Una descendiente de pueblos originarios de Canadá, miembro de la nación We Wai Kai, de la Columbia Británica, desencadenó una crisis política que golpea rotundamente en el liderazgo del primer ministro Justin Trudeau. Y todo por un escándalo relacionado con presuntas coimas de una empresa constructora de Quebec para millonarias obras en la Libia de Khadafi. Algo así como el Lava Jato brasileño o hasta quizás el Gloriagate argentino, pero en versión Commonwealth.
En enero pasado, el premier desplazó a su ministra de Justicia –que en ese país cumple tareas de jefa de los fiscales– al puesto de titular de la cartera de Veteranos. Una suerte de degradación que Jody Wilson-Raybould no toleró ni un mes.
Cronológicamente, cuatro días antes de dejar el escritorio en que se canalizan las demandas de los veteranos de guerra canadienses, el Globe and Mail, uno de los periódicos más prestigios de ese país, publicó que «fuentes del gobierno» habían asegurado que Wilson-Raybould había sufrido presiones para forzar a la Justicia a aceptar un acuerdo en el proceso contra SNC-Lavalin, una corporación de ingeniería y construcciones, por sobornos a funcionarios del gobierno del asesinado líder libio Muammar Khadafi, entre 2001 y 2011.
La «filtración» llevó a la renuncia de Puglass («Nacida de un noble pueblo», en lengua Kwak’wala) el nombre originario de Wilson-Raybould, cuatro días más tarde. A las 72 horas dio un portazo Gerald Butts, secretario privado, amigo desde la universidad de Trudeau y su mano derecha. El lunes pasado siguió el mismo sendero Jane Philpott, presidenta de la Junta del Tesoro, virtual ministra de Hacienda y muy amiga de la exprocuradora.
Luego de su dimisión tras la bomba lanzada por el diario de Toronto, Wilson-Raybould fue llamada a declarar ante el Comité de Justicia de la Cámara Baja del Parlamento federal. «Durante cuatro meses, de septiembre a diciembre de 2018, sufrí una presión consistente y sostenida de muchas personas del gobierno para conseguir que interfiriera políticamente en mi papel de fiscal general de Canadá en un esfuerzo inapropiado para asegurar un acuerdo de enjuiciamiento diferido para SNC-Lavalin», dijo Puglass.
Ese acuerdo permitiría que la firma pudiera acogerse a algún tipo de sanciones, como una eventual multa, para evitar un juicio penal que, de resultarle adverso, implicaría que no podrá participar en licitaciones de ninguna especie en Canadá por diez años. La constructora está acusada de haber pagado sobornos por 36 millones de dólares a funcionarios libios para lograr contratos de obras en esa nación norafricana.
Con sede en Quebec, el corazón del Partido Liberal de Trudeau, la compañía es sponsor de esa agrupación política. El argumento del primer ministro para haber apoyado una salida extrajudicial, según tuvo que reconocer estos días, fue que SNC-Lavalin garantizaba 9000 puestos de trabajo en la región francoparlante de Canadá. Un dato no menor cuando en octubre próximo se disputarán las elecciones generales.
«Estoy firmemente convencido de que aquí no sucedió nada más allá de las operaciones normales del gobierno», señaló el exasesor Butts, el ejecutor de las presiones contra la ministra de Justicia y su degradación posterior, en defensa de su amigo jefe de Estado. «Me voy porque no puede ni debe distraerse un momento del trabajo vital que el premier y su oficina están haciendo para todos los canadienses», adujo.
La renuncia de Philpot fue más explícita: «Debo cumplir con mis valores fundamentales, mis responsabilidades éticas, mis obligaciones constitucionales. Puede haber un costo por actuar de acuerdo con los principios que uno sostiene, pero hay un costo mayor por abandonarlos».
El Trudeaugate amenaza las aspiraciones de los liberales de mantener el gobierno federal en octubre. Ya en Quebec, el histórico bastión, perdieron los comicios en 2018 a manos de la Coalition Avenir Québec (Coalición para el Futuro de Quebec, en francés), partido de centro derecha. El líder de la oposición conservadora a nivel nacional, Andrew Scheer, apuró el pedido de renuncia del premier, de quien dijo que ya no tiene la «autoridad moral» para dirigir el país.
