por Alberto López Girondo | Sep 16, 2018 | Sin categoría
Cuando el 9 de abril el presidente Donald Trump designó a John Bolton como asesor de seguridad nacional en lugar del general H.R. McMaster todos sabían que tarde o temprano el temperamento y la ideología extrema de este señor que parece salido de un dibujo animado terminará por aflorar. Trump lo había convocado para eso; para ser un halcón entre halcones en un Gabinete que con el secretario de Estado Mike Pompeo y la jefa de la CIA Gina Haspel conforma un peligroso tridente ofensivo que nadie recomendaría como garantes de la paz.
Heredero de un puesto que alguna vez tuvieron dos de los grandes estrategas de Estados Unidos, Henry Kissinger y Zbigniew Brzezinski, Bolton fue uno de los más activos integrantes del Proyecto para el Nuevo Siglo Estadounidense (Project forthe New American Century, PNAC) un think tank que promueve por las vías a su alcance la fortaleza del imperio de Estados Unidos.
Este lunes protagonizó una escena con pocos antecedentes en la diplomacia internacional. No por el contenido, ya que simplemente dijo que su país no aceptará que la Corte Penal Internacional investigue crímenes de guerra cometidos por tropas estadounidenses en Afganistán. Lo que si sorprendió a quienes no lo conocían fue la rudeza con que lo dijo. Enfurecido, agitando su tupido bigote y su melena blanca, amenazó con «impedir a esos jueces y fiscales la entrada a Estados Unidos. Vamos a aplicar sanciones contra sus bienes en el sistema financiero estadounidense y vamos a entablar querellas contra ellos en nuestro sistema judicial».
No es casualidad que hubiese esperado esta ocasión para lanzar su furia. Faltaba poco para que la Corte de La Haya tomara la denuncia por las aberraciones perpetradas durante los últimos 15 años en ese país asiático por soldados estadounidenses en el marco de la invasión ordenada por George W. Bush, luego de los atentados a las Torres Gemelas del 11 S de 2001. Con un adicional: Bolton fue uno de los miembros del Gabinete de Bush que más hizo para oponerse a que Estados Unidos firmara y refrendara a ese tribunal, creado en 2002.
Integran la CPI y ratificaron el Tratado de Roma posterior 123 países del mundo, entre ellos Argentina, pero no Estados Unidos, China, Israel, Rusia, India ni Sudán. El gobierno de Barack Obama tampoco dio un paso adelante para aceptar la injerencia del tribunal o ser parte de él. La Corte puede intervenir porque Afganistán sí es miembro.
El historial de Bolton lo muestra consecuente con un pensamiento de derecha racista y beligerante. No es la imagen de abuelo comprensivo que se podría percibir en una foto fija. Nacido en 1948 en Baltimore, a los 16 años se sumó al comité de campaña de Barry Goldwater, un republicano ferviente anticomunista y racista que disputó la presidencia contra Lyndon Johnson pero perdió por paliza. Luego, el joven Bolton se uniría a Jesse Helms, quien haría carrera desde el Senado en todas las causas antipopulares y emprendió una cruzada especial contra Cuba.
Bolton llegó al gobierno tras un cambio de Gabinete que ensayó Trump a principios de este año y en el que colocó a lo peorcito que encontró revolviendo la caja de herramientas del partido republicano. Fue cuando Pompeo, titular de la CIA, reemplazara a Rex Tillerson en la Cancillería. La jefatura de la agencia de inteligencia exterior de EE UU fue ocupada entonces por Gina Haspel, que hasta entonces había sido la directora adjunta. Con casi tres décadas en la «compañía», Haspel estuvo el frente de operaciones encubiertas en varias partes del mundo y en Tailandia, según se reveló cuando fue nominada para el cargo, supervisó interrogatorios en los que fueron aplicadas varias técnicas de tortura.
En ese equipo, Bolton se siente a gusto porque, según el investigador norteamericano John Ricardo «Juan» Cole, fue uno de los responsables de haber promovido la invasión de Irak y ayudó a crear al grupo yihadista conocido como Estado Islámico. «En un mundo justo, Bolton estaría en juicio en La Haya por crímenes de guerra», sostiene Cole. Tal vez por eso reaccionó como lo hizo.
