Desde bastante antes de llegar al poder, Cambiemos tuvo en la mira al gobierno venezolano. Y la oportunidad le llegó: el 6 de diciembre de 2015, exactamente cuatro días antes de que Macri jurara como presidente, el chavismo perdía por abrumadora mayoría las elecciones parlamentarias y comenzaba la ofensiva más feroz contra Nicolás Maduro desde la muerte de Hugo Chávez. Macri aprovechó entonces para liderar un bloque enemigo de todo lo que oliera a integración regional. Y puede decirse que fue coherente. Chávez fue un pilar fundamental en la construcción de organismos latinoamericanos y, sin dudas, uno de los «culpables» de aquel ciclo que tuvo su gran espaldarazo en el No al Alca de Mar del Plata en 2005. La alianza del macrismo con los gobiernos de derecha que se fueron instaurando en los últimos años sirvió para correr la agenda hacia directivas más afines al Departamento de Estado de Estados Unidos. La Cancillería, primero con Susana Malcorra y luego con Jorge Faurie, fue consecuente en el estrago de cada una de las instancias que con paciencia y persistencia se habían formado en la primera parte del siglo XXI. En ese contexto, Venezuela fue suspendida del Mercosur apelando a la cláusula democrática. Coordinada con Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú, Argentina anunció recientemente su retiro de UNASUR, la máxima construcción regional de esos años dorados, a pesar de que por las propias reglas de la institución quien debería decidir eso es el Congreso. El último paso hacia la desintegración, también coordinado con las derechas sudamericanas, es un decreto por el cual el gobierno de Macri pretende que no se vote a parlamentarios de Mercosur en las elecciones de octubre.
Las revelaciones del sitio The Intercept sobre la manipulación del exjuez Sergio Moro y el fiscal Deltan Dallagnol para encarcelar a Lula da Silva, que causaron un terremoto en el sistema político-mediático-judicial de Brasil, alientan también al dos veces presidente brasileño a volver al ruedo para reparar «esas cosas que hicimos mal» y concretar las que no se hicieron durante las gestiones del PT, entre 2003 y 2016.
Fue en un extenso reportaje concedido al Canal TVT, la televisión de la Central Unica de Trabajadores (CUT) de San Bernardo do Campo, la localidad paulista en la que Lula se forjó como dirigente gremial y donde tiene la única vivienda registrada a su nombre. Allí, Luiz Inácio Da Silva desafió a Moro y Dallagnol a un debate por la red O Globo en el horario que ellos decidan, «yo solo contra ellos dos», para demostrar públicamente que mintieron para sacarlo de la elección de 2018, donde aparecía como seguro ganador.
Al mismo tiempo, declaró que detrás de la Operación Lava Jato «están los intereses norteamericanos» y se mostró arrepentido, entre otras cosas, de no haber impulsado una ley de medios cuando estuvo en el gobierno.
El domingo pasado, en portal The Intercept, creado por el periodista estadounidense Glenn Greenwald, comenzó con la publicación de miles de filtraciones que muestran a través de mensajes de Telegram y mails, el modo en que Moro y Dallagnol fueron articulando la causa judicial para condenar a Lula, acusado de haber recibido un departamento triplex en Guarulhos como parte de una coima, a pesar de que, como reconoció el fiscal, no había pruebas.
Greenwald publicó en el británico The Guardian el reportaje al analista de la agencia NSA Edward Snowden que en 2013 reveló de qué modo las oficinas de inteligencia estadounidenses espían a todo el mundo mediante programas informáticos. Casado con Davis Miranda, un diputado por el partido PSOL, Greenwald desarrolló el portal para apoyar este tipo de iniciativas de particulares que por múltiples razones –mayoritariamente éticas– quieren dar a conocer esos secretos que los poderosos no quieren que las sociedades sepan. Tiene dos versiones, en inglés y en portugués.
Esta megafiltración afecta directamente al sistema político que, en 2016, armó un golpe de Estado institucional para voltear al gobierno de Dilma Rousseff y luego detener a Lula para que no pudiera ser candidato. Eso se ve claramente en algunas de las conversaciones de Telegram entre los implicados en la maniobra: Dallagnol y los fiscales de la llamada Fuerza de Tareas de Lava Jato.
Tanto Moro como Dallagnol reconocieron la veracidad de los mensajes, pero cuestionaron la violación a la intimidad que representaba y pidieron saber quién era la fuente que las había desnudado. Como Lula protestó ante Juca Kfouri y José Trajano –quienes lo entrevistaron para TVT después del escándalo pero antes de la huelga general de este viernes–, «ellos no fueron tan puntillosos cuando filtraron mis llamados a Dilma en 2016, ni de mis hijos». Lula se definió en esa entrevista como «encabronado» por la situación que le toca vivir, porque está detenido por un delito que no cometió.
