por Alberto López Girondo | May 21, 2019 | Sin categoría
La guerra comercial-tecnológica entre Estados Unidos y China se tomó un respiro luego de que el gobierno de Donald Trump dio un plazo de 90 días para que Huawei siga comprándoles a proveedores de su país antes de establecer un bloqueo total. El anuncio tranquilizó a los inversores, que calmaron sus expectativas vendedoras de acciones de la firma y de algunas empresas ligadas a ese negocio, como la austríaca AMS, la holandesa STMicroelectronics y la alemana Infineon. Pero no resuelve el problema de fondo, que complica el futuro del gigante de telefonía celular creado por Ren Zhengfei, un ex ingeniero del ejército chino, y que tuvo un crecimiento explosivo en los últimos diez años en todo el mundo.
La crisis entre Huawei y la administración Trump tiene su origen no solo en la guerra comercial que desató el inquilino de la Casa Blanca contra Beinjing, sino fundamentalmente por el desarrollo de las nueva tecnología 5G, en la que la firma china ya le sacó varias cabezas a los fabricantes estadounidenses, especialmente a Apple.
Pero tiene otro condimento no despreciable. Para las autoridades norteamericanas, Huawei utiliza aplicaciones e investigaciones robadas a productores locales y sobre todo, esa plataforma le servirá para espiar a los ciudadanos y a organismos estratégicos de EEUU y eventualmente interrumpir comunicaciones a voluntad, lo que atenta contra la soberanía e incluso la independencia nacional.
Este punto es interesante porque son precisamente las plataformas desarrolladas en Silicon Valley las que están acusadas de espiar en todo el planeta en favor de las agencias estadounidenses. Esa fue la denuncia de uno de sus analistas, Edward Snowden, en 2013, que lo obligó a exiliarse en Rusia para no terminar como ahora le ocurre a Julian Assange, detenido bajo severos cargos por difundir secretos de estado.
Es cierto que probablemente también a través de Huawei se pueda espiar a los usuarios de ese servicio o los que desarrollen en los próximos meses, pero en todo caso la guerra entre ambas potencias pone a cada individuo con un equipo móvil en el campo de batalla sin haber sido avisados.
Por lo pronto, la primera proveedora de los chinos que informó que rompería lazos con Huawei fue Google, que dijo que a raíz de la prohibición, dejará de dar actualizaciones de sus aplicaciones, como el programa operativo Android, el buscador, Google Maps y Google Play, que permite bajar todo tipo de programas en los celulares.
Qualcomm, Qorvo y Texas Instruments, productores de chips, también anunciaron que suspenderían sus entregas.La guerra no les resultarán gratis tampoco a las empresas occidentales, ya que Huawei es el segundo fabricante mundial de teléfonos móviles y dejar de venderles significará un agujero enorme en sus ingresos.
Zhengfei ya dijo que no le hará mella el bloqueo ya que asegura que tienen un stock de chips que les permitirá seguir en carrera hasta poder reemplazar los que no consigan en EEUU. Igual podrían hacer con un programa operativo propio, que aseguran tener en la gatera como para lanzarlo en octubre. En cuanto al resto de la oferta de Google, proseguirán garantizando las actualizaciones de los teléfonos ya vendidos, afirman, como si nada hubiese ocurrido.
El detalle a tener en cuenta es que los servicios de Google, al igual que las redes de Facebook y Twitter, están prohibidos en China por las mismas razones que Trump quiere bloquear a Huawei. Porque son tecnologías que permiten espiar a ciudadanos pero específicamente a los estamentos más sensibles estratégicamente del gobierno.
Mientras tanto, Huawei presentó este lunes en Gran Bretaña un nuevo modelo de celular al que bautizó Honor, y jura que ninguno de los compradores quedará desguarnecido si se profundiza el ataque en Estados Unidos o se extiende a Europa, que en este momento soporta las presiones den Washington para que siga sus pasos.
«Los políticos estadounidenses, con su forma de actuar en la actualidad, demuestran que subestiman nuestra fuerza», dijo Zhengfei en una entrevista con la televisión estatal china. «La red 5G de Huawei no se verá afectada para nada», agregó, para ufanarse luego de que «en 5G, que las otras empresas alcancen a Huawei no es cuestión de dos o tres años», sino de varios más.
Ren fue claro al explicar parte del esquema de funcionamiento de la empresa. «Antes nos abastecíamos en un 50% con los chips procedentes de Estados Unidos y en otro 50% con los procedentes de Huawei. No se nos puede aislar del resto del mundo».
