por Alberto López Girondo | Dic 6, 2013 | Sin categoría
El 30 de septiembre de 2010, el presidente ecuatoriano Rafael Correa permaneció casi todo un día a merced de policías amotinados por demandas salariales y gremiales. En junio de 2012, el gobierno de Evo Morales y representantes de policías de baja graduación refrendaron un acuerdo para solucionar un conflicto que llevaba varias semanas en torno de demandas similares y por el régimen disciplinario en la fuerza de seguridad boliviana. Unos meses más tarde, gendarmes argentinos daban la nota con un autoacuartelamiento que dio mucha tela para cortar a los medios y los dirigentes opositores.
Desde que las democracias institucionales se fueron recuperando en América Latina, y tras el período más oscuro para la región, con los golpes criminales encabezados por militares entrenados en la temible Escuela de las Américas, las Fuerzas Armadas prácticamente dejaron de ser un factor desestabilizante en casi todos los países latinoamericanos. Un poco porque aprendieron la lección en vista de juicios como los que se sustanciaron en la Argentina por delitos de lesa humanidad, y otro poco por la condena social donde lograron esquivar a la justicia. Pero en gran medida, porque el desprestigio de los uniformes verde oliva es tan alto que ya no tientan a ningún golpista.
Desde entonces, sin embargo, la opción desestabilizadora corre por cuenta de policías y de estamentos varios dentro del sistema judicial. Como bien recuerdan los especialistas en la cuestión, son los «azules» la parte de cualquier Estado más cercana al hombre común. Por tanto los que más pueden servir en caso de necesidad para crear condiciones o prevenir situaciones de conflicto.
Había una escena de la excelente película argentina Tiempo de valientes, de Damián Szifrón, en la que uno de los personajes, el psicoanalista que interpretaba Diego Peretti, en discusión permanente con un policía bastante desencantado como Luis Luque, le cuestionaba que los reclamos de esa fuerza siempre resultaban complicados para la sociedad, aun cuando en verdad son agentes estatales como un maestro o un médico. «El detalle es que nosotros estamos armados», era la respuesta cínica, dura, pero condenadamente cierta del personaje.
El experto en seguridad Marcelo Saín explicó, en un trabajo donde proponía medidas para democratizar a esa fuerza en América Latina, que el llamado «policiamiento regulatorio del delito» estableció «un circuito estable de autofinanciamiento ilegal de la policía, originado en un conjunto de dádivas y fondos provenientes de diversas actividades irregulares o delictivas permitidas, protegidas o llevadas a cabo por los propios agentes policiales». El detalle de esas formas irregulares de financiación caben perfectamente en el listado de delitos que se atribuyen a las cúpulas destituidas en Córdoba y en Santa Fe estas semanas, desde el «peaje» por el robo de autos, la prostitución o cualquier actividad ilegal hasta el tráfico de narcóticos.
Esta podría ser una respuesta para que tomara en cuenta el gobernador cordobés José Manuel de la Sota, que terminó cerrando un acuerdo salarial literalmente con una pistola en la nuca. Luego de varias horas de descontrol en la capital, asolada por bandas que «casualmente» se dedicaron a saquear con la tranquilidad de saber que tenían zona liberada.
Como se difundió en este medio, el clima policial en Córdoba se fue tensando en las últimas semanas, y desde un desconocido grupo Anonymous se fue alentando una operación «Juanes en Marcha», por el nombre que reciben los suboficiales del más bajo rango y la tropa rasa.
La situación se profundizó luego de que a raíz de una denuncia periodística, De la Sota tuvo que descabezar la cúpula policial e incluso al ministro de Seguridad, que para colmo es un comisario general, Alejo Paredes. En 2011, el legislador «juecista» Roberto Birri había presentado un pedido de informes para que las autoridades aclararan si Paredes había hecho un curso de adiestramiento en la International Law Enforcement Academy (ILEA) de El Salvador.
Para esa misma época, la entonces ministra Nilda Garré y el canciller Héctor Timerman planteaban sus protestas ante el gobierno porteño por haber enviado a agentes de la Policía Metropolitana a entrenarse en esa institución, a la que ambos funcionarios compararon con la conocida como «escuela de dictadores» de Panamá. «Con estas decisiones, Macri muestra que está dispuesto a ser heredero de las políticas represivas que el pueblo argentino rechazó desde 1983, cuando concluyó la dictadura», decía entonces Timerman, que aprovechaba para recordar que en 2006 Néstor Kirchner había prohibido que miembros del Ejército y la Policía Federal recibieran cursos en cualquier institución sucesora de la Escuela de las Américas.
