por Alberto López Girondo | Oct 24, 2017 | Sin categoría
Los españoles tendrán para una semana más con el corazón en la boca. Ni qué decir de los catalanes, que esperan alguna definición sobre la crisis institucional que les permita volver a su vida normal. Porque la amenaza de intervención que ya concretó Mariano Rajoy recibió como respuesta una convocatoria al parlamento catalán de Carles Puigdemont. Y los plazos que se fijaron dan para que el viernes tanto en Madrid como en Barcelona «orejeen» las cartas a ver quién mueve primero. Mientras tanto, las calles de Barcelona se llenaron ayer con cerca de medio millón de personas que salieron a pedir por la liberación de los Jordis (Jordi Sánchez y Jordi Cuixart), detenidos por incitar a manifestaciones populares, un delito grave para las autoridades españolas.
La masiva marcha de ayer viró a un reclamo de que Puigdemont declarara la independencia. Pero el presidente de la Generalitat eligió esquivar una definición que Madrid espera para irle con todo por cargos de rebelión, que lo podrían llevar por 30 años de cárcel.
En cambio, llamó al pleno del Congreso regional para debatir la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, anunciado por Rajoy, por el cual se intervendrían las instituciones catalanas, desde las máximas autoridades políticas a la policía local pasando por la televisión publica, y se llamaría a elecciones dentro del plazo de seis meses para sustituir a los mandatarios votados por los ciudadanos en 2016.
El martes habría un primer test en Madrid, donde se supone que debería rendir cuentas el gobierno catalán, y el viernes será la sesión final. Para ese día está anunciada la sesión del Senado español, que debería refrendar la intervención que pidió el gobernante conservador, y en Barcelona la del Parlament. ¿Quién moverá primero? Seguramente la capital española, que vienen tensando la cuerda en forma sostenida y sin dar margen para el diálogo.
A eso apuntó Puigdemont en un discurso desde el Palau de la Generalitat en el que -en catalán- dijo que «la humillación que pretende el Gobierno español haciéndose tutor de toda la vida pública catalana, desde el gobierno hasta los medios de comunicación públicos, es incompatible con una actitud democrática y se sitúa fuera del estado de derecho».
El jefe de gobierno catalán consideró en su alocución que la medida que plantea Rajoy es «el peor ataque a las instituciones y el pueblo de Cataluña desde los decretos del dictador militar Francisco Franco aboliendo la Generalitat». Y luego recordó que las instituciones catalanas tienen una larga historia que nace siglos antes de la constitución de 1978, que es la que pretende salvar Madrid.
Puigdemont llegó al Palacio presidencial encabezando la marcha en favor de los Jordis. En la ocasión estuvo acompañado por el vicepresidente, Oriol Junqueras, y la presidenta del Parlament, Carmen Forcadell, quien como primera respuesta ante el anuncio de la aplicación del 155 dijo que era «un golpe de Estado» orquestado desde la capital de España. En sintonía con la definición de los independentistas acerca del deseo de Rajoy de dirigir por control remoto lo que ocurra en Cataluña sentado cómodamente en su despacho de La Moncloa.
Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, dos organizaciones independentistas no partidarias, fueron encarcelados el lunes pasado por orden de una jueza de la Audiencia Nacional de España, que los acusa de sedición por haber capitaneado las protestas pacíficas del 1 de octubre. Ese día se realizó un referéndum considerado ilegal por Rajoy que fue bárbaramente reprimido por las fuerzas del gobierno central.
Rajoy se había presentado ayer ante la prensa para informar la puesta en marcha de los mecanismos destinados a la aplicación del artículo 155. Según el mandatario, la intención es «el cese del presidente de la Generalitat de Cataluña, del vicepresidente y de los consejeros que integran el consejo de gobierno».
Rajoy cuenta con mayoría en el Senado, la cámara que deberá dar el aval a la medida, entre los representantes del PP y los del PSOE y de Ciudadanos, que ya expresaron su amplio apoyo a esta vuelta de tuerca en la crisis.
