Argentina votó junto con Brasil, Chile, Colombia, Uruguay y Paraguay una resolución de Naciones Unidas que condena violaciones a los derechos humanos en Venezuela, lo que despertó agrias críticas de sectores del oficialismo que entienden que hubo un renunciamiento del gobierno al adherir a una postura del Grupo de Lima que abre las puertas al injerencismo de Estados Unidos en la región. Más aún, lamentan que el representante argentino en Ginebra no haya abstenido, como hizo el de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el aliado regional del presidente Alberto Fernández.
Los medios hegemónicos interpretaron prontamente que la Cancillería daba un giro en relación con las declaraciones del embajador argentino ante la OEA, Carlos Raimundi, quién había indicado que el país caribeño viene de sufrir un “fuerte asedio de intervencionismo” y que cualquier interpretación sobre hechos ocurridos dentro de Venezuela está sesgada. Por las presiones que ejerce el Departamento de Estado y sus aliados de la derecha regionales.
En la mañana de este martes hubo dos votaciones. Una por la que la Oficina de la Alta Comisionada por los DDHH de la ONU, la expresidenta chilena Michelle Bachelet y Caracas aceptaban el compromiso de “estrechar la cooperación técnica en el campo de los Derechos Humanos” con el gobierno bolivariano.
El titular de Relaciones Exteriores de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, aplaudió en una serie de tuits el apoyo a tal iniciativa. Argentina, en esa ocasión, se abstuvo de votar y rechazaron el planteo Brasil, Chile, Perú, Uruguay, Ucrania y las Islas Marshall. El comité de Ginebra está compuesto por 47 países miembro. A favor del proyecto votaron México y Venezuela.
En principio, la votación relacionada con el informe Bachelet sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela iba a ser este miércoles, pero repentinamente se adelantó, quizás por eso de machacar en caliente. Y ahí Argentina se volvió a diferenciar de México y se unió al club de los países que solo buscan sacar del poder a Maduro y hasta dieron señales, en tiempos de Mauricio Macri – uno de los fundadores del Grupo de Lima- de que no tendrían problemas que fuera mediante una intervención armada.
Esa votación terminó en un empate, con 22 votos a favor del informe y 22 abstenciones. Hubo tres votos en contra: Venezuela, Filipinas y Eritrea. Las criticas se dispararon entre los medios más cercanos al gobierno de Fernández-Fernández y militantes del FdT.
Alicia Castro, embajadora designada en Rusia y representante de la Internacional Progresista, fue una de las primeras en tuitear contra la decisión.
José Campagnoli, legislador porteño y ligado también a esa corriente, escribió a su turno en términos similares, agregando un dato: la Doctrina Drago, por el canciller de Julio Roca, Luis María Drago, dictaminó a principios de siglo XX que un país no podía intervenir militarmente contra otro para el pago de una deuda.
La Doctrina Drago surge en 1902, a raíz de un bloqueo naval establecido por el Reino Unido, el reino de Italia y el Imperio Alemán para cobrar la deuda externa del gobierno venezolano de entonces. Por extensión, esa doctrina, luego incorporada a las ideas de Carlos Calvo, implica que no puede haber intervención hasta no agotar las negociaciones pacíficas para resolver controversias.
Por la tarde, un documento de partidos, movimientos, organizaciones y miembros del Frente de Todos emitieron un documento en el que manifiestan su “profundo desacuerdo con la postura de nuestra Cancillería de acompañar la resolución impulsada por el Grupo de Lima en el Consejo de DD.HH. de la ONU que condena a la República Bolivariana de Venezuela”.
Y agregan: “No es alineándose con los intereses de EE.UU. como se resolverán los problemas de Venezuela. (…) Los problemas de Venezuela no se resuelven con bloqueos ni condenas sino con cooperación y asistencia recíproca.
Firman Compromiso Federal, Proyecto Sur, Manifiesto Argentino, Espacio Puebla, Forja, Partido Intransigente, Partido Comunista y Partido Comunista CE.
