El presidente del Gobierno español pateó el hormiguero fiscal en Madrid y los efectos se sintieron hasta a pocos metros de la Casa Rosada. Pedro Sánchez, consecuente con su historia, decidió afrontar una crisis política que atraviesa España en las últimas décadas mediante un acuerdo con Cataluña que las derechas rechazan indignadas con dos argumentos: que atenta contra la unidad española, y que va a robarle la riqueza a los ciudadanos. Es que el líder del PSOE, que este sábado avisó en el 41º Congreso del partido que quiere ser reelegido para otro período, además de promover una reforma impositiva que trastoca el modo de reparto de las recaudaciones, propone aumentar los impuestos a quienes “conducen Lamborghinis y tienen dinero en el banco para vivir 100 vidas”.
La apuesta de Sánchez, que toma relevancia horas antes de la Diada –el día de Cataluña, 11 de septiembre–, no tiene tanto raíces ideológicas como de “real politik”. La permanencia del propio jefe de gobierno tras las elecciones de julio de 2023 fue lograda al cabo de acuerdos políticos con los partidos nacionalistas, y Esquerra Republicana de Catalunya fue clave. Incluso la nominación del nuevo presidente de la generalitat, Salvador Illa, del Partido de los Socialistas (PSC), depende de la buena voluntad de ERC.
El “problema catalán”, que se plasmó en la declaración de independencia de octubre de 2017, implicó una fuerte represión del gobierno federal de ese momento, en manos de Mariano Rajoy, del Partido Popular, y decenas de detenciones de los dirigentes que encabezaron la movida y el “exilio” de su líder, Carles Puigdemont.
El tema de fondo, como suele suceder en cuanta rebelión independentista hubo en el mundo, tiene tintes impositivos. En casi toda España rige un sistema similar a nuestra Coparticipación Federal. Es decir, el estado nacional reparte a los estados autonómicos la recaudación de acuerdo a cupos acordados con un criterio de equiparación de necesidades y posibilidades de cada distrito. Lo que hace que quienes más aportan resignen parte de su beneficio en bien del sector menos favorecido.
En el caso español, el País Vasco y Cataluña son regiones de mayor productividad y riqueza y por tanto aportan más en el esquema tributario. Pero vascos y navarros tienen un sistema de “concierto económico” que se reinstauró tras la recuperación de la democracia, en 1981. Los gobiernos de esas regiones recaudan los impuestos y luego giran a Madrid una parte proporcional para que desde allí se reparta a las demás comunidades. Cataluña viene peleando por lo mismo. Los independentistas basan parte de sus proclamas en que son permanentemente robados por el Estado español.
Obligado por las circunstancias, Sánchez se fue inclinando hacia un acuerdo similar al de los vascos. Y luego de negociaciones entre el ERC y el PSC, se acordó que la Agencia Tributaria catalana recaudará todos los impuestos de la región y luego de enviará a Madrid su aporte por los gastos nacionales correspondientes. También entregará un “aporte solidario” mediante un principio de ordinalidad. «La Generalitat debe contribuir a la solidaridad con las otras comunidades autónomas, a fin de que los servicios prestados por los diferentes gobiernos autonómicos a sus ciudadanos puedan alcanzar niveles similares siempre que lleven a cabo un esfuerzo fiscal también similar», dice el texto pactado a mediados de año.
La primera consecuencia es que los catalanes tendrán más de la torta que hornean. Hasta ahora el Estado catalán muestra déficits fiscales que el estado nacional debe compensar. Los nacionalistas arguyen que ese desequilibrio se produce porque están obligados a contribuir con mucho más de lo que reciben. Ahora esa justificación ya no será posible.
El PP y Vox pusieron el grito en el cielo y clamaron contra acuerdos que consideran espurios, que solo garantizan la permanencia de Sánchez en el poder, y que van en contra de la unidad de España. Andalucía, Canarias y Galicia, en poder de las derechas, afirman que perderán entre 3000 y 6100 millones de euros anuales de ingresos, lo que los obligará a serios ajustes presupuestarios. El viernes, en un encuentro en el Palacete de los Duques de Pastrana, en Madrid, el titular del PP, Alberto Núñez Feijóo, acordó con sus “barones” –presidentes– de las comunidades exigirle a La Moncloa -un edificio a unas cuadras de allí y de características parecidas- que pare el cupo catalán y que reparta los fondos no ejecutados del plan Next Generation de la Unión Europea. Son unos 18.000 millones de euros de un proyecto de recuperación pospandemia.
