por Alberto López Girondo | Jun 26, 2019 | Sin categoría
Es cierto que los tiempos de los jueces no son los mismos que los de los ciudadanos de a pie, lo que el fallecido magistrado argentino Carlos Fayt solíka definir, de manera irónica, como «cronoterapia» . Pero las largas que el Tribunal Supremo de Justicia de Brasil le está dando al pedido de habeas corpus y liberación de Lula da Silva, en el contexto de las filtraciones que comprometen al exjuez Sergio Moro y el fiscal Deltan Dallagnol, se parecen más a una muestra de temor que a la necesidad de analizar de un modo calmo qué medida tomar con el exmandatario preso.
Este martes, el TSJ debía decidir sobre un reclamo de la defensa de Lula hecho en diciembre, basado en la parcialidad de Moro revelada en varias consideraciones pero sobre todo en que había aceptado el cargo de ministro de Justicia de Jair Bolsonaro, lo que demostraría que los fallos contra el extornero mecánico tenían un fuerte contenido político.
El primer anuncio fue que no tomarían el caso porque había que resolver otras cuestiones, según la corte, y a pedido del juez Gilmar Mendes. Sin embargo, con el correr de las horas la información varió.
Fue Mendes quien este mismo martes propuso otorgar libertad provisional a Lula argumentando que se debe dar tiempo para analizar el recurso, lo que podría tardar más de lo previsto debido a los nuevos elementos surgidos a partir de filtraciones que vienen publicando el portal The Intercept y ahora Folha de San Paulo.
Mendes tiene pocas dudas de que los mensajes atribuidos a Moro y el jefe del grupo de fiscales del Lava Jato, Dallagnol, deslizan un manto de sospechas sobre la actuación del entonces juez. Pero entiende que mientras se toma una decisión definitiva sobre la condena, Lula puede estar en libertad.
En un principio el TSJ le había dado al hábeas corpus en el puesto número 17 entre los temas a tratar, de allí la primera versión sobre la acordada de este martes. Pero el clima político no daba para semejante gambeta y los togados se pusieron a debatir el caso mientras en los medios comenzaba la ya habitual ronda de apuestas, sobre cómo votarían los magistrados, el clásico poroteo, según los términos que se utilizan en este lado de la frontera.
De todas maneras, la respuesta no dejó contento a nadie. A los abogados del exdirigente sindical, porque el tema de fondo no fue tratado, y ni siquiera se pudo avanzar en estas nuevas revelaciones que entrañan una gravedad institucional inusitada. Y a kos que no quieren bien a Lula, y sobre todo al oficialismo, porque el tema sigue sin resolución y todo queda en suspenso.
«Ya habíamos presentado incontables pruebas de que el expresidente no tuvo un juicio justo, imparcial, independiente. No cometió ningún delito y tiene derecho a ser juzgado por un magistrado imparcial», dijo uno de sus letrados, Cristiano Zanin Martins. «Nuestra expectativa es que reconozcan que Moro fue parcial», añadió posteriormente.
Siendo juez, Moro declaró a Lula culpable de corrupción y lavado de dinero por la presunta compra de un apartamento triplex en Guarulhos, San Pablo, puesto a su disposición por una de las constructoras involucradas en el escándalo de sobornos de Petrobras.
Ese dictamen fue confirmado por un tribunal de apelaciones y luego por el TSJ. Pero el actual ministro no pudo mostrar pruebas concretas de que Lula fuese el dueño, solo se basó en su «íntima convicción» de que las cosas habían ocurrido como decía el dictamen elevado por Dallagnol.
Las filtraciones de sitio creado por el estadounidense Glenn Greenwald muestran la connivencia entre el magistrado y el fiscal para forzar los hechos, con el único objetivo de encarcelar a Lula y que no pudiera participar en las elecciones del año pasado, cuando era el favorito para ganar incluso en primera vuelta. La frutilla del postre fue que Bolsonaro pudo llegar al Palacio del Planalto gracias a esta argucia y que Moro integra su gabinete en un área tan sensible para las instituciones democráticas como la Justicia.
En concreto, la Sala 2 del TSJ rechazó liberar a Lula y por 3 votos contra 2 pateó para agosto, al finalizar el período de feria, el debate sobre la imparcialidad de Moro presentado en diciembre. Resta aún saber cómo responderán a las nuevas presentaciones en torno de los chatas publicados por la prensa y que ya causaron una conmoción política -una más- en el gobierno de Bolsonaro.