La ILEA, Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley, según su traducción al castellano, «nace con la filosofía de unir esfuerzos, entre las agencias gubernamentales, instituciones, capacitadores y estudiantes, para lograr una política externa común de aplicación internacional de la ley», según señala en sus fundamentos. En la página web reconoce, sin mencionarlo, el desprestigio de su antecesora, al admitir que «desde principios de 1997, el gobierno estadounidense comenzaba a buscar un país anfitrión para el establecimiento de la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley en Latinoamérica».
La estrategia de penetración y control social, paralela entonces al Consenso de Washington en el plano económico, comenzó con la primera ILEA, en Budapest, en el año 1995. La siguieron otras en Bangkok, Tailandia; en Gaborone, Botswana; y en Roswell, en Nuevo México –el mismo centro donde presuntamente alguna vez capturaron a seres de otro planeta.
La sede de San Salvador nació en 2005 y desde entonces se dictaron allí 117 cursos a los que concurrieron 4954 participantes de la mayoría de los países latinoamericanos, incluidos argentinos. Los cursos de ILEA están dirigidos a directores policiales de nivel medio, fiscales, jueces y otros funcionarios encargados de la aplicación de la justicia criminal. «Este curso –se indica– hace enfoque en el liderazgo, administración personal y financiera, ética, regla de derecho y el manejo del proceso de investigación.» La ILEA imparte también instrucción sobre crimen organizado, cumplimiento de la ley financiera, contrabando nuclear, tráfico de estupefacientes y lavado de dinero.
El canadiense Jean-Guy Allard apunta que la ILEA es ni más ni menos que una academia para desarrollar un nuevo Plan Cóndor. Y dice que en una sede de capacitación que tienen en Perú, «se está entrenando a soldados y policías en contra-insurgencia». Allard agrega que los policías «regresan a sus respectivos países a reprimir y torturar a su pueblo».
El director por la parte salvadoreña de la academia es Andrés Alexander Ramírez Medrano; y el estadounidense, Michael Von Perkins. Como suele suceder con los funcionarios norteamericanos, Perkins no se guarda nada en su presentación. Policía de carrera oriundo de West Monroe (nombre premonitorio si los hay), el hombre escribió en su presentación que «la delincuencia no conoce fronteras» y que «la colaboración entre los organismos policiales de todo el mundo es crucial para proteger los intereses estadounidenses».
El organismo de Derechos Humanos School of Americas Watch (SOAW) también compara a la ILEA con la escuela panameña, a la que recuerda como un centro de «entrenamiento en represión, espionaje político, tortura física y psicológica, que garantizó la Doctrina de Seguridad Nacional». Y no tiene drama en tildarla de «Escuela de Asesinos».
Alguien le recordó al gobernador de la Sota el Navarrazo. En febrero de 1974, el gobernador Ricardo Obregón Cano relevó de su cargo al jefe de la policía, Antonio Domingo Navarro, porque lo consideraba «poco confiable» y sin mucho apego a la democracia. Navarro le acuarteló a 7000 efectivos y acusó de «infiltración marxista» al gobierno asumido menos de un año antes. No duraría mucho la primavera democrática cordobesa, en lo que fue un prolegómeno de lo que ocurriría en el país. Obregón Cano y su vice, Atilio López, fueron destituidos por la asonada policial.
Los tiempos no son los mismos y ya no hay lugar para otro Navarrazo. Pero la forma en que De la Sota cree haber solucionado la rebelión es un antecedente peligroso para la democracia del país. Convendría haber mirado un poco hacia lo que ocurre en otros países de la región y no aislarse del mundo intentando tirar culpas para otro lado, cuando el trasfondo de sus cuitas puede estar en cuestiones que escapan incluso a los que plantearon la protesta, que quedaron inmersos en una operación en la que no es tanto lo que al fin del día pueden ganar. Los gobiernos amenazados nunca terminan bien. Los amenazadores, tampoco.
Tiempo Argentino, 6 de Diciembre de 2013
por Alberto López Girondo | Dic 1, 2013 | Sin categoría
Acaba de cumplir 77 años y se lo ve juvenil, aunque un exceso en el color y la rigidez del cabello le dejan una imagen decadente. En todo caso, no se resigna al paso del tiempo, una verdadera obsesión que lo acompaña desde que comenzó su fulgurante carrera política, allá por 1994, cuando fundó su primer partido, al que bautizó con el nombre de los cantitos de aliento tribuneros a la escuadra italiana: Forza Italia.
Para entonces, Silvio Berlusconi ya se había convertido en el hombre más influyente en los medios italianos, al punto que desde 1974 era dueño de canales de televisión en su país natal, en Francia y en España. De hecho, fue el primero en darse cuenta de que era hora de apropiarse de las señales cuando en Europa se fue abriendo a manos privadas el espectro televisivo hasta entonces estatal.