Juez con antecedentes
Donald Trump tenía ocasión de armar una Corte de Justicia a su paladar tras el retiro de Anthony Kennedy. La postulación de Brett Kavanaught creó inquietud entre los demócratas pero mucho más entre quienes luchan por la ampliación de derechos. Se lo considera, por sus antecedentes, partidario de revocar o limitar aun más el derecho al aborto que contempla el fallo Roe vs. Wade de 1973. Luego de semanas de chicanas de los demócratas, que alegan la necesidad de esperar la elección de noviembre antes de proponer un nuevo integrante de la corte –donde ya los conservadores son mayoría– el Senado comenzó a debatir su designación. Parecía que la cosa venía bien luego de un par de sesiones donde lo acribillaron a preguntas, cuando apareció una inesperada impugnación. Una mujer mandó una carta a los legisladores demócratas que evalúan su candidatura denunciando que hace 30 años había intentado forzarla sexualmente durante una fiesta. «Rechazo de manera categórica y sin equívoco esta acusación», dijo el aspirante en un comunicado.
Tiempo Argentino, 16 de Septiembre de 2018
por Alberto López Girondo | Sep 16, 2018 | Sin categoría
La Universidad Rey Juan Carlos, de España, terminó siendo más conocida por la cantidad de maestrías truchas que otorgó –y la lista puede crecer en cualquier momento– más que por la excelencia de la enseñanza que imparten sus docentes. Lo cual generó ácidas críticas entre el alumnado, que desfiló frente a los medios de comunicación para mostrar su indignación sobre el trato que recibieron allí dirigentes de los dos grandes partidos de la transición democrática, el Popular (PP) y el Socialista Obrero Español (PSOE), envueltos en una ciénaga que parece no tener fin. También los docentes están que trinan y a la seguidilla de renuncias en la cúpula le siguen imputaciones que se cuecen en los pasillos y, para rematar, docentes contratados no cobran sus tareas desde marzo, cuando el primer chanchullo salió a la luz. Por si esto no bastara para observar este momento de la política española, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, finalmente decidió mostrar su tesis doctoral, aunque el líder del PSOE sólo estaba acusado de haber plagiado gran parte del texto con el que se graduó en otra casa universitaria, la Camilo José Cela.
El «temita» del master de la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, la conservadora Cristina Cifuentes, estalló en marzo, cuando el portal <www.eldiario.es> publicó una investigación en la que se revelaba que la mujer –que aspiraba al liderazgo dentro del PP, por entonces en el gobierno con Mariano Rajoy– había obtenido su título sin haberse tomado la molestia de concurrir a clases. Acosada por esta novedad, y por la difusión de un video donde se la veía intentando irse de un supermercado sin pagar una crema antiarrugas, renunció al cargo a fines de abril.
La causa por la financiación ilegal del PP, pocas semanas más tarde, terminaría arrastrando al gobierno de Rajoy y en ese escenario Sánchez hizo el sorpasso para ocupar su lugar, el 2 de junio. En su Gabinete designó a Carmen Montón como ministra de Sanidad. Con un sólido prestigio y un cuadro reconocido en cuanto a la salud pública, tuvo que dimitir esta semana porque el mismo portal –sostenido por sus lectores mediante suscripción–reveló que también había obtenido su master en la URJC en condiciones irregulares.
Sánchez trató de salvarla del escarnio pero básicamente de no incinerarse cuando no había cumplido 100 días en el sillón de mando. Pero la presión mediática fue más fuerte.
Además, quedaba como un suerte de enroque, ya que al mismo tiempo el nuevo líder del PP, Pablo Casado, también aparecía en la mira. Emergente de la crisis del tradicional partido de la derecha española, Casado llegó a la cumbre partidaria en julio. Fue «compañero» de Cifuentes en la URJC, pero ninguno de los que asistieron a aquellos cursos recuerdan haberlo visto. Para colmo, tiene un récord impresionante de haber rendido 18 materias en apenas dos años en dos carreras simultáneas, aunque en una universidad privada, Derecho y Administración de Empresas. Lo del master ya era de vicio, tal vez por eso se niega a presentar los documentos que prueben que hizo todo como corresponde.
El problema es que los archivos de respaldo que podría probar quién hizo qué en relación en la URJC, según denunció este viernes el centro educativo, fueron borrados por manos anónimas. Se trata de 5000 correos electrónicos del Instituto de Derecho Público del período entre 2008 y 2014.
