prometí durante la campaña, y firmaré ese decreto en esa mesa en solo un momento.» Acto seguido estampó su rúbrica en una Orden Ejecutiva (Decreto de Necesidad y Urgencia) que endurece algunas políticas que se venían poniendo en marcha desde que el 17 de diciembre de 2014 Obama y el presidente cubano Raúl Castro sorprendieron al mundo dando a conocer el inicio de negociaciones para restablecer relaciones diplomáticas luego de más de medio siglo.
La Cancillería cubana se apuró a declarar que las nuevas medidas de endurecimiento del bloqueo están destinadas al fracaso. «Trump toma decisiones que favorecen a los intereses de una minoría extremista de origen cubano», destacó el comunicado oficial distribuido a última hora del viernes. A pesar de la condena, «el gobierno de Cuba reitera su voluntad de continuar el diálogo respetuoso y la cooperación con EE UU.»
Alrededor de 1000 personas que asistieron al encuentro en Miami celebraron la osadía tan poco frecuente en EE UU de un presidente que anula de un modo tan manifiestamente brutal una medida de su antecesor. A Trump le gritaban «te quiero» y hasta se animaron a un «feliz cumpleaños». Y él saludaba con las manos en alto como un colegial, agradeciendo el homenaje a su 71º aniversario, que fue el miércoles.
Entre los presentes estaban el senador Marco Rubio, el representante Mario Díaz-Balart, algunos notorios activistas anticubanos y veteranos de la invasión de Bahía de Cochinos, en 1961. Artime, que da nombre al teatro donde habló Trump, fue uno de los líderes de aquella intentona.
El fracaso de ese intento de desplazar al gobierno revolucionario por la fuerza provocó una profunda decepción en los grupos más extremistas de los exiliados, que estarían detrás de una conspiración que terminó con el asesinato de John F. Kennedy en 1963, según la investigación del fiscal Jim Garrison.
Algunas de las frases que encendieron el éxtasis fueron del tipo de «no levantaremos las sanciones a Cuba hasta que todos los prisioneros políticos sean libres, todos los partidos políticos estén legalizados y se programen elecciones libres y supervisadas internacionalmente», o bravuconadas como «desafiamos a Cuba a que venga a la mesa con un nuevo acuerdo que sea más beneficioso tanto para su pueblo como para nuestro pueblo, como para los cubano-estadounidenses».
¿Qué cambia en la práctica luego de este anuncio? La Embajada de Estados Unidos en La Habana, reabierta el 20 de julio de 2015, permanecerá abierta. Serán más duras las condiciones para el viaje y el comercio con la isla, sobre todo cuando se trata de ciudadanos estadounidenses que quieran ir por su cuenta y no lo hagan como parte de una delegación, no así para quienes tengan parientes. Habrá, también, mayores regulaciones para los negocios con empresas de capital estatal o ligadas a las Fuerzas Armadas.
Pero los vuelos comerciales continuarán como se venían haciendo, Cuba permanecerá fuera de la lista de países que patrocinan el terrorismo y no se reinstalará la política de «pies secos, pies mojados» que facilitaba la permanencia de cubanos que se fueran de la isla a condición que ya hubieran logrado descender en suelo estadounidense.
Fuentes de la Cancillería cubana analizaban que el anuncio fue un gesto para los «gusanos» más recalcitrantes con poco sustento entre las generaciones más jóvenes. Incluso, deslizaron, «tampoco es que Obama había hecho tan bien los deberes, de hecho, el bloqueo no se ha levantado y eso sigue causando perjuicios enormes a la economía cubana que, entre otras cosas, no puede operar con moneda extranjera por las restricciones que aún mantienen los bancos internacionales».
Por otro lado, según los últimos sondeos, el 65% de la población de EE UU apoya el acercamiento que ensayó Obama y el reclamo por poner fin al bloqueo es casi unánime en cada asamblea de las Naciones Unidas en que se trate el asunto. Por otro lado, durante este año y medio de distensión se crearon oportunidades de negocios para miles de productores de Florida y de otros estados de la costa atlántica.
