Para Modesto Guerrero hay una relación de continuidad entre la muerte de Hugo Chávez y el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, porque ambas circunstancias, “junto con el golpe contra Evo o la proscripción de Rafael Correa, son capítulos de la batalla desatada por la derecha desde 2007-2013 para desmontar el tiempo de rebeldías y movimientos populares en el continente”. Abocado a la presentación de una nueva edición de “Crónica de un magnicidio”, este escritor y periodista venezolano radicado en Argentina detalla los pormenores de un caso donde se ve la mano de agencias internacionales y la colaboración de lo que llama lúmpenes locales.
-Sorprende que las cuatro personas que por su cercanía con Chávez podrían estar implicadas en su asesinato cuentan con protección de Estados Unidos.
-Es casi una confesión. Son cuatro oficiales de las Fuerzas Armadas.
-La información había circulado de manera fragmentada, pero al ver todo en detalle y cronológicamente uno se sorprende de cómo pudo ocurrir esto.
-En noviembre de 2013 -Chávez había muerto en marzo- con el pretexto de una luna de miel, los primeros dos, el capitán de corbeta Leamcy José Salazar Villagrán y su esposa Anabel Marina Linares Leal, capitana del Ejército, viajan a Punta Cana. Salen de Maiquetía y empalman en la isla con un avión de la DEA y luego de pasar por EEUU de carambola terminan en España con protección de la CIA y el gobierno español. Eso lo pudieron revelar los periodistas en el diario Público. La mujer tiene también alguna conexión con la brujería por parte del papá, es una gente muy rara. En España se encientran con los otros dos capitanes. El hombre, Adrián Velásquez Figueroa, era el guardaespaldas del hijo de Chávez. La mujer, Claudia Patricia Díaz Guillén, era la enfermera.
–¿Era la que atendía al presidente?
-Si, enfermera y licenciada en Administración. Luego la designan gerente de un banco del Estado y por esa vía envió dinero a Europa. Un diario alemán Süddeutsche Zeitung, revela una cuenta de ella en Luxemburgo. Atilio Boron lo comentó como al pasar. O sea que era un hecho público en la televisión venezolana. Me pregunto cómo es que a la seguridad del Estado no le llamó la atención esto. Según despliego en el libro, la conspiración fue internacional: Mossad, CIA, operadores, Uribe y en Venezuela la conspiración tuvo al menos dos patas visibles: Salazar y la enfermera. Y arriba de ellos oficiales responsables en la cadena de mandos, en el Palacio y en el sistema policial de inteligencia.
-En el libro también contás que el cáncer se había detectado antes de lo que se informó.
-En 2010 Manuel Isidro Molina, periodista, que fue chavista y ahora candidato a la presidencia, publica que tras las elecciones de ese año le hacen una cura de pólipos paranasales y en el examen encuentran células cancerígenas. Yo estaba haciendo la segunda edición la biografía y una exnovia, que siempre guarda todo, me dice “yo tengo por ahí un recorte que te puede servir”. Para mí era oro eso, pero no tenía comprobación, era lo que decía Molina. Enero 2022, diario Ciudad Caracas (ciudadccs.info) me pide este libro para publicar en digital. Se lo mando a un amigo para que le haga observaciones, Freddy Mejias. Había sido secretario del Proyecto de la Misión Barrio Adentro, de salud en los barrios. Es mi amigo del alma. Él lee el material, me llama y me dice “Modesto, tú pones en duda la información de los pólipos. Saca la duda, es absolutamente seguro”. Él conocía a la enfermera que atendió a Chávez y me dice que la información de Molina salió de una amante que tenía en el equipo. Molina tuvo una bomba, que sin embargo no tuvo mayor impacto. Yo me sorprendí porque si bien era un diario de segunda ¿cómo es que un periodista descarta la información de un diario de segunda? Nadie le dio bola a esa noticia, ni la derecha la usó para hacer campaña. Y él decía, “los pólipos nasales tenían células cancerígenas”.
-El origen de esos pólipos tendría que ver con la inoculación de un cáncer?
-No hay evidencia del elemento tecnológico para eso. Un físico nanotecnólogo argentino que yo consulto, me dice cómo se hace ese procedimiento, pero me aclara que eso es tan especializado, tan invisible, que solo se puede determinar haciendo el examen de un órgano. Él se ofreció a hacerlo pero nunca se hizo la exhumación del cuerpo. Y los números me dan, porque en 2006 dos directores de la CIA dicen que Chávez va a morir, en 2007 el jefe de la iglesia adventista norteamericana que Chávez tenía que morir y en 2009 Shimon Peres dice que va a morir.
