Son estas horas desesperadas para los golpistas que destituyeron a Dilma Rousseff en 2016 y tratan de enterrar bajo siete lápidas al exmetalúrgico Luiz Inácio da Silva. El gobierno de Michel Temer se apuró a rechazar la orden del Comité de Derechos Humanos de la ONU para que se autorice la candidatura del hombre que lidera todas las encuestas para las elecciones de octubre bajo el argumento de que «es una recomendación no vinculante».
Toda una estantería leguleya indica que se trata de una exigencia a ser acatada ya que el país es miembro pleno de ese organismo y no hacerlo implicaría que Brasil –que tiene el privilegio de abrir la Asamblea General de cada tercer martes de setiembre desde 1946– se convierta en un paria internacional.
El texto emitido el viernes por la ONU exige al Estado brasileño «las medidas necesarias para permitir que el autor (Lula) disfrute y ejerza sus derechos políticos desde la prisión, como candidato en las elecciones presidenciales de 2018, incluyendo el acceso apropiado a la prensa y a los miembros de su partido político, ya que no tiene sentencia firme».
La Cancillería brasileña se quejó de no haber sido informada de la deliberación sobre ese caso, cosa que no es tan así ya que hace tiempo representantes del PT habían adelantado que presentarían ese recurso si se le cerraban las puertas a la postulación.
Ahora la pelota está en manos del Tribunal Superior Electoral y específicamente del relator de su caso ante ese estrado, el juez Luis Roberto Barroso. El miércoles pasado, al PT inscribió la fórmula Lula- Fernando Haddad, y a fin de mes a más tardar el TSE debe aceptar o impugnar al dúo, amparado en la Ley de Ficha Limpia, ya que el exmandatario está preso desde el 7 de abril. Nada indica que Lula sea aceptado.
Este viernes se produjo el segundo debate presidencial en la RedeTV. El canal anunció que todos habían sido convocados, incluso Lula, que no obtuvo el permiso para asistir ni para intervenir desde su celda con una cámara. Una de las presentadoras del evento, la periodista Amanda Klein, informó que habían planeado poner nueve tarimas para los postulantes a la presidencia, pero que salvo Guilherme Boulos, los demás rechazaron que quedara una silla vacía porque se trata de un reo por corrupción al que incluso Jair Bolsonaro, el ultraderechista, tildó de «bandido».
Pero esa ausencia fue de algún modo el eje del debate y lo será en los futuros comicios.
El papa Francisco no gana para sofocones con las denuncias de abusos de menores en la Iglesia Católica. A los cruces de enero pasado, cuando fue interpelado por la feligresía chilena en su gira por esa nación a raíz del encubrimiento de terribles casos de pedofilia desde hacía años y que terminó con el pedido de renuncia a los 34 obispos de ese país, se sumó en julio la condena al arzobispo de Australia y el pago de acuerdos judiciales en Minnesota. Ahora, una investigación del fiscal general del estado de Pensilvania, Josh Shapiro, que llevó casi dos años de pesquisa, revela que en los últimos 70 años hubo unas 1000 víctimas de abusos cometidos por 300 sacerdotes en esa diócesis. Un jurado compuesto por 23 personas analizó las pruebas de un informe de 1356 páginas y encontró que eran evidencias absolutamente creíbles y hasta el obispo de Galveston-Houston y presidente de la Conferencia Episcopal estadounidense, Daniel DiNardo, reconoció la veracidad de ese horror y dijo que como representante del clero «estamos avergonzados y lamentamos los pecados y las omisiones de sacerdotes católicos y obispos católicos”.
Este nuevo caso compromete aún más las finanzas de la Curia norteamericana, que ya desembolsó más de 4000 millones de dólares en compensaciones en estos años y arreglos extrajudiciales y debió ampararse en la ley de quiebras de ese país para no terminar con todo su patrimonio en remate judicial para hacer frente a las demandas de los afectados.
Shapiro anunció este martes el resultado de su investigación, que publicó la Corte Suprema de Pensilvania, y catalogó a los curas de «depredadores sexuales». El jurado dijo que para elaborar el documento escuchó el testimonio de decenas de testigos y que revisó medio millón de documentos internos. Y si bien señaló que tienen constancia de unos 1000 menores abusados, entre ellos varones y niñas, no descartan que puedan ser muchos más.