También adelantó que no dejaron de conversar con Google para intentar una solución al problema planteado por el bloqueo. Google también señaló que en los teléfonos existentes no habrá problemas con Android ni Google Play Protect, el sistema de seguridad. Pero aclaró que deberá de romper lazos con los chinos a raíz del decreto presidencial.
La arremetida contra Huawei incluyó en diciembre pasado la detención en Canadá de la directora financiera de la empresa Meng Wanzhou, hija de Ren, acusada de supuesta violación de las sanciones de Estados Unidos contra Irán, por haber comerciado con Teherán a pesar de las sanciones que Trump impuso ni bien asumió su cargo.
Por ahora todo sigue como hasta entonces, salvo por el hecho de que el valor comercial de Huawei puede haber caído a su límite mínimo en los países occidentales. Cualquier persona se lo piensa dos veces antes de adquirir un producto de esa firma ante el riesgo de quedar desactualizado en poco tiempo. Como contrapartida, en China las ventas se disparan ya que la empresa es vista como víctima de las locuras de Trump y de Estados Unidos en su conjunto. Y allí hay 1400 millones de habitantes, lo que podría compensar con creces lo que pierdan de este lado del mundo.
Mientras tanto, habrá que estar atentos a lo que ocurra de aquí el 19 de agosto, cuando venza el plazo establecido ahora antes de poner en marcha el bloqueo total.
Tiempo Argentino, 21 de Mayo de 2019
por Alberto López Girondo | May 19, 2019 | Sin categoría
Martiño Noriega recibe a Tiempo en su despacho del Palacio Rajoy, el edificio de más de dos siglos y medio que oficia de sede del ayuntamiento de Santiago de Compostela. Médico de profesión, una hija de casi cinco años y un niño de diez meses, es dirigente político por vocación y alcalde de la capital de la región de Galicia desde 2015 como parte de esa izquierda rupturista nacida al calor de las protestas de los indignados en 2011.
Con cierta melancolía, lamenta que divisiones internas hayan generado «un retroceso en la acumulación de fuerzas» para la construcción de un país más justo. Pero respira aliviado porque al menos se pudo frenar a la extrema derecha en las elecciones generales. En 15 días espera revalidar su cargo en las urnas, pero reconoce que enfrenta una alianza que no quiere que se repitan experiencias como la suya. «Como en Juego de Tronos, esta es la batalla final: no nos pueden permitir que continuemos.»
–¿Por qué?
–Hemos sido catalogados como intrusos. Hemos entrado en el gobierno de la capital de la región en cohabitación con el gobierno gallego (que es del PP), con una iglesia con un peso específico, una universidad cinco veces centenaria, y eso ha hecho saltar las alarmas. Hemos sufrido una guerra sin cuartel desde el minuto cero. Yo creo que algún día se estudiará en la facultades de periodismo cómo los poderes facticos, mediáticos, políticos, han operado en estos cuatro años. Y lo que les ha sorprendido es que bajando mucho a la calle, estando en los barrios, hablando con la gente, tenemos un espacio consolidado. Yo creo que a muchos les gustaría colgar mi cabeza como las que cuelgan los cazadores en las paredes de su vivienda. Porque hay la decisión tomada de que esto no puede volver a repetirse. Nos enfrentamos en un campo donde el árbitro está comprado y donde el arco de la cancha va cambiando continuamente y nosotros estamos en inferioridad, pero con cierto arrope popular. Nos enfrentamos a un exalcalde durante 13 años del socialismo, (Xosé Sánchez Bugallo) que forma parte de la tradición de la liga de veteranos del PSOE, que han comprado el marco ideológico a la derecha, con Felipe González y Alfonso Guerra.
–El establishment del PSOE…
– … que además puede convertirse en el voto útil de la derecha para recuperar Santiago como un mal menor ante «estos chicos de la izquierda rupturista». Hay como el mandato de que no podemos continuar.
–En ese sentido es fuerte la presión sobre lo que fue la estatización del servicio de grúas y estacionamiento.
–Hemos puesto nerviosos a poderes político mediáticos. ¿En torno a qué pivotan los intereses en una administración de una ciudad chica pero con una gran carga simbólica? Santiago tiene acceso a cuerpo diplomático, a cohabitación con el gobierno gallego, tiene agenda internacional, es un escaparate. Pero pivota en torno a una dependencia de los poderes mediáticos que nosotros en cierto modo hemos subvertido porque no la hemos respetado en temas como la publicidad institucional. Pivota en torno a las grandes contratas que operan en la ciudad como la limpieza, el agua y la ORA de movilidad (el ticket de estacionamiento) y la grúa. Nosotros hemos recuperado la grúa, la defensa jurídica del ayuntamiento, que dependía de grandes bufetes de abogados, y estamos en el debate para recuperar el servicio del agua porque el contrato acaba este año.
