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Mike Pence pidió 15 mil millones de dólares al Congreso para la batalla en el ciberespacio

Mike Pence pidió 15 mil millones de dólares al Congreso para la batalla en el ciberespacio

El vicepresidente Mike Pence luce todavía más beligerante que el primer mandatario estadounidense. Lo muestra cuando visita algún país de la región con aires de comandante en jefe que pasa revista a una tropa díscola. Ahora acaba de anunciar que en dos años se pondrá en marcha la sexta rama de las Fuerzas Armadas, que el presidente Donald Trump ya había adelantado en junio pasado (ver aparte) y pidió al congreso 15 mil millones de dólares para crear una estructura centralizada en ciberseguridad donde se unifiquen “todos los recursos destinados a afrontar ese problema”.

Para reforzar esta postura, Pence cuenta con otro halcón, el general de cuatro estrellas Stephen Fogarty, titular del Comando Cibernético del Ejército, quien hace poco inauguró junto con el general Paul Nakasone, a cargo de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, la denunciada por el hacker Edward Snowden como vigilando a todo el mundo) una unidad especial dedicada a la batalla contra Rusia en el ciberespacio.

Pence piensa en ciberataques contra empresas tecnológicas. Fogarty, militar al fin, le quiere dar un fuerte impulso al Cibercomando a  través de nuevas estrategias no solo basadas en el espacio virtual. «Estamos bajo un ataque persistente de adversarios cada vez más capaces y agresivos, y no puedo hacerlo solo. No se trata solo de cibernética», dijo Fogarty.

Fogarty abundó en la forma que entiende más adecuada para combatir a los ciberataques y a los potenciales hackers. «Tengo que ser capaz de encontrarte, agarrarte y terminar contigo más rápido de que puedas hacerlo conmigo, y eso es en todos los dominios, no solo en el dominio cibernético. No necesariamente tiene que ser ciber vs. ciber”.

Su ambiciosa propuesta es convertir a ARCYBER, el anagrama para Cibercomando del Ejército, en una jefatura de Operaciones de Guerra de la Información del Ejército o de Operaciones de Dominio de la Información. Esa unidad tendría como funciones operar en las redes y los datos en la búsqueda de “integrar y sincronizar las operaciones de información y psicológicas, el engaño militar y todas las disciplinas de la inteligencia”.

Para lo cual se necesitará, dijo el estratega, reclutar más expertos en operaciones electrónicas y desarrolladores y también expertos en operaciones de información. Fogarty los definió sugestivamente como “miembros tribales” de ARCYBER.

Pero también se plantea capacitar al personal que hoy día tiene a cargo, que según el general Bruce Crawford, es de 13.600 personas altamente especializadas. En un encuentro organizado a instancias de Fogarty, que nucleó a todos los jefes de departamentos, Crawford dijo, según el portal oficial de ARCYBER, que ese plan “es el esfuerzo más grande en 35 años” por adecuarse a las nuevas realidades en las redes. “En los 80 –explicó- el Ejército recién estaba comprendiendo como el software e internet cambiarían fundamentalmente el carácter de la guerra”.

Ahora, insistió Crawford, “los avances en tecnología de la información muestran que el Ejército debe comprender cómo esta nueva tecnología puede moldear el campo de batalla moderno y cómo aprovecharlo al trabajar estrechamente con socios de la industria y la academia”.

Cuando el jefe de la NSA presentó el equipo “anti-Rusia”, dijo que junto con China son los “dos adversarios en los que tenemos que centrarnos pronto y en el futuro”. Y alertó que si no hacen algo rápido, “serán ellos los que definirán lo que harán en ese dominio”.

Pence abonó esta tesis asegurando que hackers chinos y norcoreanos trataron de robar secretos comerciales de industrias clave en los últimos años. Y señaló que solo en 2016 la economía estadounidense perdió casi 110 mil millones de dólares por ciberataques. Entre ellos anotó uno atribuido a Rusia contra una naviera que habría significado un costo de 400 millones, aunque no dio muchos datos más.

«La Administración del presidente Donald Trump adoptó medidas sin precedentes en el último año para reforzar la infraestructura digital y la defensa», agregó el vicepresidente en un foro desarrollado en Nueva York. «Estados Unidos depende cada vez más del mundo digital», completó.