La mayor de las críticas que se hace en ese texto es que las autoridades eclesiásticas no hubiera querido escuchar las quejas de las víctimas. Para Shapiro, hubo un enorme «un encubrimiento sistemático por altos cargos de la Iglesia en Pensilvania y en el Vaticano». Y apunta que con tal motivo muchos de los casos puedan no ser llevados a estrados judiciales porque fueron delitos anteriores al año 2000 y por lo tanto prescribieron.
La crisis de la iglesia estadounidense comenzó a desatarse en 2002 con una serie de artículos que publicó el diario Boston Globe sobre un escándalo de pedofilia en ese distrito. La película Spotlight, del año 2015, con Michael Keaton y Mark Rufalo, muestra la forma en que el diario asumió la investigación de las denuncias que le llegaron y de que modo recibieron presiones del obispado. El máximo responsable de ese encubrimiento fue el obispo Bernard Law, que murió en diciembre del año pasado. El papa Benedicto XVI tildó a Law de ser «el máximo símbolo del pecado al interior de la Iglesia».
Un caso similar fue el del arzobispo australiano Philip Wilson, quien también eligió el camino de barrer debajo de la alfombra en lugar de asumir que de alguna manera también él era responsable de abusos en su diócesis. Wilson fue declarado culpable de encubrimiento por una corte de Adelaida en mayo pasado, Francisco le aceptó al renuncia en junio y este martes la justicia ordinaria le concedió prisión domiciliaria.
Pero los casos más impactantes se registraron en Estados Unidos. Por el tamaño del país y por la cultura de llevar cada injuria a los estamentos judiciales. A grosso modo se calcula que entre 6mil y 10 mil curas fueron denunciados por abusos en esa nación. Y según la ONG Bishop Accountability, hubo más de 6000 acuerdos con víctimas, un tercio de las denuncias que aseguran haber recibido los curas.
Esa institución muestra también que hay 15 diócesis y 3 órdenes religiosas de EEUU -entre ellas la Provincia Jesuita de Oregon- que se declararon en quiebra en estos casi 20 años. La diócesis de Saint Cloud, en Minnesota, anunció en febrero su voluntad de acudir al mismo recurso pero todavía no hubo resolución.
El 1 de junio pasado, la arquidiócesis de Saint-Paul y Minneapolis, en Minnesota, alcanzó un acuerdo con casi un centenar de víctimas de abusos por alrededor de 210 millones de dólares. Allí la propuesta es que así también se terminen con todas las demandas y que se permita crear un fondo financiero especial para 450 víctimas.
«Los sobrevivientes de esos abusos pueden esperar sus pagos una vez que el tribunal apruebe el plan», dijo entonces el arzobispo Bernard Hebda.
Ernesto Samper Pizano, el último secretario General de la Unasur, tiene razones de peso para considerar que el flamante gobierno de Iván Duque se equivoca al anunciar el retiro de Colombia de ese organismo regional. «Es un Brexit sudamericano», dice en una misiva que le envió al mandatario de derecha uribista que asumió el cargo el pasado 7 de agosto.
Con un perfil contrario a los acuerdos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y al guerrilla de las FARC, Duque pudo ganar el comicio en segunda vuelta sobre el centroizquierdista Gustavo Petro y desde el inicio de su gestión quiere dejar en claro que abomina de todo lo que se construyó en su país y en la región en los últimos ocho años. El portazo a Unasur es un detalle más en el rosario de medidas que se propone implementar para dar un giro importante en el manejo del estado colombiano.
Pero el caso de Unasur es simbólicamente uno de los más trascendentes. Creada en 2004 como Comunidad Suramericana de Naciones y devenida cuatro años más tarde en Unión de Naciones Suramericanas, fue clave en la resolución pacífica de un levantamiento en 2008 contra el presidente Evo Morales de la llamada Media Luna boliviana, el oriente próspero del país.
Lo fue también, ya con Néstor Kirchner como primer secretario general, cuando Álvaro Uribe aceleró una ofensiva contra el gobierno de Hugo Chávez que a punto estuvo de terminar en choque militares en la frontera, justo cuando tenía que dejarle el poder a Santos, a fines de julio de 2010.
A la muerte del ex presidente argentino, hubo un acuerdo no escrito de alternar en la Secretaría de Unasur a un representante colombiano y a uno venezolano. Así, la ex canciller de Samper, María Emma Mejía, ocupó ese cargo hasta 2012. La sucedió el ex ministro de Relaciones Exteriores de Chávez, el venezolano Alí Rodríguez Araque. Samper tomó la posta en 2014 hasta diciembre de 2017.