Ávido no sólo de dinero sino básicamente de poder, este abogado recibido en la Universidad de Milán «cum laudem» con una tesis sobre las implicancias de la publicidad, extendió sus tentáculos a la prensa escrita y las editoras de libros. Así se fue quedando con la mayoría accionaria de diarios como Il Giornale o incluso, a través del grupo Mondadori, del más prestigioso La Repubblica, los semanarios L’Espresso y Epoca y decenas de otras publicaciones.
Una lista detallada de sus participaciones económicas sería demasiado extensa. Baste decir que su fortuna, según la revista Forbes, supera hoy los 6.000 millones de dólares y está en el puesto 7 en Italia y 194 entre los «billonarios» del mundo (los que tienen más de 1.000 millones según la denominación sajona).
Algunas de esas adquisiciones lo llevaron a los estrados judiciales y específicamente en uno de esos casos, el de la compra del Fininvest, uno de los conglomerados financieros más importantes de Italia, luego integrada al grupo audiovisual Mediaset, implicó el principio de su caída final. Pero ese no es su único inconveniente judicial. Lo curioso –o simbólico si se quiere– es que quienes le dieron la estocada final son sus más cercanos dirigentes políticos. Uno, incluso, diseñó una ley para protegerlo de terminar preso por sus múltiples problemas judiciales aunque luego le dio la espalda de una manera tan ruidosa como definitiva.
Forza Italia
Con Forza Italia, Berlusconi fue presidente del Consejo de Ministros de Italia en tres ocasiones: de 1994 a 1995, de 2001 a 2006 y de 2008 a 2011. Todas ellas resultaron atravesadas por escándalos a granel, especialmente por cuestiones económicas y de faldas. El hombre se mostraba como un latin lover y disponía de todo el poder. En primer lugar su propia fortuna, pero al mismo tiempo utilizaba las ventajas de un cargo de relevancia para organizar fiestas que hacían recordar a la Roma imperial. Por si fuera poco, además de sus propios medios televisivos, aprovechaba los estatales a su favor, como la RAI. Siempre tuvo que dejar el gobierno por algunos de estos «excesos».
Pero la última vez quería aprovechar la experiencia acumulada en tantos años de disputas en los entresijos de la política italiana, a la que había llegado con la promesa de ser una nueva brisa en un país que en aquellos tiempos se debatía en los coletazos de la crisis de mani pulite y la tangentópolis (casos de corrupción en los gobiernos de la Democracia Cristiana).
Así fue que, otra vez premier con una nueva agrupación derechista creada en 2007, el Partido del Pueblo de la Libertad (PdL) designó como ministro de Justicia a una joven promesa destinada a sucederlo. Se trata de Angelino Alfano, nativo de Agrigento, actualmente con 43 años y una imagen de funcionario ejecutivo para un momento particularmente complicado en la historia moderna de la península.
Con Berlusconi en el Palazzo Chighi, Alfano pergeñó una normativa destinada a proteger de acusaciones judiciales a la máxima dirigencia política el país. En realidad, el único que estaba en problemas era su tutor. La llamada ley Alfano, aprobada en 2008, prevé la suspensión de cualquier tipo de proceso penal contra el presidente de la República, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara o el presidente del Consejo de Ministros.
La crisis económica y el hastío por la frivolidad de Il Cavaliere terminaron sepultándolo en noviembre de 2011. Pero pudo seguir siendo una suerte de árbitro de la política italiana porque la situación no mejoró con los que lo sucedieron, primero el tecnócrata Mario Monti y tras unas elecciones que no hicieron más que desnudar la orfandad de soluciones dentro del sistema político, Enrico Letta, quien comenzó una gestión totalmente debilitada por la falta de consensos fuertes en la legislatura.
En agosto pasado, Belusconi, luego de varias chicanas legales, resultó condenado a cuatro años de prisión por contabilidad fraudulenta masiva en la cadena de televisión Mediaset. Sólo deberá cumplir un año de arresto en virtud de una ley que también oportunamente dictó en su gestión en 2006. Y por otro lado, debido a su edad, ese año lo podrá pasar en su casa o brindando servicios comunitarios. Pero el asunto lo deja fuera del Senado.
Casi en simultáneo, en otro estrado judicial se condenó al holding familiar a pagar una multa de 494 millones de euros en concepto de daños por la amañada adquisición de la editorial Mondadori. Le hicieron precio, porque por la primera sentencia debía pagar 564 millones. Se trata de un escándalo que incluye una disputa con otra empresa, CIR, a la que debe abonar el resarcimiento por las comprobadas maniobras para quedarse con la editorial. Para lo cual Berlusconi habría recurrido a sobornos a jueces y a funcionarios judiciales y de la entidad recaudadora de impuestos.