Foto: AFP
-En gran parte del libro desplegas la historia de otros magnicidios y también de las características del lumpen y en el intento de asesinato de Cristina Fernández los implicados son lo que por acá llamamos marginales.
-Son marginales económicos del neoliberalismo, pero el nombre sociológico más adecuado es lumpen. A mis amigos no les gusta el uso del concepto lumpen, pero resulta que la sociedad se ha lumpenizado, hermano. Toda la sociedad. Mira la Argentina, la gran clase obrera de América Latina. No es una cuestión de gustos, sino de hechos. Y el lumpenaje está inserto en esta historia.
-¿De qué manera? Porque estos personajes pertenecían a la estructura militar.
-El lumpen adopta una conducta social distinta a la conducta del obrero industrial, del profesional académico o del burgués. El lumpenaje es una conducta. El sistema chavista tiene base lumpen, la jefatura está penetrada por la cultura lumpen. Hay elementos, jefes, que son rigurosos, metódicos, ordenados, pero otros que tienen cultura lumpen.
-¿Por qué no me aclaras un poco eso?
-Que no tienen orden, no evalúan nada, no les importa nada de lo que pasa. Porque alguien que está a cargo de un equipo del servicio de inteligencia de un estado perseguido y asediado y aparece una información de un diario alemán que habla de que una de sus cuadros está metido en negocios sucios y no investiga, es lumpen. En política es una actitud lumpen. Chávez, que era lo contrario de un lumpen, vivía en una pelea constante contra los lumpen de su gabinete.
-Hablame de Carlos Lanz.
-Carlos Lanz es un personaje curioso porque fue guerrillero desde los 14 años, estuvo 13 años preso y cuando salió de la cárcel ingresó a la organización en la que yo militaba, el Partido Socialista de los Trabajadores-La Chisoa. Él dirigió el secuestro de (William) Niehous, en febrero de 1976.
-¿Quién era Niehous?
-Era el gerente general de las empresas más grandes de Venezuela, unas multinacionales más grandes (Owens-Illinois), pero era el jefe operativo de la CIA en Venezuela. Lanz era un cerebro brillante. En la cárcel se hizo trotskista, una cosa rarísima, y se hizo experto en El Capital. Era el asesor del sistema militar venezolano para contrainteligencia. Carlos Lanz muere víctima del lumpenaje.
-La propia esposa confiesa haber pagado 8000 dólares para eliminarlo.
-La mujer, con la que vivió 30 años, con la que dormía todas las noches, dirigente del movimiento docente, Maxiorisol “Mayi” Cumare, jefa de lo que sería Suteba acá. Una tipa que fue capaz de enfrentarse con la policía antes del chavismo, la he visto, de armas tomar. Tenía origen lumpen, base lumpen de vida y por esa vía se corrompió y organizó la conspiración para sacarse a Carlos Lanz de encima.
-¿Por qué lo hizo?
-Porque él había descubierto que estaba robando del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES), un organismo de formación laboral que ella dirigía. Sacaba plata, de ahí.
-Hubo tantas versiones que implicaban al gobierno que podía haber dudas. Se tardó mucho en llegar allí.
-Tardó mucho en decidirse a investigar, teniendo muchísimos datos. Está preso mi amigo, al que yo formé en el marxismo, Tito Viloria, que llegó a ser el dirigente sindical más importante de la zona central del país. El gobierno no investigó porque tenía temor de quedar manchado o implicado. Por eso el gobierno dejó correr, fue bastante vivo, hasta que se descubrió que la cosa venía por el lado de la mujer, los amantes de la mujer. Esto es el retrato de un lumpen: el amante más importante, al que le metieron 12 años de cárcel, Glenn Castellanos, el que lo mata y lo desmembra (arrojaron los restos a los cerdos), fue funcionario menor en un ministerio, militante de la Liga Socialista, un partido castro-maoísta. Carlos sospechó de los negocios de Mayi Cumare, lo habló con ella, la hija se metió del lado del padre. Carlos era un tipo muy cerebral pero era pausado, no tomaba decisiones rápidas. Yo, en una situación así, salgo corriendo y la denuncio.
