por Alberto López Girondo | Jul 15, 2013 | Sin categoría
Parece mentira pero Brasil salió campeón de la Copa de las Confederaciones y más que alegría en la hinchada hubo preocupación en la sede del gobierno federal. A 10 años de la llegada del Partido de los Trabajadores (PT) al Planalto, el 1 de enero de 2003, el instrumento político creado por Lula da Silva en los 80, parece incómodo al ver a las multitudes que salieron a las calles con una serie importante de reclamos que no esperaban en el Gobierno.
Las primeras demandas surgieron en torno del Movimento Passe Livre (MPL) –que desde 2005 viene participando del Foro Mundial– contra un aumento de 20 centavos en la tarifa de ómnibus urbano, pero luego se fueron sumando otros sectores descontentos de la sociedad brasileña. Es cierto que el llamado inicial partió de blogueros e internautas que atronaron las redes sociales, pero un millón o más de personas participando de movilizaciones en un país poco propenso a ese tipo de protestas no es un dato para minimizar.
Así lo entendió la cúpula del PT, que se reunió bajo la batuta del propio Lula con la presidenta Dilma Rousseff para delinear respuestas rápidas ante un reclamo que, si bien no tiene una caracterización común ni un liderazgo definido, puede socavar el poder político armado en torno del «travalhismo».
Y es aquí donde los analistas más cercanos al oficialismo brasileño, como el sociólogo Emir Sader o el escritor Eric Nepomuceno, desplegaron una serie de cuestiones que el partido gobernante nunca pudo resolver y que había estado barriendo debajo de la alfombra durante una década, ante el apuro por cambiarle el rostro a Brasil como se proponía el metalúrgico.
Uno de los puntos que salió a la luz es que si bien en estos años las cifras incontrastables de la economía revelan que unos 40 millones de personas ingresaron en la clase media y tal vez la mitad pudo salir de la indigencia con planes sociales apoyados por el gobierno, la sociedad cambió radicalmente. Y si antes estaba urgida por resolver el día a día en busca de un trabajo mejor pago o del acceso a beneficios como la salud y la educación, ahora esos mismos sectores comienzan a reclamar que la salud y la educación sean mejores. El PT los incorporó al sistema, ahora quieren profundizar sus derechos, sería la síntesis.
Desde ese punto de vista, no suena descabellado plantear que el boleto del transporte tendría que ser gratuito. Porque, dicen los jóvenes del MPL, en primer lugar es deficiente pero también es parte esencial de la maquinaria de la producción industrial. El trabajador tiene que viajar a su ocupación y eso forma parte también de una sociedad organizada de la que de alguna manera los empresarios debieran hacerse cargo, cuando no el Estado.
Marketing deportivo
La otra cuestión que encontró cauce en las marchas que se desarrollaron en las principales capitales del país es el costo de las obras para el Mundial de Fútbol del año que viene y las Olimpíadas de Río de Janeiro de 2016. Lula como presidente y el PT encolumnado bajo su liderazgo, vieron a estos eventos como la coronación de dos períodos de gobierno en los que Brasil pasó a ser la sexta economía del planeta y a integrar los grupos destinados a regir los destinos del mundo en el resto del siglo, como el BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica). Como estrategia de marketing resultaba inobjetable. Lo había hecho la España que crecía en los 80, lo hizo China y hasta Sudáfrica en este siglo. Pero no se tomó en cuenta el costo social que producirían las obras. Ni su costo monetario en medio de un proceso inflacionario creciente.
Es así que diversos colectivos venían protestando en forma puntual por los desalojos forzados en terrenos cercanos al Maracaná y las transformaciones que se hicieron en las favelas cariocas, sin ir más lejos.
En Río de Janeiro, por ejemplo, por esas cuestiones del mercado, la perspectiva de estar en boca de todo el mundo por la realización de dos eventos deportivos de repercusión global, elevó el precio de las propiedades y los alquileres, con lo que la residencia de millones de personas en la antigua capital brasileña es cada vez más cara. Para colmo, la visita programada del Papa para la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), agrega presión política y social, porque al encuentro, programado hace más dos años, ahora se suma que el representante de la Santa Sede será el primer papa nacido en América Latina. Y es un papa que intenta aplicar nuevos enfoques de la Iglesia Católica sobre la pobreza.
La cuestión política
En el marco de las protestas también se destapó una olla que el PT buscaba mantener cerrada. No encontró la forma mientras fue oposición y, ya en el poder, al decir de algunos analistas, se convirtió en un partido de gobierno que dejó de lado algunas cuestiones que están en el la base de sus postulados políticos. El sistema electoral brasileño fue elaborado por los militares poco antes de dejar el poder, en 1985. La principal premisa era que nada ni nadie pudiera reformar el paquete que ellos dejaban bien cerrado y con moño. Por eso, es muy poco lo que se pudo avanzar en la investigación de los crímenes de lesa humanidad, entre otras dificultades.
Cómo estará de bien clausurada la posibilidad de cambios reales para la ciudadanía que el PT sólo llegó al Planalto después de tejer alianzas con otros partidos, incluso de la derecha menos conveniente. El hacedor de estas coaliciones, José Dirceu, sería luego condenado por corrupción en una causa conocida como el «mensalao», por la financiación a los partidos aliados, en un proceso que puede llevar al estrado judicial al propio Lula.
Por eso Dilma se apuró a convocar a un plebiscito para llamar a una Asamblea Constituyente que promoviera los cambios que le reclaman desde la calle. Es así que elevó al Congreso un proyecto con cinco temas que deberían ser sometidos a la aprobación popular. Entre los ítems figura el fin de las votaciones secretas en la legislatura sobre temas como el juicio político a sus integrantes; el cambio del sistema para las elecciones parlamentarias –con la adopción del voto distrital–, el fin de las coaliciones de partidos para los comicios y el financiamiento público de las campañas políticas.