Rajoy también quiere restringir las atribuciones del Parlament, que en setiembre de 2015 fue elegido con mayoría de independentistas. Y tomar el control de los Mossos d’Esquadra. En caso de desobediencia, se adelantó, los agentes serán sustituidos por efectivos de la policía nacional. Para hacerla completa, los medios de comunicación públicos catalanes, TV3 y Catalunya Radio, estarán a cargo de comisarios políticos del gobierno central.
En las últimas horas, Puigdemont mudó su residencia al Palacio de la Generalitat y para evitarse riesgos e imprevistos, tiene custodia del Grupo Especial de Intervención (GEI) de los Mossos d’Esquadra las 24 horas del día.
Rajoy podría enviar a tropas nacionales para apresarlo, pero también va creciendo el reclamo dentro de su propia tropa de que avance en la secesión de Cataluña. Las crónicas de la marcha de ayer reflejan precisamente el hartazgo de muchos por esta indefinición y por el sentimiento que va creciendo entre la ciudadanía de que no pueden esperar una opción al diálogo con Madrid.
Puigdemont, sin embargo, mantiene abierta esa puerta de negociación, algo difícil en vista de que las circunstancias. De todas maneras, tras señalar en su lengua materna que pedía al parlamento «que fije la convocatoria para una sesión plenaria donde los representantes de la ciudadanía, elegidos por los votos, debatamos y decidamos sobre esta voluntad de liquidar nuestro autogobierno y actuemos en consecuencia», habló en castellano para decirles a los españoles que buscaba canales de diálogo con el gobierno central para solucionar el entuerto.
Luego apeló a un inglés no muy pulcro pero bastante aceptable para decirle lo mismo a la dirigencia de la Unión Europea, que ya dio su apoyo a Rajoy.
Tiempo Argentino
Octubre 22 de 2017
por Alberto López Girondo | Oct 24, 2017 | Sin categoría
La normativa aplica en los casos de las tropas que ocupan las favelas y despertó críticas de organismos de DDHH de todo el mundo. Se vuelve a discutir el rol de la dictadura, incluso desde el humor: mirá el video.
El presidente brasileño, Michel Temer, promulgó una polémica ley que traspasa el procesamiento de los crímenes cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas contra civiles a tribunales militares. Esta modificación a las normativas vigentes se hizo, con amplio apoyo de las cámaras legislativas, para conformar a las cúpulas militares, que buscan poder manejar los deslices cometidos por los uniformados en las cada vez más usuales intervenciones en las favelas o incluso en la custodia de un mandatario con tan poco apoyo popular como Temer, que además llegó a ocupar su cargo mediante un golpe parlamentario. Pero además llega en un momento en que crece la demanda de soluciones a la crisis política dentro de las FFAA bajo amenaza de tomar otra vez el poder, como hicieron en 1964. Y en un contexto en que Brasil es el país con mayor porcentaje de población que apoyaría una salida dictatorial, un 23%, según un estudio del Centro de Pesquisas Pew sobre 38 naciones de todo el mundo.
La nueva ley sancionada por Temer entrará en vigencia a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Unión. El hombre que apoyó y se benefició del derrocamiento de Dilma Rousseff solo vetó un artículo, el que limitaba la vigencia de la normativa a un año, con lo cual la ley será permanente.
Organismos de Derechos Humanos locales e internacionales y hasta la OEA cuestionaron esta iniciativa que echa por tierra con una construcción lenta pero persistente en el sentido de investigar los delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura militar, entre los cuales figuran la detención y tortura que sufrió la propia ex mandataria.
Rousseff había impulsado desde su llegada al Palacio del Planalto, el 1 de enero de 2011, la creación de una Comisión de la Verdad para investigar aquellas violaciones a los derechos humanos cometidos durante los 21 años de régimen militar.
