Agustín Oscar Rossi es el tercer jefe de Gabinete del Gobierno del Frente de Todos (FdT) y asume el cargo en el último tramo de la gestión de Alberto Fernández. Llega en un marco apenas más apacible que el que le tocó vivir a Juan Luis Manzur, su antecesor, hace poco más de dos años, pero también en un entorno signado por las elecciones y las pujas internas en el oficialismo. El exgobernador tucumano llegó al cargo a instancias de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, como el hombre providencial destinado a recuperar el liderazgo político perdido en las PASO celebradas unos días antes de su jura y que presagiaban el resultado final de noviembre. Pero poco fue quedando del empuje inicial que lo puso entonces en lista de los presidenciables. Quizás esa gran expectativa le jugó en contra. Rossi, en cambio, no llega con esa perspectiva, sino más bien como un posible articulador para enfrentar los próximos comicios de un modo más optimista del que muchos, incluso en el oficialismo, avizoran. Algo que puede computarse en favor del hasta ahora interventor en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) es su lealtad, una virtud que, en política, por no tan extendida, despierta respeto incluso entre quienes no lo quieren. Ingeniero civil por la Universidad Nacional de Rosario, comenzó a militar en el peronismo en los últimos años de la dictadura cívico-militar y se jacta de defender valores de aquella generación diezmada por la violencia institucional. Había nacido dos décadas antes en Vera, esa localidad del Chaco santafesino donde un pequeño de rostro anguloso como el que tenía en su infancia era cantado que tenía que ser apodado «Cara de Chivo», luego apocopado en simplemente «Chivo», como se lo conoce públicamente. Con un gran desencanto, dijo alguna vez, se alejó del PJ en los 90 ante el perfil que tomaba el gobierno de Carlos Menem. Ya había sido presidente del Concejo Municipal rosarino y pintaba para liderar ese espacio en la provincia. Vuelve al ruedo en 2002, tras el estallido del modelo neoliberal, y se integra al movimiento kirchnerista.
En la trinchera En 2005 es elegido diputado nacional y como jefe del bloque del entonces llamado Frente para la Victoria debió, ya durante el gobierno de CFK, defender el proyecto de incremento de las retenciones al sector agropecuario. La resolución 125 del año 2008, anunciada por el entonces ministro de Economía Martín Lousteau –ahora precandidato a jefe de Gobierno porteño por el radicalismo dentro de Juntos por el Cambio– generó un levantamiento en todo el país y despertó tal enfrentamiento en la sociedad que tanto Rossi como su familia sufrieron actos de violencia en su provincia. Eso no impidió que en 2011 se candidateara a gobernador, sin suerte. Cristina Fernández lo nombra en 2013 ministro de Defensa, cargo que vuelve a ocupar en 2019 con Alberto Fernández. El año pasado asumió en la AFI, un territorio sensible si los hay para la democracia argentina, atravesado por intereses cruzados y el que cualquier mandatario necesita cubrir con una persona no solo leal sino también ejecutiva. Eso es lo que puede ofrecer Rossi, además de sus dotes de negociador entre todos los espacios que confluyen en el FdT. A su favor cuenta con la confianza del presidente, pero también de la vicepresidenta. Porque si bien es cierto que hubo diferencias en 2021, cuando Rossi fue a una interna contra el gobernador Omar Perotti –que había alcanzado un acuerdo con Cristina Fernández–, el tiempo suele limar asperezas y después de todo, el «Chivo» simplemente avisó que mantenía su porfía para su línea interna. Rossi puede argumentar ahora que él sigue en el mismo lugar, mientras que Perotti tiene más que ver con el cordobés Juan Schiaretti, con quien está armando una alianza peronista federal, que con el FdT, del que siempre se sintió distante. Algunos análisis prevén que los chisporroteos con Perotti se agudizarán por esta suma de circunstancias, habida cuenta, además, de la situación de violencia narco que se vive en Rosario y que enloda cualquier intención política. Pero Rossi vivió el divorcio social como consecuencia de «la 125» para el oficialismo y la ruptura definitiva con el peronismo cordobés a fines de 2013 en medio de acusaciones por la falta de apoyo de la Casa Rosada al Gobierno de José Manuel de la Sota en el marco de una huelga policial. Sabe que no tendría mucho que ganar si por su intervención se retacea la ayuda federal.