Sánchez aprovechó la espuma para presentar su tesis doctoral. La denuncia de dos medios de la derecha era que había hecho copy-paste. Según reveló eldiario.es, el texto contiene muchas citas sin entrecomillar, pero al final del trabajo consta de dónde fue sacado cada frase ajena.
El dirigente de Podemos Juan Carlos Monedero especula con que Sánchez no quería mostrar su tesis porque es más bien floja y agrega que el error fue no haber puesto las comillas y una llamada a pie de página, para evitar sospechas. En cuanto a la profusión de citas, él tiene una para ilustrar a qué vienen, del ya fallecido semiólogo italiano Umberto Eco. «Copiar un libro es cometer un plagio, copiar dos, dos plagios; copiar muchos, una tesis doctoral.»
En el PSOE, en cambio, ven el ataque desde la derecha –entre los mas entusiastas acusadores estuvo Ciudadanos– a la aprobación del decreto que permite exhumar el cuerpo del dictador Francisco Franco. «
A la sombra del Borbón
No son pocos los que consideran que parte del escandalete de la Universidad Rey Juan Carlos tienen relación con los programas de estudios superiores que con pompa y circunstancia adhirieron los países de la Unión Europea, el Plan Bolonia. Se redujeron desde los ’90 los estudios de grado y la preparación se debe completar con especializaciones, que son criticadas como una forma encubierta de privatización de la enseñanza pública. Así florecieron másters como el que miembros del PSOE y del PP hicieron en tiempos récord y mientras estaban ocupados en otras cuestiones políticas.
La URJC ya venía en falsa escuadra desde que Fernando Suárez, rector entre 2013 y 2017, y medievalista de cierta fama se tuvo que ir casi por la puerta del fondo cuando se descubrió que había cometido 15 plagios de unos 20 autores en sus obras.
Suárez es hijo de Luis Suárez, otro historiador de aquellas épocas, que fue presidente de la Hermandad del Valle de los Caídos, donde todavía están los restos de Franco. Juan Carlos de Borbón, que le da nombre a la ahora machucada universidad, también tiene lo suyo. Designado a dedo por el dictador a contrapelo de la sucesión entre los Borbones, subió al trono formalmente a la muerte del caudillo, en 1975. Y abdicó en junio de 2014, envuelto en escándalos que todavía lo acosan, como el de una amante que en julio pasado reveló que la había usado como testaferro para ocultar una fortuna en Suiza.
A la sombra del Borbón
No son pocos los que consideran que parte del escandalete de la Universidad Rey Juan Carlos tienen relación con los programas de estudios superiores que con pompa y circunstancia adhirieron los países de la Unión Europea, el Plan Bolonia. Se redujeron desde los ’90 los estudios de grado y la preparación se debe completar con especializaciones, que son criticadas como una forma encubierta de privatización de la enseñanza pública. Así florecieron másters como el que miembros del PSOE y del PP hicieron en tiempos récord y mientras estaban ocupados en otras cuestiones políticas.
La URJC ya venía en falsa escuadra desde que Fernando Suárez, rector entre 2013 y 2017, y medievalista de cierta fama se tuvo que ir casi por la puerta del fondo cuando se descubrió que había cometido 15 plagios de unos 20 autores en sus obras.
Suárez es hijo de Luis Suárez, otro historiador de aquellas épocas, que fue presidente de la Hermandad del Valle de los Caídos, donde todavía están los restos de Franco. Juan Carlos de Borbón, que le da nombre a la ahora machucada universidad, también tiene lo suyo. Designado a dedo por el dictador a contrapelo de la sucesión entre los Borbones, subió al trono formalmente a la muerte del caudillo, en 1975. Y abdicó en junio de 2014, envuelto en escándalos que todavía lo acosan, como el de una amante que en julio pasado reveló que la había usado como testaferro para ocultar una fortuna en Suiza.
Tiempo Argentino, 16 de Septiembre de 2018
por Alberto López Girondo | Sep 13, 2018 | Sin categoría
En un gabinete en el que suele haber disputas internas, del que ya se tuvieron que ir una docena de funcionarios, algunos de ellos humillados por el presidente Donald Trump, y donde el mandatario acaba de descubrir que tiene un “topo” que publicó una nota sin firma en el The New York Times poniendo un manto de dudas incluso sobre su salud mental, Larry Kudlow aparece en el bando de los moderados. Como director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, este economista y ex presentador de noticias y conductor de un programa de negocios en el canal CNBC se convirtió en el personaje del día por asegurar en la cadena Fox que el gobierno de Trump está profundamente comprometido en una solución al problema de la economía argentina que pase por nueva convertibilidad. Una declaración que hasta terminó por aparecer como una avanzada a la dolarización. Dos palabras de muy mala prensa por estas tierras pero que tiene adeptos dispuestos a inmolarse por ellas.