En la actualidad los fondos para las campañas se obtienen en parte con dinero público pero también mediante contribuciones privadas. El sistema electoral es por voto proporcional y fomenta la creación de alianzas porque es la única forma de lograr gobernabilidad. Hay una suerte de lista sábana por la cual un candidato que obtenga muchos votos puede arrastrar a compañeros de la misma lista a ser elegidos aunque no tengan suficientes votos por sí mismos. El voto secreto, finalmente, es un mecanismo que se convirtió en una trampa porque impide saber qué legislador votó qué cosa. Con la reforma se busca que todos los votos sean conocidos y que cada legislador se haga cargo de lo que apoya.
Como era de esperarse, la oposición también demoró en tomar partido ante el reclamo de las calles. Si hay un sector que abomina de las multitudes es justamente la derecha. Pero no tardaron en montarse en los reclamos, tanto con nutridas columnas de pedidos puntuales en las marchas como desde el Congreso, con argumentos proclives a dejar todo como está sin que lo parezca. El probable candidato de ese sector para las presidenciales de 2014, el senador Aecio Neves, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), lo expresó sin tapujos. Para él, la propuesta de reforma política «demuestra la incapacidad del gobierno a dar respuesta a los reclamos y es una medida populista». Una expresión que choca con los viejos militantes del PT y agrupaciones de la izquierda, que recuerdan la cantidad de proyectos similares que duermen en los cajones legislativos desde hace 17 años.
Para colmo, si la idea es que las presidenciales de 2014 se realicen con un nuevo sistema, la reforma tendría que salir en no más de 90 días, y ya el Tribunal Superior Electoral (TSE) anunció que sólo para hacer un plebiscito se necesita un mínimo de 70 días.
En cuanto a las demandas por los casos de corrupción, que hace algo más de dos décadas fueron el caballito de batalla del PT en su oposición al presidente Fernando Collor de Melo, los diputados tomaron nota de que deben dar señales de que pueden ser menos corporativos. Según un informe del portal Congreso en Foco, 160 de los 513 diputados y 31 de los 81 senadores enfrentan algún proceso judicial. El personaje más controvertido es Natan Donadon, del oficialista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB, centroderecha aliado con el PT), quien venía esquivando la cárcel con apelaciones judiciales y tuvo que entregarse a pedido de sus colegas.
En esa misma sesión en el Congreso fue desechada una reforma que dejaba el poder investigativo a la policía en detrimento de los fiscales. Esa iniciativa fue cuestionada porque se decía que beneficiaba a acusados de corrupción, pero también le daba un poder peligroso a las fuerzas de seguridad que, como se vio en la represión de las protestas, muy poco cambiaron desde el retorno de la democracia a Brasil.
Imagen presidencial
En este contexto, la imagen del gobierno de Dilma, que venía creciendo desde que asumió en 2009 y parecía imbatible, comenzó a sufrir la erosión que emana de las protestas. Y si bien una encuesta de la consultora Datafolha anunciaba una caída en picada de 27 puntos en dos semanas, también reflejaba un apoyo de más del 60% a su proyecto de reforma política. Montados en esta cifra al menos contradictoria, ya aparecen reclamos que directamente pueden inscribirse como una toma de posición política cuando no un intento «destituyente». Fue así que una asociación de propietarios de camiones, el MUBC, anunció el bloqueo de rutas por 72 horas, a partir del 1 de julio. Pedían rebajas en el costo del combustible y de los peajes.
El jefe del Gabinete Civil, Gleisi Hoffmann, consideró que los camioneros buscaban «causar inestabilidad y desabastecimiento para nuestro país en razón de demandas que no pueden ser atendidas», y recordó que los precios del gasoil usado por los camiones ya reciben abundantes subsidios del Estado.
El lock out al gobierno popular de Salvador Allende en Chile hace 40 años volvió a la memoria de muchos de los dirigentes del PT, algunos de ellos conocedores de primera mano de esa realidad porque en el exilio de la dictadura brasileña vivieron en ese país. El desafío de Dilma Rousseff es canalizar la energía que se volcó a la protesta para hacer los cambios que el PT buscó desde sus orígenes.
La Copa no se toca
Mientras de disputaba la final de la Copa de las Confederaciones, en la que Brasil apabulló al último campeón mundial de fútbol, España, multitudes se manifestaban en contra de los multimillonarios gastos que insumieron las obras, alrededor de 30.000 millones de dólares. Algunos grupos de exaltados –quizás infiltrados para causar disturbios– incendiaron dos agencias de automóviles de marcas que auspician el certamen.
Dilma fue abucheada cuando se presentó en la inauguración de la Copa junto con el titular de la FIFA, Joseph Blatter. Fue el preanuncio de las protestas que pondrían al país en ebullición. Por eso no asistió a la final. Pero el controvertido manager de la Federación Internacional del Fútbol Asociado, el controvertido suizo, ahora salió a apoyar al gobierno luego de que algunos representantes de la institución, tanto como la prensa, pusieran en duda durante meses la capacidad de Brasil para terminar con las faraónicas construcciones.
«Por el éxito de la Copa Brasil está listo para organizar el Mundial», pontificó el jefe máximo de la FIFA en una conferencia de prensa en Río de Janeiro. Luego calificó de «entre 8 y 10 puntos» a lo que Brasil «mostró como anfitrión». Con una nota así, siguió un almibarado Blatter, «aprobaría la maestría en la Universidad, la maestría del Mundial 2014». El secretario general de la FIFA, Jerome Valcke, también apeló a la diplomacia, pero para abrir el paraguas ante posibles incidentes el año que viene: «Los dos grupos, los manifestantes y los hinchas que iban al estadio, pudieron coexistir durante la Copa de las Confederaciones». Y deslizó la esperanza de que las cosas no pasen a mayores en los meses que restan hasta el máximo certamen futbolero. «¿Por qué (las protestas) tienen que ser más grandes en el Mundial?», dijo.