El informe Bachelet señala falta de independencia de los poderes públicos y el sistema de justicia, abusos y violencia vinculados a la actividad minera. Si bien reconoció que las sanciones agravan la situación general del país, el documento de Bachelet dice que las instituciones “están erosionadas”.
Precisamente a este acoso al que es sometido el país se refería Raimundi en su planteo de rechazo al informe, al que atribuye parcialidad porque no toma en cuenta las continuas amenazas y el bloqueo económico instaurado por Estados Unidos ya desde la presidencia de Barack Obama.
Hace 15 días, Bachelet sin embargo, reconoció avances en la “revisión de protocolos policiales sobre el uso de la fuerza” y en la determinación de los factores que influyen en el hacinamiento de los centros de detención preventiva. Y destacó el compromiso de la Fiscalía General en “avanzar en la investigación de 58 presuntas ejecuciones extrajudiciales por fuerzas de seguridad y 35 causas de muertes documentadas por la oficina de la ONU durante las protestas. Al mismo tiempo, celebró el pase a arresto domiciliario al líder opositor Juan Requesens y el indulto de 110 personas.
El gobierno venezolano, además de la crisis económica derivada del bloqueo y del enfrentamiento con una oposición que no acepta negociar sino que tienen como único objetivo el cambio de régimen, apuesta todas las fichas a la elección legislativa del 6 de diciembre.
Justamente un 6 de diciembre de 2015 el chavismo sufrió una fuerte derrota en los comicios parlamentarios que dejó la Asamblea Nacional en manos de la oposición. Desde entonces se agudizó el enfrentamiento al punto que la AN desconoce la presidencia de Maduro, no acepta el resultado de las presidenciales de 2018 y, siguiendo la estrategia del Departamento de Estado, en febrero de 2019 votó como presidente interino al diputado Juan Guaidó.
Las presiones del gobierno de Donald Trump dieron como resultado el reconocimiento de 54 países a Guaidó. Entre ellos la Argentina de Macri. El cambio de presidente hacía prever alguna diferencia, pero de ambos países siguen sin designar embajadores. Y el país se mantiene dentro del Grupo de Lima, cuyo único objetivo es destituyente.
Pero a los fines prácticos, las riendas del poder dentro de Venezuela las tiene Maduro. Sin embargo, EEUU incautó reservas y los ingresos de la petrolera PDVSA en ese país le fueron entregados a la gente de Guaidó.
Hubo una demanda en tribunales británicos por las reservas de oro en el Banco de Inglaterra que un tribunal había reconocido a Guaidó, bajo el argumento de que si Londres lo reconocía, un magistrado no podía hacer otra cosa que seguir ese camino.
Este lunes, empero, una Corte de Apelación londinense dio lugar al reclamo del gobierno venezolano para acceder a los fondos depositados allí, que suman unos 1200 millones de dólares. Cierto que aún no puede retirar el precioso mineral, llevado en tiempos de Hugo Chávez para proteger las reservas monetarias del país, irónicamente. Pero en Caracas celebraron el desliz contra los socios de Guaidó.
En cuanto a las legislativas, la Unión Europea -en esto siempre de la mano de Washington- pretende que el gobierno posponga las elecciones, mientras que la oposición más dura ya dijo que no se presentará, cosa de deslegitimar el resultado. Aducen que no hay garantías, pero no se quieren sentar a negociar. La postura de la Casa Blanca es que no se presenten y Guaidó, que de otra manera no podría sostenerse, aceptó esa estrategia. El problema que su única opción para mantener el cargo de presidente interino pasa por ser diputado.
Ya pasó que en enero pasado el diputado Luis Parra resultó electo como presidente de la AN por los legisladores presentes, lo que implicaba al “destitución” del pollo de Trump. Pero la movida para que se permitiera la votación a distancia de diputados en el exilio fue clave para cambiar las cosas.
En el fondo, lo que todos estos manejos demuestran es la poca voluntad de solucionar la crisis política en una mesa de negociaciones, cosa que ya había sucedido en reiteradas ocasiones con una ronda de diálogo dirigida por el ex presidente del Gobierno español José Luis Zapatero.
