por Alberto López Girondo | Dic 16, 2017 | Sin categoría
Luego del escándalo internacional generado por la decisión de prohibir el ingreso al país a integrantes de ONG que habían sido autorizadas por la Organización Mundial de Comercio (OMC), el presidente Mauricio Macri abrió, con un discurso de fuerte tono librecambista, la XI Conferencia Ministerial (MC11), un adelanto del encuentro entre los líderes de los países del G20 de 2018 y una ocasión para dar las últimas puntadas al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.
Macri defendió la libertad de comercio, fustigó el proteccionismo y dijo que celebraba la realización en estas costas de una cumbre que «nos permite renovar nuestro firme compromiso con el fortalecimiento del sistema multilateral del comercio, que nos llevará a mejorar la vida de nuestra gente».
El presidente argentino agradeció la presencia de los mandatarios de Brasil, Michel Temer, de Uruguay, Tabaré Vázquez, y de Paraguay, Horacio Cartes. Con ellos y los representantes de Colombia, Chile, Guyana, México, Perú y Surinam firmaron la Declaración de Buenos Aires, en la que se comprometen a promover un «comercio abierto, con reglas, transparente, inclusivo, no discriminatorio y no discriminativo» que esté dotado «de las herramientas que le permitan afrontar los desafíos del siglo XXI».
El brasileño confió a medios de su país que esperaba acelerar los últimos detalles para la firma del Tratado de Libre Comercio Mercosur-Unión Europea (UE), algo que podría ocurrir en Brasilia antes de fin de año. El acuerdo con la UE se tramita desde hace 22 años. Los gobiernos de Lula da Silva y Néstor y Cristina Kirchner lo fueron demorando porque consideraban que ponía en riesgo a la industria local sin ofrecer demasiadas ventajas para los productores primarios.
Seguridad bajo críticas
La nota de este encuentro global la dio el gobierno nacional al prohibir la entrada de unos 60 miembros de ONG, medios alternativos y activistas que ya tenían autorización de la OMC para intervenir en el MC11. La chispa saltó cuando el noruego Petter Titland, titular de Attac Norge, fue retenido en Ezeiza y deportado a Brasil. Lo mismo se hizo con la periodista británica Sally Burch, de la Agencia Latinoamericana de Información. El gobierno noruego y el ecuatoriano presentarons las quejas de rigor y el escándalo fue creciendo hasta que debieron levantar la prohibición.
La excusa del área de Seguridad fue que habían revisado antecedentes y publicaciones en las redes sociales y los consideraban violentos. El grupo Attac (Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y por la Acción Ciudadana) propugna la aplicación de una tasa a los capitales financieros que circulan por el mundo de acuerdo con las tesis del Premio Nobel de Economía de 1971, James Tobin, un liberal que proponía usar esos tributos en planes sociales, reducción de la pobreza y el cuidado del medio ambiente.
La excanciller Susana Malcorra, presidenta de la MC11, debió dar la cara por el incidente. «No es mi responsabilidad manejar ese tema. Lo único que puedo decir es que están autorizadas 600 personas, y es cierto que hay un número, de alrededor de 60, que no fueron autorizadas. Cuando se viene a la Argentina se tiene que venir con una visa».
El endurecimiento de los controles y de las medidas represivas del gobierno nacional son evidentes desde que, al asumir, creó un nuevo protocolo de seguridad. Las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel fueron dos casos emblemáticos. Pero vale recordar que a poco de haber jurado su cargo, la ministra Patricia Bullrich quedó en el ojo de la tormenta por la violenta represión con balas de goma contra los trabajadores del frigorífico Cresta Roja.
El Poder Judicial también hizo su aporte con las detenciones de exmiembros del anterior gobierno, en algún caso, por causas que ya tenían más de cinco años.
El apresamiento del exvicepresidente Amado Boudou impactó porque fue filmado en plena madrugada, esposado y descalzo en su residencia mientras le leían sus derechos. La detención de Lázaro Báez, mostrado con chaleco antibalas y casco, había adelantado que la exhibición de los procesados y de la parafernalia policial marcarían este «cambio de época».
La detención del excandidato a vicepresidente y exsecretario legal y técnico, Carlos Zanini, fue también otra muestra de «marketing político», cuestionaron desde rincones opositores no solo alineados con el kirchnerismo. También detuvieron a Luis DʼElía, Fernando Esteche y Jorge Khalil mientras que al exministro de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman, se le concedió la prisión domiciliaria por su estado de salud. El juez Claudio Bonadio pidió el desafuero y la detención de Cristina Fernández de Kirchner.