Fogarty, mientras tanto, ultima detalles para un mitin de líderes de su área donde espera establecer un programa para efectuar operaciones de guerra electrónica y en redes. “Un grupo más veterano discutirá la misión, la visión y las prioridades, que deberán publicarse en breve”, le dijo a los periodistas, relató Lauren Williams, especialista en ciberseguridad en el portal Defense System. 
La guerra de las galaxias

En junio pasado, Donald Trump había presentado la Directiva 3 de Política Espacial en la que propuso la creación de una sexta rama de las Fuerzas Armadas que se sumaría al Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina de Guerra, el Cuerpo de Marines y la Guardia Costera para apropiarse del Espacio exterior (ver https://www.tiempoar.com.ar/nota/trump-sale-a-la-conquista-del-espacio).

Ahora, Mike Pence anunció en el Pentágono que presentará en el Congreso el proyecto de Fuerza Espacial, que entraría en acción para el año 2020 y que necesitaría un presupuesto inicial de 8000 millones de dólares.

De acuerdo a la iniciativa, se creará un Comando del Espacio, luego se entrenará a tropas de las otras ramas en seguridad espacial y se designará a un subsecretario del Espacio.

«China y Rusia han estado llevando a cabo actividades altamente sofisticadas en órbita que podrían permitirles maniobrar sus satélites muy cerca de los nuestros, presentando peligros sin precedentes para nuestros sistemas espaciales», dijo el vicepresidente.

Un comunicado de la Casa Blanca había señalado que «el presidente Trump sabe que el espacio es parte integral de nuestra forma de vida y prosperidad económica en Estados Unidos, y es un dominio vital.

Tiempo Argentino, 12 de Agosto de 2018

Duque, entre el exorcismo y la sombra de Uribe

Duque, entre el exorcismo y la sombra de Uribe

Iván Duque asume su mandato en Colombia con algunas huellas que quizás marquen los próximos cuatro años de gestión. La más evidente es que llega como el delfín obediente de Álvaro Uribe y muchos lo tildan como un Uribe2.0. Otra es que deberá enfrentar una fuerte oposición de izquierda -un dato inédito en la historia colombiana- que encarna su contendiente en el balotaje, Gustavo Petro, quien para el mismo día de su asunción organizó marchas en las principales plazas del país bajo la consigna «Por la vida y la paz», en reclamo por la ola de asesinatos de líderes sociales.

Es que los acuerdos con las FARC y las negociaciones que se desarrollan en Cuba con el otro grupo guerrillero, el ELN, son un difícil punto de inflexión en el futuro del país caribeño. Y en ese marco, las fuerzas paramilitares se desbocaron tras el triunfo de este abogado de 42 años y hubo más de 300 asesinatos en estos meses, a razón de un militante por día. Ese será uno de los primeros problemas a enfrentar en el corto plazo por Duque.

Lo anecdótico es que antes de jurar el cargo el presidente ya tuvo un entredicho con un sacerdote, y no por su culpa. El padre Jesús Hernán Orjuela había dicho en un programa de Caracol Televisión que lo habían llamado desde el flamante gobierno para exorcizar la Casa de Nariño, el palacio presidencial. «Me han pedido exorcizar los lugares donde van a estar nuestros futuros gobernantes»; se ufanó el hombre, conocido popularmente como Padre Chucho. A modo de broma, incluso, dijo que luego revelaría cuándos demonios encontró en su ceremonia.

Pero la noticia causó tal revuelo que desde las cercanías del nuevo mandatario le pidieron que le bajara decibeles a la novedad. “Queridos hermanos de Colombia, quiero aclarar que ni el presidente, Iván Dique; ni la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, me han llamado a sacar demonios de la Casa de Nariño», dijo, presto, en un comunicado emitido en el mismo canal. Pero no alcanzó y ante las críticas en las redes sociales, recalcó:  «Lo vuelo a repetir, yo no he sido invitado a sacar demonios, no saco demonios, yo lo único que sé es llevar el amor de Dios».

Como sea, Duque primero dijo que no pensaba vivir en la residencia presidencial, sin especificar las razones, pero ahora parece dispuesto a seguir la tradición. Aunque es cierto que si no demonios o fantasmas, lo seguirá la sombra de Uribe al menos en sus primeros pasos como presidente. El líder de la derecha colombiana, a pesar de tener varias causas penales en su contra y estar en la mira de la Corte por apretar a testigos para que no declaren en su contra, mantiene un 70% de popularidad entre el electorado.

Con ese handicap, había logrado en 2010 que la ciudadanía votara al que pensaba como sucesor, Juan Manuel Santos. Pero su ex ministro de Defensa pronto se quitó ese lastre de encima y aceptó las reglas de juego que entonces imperaban en la región. En primer lugar, estableció amistad con el venezolano Hugo Chávez, propuso como secretario general de Unasur al ex presidente colombiano Ernesto Samper, y aceptó sentarse a dialogar con la guerrilla para pacificar al país luego de más de medio siglo de conflicto armado.