Pero, también señaló que está mucho más tranquilo de que todos los jueces y los dirigentes que lo condenaron. «Siempre dije que Moro es un mentiroso. Lo dije en el primer testimonio que tuve ante él, que estaba obligado a condenarme. Porque su mentira había ido demasiado lejos y no iba a poder echarse atrás». Para graficar, agregó: «Moro dejó de ser juez hace mucho tiempo. Cuando la mosca azul de O Globo se posó en su frente, se convirtió en un sirviente de la Globo».
Luego reconoció como una falla no haber armado una red de televisión efectiva que peleara el discurso de los medios hegemónicos y no haber pensado en regular los medios. «No puede ser que nueve familias concentren toda la información que recibe nuestro pueblo», reconoció.
Sobre el Lava Jato, acusó a jueces y medios de haber creado algo así como monstruos y de haber destruido empresas cuando se acusaba a directivos o dueños de empresas de haber cometido delitos de corrupción. «No destruyeron a Samsung ni a Volkswagen cuando cometieron delitos sus directivos, acá se destruyeron cientos de miles de puestos de trabajo en Petrobras. Son irresponsables», declaró. Allí es donde vio la mano negra de los intereses estadounidenses detrás de la causa Lava Jato, aunque, aclaró, «eso no significa que no se tenga que condenar la corrupción».
Este domingo, mientras tanto, The Intercept subirá a su portal otra tanda de filtraciones que, por lo que dejó trascender, revela el modo en que una jueza federal y un magistrado de segunda instancia actuaron para impedir que en abril de 2018, Lula pudiera quedar en libertad, lo que hubiera abortado el plan para que quedara fuera del comicio. Pero aseguran que tienen más mensajes que involucran a toda la dirigencia que se prestó a ese accionar antidemocrático. «
Si esto no es apoyo explícito…
(Foto: Presidencia Brasil)
En Brasil, como en Argentina. Tras las revelaciones del domingo pasado, durante esta semana Jair Bolsonaro se mostró varias veces con el juez Sergio Moro, e incluso llegó a condecorarlo… Una situación con rasgos parecidos a cuando Mauricio Macri y el cuestionado fiscal Carlos Stornelli fueron fotografiados a escasa distancia uno del otro en el acto por el Día del Ejército.
La huelga paralizó Brasil La primera huelga general contra Jair Bolsonaro terminó con fuertes críticas en el acto central en San Pablo a las políticas de ajuste neoliberal del gobierno y es un llamado de atención para los planes del excapitán del Ejército. El paro de actividades en todo el país fue masivo y refleja el rechazo de la población a la reforma del sistema previsional, con que el ministro de Economía Paulo Guedes espera «ahorrar» unos U$S 250 mil millones anuales. Hubo represión en el centro paulista y también en Río de Janeiro. Sobrevoló en los discursos de los organizadores el mensaje de unidad opositora en torno a reclamos que afectan a todos los trabajadores y de los estudiantes, que fueron los primeros en ocupar las calles contra el mandatario ultraconservador. También el escándalo de las filtraciones sobre el proceso de Lava Jato. Bolsonaro enfrenta además una crisis de Gabinete azuzada por sus propios hijos a través de las redes sociales. El jueves echó al ministro de la Secretaría de Gobierno, el general Carlos Santos Cruz, enemistado con Carlos Bolsonaro y con Olavo de Carvalho, un extremista ideológico radicado en EE UU considerado el gurú del presidente.
Sergio Moro, el mismo juez acusado de filtrar a la prensa escuchas ilegales al expresidente Lula da Silva con sus abogados y antes con la depuesta mandataria Dilma Rousseff, se victimizó ante una comisión del senado brasileño de haber sido víctima de hackers y de sensacionalismo mediático tras la publicación de chats en la red Telegram del grupo de tareas de Lava Jato por el sitio The Intercept.
«Hubo una invasión criminal de teléfonos celulares por parte de un grupo organizado con el objetivo de invalidar condenas por corrupción y lavado de dinero u obstruir investigaciones en curso, que pueden afectar a personas poderosas, o simplemente atacar las instituciones brasileñas», dijo en una tensa reunión en la Cámara alta donde fue a explicar frente a miembros de la Comisión de Constitución y Justicia.