Sánchez apunta a resolver esa disminución haciéndoles pagar a los que tienen dinero como para 100 vidas. “Lo haremos, insisto, no para perjudicar a los millonarios sino para proteger a las clases medias y trabajadoras de un sistema que continúa siendo extraordinariamente injusto», dijo en un acto en el Instituto Cervantes ante casi todo su gabinete y de los líderes sindicales de las centrales sindicales Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT). Independiente de lo que piensen algunos, España será un país mejor si tiene más automóviles eléctricos, por cierto fabricados en España, más autobuses públicos y, por tanto, más transporte público y menos Lamborghinis», concluyó.
Abascal responde desde el CCK
El caudillo del partido ultraderechista Vox, Santiago Abascal, aprovechó su presentación en el III Encuentro Regional del Foro Madrid, que se realizó en el CCK de la ciudad de Buenos Aires, para defender a su manera a los dueños de Lamborghinis y con dinero como para 100 vidas en los bancos. Así, tras calificar a Javier Milei como “uno de los nuestros”, afirmó que Pedro Sánchez «se ha convertido en un ladrón de la riqueza de los españoles (…un) autócrata ahogado en la corrupción política que compra el poder cediendo ante los enemigos de España», como los «separatistas y terroristas» y que «se dedica a amenazar a la prensa libre, a los jueces» y a los millonarios. Luego hizo una distinción entre buenos y malos. Dentro de los primeros anotó a Milei y a quienes están de su lado, uno de ellos Vox. Del otro, los que suben impuestos y tienen una mirada progesista de la vida, entre otras cosas. Por eso aplaudió que ese sector de extrema derecha ahora está unido y comparte acciones más allá de las fronteras. “Los que aprovechan el poder, el miedo y el dinero del narco para quitarnos las libertades, están unidos; los que suben impuestos para masacrar a sus propios pueblos, están unidos; los que confiscan la propiedad privada en todas las naciones, están unidos”. En resumen: «Los malos están unidos y los buenos estábamos desunidos y desorganizados», algo que cambió desde hace un tiempo, destacó. También están unidos, insitió, quienes «imponen agendas globalistas como la agenda ‘woke’, la agenda de género, la Agenda 2030 o la memoria histórica que pretende imponer la ultra izquierda». En ese sector para él vituperable, colocó a «los que imponen nuevas religiones, como la dictadura climática». Ya que estaba, Abascal atacó al presidente venezolano, Nicolás Maduro y cuestionó a quienes «se han negado a reconocer de manera clara, de manera contundente, Edmundo González Urrutia, como presidente electo y como presidente legítimo de Venezuela». Y además, defendió a Elon Musk afirmando que “el bloqueo de X atenta contra la libertad de expresión y los Derechos Humanos de los brasileños”.
Habrá que reconocerle a Emmanuel Macron su habilidad de fullero. Y este jueves consolidó una nueva maniobra por la cual, lejos de acordonar a la democracia para evitar el triunfo de la ultraderecha, pactó con Marine Le Pen para bloquear un primer ministro de la alianza de izquierda que ganó la elección del 4 de julio pasado. Una pirueta que habrá que ver cómo le sale si es que las calles vuelven a hablar este sábado, con la marcha anunciada por el Nuevo Frente Popular (NFP) en repudio a esta voltereta que dejó fuera de carrera a Lucie Castets, la candidata propuesta por ese espacio, y en su lugar nombrar a Michel Barnier.
Conviene hacer un poco de memoria para entender la jugada del presidente francés. Macron había disuelto el parlamento el 9 de junio y llamado a elecciones adalentadas cuando se conocieron los primeros resultados de boca de urna que confirmaban el triunfo de Jordan Bardella, de Reunión Nacional (RN), el partido de Le Pen, en las elecciones al Europarlamento. El joven estrella de la ultraderecha se alzó con algo más del 31% de los votos y quedó en primer lugar, duplicando el apoyo que obtuvo la candidata oficialista, Valerie Hayer. El NFP, integrado por La Francia Insumisa (LFI), de Jean-Luc Melenchon y el Partido Socialista (PS), con el Partido Comunista (PCF) y Europa-Ecología los Verdes (EELV), sumó esa vez alrededor de un 30% de apoyo.
En el comicio del 4 de julio hubo un cambio de tendencia y surtió efecto la convocatoria a traducir en las urnas el “cordón sanitario” al extremismo de derecha que representa RN. El Nuevo Frente Popular obtuvo entonces con sus aliados 193 escaños en la Asamblea contra 143 de RN y “amigos de la causa”. El oficialismo de Macron sumó 164. Para formar gobierno se necesitan 289 votos sobre 577 bancas. Pero Macron, astuto, no tomó entonces ninguna decisión porque el 26 de julio comenzaban los Juegos Olímpicos de Paris y el mundo político pasaba a segundo plano.