Se cumplen en 2023 40 años de vigencia ininterrumpida de las instituciones constitucionales luego de la barbarie que significó la dictadura cívico-militar. Una interpretación sesgada dice que se llegó a esa instancia luego de la guerra de Malvinas. Podría decirse con mayor precisión que la aventura en las islas del Atlántico Sur fue la última ficha que intentó jugar la cúpula militar ante la lucha indeclinable de los organismos de derechos humanos, fundamentalmente de Madres de Plaza de Mayo, y movimientos sociales, gremiales y políticos. Hace algunas semanas, refiriéndose a la indolencia de la Justicia para investigar el intento de magnicidio en su contra, la vicepresidenta Cristina Fernández dijo que ese 1° de septiembre de 2021 se había quebrado el pacto democrático inaugurado en 1983. Ese pacto no escrito en alguna medida siempre estuvo en tensión en estas cuatro décadas. Sin embargo, no atentar contra la vida del oponente político ciertamente forma parte de cualquier acuerdo mínimo de convivencia, y más aún luego de los horrores que había sufrido la sociedad. Por lo cual el «olvido» y la minimización del ataque que desplegaron los medios hegemónicos y la pasividad judicial en investigar a sus responsables intelectuales y financieros implica una ruptura de aquel contrato democrático.
Trago amargo Pero en estos años, otros pactos fueron puestos en disputa. Como se recuerda, el entonces candidato de la UCR, Raúl Alfonsín, tuvo el acierto de realizar una campaña electoral en 1983 con eje en el respeto a la Constitución Nacional ‒la de 1853, con sus reformas posteriores‒ y siempre terminaba sus discursos recitando el Preámbulo. Resalta en ese texto, inspirado en la Carta Magna de Estados Unidos, la parte que compromete al «cumplimiento de pactos preexistentes, con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia y consolidar la paz interior (…)». En su discurso de asunción, Alfonsín dejó una frase que también podría entenderse como parte del pacto que comenzaba ese 10 de diciembre: «Con la democracia no solo se vota, sino que también se come, se educa y se cura». El propio Alfonsín sufriría las consecuencias de otros pactos no escritos que dejaba como presente griego la dictadura. Uno de ellos salió a la luz cuando su ministro de Economía, Bernardo Grinspun, intentó renegociar los créditos tomados con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por los uniformados, a espaldas de la sociedad. A comienzos de 1984 y cuando la crisis de la deuda también arreciaba en otros países latinoamericanos, el Gobierno decidió no realizar pagos financieros al exterior a la espera de poder coordinar con los Gobiernos regionales y así ganar fuerza en la mesa de negociaciones. El trago amargo fue que no pudo torcerle el brazo al FMI, que contó con el apoyo de la administración de Ronald Reagan. Sin apoyo externo en esa negociación, su Gobierno terminó hundido por la hiperinflación, luego de dos grandes intentonas militares de carácter golpista y de de sancionar las leyes de impunidad -obediencia debida y punto final-.
