por Alberto López Girondo | Feb 1, 2018 | Sin categoría
Nadie puede llamarse a sorpresa con el «mega» DNU 27/2018, que el gobierno publicó en el Boletín Oficial el 11 de enero pasado. Después de todo, entre las primeras medidas trascendentes que tomó el presidente Mauricio Macri no bien asumió el cargo, el 10 de diciembre de 2015, se destacaron dos polémicos DNU. Uno para nombrar a dos miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y otro que desarticuló la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que luego de años de intensos debates a lo largo de todo el país y múltiples instancias judiciales, quedó en el arcón del olvido, al menos en su articulado anticoncentración.
En el caso de la Corte, el rechazo fue tan contundente, incluso desde las propias filas de Cambiemos, que obligaron a dar marcha atrás y esperar la designación que la Constitución exige. Desde entonces hubo una tensión interna dentro de la alianza gobernante entre un ala dura que aspira a ir a fondo con su programa de reformulación del Estado sin miramientos y otra más acuerdista y con cierto prurito institucional.
Pero la controvertida votación por la reforma previsional en diciembre último fue un golpe que aún no se termina de digerir puertas adentro de Balcarce 50. La violenta represión de las protestas encontró voces de justificación en los medios hegemónicos. Pero nadie se llamó a engaño dentro del oficialismo: entre los que a pesar de esa misma represión salieron a protestar frente al Congreso Nacional y a cacerolear en calles y plazas había muchos opositores pero también votantes de Cambiemos que se sintieron estafados por promesas electorales que en esas tensas jornadas se tiraban por la borda.
Nulidad absoluta
El mega DNU, que bajo la consigna de «desburocratizar y simplificar» al Estado tiene 22 capítulos y 192 artículos que derogan 19 leyes y modifican otras 140, levantó críticas desde todos los sectores de la oposición. Hay varios aspectos que fueron especialmente cuestionados. Uno es el artículo que habilita el embargo de salarios, otro el que autoriza al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) a realizar operaciones financieras. Además, el DNU redefine las tareas de la Unidad de Información Financiera en relación con casos de evasión, permite crear puertos y aeropuertos privados y facilita la condonación de aportes patronales.
«El DNU es una usurpación de actividades y potestades legislativas, taxativamente prohibidas por el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional, que dice que el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso y bajo pena de nulidad absoluta emitir disposiciones legislativas», aseguró el constitucionalista Eduardo Barcesat. «Se trata de un golpe de Estado institucional porque se quebranta la rigurosa regulación que tiene la Carta Magna», no dudó en definir el profesor titular consulto de la Facultad de Derecho de la UBA. Barcesat denunció penalmente a Macri y sus ministros por violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad en concurso con malversación de caudales públicos y prevaricato. El caso recayó en el juzgado del magistrado Ariel Lijo.
¿Qué puede pasar con el mega DNU en el Congreso? El Poder Ejecutivo debe girar el dictamen a la Comisión Bicameral Permanente (CBP), la que debe expedirse acerca de la validez o invalidez del decreto y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento. La CBP está integrada por ocho diputados y ocho senadores y el oficialismo ya se garantizó una mayoría que le podría permitir el bloqueo de cualquier rechazo.
Sin embargo, el presidente del bloque del Frente para la Victoria (FPV), Agustín Rossi, tras señalar que «el DNU no es una ley y está regulado por la Constitución», confiaba en poder tratarlo durante este mes a pesar de que el gobierno decidió no convocar a sesiones extraordinarias. Para ello se deben reunir 129 diputados, lo cual requiere el acuerdo del FPV, el bloque del PJ, el Frente Renovador, el Movimiento Evita y la izquierda.