A medida que la espuma deportiva se fue diluyendo, el Elíseo debía decidir a quien confiar el puesto de primer ministro, un cargo que en un país presidencialista puede generar rispideces cuando no es del mismo partido. Fue entonces que la prioridad de Macron ya no era impedir la llegada de la ultraderecha sino poner un cordón sanitario a la izquierda. Cierto que antes intentó quebrar la unidad del NFP, pero a la hora de la verdad el mandatario demostró sin ruborizarse de qué lado se posiciona. Algo que no debería sorprender.
Designar a un miembro de RN hubiera sido demasiado y a uno propio habría generado demasiado ruido. El camino intermedio era Michel Barnier. El hombre, de 73 años, había sido canciller entre 2004 y 2005 y tuvo un rol clave en torcer otra voluntad popular entonces: como parte del anhelo de integración regional europea, se había establecido la necesidad de que la ciudadanía de cada país ratificara un texto constitucional elaborado por el Parlamento Europeo.
Sucede que los nerlandeses y los franceses fueron los únicos que rechazaron la propuesta, lo que impedía su aprobación. Ni lerdos ni perezosos, los dirigentes «inventaron» en 2007 el Tratado de Lisboa. Que dice lo mismo y se pretende que tenga la misma fuerza legal, pero sin haber pasado por la molestia de haber sido sometido a una consulta popular.
Algo que recordó el líder de LFI, Jean-Luc Melenchon, quien acusa a Macron de haber robnado las elecciones.
Emmanuel Macron nie officiellement le résultat des élections législatives.
Il vient de nommer Michel Barnier. Un membre, parmi d'autres, d'un parti qui a été le dernier à l'élection législative.
Barnier también fue clave como negociador por la UE en el Brexit. Pero no solo eso, al representante del partido Los Republicanos -heredero del gaullismo residual y que el 4-J obtuvo solo 39 bancas- se le endilga su postura contra la inmigración, contra el alza de impuestos a los ricos y por haber votado en contra de la despenalización de la homosexualidad. Es decir: Barnier es un “lepenista tolerable”. Mira el mundo como la ultraderecha pero sin haberse visto contaminado con el racismo del padre de la señora Le Pen, Jean-Marie.
Se descuenta que Barnier tiene los votos para ser ungido, por cierto. Pero la moneda sigue en el aire.
En Argentina, la palabra «revisionismo» remite a esa corriente historiográfica que desde la segunda mitad del siglo XX hurgó en tono crítico en la versión de la historia construida por las élites nativas desde la Carta Magna de 1853, muy al gusto de una inserción liberal en el mundo decimonónico.
Otra construcción historiográfica se fue elaborando colectivamente desde la recuperación de la democracia, en 1983, y tuvo como eje el juicio y castigo a los culpables de los crímenes de lesa humanidad. Ahora, en un intento de mover hacia atrás las agujas del reloj, se pretende encarar una nueva corriente revisionista, desde la emergencia como figura pública de Javier Milei, que no por casualidad se sumó en ese anhelo a la reconocida negacionista y reivindicadora de la dictadura, Victoria Villarruel. Algunas de las diferencias entre ellos radican en que el presidente recupera la figura del autor del texto en que se cimentó aquella Constitución, Juan Bautista Alberdi, mientras que su vicepresidenta recurre a un nacionalismo extremo con el objetivo confeso de reivindicar a los militares juzgados y condenados en estas cuatro décadas.
El horror vivido en los años de plomo es tan profundo que cada tanto se vuelve sobre él. En estos días se cumplirán, precisamente, dos años del estreno de la multipremiada 1985, película dirigida por Santiago Mitre –comparte apellido pero no lazos sanguíneos con Bartolomé, el pionero en aquella historia oficial del siglo XIX– que revive el juicio a las juntas militares y fue la más vista en 2022. Ahora se acaba de presentar Traslados, un documental sobre los vuelos de la muerte, ese atroz método de extermino también utilizado por los genocidas, y que dirige Nicolás Gil Lavedra, hijo de Ricardo, quien integró el tribunal que condenó a los comandantes de la dictadura.
La visita de legisladores de La Libertad Avanza (LLA) a presos por delitos de lesa humanidad en la cárcel de Ezeiza del 11 de julio pasado despertó fuertes críticas desde amplios sectores de la oposición y generó disputas internas que llevaron incluso al quiebre del bloque oficialista.