Serio, con rostro de prócer, el magistrado que persiguió y condenó en primera instancia a Lula -como comienza a develarse a través de sus conversaciones en Telegram, sin pruebas- intentó explicar el escándalo que se extiende en ese país luego de que el 9 de junio el portal creado por el periodista estadounidense Glenn Greenwald revelara el contenido de las intercepciones que muestran la connivencia entre fiscales y el juez para sacar de la pelea por la sucesión presidencial en 2018 y ni siquiera darle la ocasión de defenderse públicamente en una entrevista con Folha de Sao Paulo.
La situación política del ahora ministro de Justicia es tal que decidió presentarse espontáneamente como para calmar las aguas ante el embate de quienes le piden directamnete que renuncie a su cargo. Otros cuestionan toda la investigación y reclaman la inmediata absolución del dos veces presidente brasileño, detenido desde abril de 2018 en la sede de la Policía Federal en Curitiba.
Según las últimas publicaciones de The Intercept, los funcionarios judiciales maniobraron para investigar falsamente a Fernando Henrique Cardoso, ex mandatario del centroderechista PSDB, para dar señales de equidistancia en el caso Lava Jato y que no pareciera que solo buscaban la prisión para el fundador del Partido de los Trabajadores.Aunque se cuidaron de no avanzar en su contra, a pedido de Moro, para no malquistar a un aliado. «Me parece cuestionable importunar a alguien cuyo apoyo es importante”, dice Moro en un mensaje.
Greenwald, residente en Río de Janeiro, donde vive con su pareja, es un destacado abogado y periodista que ganó un Pulitzer por haber revelado en 2013 las denuncias del analista Edward Snowden acerca del espionaje informático global que realiza EEUU a través de la agencia NSA. Entre los espiados estaba Dilma Rousseff y los directivos de Petrobras.
El prestigio y la rigurosidad de Greenwald impidió que los involucrados en las filtraciones, Moro y el fiscal Deltan Dallagnol, ensayaran la excusa de que los mensajes eran falsos. Por eso el magistrado se defendió argumentando que sus celulares fueron hackeados y que lo que publicó el portal puede haber sido editado para comprometerlo en supuestos delitos que, para él, no son tales.
«Hubo una invasión criminal», insistió, para agregar luego que ve un revanchismo por su actuación en la causa Lava Jato que pensó terminaría cuando asumió como ministro de Jair Bolsonaro, el 1 de enero de este año. Pero precisamente ese punto es el que utiliza la defensa de Lula para sostener que no hay mayor prueba de una causa torcida para sacarlo de la competencia que la aceptación de un cargo con un presidente que ganó porque el favorito en las encuestas estaba preso y proscripto.
«Se intenta crear una situación de escándalo que en el fondo es inexistente», añadió Moro en su explicación, al aducir que mantener conversaciones con los fiscales es normal en cualquier país del mundo. El detalle es que sistema judicial brasileño es acusatorio, donde la investigación queda a cargo de los fiscales, de modo que no debería haber comunicación para mantener la independencia entre ambos estamentos y así no prejuzgar al sospechoso de un delito. De allí que este tema haya despertado las mayores críticas al accionar del juez.
La comisión de la Cámara alta a la que acudió Moro está compuesta por 54 senadores, 27 titulares y 27 suplentes. De ellos, 36 se inscribieron para indagar al actual ministro de Justicia. El clima generalizado fue caracterizar al caso Lava Jato como un baño de pulcritud para la sociedad brasileña, desencantada con la corrupción política. Pero al mismo tiempo, muchos legisladores señalaron su preocupación por estas maniobras que oscurecen el panorama de un proceso que debiera ser ejemplar. Hubo incluso quienes, desde la bancada del PT, consideraron que Moro debía renunciar a su cargo luego de estas filtraciones.
En tal sentido, el senador » petista» Humberto Costa puso en aprietos al juez cuando le preguntó por qué protegió a Fernando Henrique Cardoso. Moro dijo que no recordaba completamente el tenor de los mensajes y luego, que no habría problema en interferir en un proceso que no era de él.
Costa replicó que la situación era todavía peor ya que se metía en un caso que no le correspondía. Fue entonces que Moro eligió el silencio, amparándose en su derecho a permanecer callado.
Eso, si, el ministro no se privó de insistir en que las filtraciones fueron obra de «un grupo criminal organizado». Senadores oficialistas le tiraron un centro para que Moro no descartara que entre ese grupo hubiera agentes o servicios de inteligencia de países extranjeros.