Reforma por otra vía
Los viejos popes de la CGT, encabezados por Hugo Moyano y Luis Barrionuevo, pero con la presencia de dirigentes de otros sectores, como el bancario Sergio Palazzo, el canillita Omar Plaini y Omar Maturano, de La Fraternidad, se juntaron en Mar del Plata para lanzar un documento de fuerte tono crítico contra la reforma laboral y previsional, el plan económico, el DNU 27 y el intento del gobierno de planchar las paritarias en un 15%. Desde los medios oficialistas replicaron con denuncias contra esos mismos sindicalistas en una suerte de carpetazo público que incluye en una causa por facturas truchas a Hugo Moyano, Carlos Acuña y Luis Barrionuevo. Simultáneamente se anunciaba el recorte de 1.000 millones de pesos a las obras sociales que recibían de manera automática los gremios para financiar servicios de salud de los trabajadores.
Y con otro decreto, el número 52, Macri eliminó la paritaria nacional docente, medida que será denunciada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) ante organismos internacionales. «El decreto es una clara destrucción de la paritaria nacional. Elimina la posibilidad de discutir el salario básico nacional. Es el ajuste que tenían planeado con la reforma laboral pero aplicado rama por rama», afirmó Sonia Alesso, secretaria general de CTERA.
En este contexto, el gobierno se vio envuelto en un escándalo por la denuncia de una empleada del ministro de Trabajo, Jorge Triaca. La difusión de un audio donde el funcionario maltrataba a Sandra Heredia fue apenas la punta del iceberg. Luego se sabría que la mujer había trabajado en negro y que además había sido contratada para trabajar en el SOMU, gremio intervenido por el gobierno.
En este escenario, es entendible que el gobierno no quiera someterse a la puja legislativa. Es que los debates públicos no solo exponen al oficialismo, también dejan al descubierto a sectores de la oposición que suelen acompañar al gobierno en medidas por demás irritativas para los votantes.
Revista Acción, primera quincena de Febrero de 2018
por Alberto López Girondo | Ene 20, 2018 | Sin categoría
El frío recibimiento que tuvo Francisco en Chile tiene dos
motivos que pueden parecer antagónicos: el fastidio de la derecha y del
establishment por su acercamiento a los mapuches y las víctimas de la
dictadura, y la reacción popular ante las endebles acciones del Vaticano frente
a los casos de sacerdotes pedófilos y la cerrada defensa en favor del obispo
Juan Barros.
Puede sonar como una ironía que en la misa que ofició en la
playa de Huanchaco, en la ciudad peruana de Trujillo, Francisco hiciera una
alegoría entre la bravura de los apóstoles y la de los pescadores de esa
región, 500 kilómetros al norte de Lima, que «deben enfrentar el duro
golpe del Niño costero, cuyas consecuencias todavía están presentes en tantas
familias que todavía no pudieron reconstruir sus hogares». Hablaba de la
tormenta que el año pasado causó más de 100 muertos y 300 desaparecidos en una
de las mayores tragedias marítimas que se recuerden en ese país.
Pero horas antes, él mismo había tenido que enfrentar otra
tormenta en Chile, por las protestas de víctimas de abusos infantiles que
denuncian la complicidad del actual obispo de Osorno en el encumbramiento de un
cura pederasta, Fernando Karadima y se quejan de que nunca fueron recibidos
para plantear sus reclamos. El Papa, en todo momento, respaldó a Juan Barros y
hasta se mostró visiblemente ofuscado cuando ante un grupo de periodistas
terminó por exigir que le presenten pruebas en contra del prelado de esa ciudad del sur chileno. Hasta
pareció perder el control al responsabilizar de acusaciones «sin
fundamento», a «los zurdos, que son los que armaron la causa».
Sin dudas esta fue la gira más complicada para Jorge
Bergoglio desde que hace casi cinco años fue ungido Obispo de Roma y Sumo
Pontífice de la Iglesia Católica en reemplazo del renunciante Benedicto XVI. El
Papa venido del continente con más cantidad de católicos tomó el cetro en un
momento histórico iluminado por los gobiernos progresistas. Desde su llegada al
Vaticano, el argentino debió enfrentar la pérdida constante de fieles en
detrimento de distintos tipos de cultos evangélicos. Y en medio de denuncias
constantes de abusos sexuales a menores por parte de sacerdotes en todo el
mundo.