Con una fuerte señal favorable a las políticas neoliberales del gobierno de Jair Bolsonaro, el Supremo Tribunal de Federal de Brasil (STF) avaló la venta de ocho de las once refinerías de Petrobrás sin autorización del Congreso. La decisión de permitir la enajenación de las joyas más valiosas de la abuela sin ningún control parlamentario ocurre en coincidencia con los 67 años de la fundación de la petrolera estatal, el 3 de octubre de 1953, lo que generó el rechazo de sindicatos y dirigentes que llamaron a un abrazo a la sede de la empresa en el Día Nacional de la Lucha en Defensa del Pueblo Brasileño. Los expresidentes Lula da Silva, Dilma Rousseff y diputados federales de las bancadas del PT, del partido PSol y del PC do Brasil junto con el presidente de la Conferencia Nacional de Obispos (CNNBB) Walmor Oliveira de Azevedo, se hicieron presentes de manera virtual.
El Plenario del STF falló este jueves en un reclamo de legisladores que cuestionaron la creación de subsidiarias de Petrobras encaradas por el Ministerio de Economía, a cargo del Chicago Boy Paulo Guedes, como un subterfugio para ir desmembrando a la empresa que supo estar entre las “top five” del mundo en exploración y explotación de crudo hace menos de diez años. Fue en aquellos tiempos en que había invertido miles de millones de dólares hasta encontrar petróleo debajo de una gruesa capa de sal en el Océano Atlántico.
El yacimiento conocido como Presal, una prospección que abandonó Shell porque se necesitaban ingentes recursos para llegar al núcleo de donde mana el oro negro, colocó a Brasil en el selecto club de países productores, algo impensado hasta ese momento. El hallazgo se confirmó en 2003, justo cuando Lula da Silva inauguraba su primer mandato. El mandatario dijo entonces que ese filón podía pavimentar el camino hacia la “segunda independencia de Brasil”.
El Presal es un enorme yacimiento debajo de una capa de 2000 metros de sal, frente a las costas de Rio de Janeiro, Espíritu Santo, San Pablo, Paraná y Santa Catarina, con un estimado de reservas de 273 mil millones de barriles. Equivalentes al consumo total del planeta durante cinco años.
Una fortuna semejante despertó la codicia de las principales multinacionales y de los estrategas del departamento de Estado. El primer paso fue cuando en abril de 2008 se anunció la reactivación de la Cuarta Flota Naval de EE UU. Creada en 1943 para controlar el tráfico marítimo en el Caribe y los mares adyacentes a América central y Sudamérica durante la Segunda Guerra Mundial, había sido disuelta en 1950.
No era solo por el petróleo brasileño que se esparcía la amenaza naval, por cierto. El caso es que el gobierno de Lula sancionó en 2010 la llamada Ley de Partilha (de Reparto), que obligaba a que Petrobras tuviera una participación mínima del 30% en cada área de explotación del Presal. El 70% restante podría contratarse directamente con la empresa estatal o licitar por empresas nacionales o extranjeras.
Lo interesante era que las regalías aumentaban al 15% del valor del petróleo extraído, la obligación de utilizar en las plataformas y maquinaria utilizada productos hechos en Brasil y a que parte de las ganancias conformaran un Fondo Social para programas de educación y salud, con preeminencia en los estados costeros al yacimiento.
La sucesora de Lula, Dilma Rousseff, había sido ministra de Minas y Energía y, por lo tanto, integraba el directorio de Petrobras. En 2013, la codicia de la Casa Blanca era tal que el entonces vicepresidente, Joe Biden, actual candidato a la presidencia, visitó Brasil para hablar de petróleo. Fue sospechosa su reunión en privado con Michel Temer, quien tres años más tarde reemplazaría a Dilma en un golpe blanco, reformularía la ley de Presal en favor del “mercado” y comenzaría el descuartizamiento que ahora quiere culminar Bolsonaro.