Presiones y amenazas
Acostumbrado a la presión mediática y política, el magnate amenazó con hacer caer al gobierno de Letta. Surgido en condiciones de debilidad, y frente al rechazo de los legisladores enrolados con el cómico Beppe Grillo en apoyar una coalición gobernante, el Pdl le dio sustento a Letta, que colocó como Ministro del Interior al mismo Alfano.
Pero entonces ocurrió lo impensado: un grupo de partidarios de Berlusconi se negó a crear otra crisis política para salvarle el pellejo a su líder, que había sido condenado por la causa Mediaset. Quizás les pareció desmesurado en vista de la situación por la que atraviesa la nación. Quizás entrevieron que Berlusconi ya es pasado y decidieron acompañarlo sólo hasta la puerta del cementerio. Como sea, Alfano, «con todo el dolor y la amargura del alma» encabezó una rebelión a los deseos de Il Cavaliere y no sólo no renunció al cargo junto con los demás Pdl sino que le dio un voto de confianza a Letta el 2 de octubre. No tardaría mucho en sellar su alejamiento también de las filas del partido que integraba.
A mediados de noviembre anunció la creación de un grupo parlamentario al que denominó Nueva Centroderecha. Son 30 senadores y 27 diputados que le dieron una oportuna dosis de aire fresco a la gestión de Letta, que parecía destinada a un nuevo fracaso. Es bueno señalar que parte de este entramado de gobernabilidad fue una de las últimas contribuciones que le puede haber hecho a Italia el presidente de la República, Giorgio Napolitano, un antiguo dirigente del Partido Comunista de 88 años que debió dejar su cargo en abril pero aceptó ser reelegido porque era el único político con cierta aceptación entre los italianos. Como nunca antes en la república nacida tras la caída del fascismo, en la Segunda Guerra Mundial, un presidente decidió olvidar que se trata de un cargo meramente formal y metió «las patas en el barro» para apurar a los dirigentes a no caer en chiquilinadas.
El caso es que Berlusconi, que si algo tiene es un orgullo a prueba de misiles, el mismo día que su delfín anunciaba la creación de un nuevo movimiento de derecha, dictaba la sentencia de muerte del PdL y anunciaba con toda la pompa la vuelta de Forza Italia. Ante más de 800 delegados dio un emotivo discurso en que se cuidó de denostar a los que abandonaron el barco. Sabía que no iba a poder evitar la expulsión pero tampoco podía encender nuevos incendios, fundamentalmente para no quedarse aún más solo.
La imagen final de un médico llamado al escenario para verificar si todo estaba bien con Berlusconi fue un símbolo. El facultativo lo ayudó a bajar las escaleras como a un anciano jubilado.
Otras causas
Además del año de prisión domiciliaria que lo alejó del Senado, Silvio Berlusconi tiene abiertas otras condenas que lo inhabilitan de por vida para ejercer cargos públicos. Con lo que si soñaba con un venerable cargo de presidente a la manera de un Napolitano de la derecha, deberá dejarlo para otra ocasión.
Il Cavaliere tiene sobre sus espaldas el caso Ruby sobre abuso de poder e instigación a la prostitución de menores de edad. La agraciada joven marroquí Karima el Mahroug fue noticia luego de un incidente con la policía en mayo de 2010, cuando se comunicó para decirle que la habían apresado por robo. De gira por Francia, Berlusconi llamó a la comisaría central de Milán para decirles que Ruby, apodada «Robacorazones», era sobrina de Hosni Mubarak y la detención le generaba un incidente diplomático. Durante el juicio dijo que solo quería ayudar a una jovencita que buscaba abrirse camino en un mundo hostil. De tal modo, justificó pagos de 45.000 euros para la compra de un equipo laser destinado a un centro de belleza . «Lo hice para que no cayera en la prostitución», explicó.
Luego de 27 meses de investigación y medio centenar de audiencias, un tribunal condenó al ex premier a siete años de prisión e inhabilitación perpetua. El caso, en apelación, se suma a la causa por Fininvest, pero lo principal es que destapó lo que hasta entonces era comidilla en los centros del poder italiano: que Berlusconi organizaba verdaderas orgías en su residencia privada de Arcore a las que invitaba a políticos y empresarios de todo el continente. Berlusconi iniciará 2014 con otro proceso judicial derivado de esa agitada dolce vita. Este caso involucra a empresarios acusados de proveer adolescentes para esas recepciones pantagruélicas. Testificarán 26 mujeres y entre los reos figura Gianpaolo Tarantini y seis cómplices que, se sospecha, se habían granjeado la amistad del jefe de Gobierno con esa metodología tan afín a Berlusconi para conseguir beneficios en sus negocios particulares en el rubro de la salud. Berlusconi dice que espera una amnistía del presidente Napolitano.