Desde sus primeros símbolos, entre ellos el nombre elegido,
Francisco intentó hablar en un lenguaje más cercano a las capas más humildes de
la población. Y en cada una de sus visitas a la región dio muestras de conocer
y querer rendir homenaje a los religiosos que habían honrado esa posición de la
Iglesia en favor de los pobres y que habían sufrido persecuciones y hasta
fueron martirizados, como es el caso bien conocido del arzobispo de El
Salvador, Oscar Arnulfo Romero, asesinado en 1980 y beatificado en 2015.
Pero otros vientos soplan ahora en el continente. Y luego del triunfo de Mauricio Macri en
Argentina, el golpe institucional contra Dilma Rousseff en Brasil, el giro
copernicano de Lenin Moreno en Ecuador y la vuelta de Sebastián Piñera en
Chile, la postura de Bergoglio causa irritación en las elites que ostentan el
poder.
Quedó claro de este lado de la cordillera por qué Bergoglio
sigue sin hacer siquiera una escala técnica en territorio nacional. En Chile ya
se sabía que no habría una recepción fervorosa al Papa jesuita.
Las denuncias por abusos infantiles fueron muy graves y el
caso de Karadima fue un golpe muy fuerte a la credibilidad de una Iglesia que
de la mano del cardenal Raúl Silva Henríquez había sabido enfrentar al propio
Augusto Pinochet, denunciando los crímenes de la dictadura en tiempo real.
Karadima tuvo virtudes de educador en la fe, según parece, y
muchos de los miembros de la jerarquía eclesiástica chilena lo reconocen como
su maestro. Entre ellos está Barros, quien fuera obispo castrense hasta que en
2015 fue designado en Osorno. La Justicia chilena declaró en un primer momento
que los delitos por los que se acusaba a Karadima habían prescripto. Pero fue
juzgado en el Vaticano, y tras ser hallado culpable, en 2011 fue suspendido de
por vida.
Los mismos que habían motorizado la denuncia contra el cura
pederasta, insisten en que Barros estaba al tanto de lo que ocurría con
Karadima y había utilizado su influencia dentro de la Iglesia y en el poder
político para encubrir los crímenes. Por
eso llamó la atención que Francisco lo nombrara obispo de Osorno, en enero de
2015, lo que movilizó a la población en contra de esa decisión.
El Papa no ignoraba que iba a tener que enfrentar un clima
adverso en Chile, donde llegó a pocas semanas del cambio de gobierno. Por un lado, durante la gestión de Michelle
Bachelet se aprobó una ley de aborto y la mandataria impulsó el matrimonio
igualitario. Por el otro, todavía están caldeadas las aguas por el caso
Karadima-Barros y un par de días antes de la llegada de Francisco a Santiago la
agencia The Associated Press difundió una carta de hace dos años en respuesta a
una treintena de curas que explicaban las razones para rechazar el
«ascenso» de Barros.
Allí Francisco revela que su intención era que Barros se
tome un año sabático para no tener que nombrarlo en Osorno, a lo que se negó.
En este contexto el Sumo Pontífice deja en evidencia que quedó atrapado en la
interna de la Iglesia chilena, encolumnada para el caso detrás del nuncio Ivo
Scopolo, italiano y ligado a la derecha clerical.
Esto generó un enojo evidente en muchos chilenos, ya
alterados por toda la historia del pederasta y su presunto protector. Se dice
que desde que el caso comenzó a conocerse en Chile las
primeras denuncias son de 2004 pero tomó fuerza a
partir de 2010 el catolicismo comenzó a perder adeptos y pasó de
80% a principios de siglo a 60% hoy día. En todo
caso, la asistencia a las misas que Bergoglio dio en todo el país fueron muchísimo menores de lo que se esperaba.