Revista Acción, 15 de Julio de 2013
por Alberto López Girondo | Jul 12, 2013 | Sin categoría
No fue el primero y seguramente no será el último, pero la sorpresiva revelación de Edward Snowden, ex consultor del gobierno de los Estados Unidos puso, negro sobre blanco, algo que hasta no hace tanto era un secreto a voces, que circulaba en ambientes marginales o grupos de iniciados en el gusto por las conspiraciones: Estados Unidos vigila al resto del planeta con las técnicas más avanzadas. Lo peor es que lo hace con un grado más o menos importante de consenso de la sociedad y de la dirigencia política de los dos partidos mayoritarios. Y amparado, según argumenta el propio Gobierno y las empresas que colaboran con él en la misión de inmiscuirse en la vida de los ciudadanos, por las leyes estadounidenses.
El joven Snowden tiene 29 años y era empleado de una consultora del gobierno de Estados Unidos en Hawai. A principios de junio, dijo (confesó) que estaba harto de una tarea que iba contra sus convicciones y escapó a Hong Kong para contarle lo que estaba ocurriendo al mundo a través de algunos contactos con la prensa. «Yo no quiero vivir en una sociedad que hace cosas como estas», explicó en un video. «Estados Unidos está aumentando su poder para controlar a la sociedad. En unos años, va a ser peor. Se convertirá en una tiranía», detalla, tranquilo y preciso, con ese rostro de nerd que recuerda al de Bradley Manning, el todavía más joven analista militar que filtró a WikiLeaks miles de documentos sobre las atrocidades cometidas por tropas de su país en Irak y que ahora está siendo juzgado por «ayuda al enemigo y violación de la ley de Espionaje».
Snowden hizo lo propio ante el diario británico The Guardian y el estadounidense The Washington Post. Destapó otra olla maloliente en una época complicada del gobierno de Barack Obama, cuando venía de recibir críticas por haberse conocido que empleados de la agencia impositiva habían escrutado de un modo especialmente insidioso a miembros del Tea Party, el núcleo más abiertamente derechista del partido Republicano. Y que también pinchaba teléfonos de periodistas de la agencia The Associated Press, una de las más grandes del mundo. Al tiempo que 166 presos de Guantánamo –sin juicio y sin sentencia por años– continuaban con medidas de fuerza que incluyen huelgas de hambre para protestar contra condiciones de detención rechazadas por organismos de todo el mundo, comenzando por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Escándalo mediático
A través de Snowden, la opinión pública internacional se encontró con la «novedad» de que el gobierno había solicitado información a la telefónica Verizon sobre mensajes de sus clientes y que algo parecido había sucedido con Google y Facebook. Las aclaraciones vendrían posteriormente a través del director de Inteligencia, James Clapper. A Verizon no se le pidieron contenidos de los mensajes, sino «metadata», es decir, datos sobre quién habló con quién, desde dónde, a qué hora fue la llamada y cuánto tiempo duró, dijo seráficamente. La otra sorpresa para la mayoría es que todo se hacía, en apariencia, gracias a dos leyes aprobadas por el Congreso y que la Suprema Corte declaró constitucionales. Una, más conocida, es la Patriot Act (PA), que logró aprobar George W. Bush después de los atentados a las Torres Gemelas en 2001. La otra, de 1978, fue votada durante la gestión de James Carter y crea un tribunal especial para juzgar delitos contra la seguridad nacional. Un tribunal secreto que actúa en las sombras, pero que es perfectamente admisible para la Corte.
«El FISC (Foreign Inteligence Surveillance Court, Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera) es una corte semisecreta integrada por 11 jueces federales que nadie sabe quiénes son», cuenta Enrique Chaparro, un experto en seguridad informática, matemático y criptógrafo que vuelca sus saberes en ONG que defienden las libertades civiles y el derecho a la información en la Web. La normativa que le dio origen es la FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act o Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera) que sancionó el Congreso antes del surgimiento de la Web, pero cuando ya estaba funcionando Arpanet, una red militar para el transporte de datos creada por el Departamento de Defensa. Arpanet fue la base sobre la que pocos años más tarde se desarrollaría Internet. Es fácil deducir que cuando se votó la FISA, los impulsores ya preveían el potencial que tendrían las redes de este tipo para la circulación –e intercepción– de información en todo el planeta.
Precisamente, a partir de la revelación de Snowden, gobiernos de todo el mundo salieron a cuestionar que sus ciudadanos hayan sido espiados sin autorización alguna por el gobierno estadounidense. Y se lo hicieron saber a Obama en forma directa. Lo que el paquete FISA-Patriot Act indica es que se pueden vigilar acciones de extranjeros dentro de territorio estadounidense. La realidad es que más de la mitad de la información que circula en la Tierra pasa por Estados Unidos, porque allí están alojados los mayores servidores de Internet. De hecho, por lo que se pudo saber, sólo durante el mes de marzo pasado la Agencia Nacional de Seguridad (NSA), que está detrás de todo este procedimiento, recogió 97.000 millones de registros.