Los tiempos son otros y Duque llega al gobierno con la promesa de abandonar definitivamente la organización regional, catalogando al gobierno bolivariano de dictadura y avanzando hacia mayores rispideces con sus vecinos. Una vuelta de tuerca sobre los dos mandatos de Santos, que por otro lado, nunca dejó de ser un presidente conservador. Solo que de otra hechura.

¿Quién es Duque? Dicen quienes lo conocen desde pequeño que siempre tuvo en mente llegar al máximo cargo electo en Colombia. Su madre es politóloga y su padre, gobernador de Antioquia y ministro de Minas y Energía de Andrés Pastrana, por tanto, desde chico tuvo relación con la política. Recibido de abogado en la Universidad Sergio Arboleda -un centro educativo privado y de orientación conservadora cristiana- hizo un máster en Derecho Internacional Económico en la Universidad de Georgetown.   

Pronto se ubicó en el Banco Interamericano de Desarrollo, desde donde negoció préstamos para Colombia, Ecuador y Perú por casi 13 mil millones de dólares en total. Su conocido Pastrana lo llevó al Ministerio de Hacienda. De allí pasó a ser asesor internacional de Uribe, quien le vio «uñas para guitarrero» y se propuso formarlo en las mañas de la política. Entró al Senado en una lista sábana, mientras se dedicaba a escribir. Con su firma salieron de imprenta en 2007 Pecados Monetarios, Maquiavelo en Colombia en 2010, y Efecto Naranja en 2015.

En relación con los acuerdos con las FARC, Duque sigue la línea Uribe de cambiar algunas de las cláusulas firmadas por Santos y los líderes guerrilleros, entre ellas la de la justicia transicional, que debe establecer penas por delitos cometidos durante el conflicto. El detalle es que como parte de esos acuerdos -refrendados ante la ONU como garante del cumplimiento primero de la dejación de armas por parte de los combatientes rebeldes y luego del respeto a lo firmado por el estado colombiano- 10 ex comandantes tienen bancas en el Congreso Nacional.

En los otros ámbitos de su gobierno, para ir entendiendo cómo caerán las fichas de ahora en más, conviene revisar el gabinete que designó. Y lo primero que resalta es que de 16 ministros, 8 son mujeres. Pero lo más llamativo es que 12 son economistas o con títulos de administración de empresas.

Los hay que en anteriores gestiones beneficiaron a mineras o bancos y fueron denunciados por figurar en los Panamá Papers, como el titular de Hacienda Alberto Carrasquilla Guerrero, que ocupó el mismo cargo con Uribe. Otros, fueron feroces críticos de los acuerdos de paz, como el nuevo ministro de Defensa, Guillermo Botero.

El caso de Gloria María Borrero en Justicia y Derecho también es paradigmático: esta abogada especializada en Derecho Administrativo fue consultora del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y también de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (USAID) un organismo utilizado por la CIA para operaciones encubiertas en todo el mundo.

En Salud y Protección Social, el nominado es el médico Juan Pablo Uribe, sin relación familiar con el ex presidente, quien en su currículum destaca como director de la Fundación Santa Fe, uno de los hospitales privados más grandes de Colombia. En Educación, en tanto, quedó María Victoria Angulo, economista y con un máster en la universidad privada Pompeu Fabra, de Barcelona, partidaria de profundizar vínculos entre los  sectores privados y públicos en esa área. Así, colectivos de educadores la acusaron por la concesión de 13 colegios públicos en Bogotá cuando fue secretaria de Educación del alcalde Antanas Mockus.

Tiempo Argentino, 7 de Agosto de 2018

El atentado a Maduro y la vuelta del uribismo a Colombia

El atentado a Maduro y la vuelta del uribismo a Colombia

Juan Manuel Santos asumió su cargo el 7 de agosto de 2010 en medio de turbulencias y al borde de una guerra con Venezuela que venía promoviendo su antecesor, Álvaro Uribe. Pudo, entonces, frenarse aquella amenaza por la destreza del ex presidente argentino, Néstor Kirchner, a la sazón secretario general de Unasur. Estaba en el gobierno Hugo Chávez y eran los tiempos de oro de la integración regional. Dicen los testigos que Kirchner tuvo capacidad de persuasión para sentar a la mesa de negociaciones a Santos, que había sido ministro de Defensa de Uribe y era su delfín, y a Chávez, para sellar una amistad que fue respetada por ambos mandatarios al punto de que Santos rompió con Uribe y luego aceptó el convite de negociar la paz con las FARC.