El partido ultraderechista español Vox quedó implicado en un escándalo cuando uno de sus integrantes fue detenido bajo el cargo de abuso sexual contra al menos un interno de un centro de discapacitados de la provincia catalana de Lleida. El hecho causó una pequeña crisis dentro del partido xenófobo y franquista que corre a la derecha del todo el espectro político de la península, ya que José Antonio Ortiz Cambray figuraba como presidente de la agrupación en ese distrito e incluso fue candidato. Vox, sin embargo, en un primer momento optó por desconocerlo.
Ironías del destino: la mejor herramienta para el acelerado crecimiento de la agrupación que lidera Santiago Abascal, las redes sociales, fueron también el instrumento para enterrar el discurso evasivo de la dirigencia «voxista», ya que inmediatamente de copnocido el caso comenzaron a circular videos y registros en que el sospechoso demostraba su relación con el partido que se presenta como un hálito de pureza en un sistema político atravesado por la corrupción generalizada.
Los Mossos d´Esquadra, la policía catalana, acudieron ante una denuncia de las autoridades de la Fundación Aspros, responsable del centro de atención a discapacitados de Lleida (Lérida para los españolistas). Los médicos habían observado comportamientos fuera de lo común en uno de los internos. Los mossos incautaron el celular del muchacho -se ignora la edad aunque se confirmó que es mayor de edad- y comprobaron reiterados mensajes con Ortiz Cambray. Sobre todo, mensajes de contenido sexual explícito.
No se sabe si alguna información le había llegado al acusado y buscó una tangente por la que desviar la atención, pero justo este lunes Ortiz Cambray había presentado una denuncia en la fiscalía local por la aparición de varios muñecos de la altura de un hombre, colgados de un puente de la autopista de ingreso a la ciudad en su cruce con la calle Cos-Gayón.
Los muñecos tenían las siglas de los partidos y los rostros de representantes de Ciudadanos, Podemos, Partido Popular, Partido Socialista Catalán (la versión catalana del PSOE) y Vox. Junto a ellos había pancartas que decían «Todos los Partidos del régimen serán culpables del encarcelamiento» y «Absoluciones Pablo Hasél amnistía total».
Hasel es un rapero de 31 años condenado varias veces a prisión por el contenido de sus letras. En 2014 fue sentenciado a dos años por apología del terrorismo y luego fue arrestado acusado de atacar un desfile del partido de extrema derecha Plataforma per Catalunya (PxC). En septiembre pasado recibió otra condena, a nueve años, por blasfemar contra la monarquía en otra de sus canciones.
Ostentando el cargo de presidente de Vox de Lleida, Ortiz Cambray denunció el caso como «delito de odio». El dirigente conocía bastante bien a Hasel ya que formó parte de PxC y fue candidato a alcalde. Los monigotes habían aparecido el miércoles anterior, pero todo indica que la fiscalía recién abrió una investigación cuando presentó su denuncia.
A esta altura, la suerte del hombre ya estaba echada y este martes un partida de mossos llegó hasta su trabajo, en una concesionaria de autos del barrio de Cappont y se lo llevó detenido.
La acusación es que abusó del discapacitado neurológico al que, presumiblemente, le pagaba por servicios sexuales. Investigan también si es el único interno que habría sufrido abuso o hay algún otro.
Al circular la información, obviamente desde todo el arco político saltaron sobre Vox, que creció al calor del descrédito del PP, envuelto en el escándalo por la financiación ilegal durante el gobierno de Mariano Rajoy. De hecho, Abascal era miembro del PP y formó una nueva agrupación en 2013, acusando a la dirigencia conservadora -en ese momento en el Palacio de La Moncloa- por los tortuosos manejos económicos de sus integrantes.