La audiencia mantuvo en vilo a la población y las redes estallaron en comentarios A mediodía, el hashtag #RatoMoroTaMelindrado (la rata Moro está molesto) estaba al tope del Trending Topics del Twitter brasileño. Para compensar la balanza en un medio que el bolsonarismo maneja a la perfección, la diputada Carla Zambelli (PSL-SP) publicó u vídeo pidiendo que subiesen un hashtag de apoyo a Moro, #DetonaTudoMoro. que pronto trepó al segundo lugar. El cuarto lugar lo ocupaba #RenunciaMoro.
Si el objetivo final del gobierno de Estados Unidos cuando rompió en forma unilateral el acuerdo nuclear 5+1 era acrecentar la tensión contra Irán, podría decirse que el clima en el estrecho de Ormuz, desde el jueves, alienta las expectativas de los halcones del Gabinete de Donald Trump. Para el complejo militar, los tambores de guerra auguran buenos negocios, aunque los aliados tradicionales de Washington ahora están mucho más remisos que cuando en 2001 apoyaron la invasión a Irak en busca de armas de destrucción masiva que jamás aparecieron. Para las multinacionales petroleras también, ya que la primera novedad fue el aumento de un 4% en el precio del barril, que subió de 60 a 60 dólares.
Dos barcos petroleros se incendiaron tras sendas explosiones en el golfo de Omán y equipos de rescate iraníes salvaron la vida de 44 tripulantes de ambas naves. De inmediato, el Pentágono anunció el envío del destructor USS Mason y el secretario general de la ONU, el portugués Antonio Guterres, condenó el presunto ataque aunque al mismo tiempo alertó sobre la necesidad de mantener la calma hasta tener mejor información sobre lo ocurrido.
La escalada sobre la región había comenzado el mes pasado, cuando la Casa Blanca envió a la flota en medio de los cruces entre Washington y Teherán y el aumento de sanciones contra Irán. España, que forma parte de la OTAN, se apuró entonces para anunciar el retiro de sus buques. El socialista Pedro Sánchez no quería cometer el atropello del conservador José María Aznar en 2001, que junto con el británico Tony Blair fueron los únicos que apoyaron la ofensiva sobre Saddam Hussein. Este viernes, Sánchez pidió contención «y respeto a la libertad de navegación».
El petrolero Front Altair, de la empresa taiwanesa CPC, transportaba 75 mil toneladas de combustible y habría sido atacado por minas, según la firma propietaria. El otro carguero, el Kokuka Courageous, de la japonesa Kokuka Sangyo y que llevaba 25 mil toneladas de etanol, habría sido atacado por «dos objetos voladores».
Para Mike Pompeo, el secretario de Estado de Trump, «la manos de Irán están por todas partes». El Pentágono difundió un video en que se ve a presuntas tropas de la Guardia Revolucionaria retirando minas sin detonar de uno de los cargueros. El canciller iraní, Mohamad Yavad Zarif, consideró que EE UU sugirió que el incidente sería una operación destinada a culpar a Teherán y alimentar una guerra en la región, como viene amenazando Trump desde que asumió su cargo.
«Que Estados Unidos lanzara inmediatamente acusaciones contra Irán, sin ninguna evidencia objetiva o circunstancial, sólo deja más claro que el equipo B está moviéndose al plan B: sabotear la diplomacia y ocultar su terrorismo económico contra Irán», escribió Zarif en un tuit. «Somos responsables de garantizar la seguridad del estrecho y rescatamos a la tripulación de los petroleros atacados en el menor tiempo posible», dijo el vocero del Ministerio de Exteriores, Abbas Mousavi. «La región no necesita más pasos que provoquen más inestabilidad y tensión. Hay que evitar provocaciones en la región. Por eso, hacemos un llamado de máxima tranquilidad», señaló Maja Kocijancic, vocera de la Unión Europea.
Lo que despierta las sospechas de los analistas es que el ataque ocurrió justo cuando el ayatollah Ali Jamenei se reunía con el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, en un intento por pavimentar el camino a un posible encuentro de los líderes iraníes con Trump. El incidente bloqueó esa posibilidad.
Se anota como dato a favor de la posición iraní que en las negociaciones por el plan nuclear Teherán había logrado un acuerdo que le permitía suavizar las sanciones impuestas hasta 2015. La ruptura inconsulta de Trump deja mal parado a EE UU. El ataque conviene a los belicosos de su Gabinete, con John Bolton a la cabeza.
No sería la primera vez que un atentado de falsa bandera le sirve a EE UU para desatar para una guerra. Ocurrió contra España con el incendio del acorazado Maine en La Habana, en 1898. Se recuerda el ataque al destructor Maddox en 1964 para la escalada en Vietnam. Hay quienes anotan el ataque a Pearl Harbour en 1941 .
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