A ocho años de aquella gesta, Santos entregará el poder a otro delfín de Uribe, Iván Duque, y en medio de otra amenaza de conflicto armado con sus vecinos. Ahora sin Kirchner, sin Unasur, sin Chávez y luego de un atentado contra el sucesor del líder bolivariano, Nicolás Maduro, quién acusó directamente a fuerzas colombianas por el ataque con drones de este sábado en Caracas.O sea, en un clima que no hace presagiar nada bueno para el subcontinente.

El intento de magnicidio se produjo durante una desfile militar en que se disponía a hablar Maduro cuando un par de drones con explosivos estallaron frente a la tribuna presidencial y otros lugares de la Avenida Bolívar. «Explotó frente a mí un artefacto volador. Una gran explosión, compañeros. Mi primera reacción fue de observación, de serenidad, porque tengo confianza plena en el pueblo y en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana», dijo Maduro en un discurso posterior en cadena de radio y televisión. Uno de los aparatos filmaba el acto, detalló el fiscal general de la República, Tarek William Saab, que estaba presente en el acto, por eso pudo burlar inicialmente a la seguridad presidencial.

El gobierno culpó de los hechos a Santos y a Estados Unidos, que ya desde la administración de Barack Obama puso a Venezuela en la lista de países que representan una amenaza para su país. La llegada de Donald Trump no hizo sino agravar esa situación al punto de que el polémico mandatario sugirió la posibilidad de invadir Venezuela.

Desde hace años la frontera con Colombia es un enorme agujero por el que se fugan mercaderías y combustible a precio de ganga ´generando desabastecimiento en Venezuela -y entran armamentos y paramilitares para desestabilizar al chavismo.

Duque, por lo que mostró hasta ahora, está mucho más consustanciado con los «valores» uribistas, y será sin dudas un problema mucho mayor. El atentado elevó la tensión antes de la asunción de este ex senador de 42 años que se propone, entre otras medidas, revisar los acuerdos con las FARC, la gran herencia que deja Santos. Un gran legado, además, de Chávez, que forzó al grupo guerrillero a sentarse a negociar con las autoridades constituidas tras más de medio siglo de actuación. y de Ciuba, que ofreció ser la sede de los acuerdos.

En Venezuela, en tanto, el procurador Saab reveló que hay seis detenidos por el ataque a Maduro, que dejó un saldo de siete militares heridos, y en el curso del día informará detalles de la investigación. Según un cable de la agencia AFP, se atribuyó el ataque un presunto grupo identificado como Movimiento Nacional de Soldados de Franelas. Para el gobierno, es un atentado terrorista sin más y la Policía Nacional Bolivariana difundió fotos de los presuntos implicados, algunos de ellos expertos en explosivos y otro, piloto de drones.

El ministro del Interior, Néstor Reverol, dijo que los aparatos teledirigidos estaban cargados con un kilo de explosivo C4 y señaló que uno de ellos fue detectado cuando se acercaba a la tarima presidencial y desarticulado con inhibidores de señal. El otro siguió de largo e impactó contra un edificio cercano dejando una estela de humo pero sin mayores consecuencias.

De todo el mundo llegaron mensajes de solidaridad con el gobierno democrático, que en mayo pasado fue reelegido por amplia mayoría. La crisis económica que soporta el país representa el gran problema a enfrentar en este segundo mandato, y en este escenario, Colombia es un punto clave.

Pero también lo es el apoyo de las Fuerzas Armadas, que fueron el sustento de Chávez, un militar que llegó al poder en 1999 y refundó el país, al tiempo que dio un enorme impulso a la integración regional en contra de los intereses de Estados Unidos y de las oligarquías locales.

El comunicado oficial de las Fuerzas Armadas, firmado por el General Vladimir Padrino López, apunta en esa dirección. «Este deplorable hecho sin duda alguna constituye un oprobioso intento de magnicidio al presidente -dice el documento-y una agresión a la institución castrense y a toda la colectividad. Por tal razón, ratificamos el más absoluto repudio a esta barbarie ejecutada como un paso desesperado que forma parte de los planes desestabilizadores, cuyo objetivo es cambiar mediante mecanismos no constitucionales, el gobierno legítimamente constituido y electo por voto popular».

Y agrega más adelante: «Esta es una práctica típica de las oligarquías, que históricamente, desde que intentaron asesinar al libertador Simón Bolívar, han pretendido socavar los intereses de nuestra patria, y resulta despreciable que esas oligarquías cuenten hoy con la ayuda de la extrema derecha venezolana».

