Luego de unas tres horas de debates, la Unión Europea (UE) desconoció la elección presidencial desarrollada en Bielorrusia y amenazó con sanciones contra los dirigentes del gobierno de Alexandre Lukashenko. La situación en ese país se tensa cada vez más luego de los comicios realizados el 9 de agosto, en los que según las cifras oficiales el presidente, que lleva 26 años en el poder, ganó por 80%. Varias manifestaciones opositoras fueron reprimidas por fuerzas policiales en un contexto delicado para la estabilidad regional: si bien Lukashenko suele mostrar relaciones ambivalentes con Moscú, para Vladimir Putin la caída de ese gobierno puede dejar al país en manos de grupos más cercanos a Occidente en una nación de lazos indisolubles con Rusia. Con el agregado de que sería un nuevo avance sobre territorios de la antigua Unión Soviética que amenazan la seguridad de la Federación Rusa.
Para gran marte de los analistas de la región, el Kremlin teme un nuevo Maidán, por el movimiento que en 2014 terminó por voltear al presidente Viktor Yanukovich en Ucrania en 2014. Pero marcan también alguna diferencia notable: Bielorrusia es un país hermanado con los rusos donde no hay un sentimiento rusófobo.
En Ucrania, hay un sector de la población que rechazó a la URSS desde sus inicios a tal punto que apoyaron sin dudar la invasión nazi. Herederos de esos sectores dieron el golpe que llevó al poder a fuerzas neofascistas que contaron con apoyo de la UE, la OTAN y EEUU. Así se puede entender la recuperación de Crimea por parte de Moscú y el levantamiento del oriente ucraniano prorruso -Donbass y Lugansk- contra el gobierno de Kiev.
Es evidente el interés de esos mismos actores que intervinieron en Ucrania para tomar posiciones en Bielorrusia. Y también la preocupación de Putin, que no quiere un dolor de cabeza en sus fronteras.
Las relaciones entre Moscú y Minsk, con sus vaivenes, son sólidas, aunque Lukashenko se ganó algún que otro tiró de orejas por mantener cierta ambigüedad en su intento por abrirse a Occidente.
Desde su primer gobierno, en 1994, el mandatario ganó por casi unanimidad. Bielorrusia mantiene instituciones y hasta ritos de la ex URSS. Incluso las empresas públicas en manos del estado. Con Rusia integra una unidad que no llega a la anexión pero a nadie escapa que tiene pocas posibilidades de existencia a no ser por el intercambio con la potencia que comanda Putin.
En las elecciones del 9 de agosto, Lukashenko ganó por 80% de los votos y quedó en segundo lugar Svletlana Tihanóvskaia, actualmente refugiada en Lituania, según sus partidarios, obligada por las amenazas de la KGB bielorrusa. Aunque parezca insólito, con este resultado no son pocos los que ven una merma en el apoyo a Lukashenko que facilita el cuestionamiento a su legitimidad.
Al darse a conocer el resultado, la oposición logró imponer el discurso de que hubo un fraude fenomenal, al que se prendieron los medios internacionales y especialmente en Europa, que mira con cierta apetencia la posibilidad de ensanchar sus propias fronteras.
Hubo marchas que fueron reprimidas con dureza por las autoridades, lo que aumentó el descrédito del gobierno. Allí es donde se cuela la imagen de lo que ocurrió en Kiev, donde Yanukovich vio licuarse su poder a medida que aumentaban las manifestaciones y las fuerzas policiales comenzaban a actuar.
Lukashenko, en tanto, mantuvo conversaciones con Putin para asegurarse de ese delicado flanco de apoyo. «Acordamos que, de solicitarlo, brindará ayuda para garantizar la seguridad de la República de Bielorrusia», dijo Lukashenko a la agencia oficial de noticias bielorrusa BelTA. Desde la capital rusa, se informó que confían en una pronta solución a la crisis política.