Biden no iba con las manos vacías, es de creer que traía una carpeta con información secreta sobre manejos presuntamente turbios en Petrobras. Es fácil deducirlo porque para las mismas semanas, en Hong Kong el analista de la CIA Edward Snowden denunciaba el fabuloso sistema de espionaje informático a través de la agencia NSA. Y entre los espiados, el ahora exiliado en Rusia apuntó a líderes mundiales pero especialmente a Petrobras y la presidenta Rousseff. El escándalo pegó lo suficiente como para que Dilma rehusara la visita que ya tenía programada a Washington y dejara pagando al presidente Barack Obama.
El golpe contra Dilma, destituida el 31 de agosto de 2016, tenía olor a petróleo, como el suicidio de Getúlio Vargas, el 24 de agosto de 1954 “Quise crear la libertad nacional en la potencialización de nuestras riquezas a través de Petrobras, mal comienza esta a funcionar cuando la ola de agitación crece. Eletrobras fue obstaculizada hasta el desespero. No quieren que el pueblo sea independiente”, escribió en su carta póstuma el fundador de las dos estatales. La privatización de la compañía de electricidad sigue estancada en el Congreso, pero este dictamen de la Corte abre las puertas a avanzar pese a los legisladores. Ambas son firmas semi estatales desde los años 90 La privatización de la compañía de electricidad sigue estancada en el Congreso, pero este dictamen de la Corte abre las puertas a avanzar pese a los legisladores. Ambas son firmas semi estatales desde los años 90.
Que desilusión para los dueños de automóviles Audi -un vehículo ideal para presumir de status social- enterarse de que en sus entrañas venía con un software creado para truchar emisiones de gases y así burlar las reglamentaciones europeas y estadounidenses para motores Diesel. Este miércoles, un tribunal de Munich, en el barrio de Satdelheim, comenzó a juzgar a los responsables máximos de la maniobra, Rupert Stadler, ex presidente de la compañía, el ex director de Porsche -la principal accionista del grupo Volkswagen, matriz de estas firmas- Wolfgang Hatz, y dos ingenieros. El proceso, que arranca desde que se dieron a conocer las primeras denuncias, en 2015, posiblemente termine, adelantan los magistrados, en 2022. El bolillero de condenas, se especula, llegaría hasta un máximo de cinco años para Stadler. Pero el lodo que el caso le deja a las marcas será más difícil de dimensionar.
Son malas épocas para Volkswagen, la empresa nacida en los años del nazismo en base al revolucionario diseño del ingeniero Ferdinand Porsche de un auto popular, que eso significa el nombre. El archiconocido Escarabajo presentado por primera vez por Adolf Hitler en persona. A este escándalo del mayor fabricante de autos de Europa, que logró aglutinar con las años las marcas más significativas del continente, se le suman causas en Brasil por haber colaborado con la dictadura militar (1964-1985) “entregando” a trabajadores y delegados a los represores.
Para evitar males mayores, la empresa llegó la semana pasada a un acuerdo con familiares de trabajadores torturados o asesinados en aquellos años de plomo y pagará indemnizaciones por unos 6,4 millones de dólares. «Lamentamos los atropellos contra los derechos humanos del pasado. Para Volkswagen, es importante asumir la responsabilidad de ese capítulo negativo en la historia de Brasil y promover la transparencia», explicó Hiltrud Werner, directiva de la multinacional.
Hay un adicional algo menor para obreros que sufrieron represalias y sus familias y para la construcción de un memorial para recordar a las víctimas de la dictadura. Se trata de una decisión que se contrapone con los mensajes que llegan en este momento desde la jefatura de gobierno brasileño, donde el excapitán del Ejército Jair Bolsonaro no se cansa de repetir que la dictadura se quedó corta y tendría que haber eliminado a muchos más de los cerca de 500 ciudadanos desaparecidos.
A principios de mes, por otro lado, Volkswagen había puesto punto final a su relación contractual con una distribuidora de sus automóviles en Coyoacán, México, que había decorado sus oficinas centrales con una vieja fotografía de un Escarabajo flanqueado por soldados nazis y cruces esvásticas. La compañía señaló que las imágenes muestran «un régimen que enfatizó el odio y la discriminación» y «son completamente ajenas a la imagen corporativa».