Este lunes habrá también marchas de apoyo a Maduro en todo el país, mientras que tanto Santos como desde Washington negaron su responsabilidad en el atentado.Mañana asume Duque y Maduro no está invitado. Tras el atentado, tampoco están los tiempos como para alejarse mucho de Venezuela, aunque sea para cruzar la frontera.

Tiempo Argentino, 6 de Agosto de 2018

Canadá compite con EE UU al relajar controles ambientales

Canadá compite con EE UU al relajar controles ambientales

El negacionismo climático que Donald Trump propone desde que se ofreció para presidir Estados Unidos parece haber encontrado un aliado del otro lado de la frontera norte, lo que puede significar un retroceso en el combate al cambio climático.

El mismo día que se anunciaba en Washington que la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y la Agencia de Seguridad Vial (NHTSA) redujeron las reglas de rendimiento de motores que funcionan con combustibles fósiles, en Canadá la ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático, Catherine McKenna, informó que a pedido de las industrias de ese país aceptó morigerar las tasas a las emisiones de gas de efecto invernadero. En ambos casos, la excusa es que las empresas no deben perder competitividad en relación a las de otras naciones que no serían tan respetuosas del Acuerdo de Paris de 2016.

En el caso estadounidense, la regulación aprobada en la era Obama y conocida como CAFE (por las siglas en inglés de Economía de Combustible Colectiva Promedio) establecía que los vehículos debían ser capaces de recorrer 100 kilómetros con un galón de combustible (4,32 litros) en 2025. Ahora se les permitirá hacer 60 kilómetros en 2021 y la certeza de que entonces se volverá hablar. Andrés Nápoli, el director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), no se muestra sorprendido por esta medida que «va en consonancia con el compromiso electoral de Trump de reactivar industrias que habían sido castigadas por la regulación de Obama, como la del petróleo y el carbón». Según Nápoli, «se trata de una decisión que mira hacia la política interna pero que tiene indudables coletazos en el exterior».

Un dato es que a principios de julio Trump tuvo que echar al director que había designado en la EPA, Scott Pruitt, un «desregulacionista», pero no por cuestiones climáticas sino por la utilización de dineros públicos para beneficios personales. En su lugar quedó el que era el número 2, Andrew Wheeler. Pruitt basó su carrera llevando adelante demandas contra la EPA como fiscal general de Oklahoma. Wheeler, a su vez, es lobista de las mineras carboníferas y a poco de asumir autorizó a que los estados puedan suspender los monitoreos de agua subterránea en zonas donde haya explotación de carbón y elevó los niveles permitidos de plomo, cobalto, litio y molibdeno en los acuíferos.

«No queremos expulsar a la industria de nuestro país», dijo la ministra McKenna, ante la amenaza de que las empresas se muden a EE UU. Las industrias que producen más de 50 mil toneladas de CO2 anuales debían limitar la intensidad promedio de emisiones al 70 por ciento. Ahora el tope es de 90 % para los productores de cal, cemento, fertilizantes nitrogenados, hierro y acero y 80 % para el resto.

Carlos Ferreyra, miembro de la Alianza Vida, Clima y Salud, mantiene su optimismo: «El mundo ya tomó una decisión en París» y considera que estos son coletazos propios de una transición impulsados por los intereses de la industria de los combustibles fósiles. Que son intereses tremendamente poderosos. «

La chispa de los motores

Cuando Donald Trump ganó la presidencia, en California surgieron voces que reclamaban la creación de una nación independiente en el distrito más rico y poblado de Estados Unidos. Y el más preocupado por el medio ambiente, según se percibe en estos días. Porque al cambio de reglas sobre rendimiento de motores, el gobernador Jerry Brown respondió con la amenaza de que «California luchará contra esta decisión estúpida con todos los medios a su disposición».

Desde 1960 ese estado comenzó a establecer controles en los escapes ante el aumento en los niveles de contaminación por la enorme cantidad de autos que circulaban en Los Ángeles. Por más de medio siglo California obligó a que la industria automotriz tuviera que adecuarse a estándares más amigables con el medio ambiente. En eso estaba Barack Obama.  Trump dice que por esas regulaciones el precio promedio de los autos es 2340 dólares más de lo que debería, lo que impide que los ciudadanos puedan cambiar de auto. Tal vez la chispa secesionista sea la de un motor de combustible fósil.

Tiempo Argentino, 5 de Agosto de 2018