A fines del año pasado, Vox dio el batacazo en Andalucía al sumar 12 escaños para el parlamento local. No son determinantes para aspirar al ejecutivo, pero si para ser necesarios en cualquier alianza, fundamentalmente porque por primera vez desde el retorno de la democracia a España, el PSOE perdió la elección en manos de agrupaciones de centro derecha.
Golpeados debajo de la línea de flotación, desde el entorno de Abascal salieron pronto a despegarse de Ortiz Cambray. Luego, cuando las evidencia ya resultaban incontrastables -es difícil evadirse de lo que circula en las redes sociales- intentaron, a través de Twitter, desmarcarse aludiendo a que «el señor Ortiz no ocupa ningún cargo de responsabilidad dentro del partido y es tan sólo un militante de base».
Anunciaron entonces que hasta que la cosa se aclare, habían suspendido al sospechoso. Pero como tampoco podían desmentir que fungía como titular del partido a nivel local, dijeron que -ahora- llevarían «al señor Ortiz al Comité de Garantías (de Vox) por presentarse ante la opinión pública como presidente de la formación en Lérida. Una presentación que ha hecho siempre de forma personal y a través de sus redes sociales».
Finalmente ruegan a los medios de comunicación «que se han hecho eco de esa información falsa a que rectifiquen sus informaciones al respecto y consideren al señor Ortiz como un afiliado de base».
A seis años de la muerte de Hugo Chávez, y en medio de una embestida internacional contra su sucesor, Nicolás Maduro, hubo recordatorios en las redes sociales sobre el paso del líder bolivariano por este mundo y su legado político. Precisamente Maduro agradeció las enseñanzas del fallecido ex presidente en su cuenta de Twitter.
El canal oficial VTV 8 (Venezolana de Televisión) hizo una amplia cobertura de todos los homenajes y envió un video con un pantallazo de la obra de Chávez.
VTV también recordó algunas frases emblemáticas de Chávez que conservan y actualizan su vigencia.
–El diablo está en casa. Ayer el diablo vino aquí. En este lugar huele a azufre (en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en 2006, luego del discurso de George W. Bush).
-¡Y ahora, cuando ha llegado 2011, las viejas y pesadas cadenas del coloniaje yanqui allí están, en el suelo, rotas por la Gran Revolución Bolivariana!-En América Latina nos quieren imponer el modelo de democracia diseñado por Estados Unidos, y al que no acepte entrar por ese carril, lo acusan de populista radical, terrorista y dictador.
-El socialismo tiene mucho de humanismo, de amor de solidaridad; el socialismo es inclusión social.-Al imperio no hay que subestimarlo, pero tampoco hay que temerle. Quien pretenda llevar adelante un proyecto de transformación, inevitablemente chocará con el imperio norteamericano.
-Si yo me callo, gritarían las piedras de los pueblos de América Latina que están dispuestos a ser libres de todo colonialismo después de 500 años de coloniaje.El Ejercito Bolivariano, clave a estas horas para sostener la Constitución y las instituciones creadas por el hombre que había nacido en Barinas el 28 de julio de 1954, también le rindió homenaje. Todo un símbolo en momentos en que el autodesignado interino, Juan Guaidó, apuesta a que un sector de las Fuerzas Armadas se pliegue a una revuelta que que al chavismo del poder, a donde llegó en 1999 tras elecciones libres y democráticas y donde se mantuvo siempre mediante la votación popular.
¡TodosSomosChávez! Con un trote militar al toque de diana conmemoramos el 6to aniversario de la Siembra de nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez. Su mensaje patriota y libertario se mantiene vivo en la conciencia de su Pueblo y su #FANB. #LealesSiempreTraidoresNuncapic.twitter.com/ZwQpb9eejv— Ejército Bolivariano (@EjercitoFANB) 5 de marzo de 2019
Igualmente hizo el Partido Socialista Unido de Venezuela, otra creación de Chávez para la competencia electoral.
El canal de cable Telesur rescató a su turno la posición del líder bolivariano contraria al injerencismo, toda vez que sufrió en carne3 propia un intento de golpe de Estado en 2002 que por algunas horas lo tuvo fuera del poder con apoyo de EE UU, por entonces gobernado por George W. Bush.
