por Alberto López Girondo | Sep 12, 2017 | Sin categoría
La foto es de Ricardo Stuckert para el Instituto Lula
En Brasil se desató una carrera contra el tiempo y a esta hora es difícil prever quién cruzará primero la bandera a cuadros. O incluso quienes llegarán. Por lo pronto, el ex presidente Lula da Silva inició una gira para darse un baño de pueblo por el Nordeste en una Caravana que lo llevará de Bahía a Maranhao. Mientras tanto, el poder judicial, normalmente reacio a los apurones, esta vez batió un récord al abrir un expediente de segunda instancia en apenas 42 días. Cuando el juez Sergio Moro lo condenó a nueve años y medio de prisión por la presunta compra irregular de un departamento en Guarujá, se especuló con que no daban los tiempos para tener una sentencia firme que impediría su candidatura en 2018. Pero la justicia brasileña parece también interesada en no dejar que avance la incertidumbre en vista de que Lula sigue cosechando el fervor de sus votantes en los rincones más empobrecidos de Brasil. Simultáneamente, el presidente de facto Michel Temer también puso sexta velocidad en su proyecto privatizador neoliberal (ver aparte), cosa de que si no hay forma de evitar el regreso de Lula al Planalto, tenga las manos atadas para volver a políticas populistas.
En su recorrida por el territorio amigo del Nordeste, su tierra de nacimiento, Lula tuvo algunas frases destacadas que merecen recordarse. Como esa con que calificó a Temer de «marido que no trabaja y vende las cosas de la casa». Quizás fue que su llegada a Pernambuco, el estado al que pertenece el pueblo de Caetés, donde nació hace casi 72 años, le haya traído remembranzas de su propia niñez: séptimo hijo de un matrimonio de labradores, su padre se fue de la casa cuando él era un bebé y no lo conoció sino a sus cinco años. Su madre crió a los siete niños prácticamente sola y emprendió con ellos una caravana desesperada hacia San Pablo para salir de la miseria. En esto, Lula es un fiel representante de un drama que cotidianamente viven millones de personas en el mundo y quienes lo escuchan en los actos que viene realizando en esa región lo saben, por eso esperan su vuelta a la presidencia. Por eso despierta el rechazo de las élites políticas, judiciales y hasta mediáticas.
Lula tuvo otras definiciones en su recorrida, que ya lo llevó por 15 ciudades pero espera completar el 5 de septiembre en Sao Luis, estado de Maranhao, luego de visitar 28 ciudades de nueve estados. No es la primera vez que el ex tornero mecánico sale a las rutas para darse «un baño de pueblo». Entre 1993 y 1996, en sus primeros intentos por ser presidente, recorrió con sus «Caravanas de la Ciudadanía» 359 ciudades brasileñas.
Mientras, tanto, el 4º Tribunal Regional Federal, con sede en Porto Alegre, inició el miércoles la tramitación del recurso de segunda instancia en el proceso por corrupción por la presunta transferencia de un dúplex en Guarujá. El 12 de julio, el juez de Paraná Sergio Moro había condenado a Lula pero no lo mandó tras las rejas porque le dio la oportunidad de defenderse en libertad. Los abogados y el mismo ex mandatario insisten en que no le mostraron pruebas del supuesto delito, que hay una persecución judicial y que el magistrado solo se guió por indicios.
Si Lula es encontrado también culpable por este tribunal, se complica su posibilidad de presentarse como candidato a una nueva ronda presidencial en octubre de 2018. Señalan los expertos en estos trámites leguleyos que en ese mismo distrito judicial el promedio en casos similares es de 96 días pero que la resolución llega normalmente no antes de los 182 días. Todo indica que esta vez la intención es terminar con el caso cuanto antes y según la interpretación del entorno del ex dirigente gremial, lo quieren sacar del medio porque es el único que puede impedir que se consume el proyecto neoliberal que se impuso desde la destitución de Dilma Rousseff, su sucesora, hace justo un año.