Revista Acción, 1 de Diciembre de 2013
por Alberto López Girondo | Nov 29, 2013 | Sin categoría
A fines del siglo pasado, Argentina se desayunaba con la llegada de asesores de imagen estadounidenses para la campaña que llevó al gobierno al radical Fernando de la Rúa. Su principal contendiente, Eduardo Duhalde, se había traído a la estrella del momento, James Carville, gestor de la campaña que llevó al poder a Bill Clinton. La Alianza no se había quedado atrás y convocó a Dick Morris, que había trabajado para los republicanos. Ante las pocas posibilidades que mostraba el candidato peronista, llegó el brasileño Duda Mendonça, que se había posicionado junto a Lula da Silva en 2002, pero tampoco pudo hacer mucho por el ex gobernador bonaerense que, sin embargo, de todas maneras ocuparía el sillón de Rivadavia un par de años más tarde. Otros consultores de marketing político tendrían su cuarto de hora de fama hasta llegar al inefable ecuatoriano Jaime Duran Barba.
Por estas horas, un experto en vender candidatos se ufana de haber hecho otra marca en la culata de su Colt: se trata del venezolano Juan José Rendón Delgado, más conocido como JJ Rendón o directamente JJR, un caraqueño que ostenta un récord de 26 candidatos ganadores y sólo tres derrotas: las tres en su país natal y a manos del chavismo. El presidente Nicolás Maduro lo tildó hace poco de «piltrafa humana» no sólo por las características de sus campañas –decirles sucias puede sonar a flojo– sino por la saña en contra del modelo chavista que despliega en todo el mundo. Como es de rigor, JJR reside en Miami. Y su vuelta a Venezuela se torna complicada en virtud de una causa por violencia de género abierta en un juzgado que pidió a Interpol su captura.
JJR fue el hombre detrás de la campaña de Juan Orlando Hernández, proclamado presidente electo en Honduras. Ya había asesorado a Porfirio Lobo Sosa, el hombre del Partido Nacional que ganó los comicios de 2009 tras el derrocamiento de Manuel Zelaya. Dice que la democracia corre riesgo en América Latina y que en Venezuela directamente hay una dictadura. Pero, al mismo tiempo, aplaude el fervor democrático de la dirigencia hondureña, ignorando el golpe de 2009. JJR tiene otros galardones en su haber. Entre ellos, las campañas de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos en Colombia y la de Enrique Peña Nieto en México. Su debut había sido con Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera en su patria.
Hernández no perdió tiempo este domingo, luego de declararse ganador, para enviar un mensaje de reconocimiento al que considera factótum de su éxito electoral. Y, como un futbolista, que suelen hablar en infinitivo, declaró: «Agradecer a un gran amigo, a un artífice de dos victorias consecutivas del Partido Nacional como estratega general de la campaña, a JJ Rendón, que hoy no está aquí presente por un montaje que le hicieron (por la causa penal), por defender los derechos civiles de todo el mundo, esto nos demuestra que la gente no vota por los ataques a los consultores, vota por lo candidatos y yo le digo a JJ, allá en Estados Unidos: te esperamos para la toma de posesión el 27 de enero que será tu cumpleaños, y eso será también algo que vamos a compartir, y a todos los miembros del equipo de JJ que lucha incansablemente por la democracia para que prevalezca y no retroceda en nuestro continente; mi cariño y aprecio de siempre.» JJR devuelve gentilezas diciendo que «seguir hablando de un gobierno espurio, sacado de un proceso irregular, es desconocer lo que realmente pasó en Honduras».
Hernández es un empresario hondureño proveniente de una familia de clase media rural lo suficientemente próspera como para alimentar y dar estudio a 17 hermanos (JOH es el número 15). Abogado de profesión y nativo del departamento de Lempira, que es el nombre de un cacique que luchó contra los españoles cuando la conquista y fue asesinado mientras estaba negociando un acuerdo de paz con los invasores. Lempira es también es, en su honor, el nombre de la moneda nacional, que cotizaba ayer a 20 por dólar. JOH estudió en el Liceo Militar del Norte y tras graduarse en Tegucigalpa hizo un máster en Administración Pública en Estados Unidos. Desde 1998 es elegido diputado al Congreso Nacional, lo que no impidió que siguiera creciendo su fortuna. Tiene plantaciones de café, hoteles y un pequeño grupo de radios y televisoras en su distrito. Tras el golpe ocupó altos cargos en la asamblea y fue presidente del Congreso con Lobo en el gobierno. Sus críticos dicen que se manejó de un modo tan autoritario que hasta el rico dirigente empresarial Adolfo Facussé, uno de los que más hizo para voltear a Zelaya, lo llamó «pequeño dictador en ciernes».