En un momento en que la guerra comercial y de divisas hace sentir olor a pólvora en todos los rincones del planeta(ver acá), la declaración de Kudlow levantó una polvareda, como era de esperarse. De 71 años y con una fuerte impronta neoliberal, el hombre adhiere a una teoría macroeconómica que se denomina supply-side. Es decir, esa que plantea que el crecimiento viene “por el lado de la oferta”. Lo que implica sostener que es necesaria una baja consecuente de los impuestos y de ser posible la desaparición de las regulaciones. De este modo el mercado generará más oferta de productos que, como consecuencia, bajarán de precio. El gobierno, si estas premisas de cumplen, recaudará al fin del día mucho más por la reactivación de la economía general.
Esto no impidió a mediados de agosto anunciara que el gobierno de Trump está analizando la posibilidad de imponer regulaciones a Google porque el presidente detectó que la plataforma tecnológica había elaborado algún tipo de algoritmo para bloquear o ralentizar sus tuits. “El 96% de los resultados en ‘Noticias Trump’ provienen de medios nacionales de izquierda, muy peligrosos. Google y otros están reprimiendo las voces de los conservadores y ocultando información y noticias que son buenas. Están controlando lo que podemos y no podemos ver. Esta es una situación muy grave”, dijo entonces.
Kudlow, además, es el hombre de confianza de Trump en ciertos temas delicados y por esa razón aparece en medio de las negociaciones comerciales con China y la Unión Europea, muchas veces defendiendo al secretario del Tesoro, el ex Goldman Sachs Steven Mnuchin, que en el marco de esa tormenta desatada por el inquilino de la Casa Blanca, cumple el papel de “policía bueno”, al decir de analistas de Bloomberg.
Es decir, Kudlow es partidario de amplias libertades económicas, salvo que afecten decisiones políticas, entonces no hyay problema a aplicar sanciones o regulaciones.
Como sea, en una entrevista con Fox, Kudlow consideró que la forma de sacar a la Argentina de la crisis actual sería atar el peso al dólar. “No imprimir un peso más sin respaldo el dólares”, insistió. Como si hiciera falta, agregó que eso es lo que se hizo en los 90 con la convertibilidad, medida que, aseguró sin que le repreguntaran, fue exitosa ya que “derribó la inflación y mantuvo la prosperidad”. Así, señaló que “la gente del Departamento del Tesoro (Mnuchin) está ocupándose de eso”.
No fue tan específico en recomendar la dolarización como se hizo circular en algunos medios locales, vinculados ciertamente al lobby “anti-peso”. Para dar esta voltereta semántica, ligan el discurso de Kudlow, quien fue muy enfático en asegurar que están trabajando muy cercanos al gobierno argentino -de hecho, Nicolás Dujovne mantuvo encuentro con el Tesoro en su reciente viaje a Washington- a un artículo de la periodista Mary Anastasia O´Grady en el Wall Street Journal de hace un par de días.
Tras detallar pormenores de esta crisis y de las consecuencias de la disparada del dólar, O´Grady plantea, no inocentemente: “¿por qué sucede esto de nuevo, bajo un presidente que se supone que encarna el cambio? La respuesta: porque Argentina todavía tiene un Banco Central. Para solucionar el problema de una vez por todas, debe dolarizar».
De más está señalar que las experiencias de abandono de la moneda local, medida que representa una pérdida de la soberanía económica muy difícil de revertir, no son demasiado auspiciosas. En ex presidente Rafael Correa lo mostraba como un ejemplo de las dificultades que tenia para elaborar políticas independientes durante su gestión en Ecuador.
«Para un país en vías de desarrollo, el cuello de botella, el factor crucial, es su sector externo. Y el principal instrumento para controlar ese factor externo se llama tipo de cambio. Y a eso, ingenuamente, absurdamente, Ecuador renunció ( en el año 2000 y por recomendación del argentino Domingo Cavallo). Cometió un suicidio monetario», declaró Correa en una entrevista en el año 2016, casi al fin de sus 10 años al frente del país. Dicho por un economista que antes de llegar al gobierno había trabajado en el Banco Interamericano de Desarrollo, la frase debería servir para la reflexión, aunque Correa a esta altura también sea un perseguido pro el law fare continental.