Desde esas tribunas populares y populosas, el fundador del Partido de los Trabajadores (PT), insiste en que si gana en 2018 -y las encuestas no dudan de esa posibilidad hoy día- va a anular las reformas de Temer. Entre ellas la nueva ley laboral que echa atrás con leyes instauradas por Getulio Vargas hace tres cuartos de siglo.
Pero no todas fueron rosas, y Da Silva tuvo que enfrentar no pocas críticas cuando enPenedo, en el estado de Alagoas, luego de reunirse con pobladores indígenas, y campesinos de las principales comunidades locales, se abrazó con el senador RenánCalheiros, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), agrupación con la que se alió para llegar al gobierno en 2003 pero que finalmente tumbó a Dilma en 2016. De hecho, Temer es el presidente del PMDB y Calheiros fue clave para el golpe institucional, hasta que cayó en desgracia por la investigación de la causa Lava Jato.
Es cierto que el hombre es senador por el estado que visitaba y el hijo, Renán Junior es el gobernador. Pero Lula fue más lejos que esa cuestión meramente protocolar. «Renan puede tener todos los defectos, pero Renan me ayudó a gobernar este país; yo soy de la opinión de que todo el mundo es inocente hasta que se pruebe lo contrario», dijo a radio Universitaria de Pernambuco, para rematar: «Lo que quiero para mí lo tengo que querer para los otros también, (y además) cuando un partido como el PT busca esas alianzas es porque ve con claridad que solo no gana las elecciones, y si las gana no puede gobernar si no tiene mayoría en el Congreso». En resumen, que «la hipótesis más soñada» es que la izquierda tenga votos suficientes para no tener que ponerse un broche en la nariz antes de ir a las urnas. «pero esa no es la realidad del Brasil de hoy».
El PT no es el único que mira el 2018 con ansiedad y en el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) ya mueven sus fichas el alcalde de San Pablo, Joao Doria, quien asumió el cargo el 1 de enero pasado, y el gobernador estadual Geraldo Alckmin. Doria es presentado como el paladín de la nueva política, es empresario y recuerda a Donald Trump. Incluso condujo en la televisión paulista el programa El Aprendiz, que catapultó a la fama al actual presidente estadounidense.
Por la derecha más retrógrada tiene aspiraciones el ex militar Jair Bolsonaro. Además, el partido Laborista Nacional de Brasil ahora se hace llamar Podemos. Pero no porque adhieran al partido español sino porque se dicen seguidores de Barack Obama y de su latiguillo Yes, We Can.
Tiempo Argentino
Agosto 27 de 2017
por Alberto López Girondo | Sep 12, 2017 | Sin categoría
Si logra los resultados que espera en la elección del 22 de octubre, el gobierno se dispone a impulsar varias reformas sustanciales. En algunos casos, las conversaciones se desarrollan, al menos en parte, a plena luz del día, como ocurre con la reforma tributaria. En otros, los actores se mueven en silencio. En esta situación está la modificación del rol de las Fuerzas Armadas, un proyecto que no es nuevo, pero que se reactivó con el cambio de ministro de Defensa, en julio pasado. Si bien avanzan los preparativos, por ahora no cuenta con la luz verde definitiva en el gobierno de Mauricio Macri.
Fuentes ministeriales y legislativas certificaron la existencia de este plan, que calzaría justo con la apelación a combatir el narcotráfico que el oficialismo desplegó en campaña. Hay quienes temen que –con el antecedente de otras experiencias desde diciembre de 2015–en Balcarce 50 busquen evitar un ríspido debate en el Congreso para reformar la Ley de Defensa y en cambio podrían apelar a un decreto que reinterprete la normativa vigente para que otra vez los militares puedan intervenir en vigilancia y control interior.
Es ocioso recordar que las FF.AA. quedaron profundamente salpicadas por el tenebroso papel que jugaron en los años 70. Más tarde, recuperada la democracia, las intentonas de los carapintada en la Pascua de 1987 y los levantamientos de 1988 y 1990 pusieron de manifiesto el carácter antidemocrático que primaba en las fuerzas.