«Lo interesante es que 3.000 millones provienen de EE.UU.», señala Chaparro. Esto es: se vigiló a extranjeros pero también a ciudadanos locales. Algo que normalmente debería soliviantar los espíritus más liberales. Sin embargo, de acuerdo con las últimas encuestas, más de la mitad de los estadounidenses considera «aceptables» estas prácticas de espionaje para «proteger la seguridad nacional», aunque deban resignar a cambio algunas de sus libertades. El analista político Gabriel Puricelli, presidente del Laboratorio de Políticas Públicas, es un conocedor de la idiosincrasia de ese país y suele asistir allí a mítines partidarios. «Todo esto sucede dentro de una cultura política que desde la época de la Guerra Fría está signada por una idea básica, que a pesar de los discursos libertarios que siguen circulando por izquierda y por derecha, entiende que la libertad individual tiene el límite de la seguridad nacional. Y esto es un consenso tanto en la elite política como en la sociedad». Lo grave para los ciudadanos de otros países es que los consensos en Estados Unidos –resalta Puricelli– «suelen ser pétreos». Solo así se explica que una ley instaurada en tiempos del «libertario» Carter, sumada a otra del reaccionario George W. Bush, hayan sido refrendadas varias veces para seguir en vigencia. Porque sucede que tanto la FISA como la Patriot Act, por la trascendencia de las cuestiones sobre la que legislan, deben ser reautorizadas permanentemente. Las últimas «extensiones» de la FISA fueron en 2008, 2011 y en diciembre pasado se la volvió a homologar hasta 2017. La PA fue renovada en marzo de 2011 por cuatro años más, en plena administración del Premio Nobel de la Paz Obama.
Libertades en la mira
El secretismo de esta legislación hace que, para los críticos de las sociedades vigiladas, desde hace décadas se haya instaurado en Estados Unidos una suerte de «omertá» que la Suprema Corte autoriza en aras de la seguridad nacional y que obliga a proveedores de servicios telefónicos o de Internet a cumplir con la ley o terminar juzgados por complicidad con el enemigo, tal como le ocurre a Manning y le puede pasar a Snowden. Beatriz Busaniche es miembro de la Fundación Vía Libre, que promueve el debate sobre las libertades y la defensa de la privacidad en la Web. Desde ese lugar, sostiene que las revelaciones de Snowden ponen el dedo en la llaga sobre un tema crucial: las prácticas de las empresas de tecnología, que normalmente intentan detectar hábitos de consumo para ofrecer productos de acuerdo con el gusto del usuario. Ahora algunas de ellas aparecieron en el centro de otro debate más espinoso, como lo es el del espionaje militar por orden del FBI y la Secretaría de Inteligencia.
Busaniche indicó a Acción que de acuerdo con las normas en vigencia, el gobierno puede pedir determinados registros en secreto y las proveedoras lo tienen que entregar también en forma secreta. «Google salió a ampararse en que tiene muy claramente detallado en el Transparency Report todas las solicitudes que reciben del Estado. Una jugada de los abogados fue pedir al gobierno que les permita revelar esa información, porque a Google esto le significa mucho en términos de imagen pública», aclara Busaniche. También Facebook y Microsoft salieron a hacer público un pedido para que las autoridades las absolvieran de cargos si revelaban el número de solicitudes. De hecho existe una llamativa similitud en los textos con que los representantes de las proveedoras justificaron su papel en el espionaje. «Nosotros no damos acceso directo ni entregamos datos masivamente». En todos los casos resaltan que se sometieron a la ley. «No dicen que el acceso sea indirecto ni que entreguen datos a pedido», desliza maliciosamente Chaparro. Tampoco dicen si alguna vez protestaron mediante alguna National Security Letter, como se llama a la carta de requerimiento. Una política bien distinta de la que tienen esas mismas proveedoras en China, donde negociaron un acuerdo para la limitación de ciertos servicios. También el gobierno estadounidense muestra sus contradicciones en esta materia, ya que ha presentado quejas formales por las restricciones al uso de Internet impuestas por Beijing, mientras en su propio territorio, en nombre de la seguridad nacional, avanza sobre el derecho a la privacidad de sus ciudadanos.
Sin límites
Hay cuatro elementos de información secretos que salieron a la luz y, según entiende Chaparro, no es posible saber si son revelaciones de la misma fuente o de alguna otra que no dio la cara aún. El caso de Verizon, recuerda, es el primero «y quizás el más grave allá, porque intercepta comunicaciones de ciudadanos de Estados Unidos». La segunda revelación es el programa PRISM, que, según informaron The Guardian y The Washington Post, permite a la NSA y al FBI recabar datos directamente de los servidores de nueve grandes empresas de Internet: Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, PalTalk, AOL, Skype, YouTube y Apple.
Una tercera revelación en esta iniciación a la secretísima secta de la vigilancia global es la existencia del sistema Boundless Informant (informante sin límites), «una especie de tablero de mando para saber qué información se recolecta y de dónde». Este sistema mostró que la mayor cantidad de registros tomados por la NSA provienen –como era de esperarse– de Irán, Pakistán, Jordania, India, pero no muy lejos está Alemania, lo que levantó fuertes rechazos en ese país.
La cuarta revelación es la «Directiva presidencial número 20», que establece las hipótesis de conflicto para una ciberguerra. No se trata, más que de lo que cualquier planeador militar haría, como establecer estrategias de guerra y determinar blancos de ciberataques ofensivos. Por un lado, dice Chaparro, es interesante para analizar la postura de Washington sobre la ciberguerra. Como se sabe, en cualquier país democrático la declaración de guerra debe ser refrendada por el Poder Legislativo. Lo temerario de este asunto es que «como este tipo de acciones no son guerras en el mundo físico en principio no necesitarían autorización del Congreso para desatarse».