-Bueno, 30 años juntos, una hija en común, debe ser difícil.
-Es jodido además creer eso. Te tienes que convencer, aceptarlo.
-Y comprender que ella sería capaz de hacer lo que hizo.
-Un duelo, es un duelo. Y ese duelo a él le salió caro.
En una hora y cuarto de alegato por plataforma virtual, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fijó posición como abogada ante el Tribunal Oral Federal 2 sobre los puntos, explicó, que pensaba mencionar en la exposición que se le impidió realizar el 23 de agosto, un día después de que culminara la ronda de exposiciones de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. «Esto no es algo que graciosamente se me concede. Si no fuera porque soy abogada, hubiera estado en estado de indefensión» para responder a «una improcedente y arbitraria ampliación de los alegatos por parte del fiscal», en la etapa de instrucción, agregó. La exmandataria, luego de fustigar a sus acusadores, a los que sindica como inmersos en un caso de prevaricato, centró su discurso en una suerte de clase de derecho en la que apeló a la Constitución de 1994, de la que fue constituyente. Fernández citó al jurista austríaco Hans Kelsen para afirmar que el orden jurídico de un país debe responder a las premisas de ser congruente, no contradictorio, bastarse a sí mismo y no tener lagunas. Así, consideró que en la causa que sustanciaron los fiscales Luciani y Mola se violaron los criterios de federalismo al reabrir un caso que ya había juzgado el poder judicial de la provincia de Santa Cruz. Sostuvo que también se violó la separación de poderes al afirmar que los fiscales «se arrogaron la potestad de juzgar decisiones políticas» tomadas con anuencia de los poderes ejecutivo y legislativo –que votó leyes de presupuesto donde figura la financiación de la obra pública cuestionada– y también reclamó el derecho a que se juzgue con la misma lógica todos los actos de Gobierno y no solo los que atañen a Gobiernos peronistas. En ese sentido, y tras hacer un repaso de las persecuciones contra Gobiernos populares en la historia argentina, adelantó que «todo esto que pasó en estas jornadas lo vamos a compendiar, lo voy a subir a mis redes, para que el mundo pueda observar lo que fue este juicio».
De Gobiernos y asociaciones ilícitas Luego, fue directo contra la imputación de que es jefa de una asociación ilícita: «Los Gobiernos somos elegidos por el pueblo y no podemos ser nunca una asociación ilícita», dijo, para recordar que el partido que integra gobernó 12 años consecutivos. Y agregó: «Néstor Kirchner, que fue intendente (de Río Gallegos) en 1987, gobernador electo en 1991 y reelecto en el 95 y en el 99, ¿hizo todo eso pensando en que iba a llegar a la presidencia de la Nación para hacer 51 obras viales a través de la provincia de la que había sido gobernador durante tres períodos consecutivos? (…) ¿Militamos toda la vida para 51 obras viales? ¿Por qué no las hizo en los 12 años de gobernador?». «Los actos administrativos se presumen legítimos. Han traído de los pelos una situación porque tenían que traerme de los pelos a mí. Para traerme de los pelos a mí, a este juicio, trajeron de los pelos a la Constitución, al Código Penal, al Código Civil, a la ley de Procedimientos Administrativos, a la jurisprudencia, a la lógica, a todo», protestó en otro tramo de su alocución, que se produjo desde su despacho en el Senado de la Nación. A continuación, se permitió otra ironía –y no fueron pocas en esos intensos 76 minutos–: «Si todos los actos de la asociación ilícita son ilegítimos, por la aplicación de la teoría y principio del derecho penal, los frutos del árbol envenenado (…) llegaríamos al ridículo de que el fiscal Luciani no podría estar en esta causa porque no es fiscal, porque su nombramiento lo firmé yo, la jefa de la asociación ilícita ¿Se dan cuentan de a dónde vamos si agarramos de los pelos y retorcemos códigos y leyes? Vamos al desastre». Cerca del final, expresó su preocupación por el atentado que sufrió el 1 de septiembre pasado, al que enmarcó en la estigmatización de su persona a cargo de la prensa opositora y en la inacción del poder judicial y de fuerzas de seguridad, tanto locales como nacionales, para intervenir en otros ataques como la andanada de piedrazos que sufrió en ese mismo despacho en marzo pasado. Y cuestionó las acusaciones acerca de que busca impunidad. «Si quieren mirar por impunidad, miren para otro lado. Yo me siento en estado de indefensión, muy intranquila. Los jueces que me juzgan, ustedes, los que están en la Casación, el fiscal, son amigos y jugaban con (Mauricio) Macri al paddle. Las personas que están detenidas y a quien yo considero el jefe de la banda [de los «copitos»], sus abogados defensores eran asesores de un senador de la Nación, alguien que se sienta a metros mío. La asesora de otra diputada también…». Con los ojos enfocados en la cámara, culminó con un mensaje directo al juez Jorge Gorini. «Si yo me siento en estado de indefensión, qué le pasaría a usted, Gorini, si le pasara lo mismo que a mí, que los defensores de ese que intentó matarlo sean asesores de legisladores peronistas? Imagínelo por un instante, porque yo siempre recomiendo que se pongan en el lugar del otro. Yo siempre me pongo en el lugar del otro, ayuda a resolver mejor las cosas. Sobre todo, cuando se tiene tanta responsabilidad».
