Cuando la Corte Suprema de Justicia rechazó la demanda del CECIM (Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata) sobre la venta de tierras a extranjeros dio varias señales en simultáneo a la democracia argentina. Una es que el poder institucional de la nación está en manos de un triunvirato integrado por personas no elegidas por la ciudadanía y que el resto de los poderes del Estado al final de cuentas son «cotillón», como diría Moria Casán.
Otra: que cuando todo lo demás falla (cosas de esa «maldita tiranía del número», como catalogaban a la Ley Sáenz Peña de 1912 los conservadores más rancios de entonces), están los cortesanos para defender los intereses de los que mandan. Una más: que un decreto presidencial puede cambiar la Constitución de un plumazo, como es en realidad el 70/23, sin que ese trío se conmueva. Por si fuera poco, descarta por improcedente la demanda de un colectivo integrado por exsoldados que perdieron compañeros luchando por la soberanía nacional en la Islas Malvinas.
Finalmente: que el poder judicial argentino, los medios concentrados y el poder real, el Círculo Rojo –habrá que reconocerle el copyright a Mauricio Macri por lo sintético de la definición– funcionan como una aceitada máquina… salvo cuando surge algún descarrío. Como las juezas Marta Elba Pascual y Laura Beatriz De Marinis con el Régimen Penal Juvenil. Ahí sí aparecen indignaciones varias, amenazas no tan veladas y voces en defensa de lo que se votó en el Congreso y etcétera. El mismo tipo de indignación acomodaticia que descargaron contra el diputado Juan Grabois por un exabrupto en la Cámara Baja comunicadores que catalogan como carácter «genuino» a los insultos de baja estofa del presidente. Son los tiempos que corren.
El largo brazo estadounidense
Antes de meternos de lleno en estos conceptos, se debe poner todo esto en un contexto regional impactado por el arrebato neocolonialista que desarrolla el Gobierno de Donald Trump. Este domingo en Brasil se disputará un round clave para el resto de la América que lucha por su destino al sur del Río Bravo. Con Trump ya no hay máscaras y si el 3 de enero secuestraron al presidente venezolano Nicolás Maduro no por la democracia sino por el petróleo, la disputa entre Lula da Silva y Flavio Bolsonaro es también por la persistencia de aquella consigna que llevó al metalúrgico al poder por primera vez en 2003, que «otro mundo es posible». Porque del otro lado está la ultraderecha apoyada abiertamente desde la Casa Blanca.
Pero hubo otro hecho sintomático estos días, en Bolivia, donde en una medida inusitada, fuerzas policiales con la presunta participación de agentes de la DEA realizaron un operativo que terminó con la detención del fiscal general, Roger Mariaca, del fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos y otros funcionarios judiciales y allanamientos varios en dependencias de la Procuraduría bajo cargos de vínculos con el narcotráfico. El detalle es que Mariaca fue el que abrió la investigación contra el argentino Fernando Cerimedo por intento de femicidio. Y que el «consultor» es un personaje central en todas las operaciones oscuras de las ultraderechas regionales, y también en el Gobierno de Milei.
Volviendo a la cúpula judicial argentina, el fallo que permite la venta de tierras sin restricciones a extranjeros resultó escandaloso en términos políticos, tras multitudinarias manifestaciones callejeras que lograron que el Congreso rechazara un artículo del proyecto pomposamente titulado «Inviolabilidad de la Propiedad Privada». ¿Por qué meter un apartado allí sobre la ley de Tierras del año 2011 si el decreto 70/2023 en teoría ya la había volteado? Porque todos saben que ese decreto deja muchos temas «flojos de papeles» y los que quieren comprar buscan garantías más firmes. Quizás ahora haya legisladores de la «ancha avenida del medio» que asuman la responsabilidad de acompañar el pedido de los sectores de la oposición que buscan en Diputados la derogación total de esa reforma constitucional inconsulta. Por lo pronto, en una decisión no menos inédita, y en vista de los cuestionamientos mayoritarios, la CSJN emitió un comunicado explicativo de su decisión en el que condenó los «discursos de odio y la descalificación en las redes» (¿ahora, todos?). Que, como toda justificación tardía, no hizo sino oscurecer. Aunque es claro que algo de ruido quedó en el edificio de la calle Talcahuano 550.
París. Los hermanos Milei con Macron y su esposa Brigitte.
Foto: Getty Images
Como en casa
Pero hay otros poderes rondando esta atribulada Argentina de hoy. Uno es el mencionado Círculo Rojo, parte del cual asistió al 62º Coloquio de IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina), que se realizó en Mar del Plata. Tuvo una participación especial por videoconferencia Milei desde París, donde había ido en visita oficial para una cumbre con Emmanuel Macron. Con una semipenumbra y una cámara cenital, el presidente dijo entre otras cosas, refiriéndose a las elecciones de 2027: «Si quieren vivir en un país próspero, serán los mejores cuatro años de la historia, pero si deciden otra cosa, pagarán las consecuencias por elegir el camino de los últimos cien años». Es decir, si vuelve la «tiranía del número». Hablando del gobernador bonaerense repitió el concepto: «¿Qué me importan los que atrasan cien años y además fracasaron siempre? Es casi insultante tener que debatir con un comunista». Al final, fue ovacionado por CEO que se sienten representados en todas las medidas que tomó desde el 10D de 2023 y seguramente en cada uno de los epítetos que desde entonces emite regularmente a opositores, periodistas y hasta empresarios que no comulgan del todo con sus propuestas.
Otro que fue ovacionado fue el fiscal Diego Luciani, que habló –casi como candidateándose para algún cargo electivo– de su visión sobre su participación en la Causa Vialidad, que lo catapultó a la fama y por la que fue condenada e inhabilitada de ocupar cargos públicos de por vida la expresidenta Cristina Fernández. «El rol de la Justicia es fundamental para combatir la corrupción», dijo, para luego asegurar que sufrió amenazas en el curso del proceso. Para rematar: «El caso Vialidad marcó un antes y un después en materia de corrupción. Es un caso exitoso. Hay cosa juzgada. Es exitoso porque la Justicia no le cedió la última palabra a la corrupción y a la impunidad de los corruptos». Nadie le preguntó, claro, por los «casos» Adorni, $Libra, ANDIS, negocios paralelos en la Quinta de Olivos et al.
Milei, por su parte, se reunió con el presidente francés Emmanuel Macron a puertas cerradas. Viajó acompañado por 13 mandatarios provinciales –uno de ellos el jefe de Gobierno porteño– que se mostraron en la Argentina Week, un evento económico empresarial en busca de inversiones. Junto al presidente estuvieron su hermana Karina Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli y los ministros Luis Caputo, Mario Lugones, Pablo Quirno y Federico Sturzenegger.
Hablaron de negocios y rosca, quien lo duda, para el apoyo que se necesita en el Congreso para lo que falta de su período constitucional. Y en el ínterin, se anunció el Programa de Ciudadanía. Un plan que por la módica suma de 350.000 dólares y sin residencia previa otorga la posibilidad de comprar tierras sin ser considerados extranjeros y que a Caputo le puede servir para recolectar algún dólar por ahí.
Afuera, mientras tanto, estudiantes secundarios parisinos protagonizaban una nueva jornada de manifestaciones de protesta en reclamo de mayor presupuesto educativo, falta de docentes y pésimas condiciones para estudiar. Casi que Milei se sentía en casa.
Revista Acción, 4 de Octubre de 2026
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