En tanto, recién en abril de 1988 se aprobó la Ley de Defensa Nacional número 23.554, donde se establece que las FF.AA. deben «enfrentar las agresiones de origen externo» y que debe diferenciarse su intervención de la seguridad interior. Esta última se rige por otra ley, de 1992, que asigna esas tareas a las fuerzas policiales, Gendarmería y Prefectura Naval.
Hubo que esperar hasta 2006, cuando mediante el decreto 727 se reglamentó la ley 23.554. Ese «descuido» permitió interpretaciones de lo más contrapuestas entre autoridades de turno y los lobistas del momento. El decreto puntualiza que «las Fuerzas Armadas, instrumento militar de la defensa nacional, serán empleadas ante agresiones de origen externo perpetradas por fuerzas armadas pertenecientes a otro/s Estado/s», según los términos definidos por las Naciones Unidas. Como agregado, detalla que las FF.AA. no podrán intervenir en «producción de inteligencia, hipótesis, supuestos y/o situaciones pertenecientes al ámbito de la seguridad interior».
Operación cuestionada
Expertos en el tema acusan al exjefe del Ejército, César Milani –ahora detenido por una causa de lesa humanidad–, de sentar un nefasto antecedente al impulsar en 2011 el Operativo Escudo Norte (OEN), un plan para el control fronterizo y la vigilancia del espacio terrestre en doce provincias del norte del país con el objetivo de combatir el «tráfico ilícito de drogas, la trata de personas y el contrabando de bienes». El OEN, si bien ponía en el campo a efectivos de fuerzas de seguridad, otorgaba cobertura logística y estratégica de Ejército y Fuerza Aérea. El plan sigue vigente, ya que fue prorrogado anualmente hasta 2017.
Desde el cambio de gobierno, con renovadas expectativas, tanto para los estrategas de las FF.AA. como para los especialistas de los distintos partidos políticos, volvió a resonar una pregunta inquietante: ¿qué hacemos con los militares? El argumento economicista que prima en muchos miembros de la alianza Cambiemos, fundamentalmente en los originarios del PRO, apunta a preguntarse para qué mantener un gasto en personal e insumos si la única razón de su existencia es un hipotético conflicto externo a todas luces improbable en estos días. Por eso, ni bien asumió el primer titular de Defensa, el radical Julio Martínez, comenzaron los recortes presupuestarios. Ahora, con la llegada de Oscar Aguad al edificio Libertador, los que aspiran a una mayor preponderancia de las FF.AA. tienen nuevas expectativas. Aguad, apodado «El milico» por su buena relación con militares y su cercanía con represores como Luciano Benjamín Menéndez, viene de desguazar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual desde la cartera de Comunicaciones, que se disolvió tras su paso a Defensa. Se especula que su objetivo apunta a fusionar este organismo con Seguridad, si es que logra reformular el rol de los uniformados.
Hipótesis peligrosa
En el Ministerio explican estos pasos destacando que luego de la derogación de la Ley de Servicio Militar en 1994, a raíz del asesinato del soldado Omar Carrasco, se fue reduciendo a niveles mínimos el personal de las FF.AA. «Si pensamos en una pirámide en la que la base son los soldados y la cima son los jefes –dijo una fuente a este medio–, ya pasamos la época en que era un rectángulo y ahora es una pirámide invertida. En términos de la calle, hay más caciques que indios y no porque no se necesiten los indios».
Pasada la hora de sumarse a las tropas internacionales de Cascos Azules en los Balcanes o en Haití, no son muchas las oportunidades para quienes se alistan. Además de que se achataron los sueldos en detrimento de las fuerzas de seguridad, con lo cual es fácil ver a suboficiales y oficiales de baja graduación haciendo tareas de vigilancia como un extra hasta no hace tanto impensable en un militar.
El combate del narcotráfico y del terrorismo forma parte del discurso de sectores de la derecha tradicional que encuentran eco en el gobierno y que tienen anuencia de otras líneas políticas como el massismo, que también lo agitó en campaña. Desde el ministerio juran que un nuevo rol para las FF.AA. en la lucha contra ambos flagelos no implicará que se les permitirá actuar en vigilancia y control interno. Pero los límites en realidad son difusos.