El centenario de la creación formal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) en el predio de Tecnópolis sirvió de marco para un “reencuentro” de la vicepresidenta Cristina Fernández con el primer mandatario, Alberto Fernández, luego de meses de contradicciones y enfrentamientos de diversa envergadura. CFK aprovechó la ocasión para resaltar un par de cuestiones centrales para el que fuera su gobierno y, programáticamente, para la coalición que conformó en 2019 con el objetivo de derrotar a Cambiemos.
Recordó que la estatización de la petrolera de bandera, de la que este viernes se cumplían diez años, «no fue una decisión dogmática» sino que se trató de «recuperar la soberanía hidrocarburífera para los argentinos». También señaló que la fundación de la primera empresa petrolera estatal del mundo fue obra de un decreto del entonces presidente Hipólito Yrigoyen, el primer mandatario de la UCR.
Luego se dio tiempo para mencionar que Tecnópolis se construyó a pesar del rechazo del entonces jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri. “Ante la adversidad, pecho, coraje y vamos a hacer algo más y mejor”, resumió. De paso, recriminó a la compañía fabricante de los caños para el gasoducto desde Vaca Muerta, sin mencionarla, a “que traigan acá la línea de producción de chapa que tienen en Brasil”.
La expresidenta fue particularmente corrosiva al señalar que gobernar es administrar tensiones y recomendarle a Alberto F. que use la lapicera para hacerlo en favor de las grandes mayorías. Una chanza interna, recordando alguna frase que ya integra su catálogo personal en la que desmentía su influencia sobre el primer mandatario, al que de alguna manera ungió hace tres años cuando anunció la fórmula para enfrentar a Macri. “Es un país presidencialista, la lapicera la tiene siempre el presidente”, dijo esa vez.
Tal parece que en el oficialismo nunca las aguas están calmas del todo, por eso a pocas horas de esta entente dentro de la coalición de gobierno, durante este sábado una “filtración” de prensa removió las olas nuevamente. Se trató de un mensaje en un off un tanto inoportuno desde el Ministerio de Desarrollo Productivo. No es la primera vez que desde esa cartera se difunden mensajes similares para la prensa que luego resultan en campañas mediáticas. Tampoco es la primera vez que desde la vicepresidencia se reclama contra este tipo de acciones desde las sombras.
En concreto, el trascendido, como se lo llamaba en otras épocas, responsabilizaba al área de Integración Energética Argentina (IASA) designada a instancias de la vicepresidenta por la contratación de las cañerías de la discordia. Y desafiaba: “La lapicera la tienen que usar los funcionarios de Cristina, que fijaron las condiciones para darle la construcción de las cañerías del gasoducto de Vaca Muerta a Techint”.
La reacción de CFK no se hizo esperar. «Muy injusto y, sobre todo, muy doloroso que este tipo de ataques lo ejecuten funcionarios del propio gobierno», lamentó desde su cuenta de Twitter. «Lo peor de todo: sin dar la cara, en off, mintiendo y utilizando periodistas. Con errores y aciertos, siempre hablé y actué de frente», agregó.
Alberto F. se adosó al mensaje de CFK. «Es éticamente reprochable hablar en off en desmedro de otro», dijo. Tomó la lapicera y le pidió la renuncia a Matías Kulfas, el titular de Desarrollo Productivo.