Razones y sinrazones
¿Por qué Snowden puede haber decidido «prender el ventilador»? La primera explicación, la más sencilla, sería que efectivamente es un joven idealista que se cansó de hacer operaciones que iban contra su concepción de la libertad y la democracia. Con ese mismo argumento Breadley Manning filtró miles de archivos a WikiLeaks hasta 2010 y en el lejano 1971 otro analista que trabajaba para una consultora privada –la Rand Corporation– entregó al The New York Times los «Papeles del Pentágono», donde se mostraba la realidad sobre lo que estaba ocurriendo en la guerra de Vietnam. Daniel Ellsberg, que de él se trata, tiene hoy 81 años y fue uno de los primeros en aplaudir la decisión de Snowden. Incluso llegó a decir que el material hecho público por el joven refugiado en Hong Kong es la acción más importante en la historia. Mucho más que la de sus archivos de hace 42 años.
Cierto es que sobre la intencionalidad de Snowden podrían hacerse lecturas de lo más variadas. Por ejemplo, operaciones políticas que atienden a la interna en el establishment estadounidense. Eso que Puricelli llama «la poliarquía gobernante» de la que forma parte la comunidad de inteligencia.
Pero también en el imaginario estadounidense es muy fuerte el puritanismo, nacido de los primeros pobladores de lo que hoy es Estados Unidos, con una gran impronta religiosa. Una concepción de que estaban construyendo una sociedad basada en los ideales y que debía llevar al mundo su mensaje a favor de los mayores valores de la humanidad es la que en su momento impulsó la ley Seca y luego el prohibicionismo contra el uso de drogas. Esto se manifiesta, en el plano ideológico, en la idea de que la misión de Estados Unidos es llevar la democracia y la libertad a todos los confines del planeta. En las redes de comunicación, este puritanismo de base sagrada se expresa como cierto libertarianismo que sin dudas choca con la realidad de quienes trabajan en agencias de seguridad y vigilancia, que en el día a día ven que su tarea tiene fines bastante más oscuros.
Como sea, por lo pronto Snowden le quitó la espoleta a una granada que dejó bastantes secuelas en la opinión pública mundial, aunque no se sabe si eso bastará para que algo cambie en el corto plazo. Busaniche dice que las organizaciones como las que ella integra se alinearon con instituciones colegas firmando petitorios «y siguiendo la línea de Frank La Rue, el relator especial de la ONU sobre Libertad de Expresión», quien el 17 de abril de este año publicó un informe lapidario sobre privacidad, monitoreo de comunicaciones y libertad de expresión tomando en cuenta instrumentos como la legislación FISA.
Para Puricelli, el panorama es bastante complicado, porque sabe que el «consenso pétreo» bipartidista a favor de las prácticas de espionaje no será quebrado en el corto plazo más allá de la convicción de sectores absolutamente minoritarios de la izquierda. «Con los antecedentes de Eric Holder, el actual secretario de Justicia y Procurador General, uno podría pensar que iba a blanquear situaciones como esta, pero lo único que hizo desde que tomó el cargo fue encontrar el vestigio constitucional para justificarlas. Incluso justifica legalmente los asesinatos selectivos», dice el analista. Lo complicado del caso es que si hay quienes luchan con firmeza contra la intromisión del Estado en los menores intersticios de la vida del individuo, ellos son los grupos derechistas fanáticos del Partido Republicano o las milicias de algunas regiones del país. Es que de tan individualistas que son, así como rechazan ocuparse de reparar las injusticias del sistema económico por eso de que cada uno se las arregle como pueda, abominan de la vigilancia estatal y defienden el uso de armas. Porque, dicen, nadie los va a defender mejor que ellos mismos.
Futuro incierto
¿Se puede esperar algo de otras naciones del mundo? Los antecedentes no son auspiciosos. Desde fines de los 60 existe la red Echelon, un sistema global de vigilancia integrado por Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Nueva Zelanda y Australia. En 2000 hubo una queja formal de los países europeos que se habían dado cuenta de que un millonario contrato para la provisión de aviones Airbus a Arabia Saudita había sido birlado por la Boeing porque alguien había interceptado comunicaciones con las autoridades árabes. La investigación del Europarlamento determinó que la maniobra contra Airbus se había hecho desde Echelon y quisieron investigar hasta dónde se había metido en la vida de los ciudadanos del continente. Pequeño detalle: esos países integran la OTAN y la respuesta oficial fue que la red es un secreto militar. Fin de la discusión.
Para Busaniche, «los padres fundadores de los Estados Unidos deben de estar revolviéndose en las tumbas cuando ven lo que se hace bajo el nombre de la defensa de las libertades». Puricelli recurre a Noam Chomsky para recordar que las leyes actuales son fruto de «la fabricación de consensos» que encontraron renovado brío luego del 11S de la mano de una paranoia masiva. Y apuesta a que pueda elaborarse otro tipo de concepción social que le ponga fin a este Gran Hermano del siglo XXI pero que venga desde sectores progresistas.
«Temo por nuestros derechos. Temo por nuestra democracia, y creo que otros también deberían hacerlo. Y no creo que en realidad estemos gobernados por gente en el Congreso, los tribunales o la Casa Blanca que tienen interés suficiente en los requisitos para mantener una democracia», dijo Ellsberg. Una síntesis inmejorable de lo que se juega en este caso.
Tiempo Argentino, 12 de Julio de 2013
por Alberto López Girondo | Jul 6, 2013 | Sin categoría
El bloqueo ilegal al vuelo que llevaba de vuelta a su patria al presidente boliviano Evo Morales figura ya entre las mayores infamias cometidas en las relaciones internacionales en tiempos de paz. Pero no hizo más que poner sobre el tapete una realidad incómoda, indignante y atroz pero de la que conviene hacerse cargo porque es representativa de esta época en que la potencia imperial decidió que las leyes no existen y que solo caben las acciones que se deciden en Washington, sin derecho a la queja. Lo peor del caso es que esa potencia tiene una serie de satélites que cumplen a pie juntillas sus directivas con el rostro henchido de dignidad sin que la vergüenza les haga bajar la vista.