La empresa, además, deberá retirar del mercado para reparaciones unas 200.000 unidades de la pick-up Amarok -otra joya que da prestigio al usuario- luego de haberse detectado problemas en la fijación de la rueda de auxilio. El inconveniente apareció en una camioneta que sufrió un accidente en Argentina.
Diferente es la situación en torno al software trucho. Una investigación de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) detectó hace 5 años que diversos vehículos incumplían con los estándares exigidos para poder ser vendidos en ese país. El problema era que las unidades venían con un software que en teoría demostraba la pureza de sus emisiones.
El programita había sido desarrollado en 2007 para pasar los controles de la EPA. En 2014 el organismo detectó que las emisiones reales eran hasta 40 veces mayores que las autorizadas. En setiembre de 2015 la EPA acusó a Volkswagen de haber violado las reglamentaciones mediante un dispositivo para engañar a los controles. Unos días más tarde, el presidente de la empresa, Martin Winterkorn admite que unos 11 millones de unidades en todo el mundo tenían el dispositivo fraudulento, asume la responsabilidad del hecho y renuncia. Volkswagen, en consecuencia, llama a revisión a los dueños de todos esos autos.
El escándalo crece en Europa y otros fabricantes, como BMW, reconocen haber utilizado el dispositivo, aunque dicen que no sabían anda del fraude. Bosch, la compañía que lo fabrica, acepta en 2017 pagar 300 millones de dólares de multa en EEUU, pero sin reconocer su culpabilidad. En junio de 2018 Volkswagen paga 1000 millones de euros de multa en Alemania. Otro tanto hace Audi en octubre. Poco tiempo después también hace un arreglo extrajudiciales Fiat Chrysler en el marco de lo que se conoce como Dieselgate. Hace 15 días, Daimler, fabricante de Mercedes Benz, paga 2.200 millones de dólares en EEUU para cerrar el caso.
Siempre el directorio de Volkswagen alegó que no estaban enterados de lo que había sucedido con el software trucho. Juran que los procedimientos de la empresa son transparentes y que si hubo alguna irregularidad ha sido obra de sus empleados. En alguna medida es el mismo argumento de Stadler y Winterkorn, pero ellos eran los ejecutivos a la cabeza del grupo industrial, de modo que les caben las responsabilidades judiciales por el fraude. La fiscalía entiende que no podían no saber que el software había sido creado para disfrazar las emisiones.
Los ingenieros de Audi, recuerda un artículo del The New York Times, que desnudó el caso, se enfrentaban al problema de que la tecnología para cumplir con los estándares ambientales estadounidenses elevaba el nivel sonoro que los motores diesel de un modo francamente intolerable para el propietario de un auto de alta gama como ese.
El software no fue diseñado para detectar las emisiones, sino si el auto estaba sometido a pruebas de emisiones. Y solo entonces ponía en marcha el ruidoso control de emisiones. ¿Cómo se daba cuenta de que estaba siendo probado? Muy sencillo, porque normalmente en esas condiciones el pedal del acelerador era sometido a mayor presión en forma constante estando el móvil detenido.
Un correo electrónico fatal llegó a manos de los investigadores. Uno de los ingenieros a cargo del desarrollo escribió a su jefe: “no lo lograremos sin algunos trucos sucios”. En esta movida había técnicos de Volkswagen, Audi y Bosch.
En EEUU varios directivos de las filiales locales sufrieron condenas de prisión pero decidieron colaborar para reducir el tiempo entre rejas. En Alemania, Stadler y Hatz se sientan en el banquillo de los acusados. Junto a ellos el jefe de Termodinámica de Audi, Zaccheo Giovanni Pamio, y otro ingeniero identificado solo como Henning L. según el TNYT. Winterkorn pasará por tribunales el los próximos meses.