El fin del empate Por esos años, 1989, voceros conservadores comenzaron a batir el parche con la necesidad de establecer una suerte de Pacto de la Moncloa a la manera del que las fuerzas políticas españolas habían firmado en 1977, tras la muerte del dictador Francisco Franco. La democracia se mostraba impotente para alimentar, educar y proveer salud a la población, como Alfonsín había prometido. Su sucesor, Carlos Menem, implementó indultos a jerarcas militares y, a continuación, liquidó empresas públicas a cambio de papeles de la deuda externa e instauró la convertibilidad. En 2001, nuevamente se volvió a hablar de La Moncloa, mientras la crisis de la deuda y el estallido del «1 a 1» casi se llevaron puesto al sistema político. Un acuerdo entre Alfonsín y el entonces senador Eduardo Duhalde abrió las puertas a otro tipo de pacto, que ponía en la mira a la industria nacional. De aquellos temporales surge el Gobierno de Néstor Kirchner. Ese nuevo pacto implicó el reinicio de los juicios a genocidas y la renegociación de la deuda externa, que incluyó el pago del total al FMI en 2005. Hubo desde entonces un período de mejora económica, de crecimiento autónomo y un proceso de integración regional único. Su sucesora, Cristina Fernández, subió la apuesta y tuvo fuertes enfrentamientos con los poderes financieros internacionales y padeció el acoso de sus voceros locales, enquistados en los medios hegemónicos. Cuando dejó el poder, en 2015, a esto se sumaría la apertura de innumerables causas judiciales contra ella, sus hijos y funcionarios de su gestión. Los Pactos de La Moncloa, tan mentados por aquí, abrieron una etapa de crecimiento y estabilidad para España. Pero tenían un condicionante clave: aceptar que el país sería una monarquía hereditaria, olvidar los crímenes de la dictadura franquista y no alterar el statu quo económico. El pacto democrático argentino para los poderes fácticos no merece tratamiento. El único respetable para ellos es el de la sumisión a los poderes reales que los gobiernos que decidieron juzgar la barbarie y romper con el FMI, por ejemplo, desobedecieron parcialmente al decidir políticas con distinto grado de autonomía y, para peor, en consonancia con otros gobiernos de la región que tomaban rumbos similares. Es evidente que un debate de fondo para la política argentina no puede eludir la vigencia y el respeto al pacto básico de convivencia democrática, especialmente, a la luz de lo que sucede en países vecinos y en todo el mundo con el avance de una derecha autoritaria que enarbola discursos de odio, persecución a adversarios políticos y recorte de derechos sociales.
Para Modesto Guerrero hay una relación de continuidad entre la muerte de Hugo Chávez y el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, porque ambas circunstancias, “junto con el golpe contra Evo o la proscripción de Rafael Correa, son capítulos de la batalla desatada por la derecha desde 2007-2013 para desmontar el tiempo de rebeldías y movimientos populares en el continente”. Abocado a la presentación de una nueva edición de “Crónica de un magnicidio”, este escritor y periodista venezolano radicado en Argentina detalla los pormenores de un caso donde se ve la mano de agencias internacionales y la colaboración de lo que llama lúmpenes locales.
-Sorprende que las cuatro personas que por su cercanía con Chávez podrían estar implicadas en su asesinato cuentan con protección de Estados Unidos.
-Es casi una confesión. Son cuatro oficiales de las Fuerzas Armadas.
-La información había circulado de manera fragmentada, pero al ver todo en detalle y cronológicamente uno se sorprende de cómo pudo ocurrir esto.
-En noviembre de 2013 -Chávez había muerto en marzo- con el pretexto de una luna de miel, los primeros dos, el capitán de corbeta Leamcy José Salazar Villagrán y su esposa Anabel Marina Linares Leal, capitana del Ejército, viajan a Punta Cana. Salen de Maiquetía y empalman en la isla con un avión de la DEA y luego de pasar por EEUU de carambola terminan en España con protección de la CIA y el gobierno español. Eso lo pudieron revelar los periodistas en el diario Público. La mujer tiene también alguna conexión con la brujería por parte del papá, es una gente muy rara. En España se encientran con los otros dos capitanes. El hombre, Adrián Velásquez Figueroa, era el guardaespaldas del hijo de Chávez. La mujer, Claudia Patricia Díaz Guillén, era la enfermera.
–¿Era la que atendía al presidente?