Desde España, a su vez, el Partido Comunista local advirtió que la situación en Bielorrusia obedece a “un viejo plan de Washington y Bruselas para desestabilizar el país” con el apoyo de Polonia, Lituania y Chequia, “enarbolando la supuesta defensa de la libertad y la democracia que han utilizado, a conveniencia, en otras ocasiones”.
Desde 1991 varias naciones dejaron de formar parte de la Federación Rusa, continuadora de la URSS. Entre ellas destacan Georgia, Ucrania, Kirguistán, Moldavia y Kazajistán. Estratégicamente para la OTAN sería una buena noticia poner una pica en Bielorrusia, ese pequeño territorio de poco más de 200.000 kilómetros cuadrados entre Ucrania, Polonia, Lituania y recostada sobre el margen occidental de Rusia.
Lukashenko cambió su gabinete, se reunió con autoridades rusas para analizar los pasos a seguir y afirma que no renunciará ni llamará a nuevos comicios. “No puede haber 80% de falsificaciones”, argumentó, para agregar que “incluso cuando esté muerto, no permitiré entregarles el país” a los grupos que, según él, siguen directivas de occidente.
Un comunicado conjunto señala que los primeros ministros ruso y bielorruso «Mijaíl Mishustin y Román Golóvchenko discutieron tareas específicas relacionadas con el aumento de la cooperación comercial y económica ruso-bielorrusa y la profundización de la cooperación en la energía, la industria y otras esferas».
Una cumbre extraordinaria de la UE en Bruselas rechazó este miércoles el resultado de las elecciones y prometió sanciones a los dirigentes de Minsk, a los que acusa de “violencia, represión y fraude electoral”.
Poco antes del encuentro en Bruselas, Svetlana Tijanovskaia, joven lideresa opositora de 37 años, había llamado a los europeos a rechazar el resultado «falsificado» de las elecciones presidenciales. «La gente que salió a defender su voto en las calles de sus ciudades en toda Bielorrusia fue brutalmente golpeada, arrestada y torturada por el régimen, que se aferra desesperadamente al poder», destacó.
Un día antes, la UE había reclamado a Putin que presionara a Lukashenko para abrir canales de diálogo con la oposición. La canciller alemana, Angela Merkel se quejó de que el líder bielorruso no le había querido atender el teléfono.
El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Seguei Lavrov, fue el que catalogó la situación de un modo más abarcativo. “Los europeos quieren inmiscuirse para promover sus intereses geopolíticos en la disputa por el espacio post- soviético”.
Rafael Correa apeló a la estrategia de Cristina Fernández de Kirchner y anunció que se presentará a elecciones en una fórmula en la que será vicepresidente del joven economista Andrés Arauz. Ni bien se supo la novedad, desde los cuarteles anti correístas y las granjas de trollls que apoyan al gobierno de Lenin Moreno salieron a ningunear al postulante a la presidencia de Ecuador. Aráuz, de 35 años, con una licenciatura en la Universidad de Michigan, prepara su tesis doctoral en la UNAM y una maestría en FLACSO, fue Subsecretario de Planificación y Desarrollo y Director General del Banco de Ecuador y ministro de Conocimiento y Talento Humano, y respondió con ironía desde su cuenta de Twitter.
Desde sectores menos vinculados a la pulla y el brulote fácil, recordaron que Correa vive en Bruselas desde 2017, lo que podría conspirar contra su pretensión de candidatearse, según las normativas vigentes. Además, perseguido por el mandatario que ayudó a ungir desde su agrupación política, tiene una condena a 8 años por cohecho en un proceso en que fue juzgado en ausencia y está a la espera del fallo final del Tribunal de Casación.
Correa fue de los primeros en denunciar -y padecer- el proceso de lawfare contra líderes progresistas latinoamericanos y ahora intenta revertir las políticas neoliberales instauradas por Moreno sumando su caudal de votos al de Arauz, de 35 años, en el llamado frente Unión por la Esperanza (UNES), una coalición de partidos políticos y movimientos sociales.