El 10 de diciembre de 2014, en ocasión de celebrarse el Día Internacional de los Derechos Humanos, la Comisión entregó el informe final que incluía casos registrados hasta 1988, cuando ya había un gobierno democráticamente elegido. La ley sancionada este lunes adjudica a los tribunales militares el procesamiento de crímenes dolosos cometidos por efectivos de las Fuerzas Armadas contra civiles en operaciones de seguridad pública ordenadas por la Presidencia y el Ministerio de Defensa.
Igualmente transfiere a esos estrados los juicios a miembros de las Fuerzas Armadas por crímenes contra civiles en operaciones «que involucren la seguridad de institución militar o de misión militar, incluso que no sea beligerante, o en actividades de naturaleza militar, de operación de paz y de garantía de seguridad pública».
Una propuesta similar había sido enviada al parlamento en 2016, cuando el gobierno de Rousseff había decidido enviar tropas militares para la “pacificación” de las favelas cariocas ante la inminencia de las Olimpíadas. Pero en ese entonces fue rechazada por el PT, por aquellos días todavía con el apoyo del PMDB que lidera Temer.
Desde la llegada de Temer al gobierno se incrementó el envío de militares para el control de las faveles tanto en Brasilia como en Río de Janeiro. Pero al mismo tiempo fue creciendo por un lado cierta resistencia entre los militares ya que muchos subordinados terminaron envueltos en denuncias por violencia contra los pobladores.
Un tribunal “amigo” tranquilizaría los cuarteles en monentos críticos.
Por otro lado, en las últimas semanas, y al calor de una crisis política que no cesó con la destitución de Dilma sino todo lo contrario, fue creciendo en algunos sectores de la sociedad y de medios inclinados a la derecha más retrógrada el reclamo de una intervención militar para encauzar la situación.
Es sintomático que a mediados de setiembre el general Antônio Hamilton Mourão, secretario de economía y finanzas del Ejército, dijo en una entrevista que si los políticos no solucionaban la crisis los militares deberían volver a tomar cartas en los asuntos públicos. Eso generó una catarata de críticas pero dejó la sensación de que las palabras de Mourão fueron un globo de ensayo.
La cuestión de todas maneras desnudó los peores antecedentes, porque uno de los posibles candidatos en las elecciones del año que viene, Jair Bolsonaro, un ex militar ultraderechista defensor de la dictadura y de la tortura, se está posicionando como alternativa ante Lula da Silva. En este entorno, desde un programa de televisión de la red O Globo, que apoyó la destitución de Dilma tanto como el golpe de 1964, se hizo una sátira a las veleidades de una sociedad cambiante que no termina por entender los riesgos de golpear a las puertas de los cuarteles.
Como corolario de la ley que aprobó el Congreso y sancionó Temer, fueron enviados a 950 miembros del Ejército a la favela de Rocinha, la villa miseria más grande del continente, luego de un día que las autoridades describieron como una jornada de pánico y terror a raíz de balaceras entre distintos grupos de narcos por el control del comercio de drogas.
«Estamos actuando por demanda del gobernador de Río de Janeiro, Luiz Fernando Pezao”, explicó el ministro de Defensa brasileño, Raúl Jungmann, quien recordó que hay tropas que ocupan desde hace meses las calles de Río para colaborar con la policía, desbordada por la situación. Lo que no dijo es cuántos militares quedaron envueltos en denuncias por violencia contra ciudadanos.
La Comisión de la Verdad había señalado en aquel informe entregado a Rousseff que entre 1962 y 1974 más de 140 mil personas fueron desplazadas de sus casas y expulsados de las fables cariocas por efectivos militares. Desde dos años antes de que tomara el poder el general Humberto Castelo Branco.
Tiempo Argentino
Octubre 17 de 2017
por Alberto López Girondo | Oct 24, 2017 | Sin categoría
Luego de la retrógrada reforma laboral de julio pasado, el gobierno brasileño limita la publicación de la «lista sucia», donde se anotan los empleadores esclavistas, bucrocratiza las denuncias y modifica la definición de «trabajo esclavo» para beneficiar a los latifundistas.