Las experiencias europeas tienen su contraluz. Porque el euro representa un problema para algunas de las economías más comprometidas durante la crisis del 2008 al punto que en España y en Italia hubo planteos para volver a la moneda local. Y en Grecia hubo serios debates para recuperar el dracma como forma de evitar la profunda caída tras sucesivos planes de ajuste ordenados por el FMI y el Banco Central Europeo. Sin embargo, el euro es una moneda común de un proyecto de integración regional.
El dólar, en cambio, es la moneda de la todavía principal economía del mundo enfrascada en una guerra comercial de la que nadie sabe cuáles serían sus consecuencias con la potencia en ciernes, China. Principal comprador de los productos nacionales.
Tiempo Argentino, 13 de Septiembre de 2018
por Alberto López Girondo | Sep 12, 2018 | Sin categoría
En una nueva batalla del papa Francisco contra el sector más conservador de la iglesia católica, desde el Vaticano se prepara una respuesta a la carta del ex nuncio en EEUU, Carlo María Viganò donde le pide la renuncia por su rol en los escándalos de abusos sexuales en ese país. Al mismo tiempo, se anunció una cumbre de los presidentes de las Conferencias Episcopales de todo el mundo para el 21 de febrero donde se tratará el caso más delicado que envuelve a la Iglesia en décadas y que desde la Curia romana no dudan en calificar como el 11-S del catolicismo.
Viganò, un italiano de 77 años que supo crearse un aura de controvertido tanto como de puntilloso observador de vidas y miserias entre los prelados, elaboró un texto con ayuda de un periodista que suele cubrir información vaticana y también inclinado hacia la derecha eclesiástica, Marco Tosatti, donde acusa a Jorge Mario Bergoglio de haber tenido una conducta por lo menos sinuosa en el caso del cardenal Theodore McCarrick, quien está acusado de abuso de menores.
Viganò tiene viejas cuitas con los purpurados y él mismo no pudo acceder al capelo cardenalicio, lo que para quienes conocen las intimidades de la Santa Sede, fue alimentando rencores que estallaron durante el papado de Joseph Ratzinger en una denuncia sobre corrupción que fue conocida como Vatican Leaks. Benedicto XVI lo trasladó de Roma, donde había sido Secretario General del Gobernador del Vaticano, a Washington como nuncio, es decir, embajador ante el gobierno estadounidense.
Desde allí, siguió buscando ubicarse en la línea de decisiones de la Santa Sede pero también fue aliándose con la de por si conservadora iglesia norteamericana. Representa dentro de la dos veces milenaria institución, la línea que tomó con sorpresa y disgusto la designación del argentino y sobre todo que rechaza la visión que Bergoglio pretende imponer a la institución. El papa lo sacó de ese cargo en 2014.
A mediados de agosto una corte de Pensilvania presentó un informe donde se revela que durante al menos 70 años alrededor de 300 curas católicos a los que llamó “depredadores sexuales”, cometieron abusos contra un millar de menores. Una semana más tarde, Francisco se fue de gira a Irlanda, otro país atravesado por denuncias sobre abusos, al igual que Chile, donde el papa estuvo a principios de año y escuchó en persona las denuncias no solo de delitos sino de toda una trama de ocultamiento que se prolongó pro añares.
La carta con el pedido de renuncia salió para la misma fecha. Oportuna coincidencia que revela una estrategia de los grupos más conservadores para limar la credibilidad del Pontífice. No es casual que en este contexto, una frase de Francisco ante periodistas en el avión que lo llevaba de vuelta a Roma fuera otra piedra de escándalo. Fue esa en al que se refería a la homosexualidad.
Según el extracto que circuló en primer lugar, el argentino dijo que es un tema para tratar con psiquiatría, lo que derivó en titulares donde el papa la calificaba de enfermedad. Una aclaración posterior, y sobre todo el video posteado indican que en realidad dijo que había que tener la mente amplia y añadió que “hay muchas cosas por hacer por medio de la psiquiatría, para ver cómo son las cosas”. En todo caso pide a padres que tengan hijos con “inclinaciones homosexuales” que escuchen y no alejen de las familias. Pero ciertamente aparece como ambigua.