–¿Cuál fue la reacción?
–Hemos percibido la dependencia de los partidos tradicionales de esas contratas. No tengo ninguna duda de que la campaña de mucha gente va a ser financiada por las contratas, la nuestra no. Pero además buscamos la recuperación del desenvolvimiento urbanístico. Se está saliendo del período de recesión y hay una reactivación urbanística y la gente sabe que vamos por un modelo sostenible. Que si hay crecimiento de la ciudad tiene que ir dotado de equipamiento, de parámetros no especulativos. Ese es el grupo que está lanzando otras candidaturas para intentar recuperar lo que ellos entienden como «las cuestiones de orden» que no se pueden discutir.
–¿Por qué comenzaron por las grúas?
–Hubo un sentencia que anuló una concesión de anteriores gobiernos que fue irregular. Entonces vimos al posibilidad de recuperar el servicio. Teníamos el objetivo centrado en el servicio del agua porque teníamos la experiencia del ayuntamiento de Teo. Nuestro principio es que no tiene que haber un afán recaudatorio, entonces el número de retirada de vehículos ha disminuido mucho. No aumentamos ninguna zona de pago, sino zonas residenciales. Creemos que tiene que haber una zona de pago para provocar rotación de vehículos, pero eso debe ser conciliable con zonas residenciales para estacionamientos. Allá donde recuperamos servicios, hagamos políticas públicas, renunciemos al beneficio industrial y lo pongamos al servicio de la gente. Claro, nos dicen que la gestión directa no es competitiva. ¿Y por qué?
–También dicen que eso recorta ingresos.
–Hemos disminuido la deuda del ayuntamiento, que tiene un presupuesto de 100 millones de euros cada año. Cuando llegamos estaba en 47 millones de euros, casi un 50% del presupuesto. A diciembre del 18 la tenemos en 25, duplicando el gasto social y aumentado otras partidas. ¿Cómo hicimos? Priorizando las áreas que entendimos como sensibles, eliminando gastos superfluos, entre ellos el gasto de publicidad institucional. Pero sobre todo hemos hecho una política de captación de fondos europeos. Pero todo esto no es comunicado a la ciudad.
–¿Cómo hacen que la gente se entere de esto, si los medios son hostiles?
–Hemos activado mecanismos como los presupuestos participativos por barrios, y activamos los ao vivo, por las que el conjunto del gobierno va por los barrios una vez al mes y se sienta a dar cuentas en actos públicos. Hemos bajado a pisar la calle todo el rato, por necesidad. Nosotros hemos intentado combatir en un hábitat muy adverso. Y creo que eso nos permite mantenernos en el partido. Ha sido muy duro y creo que se han pasado de frenada. Cuando tú ves una cámara de la tevé gallega (la que maneja el gobierno regional) en el ayuntamiento no es para informar sobre algo positivo. Por eso la sensación es que incluso si ganamos el partido no nos van a dejar ganar el campeonato.
–¿De qué manera?
–Tengo la sensación de que nos van a intentar tumbar electoralmente o bien a posteriori.
–¿Con estas estatizaciones, por ejemplo, como hicieron en Bogotá con Gustavo Petro?
–Sí sí, yo creo que este precedente no puede seguir, porque hemos entrado en cuestiones totémicas. Pero es lo único divertido, lo que merece la pena. El servicio de ORA y grúa lo tenemos recurrido por un abogado a título individual. Que te ataquen mediáticamente cuatro años provoca desgaste. A mí se me ha hecho un traje bastante injusto y soy consciente de eso. Pero si estamos aquí en el tiempo que nos toca es para vivir un espacio de incomodidad. Yo asumo el coste de todo esto, porque si me sintiera bien tratado por los grupos mediáticos y por los poderes fácticos, pensaría que estoy haciendo algo mal. Hay que asumir ese espacio de incomodidad para ocupar el lugar correcto.
Tiempo Argentino, 19 de Mayo de 2019
por Alberto López Girondo | May 19, 2019 | Sin categoría
Si el gobierno de Dilma Rousseff comenzó a desplomarse lentamente a partir de las manifestaciones previas al Mundial de Fútbol de 2014, podría decirse que la debacle de Jair Bolsonaro ya está en marcha, a pesar de que todavía no pasó medio año de gestión. Esa sensación surge de las contundentes marchas en defensa de la educación pública que poblaron las calles de las principales ciudades brasileñas con un millón y medio de personas.