Como se dice en otros lares, la dirigencia política ya dio el pistoletazo de largada a la campaña electoral de medio término. Así, en medio de la hostilidad de la oposición por las repercusiones de los casos de vacunación irregular contra el COVID-19, en su segundo discurso de inauguración de sesiones parlamentarias, el presidente Alberto Fernández salió a la ofensiva en algunos de los temas que a lo largo de 2020 quedaron suspendidos o demorados por la pandemia. En plenas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional por la voluminosa deuda heredada, dijo que impulsará una querella criminal para determinar quiénes, en el proceso de endeudamiento ante dicho organismo, han sido autores de delitos como administración fraudulenta y malversación de caudales públicos. Y se comprometió a llevar esa misma postura ante las autoridades del ente crediticio responsables de haber otorgado los préstamos al Gobierno de Mauricio Macri en 2018. También fue muy explícito en su reclamo de reforma judicial. Sin nombrar a Carlos Stornelli, habló de un fiscal «procesado por delitos tan severos como el espionaje ilegal de ciudadanos o el de extorsión, que sigue en funciones como si nada de esto lo afectara» e ironizó que no fue detenido bajo lo que se llamó Doctrina Irurzun, porque «su poder no es residual, es vigente». Un año atrás, la propuesta de reforma judicial aparecía como la respuesta a un compromiso asumido durante la campaña que lo llevó a la Casa Rosada. Y si bien es cierto que dio un giro copernicano en el manejo del servicio de inteligencia –blanqueando, entre otras cosas, la caja negra– y cortó la promiscuidad que reinaba en la relación entre agentes de la AFI con jueces y fiscales, es muy poco lo que pudo avanzar para el gusto de muchos que votaron al binomio Fernández-Fernández.
Con la lupa en Tribunales Dedicó unos minutos también para la Corte Suprema, en la que, deslizó, hay una persona que supera la edad máxima que contempla la Constitución, pero sigue en el cargo gracias a acordadas de sus pares. «Es el único poder que parece vivir en las márgenes del sistema republicano. Sus miembros (jueces, fiscales, defensores y demás funcionarios) disfrutan de privilegios de los que no goza ningún miembro de la sociedad», añadió, como el de no pagar impuesto a las Ganancias. Ya estaba claro antes del discurso que el Gobierno no esperaba una tregua por parte del Poder Judicial, de ahí que el presidente haya descripto con crudeza los problemas en el funcionamiento de los tribunales. Con dificultades para consensuar entre los propios y el bloque opositor, el país sigue sin contar con un Procurador debidamente aprobado en el Senado, como recordó en su mensaje el mandatario. No es solo un problema para el oficialismo, lo es para todo el sistema democrático, ya que la anterior jefa de los fiscales debió renunciar luego de una presión inédita de los poderes fácticos sobre ella y su familia, en diciembre de 2017. Desde entonces ese cargo clave para la Justicia está en manos de un interino. Mientras tanto, desde el rincón más rancio del Poder Judicial se envían señales de que no se deben esperar acuerdos de convivencia, amparados en una potente cobertura mediática. Tanto como para que pase por «presión intolerable» el reclamo de Anses hacia aquellos funcionarios que ante el cambio de modalidad de la liquidación de la jubilación presentaron los papeles para el retiro, pero siguen en funciones. Son funcionarios que iniciaron los trámites para mantener privilegios, pero se atornillan al asiento para no perder poder. «Deben elegir entre la Patria y el bolsillo»; ironizó alguien, sintetizando el objetivo de Anses. El fallo sobre una de las causas contra Lázaro Báez, tras un acoso inocultable sobre una de las juezas del Tribunal Oral Federal 4 para que se implique a Cristina Fernández por su presunta responsabilidad en el origen del dinero encontrado en cuentas suizas del empresario, es una prueba de ello. En todo el proceso no se pudo probar que fuera testaferro de la familia Kirchner ni que haya habido sobreprecios en las obras adjudicadas a sus firmas. En su discurso en el Congreso, el presidente se dio tiempo para cuestionar el rol de muchos comunicadores a los que evitó nombrar, aunque los definió como «quienes tras el disfraz de la objetividad preservan intereses de poderes económicos concentrados». Pocos gobiernos desde el 83 en adelante enfrentaron la oposición sistemática de los medios más influyentes desde antes incluso de asumir el cargo como Fernández.