El ataque del gobierno de Michel Temer a las conquistas sociales en Brasil generó ahora una nota de queja de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por la publicación en el boletín oficial de ese país de un decreto que elimina controles y modifica sustancialmente las normas para el combate del trabajo esclavo.
A partir de la publicación del DNU en el Diario Oficial de la Unión, la divulgación de la “lista sucia” de empresas y personas que se aprovechan del trabajo esclavo ya no dependerá de las oficinas técnicas del ministerio del Trabajo sino del ministro en persona, lo que deja en manos de los intereses particulares de un funcionario político lo que hacía un equipo de profesionales.
Pero además, cambian las reglas para la denuncia de casos de esclavitud: lo que antes se hacía con un informe de un auditor de la División de Fiscalización para la Erradicación del Trabajo Esclavo (Detrae), ahora debe pasar por una presentación en sede policial. Si se tiene en cuenta de que gran parte de la explotación esclavista se hace en grandes extensiones agropecuarias, es fácil entender los riesgos para cualquiera que quiera hacer denuncias en un país donde en un cuarto de siglo fueron asesinados más de 1.500 líderes campesinos.
Por si esto fuera poco, el gobierno cambia la definición de lo que es trabajo esclavo, una forma de blanquear cierto tipo de formas de explotación fuera de los usos internacionales que toma en cuenta la OIT y el Código Penal brasileño.
Ahora solo será considerado trabajo esclavo si se verifican amenazas de castigo, restricción de transporte para retener al empleado, uso de un vigilante armado y retención de documentación personal. Estos cambios preocuparon primero a los funcionarios que se encargaban de la tarea y la a dirigencia política ligada a la defensa de los derechos laborales.
Es precisamente ese es un tema que forma parte del ADN del gobierno destituido en agosto del año pasado por un congreso aliado con Temer. Y en ese parlamento, el Partido de los Trabajadores estaba en minoría mientras que alrededor del 40% de los legisladores pertenecían a la clase terrateniente, lo que la hace proclive a dictar leyes que benefician sus intereses y liberar a sus faltas. Incluso el ministro de Agricultura del gabinete Temer, Blairo Maggi, es uno de los reyes del agronegocio brasileño.
Además, y como para que no queden dudas de esta modificación es a favor de los que más tienen, fue despedido André Reston, jefe de la agencia de combate al trabajo esclavo, el funcionario a cargo de elaborar la llamada «lista sucia».
Suciedades anónimas
La “lista sucia” es un registro creado en 2003 para anotar los nombres de los empleadores denunciados por tener en su plantilla a trabajadores en condiciones de esclavitud.
Fue el corolario de una política de estado en el combate contra la superexplotación laboral que venía desde las dos gestiones de Fernando Henrique Cardoso y que Lula da Silva, como dirigente sindical, no podía sino fortalecer. Así, entre 1995 y 2016 fueron liberadas del trabajo esclavo cerca de 50.000 personas en todo el país.
En el campo la situación se complica porque los trabajadores están virtualmente presos en los latifundios y sin posibilidades de escape. En 2014, la Corte Suprema suspendió la publicación de la lista, ante presiones y presentaciones de los empresarios involucrados, muchos de ellos a la sazón representantes legislativos, alegando que era una medida inconstitucional.
El gobierno de Dilma introdujo la Lista Sucia en la Ley de Acceso a la Información para hacerla pública. Pero, contradicciones de su gobierno, Katia Abreu, senadora por Tocanstins, fue designada ministro de Agricultura en 2015 siendo una de las terratenientes más grandes del país. Y había sido ella en persona, cuentan las crónicas, quien acudió a la Corte para evitar la difusión de los nombre de los esclavistas, ya que entre ellos estaban sus dos hermanos, Andre Luiz Abreu y Luiz Alfredo de Feresin Abreu.
Pero por supuesto que la familia Abreu no es la única involucrada en este tipo de violación a los derechos laborales.
En diciembre del año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos condenó al estado brasileño por no prevenir el trabajo esclavo ni el tráfico de personas. La sentencia obligó al pago de 4,7 millones de dólares a 128 víctimas rescatadas en la Hacienda Brasil Verde, un latifundio ubicado en el estado de Pará, entre 1989 y 2002.