El tema daba para la polémica dentro de esa institución, pero más aún cuando parte de las acusaciones de Viganò se relacionaban con lo que el religioso nacido en el seno de una familia multimillonaria de Milán ve como una peligrosa tendencia de muchos de los que rodean al papa hacia la homosexualidad o al menos a ser tolerantes. Se nota en la famosa carta el tufillo de la homofobia, aunque en el marco de denuncias y casos corroborados de abusos en todo el mundo que minan a la iglesia desde hace más de 6 años y que aceleraron la renuncia de Benedicto XVI en 2013.
La semana pasada una nueva arremetida de Viganò levantó polvareda en el Vaticano. Declaró que el papa se había reunido con una feroz opositora al matrimonio igualitario en EEUU, una funcionaria que se negó a consagrar a parejas gay y llegó a estar detenida por no cumplir con la ley. El papa resultó envuelto en una polémica por haber recibido en su visita a Washington a Kim Davis, secretaria judicial de Kentucky. Francisco asegura que la vio en una reunión masiva y no sabía quién era. Viganò dice que si sabía. Por lo bajo, en la Santa Sede aseguran que le tendió una trampa.
El papa no respondió aún a la carta ni a la nueva acusación del “monje negro”. Pero sí deslizan que otra vez el italiano fue muy oportuno en esta nueva imputación. Una de las profundas modificaciones en el funcionamiento de la Iglesia que encaró Bergoglio es lo que se conoce como la Constitución Apostólica, la suerte de Carta Magna que regula el gobierno de la Curia romana.
Si reformar un corpus legal en una democracia es una puja de intereses que a través de la lucha política, ni qué decir de lo que implica en una institución que se maneja de manera vertical y mantiene comportamiento cristalizados desde hace siglos. En este caso, la Pastor Bonus, dictada en 1988 por Juan Pablo II, había modificado una anterior de Pablo VI de 1967 y establecía la composición y competencias de los dicasterios, o sea los “ministerios”, con que se maneja al Vaticano.
Para ayudarse en esta nueva reforma, Francisco había designado un “gabinete” de cardenales de su extrema confianza, que llegó a tener nueve miembros y se lo llamó C-9. Por distintas razones no ajenas a la crisis de los abusos, esta semana en Roma se reunieron seis purpurados. Faltaron George Pell, primado de Australia, acusado en tribunales penales de encubrir abusos, el chileno Francisco Javier Errázuriz, que también proviene de una diócesis cuestionada, y Laurent Monsengwo Pasinya, del Congo. El argentino Leonardo Sandri suena como reemplazo de Errázuriz, que rpesentó la renuncia.
Los cardenales del C-9 que entregaron el borrador de la nueva constitución, que tiene el título provisorio de Praedicate Evangelium, son Pietro Parolín, ex cardenal de Venezuela; el italiano Giuseppe Bertello; el arzobispo de Bombay, Oswald Gracias; el de Munich, Reinhard Marx; el de Boston, Sean Patrick O’Malley; y el de Tegucigalpa, Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, este último otro denostado por Viganó. Como secretario figura el obispo de Albano, Marcello Semeraro.
Este miércoles, la vicedirectora de la Sala de Prensa de la Santa Sede, la española Paloma García Ovejero, informó del cierre del «C-9 menos 3» informando que «tras escuchar el Consejo de Cardenales, el Santo Padre ha convocado a una reunión con los presidentes de las Conferencias Episcopales de todo el mundo para hablar de la prevención de abusos de menores y adultos vulnerables”.
La Conferencia Episcopal es un cuerpo colegiado que reúne a los obispos de cada territorio eclesiástico y ejerce funciones pastorales, aunque también establece líneas políticas en relación con las autoridades civiles. Son 117 y en esta ocasión, el planteo es debatir la forma de tratar estos casos y responder anta acusaciones que se vienen registrando en todos los rincones de la tierra.
Este jueves, Francisco recibiría a obispos de Estados Unidos y se supone que luego responderá a las imputaciones de Viganò. Aunque todo indica que está juntado fuerzas para evitar mayores derramamientos de sangre en una iglesia que no lo tiene como amigo. Es que Wall Street está muy lejos de Roma y la posición de Bergoglio desde que llegó al Vaticano no as afín a los mercados financieros.
Tiempo Argentino, 12 de Septiembre de 2018
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