Finalmente, Donald Trump, Marco Rubio y todos sus socios y súbditos de las ultraderechas regionales -incluido Javier Milei y Rodrigo Paz- podrán respirar tranquilos. Lograron sacarse de encima al molesto fiscal boliviano Roger Mariaca, que con las investigaciones en danza sobre el fundador de La Derecha Diario y gurú de las redes en cuanta operación oscura se viene haciendo en estas tierras, Fernando Cerimedo, tenía a todos en ascuas. Y habrá que decir que les costó menos de lo que se pensaba.
La cosa empezó este lunes, cuando el Departamento de Estado le revocó la visa de ingreso al funcionario judicial, al que acusó -sin agregar mayores datos- de haber aceptado sobornos “para facilitar el narcotráfico y ayudar a criminales violentos a evadir a la justicia”.
Roger Rider Mariaca Montenegro, de 38 años y con una importante trayectoria como abogado en Santa Cruz de la Sierra, había sido fiscal departamental y en octubre de 2024 fue nombrado fiscal General de Bolivia. Fue, en su actividad privada, defensor de la familia Candia-Castedo, imputada tras la incautación de una avioneta cargada de droga en Paraguay. Se entiende que haber sido representante legal de comercializadores de sustancias ilícitas no debería ser un problema para la Casa Blanca, caso contrario no hubieran apoyado con fervor al actual presidente colombiano, Abelardo de la Espriella. No que decir de las relaciones del propio secretario de Estado con gente de ese ambiente.
Como sea, Mariaca se defendió este lunes desde la Procuraduría asegurando: “Cooperación, sí; injerencia, no. Diálogo, sí; imposición, no. Respeto entre Estados, sí; interferencia en nuestras instituciones, no”, acompañado por la plana mayor de la entidad. Desde el despacho de Rubio habían salido también restricciones a visas de funcionarios y exfuncionarios de Colombia, Ecuador, Perú, a los que acusó de corrupción y de “socavar a gobiernos elegidos democráticamente”.
El fiscal había avanzado en la investigación del intento de asesinato de Nadia Beller, la amante de Cerimedo que denunció al fundador de La Derecha Diario no solo de haber contratado sicarios para matarla sino de tener pruebas de chanchullos varios del “consultor” argentino con el mandatario boliviano, Milei y la trama ultra que ahora gobierna en buena parte de América Latina. Pero también tenía causas como las de las 31 “narcomaletas” en un vuelo proveniente de California que implica a una exdiputada y el de los combustibles adulterados que causaron estragos en miles de vehículos y que golpeó en el presidente Paz a poco de asumir.
El jueves, la policía boliviana detuvo a Mariaca en el aeropuerto de Viru Viru, al fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, al exministro de Gobierno Eduardo del Castillo (2022-2025) y a una decena más de funcionarios en el marco de su presunta responsabilidad en la huida del narco uruguayo Sebastián Marset. El caso levantó polvareda porque fueron allanados la sede de la Procuraduría en Sucre y el domicilio de Mariaca. Los subordinados de Mariaca denunciaron que hubo agentes de la DEA en los operativos, mientras que la información oficial dice que incautaron un millón de dólares al edecán del fiscal.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, defendió la legalidad del operativo -una insólita y acelerada intervención en el poder judicial- asegurando que era necesario actuar así debido a que los delitos “eran continuos y permanentes”. Lo más probable es que en esta historia no haya ningún inocente, como dice el economista e investigador cruceño Gonzalo Colque, “no estamos presenciando una pugna entre el bien y el mal, sino, nada menos que una lucha desencarnada entre el mal y el mal”. Pero de un lado pusieron todos los cañones en esta causa. Y así, el jueves los gobiernos de EE UU, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago, es decir, los socios del “Escudo de las Américas”, el plan de seguridad nacional que rescata Donald Trump, apoyaron la captura de Mariaca y felicitaron al mandatario boliviano por las medidas adoptadas para “perseguir las redes vinculadas al tráfico de drogas y reclamar responsabilidades a quienes contribuyen a su actividad”.
Con la urgencia que se impusieron todos los involucrados en este embrollo, el viernes se aprobó la Ley 1773 que modifica el artículo 25 de la Ley del Ministerio Público y este sábado, con la nueva normativa, la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia aprobó la destitución de Mariaca y la designación es José Armando Urioste Viera como fiscal general de Estado interino. Y ahora todos respiran más tranquilos. Se descuenta que todas las pruebas contra Cerimedo y las que complicarían a sus clientes ya habrán desaparecido. No se sabe qué podría ocurrir con las denuncias de Nadia Beller y ella misma. Si hasta el FMI aprobó el viernes un crédito por 1900 millones de dólares al país del altiplano y “un programa amplio de reformas estructurales”, según explicó.
Tiempo Argentino, 3 de Octubre de 2026
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