Masivas movilizaciones contra un acuerdo secreto entre los gobiernos de Abdo Benítez y Jair Bolsonaro que retrotraía el reparto de energía eléctrica de la represa de Itaipú a las actas firmadas por las dictaduras militares, provocó una crisis política y el pedido de impeachment contra el primer mandatario paraguayo.
El convenio se firmó en mayo pero recién este fin de semana se filtró a la prensa la parte más controvertida de los cambios a un trabajoso acuerdo al que habían llegado Fernando Lugo y Lula da Silva en 2009 y que otorgaba la energía a los paraguayos a un precio mucho más adecuado a las necesidades de la población guaraní y a su proyecto de desarrollo y pagaba de regalías dos veces más que hasta entonces.
El documento firmado hace dos meses estipula, según el diputado paraguayo del Frente Guasú Ricardo Canese, que Brasil se quedará con entre el 84 y el 89 % de la producción a precio más barato. «Este abusivo acuerdo ocasionaría perdidas al Paraguay conquistadas años antes y reafirmadas con el acuerdo Lula – Lugo», dijo el parlamentario en una entrevista con Diario Contexto.
La difusión de estos cambios provocó la protesta de la oposición y el pedido de juicio político contra Benítez, del Partido Colorado, que llegó a la presidencia en agosto del año pasado. Las movilizaciones llenaron las calles de Asunción y de las principales ciudades del país y el lunes el jefe de Estado aceptó al renuncia del canciller Luis Alberto Castiglioni; el titular de la Administración Nacional de Energía (Ande) Alcides Jiménez; y el embajador en Brasil, Hugo Saguier.
Horas antes, Benítez anunció que se dejaba sin efecto el acuerdo y la apertura de negociaciones para acordar un cronograma de compras hasta 2022. Al mismo tiempo, el renunciante ministro de Relaciones Exteriores se atajó: «Hemos decidido solicitar al Brasil la convocación de las Altas Partes para que vuelva a las instancias eminentemente técnicas, donde siempre se ha decidido y tratado». De tal modo no continuarían los diálogos diplomáticos en privado.
El diario paraguayo Última Hora destacó que «uno de los puntos más cuestionados del acuerdo establece el aumento de la potencia contratada por la Ande para el año 2019 y de manera gradual hasta el 2022. Según los expertos, los incrementos repercutirían en sobrecostos de unos 250 millones de dólares o más para la institución», añadió. Ande es la empresa distribuidora de electricidad de Paraguay.
Benítez dio su versión de los hechos. «Por años Paraguay accedía a la energía excedente de Itaipú por encima de lo que le correspondía en el contrato», aseguró, lo que para él ubicaba al país en la posición de «pillo y poco serio», según la agencia noticiosa estatal IP. «Yo no me quiero sentar en una mesa de negociación con vergüenza porque trato de sacar pequeñas ventajas en vez de construir credibilidad, integridad y autoridad para el gran proceso de renegociación», agregó.
Sin embargo, Fabián Cáceres, ex gerente técnico de la Ande, explicó en un cable citado por Télam que con el acuerdo bilateral se obliga a Paraguay a comprar más energía segura (a mayor costo), lo que, en consecuencia, implica adquirir menos excedentes (energía barata). “Los brasileños consiguieron algo que desde hace 10 años buscaban”, aseguró.
Fue entonces que el presidente del Partido Liberal, Efraín Alegre, empezó a levantar los ánimos en contra de este a su juicio ruinoso acuerdo. El dirigente opositor indicó que según el acuerdo de construcción y aprovechamiento establecido en 1973 entre los dictadores Emilio Garrastazu Medici y Alfredo Stroessner que finalizará en 2023, el 50% de la energía de la represa corresponde a Paraguay. Con la nueva acta se entregan derechos a Brasil hasta un año antes. Y además, se incrementarán los precios de la electricidad para los paraguayos.
Según este análisis, Paraguay deberá comprar toda la energía que necesite precio de potencia instalada, 26 dólares aproximadamente el Megawatt por hora (Mw/h), pero no disponer de la energía excedente, cuyo precio ronda los 5 dólares.
El caso se reveló tras la renuncia del presidente de la Ande, Pedro Ferreira, que se negó a convalidar el acta firmada entre ambos gobiernos.