«El líder de la Revolución Bolivariana siempre subrayó la necesidad de avanzar en un nuevo camino alejado de las imposiciones estadounidenses, de ahí su interés en la creación de organismos integracionistas y de cooperación con los pueblos latinoamericanos y del mundo», dice un artículo en la web de Telesur, canal del que formaba parte Argentina hasta la llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada.Desde Argentina, mientras tanto, las Madres de Plaza de Mayo enviaron su testimonio sobre el ex mandatario venezolano.
En similares términos se expersó Nuevo Encuentro, el Partido que creó el ex intendente de Moron Martin Sabbatella.
Desde Cuba, nuevamente en la mira de Estados Unidos por su nunca oculto apoyo a la Revolución Bolivariana, el canciller Bruno Rodríguez mostró su postura en defensa de la soberanía nacional.
En la localidad bonaerense de Avellaneda, el intendente Jorge Ferraresi inauguró la plaza República Bolivariana de Venezuela, en Sarandí, y también el monumento a Simón Bolívar realizado por el artista Tito Ingenieri. Los homenajes en todo el país y el exterior se realizaron durante todo el día.— Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) 5 de marzo de 2019 En la localidad bonaerense de Avellaneda, el intendente Jorge Ferraresi inauguró la plaza República Bolivariana de Venezuela, en Sarandí, y también el monumento a Simón Bolívar realizado por el artista Tito Ingenieri. Los homenajes en todo el país y el exterior se realizaron durante todo el día.
El canciller cubano Bruno Rodríguez rechazó como «un acto hostil» los nuevos anuncios de endurecimiento del bloqueo contra la isla que promueve la administración del empresario Donald Trump. En la práctica, esta nueva embestida contra la Revolución Cubana implica que, de acuerdo a lo que establece la ley Helms-Burton -votada en 1996 durante la gestión de Bill Clinton y que no había sido puesta en vigor desde entonces-, se habilita a que se presenten demandas judiciales en tribunales estadounidenses contra firmas expropiadas por el gobierno de la Isla desde 1959 en adelante.
«Por sus pretensiones ilegítimas y contrarias el Derecho Internacional, la Ley Helms-Burton y el bloqueo concitan el rechazo universal, reiterado durante casi tres décadas, en los más importantes organismos regionales e internacionales. El ejemplo más reciente fue en la Asamblea General de las Naciones Unidas cuando el pasado 1 de noviembre fue objeto de diez votaciones consecutivas de rechazo, en que el gobierno de los Estados Unidos quedó en absoluto aislamiento», dijo un comunicado del ministerio de Relaciones Exteriores cubano.
La cancillería agregó:»El título II de la Ley Helms-Burton dispone que el derrocamiento del gobierno revolucionario, la posterior tutela del país a cargo de un interventor estadounidense y el ulterior establecimiento de un gobierno contrarrevolucionario y subordinado a Washington tendrían como tarea inequívoca la devolución o pago a los antiguos propietarios de todas las propiedades que sean reclamadas por antiguos dueños o sus descendientes, hayan sido estadounidenses o no al momento de las nacionalizaciones o de que las abandonaron».
Esta vuelta atrás en la política estadounidense en relación con Cuba, que durante el gobierno de Barack Obama había reconocido el fracaso del bloqueo económico impuesto en 1962 y reanudó relaciones diplomáticas en 2015, fue uno más entre los lineamientos políticos que Trump rompió unilateralmente desde que llegó a la Casa Blanca en enero de 2017. Lo que convierte a cualquier acuerdo firmado con Washington -como el establecido con Irán, o el NAFTA, o los de Cambio Climático- en un papel mojado y una advertencia para quienes buscan sellar tratados con EEUU.
Esta nueva ofensiva debe inscribirse en el ataque contra el gobierno de Nicolás Maduro, de allí que la noticia se haya difundida en mismo día que el presidente promovido por EEUU, el diputado Juan Guaidó, regresaba a Caracas y -contra el deseo de escalar la arremetida-, no fue detenido por las autoridades bolivarianas.
