Ricky Martin, convertido en sorpresivo referente político, logró torcerle el brazo al gobernador de Puerto Rico, Ricardo Roselló, que trató hasta el último minuto de aferrarse al cargo a pesar de las multitudes que poblaron las calles de la isla luego de la difusión de chats denigrantes contra sus opositores y la comunidad LGBT. Y de pronto ese país, que tiene una asociación particular con EE UU, mostró cuáles son las raíces que lo colocan más cerca de América Latina que del norte anglosajón.
Roselló tuvo que renunciar no sólo por usar un lenguaje ofensivo hacia miembros de la sociedad en mensajes de Telegram con sus allegados en la administración del gobierno. El crecimiento explosivo de la deuda externa de Puerto Rico y las denuncias por corrupción y los escándalos con desvío de fondos destinados a reparar los daños producidos por el huracán María, en 2017, ya venían caldeando los ánimos. La estocada final la dieron Martin y los músicos Daddy Yankee, Bad Bunny y René Pérez, de Calle 13, y el actor Benicio del Toro
¿Qué cambiará con la renuncia de Roselló? Para el activista independentista Luis Fidel Escalante Silvestre, «no se espera demasiado bajo el sistema colonial» que impera en la isla. En todo caso, es un golpe muy fuerte contra el Partido Nuevo Progresista (PNP) en el poder. Se trata de una agrupación que aspira a la anexión de Puerto Rico como el estado 51 de la Unión. «Retirar con una marcha popular al gobierno no es un logro menor», reconoce a Tiempo.
Escalante, agricultor en la zona central de la isla, considera que para completar totalmente este giro en la conducción del país, debería poder nominarse a otra persona en la sucesión y no la que corresponde por ley, la actual secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, quien tiene denuncias por encubrimiento de hechos de corrupción.
Pero fundamentalmente lo que resulta imprescindible, según Escalante, es terminar con la Junta de Control Fiscal. Se trata de un organismo creado en tiempos de Barack Obama para gestionar los recursos públicos de manera de pagar la deuda con los bonistas.
«La JCF vigila todas las decisiones del gobierno y actúa imponiendo medidas de austeridad y autorizando privatizaciones para asegurar los pagos», recuerda el dirigente político. La deuda supera los 70 mil millones de dólares, algo así como el 103% del PBI. Entre las empresas privatizadas está la de energía eléctrica.
Como están las cosas, la JCF ejerce una férrea intervención de todos los estamentos de la gestión pública. Si no hay forma de cambiar esto, de nada serviría un cambio de gobernador porque cualquiera que quede en su lugar seguirá las reglas dictadas desde Washington. Lo que para los independentistas es una señal alentadora, y que el anticolonialismo no suele superar el 5% de los votos. Pero la situación es claramente diferente desde que la población le tomó el gusto a las calles para reclamar derechos o mostrar desacuerdos.
El ministro de Justicia brasileño, Sergio Moro, está decidido a sacarse de encima al periodista que publicó los mensajes que revelan las maniobras para condenar sin pruebas y sacar de la carrera presidencial a Lula da Silva. Luego de haberse tomado licencia entre el 15 y el 19 de julio en medio del escándalo por la filtración en el portal The Intercept de sus chat en la red Telegram, el exjuez comenzó una serie de operaciones destinadas a desprestigiar al estadounidense Glenn Greenwald, y hasta a deportarlo bajo alguna acusación ligada el terrorismo o a una supuesta amenaza para la Nación.
La escalada comenzó ni bien Moro regresó de una intempestiva licencia. Primero, el hombre que persiguió y condenó a Lula por presunta corrupción en la causa Lava Jato denunció que habían hackeado su teléfonos celulares, luego se anunció que la Policía Federal había detenido a un par de informáticos a los que acusó de haber filtrado los chats a The Intercept. Finalmente este viernes publicó en el Diario Oficial de la Unión (el Boletín Oficial brasileño) una ordenanza por la cual dispone impedir el ingreso o la deportación sumaria de «personas peligrosas o que hayan practicado actos contrarios a los principios y objetivos dispuestos en la Constitución Federal».
La normativa incluye la repatriación o la cancelación del permiso de estadía a cualquier individuo «peligroso para la seguridad de Brasil». De ese modo califica acciones como terrorismo, asociación criminal armada, tráfico de drogas, personas o armas de fuego, pornografía o explotación sexual infantojuvenil, o barras bravas con historial de violencia en las canchas, entre otros indeseables.