Es así que legisladores, empresarios, analistas políticos y económicos, y gurúes de todas los pelambres venían dando la voz de alarma cuando se supo de la intención del presidente. «Esto atenta contra otra promesa electoral, la que se representa mediante el slogan America First (Estados Unidos primero)», dijeron.
A las pruebas se remitieron: más de 250 mil estadounidenses visitaron la isla en los primeros cinco meses de este año, un 145% más que en igual período del año pasado. Todavía no están las cifras –van a aparecer en estos días– pero ya se sabe que es enorme el volumen de inversiones de empresas aéreas, marítimas y hoteleras que apostaron a las posibilidades que se abren para Cuba.
Hay en el trasfondo del anuncio de Trump, finalmente, una especulación que juega con los tiempos para quedar bien parado ante los pobladores de un distrito que fue clave para ganar la presidencia en 2015. El líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, murió en noviembre pasado y en febrero de 2018 el presidente Raúl Castro termina su mandato y con él la camada que inició este camino en 1959 pasa, como se dice, a «cuarteles de invierno».
Si bien hay una hoja de ruta que el gobierno cubano ya tiene establecida para ese momento, en pocos meses pase lo que pase, la administración estadounidense tendrá que vérselas con nuevas caras en La Habana. Tal vez a lo que apunta Trump es a marcar la cancha a los que vengan sin pagar un precio tan alto por el desafío.
Pero es bueno recordar que luego de más de medio siglo de medidas de toda índole contra el gobierno revolucionario, Obama terminó admitiendo que habían sido un fracaso y que había condenado a Estados Unidos a la aislación, más que a Cuba.
Tiempo Argentino
Junio 18 de 2017
por Alberto López Girondo | Jun 23, 2017 | Sin categoría
El 15 de junio de 2012 se produjo una matanza en los campos de Marina Kue, en el oriente del Paraguay. Una semana más tarde el Congreso destituyó al presidente constitucional.
Unos pocos minutos de un video que nunca fue incorporado en el juicio contra once campesinos por la masacre de Curuguaty, en Paraguay, podrían abonar nuevos argumentos para un último escalón dentro de la justicia de ese país que permita rever una condena por un hecho de consecuencias dramáticas para la región del que este jueves se cumplieron cinco años.
La masacre fue un caso resonante por la oscura trama de intereses económicos y políticos que esconde, pero sobre todo por el uso que se hizo de él. Fue la primera excusa para un juicio político exprés contra el presidente Fernando Lugo que en una semana lo dejó afuera del Palacio de los López y puso en su lugar el vicepresidente, Federico Franco.
Era el segundo caso de golpe parlamentario en América Latina en el gobierno de Barack Obama -el primero había sido en 2009 en Honduras- y fue el molde en que cuatro años después se montó el operativo que expulsó del Planalto a Dilma Rousseff, un laberinto del que aún no alcanza a salir el Brasil.
El 15 de junio de 2012 una noticia conmovió al corazón de América del Sur: en un choque en un intento de desalojo entre policías y campesinos que ocupaban un predio de unas 2000 hectáreas, en Curuguaty -una localidad del este paraguayo que fue la cuarta capital del país, durante la guerra de la Triple Alianza- habían sido abatidos seis agentes y once trabajadores rurales. De entrada el caso parecía oscuro y el avance de las horas lo vino a confirmar.
Lugo, un sacerdote tercermundista, había llegado al poder en 2008 mediante una alianza con el partido Liberal Radical Auténtico, de centro derecha, para poner fin a décadas de «coloradismo». El partido Colorado, la derecha más rancia, venía gobernando desde la Guerra Fría con el dictador Alfredo Stroessner y luego «heredó» el poder cuando Paraguay «recuperó la democracia», en 1989.
Fue, como la del PT y el PMDB en Brasil, una alianza endeble, como dormir con el enemigo a la espera de poder concretar un proyecto progresista. Pero de entrada los sectores de ese conservadorismo retrógrado, que nuca dejaron el poder real, comenzaron a conspirar y a limar la imagen del cura. Que primero resultó «carpeteado» con sus relaciones íntimas que le dieron al menos dos hijos que súbitamente aparecieron a la consideración pública cuando ya estaba en el gobierno.