Uno de los más enconados enemigos de todo lo que suene a progresismo o socialismo en la región, el ultrabelicoso asesor en Seguridad Nacional del gobierno de Donald Trump, John Bolton, lo señaló claramente desde un tuit amenazante.
«El rol de Cuba en la usurpación de la democracia y el fomento de la represión en Venezuela es claro. Por eso Estados Unidos continuará reforzando restricciones financieras a servicios militares e intelectuales de Cuba. Democracias de la región deben condenar al régimen de Cuba».
Cuando se conoció el resultado del referéndum para una nueva constitución cubana, el domingo 23 de febrero pasado, Bolton ya había mostrado las garras en otro mensaje en la red social en el que calificaba a la consulta de «otra estratagema del régimen cubano para encubrir su represión y tiranía». Y agregó que «los Estados Unidos apoyan al pueblo cubano a pedir libertad y democracia».
Curiosa manera de entender la libertad y la democracia cuando horas antes en 90 % de los 8,6 millones de ciudadanos empadronados en la isla habían acudido a los 25.000 colegios electorales para dar su veredicto acerca de una reforma a la Carta Magna. Y que el 86,85 % de ese total había aprobado las enmiendas.
La reforma se estaba analizando en los despachos oficiales desde hace algunos años y había sido debatida en cada rincón de Cuba entre agosto y noviembre pasado. Incluso participaron cerca de un millón y medio de cubanos residentes en el exterior que pudieron dar sus puntos de vista para actualizar el texto de 1976.La nueva Constitución en lo sustancial mantiene el sistema comunista pero, en consonancia con la actualización económica iniciada por Raúl Castro cuando asumió la presidencia, en 2008, reconoce la propiedad privada y la necesidad de la inversión extranjera para el desarrollo económico del país. También establece limites al mandato presidencial, circunscripto a un máximo de dos periodos consecutivos de cinco años, mientras fija un tope de 65 años para acceder por primera vez a la jefatura del Estado.
El anuncio de este lunes, consideran los analistas, tendrá poco impacto en la vida real, pero simbólicamente es una nueva señal de que las amenazas del bloque más agresivo del entorno de Trump, su secretario de Estado, Mike Pompeo, el enviado para destituir a Maduro, Elliot Abrams, viejo zorro que asistió a los golpes de estado y a los contras en Centroamérica en los 80, y el propio Bolton. Coinciden en calificar a los gobiernos cubano, venezolano y nicaragüense como la «troika de la tiranía» a las que esperan derrocar mas temprano que tarde.El sueño de acabar con la revolución Cubana ya cumplió 60 años, los mismos que se cuentan desde el 1 de enero de 1959 cuando la guerrilla encabezada por Fidel Castro y el Che Guevara terminó con la dictadura de Fulgencio Batista. El bloqueo impuesto durante la gestión de John Kennedy solo provocó pesares para los cubanos porque según cifras oficiales significó pérdidas en dinero y bienes por una cifra cercana al billón de dólares.
Desde 1992, cuatro años antes de la ley Helms-Burton, la Asamblea de las naciones Unidas someten a votación de sus miembros una resolución de rechazo al bloqueo estadounidense. paulatinamente su fueron sumando naciones y el noviembre pasado 189 países le dieron su apoyo a La Habana, incluida la Argentina. Sólo Israel votó junto con Estados Unidos.»Desde 1996, la ley Helms Burton ha procurado universalizar el bloqueo económico, mediante presiones brutales e ilegales de EEUU contra terceros países, sus gobiernos y sus empresas», dice la cancillería cubana.
«Es una nueva declaración descabellada de un representante de la administración estadounidense, que busca reconfigurar la región latinoamericana según su modelo», declaró el director Departamento de América Latina del Ministerio de Exteriores ruso, Alexandr Schetinin. el funcionario agregó que esta embestida demuestra que «todas las conversaciones sobre el ‘restablecimiento de la democracia’ en Venezuela no son nada más que una fachada para modelar a los países de América Latina según los parámetros estadounidenses».
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