Eso, sumado a la catarata de denuncias contra Flavio Bolsonaro, el hijo senador del mandatario, al pobrísimo resultado económico del gobierno y la amenaza de mayores ataques a derechos adquiridos por la población –sin hablar del enfrentamiento con su vicepresidente, el general Hamilton Mourão– pintan un panorama oscuro para el ultraderechista que llegó al Planalto el 1º de enero pasado, tras la proscripción de Lula da Silva.
Este miércoles estudiantes y docentes de todas las universidades públicas salieron a expresar su firme rechazo a la política de ajustes que nacieron desde la cartera de Economía, a cargo del neoliberal Paulo Guedes, aunque se implementan desde el Ministerio de Educación.
Sorprendieron por su masividad pero por ser como la señal de alerta en el coloso sudamericano, poco habituado a las protestas ciudadanas. Y más aún porque son los primeros escarceos contra un gobierno recién asumido y que tuvo fuerte apoyo electoral el año pasado.
La Unión Nacional de Estudiantes de Brasil encabezó la manifestación luego de que se anunció el congelamiento de hasta un 30% del gasto universitario, alegando la «precaria situación fiscal del gobierno». Sólo en San Pablo se estimó que había medio millón de personas protestando contra una política que atenta contra la democratización de la enseñanza. Porque entre los planes que pierden presupuesto están los de integración por cuotas para minorías raciales.
Para el exrector de la Universidad Federal de Río de Janeiro, Nelson Maculan, «es la primera vez que los brasileños empiezan a pensar que la educación pública es algo importante». En una entrevista con la AFP, el matemático de 76 años, que fue funcionario del Ministerio de Educación en el primer mandato de Lula, lamentó que la política de recortes lleve a que muchos jóvenes piensen en irse del país.
Es que el ajuste también impacta en la investigación científico-técnica que se viene llevando a cabo en instituciones terciarias de Brasil y que recibió un fuerte impulso durante los gobiernos del PT, que aspiraban a elevar al país a la categoría de potencia mundial.
La respuesta de Bolsonaro ante las protestas fue otra joya de su acervo. Primero llamó «idiotas útiles» a los estudiantes. Luego, firmó un decreto, el 9794, que a pesar de que determina que desde la Secretaría de Gobierno se pueden vetar nombramientos de agencias reguladoras, organismos autárquicos y todos los cargos en el exterior, incluyendo embajadores y las cabezas del Banco Central, apunta a las designaciones en los centros de estudios, con lo cual echa por tierra con la autonomía universitaria. Para el que fuera candidato del PT a la presidencia, Fernando Haddad, es una represalia de Bolsonaro y reclamó que la dirigencia tome en cuenta el plan del gobierno contra el sistema educativo.
El nuevo ministro de Educación, Abraham Weintraub –quien reemplazó el 8 de abril a Ricardo Vélez Rodríguez– llegó a declarar que la autonomía no es soberanía, y que la policía tiene derecho a entrar en las sedes universitarias. Además, anunció el bloqueo de las cuentas de las instituciones que se opongan al gobierno. «Las universidades que, en lugar de tratar de lograr la mejor forma académica, sólo están haciendo un caos, tendrán su recortes presupuestarios», señaló. Desde las calles, las pancartas respondían «el gobierno hace caos. Las universidades públicas hacen ciencia». Pero también se escuchaba: «La educación no es mercancía».
Otros frentes
El otro frente abierto contra Bolsonaro es a través de uno de sus hijos. Los Bolsonaro son una suerte de clan, cada cual más agresivo y brutal, sobre todo en las redes sociales. Flavio es senador por Río y aparece involucrado en maniobras de lavado de dinero a través de cuentas de su chofer, Fabricio Queiroz. Pero también por esta vía resulta relacionado con los asesinos de la concejal carioca Marielle Franco y de Anderson Pedro Gomes en marzo del año pasado.
La Justicia levantó el secreto fiscal y bancario de Flavio Bolsonaro, de Queiroz y de otros 80 exfuncionarios ligados al senador para que puedan ser investigados en una causa por evasión. De allí podrían surgir otras relaciones de tipo criminal. Bolsonaro Jr dijo que no lo iban a intimidar y calificó la medida como maniobras para debilitar a su padre. El presidente afirmó que no lo iban a poder «agarrar» por ese lado.
Otro decreto que levantó polvareda fue el que Bolsonaro autoriza a que los brasileños puedan portar armas en espacios públicos. Para un juez de la Corte Suprema, hay allí un «abuso del poder regulatorio», que contradice normativas de 2003 dictadas por Lula, precisamente para limitar el armamentismo individual.