El ataque fundamental contra Lugo no era el de la castidad, por supuesto, sino el que como obispo de San Pedro, donde había nacido, además, había conocido de cerca el drama de los campesinos en busca de tierra y el despojo al que terratenientes habían producido en ese país desde el fin de la guerra de la «triple infamia», en 1870. Y precisamente una de las promesas de Lugo había sido avanzar hacia una reforma agraria, entre otras propuestas de avanzada.
Como destaca Héctor Aquino, presidente de la Unión de Gremios de la Producción y uno de los más importantes productores sojeros, “Paraguay es el cuarto exportador de soja, por debajo de Estados Unidos, Brasil y Argentina, y el décimo exportador de carne vacuna. Esto es así porque desde hace 40 años se viene consolidando la economía agrícola de esta país y hubo una gran inversión de tecnología agrícola”.
En un país que produce alimentos para 60 millones de habitantes y pero que tan solo tiene 6,5 millones de habitantes, la tierra es un bien que puede alcanzar valores inimaginables. Por eso inversores y agricultores brasileños ocupan tierras limítrofes (se los llama «brasiguayos») y cerca de 100mil campesinos pobres de tienen reclamos que duermen confortablemente en algún cajón de escritorio de algún funcionario del área agrícola del gobierno.
Caso paradigmático
El campo de Marina Kue, como se conoce al que fue escenario de la Matanza de Curuguaty, es casi un ícono de esa situación. Se trata de 2000 hectáreas que fueron donadas en 1967 al estado nacional por la empresa La Industrial Paraguaya, un holding que había surgido de los restos del país que habían sabido construir José Gaspar de Francia y francisco Solano López.
Para los tiempos de la donación, gobernaba el general Stroessner, quien le otorgó el predio a la Marina. Hasta que en 1999 vuelven al estado sin que se hubiera labrado escritura de ese predio. Desde entonces, familias campesinas comenzaron trámites para que les adjudicaran lotes a través del Instituto Nacional del Desarrollo Social y la Tierra(Indert ).
En 2005, los reclamantes, que de hecho ocupaban los campos, reciben la notificación de que el juez de Curuguaty José Benítez había ordenado escriturar el antiguo Marina Kue a nombre de Campo Morombí SA, una firma del grupo Riquelme, que lo había reclamado mediante un juico de usucapión, esto es, que había acreditado el pago de impuestos durante más de 25 años.
Aquí parece haber metido la cola un ángel -que no el diablo-, ya que hubo un error de los abogados de la empresa y el titulo se inscribió con un número que correspondía a otra finca. Igualmente, Campos Morombí siempre consiguió que un juez amigo aceptara sus pedidos de desalojo.
El cabeza del grupo era en ese momento Blas N. Riquelme, quien falleció pocos meses mas tarde a los 83 años. Riquelme, un magnate con intereses en grandes empresas, incluso una cervecera, fue senador colorado y un figura de peso dentro de partido.
Viernes negro
Un informe elaborado por Antonio Guillermo García Danglades para Barómetro Internacional detalló que ese viernes 15 de junio de 2012, a las siete de la mañana, 11 campesinos y 6 policías «fueron asesinados durante un operativo de desalojo ejecutado por unas 324 fuerzas militares y policiales contra poco más de 50 hombres, mujeres y niños de familias campesinas que habían ocupado tierras del distrito de Curuguaty, reclamadas por la familia del terrateniente paraguayo Blas N. Riquelme, empresario y ex presidente del Partido Colorado». Y añade una explicación muy oportuna del periodista británico Benjamin Dangl, quien encuentra que el caso refleja «un conflicto por el acceso a la tierra, la cual representa el poder y el dinero para las elites, la supervivencia y la dignidad para los pobres, y ha estado en el centro de importantes batallas políticas y sociales en Paraguay durante décadas”, y que para entender ese conflicto, “hay que echar un vistazo a la historia de la guerra por los recursos naturales de Paraguay, por la tierra (…) y a la historia de la resistencia de una comunidad agrícola”.
Lugo, en este contexto, resultaba un escollo difícil de evitar si, como se veía, iba ganando espacio propio entre las clases populares y podría convertirse en un líder intolerable para el establishment paraguayo. Pero mucho más problemático resultaba justo en ese momento -en pleno auge del progresismo en Sudamérica- para los intereses del departamento de Estado, por entonces todavía en manos de Hillary Clinton.