Es una vuelta de tuerca a la denuncia del fiscal Alberto Nisman por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán. Desestimada por el juez Daniel Rafecas, luego por la Cámara y por Casación Penal, volvió a Tribunales con una nueva figura, traición a la patria.
Doctrina Irurzun
El juez que le encontró un resquicio al artículo 119 de la Constitución Nacional para sentar en el banquillo a Cristina Fernández, un proceso criticado por juristas de todos los sectores, es el que más denuncias acumula en su contra en el Consejo de la Magistratura y que en 2005 fue separado de la instrucción del atentado a la AMIA por «falta de imparcialidad» y por tener un doble rol de magistrado y sospechoso.
Esta arremetida desatapó un huracán que afecta tanto al gobierno como a la oposición y despertó las mayores conjeturas sobre las reales motivaciones de Bonadio. Para Cristina Fernández, «Macri es el director de orquesta y Bonadio el ejecutor» de una operación destinada a quitar del debate mediático iniciativas que afectarán derechos del grueso de la población, a votarse en extraordinarias.
Los analistas sugieren una coordinación entre Bonadio y el camarista Martín Irurzun, creador de la llamada «doctrina Irurzun», por la cual una persona puede ser detenida aun sin condena si el juez entiende que hay riesgo de fuga o puede interferir en la investigación. Lo que se cuestiona en los casos de Boudou y del exministro Julio De Vido, por ejemplo, es que mientras estuvieron en el poder nunca habían sido apresados por las mismas causas. «¿Ahora son más peligrosos que antes?», ironizan.
Esto despierta alarmas también en el gobierno. No son pocos los que ven a los juzgados de Comodoro Py en estado de anarquía y temen un futuro búmeran. La misma doctrina podría ser aplicada más temprano que tarde contra los integrantes de este gabinete y el propio Macri, que por ahora logran sobreseimientos en cada una de las denuncias en su contra. Varias de esas causas tienen vinculación con fondos y cuentas en paraísos fiscales. Uno de los objetivos de Attac es el combate de esos artilugios para la evasión impositiva. ¿Será ese el motivo del celo aplicado a los controles migratorios para sus integrantes?
Revista Acción, segunda quincena de Diciembre de 2017.
por Alberto López Girondo | Dic 16, 2017 | Sin categoría
Tras el reconocimiento de Trump a Jerusalén, la Autoridad Palestina se opone a que EE UU realice otra gestión de entendimiento y los asiáticos reaccionaron con reflejos.
La sorpresiva decisión de Donald Trump de reconocer oficialmente a Jerusalén como capital de Israel y el anuncio de que la Embajada de EE UU será trasladada a esa ciudad generó, además del previsible repudio de los palestinos y de los gobiernos de todo el mundo, un acelerado cambio de rumbo en la región.
El martes, el presidente dela Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abbas, dijo que su pueblo ya no aceptará ningún rol para Estados Unidos en cualquier proceso de paz que se pretende llevar a cabo. Algo también previsible ya que al dar ese paso, Trump inclina su balanza hacia las posiciones israelíes de modo definitivo.
Pero ese lugar prontamente podría ser utilizado por China. Al menos eso trasunta la información de que el asesor de la ANP para Asuntos Exteriores, Nabil Shaath y el vicepresidente de Parlamento israelí, Yehiel Bar participarán en la conferencia de paz palestino-israelí en China a finales de diciembre.»La parte china organizará los días 21 y 22 de diciembre una conferencia de paz palestino-israelí en Beijing con delegaciones encabezadas por el asesor del presidente de la Autoridad Palestina para Asuntos Exteriores, Nabil Shaath y el vicepresidente del Parlamento israelí, Yehiel Hilik Bar», declaró este viernes el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lu Kang.
El primer mandatario turco, Recep Tayyip Erdogan, en tanto, se reunió en Estambul con líderes musulmanes para reclamar, ante esta nueva situación, el reconocimiento de Jerusalén Este como capital del Estado palestino como contrapartida al anuncio de Trump, que celebró Benjamin Netanyahu. Pero ahora le puede traer más problemas que beneficios.»Proclamamos a Jerusalén Este como capital del Estado de Palestina y llamamos a los otros países a reconocer el Estado de Palestina y Jerusalén Este ocupada como su capital», dice el comunicado final de la cumbre de la Organización de la Cooperación Islámica (OCI).