JJR le diseñó a JOH una campaña bastante sencilla que le alcanzó para ganar y quebrar una tendencia histórica: a un gobierno del PN le seguían dos del Partido Liberal. Zelaya fue presidente por el PL pero, esta vez, su esposa Xiomara Castro fue con su propia agrupación, Libre, con la que le mordió los talones a JOH –todo indica que oficialmente terminarán 35 a 29 por ciento–. Si Libre y el PL hubiesen ido juntos, habrían sumado un 49%, un triunfo sí demoledor. Pero algo pasó en Honduras en estos años.
Las consignas de JJR pueden verse en una foto que circuló por la Web donde el consultor aparece, didáctico, frente a un cartel con algunas frases. «Repita después de mí, JOH, *izquierda radical, *los violentos son ellos, *la crisis del 2009, *pleito entre liberales, *dónde está XCZ, *soy inteligente.»
Son latiguillos que todo partidario de JOH debía repetir aunque no viniera a cuento: XCZ (Xiomara Castro de Zelaya) es la izquierda radical, los violentos son ellos, que también produjeron la crisis de 2009 (fue una crisis, no un golpe, se entiende). Votar a XCZ o al representante del PL es meterse en un pleito entre liberales, la candidata no aparece y, finalmente, soy inteligente. Es decir, voto a JOH porque soy inteligente. Con eso sedujo a poco más del tercio de la población.
JJR se fue de Venezuela luego de que Chávez ganara el referéndum revocatorio, en 2004. Cuando recaló en Colombia, la revista Semana le dedicó una amplia cobertura a sus antecedentes. Mostraba el CV que él mismo había colgado en su web, donde se presenta como recibido en Psicología en la Universidad Católica Andrés Bello, con un posgrado en Desarrollo Organizacional y especializaciones en Psicología de la Comunicación y Masas, Planificación Estratégica y Gerencia en Publicidad y Mercadeo, además de estudios en Rumorología, Memética, Cinético-Proxémica y Liderística, todas ellas disciplinas seudocientíficas laterales a la Psicología. También dice que obtuvo un posgrado en Italia en Ontopsicología.
Según los difusores de esta novedosa rama de las Ciencias Sociales, «la Ontopsicología forma parte de una postura filosófica oficial de la teología vaticana que intenta retomar la conducción de la cultura en el ámbito greco-latino». Y agrega que esta orientación resulta ser «un reciclaje de la metafísica escolástica, pretendiendo con ello retomar el control de toda la cultura, través del manejo psicológico de extensos grupos sociales (Santibañez-H. 1997, Wojtyla, J. Pablo II, 1998)».
En su ya tradicional disputa con el chavismo y ahora con Maduro, en uno de sus últimos tuits JJR le recomienda al presidente bolivariano que escuche las lecciones de economía del español Jesús Huerta de Soto Ballester, uno de los más notorios seguidores en la península del pensamiento del ultraneoliberal austríaco Ludwig von Mises.
Según Semana, hasta octubre de 2007 JJR era poco conocido en Colombia, cuando el congresista Nicolás Uribe de la U, «lo amenazó con destruir su carrera política e inventarle una historia en la que lo vincularía en líos con prostitutas (…) con el objeto único que intercediera por la destitución de un funcionario del alto Gobierno». Tres años más tarde, y cuando la justicia desechó una denuncia penal por el caso, su abogado dijo que, pudiendo presentar una demanda por calumnias contra el ex legislador, «mi cliente, en su inmensa generosidad ha decidido no interponer ninguna acción legal».
JJR recibió condecoraciones por su «contribución a la democracia». En 2011 le entregó una medalla Porfirio Lobo, «por su incursión en los procesos democráticos en América Latina y su experiencia en el área del marketing político». Un año después, los alcaldes y un congresista del sur de Florida, en Estados Unidos, le entregaron otro premio en el Hotel Intercontinental Doral de Miami. «Por sus exitosos 25 años de defensa y construcción de la democracia», era el lema. «Por su afirmación de que trabajaba sólo para candidatos opuestos al eje castro-chavista», explicaban.