Lugo enfrentó siendo presidente la friolera de 23 pedidos de juicio político, que no prosperaron por falta de oportunidad política. Aún así su gobierno avanzaba, y lo hacía paralelamente al fortalecimiento de los organismos regionales, ante la mirada atónita de una derecha que se atrincheró en el Congreso, desde cuyo Senado, por ejemplo, impidió que Venezuela ingresara a Mercosur bajo el argumento de que no era un país democrático y Hugo Chávez era izquierdista.
Lugo consiguió, aun en esas condiciones extremas, implementar un sistema de salud gratuito por primera vez en décadas y otorgó planes de jubilación para los más pobres. Pero debió enfrentar la realidad de que la reforma agraria se demoraba ante la urgencia de los campesinos sin tierra. Y al tiempo que el Indert iba definiendo qué propietarios andaban «flojos de papeles», surgió un misterioso grupo guerrillero que lo corría por izquierda, Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), flameado como una amenaza por los terratenientes amenazados con algún tipo de expropiación.
Tras la masacre de Curuguaty, en tiempo récord -una semana y tan solo dos sesiones- los diputados armaron un juicio político. Y fueron tan explícitos en sus cargos que entre los fundamentos del Libelo Acusatorio figura primero la acusación de que en facilitó el ingreso a una sede militar de simpatizantes socialistas que habían organizado un encuentro político (delito, como se ve, imperdonable).
Luego lo acusaron de haber permitido «invasiones de tierras» en varios distritos paraguayos y de no haber combatido «la inseguridad», ya que no actuó como ellos pretendían contra el EPP. En el último punto del libelo aparece recién su responsabilidad con la matanza de Curuguaty.
Pero un punto destacable es sin dudas el cuarto, donde dice que el Protocolo Ushuaia II del Mercosur, que había firmado el presidente, es «un atentado a la soberanía de la República del Paraguay suscrito por el Presidente Fernando Lugo Méndez con el avieso propósito de obtener un supuesto respaldo en su descarada marcha contra la institucionalidad y el proceso democrático de la República». Ese documento es un complementario del compromiso democrático aprobado desde 1998 en adelante establecido para garantizar el respeto a la constitución y la voluntad popular en los países que desean formar parte de Mercosur y Unasur y fue incorporado a instancias de Néstor Kirchner.
Hubo un par de senadores que no tuvieron empacho en considerarse nacionalistas porque, dijeron en ese juicio récord, buscaban defender al Paraguay de la incursión del resto de los países del Mercosur como lo había hecho Solano López en el siglo XIX.
Lo que vino después en la región puso de manifiesto los intereses estratégicos en pugna detrás del golpe en Paraguay. Cristina Kirchner y Dilma Rousseff unieron voluntades y aceptaron el ingreso de Venezuela al Mercosur al tiempo que suspendían a Paraguay por no respetar la democracia. Tres años mas tarde, Dilma sería desbancada en una operación similar a la que nació en Curuguaty y ahora este nuevo Mercosur derechizado busca expulsar a Venezuela. Ya no vive Chávez y ni Lugo, ni Cristina, ni Dilma están en el poder y ahora resulta más claro ver lo que esos gobiernos representaban y por qué fueron combatidos.
Mientras tanto, 11 campesinos sobrevivientes de la masacre fueron condenados a penas de entre cuatro y 30 años, una sentencia que el Tribunal de Apelaciones de Canindeyú confirmó en mayo pasado.
Las condenas más duras fueron para Rubén Villalba, con 30 años de cárcel más 5 de medidas de seguridad; Luis Olmedo, 20 años; Arnaldo Quintana y Néstor Castro, 18 años. Lucía Agüero, Fani Olmedo y Dolores López, en cambio, recibieron penas a seis años de prisión y Juan Carlos Tillería, Alcides Ramón Ramírez y Adalberto Castro, a cuatros años.
En 2013 el presidente provisional, el que fuera vice de Lugo, Federico Franco, ordenó a los Riquelme devolver el campo porque no tenían bien demostrada la propiedad.