En tanto, sigue latente la posibilidad de que se desate una nueva intifada y creció la represión de las tropas israelíes. Ya se habían registrado cuatro muertes –siempre del lado palestino- y hubo represalia con bombardeos en la Franja de Gaza. Se supo además de que israelíes infiltrados entre los manifestantes palestinos habían dispersado una protesta en Cisjordania. Ante el estallido de una granada antidisturbios, un camarógrafo de AFP registró el momento en que un grupo entre la multitud desenfundó sus armas y comenzó a disparar al aire.
Tenían la tradicional kufijja palestina y al menos uno de ellos la bandera de esa nación. Conocidos como «mustaribine», son judíos, árabes, drusos o beduinos que hablan perfectamente árabe y no se diferencian físicamente de los palestinos. «
Tiempo Argentino Sábado 16 de Diciembre de 2017
por Alberto López Girondo | Dic 16, 2017 | Sin categoría
María Luisa Borjas, excoronel de la policía, denunció que el actual presidente generó nuevas fuerzas para reprimir las protestas contra el fraude electoral.
Una excoronel de Asuntos Internos de la policía hondureña con un largo historial de lucha por la transparencia y la defensa de los derechos civiles dentro de esa controvertida fuerza, denuncia que el actual presidente Juan Orlando Hernández busca reprimir las protestas contra el fraude electoral con escuadrones de la muerte.
María Luisa Borjas participa en política y fue la mujer más votada para la cámara de diputados dentro del partido Libre, del expresidente Manuel Zelaya, que integra la Alianza Opositora. Como se sabe, esa coalición asegura haber ganado con su candidato Salvador Nasralla los comicios que se llevaron a cabo el 26 de noviembre. Pero tras sospechosas maniobras de manipulación, para el Tribunal Supremo Electoral (TSE) el comicio lo ganó Hernández por décimas. Sin embargo el escándalo no permitió que aún lo designaran oficialmente porque las denuncias por trampas electorales fueron tan contundentes que levantaron protestas de todos los rincones, adentro y afuera del país centroamericano. Además, hay un planteo de inconstitucionalidad contra el actual presidente porque de acuerdo a la Carta Magna no podía presentarse a reelección.
Mucho antes de incursionar en la política, Borjas había denunciado excesos y crímenes cometidos por miembros de la policía hondureña, una de las más brutales y también de las más vinculadas con hechos de corrupción y con el narcotráfico de la región. Uno de los hechos más resonantes fue el asesinato en 2013 del fiscal antilavado Orlán Chávez, conocido como «El fiscal de oro». El hombre fue víctima de sicarios que lo balearon desde una moto que, de acuerdo a la denuncia de Borjas, fueron enviados por policías que integraban el «cártel de la Granja».
Ahora, la comisionada policial en retiro asegura que Hernández creó un nuevo cuerpo policial bajo sus órdenes directas para reinstaurar la Doctrina de Seguridad Nacional, que causó miles de muertes en los ’80, una escalada criminal de la que en ese entonces llegaron a participar militares argentinos. Borjas incluso culpó directamente a la embajada estadounidense y al Departamento de Estado de estar detrás de esta política de corte genocida para que Hernández pueda perpetuarse en el poder a como dé lugar.
Mientras tanto, cientos de miles de hondureños salen a las calles en todo el país para reclamar que se respete la voluntad popular expresada en las urnas y no se concrete otro despojo. Como cuando, por querer reformar la Constitución, destituyeron a Zelaya en un golpe institucional en 2009. «
Tiempo Argentino Sábado 16 de Diciembre de 2017
por Alberto López Girondo | Dic 13, 2017 | Sin categoría
Ivan Márquez, que fue negociador con el gobierno en La Habana, denuncia que ni el gobierno ni el Congreso respetan los documetnos firmados. Disputa por los 16 senadores que corresponden a víctimas del conflicto.
Las FARC, ahora convertidas en partido político (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común) irán a las Naciones Unidas a denunciar el incumplimiento de los acuerdos de paz con el gobierno colombiano, en el que el organismo internacional es uno de los encargados de verificar que todo lo firmado se plasmara en la realidad.
El anuncio lo hizo Luciano Marín, conocido como Iván Márquez, luego de un encuentro con el presidente Juan Manuel Santos. El reclamo es porque el Senado no aprobó el ingreso de 16 representantes de víctimas del conflicto armado, que fue uno de los puntos firmados en La Habana el año pasado tras trabajosas negociaciones durante cuatro años.