A esto se suma que para la gestión macrista la lucha contra el narcotráfico es un objetivo declarado, lo que crea el escenario adecuado para una vuelta de página en favor de las FF.AA. argentinas. Una vuelta de página que por otro lado implicaría también un grado de reivindicación de lo actuado hace cuatro décadas.
Los detractores de estos planes de reinserción militar tienen como ejemplo para poner sobre la mesa la experiencia mexicana. Recuerdan que desde el 11 de diciembre de 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón lanzó a los militares a la guerra contra el narcotráfico, se han registrado no menos de 150.000 muertos en el país azteca. Y alertan sobre el riesgo de repetir otra guerra contra el terrorismo y el narcotráfico de consecuencias impredecibles.
Revista Acción
Agosto 30 de 2017
por Alberto López Girondo | Ago 26, 2017 | Sin categoría
La foto es de Horacio Paone
La desaparición de Santiago Maldonado representa uno de los hechos más graves desde la recuperación de la democracia. Porque recuerda a lo peor de la dictadura cívico-militar de los 70, y también por la respuesta del gobierno, los medios hegemónicos de comunicación y hasta ciertos sectores sociales.
Maldonado participaba de una movilización en el Lof de Cushamen, en Chubut, una comunidad que reclama tierras que les fueron despojadas históricamente y donde hubo un operativo de Gendarmería Nacional. Durante este año la región que media de Esquel a El Bolsón estuvo en el tapete por el rechazo local a proyectos inmobiliarios, uno de ellos ligados a un empresario británico amigo del presidente de la Nación.
Al frente de los gendarmes estaba el viceministro de Seguridad, Pablo Noceti, que fue abogado de acusados en juicios por delitos de lesa humanidad. Hay testigos que sindican a los uniformados por la detención del artesano de 28 años, pero las autoridades y algunos medios de información se apresuraron a culpar a integrantes de la comunidad mapuche poco menos que de formar parte de una organización guerrillera entrenada por las FARC –que estos días entregaba las armas para integrarse a la política en Colombia– en busca de construir un Estado separado de Argentina y Chile.
Sería una desmesura acusar al gobierno de haber planificado una desaparición forzosa, pero hay testimonios de que, desde un estamento estatal, hubo un hecho que la ONU caratula como tal. La negativa de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a ponerse a la cabeza de una investigación minuciosa no es una señal tranquilizadora. Más aún cuando se repiten situaciones de represión y violencia de fuerzas de seguridad en todo el país.
La responsabilidad de un dirigente político es sostener y promover políticas de Estado a largo plazo. Esas políticas deben estar por sobre las personas y si hay errores es saludable asumirlos en bien de la comunidad. Acusar a la oposición o culpabilizar a las víctimas es una señal peligrosa. Sobre todo en temas como el del respeto a la condición humana en una sociedad que apostó por celebrar una suerte de renacimiento el Día de los Derechos Humanos.
La incipiente democracia argentina, no por casualidad, comenzó un 10 de diciembre, y desde entonces los presidentes renuevan período en esa fecha que conmemora el día en que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Simbólicamente, se recuerda el voto de esperanza por crear un mundo mejor luego del Holocausto. En Argentina la cruenta dictadura tuvo aceptar la entrega del poder en esa fecha y lo hizo a un gobierno como el de Raúl Alfonsín, que había basado su programa electoral en el juzgamiento de los responsables de la desaparición forzada de miles de ciudadanos. Cierto que en estos años no todo fue un jardín de rosas. Están en la memoria los levantamientos militares, como el de Semana Santa. Esa vez el pleno de la dirigencia política, los medios de comunicación y la sociedad demostraron que no había vuelta atrás posible.
Con Carlos Menem vinieron las amnistías pero también se desarticularía totalmente la influencia de las Fuerzas Armadas en la política nacional. La llegada de Néstor y Cristina Kirchner significó un profundo avance en el juzgamiento de los responsables de los crímenes más horrendos. Al mismo tiempo, debieron sentarse en el banquillo de los acusados miembros del Poder Judicial y cómplices civiles de la dictadura.