El poroteo quedó así: Mendes y su colega Ricardo Lewandowski votaron por la liberación mientras se debate el tema de fondo. Y Edson Fachin, Celso de Mello y Cármen Lúcia, por la negativa. Lewandowski, considerado un «garantista», declaró que en ese mismo tribunal «innimerables veces y en circunstancias análogas cuando hubo una lesión al derecho fundamental del reo la votación fue favorable al detenido». Y señaló que si el acusado no fuera Lula otra sería la respuesta institucional.
De inmediato tanto Lewandowski como Mendes fueron «atendidos» por el general de reserva Paulo Chagas, un ultraderechista muy influyente en el Ejército brasileño, que se permitió expresar la sospecha de que ambos magistrados son «más cómplices que jueces».
Tiempo Argentino, 26 de Junio de 2019
por Alberto López Girondo | Jun 23, 2019 | Sin categoría
Si bien el anuncio no es novedad, porque el presidente estadounidense viene hablando del «acuerdo del siglo» desde que asumió en la Casa Blanca, la publicación de los pormenores de su plan para la pacificación de Medio Oriente no deja de resultar impactante. En la práctica, es un tipo de acuerdo comercial muy afín a los usos y costumbres del mercado inmobiliario del que provienen Trump y el articulador de esta propuesta, su yerno Jared Kushner. O como dicen los críticos, un intento de comprar la paz con dinero, sin tomar en cuenta reivindicaciones históricas del pueblo palestino. Lo que augura pocas probabilidades de éxito.
En resumidas cuentas, el plan que Kuschner va a poner sobre la mesa esta semana en una ronda a realizarse en Bahréin implica armar un paquete de U$S 50 mil millones para el desarrollo de Palestina y la promesa de inversiones para la interconexión por tierra entre Gaza y Cisjordania, lo que según la carpeta que lleva bajo el brazo el esposo de Ivanka Trump, duplicaría el PBI palestino en una década y derramaría bienestar en la población hoy asediada por la ocupación israelí y sin perspectivas de futuro.
El problema para implementar un acuerdo semejante, pensado con criterio empresarial más que político, es que no queda claro quiénes pondrían el dinero. Y que además, los propios palestinos ya manifestaron que no están de acuerdo. Lo dijo clarito Hanan Ashraui, consejera del presidente palestino Mahmud Abas y miembro del comité ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP). «Primero hay que levantar el bloqueo de Gaza, parar el robo israelí de nuestra tierra, recursos y fondos, devolvernos nuestra libertad de movimiento y el control sobre nuestras fronteras, espacio aéreo, aguas territoriales, etc. Luego verán como construimos una economía vibrante y próspera, como un pueblo libre y soberano».
La otra cuestión es que la conferencia económica a desarrollarse en Manama, capital de Bahréin, sólo atrajo a representantes de Egipto, Jordania, Qatar, Marruecos, Arabia Saudita y Emiratos Árabes.
Por Israel habrá algún que otro empresario, pero ninguna delegación oficial, entre otras razones porque ambos países no tienen relaciones diplomáticas. Por parte de Palestina, el único anotado es Ashraf Jabari, un ciudadano acusado en su comunidad de colaboracionista con los colonos que ocupan tierras en forma ilegal bajo el amparo de las tropas israelíes. La UE, en tanto, enviaría apenas a un diplomático de perfil técnico, como para no quedar aislada de la Casa Blanca, sin comprometerse demasiado.
Kuschner, que viene intentando acercar posiciones desde hace dos años, consideró que se trata de un Plan Marshall para Palestina que elevaría el nivel de vida de los pobladores originarios al nivel de un país desarrollado, con índices de desocupación de un dígito.
«Esto está completamente fuera de secuencia porque el problema israelí-palestino está principalmente impulsado por heridas históricas y reclamos superpuestos a la tierra y el espacio sagrado», dijo Aaron David Miller, un exnegociador de Oriente Medio para Republicanos y Demócratas.