Para entonces, el cuadro regional era tan adverso a la integración regional -Mauricio Macri había sido electo en Argentina, Dilma había sido destituida por un golpe institucional en Brasil y volvía Sebastián Piñera a Chile, entre otros datos clave- que no se lo reemplazó. El turno le correspondía, en ese recambio, a un venezolano.
Duque, en tanto, se sumó a la hostilidad declarada de los gobiernos derechistas contra Nicolás Maduro y el país bolivariano, que lo consideran un dictador y accionan en cada foro que los encuentra por fogonear su derrocamiento. La visita del secretario de Defensa de Estados Unidos, el general James Mattis a la región no tiene otro objetivo que conjugar estrategias para arrinconar al chavismo y desde la Casa Blanca ya no ocultan la opción de generar el conflicto armado que no pudo lograr Uribe hace ocho años e incluso invadir, como desbocado, llegó a decir Donald Trump.
De allí el reclamo de Samper, quien en un tuit escribió
Para Samper, ese «Brexit suramericano» dejaría a su país aislado regionalmente «y pondría en peligro derechos que resultan de la integración en Unasur, como el derecho de más de 100.000 colombianos que hoy en día trabajan en países suramericanos con el permiso temporal de trabajo de Unasur-Mercosur».
Y agregó: «sería una gran paradoja que, al retirarse, Colombia quede en la OTAN y por fuera del Consejo Suramericano de Defensa, que es su escenario natural en materia de seguridad hemisférica».
Efectivamente, a fines de mayo pasado Santos anunció desde Bruselas que Colombia se había convertido en el primer socio global latinoamericano de ese organismo militar creado durante la Guerra Fría para enfrentar en campos de batalla europeos a la Unión Soviética. Y que como su nombre lo indica, es para el Atlántico Norte.
Samper Pizano, descendiente de una familia tradicional con inserción política en Colombia desde los orígenes de su historia -entre sus ancestros hay aristócratas, candidatos a la presidencia, escritores, poetas y hasta un héroe de la independencia como Antonio Nariño y él mismo fue presidente entre 1994 y 1998- curiosamente también está muy relacionado con dos emblemas de la argentinidad. Un tío abuelo, Ernesto Samper Mendoza, era el piloto del avión que el 24 de junio de 1935 chocó y se incendió cuando despegaba en el aeropuerto de Medellín causando la muerte de sus 17 ocupantes, entre ellos Carlos Gardel.
Su hermano Daniel Samper Pizano, periodista y escritor, se destaca como humorista y, gran admirador de Les Luthiers, llegó a intervenir en su país en alguno de los espectáculos del grupo, del que también escribió un libro biográfico. Además, en colaboración con uno de los integrantes del conjunto humorístico-musical, Jorge Maronna, escribió nada menos que seis libros, entre ellos Confesiones de un espermatozoide y El sexo puesto.
El juez Leonard P. Stark puede ser el émulo del recordado Thomas Griesa en su ofensiva contra gobiernos populares de América Latina. Y mientras el fallecido magistrado del distrito de Nueva York tuvo un rol determinante en sostener los argumentos de los fondos buitres contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, Stark, un juez de Delaware que pasó por el bufete de abogados más poderoso de Wall Street, ahora tiene contra las cuerdas al principal activo de PDVSA, la petrolera venezolana, como es CITGO, con tres refinerías, 48 terminales de almacenamiento y más de 6000 estaciones de servicio en territorio estadounidense. Y todo, aunque suene a ironía, por una mina de oro, Las Cristinas, la mayor de Venezuela.
CITGO tiene más de 100 años de historia. Creada por un empresario de Oklahoma en 1910, pasó de manos varias veces hasta que en 1990 fue adquirida por PDVSA, la petrolera estatal de Venezuela. Hoy día refina 749.000 barriles por día y tiene 9 ductos entre Texas y Maine. Es en la práctica, y todavía, el principal ingreso en moneda dura del país caribeño proveniente directamente de Estados Unidos.
Desde la llegada de Hugo Chávez al poder, en 1999, Venezuela se convirtió en una piedra en el zapato para el Departamento de Estado, que en 2002, durante la administración de George W. Bush, intentó derrocar al presidente constitucional y desde 2015, con Barack Obama en la Casa Blanca, impuso sanciones al país por considerarlo “una amenaza” para los Estados Unidos. Esas sanciones fueron acrecentadas con Donald Trump y ahora desde Washington no tienen tapujo en proponer lisa y llanamente una invasión para derrocar al presidente Nicolás Maduro.