A esta leña le agregó combustible la vicepresidenta, cuando en una reunión en el senado en ocasión del Día Internacional de la Conmemoración a las Víctimas del Terrorismo, dijo: «Reabriremos todas las causas de víctimas del terrorismo para que sea la Justicia la que haga lo que debió hacer hace más de 20 años», y agregó: «Todos los montoneros tienen estar presos por ensangrentar nuestra Nación».
Celebró esa postura una organización de Estados Unidos, Counterpoint Institute, creado y dirigido por Shea Bradley-Farrell, una adalid de conservadorismo global que integró el gabinete de Donald Trump y fue asesora de su hija, Ivanka Trump.
“We will reopen all cases of victims of terrorism." Bravo @VickyVillarruel !
Vice President Victoria Villarruel led an event in the Senate and stated: "All Montoneros must be in prison." https://t.co/sAk7Bsl0XF
El discurso generó prontos intentos de «despegue» del presidente y sus principales espadas, que están en una lucha ya sin cuartel con la compañera de fórmula electoral y ahora virtual enemiga íntima. Pero también abrió viejas heridas en el peronismo, donde algunos de sus integrantes, como el exsecretario de Comercio Guillermo Moreno y el exministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, vienen intentando un acercamiento con Villarruel. También se sumó el senador José Mayans, quien invitó a la vicepresidenta a profundizar la amistad, en medio de un diálogo suscitado durante el debate de la ley de movilidad jubilatoria en la Cámara alta. Esto fue respondido ácidamente por Cristina Fernández de Kirchner.
Pericia psiquiátrica le vamos a pedir a los que dicen que Villarruel es peronista.
A esta escalada «revisionista» se sumó, aunque desde otro ángulo, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien en la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara Baja fustigó la agenda que en el Congreso se viene llevando en ese ámbito desde hace décadas.
Se terminó la agenda cultural de izquierda y la ideología de género que se usaron para enmascarar curros que dejaron a la mitad de los argentinos en la pobreza.
Desde esta administración no vamos a gastar más dinero público en caprichos ideológicos sin sentido, nuestra prioridad… pic.twitter.com/YY14my3QLA
El debate demostró que más allá de los brulotes con que los espacios libertarios condenan las políticas de derechos humanos y de género que la sociedad fue asumiendo desde el 10 de diciembre de 1983, son temas que calaron lo suficientemente hondo como para que una vuelta atrás aparezca como impensble.
Por el lado de los juicios a responsables de los crímenes contra la humanidad, porque todas las instancias judiciales ya dieron su veredicto, y porque la misma Justicia ya dictaminó que en el caso de las organizaciones guerrilleras, los delitos ya prescribieron. Un dato que alguien esgrimió en las redes sociales es que esa es otra impostura de LLA, que en un debate presidencial puede acusar a Patricia Bullrich de haber puesto una bomba en un jardín de infantes y luego de amigarse convenientemente, la unge como ministra de Seguridad. Otros recordaron que la dictadura no juzgó a sus víctimas y que muchas de ellas siguen desaparecidas. Como sucede con los padres de la exdiputada Victoria Donda.
Sin embargo, más allá del barullo mediático, si algo positivo tuvo todo el escándalo circundante es que ejerció una enorme tarea didáctica al menos para la diputada Lourdes Arrieta. Visitante en Ezeiza y radiante en la «foto familiar» junto a sus colegas y los presos, alegó desconocer quién era Alfredo Astiz, a pesar de ser hija de un cabo del ejército, porque, se disculpó, «nací en 1993».
En la ordalía caníbal en LLA, la acusaron de «no tener los patitos en fila» y ella pidió una investigación interna sobre cómo se organizó el viaje a Ezeiza. Además, presentó audios y chats del grupo de legisladores que asistieron, donde se desmienten los descargos de los involucrados.
Por si fuera poco, también afirmó que finalmente había comprendido el alcance de lo que había ocurrido en los 70. Fue en declaraciones a Daniel Tognetti en la radio AM 530, cuando tras conformar un bloque unipersonal en el Congreso, afirmó estar leyendo el Nunca Más que se le vio bajo el brazo en las últimas sesiones y aseguró haber entendido por qué se decía que eran 30.000 los desaparecidos.
Elon Musk le declaró la guerra abierta al titular de la Corte de Brasil, Alexandre de Moraes, y ya que está al presidente Lula da Silva, mientras deja en claro que juega todas las fichas por Donald Trump en las presidenciales su país de adopción. El dueño de la red X prometió en su cuenta personal que desde hoy publicará “la larga lista de crímenes” que según él cometió el magistrado, al que califica de dictador y “fraude”. En posteos anteriores, el empresario sudafricano-estadounidense había salido en defensa de su competidor de Telegram, Pavel Durov, detenido por unos días en Francia (ver aparte), argumentando en favor de la libertad de expresión irrestricta en la web. Ahora fue algo más lejos y dijo que situaciones que considera como censura pueden repetirse en Estados Unidos si en noviembre Kamala Harris llegara a la presidencia.