-Si, enfermera y licenciada en Administración. Luego la designan gerente de un banco del Estado y por esa vía envió dinero a Europa. Un diario alemán Süddeutsche Zeitung, revela una cuenta de ella en Luxemburgo. Atilio Boron lo comentó como al pasar. O sea que era un hecho público en la televisión venezolana. Me pregunto cómo es que a la seguridad del Estado no le llamó la atención esto. Según despliego en el libro, la conspiración fue internacional: Mossad, CIA, operadores, Uribe y en Venezuela la conspiración tuvo al menos dos patas visibles: Salazar y la enfermera. Y arriba de ellos oficiales responsables en la cadena de mandos, en el Palacio y en el sistema policial de inteligencia.
-En el libro también contás que el cáncer se había detectado antes de lo que se informó.
-En 2010 Manuel Isidro Molina, periodista, que fue chavista y ahora candidato a la presidencia, publica que tras las elecciones de ese año le hacen una cura de pólipos paranasales y en el examen encuentran células cancerígenas. Yo estaba haciendo la segunda edición la biografía y una exnovia, que siempre guarda todo, me dice “yo tengo por ahí un recorte que te puede servir”. Para mí era oro eso, pero no tenía comprobación, era lo que decía Molina. Enero 2022, diario Ciudad Caracas (ciudadccs.info) me pide este libro para publicar en digital. Se lo mando a un amigo para que le haga observaciones, Freddy Mejias. Había sido secretario del Proyecto de la Misión Barrio Adentro, de salud en los barrios. Es mi amigo del alma. Él lee el material, me llama y me dice “Modesto, tú pones en duda la información de los pólipos. Saca la duda, es absolutamente seguro”. Él conocía a la enfermera que atendió a Chávez y me dice que la información de Molina salió de una amante que tenía en el equipo. Molina tuvo una bomba, que sin embargo no tuvo mayor impacto. Yo me sorprendí porque si bien era un diario de segunda ¿cómo es que un periodista descarta la información de un diario de segunda? Nadie le dio bola a esa noticia, ni la derecha la usó para hacer campaña. Y él decía, “los pólipos nasales tenían células cancerígenas”.
-El origen de esos pólipos tendría que ver con la inoculación de un cáncer?
-No hay evidencia del elemento tecnológico para eso. Un físico nanotecnólogo argentino que yo consulto, me dice cómo se hace ese procedimiento, pero me aclara que eso es tan especializado, tan invisible, que solo se puede determinar haciendo el examen de un órgano. Él se ofreció a hacerlo pero nunca se hizo la exhumación del cuerpo. Y los números me dan, porque en 2006 dos directores de la CIA dicen que Chávez va a morir, en 2007 el jefe de la iglesia adventista norteamericana que Chávez tenía que morir y en 2009 Shimon Peres dice que va a morir.
Foto: AFP
-En gran parte del libro desplegas la historia de otros magnicidios y también de las características del lumpen y en el intento de asesinato de Cristina Fernández los implicados son lo que por acá llamamos marginales.
-Son marginales económicos del neoliberalismo, pero el nombre sociológico más adecuado es lumpen. A mis amigos no les gusta el uso del concepto lumpen, pero resulta que la sociedad se ha lumpenizado, hermano. Toda la sociedad. Mira la Argentina, la gran clase obrera de América Latina. No es una cuestión de gustos, sino de hechos. Y el lumpenaje está inserto en esta historia.
-¿De qué manera? Porque estos personajes pertenecían a la estructura militar.
-El lumpen adopta una conducta social distinta a la conducta del obrero industrial, del profesional académico o del burgués. El lumpenaje es una conducta. El sistema chavista tiene base lumpen, la jefatura está penetrada por la cultura lumpen. Hay elementos, jefes, que son rigurosos, metódicos, ordenados, pero otros que tienen cultura lumpen.
-¿Por qué no me aclaras un poco eso?
-Que no tienen orden, no evalúan nada, no les importa nada de lo que pasa. Porque alguien que está a cargo de un equipo del servicio de inteligencia de un estado perseguido y asediado y aparece una información de un diario alemán que habla de que una de sus cuadros está metido en negocios sucios y no investiga, es lumpen. En política es una actitud lumpen. Chávez, que era lo contrario de un lumpen, vivía en una pelea constante contra los lumpen de su gabinete.