El otro latinoamericano que pretende anotarse para el podio del marketing político, Duran Barba, estuvo en Honduras junto con su socio Rodrigo Lugones, confirma el diario La Prensa. No le fue bien, su «pollo» Mauricio Villeda (tocayo de Macri) salió tercero con poco más de 20% de los sufragios, según el TSE. Duran Barba y Lugones están acusados en la causa por la campaña sucia contra el padre de Daniel Filmus en 2011, que todavía duerme en un despacho judicial. Lugones también tiene su carrera: comenzó con De la Rúa y luego trabajó para los demócratas en Estados Unidos.
Tiempo Argentino, 29 de Noviembre de 2013
por Alberto López Girondo | Nov 15, 2013 | Sin categoría
Comienzan tres semanas cruciales para la democracia de América Latina, con elecciones presidenciales en Chile y Honduras y municipales en Venezuela. En la primera de esas citas, este domingo, Chile finalmente puede poner punto final al golpe contra Salvador Allende y al legado de 40 años de pinochetismo.
Así lo entiende la gran favorita, Michelle Bachelet, que si las encuestas no se equivocan tanto, puede volver al Palacio de la Moneda en primera vuelta. Por eso sabe que tiene una oportunidad única para refundar una nación sumida de modo violento en el neoliberalismo. La candidata de Nueva Mayoría prometió «reformas de fondo» y entre ellas citó en primer lugar instaurar una educación gratuita, universal y de calidad, obedeciendo al clamor de los estudiantes, que desde hace tres años atruenan las calles apuntando al corazón del modelo pinochetista: un sistema elitista que sirvió para diseñar una sociedad desigual en la que para ascender en la escala social muchas familias hipotecaron su vida y quizás hasta su dignidad.
Como una cosa lleva a la otra, esa reforma implicará un aumento de las erogaciones públicas de entre el 1,5 y el 2 % del PBI. Para lo cual se necesitará modificar el régimen tributario y así compensar ese desbalance –que para la izquierda representa una inversión y para la derecha un gasto–, cosa de recaudar ese por ciento del PBI más.
Pero la verdadera reforma es la de la Constitución, el último legado pinochetista, pergeñada en los albores de los 90, cuando ya se estaba yendo, como para que gane quien ganare nada cambie. Cierto que hubo retoques en estos años, pero lo esencial sigue siendo el mismo esquema político que dejó el general genocida.
De allí que si bien la Concertación estuvo en el poder desde ese 1990 hasta 2010, no hubo nada demasiado nuevo bajo el sol chileno. Contra eso es que los jóvenes se vinieron quejando. La derecha había tenido tuvo mucho que temer hasta que los vientos se hicieron huracanes.
Por eso los pases de factura de los últimos días sobre la candidata que eligieron para suceder a Piñera, le controvertida Evelyn Matthei. La mujer forzó que la designaran y muchos la pensaron como un mal menor. Estaban seguros de que nada pondría en riesgo su posición como poder real.
Pero esta vez la alianza centroizquierdista es más amplia –a la vieja Concertación se incorporó el Partido Comunista– y además se mantiene como tercero en la discordia Marco Enriquez-Ominami, con lo que los guarismos que espera Matthei la ubican como segunda por poco o incluso tercera. Una cosa es tener votos como para bloquear reformas a la Carta Magna, otra es tener que aceptar reformas y no conseguir una minoría suficiente como para mantener sus privilegios en el papel.
«Debemos terminar con los cerrojos de las leyes orgánicas constitucionales, con los quórum tan altos y con la labor preventiva del Tribunal Constitucional, que puede parar una ley, porque todavía no ha terminado su discusión», se explayó la mujer que ya gobernó al país, aunque en otro contexto, entre 2006 y 2010. «El pueblo chileno merece que la Constitución Política reconozca y garantice sus derechos», resume la ex secretaria de ONU Mujeres.
Bachelet apunta a cambiar las leyes represivas que regulan el trabajo y al fortalecimiento de la organización sindical. Además, intentaría crear una Administradora de Fondos de Pensiones estatal que compita con el actual sistema jubilatorio, exclusivamente privado, que diseñó siendo ministro José Piñera, hermano del actual mandatario. Otro ítem de medio centenar de propuestas gubernamentales habla de una ley para determinar «los límites de la concentración de la propiedad de los medios de comunicación social.»
La reforma de la Constitución fue la excusa para darle el golpe a Manuel Zelaya en Honduras en 2009. El presidente estaba terminando su mandato y apenas quería colocar una urna en una elección para que la población dijera si es que quería o no modificar la Constitución. Pero era mucho para el establishment.
A cuatro años de aquel baldón, su esposa, Xiomara Castro, aparece como primera en las encuestas para los comicios del 24 de noviembre, aunque por un margen muy estrecho. Candidateada por el partido Libertad y Refundación (Libre), la señora de Zelaya se ofrece como alternativa a los proyectos neoliberales en danza.