La ofensiva había comenzado unos días antes. El diputado estatal bolsonarista Fernando Francischini pidió la expulsión de Greenwald porque, arguyó, «comete crímenes contra las autoridades del país». Otro legislador, Filipe Barros, reclamó que se le quitara el pasaporte. La congresista Joice Hasselmann fue más dura. «Su hora está llegando», amenazó por Twitter.
Greenwald vive en Río de Janeiro con su pareja, el diputado carioca David Miranda. Premiado con el Pulitzer por la publicación en el británico The Guardian de la denuncia del analista de la CIA, Edward Snowden, acerca del espionaje electrónico global que realizan las agencia estadounidenses, Greenwald fundó The Intercept para facilitar una plataforma donde recibir información sobre acciones que los gobiernos hacen a escondidas de la sociedad.
El caso Lava Jato fue su mayor filtración. Cientos de miles de documentos demuestran el nivel de manipulación para condenar al expresidente brasileño de un modo reñido con un sistema democrático de Moro y del fiscal del caso, Deltan Dallagnol.
Ni bien se conoció la Portaría, como se denomina en portugués, irónicamente la número 666, salieron la palestra quienes percibieron que la orden tenía básicamente un destinatario. «(Moro) quiere que tengamos miedo y que nos preocupemos porque nos están investigando (pero) no tenemos ningún miedo, vamos a continuar publicando porque la Constitución brasileña protege y da garantías a lo que estamos haciendo», dijo Greenwald. Desde EE UU salió en su defensa el Freedom of the Press Foundation, institución creada por Daniel Ellsberg, el exanalista de la Rand Corporation que en 1970 filtró los llamados Papeles del Pentágono, sobre las maniobras de los gobiernos estadounidenses en Vietnam desde 1945 y hasta 1969.
El lunes, el gobierno anunció que habían sido detenidos dos hackers a los que acusó de haber sido los que brindaron la información a Greenwald. El estadounidense negó rotundamente que sus fuentes hayan sido hackers y atribuyó esa información a una operación para desviar la atención. A The Intercept se le sumaron luego Folha de São Paulo y la revista Veja, lo que le da mayor cobertura incluso legal a su trabajo. «
(Foto: AFP)
Lula fue absuelto en otra causa
Poco a poco van cayendo las acusaciones contra Lula da Silva, mientras en todo el mundo crecen los apoyos al expresidente condenado por el actual ministro de Justicia brasileño por su presunta participación en actos de corrupción en la causa Lava Jato.
Esta semana, el juez federal Vallisney de Souza Oliveira, titular del décimo juzgado federal de Brasilia, retiró la acusación de asociación ilícita y lavado de dinero en una investigación por un expediente abierto presuntamente para haber favorecido negocios de la multinacional Odebrecht en Angola a cambio de dinero.
Lula era acusado de asociación ilícita junto con uno de sus sobrinos, Taiguara Rodrigues dos Santos. El estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) otorgó los créditos para financiar las obras públicas en Angola que hizo Odebrecht durante el mandato de Dilma Rousseff.
El magistrado consideró que la Fiscalía no presentó pruebas suficientes para sustentar la acusación contra el exmandatario de lavado de dinero de 20 millones de reales (unos 5,3 millones de dólares).
Lula fue absuelto en julio del año pasado en otro caso en el que se lo acusaba de obstrucción a la Justicia por supuestamente haber querido comprar el silencio del exdirector de Petrobras Néstor Cerveró para evitar que informara sobre la red de corrupción en la petrolera estatal.
Mientras tanto, líderes de partidos progresistas se reunieron en Caracas en el Foro de San Pablo y coincidieron en pedir por la pronta libertad de Lula, a quien consideran un preso político, acusado sin pruebas de delitos que no cometió.
El jefe del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, dijo en un video difundido en el evento que «la prisión de Lula es completamente inaceptable».
Finalmente, Pedro Sánchez se quedó con las ganas de ser investido presidente del Gobierno español y sobrevuela en el país la posibilidad de ir a nuevas elecciones, las cuartas en cuatro años, si no hay arreglo antes del 23 de setiembre. Señal evidente de la crisis política que atraviesa la nación.
Este jueves, el líder del PSOE tenía la oportunidad de ser ungido primer mandatario con sólo obtener la mayoría entre los diputados. A diferencia de la primera votación, el martes, cuando se necesitaba sumar la mitad más uno de la cámara de Diputados, o sea 176, esta vez le alcanzaba con que hubiera tan solo un sí más que los noes.