Ni siquiera pudo torcer ese rumbo su pedido de perdón por
los abusos sexuales cometidos en instituciones religiosas ni bien pisó suelo
chileno. Ese reproche estuvo latente durante su posterior visita a Temuco, donde
dio un fuerte mensaje en torno al
reconocimiento de las culturas ancestrales y se reunió con representantes de
las comunidades mapuche, perseguidas tanto en Chile como en Argentina. Otra
buena razón para que las elites gobernantes y los medios hegemónicos en ambos
lados de la cordillera de los Andes buscaran la forma de socavar el liderazgo
que Francisco intentaba reforzar o al menos alterarle los nervios. Cosa que
parecieron lograr en Iquique.
Entre el «Mari mari» y el «Tinkunakama»
Así como en la Araucanía chilena hizo un claro
reconocimiento de la cultura mapuche ypidió resolver conflictos en forma
pacífica, Francisco destacó en la Amazonía «la sabiduría y el
conocimiento» que expresan los pueblos originarios. Al mismo tiempo,
condenó la devastación que los intereses económicos someten a estas regiones
del globo donde «dirigen su avidez sobre petróleo, gas, madera, oro,
monocultivos industriales».
El medio ambiente es una de las grandes preocupaciones de
Jorge Bergoglio, que en el año 2015 anunció la encíclica Laudato si, para fijar
posición sobre el daño que causa el capitalismo depredador en todo el planeta.
Ya en octubre pasado, el Papa había convocado un Sínodo de
Obispos para la región Panamazónica (son ocho países los que forman parte de la
cuenca del Amazonas, Brasil, Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador, Venezuela,
Guyana y Surinam) que se desarrollará en octubre de 2019.
«Probablemente los pueblos originarios amazónicos nunca hayan estado tan amenazados en sus territorios como lo están ahora», dijo en la misa de ayer en Puerto Maldonado, departamento peruano de Madre de Dios, antes de despedirse con un Tinkunakama (hasta que nos volvamos a encontrar, en quechua). En Temuco había llegado con un «Mari mari» (buen día en mapudungun, la lengua mapuche).
Tiempo Argentino, Enero 20 de 2018
por Alberto López Girondo | Dic 30, 2017 | Sin categoría
Fue apresada en un pequeño poblado al noroeste de Ramalah, luego de darle una bofetada a un soldado que hirió a su primo y que la imagen explotara en las redes.
«No puedo pensar en el futuro», dice Ahed Tamimi, una chica de 16 años detenida el 19 de diciembre pasado por soldados israelíes en el marco de las nuevas marchas de resistencia contra la ocupación israelí de Palestina, estimuladas luego de que el presidente Donald Trump pusiera en marcha una ley de 1995 que declaró capital de Israel a Jerusalén y anunciara el traslado de la Embajada de EE UU a esa ciudad.
Tamimi fue apresada en Nabi Saleh, un poblado de unas 500 almas a 20 kilómetros al noroeste de Ramalah, la capital provisoria del todavía en ciernes Estado Palestino, en una región ocupada militarmente desde 1967 por tropas de Israel y que además se enfrenta con los colonos que no sólo fueron quedándose con las mejores tierras sino que además, desde diciembre de 2009 controlan el curso de agua dulce de Ein al Qaws, imprescidible para la subsistencia y para los cultivos.
El padre de Ahed, Basem Tamimi, es uno de los líderes palestinos que decidieron enfrentarse con esa realidad de modo pacífico pero persistente. Y aplicando las ventajas de la tecnología y la difusión de la información que estos tiempos permiten.
Así, desde que la hija más radicalizada se fue convirtiendo en un ícono de la resistencia, graba cada una de sus intervenciones y trata de subirlas a las redes sociales para demostrar la situación en la que viven los palestinos. Lo hace desde que era una nena de diez años y ahora esa imagen de una jovencita corajuda, de pelo rubio ensortijado, recorre el mundo nuevamente.