-Hablame de Carlos Lanz.
-Carlos Lanz es un personaje curioso porque fue guerrillero desde los 14 años, estuvo 13 años preso y cuando salió de la cárcel ingresó a la organización en la que yo militaba, el Partido Socialista de los Trabajadores-La Chisoa. Él dirigió el secuestro de (William) Niehous, en febrero de 1976.
-¿Quién era Niehous?
-Era el gerente general de las empresas más grandes de Venezuela, unas multinacionales más grandes (Owens-Illinois), pero era el jefe operativo de la CIA en Venezuela. Lanz era un cerebro brillante. En la cárcel se hizo trotskista, una cosa rarísima, y se hizo experto en El Capital. Era el asesor del sistema militar venezolano para contrainteligencia. Carlos Lanz muere víctima del lumpenaje.
-La propia esposa confiesa haber pagado 8000 dólares para eliminarlo.
-La mujer, con la que vivió 30 años, con la que dormía todas las noches, dirigente del movimiento docente, Maxiorisol “Mayi” Cumare, jefa de lo que sería Suteba acá. Una tipa que fue capaz de enfrentarse con la policía antes del chavismo, la he visto, de armas tomar. Tenía origen lumpen, base lumpen de vida y por esa vía se corrompió y organizó la conspiración para sacarse a Carlos Lanz de encima.
-¿Por qué lo hizo?
-Porque él había descubierto que estaba robando del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES), un organismo de formación laboral que ella dirigía. Sacaba plata, de ahí.
-Hubo tantas versiones que implicaban al gobierno que podía haber dudas. Se tardó mucho en llegar allí.
-Tardó mucho en decidirse a investigar, teniendo muchísimos datos. Está preso mi amigo, al que yo formé en el marxismo, Tito Viloria, que llegó a ser el dirigente sindical más importante de la zona central del país. El gobierno no investigó porque tenía temor de quedar manchado o implicado. Por eso el gobierno dejó correr, fue bastante vivo, hasta que se descubrió que la cosa venía por el lado de la mujer, los amantes de la mujer. Esto es el retrato de un lumpen: el amante más importante, al que le metieron 12 años de cárcel, Glenn Castellanos, el que lo mata y lo desmembra (arrojaron los restos a los cerdos), fue funcionario menor en un ministerio, militante de la Liga Socialista, un partido castro-maoísta. Carlos sospechó de los negocios de Mayi Cumare, lo habló con ella, la hija se metió del lado del padre. Carlos era un tipo muy cerebral pero era pausado, no tomaba decisiones rápidas. Yo, en una situación así, salgo corriendo y la denuncio.
-Bueno, 30 años juntos, una hija en común, debe ser difícil.
-Es jodido además creer eso. Te tienes que convencer, aceptarlo.
-Y comprender que ella sería capaz de hacer lo que hizo.
-Un duelo, es un duelo. Y ese duelo a él le salió caro.
En una hora y cuarto de alegato por plataforma virtual, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fijó posición como abogada ante el Tribunal Oral Federal 2 sobre los puntos, explicó, que pensaba mencionar en la exposición que se le impidió realizar el 23 de agosto, un día después de que culminara la ronda de exposiciones de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. «Esto no es algo que graciosamente se me concede. Si no fuera porque soy abogada, hubiera estado en estado de indefensión» para responder a «una improcedente y arbitraria ampliación de los alegatos por parte del fiscal», en la etapa de instrucción, agregó. La exmandataria, luego de fustigar a sus acusadores, a los que sindica como inmersos en un caso de prevaricato, centró su discurso en una suerte de clase de derecho en la que apeló a la Constitución de 1994, de la que fue constituyente. Fernández citó al jurista austríaco Hans Kelsen para afirmar que el orden jurídico de un país debe responder a las premisas de ser congruente, no contradictorio, bastarse a sí mismo y no tener lagunas. Así, consideró que en la causa que sustanciaron los fiscales Luciani y Mola se violaron los criterios de federalismo al reabrir un caso que ya había juzgado el poder judicial de la provincia de Santa Cruz. Sostuvo que también se violó la separación de poderes al afirmar que los fiscales «se arrogaron la potestad de juzgar decisiones políticas» tomadas con anuencia de los poderes ejecutivo y legislativo –que votó leyes de presupuesto donde figura la financiación de la obra pública cuestionada– y también reclamó el derecho a que se juzgue con la misma lógica todos los actos de Gobierno y no solo los que atañen a Gobiernos peronistas. En ese sentido, y tras hacer un repaso de las persecuciones contra Gobiernos populares en la historia argentina, adelantó que «todo esto que pasó en estas jornadas lo vamos a compendiar, lo voy a subir a mis redes, para que el mundo pueda observar lo que fue este juicio».