Los primeros escarceos se produjeron cuando el juez ordenó bajar contenidos racistas y de grupos extremistas que utilizan la plataforma para desinformar y difundir mensajes de odio. ADM se centró a principios de agosto en siete perfiles que responden al expresidente Jair Bolsonaro, socio ideológico de Trump. El antecedente para el togado es el intento golpista de enero de 2023, cuando partidarios de Bolsonaro coparon la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia con el objetivo de forzar la destitución de Lula, que había asumido su tercer mandato la semana anterior. «La libertad de expresión no debe confundirse con el permiso para faltar el respeto a las leyes o promover ideales antidemocráticos», anotó el presidente del Tribunal Supremo de Justicia.
Sucede que Musk no solo es correligionario de Trump, sino de Bolsonaro y de cuanto discurso ultraderechista pulule en las redes. Y al igual que toda esa camada de magnates del siglo XXI de gran visibilidad publica en las plataformas digitales, el propietario de X se maneja en la Tierra como si tuviera un poder superior al de cualquier gobierno elegido por el pueblo. No son pocos los que le rinden pleitesía, como el argentino Javier Milei. Pero Lula no está entre ellos. «¿Quién se cree que es? No por tener mucho dinero ese tipo puede faltar al respeto; es un ciudadano estadounidense, no es un ciudadano del mundo, no puede ofender a los presidentes, a los diputados, al Senado, a la Cámara, al Tribunal Supremo. Tiene que respetar la decisión del Tribunal Supremo de Brasil», se ofuscó en una entrevista con la radio Rede Mais.
Como la orden no se cumplía, el 15 de agosto el juez triplicó la pena económica original por incumplimiento, que era de U$S 8900 por día. La respuesta de Musk fue levantar las oficinas de X en Brasil y trasladar a su responsable local al exterior. ADM ordenó, en consecuencia, designar un representante legal. Al no obtener resultados, salió la orden de bloqueo total, que se transmitió inmediatamente a la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel). Mientras dure la prohibición, no se permitirá el acceso a Xy los operadores de telefonía están obligados a bloquear las IP de la red social. Tanto Apps Store como Google Play Store tienen que bajar la aplicación. Cualquier violación a esta decisión implicará una multa, también de U$S 8900 diarios.
El magistrado bloqueó además las cuentas bancarias de Starlink, la empresa de satélites de Musk, para cobrarse las multas impuestas, que a esta altura sumaban unos 3 millones de dólares. El magnate respondió que «no cumplirá las órdenes ilegales para censurar a opositores políticos» y aseguró que seguirá prestando el servicio de conexiones de SpaceX de manera gratuita a hospitales, escuelas, al ejército brasileño y a los particulares que lo tuvieran contratado hasta ahora y mientras dure la clausura. No por gentileza, sino porque básicamente no puede cobrarles.
En un extenso fallo de 51 páginas, el juez fija posición en base a investigaciones de Sergio Arce García. El especialista de la Universidad Internacional de La Rioja (España) se explaya sobre los trabajos de la consultora Cambridge Analytica, dice ADM, en la “utilización de tecnología e inteligencia artificial en campañas políticas, narrando el éxito en las elecciones del Brexit (2016) y Estados Unidos (2016)”. Y menciona puntualmente la influencia de las técnicas desarrolladas por “Steve Bannon, que llegó a ser consejero del expresidente Donald Trump”.
No habla el titular del TSJ de que la empresa británica también tuvo un papel relevante en la elección argentina de 2015, como reconoció el CEO, Alexander Nix, ante una comisión investigadora del parlamento británico en junio de 2018. Pero sí afirma que Musk “pretende, claramente, continuar incentivando los posteos de discursos extremistas, de odio y antidemocráticos e intentar substraerlos al control jurisdiccional, con real peligro, inclusive, de influenciar negativamente en el electorado en 2024 con masiva desinformación, con el objetivo de desequilibrar el resultado electoral a partir e campañas de odio en la era digital para favorecer a grupos populistas extremistas”.
El 6 de octubre 155 millones de ciudadanos brasileños deberán elegir alcaldes y concejales de 5568 municipios de ese país. Un mes más tarde serán los comicios en Estados Unidos. ¿Alexandre de Moraes habla sólo de Brasil?
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