En un tuit, Castiglioni , acérrimo enemigo de Fernando Lugo y antichavista declarado -fue uno de los que encabezó la oposición al ingreso de Venezuela al Mercosur en su momento- lamentó que se hubiera malinterpretado el convenio y luego de despidió de sus correligionarios con otro mensaje en la red social.
El 25 de julio de 2009 Lula da Silva y Fernando Lugo había firmado las notas reversales de un acuerdo que modificaba el original de 1973. Allí se reconocía el derecho de Paraguay a un precio mayor por la energía que le vendía a Brasil. De un plumazo, el país guaraní pasaba de recibir 120 millones de dólares al año a 360 millones. En ese entonces, el acta provocó críticas a Lula en su país ya que fue visto como una renuncia a derechos adquiridos.
“¿Quién construyó Itaipu? ¿Por qué el Paraguay tiene derecho a 240 millones más, por qué tiene derecho al final del contrato el 50% en el 2023? Todo eso es brasilero. Lo que ustedes van a hacer es la traición a la patria”, dijo esa vez Mario Couto, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), uno de los gestores de la destitución de Dilma Rousseff en 2016.
La lucha por la Soberanía energética fue uno de los lemas de campaña de Lugo, ex obispo de San Pedro, quien asumió la presidencia de Paraguay en 2008 y fue derrocado por un golpe institucional en 2012.
Los sectores más ligados al nacionalismo paraguayo entendieron desde siempre que si bien es cierto que Brasil había hecho el aporte más importante para la construcción de Itaipú, al arrogarse el derecho a disponer prácticamente a voluntad de la energía por 50 años iba a mantener por ese lapso la relación de dominación existente desde el fin de la guerra de la triple alianza (1865-1870), y como había ocurrido en aquellos años, eso impediría el desarrollo de Paraguay.
Los choques entre el presidente Jair Bolsonaro y el titular de la Orden de Abogados de Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz Oliveira Scaletsky, no son nuevos. Pero el mandatario brasileño superó todo límite este lunes, al afirmar en tono displicente que si quiere le contará cómo fue que desapareció el padre del jurista durante la dictadura militar. Más aún, le dijo que «no va a querer saber la verdad» de lo ocurrido con Fernando Augusto de Santa Cruz Oliveira en febrero de 1974, cuando fue apresado durante el carnaval de Rio de Janeiro. Y todo porque la OAB se opuso a una investigación de la Policía Federal (PF) sobre los defensores del hombre que había atacado con un cuchillo al entonces candidato presidencial durante la campaña electoral de 2018.
Adélio Bispo de Oliveira, oriundo de Montes Claros, en Minas Gerais, tiene 40 años y el 6 de setiembre de 2018 la emprendió con un puñal contra Bolsonaro, que hacía un acto publico en la ciudad «mineira» de Juiz de Fora. El ex capitán del ejército estuvo internado un par de semanas y tras asumir la presidencia, en enero pasado, debió ser operado nuevamente por las secuelas de la cuchillada.
Detenido pocas hora más tarde del ataque, Bispo de Oliveira fue declarado insano y un juez lo declaró inimputable hace algunas semanas, aunque ordenó su internación en un instituto psiquiátrico hasta que los especialistas determinen que ya no es peligroso para sí ni para terceros.
El caso es que Bispo de Oliveira contó para su defensa con un equipo de abogados que terminaron investigados por la PF, el órgano de investigación del poder Judicial. Allí es donde nace una nueva disputa con Santa Cruz Oliveira (sin ningún parentesco con el autor de la puñalada).
Porque la OAB presentó una demanda para impedir que la PF tuviese acceso a los teléfonos de los letrados, amparada en el secreto profesional y las garantías de la constitución para la defensa en juicio. A través de las redes sociales, trolls bolsonaristas ya habían cuestionado a los defensores de Bispo de Oliveira al señalar que no se sabía quiénes habían pagado sus honorarios, que según ellos, eran tan abultados como para que no estuvieran al alcance del bolsillo del reo.
«No quise recurrir la decisión del juez (que absolvió a su atacante) y entonces él será considerado loco hasta morir -declaró Bolsonaro- Va a quedar en un manicomio judicial (…) pero yo quiero que abra la boca y de allí salga el hilo de la madeja», en torno a quiénes, según el presidente, estarían detrás de él.