Trampa semántica
Según la reforma laboral que había dictado Temer en julio pasado -y que en este lado de la frontera quiere emular el gobierno de Mauricio Macri- “empleado rural es toda persona física que, en propiedad rural o edificio rústico, presta servicios de naturaleza no eventual a empleador rural o agroindustrial, bajo dependencia y subordinación a este y mediante salario o remuneración de cualquier especie”.
Este artilugio leguleyo, permite al empleador pagar el salario con dinero o, como era usual en Argentina en las explotaciones del siglo XX y relataban películas como Las aguas bajan turbias, de Hugo del Carril, en especie o mediante la entrega de mercadería en el almacén del propietario de la hacienda.
Sin embargo, no solo en el campo se produce en condiciones de explotación laboral. La industria textil es uno de los rubros donde resulta más extendido el trabajo esclavo. En este caso, el agravante es que se trata de extranjeros venidos de Bolivia o Perú.
Hace unos meses, en mayo, salió el fallo que condena a la española Inditex, que fabrica bajo el nombre más conocido y popular de Zara, a una multa de 5 millones de reales, unos 1,5 millones de dólares, luego de que unos 15 trabajadores fueron rescatados de un taller paulista en 2011 por Ministerio Público del Trabajo (MPT).
También hay involucradas otras multinacionales, como la suiza Nestlé, o la holandesa Jacobs Douwe Egberts, que juntas controlan el 40% de las ventas de café en todo el mundo.
Ni qué decir de la construcción, donde el propio gobierno federal terminó acusado tras una investigación del Ministerio de Trabajo que detectó que una empresa contratada para construir viviendas populares dentro el programa Minha Casa, Minha Vida, mantenía a 118 trabajadores en condiciones de esclavitud en la ciudad de Macaé, en el estado de Río de Janeiro.
La firma, MRV, ya había sido condenada en 2013 a una multa de 6,7 millones de reales por mantener a 63 trabajadores esclavos en una obra del mismo programa en San Pablo.
Tiempo Argentino
Octubre 18 de 2017
por Alberto López Girondo | Oct 24, 2017 | Sin categoría
El próximo capítulo de esta guerra en cámara lenta que llevan adelante Madrid y Barcelona se dirimirá en los próximos días, lo que venga después es una incógnita mayor a la que se vive desde hace semanas en esa región de la península ibérica. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, le dio plazo hasta mañana lunes al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para que aclare si declaró o no la independencia el martes pasado ante el Parlament. En caso de respuesta afirmativa, tiene otro plazo, hasta el jueves, para ratificar lo que diga este lunes.
Se podría bromear con que este jueves Puigdemont debería decir que cuando dijo Sí a la independencia, quiso decir Sí a la independencia. Pero la situación es lo suficientemente dramática como para evitarse el chascarrillo.
Es que Rajoy amenaza con la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, votada en 1978 por las fuerzas políticas predominantes en ese momento para la creación de una monarquía democrática luego de 36 años de dictadura franquista. Esta medida del gobierno central implicaría la pérdida de autonomía de Cataluña, una intervención del Estado nacional en todas las instituciones catalanas y con suerte el llamado a elecciones, aunque no se sabe si con la libertad de que cualquier ciudadano pueda ser elegido. Pero además, se cierne sobre las autoridades locales, votadas en elecciones libres y democráticas en 2015, la amenaza de que queden detenidas por sedición. La misma suerte podrían correr los dirigentes de Ómnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana (ANC), las dos entidades que fogonearon y organizaron las movilizaciones populares y el paro nacional del martes 3 de octubre. A estas detenciones casi seguras se sumaría la del jefe de los Mossos d’Esquadra, la policía catalana, el comisario Josep Lluis Trapero, por desobedecer las órdenes de reprimir la consulta del domingo 1 de octubre.