La aparición de estas video, unos pocos minutos que no habían sido incorporados inexplicablemente al proceso, son otra arma para apelar en casación ante la Corte Suprema de Justicia. Allí se ve como los policías manipulan pruebas sin el menor criterio, o al menos sin un criterio que no pudiera ser objetado en un juicio imparcial.
Los reclamos que tienen los abogados de los campesinos son que durante el juicio, al que consideran amañado, desaparecieron evidencias, se contaminó la escena del crimen. Además, señalan que la fiscalía no pidió autopsias de los cuerpos, que por lo tanto no se sabe quién mato a quién. Y que ni siquiera los forenses se pudieron poner de acuerdo sobre cómo habían sido los hechos.
El viernes 16, como un modo que puede parecer irrespetuoso de recordar la masacre, Lugo fue elegido titular del Senado y quedó en la línea de sucesión presidencial. en una movida que le criticaron agriamente sus opositores. Ya se había acercado al actual mandatario, Horacio Cartes, en un intento de promover una enmienda constitucional que habilitaría la reelección. Lo que le permitiría volver, ya otra vez está primero en las preferencias del electorado.
Tiempo Argentino
Junio 16 de 2017
por Alberto López Girondo | Jun 14, 2017 | Sin categoría
Nació hace 38 años en Ecuador, de madre brasileña exiliada durante la dictadura militar y padre ecuatoriano. Amauri Chamorro tiene residencia en Brasil desde los 11 años, aunque podría decirse que su patria es Latinoamérica. Con su doble ciudadanía, se da el gusto, dice, de votar en dos hermosos países. Especialista en Comunicación Política, trabaja en campañas electorales desde los 23, cuando impulsó la candidatura de un representante del PT en Sorocaba, San Pablo. Desde entonces, integró equipos de comunicación para la chilena Michelle Bachelet, la brasileña Dilma Rousseff, los ecuatorianos Rafael Correa y Lenin Moreno, el salvadoreño Salvador Sánchez y el colombiano Gustavo Petro. Descendiente de dos familias ligadas a la política desde siempre: su abuelo materno formó parte del Comité Central del Partido Comunista brasileño y el abuelo paterno fue miembro del PC en Ecuador. No se ruboriza cuando le dicen que en cierto modo los estrategas de comunicación política son herederos del ministro de Ilustración Pública y Propaganda de Adolf Hitler, tal como alguna vez sostuvo Jaime Duran Barba. «Desde (Joseph) Goebbels para acá no se hizo nada muy diferente, y todos lo estudiamos en la facultad», asegura Chamorro. Pero, aclara, también hay un posicionamiento ético y político que hace la diferencia.
–En Argentina el asesor de comunicación del presidente es considerado como un gurú, pero también como un amoral por las estrategias que utiliza para lograr sus objetivos.
–Normalmente, los asesores de la derecha son muy cuestionados por sus tácticas y estrategias comunicacionales contra los gobiernos progresistas. Pero (Jaime) Duran Barba tuvo una ventaja, porque la candidatura de Daniel Scioli no tuvo la fuerza que se esperaba. La comunicación allí tuvo sus tropiezos. La comunicación política debe partir de un análisis del ámbito político, del comunicacional y también del entorno político, social y económico del país. Y este trabajo no se hace solo en el período electoral.
–La candidatura de Macri se construyó desde muchos años antes.
–Uno llega a la elección con un trabajo de por lo menos un par de años antes. En Ecuador, el opositor (Guillermo) Lasso estuvo en campaña seis años antes para llegar ahora contra Lenin Moreno. En Argentina había una gran radicalización contra el gobierno de Cristina Fernández, causada en gran parte por las empresas de comunicación privadas. En Argentina, como en Brasil, con los grandes monopolios, el partido siempre se juega en una cancha inclinada en contra de los movimientos progresistas. Ahora es al revés, los medios producen una cortina que no permite que salga el volumen de insatisfacción, las marchas en contra del gobierno y cómo el aumento de los servicios públicos afecta a la clase media y los obreros. Y eso la izquierda tiene que saber capitalizarlo. Hubo un cambio generacional, demográfico, en casi dos décadas de progresismo en la región. Y en eso Duran Barba fue muy inteligente: hizo un estudio profundo de ese nuevo ciudadano nacido a partir de las políticas públicas progresistas. Una de mis hipótesis es que en realidad el progresismo fortaleció al capitalismo, fortaleció a un ciudadano vinculado al individualismo, a la mejora material. El resultante es una clase media que mide su calidad de vida en si puede o no comprarse un celular nuevo todos los años. El progresismo no ha comprendido eso. No basta hacer políticas públicas para el pueblo, es necesario traer siempre al pueblo dentro del gobierno.