Lo cierto es que durante una redada del 15 de diciembre en Nabi Saleh, efectivos de las Fuerzas de Defensa, que es como se llaman a las Fuerzas Armadas israelíes, dispararon contra Mohamed, de 15 años, primo de Ahed. Con una bala de metal recubierta de goma le dieron en la cara y el chico está en coma inducido en un hospital palestino. Enardecida por lo que consideró una injusticia, Ahed se acercó a un par de soldados fuertemente pertrechados que estaban acodados sobre una pared y abofeteó en la cara a uno, quizás al que reconoció como autor del disparo. El uniformado no alcanzó a reaccionar, lo frenó la culpa o vaya uno a saber, quizás prefirió quedarse en el molde ante lo que creyó que podría ser una provocación. Se la ve a ella acompañada por su prima, Nour Naji Tamimi, de 21 años, y de costado a su madre, Nariman Tamimi, de 43. Sucede que el video fue trend topic y las autoridades militares, que sabían del incidente tanto como del ataque a Mohamed, no pudieron tolerar lo que consideraron un escarnio que podría socavar la imagen de las tropas israelíes. Y ordenaron un operativo en la vivienda de Ahed.
En plena madrugada la chica fue apresada y enviada a una celda, según dijeron, para interrogarla. Horas más tarde también fueron detenidas su madre y su prima.
El caso fue creciendo tanto como el video original y desde todo el mundo llueven los reclamos para liberar a la adolescente, una entre los más de 170 menores que permanecen presos en centros de detención israelíes luego del anuncio de Trump, el 6 de diciembre.
Fue así como el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abbas, envió un mensaje de solidaridad con Ahed y elogió su «valiente actitud». Luego llamó por teléfono al padre de la adolescente para expresarle su reconocimiento por el «papel clave» que está jugando en las manifestaciones contra la ocupación israelí.
Basem, el padre, encabeza la resistencia en ese poblado donde todos de alguna manera comparten el linaje de los Tamimi. Graba cualquier tipo de incidente con las tropas y los sube a las redes.
Ahed tenía 12 años cuando recibió el Premio Handala al Coraje en el municipio de Basaksehir, Turquía, y fue invitada a un encuentro con Recap Tayyip Erdogan. Se había hecho famosa por su respuesta ante el brutal intento de arresto de un nene de 11 años. Fue esa la vez en que ella escapó tras morderle la mano al soldado que la tenía atrapada.
Esta semana las autoridades de un tribunal militar de las fuerzas de ocupación de Cisjordania ordenaron prolongar la detención de la jovencita. El general Jaim Bililti, a cargo del tribunal, alega, en una versión para Medio Oriente de la Doctrina Irurzún, que «su liberación podría afectar la investigación», según informó el diario israelí Haaretz. Y acepta la versión de las tropas, que dicen haber intervenido en el caso del chico Mohamed porque «estaban atacando con piedras» a fuerzas del orden.
La abogada de la familia, la mexicano-israelí Gaby Lasky, dice que a Ahed la cambian de prisión a cada rato y no la dejan ni mudar de ropa «para intentar quebrarle la moral». Lasky explica su posición, que quizás para otros puede parecer incómoda, en un caso como este. «No puede haber democracia y ocupación al mismo tiempo». Y a pesar de que para muchos es una traidora y padece del desprecio de no pocos israelíes, según reconoce en una entrevista con el diario español El País, asegura que tomó partido por las víctimas de la ocupación porque considera que «el pueblo judío tiene derecho a un Estado, pero no a privar a otros del suyo». «
Tiempo Argentino 30 de Diciembre de 2017
por Alberto López Girondo | Dic 30, 2017 | Sin categoría
La promueve el gobierno de derecha, católico y conservador, para «poner fin al período comunista» en el país. Se renueva la disputa entre Varsovia y Bruselas.