Por si fuera poco, la propuesta se da luego de que en diciembre de 2017 Trump reconociera a Jerusalén como capital de Israel y anunciara el traslado de la embajada. Los tratados de la ONU establecen que Jerusalén es ciudad capital para ambos Estados. Y como recalcó el secretario general de ese organismo, el portugués Antonio Guterres, «no hay ninguna otra alternativa para la paz entre israelíes y palestinos que la solución de dos Estados». Algo que este plan subrepticiamente pretende diluir en un río de dólares. «
La amenaza de una hecatombe universal y otra marcha atrás
Donald Trump volvió a amenazar con la hecatombe universal a Irán y otra vez dio marcha atrás. Tras el incidente por el derribo de un dron con un misil cerca del estrecho de Ormuz, la tensión parecía llegar a su climax este jueves. Teherán indicó una vez más que no tenía intenciones de desatar una guerra pero que tampoco cedería a presiones estadounidenses y señaló que el aparato no tripulado sobrevolaba territorio persa haciendo tareas de espionaje. Washington respondió con una amenaza de atacar con todo el poder de fuego de EE UU. Finalmente a última hora Trump canceló la orden para «evitar males mayores». Dijo luego en una serie de tuits, con aire de perdonavidas: «Estábamos en posición y listos para responder anoche en tres sitios diferentes cuando pregunté cuántos iban a morir». Y «150 personas, señor, fue la respuesta de un general. 10 minutos antes del ataque, lo detuve, era desproporcionado en comparación con derribar un avión no tripulado». Pero luego agregó que la opción militar está sobre la mesa, que no tiene apuro.
El clima prebélico que vienen alentando Trump y sus asesores más aguerridos, como John Bolton, por momentos parece no encontrar su límite. La semana pasada dos petroleros fueron atacados en Ormuz en un hecho que la Casa Blanca atribuyó a Irán, mientras que el gobierno de Hasan Rohani negó de plano.
Ayer, Teherán anunció que había ejecutado a Jalal Haji Zavar, contratista de la organización aeroespacial del Ministerio de Defensa al que se acusó de ser espía de la CIA y del gobierno estadounidense.
En Washington, en tanto, Trump nominó a Mark Esper como secretario de Defensa, en reemplazo de Patricj Shanahan, quien había renunciado un día antes. Como marcan las normas administrativas, Esper deberá contar con el aval de Senado. En esta área, el presidente tiene dificultades para hacer pie, lo que le complica cualquier política en el área militar y que el titular de esa área es el virtual jefe del pentágono. El gobierno estadounidense no cuenta con un ministro de Defensa validado por el cuerpo legislativo desde la dimisión de Jim Mattis en diciembre de 2018, por profundos desacuerdos con Trump.
Tiempo Argentino, 23 de junio de 2019
por Alberto López Girondo | Jun 23, 2019 | Sin categoría
Una nueva y para nada inocente controversia en el Poder Judicial brasileño podría servir de excusa para trabar la liberación de Lula da Silva en el debate que el Tribuna Supremo de Justicia (TSJ) de ese país mantendrá este martes para tratar un pedido de la defensa del expresidente, detenido desde abril del año pasado en Curitiba. El debate de los magistrados será la continuación del que iniciaron el 11 de junio para analizar el pedido de habeas corpus de los letrados, que consideran que el exdirigente sindical no pudo disponer de todos sus derechos a la defensa y fue víctima de una suerte de persecución del juez Sergio Moro, cuando fue condenado por casos de presunta corrupción en la compra de un departamento tríplex que le atribuyen en Guarulhos y del que no hay pruebas de que le pertenezca.
En el medio, aparecieron las filtraciones publicadas por el portal The Incercept en que se muestra la forma en que el entonces juez, actual ministro de Justicia de Jair Bolsonaro, manipuló, junto con el fiscal Deltan Dallagnol, para procesar, detener y proscribir a Lula de la elección presidencial del año pasado.
De allí se tomó la fiscal general de Brasil, Raquel Dodge, para enviar un pronunciamiento al TSJ, oponiéndose a una anulación de la condena a Lula basada en las filtraciones del Lava Jato, alegando que hay «fundada duda jurídica» sobre las informaciones divulgadas por el sitio creado por el periodista estadounidense Glenn Greenwald.
Es cierto que la defensa del exmandatario quiere usar esos elementos para demostrar que el magistrado no debió seguir adelante con el proceso y que por tanto la condena debe ser anulada. También que uno de los togados, el supremo Gilmar Mendes, declaró que el contenido de las filtraciones revelan «un hecho muy grave» que amerita ser investigado. Y también que fue Mendes quien en diciembre habilitó el debate para el pedido de habeas corpus.
Pero los abogados señalaron «al contrario de lo afirmado por la ilustre procuradora general de la República en manifestación protocolada este viernes, el habeas corpus Nº 164.493 en favor del expresidente Luiz Inacio Lula da Silva el 05/11/2018 y que está en la pauta para tratarse en próximo día 25 no está amparado en los reportajes divulgados por The Intercept«.
Los defensores recuerdan que el reclamo comenzó a ser tratado por la Corte el 4 de diciembre pasado «mucho antes de los reportajes de The Incercept«, aunque aportan pruebas de que Moro «siempre mostró interés en la conducción del proceso y en su desenlace».