–¿Se necesitaría construir un nuevo ciudadano?
–Claro, pero yo sé que es muy difícil. La gran mejora que hubo en el progresismo fue la capacidad de incorporar a toda esa pobreza en un mercado de consumo. Pero no estuvimos ni cerca de ganar el proceso de formación política, el cambio cultural, la disputa de lo cultural simbólico. Les facilitamos acceso a bienes y servicios creados con un lenguaje capitalista mucho más conectado al estilo de hacer política de Macri que de Cristina Kirchner. No entendiendo esos nuevos códigos, esa nueva demografía, se nos hace mucho más difícil ganar elecciones. Sin contar con la arremetida de las empresas de comunicación. Y eso Duran Barba lo supo manejar extremadamente bien.
–¿Cómo se lucha contra ese formidable aparato comunicacional que tiene apoyo desde el exterior?
–Lo primero es volver a construir puentes con la ciudadanía, reconstruir desde las bases hacia arriba. En estos años hemos creado una élite, una burguesía progresista que está dentro de los despachos de los gabinetes, que viaja en primera clase, que tiene su coche con guardaespaldas, y es gente que hace diez años estaba en las calles, en las esquinas, peleando cada voto. Tenemos que retomar las esquinas. Esa ha sido una falencia. Si no pueden tumbar al gobierno de Venezuela es porque el gobierno chavista sí está en cada esquina, entonces el grueso de la ciudadanía comprende políticamente lo que está pasando.
–Sin embargo, perdió apoyo electoral hace dos años.
–El gobierno no fue transparente con el tema del desabastecimiento. Podría haber aprovechado esa guerra económica, pero al principio no quisieron generar más pánico en la población sobre la falta alimentos y fármacos: es algo que la derecha expuso y comenzó a dialogar con la ciudadanía. Hubo una identificación como si la derecha fuera a resolver el problema. Ahí están los resultados, no ha pasado absolutamente nada.
–¿Dirías que en Ecuador eso sí se hizo y por eso el oficialismo ganó, o que en Bolivia ocurre algo parecido?
–En Ecuador ganamos las elecciones por una diferencia muy corta. El país está relativamente bien, con las dificultades de tener una economía dolarizada, y ahora Lenin Moreno viene a dialogar con ciertos sectores que rompieron con el presidente (Rafael) Correa. Lo que posiblemente permita crear una gobernabilidad más tranquila, menos conflictiva, pero también exige una serie de concesiones que Correa ni los correístas tolerarían. En el caso de Bolivia, el presidente Evo Morales, con más del 80% de aprobación, perdió un referéndum por la continuidad de su presidencia en gran parte también por un proceso de desconexión con las calles. Se desconsideró el impacto por las denuncias por el fondo indígena, royalties por recursos naturales a las naciones indígenas para su autogestión. Se instaló en la sociedad que había mucha corrupción, y también hubo un exceso de confianza pensando que bastaba con que Evo hablara para ganar la elección. Hubo un cambio muy drástico en Bolivia. Hoy cada vez menos personas se autodefinen como indígenas. Tú ves chicos que hablan aimara, se les nota claramente que son aimaras, pero no se consideran indígenas.
–¿Porque ahora tienen plata?