El momento no es fácil porque Rajoy y el rey Felipe VI ya dijeron que no quieren ni escuchar la palabra independencia y para ellos cualquier posibilidad de diálogo con el gobierno catalán debería ser desde una renuncia a ese reclamo. Para la alianza que mantiene la lucha independentista, en cambio, si Puigdemont demoró una declaración formal fue para darse tiempo, porque quería abrir una instancia de negociación incluso internacional. Su discurso debería ser entendido como que tras el referéndum, «nos ganamos el derecho a ser oídos».
Pero desde Bruselas la respuesta no fue en el camino que esperaba el independentismo. «Si Cataluña se independiza, otros también querrán hacer lo mismo y eso no me gusta», dijo el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker en un discurso en la Universidad de Luxemburgo. Para especificar mejor las razones, agregó: «Dentro de diez o 20 años el bloque comunitario se podría transformar en una Unión Europea de 98 países. Ya resulta complicado con 27, con 98 creo que será imposible».
Esto, sumado a la fuga de gran parte de las empresas más importantes hacia otros destinos locales –facilitada por un DNU de Rajoy que les permite tomar decisiones sin consultar a los accionistas– y la posibilidad cierta de que una Cataluña independiente no pueda usar al euro como moneda, amenazan a Puigdemont por derecha.
Por izquierda, el partido Candidatura de Unidad Popular (CUP), una agrupación marxista revolucionaria que resulta clave para sostener en el parlamento al gobierno Puigdemont, y ANC azuzan para que doble la apuesta y llegue al fondo de este proceso declarando en forma unilateral la independencia catalana. Sin importar las consecuencias.
En tal sentido Núria Gibert, portavoz del secretariado nacional de la CUP, destacó ayer que «no hay diálogo posible, no hay mediación posible». La CUP tiene diez diputados en el parlamento regional, indispensables para lograr una mayoría absoluta hacia la independencia.
Este sábado, el mandatario catalán mantuvo reuniones en el palacio de gobierno con los colaboradores más cercanos de su Gabinete y con miembros de la coalición Junts pel Si para analizar los pasos a seguir. La alianza que llevó al poder a Puigdemont tiene un marcado perfil independentista desde su nombre, y está integrada por el partido que este experiodista formó tras la caída en desgracia de Convergencia de Artur Mas, y se llama Partido Demócrata Europeo Catalán, PDeCAT; Demócratas de Cataluña; Moviment d’Esquerres y la tradicional Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Este último aporta al vicepresidente, Oriol Junqueras, otro decidido independentista que está dentro del bando de los que apuran la declaración contra viento y marea.
En Cataluña también juegan otras fuerzas populares que aspiran a la independencia ya, como los alrededor de 600 Comités de Defensa de la República, que organizaron la resistencia a la represión del referéndum y el paro general, y ayer también se reunieron para efectivizar una coordinación general a lo largo del territorio. Agrupan a más de 100 mil activistas.
Para Rajoy «juegan» el Partido Popular, del que forma parte, la nueva agrupación Ciudadanos, y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que fue el partido de la alternancia prevista en los Pacto de la Moncloa que se plasmaron en la Constitución del ’78 y que ahora quedó envuelto en esta disputa con muy poca capacidad de reflejos. Su propuesta fue una reforma constitucional que avance hacia mayores libertades autonómicas. Rajoy le dijo que sí y que van a hacer una comisión para estudiarla.
El líder de Podemos, Pablo Iglesias, intenta generar consenso en torno de que desde Madrid se asuma que España es un Estado plurinacional y que se desescale una avanzada que, entiende, podría terminar de quebrar definitivamente al país.
En las calles de todo el país, mientras tanto, grupos fascistas sacaron a relucir los viejos cánticos y las banderas de la época franquista, encolumnados detrás de una consigna nacionalista que en otros países europeos prende alrededor del odio contra los inmigrantes y que en la península se da contra los catalanes. Lo que despierta fuerzas iguales y contrarias en esa rica región del sureste español.
Informes de Diego Arcos, desde Barcelona
Tiempo Argentino
Octubre 15 de 2017
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