La sociedad y la dirigencia acompañaron esta construcción democrática para que el Nunca Más no fuera solo una consigna vacía. Es cierto que desapareció Julio López, testigo en la causa contra el excomisario Miguel Etchecolatz, pero no se pudo atribuir el hecho a fuerzas estatales. Lo de Santiago Maldonado preocupa porque la respuesta del gobierno se parece a esconder la suciedad debajo de la alfombra.
Revista Acción
Agosto 27 de 2017
por Alberto López Girondo | Ago 26, 2017 | Sin categoría
La marca Jeep, un mítico todo terreno fabricado para cumplir propósitos militares en la Segunda Guerra mundial, podría ser la avanzada de una empresa china para quedarse con el séptimo fabricante de de automóviles del mundo Fiat-Chrysler Auto (FCA). Si es que el presidente Donald Trump no se interpone en esta operación que involucra a una empresa con sede en el estado de Michigan y al nuevo enemigo comercial de su gestión.
La primera información sobre la posibilidad de una oferta por el grupo industrial nacido de la fusión de la tradicional fabricante de autos italiana y la más chica de las estadounidenses fue en un artículo de la revista Automiortive news.
La confirmación vino desde entonces en cuentagotas pero los especialistas en el sector automotriz ya no dudan que hay una oferta seria y concreta de la china Great Wall Motors (Gran Muralla Motores, GWM por su siglas en inglés) por FCA para quedarse sino con el total del grupo al menos con el Jeep. Una marca que, según cuentan los historiadores, tiene su origen en un proyecto de la ejército EE.UU. en los años 40 para combatir contra las tropas nazis y la maquinaria bélica germana. Dicen incluso que el nombre habría surgido de un latiguillo de los cortos de Popeye, Eugene the Jeep, un personaje con poderes sobrenaturales que luchaba por la justicia al grito de «jeep jeep».
Este auto multipropósito se esperaba que también tuviera esos poderes y al menos para la industria vaya si los tuvo. De Willys Overland, su primer fabricante, pasó a American Motors y luego a Chrysler. Y hoy día se vendes unos dos millones de Jeeps en todo el mundo. A todos les salvó la vida y parece que lo seguirá haciendo.
Es que la propuesta de GWM aparece como el tercer gran salvataje para dos firmas internacionales que vienen padeciendo consecuencias de crisis internacionales y de sus propias malas administraciones.
Chrysler tuvo un primer gran rescate durante el gobierno de Jimmy Carter, en 1979, cuando pidió un crédito blando de 1500 millones de dólares para no entrar en bancarrota. En ese momento apareció como salvador un personaje que tuvo su cuarto de hora de fama, Lee Iaccoca, que había llegado a presidente de Ford Motor Company tras su pegada con el Ford Mustang pero había tenido el mal tino de pelearse muy fuerte con el titular de la empresa, Henry Ford II.
Llamado de urgencia para salvar a Chrysler, Iaccoca desarrolló Dodge Caravan y el Plymouth Voyager, de los que se ufanaba que fueron claves para sacar a flote a la empresa creada en 1925 por Walter Percy Chrysler. Hay críticos que le bajan el precio a la intervención de Iaccoca y dicen que simplemente fue un buen lobista para conseguir que los gobiernos de Reagan le quitaran impuestos y pusiera trabas a los modelos japoneses.
Como sea, la cuestión es que cuando Icaccoca se retiró, la empresa volvió a dar perdidas y en 1998 hizo una alianza con la alemana Daimler-Benz, fabricante de Mercedes -Benz. El nuevo conglomerado, el tercero más grande del mundo en ese entonces, no tuvo una vida muy larga y para 2007 desde Alemania se informó de la venta del 80% al grupo inversos estadounidense Cerberus.