Argumentan que el ahora ministro bolsonarista autorizó escuchas «las líneas principales de nuestro despacho para que Lava Jato pudiese acompañar en tiempo real la estrategia de la defensa de Lula; actuó fuera de sus atribuciones legales para impedir el cumplimiento de la orden de liberación emitida por el juez de segunda instancia Rogerio Favreto (en julio pasado) y divulgó actos procesales que estaban bajo secreto para interferir en las elecciones presidenciales de 2018. A esto agregan que la aceptación del cargo de ministro tras declarar que Lula «se debe pudrir en la cárcel» .
Guaidó bajo sospecha
El sitio de noticias Panam Post reveló una supuesta trama de corrupción en Cúcuta, Colombia, protagonizada por enviados del presidente Juan Guaidó, encargados de atender a los militares desertores. El portal, de línea editorial dura antichavista y pro-Guaidó, advierte que dos funcionarios nombrados por el «gobierno encargado» del diputado venezolano «se habrían apropiado del dinero destinado para ese fin». El caso llegó a medios internacionales e impactó severamente en la imagen de la oposición. El propio Guaidó debió reconocer la existencia de, al menos, una irregularidad en ese sentido. Hasta el acérrimo defensor de la oposición, Luis Almagro, secretario General de la OEA, pidió una investigación rápida para aclarar el caso. El gobierno de Nicolás Maduro aprovechó la situación para señalar que «la supuesta ayuda humanitaria fue una fachada para enmascarar un gigantesco tramado de corrupción y degradación ética y moral», según declaró el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez.
Tiempo Argentino, 23 de Junio de 2019
por Alberto López Girondo | Jun 23, 2019 | Sin categoría
En política nada es casual. Y el lanzamiento de la reelección de Donald Trump este martes en Florida dista mucho de ser aleatorio. Fue un distrito clave para un triunfo del empresario en 2016 y la mayoría de residentes anticastristas de origen cubano es una platea muy adecuada para volver a denostar a la revolución cubana para ganar la voluntad de ese electorado. Trump tiró por la borda los acuerdos alcanzados por Barack Obama con Raúl Castro desde 2014, reforzó el bloqueo económico que rige desde 1961 y desde el 2 de mayo aplica el Título III de la Ley Helms-Burton, que permite reclamos judiciales por propiedades confiscadas al inicio de la Revolución.
«Las relaciones con EE UU siempre han sido complejas y difíciles, marcadas por una política que ha sido la columna vertebral de esa relación que es el bloqueo en las sucesivas administraciones demócratas y republicanas. Con Trump han sido mucho más evidentes porque nosotros veníamos de conversaciones con Obama en las que se avanzó mucho. Sin embargo ha habido un retroceso muy grande a pesar de que hemos señalado en reiteradas ocasiones nuestra predisposición a seguir dialogando en temas de interés bilateral», señala el embajador cubano, Orestes Pérez Pérez.
–¿Cuál sería la explicación para este retroceso? Porque las encuestas muestran que las nuevas generaciones de cubanos nacidos en EE UU ya no apoyan esas políticas beligerantes y habían aplaudido la apertura de Obama.
–Yo creo que él tiene un compromiso con senadores, con congresistas cubanoamericanos. Una de las razones que mueve a Obama a cambiar la política hacia a Cuba es precisamente que las generaciones fueron mutando y están más a favor del diálogo, de reencontrarse con su familia, de viajar a Cuba. Más allá de que el objetivo de Obama seguía siendo el mismo, que era destruir a la revolución, buscaba otro camino que no sea el de la confrontación. A pesar de esto nosotros avanzamos en muchas áreas, firmamos más de 20 acuerdos en esos dos últimos años del gobierno de Obama. Todo eso lo ha echado por tierra Trump.
–Y ahora corona todo con la aplicación total de la ley Helms-Burton.
–Hace varios meses venía hablando de revisar el Capítulo III de esa ley, presionado sobre todo por viejos funcionarios de administraciones norteamericanas que siempre tuvieron hacia Cuba una posición muy hostil, como (el asesor) John Bolton, (el vicepresidente) Mike Pence, (el secretario de Estado) Mike Pompeo. Desde el gobierno se han encargado de diseñar una política que no se había aplicado hasta ahora. La ley Helms-Burton es de 1996, la aprobó Bill Clinton y los diferentes gobiernos fueron aplazando el Título III.
–¿De qué forma afecta a Cuba?