Queda por resolver la cuestión de la condena contra Correa y su residencia para ver hasta donde avanza la postulación para un cargo que se votará en febrero del año que viene y para el que hay otras diez candidaturas de todos los sectores. Además, hay otro caso en que fue involucrado, una causa por la supuesta captura de un opositor a su gobierno en territorio colombiano en 2012.
Araúz había sido incorporado este domingo al Grupo de Puebla, el colectivo de líderes progresistas latinoamericanos que integra también Alberto Fernández. Correa lo definió como «un hombre de mi máxima confianza, muy radical y pragmático». En una transmisión por Facebook donde se presentó la fórmula, Correa agregó: «Acepto con alegría esta nueva responsabilidad, que no la he buscado, ni siquiera la he deseado”.
(Foto: Wikipedia)
Arauz ejerció como académico tras licenciarse en Economía y Matemáticas en Michigan y obtener un magister en Economía del Desarrollo en FLACSO. En la Universidad Nacional Autónoma de México es doctorando en Economía Financiera. Al término del mandato de Correa, dejó la administración pública y fundó el Observatorio de la Dolarización -Ecuador no tiene moneda propia desde el 9 de enero de 2000- y se unió a grupos de estudio y debate de todo el mundo y es miembro de la Internacional Progresista, que también integran Bernie Sanders, Yanis Varoufakis, Ada Colau, Naomi Klein y Noam Chomsky entre otros.
Así lo muestra Revolución Ciudadana, la agrupación creada por Correa.
Andrés Arauz (@ecuarauz) profesional que caminó y forma parte del proyecto político que le devolvió la dignidad al Ecuador y recuperará la Patria 🇪🇨 pic.twitter.com/gxrBTAwjtO— Movimiento Revolución Ciudadana (@EcuadorRC) August 17, 2020
La candidatura, que se ofrece como las más potable para recuperar el poder por ese sector de la sociedad ecuatoriana, tendría un apoyo del 30% del electorado, según encuestas del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag). Ayuda que la imagen de Moreno, si antes de la pandemia era mala y había generado masivas manifestaciones en su contra, tras la gestión de la crisis sanitaria no puede ser sino pésima. Con 103.000 contagiados de Covid-19 y más de 6100 muertos para una población de casi 18 millones de personas, da un total de 345 fallecidos por millón habitantes. Entre los mayores del mundo.
La Central Obrera Boliviana (COB) puso entre paréntesis el bloqueo de carreteras luego de que la Asamblea Nacional aprobara una ley para poner al 18 de octubre como fecha final y definitiva para las elecciones presidenciales. Poco a poco, los cortes de rutas se iban levantando luego de dos semanas de protestas contra la nueva postergación de los comicios, sin embargo, en El Alto, el Cabildo de las Organizaciones Interinstitucionales, y diversas federaciones de trabajadores y campesinos mantenían su reclamo, en el que exigen la renuncia de la presidenta de facto, Jeanine Áñez.
En una conferencia de prensa, el líder de la COB, Juan Carlos Huarachi, aprovechó para denunciar a los grupos paramilitares que colocaron un artefacto explosivo en la sede de la organización. “No tenemos miedo, ese ataque no fue contra la COB ni contra Huarachi, fue contra el pueblo”, señaló. La entidad, junto con el colectivo de organizaciones nucleadas en el Pacto de Unidad, lanzó la medida de protesta a principios de mes.
El gobierno de facto había apelado a la pandemia, que está haciendo estragos en el país del Altiplano, para posponer nuevamente el llamado a presidenciales. Del 21 de marzo se pasó al 3 de mayo y luego al 6 de setiembre. Todas estas prórrogas fueron negociadas con la dirigencia política en el marco del congreso boliviano. Salvo la última, lo que despertó la desconfianza de los sectores de la oposición y fundamentalmente del MAS iPSP, que con la candidatura de Luis Arce y David Choquehuanca marcha a la cabeza en las encuestas.