Esta instancia para una paz definitiva en Colombia viene trabada en el marco de un enfrentamiento cada vez más visible entre los sectores de la sociedad que apoyaron desde el inicio el proceso iniciado por Santos en setiembre de 2012 y los que quieren mantener el status bélico, encolumnados detrás del ex presidente Álvaro Uribe.
Al principio este proceso parecía una negociación complicada pero con un horizonte auspicioso, ya que contaba con el apoyo como garantes del proceso como los gobiernos de Cuba y Noruega y facilitadores como Venezuela y Chile. Y además estaban detrás los organismos regionales e internacionales batiendo sus parches por resolver ese conflicto que llevaba más de 50 años. Entre ellos está precisamente la ONU, que supervisó la dejación de armas de la guerrilla.
Pero cuando todo se encaminaba a un final feliz, el diablo metió la cola y el plebiscito convocado para el 2 de octubre de 2016 para refrendar en las urnas lo firmado por los representantes de las FARC y el presidente Santos, tuvo un primer barquinazo. Con apenas un 37,34% de participación, el NO al acuerdo ganó por 50,21% a 49,78.
Poca diferencia, pero suficiente como para que los uribistas sacaran pecho y desde entonces la derecha más cerril retomó posiciones en el debate ideológico en torno a la incorporación de los ex guerrilleros a la vida política, que era el objetivo final de todo.
Es decir, que la sociedad revuelva sus diferencias democráticamente y no por las armas. Para no tirar por la borda los cuatro años de negociaciones, se consensuó que el acuerdo –malherido tras el referéndum- fuera votado en el Congreso, cosa que finalmente se logró a principios de este año. Las ex Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia cumplieron paso a paso todo lo convenido en La Habana, según destacó el equipo de supervisión de la ONU.
No así el estado colombiano.
Fueron 534 los activistas asesinados desde 2012 y la cifra no se detiene. Solo hasta agosto pasado cayeron 101 líderes sociales. Pero además, en el poder judicial fueron diluyéndose muchas de las cuestiones planteadas en la mesa de conversaciones. En el parlamento y la fiscalía se fue cambiado el alcance de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), un tribunal que debía obtener “Justicia, Verdad y No Repetición” llevando al banquillo cualquier tipo de delitos cometidos durante ese medio siglo de horrores. “Debía ser una justicia restaurativa como fundamento de la verdad detallada de lo sucedido y en tal sentido acceder a tratamientos especiales”.
Ahora, se quitó de ese fuero a civiles y paramilitares con lo que los ex guerrilleros y un puñado de militares quedarán como únicos responsables de todo lo que ocurrió.
El tema de los 16 escaños es el último tramo de esta regresión del proceso de paz. Se había aceptado en La Habana que fueran cargos parlamentarios para que tuvieran voz en el Senado las víctimas del conflicto de las regiones más afectadas. Para la derecha se opone porque arguye que entre ellos puede haber criminales y delincuentes.
Santos confiaba en que el Senado aprobaría sin más, o por lo menos con voto mayoritario, el ingreso de los 16 nuevos legisladores. Hace dos semanas la mitad de los legisladores votaron contra. El gobierno replicó elevó una queja ante un tribunal por el no cumplimiento de un acuerdo que habían aceptado meses antes. Un juez dio la razón al Ejecutivo peor el tema sigue trabado por chicanas del presidente de la Cámara Alta, Efraín Cepeda.
Según Cepeda, el gobierno perdió la votación porque no logró la mayoría ya que solo obtuvo 50 votos. «Los proyectos de este tipo deben ser aprobados por la mayoría absoluta y para este caso el quórum es de 102 senadores», especificó a los medios. El problema es que en realidad hay tres senadores que fueron separados de sus cargos por causas de corrupción.
Para el gobierno los senadores son, entonces, 99 y los 50 a favor son la mitad mas uno.
Mientras tanto se divulgan noticias de ataques atribuidos a disidentes de las FARC que mantienen la lucha armadas en diversos puntos del país. De alguna manera todos estos reveses dan la razón a quienes dentro de la guerrilla no quisieron entregar sus armas por temor a una nueva trampa de la dirigencia política colombiana. Recuerdan los casi 5000 ex guerrilleros asesinados de la Unión Patriótica en los 80.
Tiempo Argentino Miércoles 13 de Diciembre de 2017
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