Entre esos satélites figuran los países otrora colonialistas que le negaron el descenso a la aeronave oficial de Bolivia -Francia, Portugal, España e Italia- que dicen haber “comprado” la versión de que el ex contratista de la CIA Edward Snowden viajaba oculto en el avión que transportaba a Evo Morales.
A esta altura es obvio que una torpeza semejante no se comete en estos días. Como se dice en la calle, esa justificación es “para la gilada”. De lo que se trató fue de escarmentar el desafío que los gobiernos latinoamericanos representan en este momento no solo para Estados Unidos sino también para la vieja Europa, que no tolera la mirada altanera de sus antiguos súbditos en momentos en que la economía se les cae a pedazos y temen una explosión social. Y para eso nada mejor que humillar a un presidente indígena de un país que por razones históricas siempre estuvo a la vanguardia en los reclamos por nuevas relaciones con los poderes centrales. Pero cuya población mayoritariamente originaria hasta no hace tanto ni siquiera podía caminar por la misma vereda que los descendientes de europeos.
Evo Morales llegó al poder en 2006 como el presidente número 85 en el convulsionado territorio del Altiplano. Y desde ese momento encaró el proceso revolucionario más profundo desde que Simón Bolívar fuera ungido con la banda presidencial en forma honorífica luego de la declaración de la independencia, en 6 de agosto de 1825. Es un dato de peso recordar que si en los 180 años anteriores al triunfo de Morales hubo 84 mandatarios -34 de ellos de facto- eso quiere decir que cada uno duró un promedio de 172 días en el cargo. Cuando termine este período, en 2015, Morales será el que más tiempo se mantuvo en el gobierno, nueve años, apenas detrás del general Andrés de Santa Cruz, que permaneció desde 1829 hasta 1839, en condiciones bien diferentes.
Lo primero que hizo Morales fue una nueva Constitución, que creó el Estado Plurinacional de Bolivia. Una Constitución de raíces indigenistas que reconoce la existencia de 36 nacionalidades dentro del territorio del país. Lo que los bolivianos lograron en términos de profundización de sus valores ciudadanos no lo habían conseguido jamás. Eso sin contar las cifras reales de los avances en el plano económico. El dirigente aymara, además, consiguió que su país –a pesar de que cada tanto aparece alguna demanda expresada fervorosamente en las calles– goce de un período de estabilidad institucional inaudito.
Snowden, el mal llamado «topo» de la agencia de inteligencia de Estados Unidos, está demorado en algún lugar de un aeropuerto moscovita a la espera de un país que le dé asilo. En los últimos años son cada vez más regulares los casos de funcionarios públicos estadounidenses relacionados con la inteligencia y la seguridad que filtran información a los medios y terminan convertidos en enemigos públicos. Cuando Snowden decidió «prender el ventilador» ante el británico The Guardian y el estadounidense The Washington Post, comenzaba el juicio al soldado Bradley Manning, procesado por una serie de delitos que podrían dejarlo de por vida en prisión, entre ellos, violación de la Ley de Espionaje y ayuda al enemigo. La acusación sostiene que brindó información a los talibanes y agentes de Al Qaeda, aunque en realidad entregó archivos que salieron publicados en la Web y el periódicos de todo el mundo.
En una habitación de la Embajada de Ecuador en Londres, el creador de Wikileaks –el sitio que presentó la información flitrada por Manning– espera el salvoconducto que le permita viajar al país sudamericano. Julian Assange es un civil que difundió información que él no consiguió en un medio de acceso público. La persecución en su contra es por una causa de contenido sexual tras una denuncia de dos mujeres ligadas a la CIA hecha en Suecia. Y que las autoridades suecas, como pasó con la operación contra Evo Morales, decidieron creer con entusiasmo.
En Ecuador se produce una situación similar a la de Bolivia tras la llegada de Rafael Correa al gobierno, también en 2006. Correa, a diferencia de Morales, que fue dirigente cocalero, es un especialista en economía con los mayores galardones recibido en la Universidad belga de Lovaina y doctorado en la de Illinios, Estados Unidos. Católico convencido, conoce la realidad indígena porque participó como voluntario en una misión salesiana en Zumbahua, provincia de Cotopaxi. Una vez en el poder, también dio vuelta como una media a su país con una nueva constitución que institucionalizó lo que llama la Revolución Ciudadana. La vía ecuatoriana para la construcción del socialismo del siglo XXI, como señala, con base en la cultura ancestral de los Andes.
Es que de construir ciudadanía se trata. Por eso el brasileño Lula da Silva insiste con frecuencia en que la oligarquía de su país no tolera que un metalúrgico haya triunfado allí donde ellos no pueden mostrar éxitos. Que un tornero, un colectivero como Maduro o un cocalero como Morales amplíen los valores ciudadanos es un problema para los poderes constituidos, porque los desafía a que cristalicen en hechos lo que en palabras repiten desde la revolución francesa.
Por eso resulta inesperada y difícil de combatir esta ola que en Estados Unidos tiene varias décadas de personajes que cuestionan las ansias de control y vigilancia del estado. Sobre todo porque no surge de sectores de la izquierda –con muy poco peso allí– sino de personajes inclinados más bien a la derecha. Snowden no es un adalid del socialismo sino un joven con espíritu patriótico que quiso enrolarse en los Boinas Verdes, la tropa de élite que en Vietnam cometió las mayores tropelías en nombre de los valores occidentales. Pero fue rechazado y se convirtió en un «nerd» apasionado por la tecnología. Sin embargo, al mismo tiempo adhirió a los grupos libertarios de Estados Unidos, que jamás apoyarían una sociedad igualitaria, pero tampoco soportan la intromisión del gobierno en sus vidas privadas. Por eso apoya a Ron Paul, el líder de este sector, representante republicano por el 14 distrito de Texas que sostiene a rajatabla las ideas económicas de los popes del neoliberalismo a ultranza encolumnados en la escuela austríaca, como Friedrich Hayek, Murray Rothbard y Ludwig von Mises.