Razones para sospechar no faltan: los grupos que dieron el golpe en noviembre pasado son ultraderechistas ligados a la oligarquía cruceña, con una voluntad democrática muy escasa, y dieron el zarpazo mediante acciones violentas y amenazas de bandas armadas. Todo indica que Arce-Choquehuanca ganarían en primera vuelta, de modo que incluso el segundo mejor ubicado, Carlos Mesa -que no pertenece a ese sector- no sería la opción para terminar con el proyecto político de Evo Morales.
El escenario regional, si bien fue favorable para forzar la salida de Morales, no garantiza la permanencia en el poder de los golpistas. Con un gobierno en vísperas de elecciones, como el de Donald Trump, que apoyó la aventura ultraconservadora sin disimulo, y en medio de la operación de las derechas regionales contra el gobierno bolivariano de Venezuela, no hay espacio para impedir el llamado a las urnas.
También es clave el rol que están cumpliendo las instituciones externas, como el Parlasur, la Unión Europea y hasta las Naciones Unidas. El titular del parlamento regional, el argentino Oscar Laborde, encabezó reuniones virtuales de esa entidad con las fuerzas políticas bolivianas, desde Evo Morales hasta Mesa y el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero.
También hubo encuentros con la jefa de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, la portuguesa Isabel Santos, y el enviado especial de la ONU para Bolivia, Jean Arnault. Todos coincidieron en la necesidad de celebrar elecciones y aceptar la fecha del 18 de octubre como final y definitiva. El secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, que fue clave en justificar el golpe al poner en duda el resultado de las elecciones de 2019, guarda un silencio altamente significativo sobre estas cuestiones.
El TSE se comprometió a que el 18-O es la fecha “final, definitiva e inamovible”. Y la Asamblea, con mayoría de legisladores masistas, refrendó ese límite mediante la ley 1315 del jueves pasado. El paso final era que la COB y el Pacto de Unidad terminaran por aceptar la situación. Desde Buenos Aires, Evo llamó a considerar que un enfrentamiento podía ser perjudicial para una salida democrática, habida cuenta de la situación imperante.
Pero a pesar de que desde La Paz buscan judicializar los temas con denuncias contra el expresidente asilado en Buenos Aires -un fiscal lo denunció por terrorismo y genocidio, al considerar que el bloqueo impide la provisión de alimentos y medicamentos-, las decisiones de los manifestantes en las carreteras pasan por otro carril.
Es así que luego de varias asambleas la COB y el PU instaron a levantar las barricadas. Con la advertencia de que permanecerán en “vigilia permanente” para garantizar que no haya nuevas postergaciones, que no habrá fraude y que el gobierno aceptará el resultado. Sin embargo, tampoco ellos conducen un colectivo homogéneo y sumiso, y en El Alto, el líder aymara Felipe Quispe informó que mantendrán los cortes a la vía de ingreso a La Paz “hasta que renuncie la señora Áñez”.
Las autoridades, en tanto, informaron que seis personas habían sido detenidas por el ataque a la central sindical, que no dejó víctimas. Tenían en su poder cartuchos de dinamita y una granada de gas. Huarachi dijo que no temían por las amenazas, tras afirmar que son los que más hacen por pacificar al país. En una entrevista con CNN, el ministro de gobierno, Arturo Murillo, fue reprendido al aire por no reprimir los cortes de ruta con las fuerzas armadas. “No queremos una guerra civil”, se justificó el funcionario más reaccionario, si cabe, del gabinete de Áñez.
Este lunes comienza en Milwaukee la convención del partido demócrata -a esta altura un acto ritual destinado a coronar la fórmula Joe Biden-Kamala Harris para las elecciones de noviembre- que culminará el jueves luego del desfile de decenas de figuras de ese espacio político. Es, como quien dice, el pistoletazo de largada para una campaña presidencial que sin dudas será áspera como pocas en la historia de Estados Unidos. Así lo demuestra Donald Trump, que se encargó de definir a Harris como una “izquierdista radical” y, por si no quedaba clara su tirria por la nominación registrada el martes que pasó, dijo que la senadora por California es “la más mala, la más horrible, la más irrespetuosa de todos” en la Cámara alta.