Lo que está en juego La campaña promete ser particularmente dura. Las bolsas negras en la Plaza de Mayo del 27 de febrero son apenas una muestra brutal del perfil que proponen algunas líneas internas de Juntos por el Cambio (JxC). En tanto, el futuro de la gestión del Frente de Todos (FdT) parece atado a cómo logre implementar satisfactoriamente el plan de vacunación y, a las puertas del otoño, se pueda frenar una segunda ola de contagios que sería fatal para la recuperación económica. Luego de un año signado por restricciones sanitarias, el Gobierno también debe demostrar que es capaz de frenar un proceso inflacionario que golpea fundamentalmente a los sectores sociales más postergados. Estos comicios son cruciales para que Fernández pueda obtener, en una hipótesis optimista, suficiente respaldo en las urnas para desarrollar la rezagada agenda de 2019. La peor noticia para el oficialismo sería quedar con una minoría que lo deje a merced de los sectores más ultras de la oposición. Lo que, en vista de antecedentes no tan lejanos, implicaría un bloqueo o tener que negociar en un escenario totalmente hostil. La principal fuerza opositora promete agitar en el proceso electoral las causas judiciales que involucran a la vicepresidenta. La mesa judicial del anterior Gobierno, cuya existencia fue reconocida por la exdiputada Elisa Carrió, funcionó como un mecanismo de relojería hace cuatro años, cuando el macrismo ganó con cierta holgura la elección de medio término. Gran parte de esas bancas deben ahora someterse a escrutinio. Lo que la alianza JxC se juega son los escaños logrados durante su máximo punto de acercamiento con la ciudadanía, cuando logró triunfar en varias provincias. En ese momento, nadie en el entonces oficialismo dudaba que habría Macri hasta 2023 y macrismo por varias generaciones más. Fue a fin de ese mismo año, solo un par de meses después, que comenzó el derrape.
Avivadas y transparencia
Cuando el Gobierno de Alberto Fernández se encaminaba a celebrar la llegada del grueso de las partidas de la vacuna Sputnik V y poner velocidad máxima al mayor plan de vacunación conocido en el país, la auto denuncia del periodista Horacio Verbitsky detonó el escándalo de un vacunatorio irregular en el Ministerio de Salud. El caso minó la credibilidad en un tema tan sensible para la población, hastiada de tener que resguardarse del coronavirus este largo año. Fue un regalo para la oposición. Pero el tema desnuda características de la idiosincrasia argentina y de los tiempos de inmediatez irracional que se viven. Por un lado, los mismos que hace pocas semanas cuestionaban a la «vacuna rusa» y habían presentado una denuncia judicial contra el presidente por envenenamiento o proponían que se vacunara al 48,24% que votó al FdT «y no se hable más» –tal cual recordó Fernández en su discurso– gritaban en reclamo de sus vacunas. Se extendió incluso un manto de sospecha sobre toda persona vacunada y hasta sobre la funcionaria que llevó adelante todo el proceso de vacunaciones –una verdadera experta en el asunto–, la ahora ministra Carla Vizzotti. Veloz, el presidente pidió la renuncia de Ginés González García y bajó del avión en el que iba a viajar a México al diputado Eduardo Valdés y al senador Jorge Taiana. Pero luego intentó minimizar el asunto diciendo que las denuncias judiciales que arreciaron eran «una pavada» y que no había delito en adelantarse en la fila. Después reclamó la misma celeridad judicial con las causas por corrupción que involucran al anterior Gobierno y al propio expresidente. Sin embargo, la indignación tensó a opositores y a oficialistas por igual, sobre todo por los implicados. El ministro, un sanitarista reconocido como uno de los más destacados de la historia argentina. El ex canciller, por el peso de su palabra y de su compromiso personal y familiar por la democracia. Y un periodista de predicamento y prosapia, amigo del presidente. Quizás todo sea fruto del mismo árbol. No es buena política el «¿y vos qué? » como respuesta. Adelantarse en la fila es una avivada que indigna, lo mismo que dar unos pesos para conseguir un mejor lugar en un teatro o apurar un turno en alguna dependencia o adelantarse por la banquina cuando hay un embotellamiento en una ruta. Como también lo es aprovechar el cargo en el Estado, cambiar reglamentos o amañar contratos para hacer negocios o favorecer a familiares y amigos. O hacerse amigo del juez, como recomendaba el viejo Vizcacha.
Campaña. La inmunización masiva en marcha es la más grande de la historia. (NA)
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