El fracaso de la negociación para una coalición de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos implicó que la alianza armada en torno a Pablo Iglesias se abstuviera.El resultado final fue 124 votos por Sánchez (123 de PSOE obtenidos en el comicio del 28 de abril) y 1 del Partido Regionalista de Cantabria. Las tres derechas, PP+Ciudadanos+Voz votaron en contra y sumaron 155. Las abstenciones fueron 67. El apoyo de los 42 legisladores de UP hubiera sido suficiente para nominar al joven economista de 47 años, que ocupa el cargo desde junio de 20189, tras el voto de confianza negativo a Mariano Rajoy, esa vez aliado con Podemos.
¿Qué fue lo que falló?
España por primera vez en su historia estaba a las puertas de ingresar en el sistema de coaliciones de gobierno. Hasta ahora, y desde 1978, se había conformado un sistema bipartidario. El que gabana el comicio tenía la cantidad de bancas necesarias como para gobernar el soledad. Ahora hay cinco partidos con fuerza electoral que obliga a coaliciones.
Algo que en Alemania por ejemplo es muy común, esto es, que un grupo de partidos acuerden un programa y se repartan ministerios en torno de ese plan de gestión, no había ocurrido nunca antes en España. En cierto modo, también, con Lula da Silva, el PT había conformado una coalición junto al PMDB y partidos menores. En este caso, siempre el vicepresidente fue del PMDB. Cierto que a la hora de la verdad, la estocada final contra Dilma Rousseff provino de su compañero de fórmula, Michel Temer.
Y quizás este antecedente haya jugado para trabar un acuerdo con UP. La agrupación de Iglesias reclamaba ministerios clave para desarrollar su propia jugada política: Sanidad, Igualdad, Trabajo y Ciencia y Universidades, además de una vicepresidencia. El PSOE había aceptado a última hora entregar Sanidad, Vivienda, Economía Social e Igualdad.
Los últimos debates entre ambos partidos se hicieron a la luz del día y revelaron cada movida como pocas veces se ve en la política. El jueves pasado, Sánchez dijo que no quería cederle la vicepresidencia a Iglesias porque no confiaba en él y porque había diferencias en relación a cómo resolver la situación catalana.
El viernes, Iglesias dijo que en aras de defender la formación de un gobierno de izquierdas daba un paso al costado, aunque mantenía el reclamo de que su agrupación -que incluye a Podemos, Izquierda Unida, En Comú Podem y Galicia En Común- tuviera cargos clave y con competencias en el futuro gabinete. Esto es, que tuvieron un presupuesto que le permitiera hacer políticas públicas y no solamente despachos simbólicos sin ninguna injerencia en el curso de los acontecimientos.
El establishment partidario contra el que lucha internamente Sánchez hace años dejó de ser de izquierda -eso permitió el surgimiento de Podemos, con descontentos del PSOE, al que ven demasiado inclinado a políticas neoliberales- de modo que una coalición con UP abriría un espacio para torcer el rumbo del país hacia políticas de corte socialdemócrata clásicas.
Pero a medida que las diferencias se fueron haciendo públicas, emergieron voces en el PSOE que cuestionaron el reclamo de UP. «Nos han pedido literalmente el gobierno», declaró a la Cadena SER la socialista Carmen Calvo, negociadora por parte de Sánchez. Por el lado de UP el negociador fue el argentino Pablo Echenique. Otro dato es que el asesor político de Iglesias es otro argentino, Pablo Gentili, que también colaboró con el PT en Brasil.
Este nuevo fracaso de la izquierda alienta al llamado «trifachito», integrado por el PP, Ciudadanos y la ultraderecha de Vox.
«Todo ha sido una encarnizada lucha de poder con sus socios de hace 15 años, solo les han importado los cargos y las prebendas de un Gobierno hipertrofiado», definió Pablo Casado, el joven líder del Partido Popular. «El culebrón seguirá este verano porque la banda no se ha puesto de acuerdo en repartirse el botín, en repartirse España», agregó Albert Rivera, fundador de Ciudadanos. «¡Menudo espectáculo ha dado, haciéndoles perder el tiempo, la esperanza y las ganas a todos los ciudadanos! ¡La que nos ha liado su banda!», espetó Santiago Abascal, del neofranquista Vox.
Sánchez ahora tiene hasta el 23 de setiembre para formar gobierno. Si no lo logra, habrá una nueva ronda electoral el 10 de noviembre, con resultado incierto.