–Sí. Y esa gente se va distanciando cada vez más del gobierno. Pero es antagónico semejante aprobación y un rechazo a la reelección. Correa tiene un 70% de aprobación y Moreno gana con las justas. Él es más moderado, no tiene ese discurso que enciende las emociones de Correa y eso también hizo perder el apoyo de los sectores progresistas y de las calles. Argentina se caracteriza por la pasión que pone en todo lo que hace. Esa pasión tiene que ser recuperada por el movimiento progresista, por las fuerzas de izquierda que consiguieron construir capacidad territorial de despliegue. Exige una capacidad de articulación muy compleja pero ahí está la gran pelea electoral. Es fundamental entender que quien sale a la calle a buscar votos es el militante, y es peligroso cuando el militante dice «yo voy a votar por ti pero no voy a salir a hacerte campaña».
–En resumen, más que marketing lo que falta es militancia.
–El progresismo manejó muy bien su comunicación, el problema es que dejó de hacer política. Primero hay que articular en la sociedad, porque la política no es como vender Coca Cola. Y la derecha construyó allí. En Brasil, la presidenta Dilma Rousseff no hizo política, no hablaba con los movimientos sociales. Lo primero que hizo al ganar la reelección fue implementar políticas neoliberales, traicionando a las fuerzas sociales que trabajamos meses en acuerdos mínimos para que organizaciones históricas como la CUT y el MST no rompieran con el oficialismo, lo que hubiera garantizado la victoria de la derecha. El golpe parlamentario sucede por una cuestión política y también comunicacional: la gente no comprendía. Quedó impactada con los procesos comunicacionales de la Globo, de Folha de Sao Paulo, de la revista Veja, sustentado por el proceso judicial, que también es conservador, y se hizo muy difícil defender a Dilma. Por eso lo primero que digo por donde voy es: «Vamos a recuperar las calles y después hablemos de comunicación». Primero es la política. Hacer una campaña es muy fácil, contrato a tres o cuatro creativos y ya está, pero hacer un proceso de articulación social de norte a sur y de este a oeste es un trabajo inmenso, una epopeya de día a día. Hoy, con un mundo hipermediatizado, con la fantasía de las redes sociales, se superdimensiona la importancia de la comunicación dejando a un lado a esos procesos políticos, y ahí es donde estamos muy vulnerables, y ahí es donde la derecha nos gana. «
O Globo, ese gran parásito
–Sorprendió que O Globo rompiera con Temer.
–La Globo es como un gran parásito y se junta con los grandes grupos políticos siempre que ellos no le representen una amenaza. Cuando los audios de la JBS salen de la Suprema Corte y se van a hacer públicos la Globo, que tanto había defendido a Temer, tuvo la precaución de que ese rechazo al gobierno no se transformara en un ataque a la red. Trabajé con ellos tres años y sé cómo hacen esas cosas.
–La intención es no quedar pegados.
–Ahorita la ciudadanía brasileña de izquierda y de derecha comienza a culpar a la Globo del caos porque su manejo editorial permitió legalizar un golpe de Estado.
–Ya apoyaron el de 1964.
–Es muy interesante como la red Globo creció durante la dictadura militar, facilitada por el que era ministro de Comunicación, Antonio Carlos Magalhaes, uno de los grandes coroneles de la política brasileña. Ahora O Globo decide defender y proteger su reputación creyendo que hay posibilidad de sobrevivir a la caída. Hay un colapso en el funcionamiento del país. Brasil se acabó, ninguna institución tiene credibilidad, no hay capacidad de gobernar. La única posibilidad de legitimación sería la vuelta de Lula, porque se comienza a instalar la sensación de que hubo un abuso contra Lula. Sobre todo tras la muerte de su esposa, Marisa, que fallece ante la sospecha de que venían a llevarlos presos.
–El tema es si lo procesan.
–Si lo procesan, lo meten preso. Es la forma de operar del juez Sergio Moro. Así hizo con José Dirceu (exjefe de Gabinete de Lula). Por primera vez en la historia de Brasil una persona fue presa sin que hubiera sido juzgada en segunda instancia. Eso es inconstitucional.
–Pero eso es un atropello a la Constitución.
–Sí, pero la sociedad los acepta porque el escándalo de corrupción instalado es tan grande que la gente dice: «No me importa si la ley dice o no dice, lo que quiero es ver gente presa». Lo que importa es que un ícono de la corrupción –construido a partir de la red O Globo– vaya preso, no importa cómo. Lo que pasa en Argentina no es muy diferente.
Tiempo Argentino
Junio 11 de 2017
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