Pero la ira de Bolsonaro se desató contra el principal colegio de abogados de Brasil. Y arremetió contra sutitular. «¿Por qué la OAB impidió que la PT entrase en el teléfono de uno de los carísimos abogados? ¿Cuál es la intención de la OAB? ¿Quién es esa OAB? Un día, si el presidente de la OAB quisiera saber cómo el padre de él desaparició en el período militar, se lo puedo contar. Él no va a querer escuchar la verdad. Se lo contaré».
El padre de Felipe Santa Cruz era integrante de un movimiento estudiantil cuando se produjo el golpe militar de 1964. Nativo de Olinda, en Pernambuco, en 1967 fue detenido durante una marcha en Recife y liberado a los pocos días. Casado con Ana Lúcia Valença, se mudó a Río de Janeiro y encontró un empleo en una dependencia del Ministerio del Interior. En 1972 nace su hijo Felipe, así bautizado en recuerdo al nombre que usaba en la clandestinidad Humberto Cámara Neto, desaparecido por la dictadura meses antes.
Ese mismo año ingresa en la Compañía de Aguas y Energía Eléctrica de San Pablo y vuelve a mudar a la familia. A esta altura ya formaba parte de Acción Popular Marxista Leninista, (AP) una organización en la que confluyeron militantes de la Juventiud Universitaria Católica y de la Acción Católica Brasileña, entre otras organizaciones, de la que llegó a formar parte José Serra, ex senador y candidato a la presidencia contra Lula da Silva y Dilma Rousseff por el PSDB.
El 23 de febrero de 1974 fue con su mujer y su niño a Río de Janeiro y en una reunión con Eduardo Collier fue apresado por fuerzas de seguridad. Nunca más se supo de él. Felipe, presidente de la OAB desde principios de 2019, tenía dos años, su padre, 26.
Su caso fue investigado por la Comisión de la Verdad que instauró Dilma en 2016. Allí se juntó la información recabada por los familiares de Santa Cruz Oliveira. Cuando acudió a la cita con Collier le dijo a su esposa que si en 18 horas no se sabía nada de él, tomaran precauciones porque lo habrían detenido. Todos coinciden en su militancia contra la dictadura y en que no participaba de la lucha armada.Como prueba alegan que tenia un empleo formal en entidades estatales.
El Ejército negó haberlo detenido, y eso que la madre del joven llegó hasta el ministro de Justicia, Maurício Corrêa, en busca de datos. Los indicios apuntaban a la DOI -CODI (Destacamento de Operaciones de Información -Centro de Operaciones de Defensa Interna), la policía secreta que se ocupaba de las más bárbaras torturas de opositores al régimen militar.
En 2012, Claudio Guerra, un ex comisario represor convertido en pastor evangélico, les contó a Rogério Medeiros y Marcelo Netto detalles de aquellos tenebrosos años en Memorias de una Guerra Sucia. Allí relata que Fernando de Santa Cruz Oliveira y otros nueve presos políticos fueron asesinados y sus cuerpos incinerados en el horno de la Usina de Azúcar Cambayba, del municipio de Campos en Río de Janeiro. De acuerdo al relato de Guerra, el propietario del ingenio, Heli Ribeiro Gomes, que murió en 1992, era un furibundo anticomunista dispuesto a colaborar en cualquier faena que sirviera a su causa.
No es la primera vez que Bolsonaro habla de este caso. En 2011 había afirmado en una charla en la Universidad Federal Fluminense de Río de Janeiro que el padre de Felipe Santa Cruz había muerto borracho durante los festejos del carnaval carioca de 1974.
Tampoco es la primera vez que el presidente de la OAB enfrenta a Bolsonaro, Lo hizo siendo titular de la OAB-Rio en 2016, cuando denunció por apología de la tortura al entonces diputado porque justificó el voto contrario a Dilma en el impeachment recordando al sádico ex director de la DOI-CODI de San Pablo en los años de plomo.
En ese lugar estuvo detenida la todavía presidente de los brasileños cuando en su juventud integró el grupo guerrillero Vanguardia Armada Revolucionaria Palmares (VAR Palmares). Bolsonaro le dedicó su voto a «la memoria del coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, el terror de Dilma Rousseff» y dijo que su voto era por el sí al juicio político «por el ejército de Caxias (en relación a Luís Alves de Lima e Silva, Duque de Caxias, comandante de las tropas imperiales en la guerra de la triple alianza contra el Paraguay de Francisco Solano López) por las Fuerzas Armadas, por Brasil encima de todo e por Dios encima de todo».