Negocios militares
La nueva propietaria de la mayoría accionaria de Chrysler fue definida en el mundo empresario como un fondo buitre, actualmente está dirigida por John W. Snow -ex secretario del Tesoro de George Bush hijo- y expandió sus negocios hasta convertirse en uno de los mayores proveedores del complejo militar estadounidense.
En su caso, desde la firma DynCorp, con al menos 25000 «empleados» declarados, es contratista de mercenarios que brindan «servicios» en Irak, Afganistán, Colombia y todo sitio donde se el Pentágono quiera intervenir sin dejar manchas directas de sus tropas. Tiene en su directorio al ex vicepresidente de Bush Jr, Dan Quayle, y en España cuenta para sus inversiones -no bien vistos porque fueron parte del desguace de bancos y la compra a precio vil de hipotecas durante la crisis de 2008- a José María Aznar Botella, hijo del ex presidente de gobierno español y la ex alcaldesa de Madrid, ambos por el Partido Popular (PP)
Cerberus parece que no logró una buena tasa de retorno en Chrysler y en 2009 la empresa pidió ayuda nuevamente el gobierno de EE.UU., esta vez en manos de Barack Obama. Elmamdatario ya había salvado a la General Motors ante una crisis de mayores consecuencias para le país por lo que el fabricante de Chevrolet significa por aquello de que «lo que es bueno para GM es bueno para Estados Unidos». Es así que Chrysler se acogió al capitulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos. Fue en ese escenario que Fiat comenzó a comprar acciones de la empresa luego de haber fracasado su propia asociación poco feliz con GM del año 2000, que duro apenas hasta 2005.
La empresa de los Agnelli, sin el apoyo que desde siempre le daba el gobierno italiano por ser también un emblema de la industria italiana, tiene fabricas en Argentina desde los 60 y en un tramo de su participación en estas tierras había formado el grupo Sevel, junto con la francesa Peugeot.
Eran tiempos de la dictadura y la firma estuvo en manos de la familia Macri. De esos tiempos es el proceso por evasión impositiva contra el actual presidente argentino, Mauricio Macri. Como se recuerda, la causa fue cerrada por la corte menemista e incluso la deuda con el estado condonada por el entonces ministro Domingo Cavallo, mediante un decreto de 1955 que por esa razón recibió el nombre de Sevel.
En cuanto a la Fiat italiana, en 2009 se anuncia la compra de acciones y el intento de fusión con Chrysler y poco a poco fue aumentando su participación hasta que en 2013 se registra la creación de Fiat Chrysler Automobiles (así, con B). Al mismo tiempo, en un acto de birlibirloque, Milán deja de ser el centro neurálgico de sus negocios y se informa que la sede legal será en Holanda y las oficinas de operaciones estarán en Londres.
La presidencia del grupo fue para el factótum de esa fusión, Sergio Marchione, y en esa ocasión de anunció que habían logrado acuerdo también con los otros accionistas de la estadounidense, como fondos de pensión y el gobierno de Canadá.
Este nuevo «salvataje» con los chinos estaría sujeto a aprobación de las autoridades de EE.UU. y de China. Se sabe que en país asiático la propuesta enmarcaría en el plan gubernamental de extender inversiones en el resto de mundo. «Gran Muralla», creada en 1984, es el mayor fabricante de 4×4 y de pick ups de China y su presidenta, Wang Fengying, es la séptima mujer más poderosa de Asia, según al revista Fortune. También, que GWM está valuada en 16 mil millones de dólares, algo menos que los 20 mil de FCA. También que la marca Jeep es el bien más valioso del fabricante occidental y que quizás la asocitividad podría comenzar por allí.
Trump, por su parte, es una incógnita. Por un lado esta operación salvaría la producción de un rubro fundamental para sus aspiraciones de responder a sus promesas de campaña. Pero al mismo tiempo el polémico presidente se encuentra enfrascado en una guerra comercial con China que podría llevarlo a bloquear cualquier intento de enajenación de una firma que al fin y al cabo podría llevarse sus marcas para fabricarlas en el exterior exclusivamente.
Tiempo Argentino
Agosto 20 de 2017
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