De allí la dificultad para encuadrar la actitud de Snowden. Para la senadora demócrata Dianne Feinstein el joven cometió un «acto de traición a la patria». Son muchos en el gobierno los que piensan igual. El problema es que lo que hizo Snowden fue divulgar operaciones secretas de su gobierno que según consideró, afectan la intimidad de las personas y no tienen ninguna justificación ética y estratégica. ¿A qué enemigo le dio información? ¿A los medios de prensa que la publicaron? ¿A la ciudadanía que se enteró oficialmente de lo que circulaba como teorías simplemente conspirativas? ¿El enemigo es la ciudadanía?
Estas preguntas no figuran en el debate de los involucrados en el bloqueo aéreo a Evo. Con lo cual parece que brindar protección a un ciudadano amenazado por un estado es un acto punible, pero no vigilar los movimientos de los ciudadanos comunes. El caso revela el doble discurso cuando no la hipocresía de los gobiernos europeos que unos días antes se rasgaban las vestiduras por la publicación de las filtraciones de Snowden –qué otra cosa podían hacer ante una opinión pública azorada por la información, siendo que ellos conocen la trama de la novela desde la investigación del Europarlamento por el sistema Echelon en el año 2000- y terminaron siendo serviles a Washington.
En relación con Obama qué más se puede decir. Luego de ganar el premio Nobel de la Paz en 2009 no sólo no desarmó la cárcel de Guantánamo, sino que terminó por legalizar el sistema de asesinatos selectivos en cualquier parte del mundo y la vigilancia global, amparado en leyes secretas que se consolidaron después del 11S y que nunca cuestionó. En esta segunda gestión, a pesar de algunos contratiempos si se quiere menores, lanzó una contraofensiva en todo el planeta. Ayudado por los países europeos pero también por la demora de algunos latinoamericanos remisos a tomar partido porque parecen no haber comprendido el mensaje que se quería transmitir con Evo. Que el enemigo, más allá de las palabras grandilocuentes, es el ciudadano. Y que ese no es un mensaje ni de izquierdas ni de derechas, como sí entendió Snowden.
Tiempo Argentino, 6 de Julio de 2013
por Alberto López Girondo | Jun 29, 2013 | Sin categoría
Finalmente, y contra todas las expectativas, el Mundial de Brasil se está convirtiendo en un problema de inesperadas consecuencias. Y se verá en la final de la Copa Confederaciones hasta qué punto las movilizaciones que comenzaron con una protesta por el aumento del boleto de colectivo calientan el clima en los alrededores del Estadio Maracaná en la final de España con la verdeamarelha.
Que la construcción de megaestadios para el certamen de la FIFA y para las olimpíadas de Río de Janeiro de 2016 estaba levantando indignación era algo visible desde hace tiempo. Ya una edición de nuestro suplemento Claves del Mundo del 28 de abril pasado, con el título «La otra cara del Mundial», lo había advertido. Como dijeron algunos de los columnistas en ese número, no todo era color de rosa en esta etapa en que Brasil se estrena como jugador de las grandes ligas, pero con severas cuentas pendientes hacia adentro de sus fronteras. Lo que nadie imaginaba era que en tan poco tiempo todo estallaría por los aires dejando la sensación de que nadie sabe cómo seguirá la película. Pero con la certeza, también, de que todos los ingredientes están sobre la mesa como pocas veces antes en la historia brasileña.
Se repite con acierto que Brasil es un país de consensos. Lo supo el PT, el partido creado por el metalúrgico Lula da Silva, cuando se dio cuenta de que las reivindicaciones por las que luchaba desde su sindicato paulista –que primero lo habían llevado a la formación de la Central única de Trabajadores como herramienta sindical– chocaba con la realidad de que era necesario tener representación política si no quería que su utopía terminara en una mera lucha testimonial.
Pero una síntesis de ese estilo de negociación pacífica y «civilizada» quedó plasmado –a empellones– con la ley electoral pergeñada por la dictadura que gobernó el país entre 1964 y 1985 para que nada cambiara cuando tuvieran que dejar el poder. Por eso de la «gobernabilidad».
Conocido como «sistema de preferencias», la legislación permite que cada candidato «adhiera a un partido pero a la vez junte votos de manera personal», como resalta Ricardo Romero, politólogo de la UBA y la UNSAM y habitual columnista de Tiempo Argentino. Este método garantizó hasta ahora que no haya una mayoría en el Congreso favorable a cambios profundos en la sociedad, ya que la negociación no es sólo con la oposición sino también hacia adentro de cada partido. Y además, hay una sobre representación de los Estados menos poblados en detrimento de los más populosos, lo que en sí mismo no sería un problema, pero genera grandes diferencias entre la posición de los distritos más industrializados y los territorios donde la economía gira en torno producciones con menor valor agregado.
El PT intentó llegar al gobierno de la mano de Lula en 1989, 1994 y 1998. Estuvo cerca, pero ese poquito que faltaba para ganar convenció a los líderes «petistas» de que era necesario rendirse ante la evidencia de que sin alianzas no habría gobierno. Ese papel jugó el ex guerrillero José Dirceu, quien logró aglutinar alrededor del sindicalista a una serie de partidos menores, en un amplio abanico que iba desde la izquierda a la derecha pasando por las iglesias evangelistas. Su vicepresidente fue el fallecido empresario José Alencar, uno de los más ricos de Brasil, que había apoyado el golpe del ’64.