Santa Cruz Oliveira Scaletsky también reclamó al Supremo Tribunal de Justicia brasileño por la pinchadura de teléfonos a los abogados de Lula da Silva ordenada por el aún juez Sergio Moro como violatoria de los derechos civiles de acusado y sus defensores.
La ordenanza número 666, que el viernes firmó el ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, permitiría echar del país de Glenn Greenwald, el fundador del sitio The Intercept, que divulgó explosivas conversaciones en la red telegram del entonces juez con el fiscal Deltan Dallagnol, para condenar a Lula da Silva sin pruebas. Pero parece que alguien desconocía en profundidad cómo son las leyes brasileñas y entonces, habida cuenta de que el periodista estadounidense está casado con un ciudadano brasileño y adoptaron hijos, no podría ser expulsado. De manera que ahora el presidente Jair Bolsonaro amenaza con detenerlo,mientras lo trata de «malandra».
«Tal vez acabe entre rejas aquí en Brasil», dijo el mandatario brasileño, citado por O Globo, el medio que más hizo para la detención de Lula y que ahora defiende a ultranza al ejecutor del proceso judicial que le impidió ser candidato a presidente, facilitando así el triunfo del ex capitán del ejército.
Greenwald le recordó al mandatario en un tuit que el titular del ejecutivo no tiene poder para encarcelar a los ciudadanos, y que para poner a alguien a la sombra debe haber pruebas enante un tribunal de que cometió algún delito.
Más aún, le remarcó en esa red social los puntos de la Constitución que no solo garantizan los derechos civiles, sino también el de libertad de prensa que es lo que está amenazado por la embestida de Moro y de Bolsonaro.
Se alguém puder mostrar ao presidente @jairbolsonaro o que a Constituição brasileira garante, acho que seria útil. Eu destaquei as partes mais importantes para ele. pic.twitter.com/6nnvLRT2Nx— Glenn Greenwald (@ggreenwald) July 29, 2019
La controversia surgió desde que el 9 de junio pasado The Intercept publicó chats de Moro con Dallagnol y los fiscales de la Fuerza de Tareas del Lava Jato, la investigación sobre actos de corrupción a través de Petrobras, y fue creciendo desde entonces.
Como dice el propio Greenwald, en un país normal el ministro debería haberse tenido que ir. En realidad, que el juez que condenó al dos veces presidente y candidato con mayor apoyo para volver a la presidencia hubiera sido designado en el gabinete del triunfador de un comicio así amañado debiera haber sido descalificador.
Andando las semanas, otros medios de Brasil, dentro de los que integran el sistema de prensa hegemónico, como Folha de Sao Paulo y Veja, se sumaron a la investigación sobre cientos de miles de chats y fueron desmenuzando lo que es un gran escándalo político-judicial.
De allí la preocupación de Bolsonaro y Moro, porque se revela muy claramente de qué modo se manipuló la causa para involucrar a Lula en hechos delictivos, con el objetivo de detenerlo para impedir que pudiera presentara a la elección en 2018.
La Policía Federal detuvo la semana pasada a cuatro hackers a los que acusó de haber intervenido ilegalmente los celulares de Moro y del propio Bolsonaro. Y aseguran que son los que filtraron las conversaciones a The Intercept. Algo que niegan los periodistas del portal, con el agregado de que nadie negó que las conversaciones hayan existido. Lo que indica el tamaño de la maniobra y además, la prueba.
La persecución contra Greenwlad se conocía desde el mes pasado. Ahora apareció el decreto 666 como la posibilidad sino de expulsarlo, sí de impedirle que regrese el caso de viajar el exterior. El periodista estadounidense viven en Río de Janeiro con el diputado David Miranda.
Fundador del portal que tiene como objetivo publicar información que los gobiernos buscan mantener al margen de la sociedad, Greenwald saltó a la fama cuando encabezó el equipo que entrevistó al analista Edward Snowden, quien denunció la forma en que los servicios de EEUU espían a todo el mundo a través de equipos electrónicos, como celulares. A través de esa producción para el The Guardian, de Gran Bretaña, recibió el premio Pultizer en su país natal.
Las leyes brasileñas protegen de extradiciones y expulsiones del país a ciudadanos extranjeros casados con nacionales. Allí se refugió Ronald Biggs en 1964, luego del robo del siglo, al tren correo que iba de Glasgow a Londres, que dejó un botín de unos 40 millones de libras a los valores actuales. Recién el 2001 aceptó volver a su país de origen, donde murió en 2013, a los 84 años.