La Fiscalía Anticorrupción española pidió la imputación como «persona jurídica» del banco BBVA -el segundo de ese país y cuarto en Argentina, donde hasta hace un mes se presentaba como BBVA Francés- por su presunta implicación en un caso de escuchas ilegales en el marco de una oferta de compra de acciones de la entidad. El caso se inscribe en el marco de un escándalo institucional que ya llevó a la cárcel a un ex comisario de la Policía Judicial que armó una empresa que se encargaba de vigilar y extorsionar a personalidades del mundo económico, judicial y político y que utilizó a la prensa como vehículo para concretar sus objetivos. Cualquier similitud con algún hecho acaecido en Argentina es mera coincidencia.
El ministerio público atribuye a la entidad financiera los delitos de «cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios», según el comunicado del fiscal, presentado ante el juez Juan Manuel Castellón.
El caso se registró desde el 2004, cuando el grupo Sacyr, cuya mayoría accionaria pertenece a la familia Carceller -una de las más ricas de España y con una fortuna en su origen vinculada al franquismo- y que también tuvo acciones en Repsol YPF, había iniciado una Oferta Pública de Adquisición (OPA) hostil para ingresar al BBVA, una banca cuyos orígenes se remontan a 1857 en Bilbao.
Se denomina «OPA hostil» a una oferta a precio superior al de la bolsa para la compra de la mayoría accionaria de una sociedad, y que se realiza cuando los inversores estiman que el valor bursátil está por debajo del valor de mercado de sus activos.Es hostil porque desafía la voluntad de sus directivos, que en estos casos recomiendan oexigen desistir de la venta para no perder el control de la compañía.
Es lo que ocurrió en este caso. Hasta el 2017 hubo una disputa por el interés de Sacyr en tomar el control de BBVA. Los directivos del banco rechazaban la OPA y según la presentación de la fiscalía, aplicaron todas las medidas lícitas para hacerlo, pero también muchas medidas no tan limpias. Entre ellas, haber contratado a la mercantil CENYT, empresa en la que participaba el ex comisario José Manuel Villarejo, para que hiciera «servicios de inteligencia e investigación de carácter patrimonial e ilícito» destinados a bloquear la transacción.
Villarejo tiene 67 años y fue en su momento el policía estrella de la democracia española. Participó en la lucha contra la ETA y recibió la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco hasta que pasó a la actividad privada en 1983 cuando integraba el equipo de Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior de Madrid . Desde entonces llegó a acumular una fortuna como titular de al menos 46 empresas, entre las que destaca una agencia de detectives y un bufete de abogados.
En 1993, de acuerdo a los registros oficiales, ingresó como agente encubierto de la Secretaría de Estado de Interior. Desde allí trabó relación con jueces y periodistas y a su accionar se debe la revelación de muchos de los escándalos políticos más grandes de España, pero también las mayores operaciones de prensa contra opositores al régimen en lo que se dio en llamar «las cloacas del Estado».Hay que decir que trabajó para ministros de Interior de gobiernos del PSOE tanto como del PP, que en eso nadie hizo distingos.
Cuando cayó en desgracia, en 2017, no dudo en filtrar chanchullos del rey Juan Carlos que finalmente lo desacreditaron de tal forma que se vio obligado a abdicar. El 3 de noviembre de ese año, Villarejo fue detenido tras una denuncia conveniente anónima que resultó ser de un ex agente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el servicio de espionaje español.
Durante años, el empresario-expolicía grabó sus conversaciones con dirigentes políticos, autoridades judiciales y empresarios y las usó para chantajearlos. Según una de sus víctimas, la ministra de Justicia del actual gobierno, Dolores Delgado, acumuló el equivalente a «tres meses de emisiones de radio ininterrumpidas».
El BBVA, al decir de la fiscalía, habría contratado a Villarejo para espiar a inversores, periodistas y dirigentes políticos con la intención de impedir que Sacyr cumpliera su propósito de quedarse con el banco. Lo que fue logrado, aunque entre otras razones porque la propia Sacyr fue afectada por la crisis económica y tuvo que renegociar su propia deuda.
En enero, BBVA abrió una investigación interna y aseguró que «no se ha encontrado ninguna documentación que refleje el seguimiento e intervención de comunicaciones privadas». Pero el escándalo fue creciendo y a principios de julio nueve directivos del banco resultaron imputados por los delitos de «cohecho activo y revelación de secretos» .
Francisco González -presidente de la entidad entre 2000 y 2018, tras la fusión del Banco Bilbao Vizcaya con Argentaria, la caja estatal privatizada en 1996, que dio lugar al actual BBVA- tuvo que renunciar a principios de 2019 de todos sus cargos, incluidos los honoríficos, para no comprometer más a la imagen del banco.
Pero ahora el BBVA es imputado por la fiscalía como persona jurídica. Habrá que ver qué decide el juez.
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