La disolución de la Unión Soviética dejó un tendal de tensiones entre las naciones que se establecieron desde 1991 solo comparables al lodazal que dejó la desaparición del Imperio Otomano, en la primera guerra mundial. Y en esos mismos territorios regresó un conflicto de difícil resolución pero imprevisibles consecuencias entre Armenia y Azerbaiyán. Estos nuevos enfrentamientos por Nagorno Karabaj encuentran a esa región bastante estresada por la situación en Siria, Palestina, Ucrania y Bielorrusia, de modo que la intervención de Turquía y Rusia era casi forzosa y así lo hicieron saber Vladimir Putin y Recep Tayyip Erdogan. Los últimos informes de situación incluyen cerca de 90 muertos en los enfrentamientos, que se agudizaron desde este domingo. El secretario de la ONU, los jefes de estado de la UE y presidentes de varias naciones instaron a una mesa de diálogo para evitar un baño de sangre.
El enclave de Nagorno Karabaj, situado dentro de territorio que la URSS había atribuido en 1921 a Azerbaiyán, tiene población mayoritariamente armenia. En el contexto de una federación multinacional como la URSS, eso podía no representar un problema insoluble. Lo mismo había ocurrido allá por la segunda mitad del siglo XX cuando Crimea -que había pertenecido al imperio zarista- fue incorporada a la República Soviética de Ucrania por el entonces secretario general del PCUS, Nikita Kruschov.
Pero en a la caída de la URSS la situación cambió radicalmente al sur del Cáucaso. Tanto Armenia como Azerbaiyán se declararon independientes de la Federación Rusa, la sucesora de la URSS. Ni qué decir desde el golpe contra Viktor Yanukovich en Kiev en 2014. Pero ese es tema de otra entrada.
Los armenios, cristianos desde el siglo IV, chocaron con los azeríes, musulmanes chiitas. El problema no es esencialmente religioso, pero la fe también influye. En 1988 los armenios de Nagorno Karabaj se declararon independientes de Azerbaiyán. El conflicto estalló a pleno en 1991 y duró hasta 1994, cuando se firmó un alto el fuego luego de combates feroces que dejaron algo así como 30.000 muertos. A esa altura, Bakú -la capital azerí- había perdido el control del enclave y de siete distritos adyacentes.
Autodenominada Republica de Artsaj, esa región de 11.300 kilómetros cuadrados y poco menos de 140 mil habitantes no es reconocida oficialmente sino por tres estados que, a su vez, tampoco tienen reconocimiento internacional, como Abjasia, Osetia del Sur y Transnistria. En 2006 se votó en referéndum una Constitución. El actual presidente es Arayik Harutyunyan. El enclave tiene solo un punto de cercanía con Armenia, la franja de Lachin, ahora en estado de ebullición.
El primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, mantiene frecuentes contactos con Putin, ahora intensificados por el recrudecimiento de las tensiones. El otro actor regional, Erdogan, tiene a su vez línea directa con el presidente azerí, Ilham Aliyev.
La enemistad entre turcos y armenios proviene desde el genocidio de 1915, cuando más de un millón de armenios fueron asesinados por tropas otomanas. Turquía nunca quiso reconocer su responsabilidad en la masacre. Alega que la República de Turquía fue creada en 1923, y no es responsable de aquellos actos.
Pero en esta ocasión, Erdogan apoya sin dubitaciones a Azerbaiyán. «Llegó la hora de que esta crisis que comenzó con la ocupación de Nagorno Karabaj llegue a su fin. Cuando Armenia haya abandonado el territorio que ocupa, la región reencontrará la paz y la armonía», declaró el mandatario turco el mismo domingo.
Putín, sin embargo, si bien mostró su apoyo a Ereván, fue más cauto en sus declaraciones. Y anunció una conversación telefónica con Erdogan para pacificar los ánimos en la región, de por si ya bastante convulsionada. Nadie quiere repetir los encontronazos de 2016, cuando se registraron al menos 100 muertos en ambos bandos,
Putin viene impulsando la Unión Económica Euroasiática desde hace cinco años. Por ahora esta unión regional de comercio agrupa a Rusia, Armenia, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán, pero la puerta ya está abierta para el ingreso de Moldavia, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán y Siria. Turquía, siempre con el deseo -insatisfecho quizás para siempre- de integrar la Unión Europea, no se quiere perder el tren de la UEE. Pero enfrenta el rechazo de Armenia. Este nuevo choque por Nagorno Karabaj no ayuda a esa definición.
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