La diferencia es que Ronnie Biggs se había casado después de cometer el paradigmático robo. Greenwald lleva 14 años junto a Miranda, diputado carioca por el Partido Socialismo y Libertad (PSOL).Y lo de él no es ningún delito.
No es fácil construir coaliciones de gobierno, como las que están sobre la mesa en España desde el 28 de abril pasado. Porque implican acuerdos programáticos y compromisos políticos basados en la confianza. Algo que nunca pudieron desarrollar en 90 días los líderes del PSOE y de Unidas Podemos y que a esta altura puede hacer opacar la recuperación que había conseguido Pedro Sánchez para el socialismo español. De hecho, la última propuesta tras el fracaso del jueves en la nominación del actual presidente del gobierno español proviene de Izquierda Unida, uno de los partidos que se alió con Podemos, y da por tierra con la posibilidad de coaliciones a la alemana y se conforma con un programa común de centroizquierda y apoyar a Sánchez para no ir nuevamente a elecciones.
Analistas españoles ponen como ejemplo en eldiario.es que la Gran Coalición alemana entre la CDU de Angela Merkel y el SPD de Martín Schultz se consolidó luego de 136 días de arduas negociaciones. Y que ese acuerdo se fraguó en un documento de 177 páginas donde se detalla con pelos y señales el plan de gobierno que la canciller alemana debía poner en marcha desde su investidura.
España construyó tras la Constitución de 1978 un sistema bipartidario entre una centroizquierda (el Partido Socialista Obrero Español, heredero de la agrupación fundada en 1879 por el tipógrafo gallego Pablo Iglesias Possé) y una centroderecha encarnada en el Partido Popular (PP), fundado por otro gallego, Manuel Fraga Iribarne, en 1979.
Hasta que estalló la crisis de 2008 el sistema funcionó relativamente bien. España ingresó en 1985 a la Unión Europea y luego se incorporó al euro, tuvo un crecimiento explosivo de su economía en los ’90 gracias a la expansión de capitales hacia la América Latina neoliberal. Pero la economía se estrelló con la crisis de las hipotecas y paralelamente fueron creciendo las demandas independentistas en Cataluña.
Al mismo tiempo, fueron apareciendo denuncias de corrupción en el sistema político, sin distingos partidarios. Una mezcla letal para el sistema que provocó un desgajamiento de los dos bloques. Así, por derecha surgieron Ciudadanos y más acá en el tiempo, Vox, recogiendo los sectores franquistas aún existentes en la sociedad. Podemos nace también de un desprendimiento del PSOE, por izquierda. El partido de este Pablo Iglesias se unió a Izquierda Unida en Unidas Podemos y sus 42 diputados son claves para sumar ahora a los 123 del PSOE.
La competencia por el público más progresista implica un desafío para Sánchez y sobre todo para la dirigencia más tradicional de su partido, que no quiere cambios tan drásticos en el curso de los hechos. Tampoco la dirigencia empresarial acepta una coalición semejante. Ahora, en vista de que no hubo acuerdo en el reparto de ministerios y de sus incumbencias en el Gabinete de gobierno, el líder de IU, Alberto Garzón, se desmarcó de Iglesias y reclama el apoyo a Sánchez para salvar lo que podría ser el gobierno más izquierdista desde la II República.
Garzón pide que «apueste decididamente por un gobierno de izquierdas (…) en lugar de ceder ante las presiones de los poderes económicos que están trabajando sin descanso para evitarlo». «
Johnson: Trump ya festeja por el Brexit
Un llamado por teléfono y listo. El presidente de EE UU, Donald Trump, y el nuevo primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, acordaron iniciar conversaciones para un acuerdo de libre comercio una vez que tenga lugar el Brexit. El mandatario estadounidense ha descrito a Johnson como «un buen hombre» y «un amigo». Y agregó: «Reino Unido le necesitaba desde hace mucho». El intercambio podría tener un nivel «hasta tres o cinco veces» mayor. Trump señaló que hasta ahora existían «impedimentos» debido a la pertenencia del país a la Unión Europea. Por su parte, Downing Street confirmó la llamada y explicó que trabajan para lograr «un ambicioso acuerdo de libre comercio» una vez que el país abandone el bloque». Ambos mantendrán un encuentro en la ciudad francesa de Biarritz durante la cumbre del G7 en agosto y que durante la conversación han abordado las tensiones con Irán.
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