–El Título III establece que los norteamericanos o los cubanos nacionalizados pueden reclamar en cortes de EE UU sobre propiedades que fueron confiscadas a principios de la revolución. Ellos pueden a través de tribunales de EE UU hacerle juicio a un inversor español de una cadena de hoteles en Cuba porque tiene una concesión en un lugar que fue confiscado.
–Ese es el punto, porque afecta a inversores de España, de Canadá….
–…del Reino Unido, del Japón. Esta aplicación tiene un marcado carácter extraterritorial porque sancionarían a empresarios que invirtieron en estas propiedades. Pero no sólo eso, también afectaría a escuelas, hospitales.
–¿Por qué razón?
–Nosotros convertimos propiedades en escuelas u hospitales y puede aparecer el dueño de esa construcción reclamando que le sea devuelta. Lo importante a resaltar es que Cuba nunca se opuso a una negociación apegada al derecho por la nacionalización de las propiedades norteamericanas. Como nunca se opuso cuando se trató de nacionales franceses, belgas. Constan en la historia, en el año 1967 firmamos un acuerdo de compensación con Francia y con Suiza; en el año 1978 lo suscribimos con el Reino Unido. Nosotros nunca nos negamos a negociar sobre estas nacionalizaciones, que nosotros hicimos en legítima defensa de nuestras propiedades, que es un derecho que cualquier país tiene. Incluso cortes norteamericanas de los años ’60 le dieron la razón a Cuba ante el reclamo de propiedades de ellos.
–¿Eso serviría como antecedente?
–Yo creo que sí, de todas maneras los antecedentes más claros son la finalización de negociaciones con estos países. Nunca hicimos nada que estuviera contra derecho.
–Ellos podrían aducir reclamos desde el año 1959 más los intereses, cifras astronómicas.
–Y nosotros podemos aducir reclamos por daños derivados del bloqueo. El bloqueo desde el año 1961 ha causado a Cuba daños mucho mayores que las reclamaciones que se puedan hacer. Es interesante resaltar que ya se han hecho reclamos en tribunales norteamericanos desde el 2 de mayo que entró en vigor el Título III y que naciones europeas, Canadá, Japón, tienen leyes antídoto. Argentina tiene una ley antídoto, aprobada en el año 1996.
–¿En qué consiste?
–Es una ley que protege a los nacionales que tienen inversiones en Cuba. Por eso Japón, Canadá, Gran Bretaña, ya han salido a decir que están en contra de la aplicación del Título III y lo ha dicho España, que son los países que más inversiones tienen en Cuba. Este escenario es inédito. Pero el bloqueo ha estado vigente como el primer día.
–Trump dijo que estaba dispuesto a relajar sus presiones en la medida en que Cuba renunciara en su apoyo al gobierno de Venezuela.
–Si no fuera tan serio el tema movería a risa. Porque Cuba nunca ha renunciado a sus principios en política exterior, basada en soberanía, independencia y respeto a la no injerencia en los asuntos de otros países. Porque pretender condicionar la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton a nuestro apoyo a la revolución bolivariana es una justificación del fracaso por su intención de cambiar la situación en Venezuela. Pretende utilizar a Cuba para justificar su fracaso en Venezuela. Han intentado derrocar al gobierno de Maduro pero ahí está la revolución bolivariana con sus falencias, pero sosteniendo un proyecto nacional, liberador.
–¿Se trata de Trump o es un momento crítico para la dirigencia de EE UU?
–Yo creo que los factores de poder en EE UU son más que el presidente. El aparato militar-industrial, las grandes corporaciones, están detrás. Pero la cara visible es el presidente, que muchas veces responde a estos intereses.
–¿De qué manera esto impacta en esta apertura que había iniciado Cuba. ¿No es un golpe directo a la posibilidad de que aparezcan nuevos inversores?
–Impacta potencialmente en inversores que hayan pensado en hacer un estudio y ahora se vean más cautelosos ante esta situación. Lo que no va a impactar es en las inversiones que ya están en Cuba, por las leyes antídoto y además por las leyes que en Cuba protegen a los inversores. Pero sí tendrá posiblemente impacto en desmovilizar algunas inversiones. El Título II establece la disminución de remesas, eso también afecta la economía familiar. Reduce sustancialmente los viajes, eso disminuye el turismo hacia Cuba que venía creciendo en los últimos años. Les impide a los cruceros que hagan viajes a puertos cubanos Es un entramado de medidas que están dirigidas a afectar el desarrollo económico que había experimentado Cuba en los últimos años.
Tiempo Argentino, 23 de Junio de 2019
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