Hace diez años, Lula llegaba al Palacio del Planalto como una esperanza para millones que al fin habían logrado coronarlo por una trayectoria impecable como dirigente gremial. Había ganado con un discurso de igualdad social y de fuerte compromiso en contra de la corrupción. Pero allí también comenzaría una saga que incluso podría llevarlo a una condena.
Porque Dirceu, para entonces su hombre de confianza y jefe de Gabinete, terminaría implicado en una denuncia de uno de los socios electorales del «travalhismo» en lo que se llamó el «escándalo del mensalão». Que no era otra cosa que el aporte económico para los partidos aliados. Pero que en boca de un hombre de la derecha más rancia como Roberto Jefferson ante la revista Veja fue el gran titular escandaloso. El PT, que prometía combatir la corrupción, soborna a diputados para que les aprueben las leyes.
Mientras tanto, Brasil desplegó una fuerte política exterior y se posicionó fuerte en el ámbito regional. Aquí también hubo un acuerdo razonable de todos los sectores en pugna. Itamaraty, la cancillería brasileña, tiene políticas nacionales a más largo plazo que los dirigentes políticos. Incluso se dice que la diplomacia brasileña es quien realmente gobierna en el Planalto. En este caso se unió la tradición internacionalista de un partido de izquierdas como el PT y la comunidad de intereses dio sus frutos: Brasil es uno de los países centrales en el siglo XXI, las empresas brasileñas se trasnacionalizaron y tienen negocios en todo el continente y más allá.
En este contexto la realización del Mundial de Fútbol y de las Olimpíadas se convirtió en una necesidad de marketing político. Por eso era importante para el gobierno, que podía demostrar los logros de una gestión encabezada por un tornero mecánico, para Itamaraty, que representa los intereses exteriores de una potencia emergente y no de un país subdesarrollado, y para los empresarios, que si ya venían ganando con los planes económicos que incorporaron casi 40 millones de pobres al consumo, con las obras públicas multiplicaron sus ingresos mucho más.
Hasta que de pronto todo parece desmoronarse. Dirceu fue condenado en octubre del año pasado y lo que comenzó como un simple aumento de un «vintén» como diría Zitarrosa, destapó una olla mucho más grande. Y del boleto se pasó a la represión, que costó la vida de unas 10 personas –otra cuenta pendiente del oficialismo, la democratización de las policías, por más que las fuerzas de seguridad dependan de los gobiernos estaduales– y de allí a protestar por los gastos multimillonarios en eventos organizados por la FIFA y el Comité Olímpico y los déficits en salud y educación.
La primera reacción de la presidenta Dilma Rousseff, cuando salió del estupor, fue decir que había oído el reclamo del pueblo. La segunda fue convocar a un referéndum con la aspiración de reformar la constitución y el sistema electoral y de representación. Los manifestantes, en tanto, consiguieron pequeñas victorias en el Congreso. Así, fue dejada de lado una reforma conocida como PEC 37, que iba a dar mayor poder para investigar a la policía en lugar de los fiscales. Los líderes de la protesta consideraban que esa medida estaba destinada a impedir que se pudiera juzgar delitos de corrupción. Pero también le dejaba las manos libres a los zorros para controlar los gallineros, dicho mal y pronto.
También en estos días se aprobó una ley que pasa a considerar a la corrupción pública como un delito grave, lo que endurece las sentencias. Apurados por el ruido de las calles, la justicia ordenó el arresto de un diputado que había sido condenado por el desvío de fondos públicos.
Al mismo tiempo, los legisladores aprobaron destinar a las áreas de educación y salud a la totalidad de las regalías petroleras correspondientes al gobierno federal, a los estados y los municipios.
Dilma, que tiene un pasado de lucha, recordó en uno de sus discursos lo que le costó a su generación conseguir la democracia. Ahora tiene el desafío de profundizar los derechos y las garantías para todos los ciudadanos. Y ese reclamo de igualar para arriba, justo y también lógico en el marco de los millones de brasileños que ahora tienen ante sí otro horizonte de expectativas, es la gran oportunidad de conseguir lo que por las vías de los consensos no se había alcanzado.
Tras un encuentro de la presidenta con el titular del Supremo Tribunal de Justicia, Joaquim Barbosa, el primer negro en llegar a ese cargo en la historia brasileña, deslizó algunos conceptos que el gobierno debería tomar como música para sus oídos: «La democracia no está en riesgo (…) el país está sumergido en una grave crisis de legitimidad (…) Brasil está cansado de reformas de cúpulas políticas que atienden sólo sus intereses específicos».
Carlos Ayres Britto, quien fuera presidente de esa misma corte hasta finales del año pasado, sostuvo en los considerandos de la condena a Dirceu que «el sentido de las alianzas (políticas) es el de su transitoriedad», y agregó que «cada partido goza de autonomía política, administrativa y financiera. Tiene una identidad ideológica o político-filosófica que se pone en suspenso para formar alianzas en el período electoral», pero, pontificó, una vez terminado este período deben ser «substituidas por alianzas tópicas, puntuales, episódicas, para la aprobación de proyectos específicos». Una especie de reclamo a la dirigencia para modificar esta legislación que retoma Barbosa.
Dilma está en condiciones de aprovechar la fuerza de las calles, como en las artes marciales, a su favor. Y hacer de esta crisis la oportunidad para nuevos consensos que incluyan a las mayorías que en el país del fútbol protesta contra el Mundial.
Tiempo Argentino, 29 de Junio de 2013
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