De Gobiernos y asociaciones ilícitas Luego, fue directo contra la imputación de que es jefa de una asociación ilícita: «Los Gobiernos somos elegidos por el pueblo y no podemos ser nunca una asociación ilícita», dijo, para recordar que el partido que integra gobernó 12 años consecutivos. Y agregó: «Néstor Kirchner, que fue intendente (de Río Gallegos) en 1987, gobernador electo en 1991 y reelecto en el 95 y en el 99, ¿hizo todo eso pensando en que iba a llegar a la presidencia de la Nación para hacer 51 obras viales a través de la provincia de la que había sido gobernador durante tres períodos consecutivos? (…) ¿Militamos toda la vida para 51 obras viales? ¿Por qué no las hizo en los 12 años de gobernador?». «Los actos administrativos se presumen legítimos. Han traído de los pelos una situación porque tenían que traerme de los pelos a mí. Para traerme de los pelos a mí, a este juicio, trajeron de los pelos a la Constitución, al Código Penal, al Código Civil, a la ley de Procedimientos Administrativos, a la jurisprudencia, a la lógica, a todo», protestó en otro tramo de su alocución, que se produjo desde su despacho en el Senado de la Nación. A continuación, se permitió otra ironía –y no fueron pocas en esos intensos 76 minutos–: «Si todos los actos de la asociación ilícita son ilegítimos, por la aplicación de la teoría y principio del derecho penal, los frutos del árbol envenenado (…) llegaríamos al ridículo de que el fiscal Luciani no podría estar en esta causa porque no es fiscal, porque su nombramiento lo firmé yo, la jefa de la asociación ilícita ¿Se dan cuentan de a dónde vamos si agarramos de los pelos y retorcemos códigos y leyes? Vamos al desastre». Cerca del final, expresó su preocupación por el atentado que sufrió el 1 de septiembre pasado, al que enmarcó en la estigmatización de su persona a cargo de la prensa opositora y en la inacción del poder judicial y de fuerzas de seguridad, tanto locales como nacionales, para intervenir en otros ataques como la andanada de piedrazos que sufrió en ese mismo despacho en marzo pasado. Y cuestionó las acusaciones acerca de que busca impunidad. «Si quieren mirar por impunidad, miren para otro lado. Yo me siento en estado de indefensión, muy intranquila. Los jueces que me juzgan, ustedes, los que están en la Casación, el fiscal, son amigos y jugaban con (Mauricio) Macri al paddle. Las personas que están detenidas y a quien yo considero el jefe de la banda [de los «copitos»], sus abogados defensores eran asesores de un senador de la Nación, alguien que se sienta a metros mío. La asesora de otra diputada también…». Con los ojos enfocados en la cámara, culminó con un mensaje directo al juez Jorge Gorini. «Si yo me siento en estado de indefensión, qué le pasaría a usted, Gorini, si le pasara lo mismo que a mí, que los defensores de ese que intentó matarlo sean asesores de legisladores peronistas? Imagínelo por un instante, porque yo siempre recomiendo que se pongan en el lugar del otro. Yo siempre me pongo en el lugar del otro, ayuda a resolver mejor las cosas. Sobre todo, cuando se tiene tanta responsabilidad».
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