Xiomara Castro dijo en un discurso en Santa Rosa de Copan: «Aquí hay agricultores, queremos una constitución que refleje cómo vamos a desarrollar nuestro país. Aquí hay maestros, queremos una Constitución donde se defina cual es la educación que queremos para nuestros hijos e hijas». Para ser más clara, agregó que «en el primer día, cuando me pongan la banda presidencial, mis primeras palabras serán: convoco a la Asamblea Nacional Constituyente para una nueva Constitución e iniciar el proceso de refundación de nuestra patria tan querida, Honduras».
«Libre propone la reconciliación y la refundación nacional para inaugurar una nueva era de paz, de diálogo, de grandes acuerdos sociales, de libertad, de prosperidad y de ideas en democracia», declaró hace unos días en un encendido discurso en un hotel de Tegucigalpa.
Entre la audiencia estaba la embajadora de Estados Unidos, Lisa Jean Shapiro de Kubiske, una diplomática neoyorquina que no tuvo el menor empacho en inmiscuirse en la campaña. Aunque no señaló a quién se debería votar, si propuso que fuera por alguien que defendiera el mercado y la libertad de expresión. Lo deslizó ante estudiantes de la Universidad de San Pedro Sula.
«Examinen seriamente sus propuestas. ¿Cuáles reflejan su propia visión? ¿Cuáles pueden ser realísticamente implementadas porque han sido bien pensadas, tomando en cuenta cómo pueden ser financiadas? Decidan cuáles candidatos son los mejores», arengó.
En La Prensa, el principal diario hondureño, cuando asumió su cargo, hace dos años, le hicieron un artículo que de tan laudatorio resultaba empalagoso. Basta con solo los subtítulos (y ver las fotos de la mujer a los arrumacos con su marido, el consorte diplomático): La llegada de la gran dama, Enamorada y feliz, Comienza un gran camino, Un día con la embajadora.
Dice en esa nota que su mundo ideal es aquel en que «toda la gente pueda estar completamente alegre viviendo una vida que le da satisfacción, tiene que ser un mundo sin violencia y que cada persona pueda desarrollar su potencial y que hay relaciones intensas en forma positiva».
Otro asistente a ese discurso capitalino de Castro era Adolfo Facussé, uno de los empresarios más poderosos de Honduras, presidente de la Asociación Nacional de Industriales y uno de los principales impulsores del golpe contra Zelaya. Facussé fue el que en 2009 justificó el derrocamiento con esta frase que merecería figurar en un pedestal: «Si vas manejando y se te cruza un perro en un lado de la calle y una señora del otro, ¿Qué haces? Matas al perro por no matar a la señora.» Quizás ahora la opción sea más cercana a lo que él consideraba como un perro, por eso señaló que «es hora de cambiar».
Los empresarios juegan un papel preponderante también en la Venezuela de estos días. El 8 de diciembre hay elecciones municipales. Normalmente no debieran ser comicios tan preponderantes para el análisis político. De hecho el oficialismo mantiene el 80% de los municipios bajo su férula y es difícil saber si eso cambiará de manera drástica.
Pero un resultado muy adverso al PSUV podría alentar a la oposición, que todavía tiene a Henrique Capriles como su referente, a forzar un referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro o para seguir con el trabajo de «cepillado» de su gestión. En 1998, lo primero que hizo Chávez al calzarse la banda presidencial tras obtener el 56% de los votos fue anunciar una Asamblea Constituyente. Sabía los riesgos de gobernar con el arma institucional diseñada por la derecha.
Su sucesor, Nicolás Maduro, enfrenta un boicot patronal con desabastecimientos y una inflación sin límite. Para contrarrestarla, ordenó la ocupación de locales comerciales donde se comprobó acaparamiento y especulación y la justicia hizo detener a una treintena de empresarios bajo cargos similares. «Vendimos más del 50% de la mercancía, la cual rebajamos 15% y 20 por ciento. Aún mantenemos ganancias dependiendo del producto, porque no todos tienen la misma rotación», declaró al diario Ultimas Noticias de Caracas Ángel Rodríguez, de la tienda Asiamérica. El periódico revela además que los artefactos en Electrohogar fueron bajados entre 5% y 15% «y la gente arrasó con todo».
El problema radica en la obtención de los dólares, que el gobierno administra y entrega mediante fuertes registros oficiales. Por eso se elaboró una tablita para determinar el precio de una mercadería. Se suma Precio del dólar oficial +Costo de nacionalización del producto+ Costo de salarios y alquiler de local+ 30% de ganancia+ IVA. Ese sería el precio justo.
Tiempo Argentino, 15 de Noviembre de 2013
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