Varsovia y Bruselas están enfrentadas en una puja por la reforma del Poder Judicial que podría terminar, si no con la expulsión de Polonia de la Unión Europea, al menos la suspensión de su derecho a voto. Genéricamente, los analistas llaman a esta opción europeísta «apretar el botón nuclear» ante un par de leyes que, juran, avanzan sobre la independencia de los poderes. Para las autoridades polacas, sin embargo, la reforma implica «poner fin al período comunista en Polonia», al decir del ministro del Interior, Mariusz Blaszczak.
La disputa entre Varsovia y Bruselas, las capitales de ambas «instituciones», no es nueva. Se vienen desatando desde que en agosto de 2015 tomó el poder Andrzej Duda, del partido Ley y Justicia (PiS, por la siglas en polaco de Prawo i Sprawiedliwość). PiS es una organización política de tendencia católica, conservadora y de derecha liderada por Jarosław Kaczyński, quien fuera primer ministro y es el hermano gemelo de Lech, quien ocupó la presidencia entre 2005 y 2010, cuando murió en un accidente de aviación.
Los gemelos ya habían iniciado un proceso de derechización de la sociedad que ahora con el presidente Duda ingresa en la etapa institucional. Ya en julio pasado, cuando el proyecto de reforma entró al Parlamento, desde la UE habían surgido voces de alarma, azuzadas por la oposición al PiS, y habían advertido que la normativa resultaba violatoria de los cánones constitucionales que pretenden desde Bruselas porque politiza, aseguran, a la Justicia. Duda, que parece no tener demasiadas dudas, dijo que iba a reformular la propuesta original pero finalmente la que aprobó estos días conserva el núcleo que le habían criticado, lo que reavivó en la sede de la UE la voluntad de recurrir al artículo 7 del organismo, que con los votos de 4/5 de los miembros faculta a la Comisión Europea a sancionar a un Estado miembro.
¿Qué implica la reforma judicial polaca? En principio, recortan la edad para la jubilación de los magistrados de 70 a 65, lo que puede dejar afuera a muchos de los jueces que, efectivamente, comenzaron sus careras judiciales durante el período poscomunista o antes, incluso.
También la nueva legislación empodera al Ejecutivo para la designación de jueces y de miembros del Consejo Supremo de la Magistratura (KRS, por sus siglas en polaco), hasta ahora elegidos por sus pares. El KRS tendrá la potestad de revisar o anular los veredictos de los últimos 20 años, siempre y cuando lo pidan los ciudadanos a través de iniciativas populares.
Para el gobierno, la controversia con la Comisión Europea nace de un error de información. Pero en el fondo se trata de visiones contrapuestas sobre el manejo de los estados. PiS, se dijo, es de una derecha recalcitrante para ciertos conceptos de la política. Al mismo tiempo, es esa derecha que viene ganando espacio en Europa en poblaciones hastiadas de las recetas neoliberales.
«Nuestra doctrina económica está tan lejos del neoliberalismo como del socialismo», dice convencido el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, según un perfil del periodista Julio Llorente en el diario español La Gaceta. Allí se destaca que PiS impulsó un proyecto de ley para prohibir que los comercios abran los domingos, cosa de que los trabajadores tengan más tiempo con la familia.
De tan católicos que quieren garantizar el derecho del no nacido, también el premier Morawiecki dijo al asumir su cargo –el 11 de diciembre y tras una minicrisis porque su antecesora era reacia a apoyar estas leyes–: «No queremos que los polacos trabajen muchas horas, queremos que trabajen eficientemente. Queremos que disfruten de más tiempo para su familia, para sus allegados… Este es nuestro objetivo para nuestra estrategia de desarrollo».
En el contexto neoliberal que pulula en los organismos regionales y los centros de decisión de la UE, esta frase puede sonar revolucionaria.«
Tiempo Argentino Sábado 30 de Diciembre de 2017
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