Las dificultades económicas por las que atraviesa el gobernó bolivariano tras la muerte de Chávez, por la caída del precio del petróleo a niveles que no se conocían desde hace 30 años y por las sanciones de Estados Unidos, mantienen al país en situación muy comprometida y en hiperinflación. En ese contexto, en 2016 el 49,9% de las acciones de CITGO fueron cedidas a la rusa Rosneft como garantía de un préstamo de 1500 millones de dólares. El resto está en manos de tenedores de bonos 2020 de la petrolera venezolana.
Este combo preocupó a legisladores y al gobierno de EE UU, ya que eventualmente una compañía rusa podría quedarse con el procesamiento y la distribución de combustible en gran parte del país, con la posibilidad además de crecer.
En febrero pasado, incluso, inversores estadounidenses se habían lanzado a la caza del porcentaje de la empresa rusa, sabedores de que con el “America First” y el embate de medios y organismos de ese país contra Donald Trump, el gobierno podría endurecer las medidas de nacionalismo explícito que podrían complicar los negocios de Rosneft, con tal de demostrar que no es verdad su amistad con Rusia.
A fines de julio, la Casa Blanca emitió una excepción a las sanciones que afectan puntualmente a PDVSA, lo que habilitó a que tenedores de bonos puedan cobrar deudas en caso de un default de Venezuela. La apuesta de los ávidos inversores es que el país bolivariano no pueda pagar cerca de mil millones de dólares que vencen en octubre del bono PDVSA 2020 y de ese modo, tras el permiso de Trump, estén en condiciones de llevarse algún activo. Así podrían hacerse de la mitad de CITGO.
O sea, las sanciones siguen vigentes, salvo en esa parte que impide bloquear al enemigo declarado, que es el gobierno de Maduro, que ya no podrá excusarse en esas medidas para demorar cualquier pago o hasta negociar en mejores condiciones llegado el caso.
Pero acá es donde interviene Stark en el el tema Las Cristinas. En 2011 el gobierno de Hugo Chávez expropió la mina, ubicada en el estado de Bolívar. Se trata de uno de los yacimientos más grandes del mundo de oro, que inicialmente iba a explotar la canadiense Crystallex International. Al año cancelación del contrato, el gobierno firmó un acuerdo de explotación conjunta con la china Citic Group, también estatal.
Los canadienses no se quedaron de brazos cruzados y demandaron a Venezuela ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) y en los tribunales estadounidenses por unos 1400 millones de dólares. El Ciadi determinó en 2013 que no se había violado el Tratado Bilateral de Inversión (TBI) entre Venezuela y Canadá. Y argumentó que no hubo expropiación del yacimiento minero, sino que se trató de una rescisión de contrato. Aunque de todas maneras eso implicaba un resarcimiento.
En diciembre pasado se había anunciado un principio de acuerdo por unos 1000 millones, pero en marzo la justicia de EEUU ordenó indemnizar por 1400 millones a Crystallex.
Ahora el juez Stark, de la Corte del Distrito de Wilmington, en el estado de Delaware –uno de los paraísos fiscales más importantes del mundo- autorizó a confiscar acciones de CITGO por valor equivalente al reclamo de la minera. La línea argumental de Stark, un juez de 49 años que ni bien se doctoró en Oxford trabajó para el estudio Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP and Affiliates, la tercera en el ranking de prestigio de la revista Forbes en EEUU, es que CITGO es “un alter ego” del gobierno.
En otra reminiscencia de Griesa. Stark ordena que antes de proceder al embargo, Crystallex y Citgo se deben reunir y negociar. Desde la sede de PDVSA, en tanto, llegó -como es de rigor- una apelación que por lo pronto demora la ejecución de la medida.
David Paravisini, coordinador de la Subcomisión de Petróleo, Gas, Energía y Agua de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), declaró ante El Universal, de Venezuela, que “es difícil afirmar la posibilidad efectiva de que ese tribunal pueda embargar a Citgo, porque existe una politización de la justicia”. El ingeniero, experto en políticas públicas energéticas y profesor universitario, indicó que en EEUU “buscan un precedente”, y aseguró que Venezuela tiene capacidad de pago tanto para responder ante la demanda como ante los vencimientos que se avecinan en octubre.
Mientras tanto, los buitres esperan algún tropiezo para lanzarse sobre la petrolera o cualquier bien relacionado con el combustible fósil, por ahora el mayor activo de Venezuela.
Comentarios recientes