Mourão, en tanto, viajó a China, donde tendrá un encuentro con el presidente Xi Jinping y asistirá a un plenario de la Comisión Sino-Brasileña de Alto Nivel de Concertación y Cooperación (Cosban). Como parte del grupo BRICS, Brasil es un socio estratégico de China. Pero el alineamiento de Bolsonaro y Trump pone en jaque la relación en el contexto de la guerra comercial declarada por Washington.
De gira por Dallas, Texas, el titular del Ejecutivo brasileño dijo admirar a EE UU. Fue allí donde se permitió analizar la situación política argentina. «Con problemas estructurales en el país, mi amigo (Mauricio) Macri enfrenta dificultades y ve crecer la posibilidad de que vuelva la anterior presidenta, una amiga del Partido de los Trabajadores de Brasil, de (Hugo) Chávez, (Nicolás) Maduro y Fidel Castro». «
En Argentina, también se protesta
Fueron miles, el jueves, en diversas ciudades argentinas, a pocas horas de las protestas en Brasil. La Marcha Nacional Educativa fue convocada por las federaciones de docentes universitarios que negocian la paritaria, hasta ahora sin resultados positivos.
Tiempo Argentino, 19 de Mayo de 2019
por Alberto López Girondo | May 12, 2019 | Sin categoría
Cuando todavía no se acallaron los ecos de las elecciones del 28 de abril y aún se negocia la formación del nuevo gobierno de Pedro Sánchez, este jueves comenzó una nueva campaña, esta vez para municipales y autonómicas en regiones clave (Madrid y Cataluña) y al Parlamento Europeo, a desarrollarse el 26 de mayo. Antes del 28A la cuestión de las cloacas del Estado, el sistema de espionaje ilegal a dirigentes y magistrados, puso en el tapete el acoso del que también participaron algunos medios sobre Podemos y su líder, Pablo Iglesias. En estos días, la detención de cuatro empresarios vinculados al jefe de una organización paraestatal muestra un nuevo giro en el escándalo que involucra al PP de Mariano Rajoy pero tiene ramificaciones en otra gestión socialista.
El personaje central en esta historia es un comisario retirado, José Manuel Villarejo, detenido desde noviembre de 2017 en el marco de una denuncia por blanqueo de capitales y el armado de una organización criminal que se dedicó a utilizar información personal de dirigentes políticos, jueces y empresarios para extorsionarlos por dinero y para que obedecieran ciertas directivas ajenas a su voluntad.
La trama Villarejo también incluye el aprovechamiento de esa información por los poderes políticos, y en esta situación quedó expuesto el que fuera ministro del Interior de Rajoy, Jorge Fernández Díaz. En su lista de casos figuran filtraciones de supuestos delitos de un exalcalde de Barcelona, la manipulación de declaraciones de un exfuncionario venezolano en relación con pagos a los fundadores de Podemos por parte del gobierno de Hugo Chávez.
Villarejo, que había entrado en la policía en 1972 –ahora tiene 67 años– fue galardonado al poco tiempo por sus acciones contra la organización vasca ETA. Creció dentro de la fuerza hasta que por circunstancias no demasiado claras se alejó en 1983 para dedicarse a la actividad privada. En poco tiempo se hizo de una pequeña fortuna mediante la formación de casi medio centenar de empresas.
En realidad, lo más fructífero de su actividad perece haber sido la investigación particular, aunque la autoridades del gobierno aseguran que jamás tuvo permiso para ejercer como detective. Pero evidentemente sus contactos dentro de la Policía y sus relaciones con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la agencia de espionaje oficial, le dieron material para hacer su tarea como encubierto. Una especie de D’Alessio pero de las grandes ligas.
Entre sus casos más conocidos aparece el incendio en la Torre de Windsor, en la City madrileña. La investigación judicial determinó que fue un operativo destinado a quemar documentación perjudicial para el presidente del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Francisco González Rodríguez, quien renunció a sus cargos en marzo pasado «hasta que concluyan las investigaciones en curso, pues así quiere evitar que se utilice a su persona para dañar a BBVA», según informó la institución.
La novedad de estos días es que la policía detuvo por orden judicial a un grupo de empresarios ligados a Villarejo, acusados de haber contratado al ex comisario por 10 millones de euros para entorpecer un caso judicial que los involucra en Guatemala con una colosal coima de 30 millones de la misma moneda al expresidente Otto Pérez Molina para la adjudicación de la construcción y explotación de una terminal de containers en Puerto Quetzal.
Tiempo Argentino, 12 de Mayo de 2019
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