Normalmente, en una convención partidaria los delegados de cada precandidato se juntan para votar al elegido. Cierto es que se llega al acto sabiendo cuántos porotos tiene cada uno, pero el evento tiene un aire de formalidad que los estadounidenses saben apreciar. Tras la renuncia de Bernie Sanders a seguir en carrera -el último que quedaba en pista- el candidato es Biden, ex vicepresidente con Barack Obama y crédito del establishment demócrata. Solo faltaba definir quién acompañaría su intento por impedir la reelección de Trump.
Hubo un par de hechos que facilitaron la aspiración de Harris al trono. La reacción de Trump a la pandemia dejó a la luz un hueco por el que se filtraron las críticas más feroces de la oposición. Y mientras los contagios crecían a un ritmo espeluznante y los cadáveres se apilaban en las ciudades más pobladas -EE UU se acerca a los 6 millones de casos de Covid-19 y 180 mil muertos- la imagen de Trump se iba desdibujando en una capa de ciudadanos que había sido clave para su triunfo en 2016.
Casi en simultáneo, el asesinato de George Floyd desnudó el rostro más brutal de ese país, con fuerzas policiales teñidas de racismo y violencia. En otro lugar del mundo, esos dos hechos definirían a un gobierno autoritario, represivo y con síntomas de dictadura. No es el caso.
Harris, que fue fiscal general de California antes de meterse en la actividad partidaria, es una hábil polemista que tuvo a maltraer a Biden durante los debates que se realizaron durante las primarias. Si no siguió peleando una candidatura es porque los popes partidarios le aconsejaron que se bajara. No iba a conseguir financiamiento para su aventura y si hacía caso la anotaban en un lugar expectante para el futuro.
Cuenta en su haber que tiene 22 años menos que Biden -55 contra 77-, que es hija de inmigrantes, se hizo de abajo viajando en transportes públicos, y es afrodescendiente. Cuando las calles de todo el país se poblaron de manifestaciones contra el racismo, es un hándicap interesante de cara a los comicios.
La experiencia indica que los demócratas triunfan cuando logran sumar votantes de las comunidades vulneradas. En un país donde el voto no sólo es optativo sino que la elección está diseñada para dificultar la participación ciudadana, ese detalle puede hacer la diferencia.
La edad es otro dato a tener en cuenta. Biden es el más viejo entre los aspirantes a la presidencia -Trump tiene 74 años-, pero además viene mostrando síntomas de decrepitud. No por nada, el presidente lo llama Sleepy (Dormido) en sus tuits más agresivos.
En los debates obligatorios que se avecinan, sus consejeros temen que Trump le haga pasar algún papelón. Por el contrario, descuentan que en los cruces televisados de los vicepresidentes, Harris le sacaría varios cuerpos de ventaja a Mike Pence. Si es que ese tipo de exposición puede implicar algo a la hora de emitir un voto, ahí se verían parejos.
La nominación de la fórmula demócrata, sin embargo, les deja un sabor amargo a los que aspiraban a que el “partido del burro” se corriera algo más a la izquierda. El candidato de ellos era Sanders, y hubieran aceptado de mil amores a la senadora Elizabeth Warren. A pesar del brulote de Trump, Harris no es alguien a quien pueda vincularse a los grupos más progresistas dentro del espectro político estadounidense. Biden menos, por cierto: es alguien muy cercano al poder financiero y al aparato militar industrial, y apoyó cuanta intervención armada pasó por su despacho de senador cuando tuvo ocasión.
De todas maneras, la apuesta es que esos sectores que esperan sacarse de encima a Trump acepten esta alquimia que no será tanto como indica el presidente, pero promete bajar varios decibeles en la tensión constante que fluye de la Casa Blanca desde el 20 de enero de 2017.
En las primeras cuatro horas posteriores a la nominación de Harris, Biden consiguió 10 millones de aportes para su campaña. Toda una señal.
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