por Alberto López Girondo | Sep 1, 2013 | Sin categoría
De cara a la renovación presidencial, el escenario para la elección que coincide con los 40 años del golpe de Estado que terminó brutalmente con la experiencia del gobierno democrático de Salvador Allende muestra que el 11 de setiembre de 1973 sigue latente como nunca en la sociedad chilena. Y, de alguna manera, la huella trágica de aquel momento también permanece en el resto de América Latina, que alguna vez vio en el proceso que se desarrollaba en ese país un prolegómeno de lo que finalmente ocurrió en el Cono Sur.
La prueba de que ese pasado no se termina de ir es que los tres principales proyectos políticos que se enfrentarán en las presidenciales del 17 de noviembre tienen un fuerte anclaje en aquel suceso histórico. La favorita, Michelle Bachelet, es hija de Alberto Bachelet, un general de aviación constitucionalista que murió luego de una sesión de torturas en 1974. El padre de Evelyn Matthei, la representante de la derecha, integró la junta militar de la dictadura y era el jefe del centro de detención donde murió el padre de la ex presidenta. El tercero con mayores proyecciones, de acuerdo con las encuestas, es Marco Enríquez-Ominami, hijo biológico de uno de los fundadores del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Miguel Enríquez, asesinado en 1974 por los militares. Su madre rehízo su vida junto con el dirigente socialista Carlos Ominami.
Otro factor que muestra la persistencia del pasado reciente es que el trasfondo de la lucha que se dirimirá en un par de meses es el debate entre esquemas instalados desde la dictadura militar. Chile, que mantiene los grandes lineamientos del neoliberalismo, es uno de los países más inequitativos del mundo. «De modo muy general, las cifras muestran que, en promedio, la participación de los estratos más ricos en el ingreso total del país es alrededor del doble de la participación media que se verifica en los otros 20 países de la muestra», resume un estudio presentado a principios de año por un equipo de la Universidad de Chile bajo el sugestivo título de «La parte del león: nuevas estimaciones de la participación de los súper ricos en el ingreso de Chile».
El puntal que implantó Pinochet fue la liberación total de la economía siguiendo los dictados de la Escuela de Chicago. De hecho, el impulsor de esa corriente monetarista, Milton Friedman, visitó Chile en 1975, cuando sus discípulos ocupaban los máximos cargos en el área económica del país. Un año más tarde, recibió el premio Nobel de Economía. Sus influencias no tardarían en llegar a la Gran Bretaña de Margaret Thatcher y los Estados Unidos de Ronald Reagan. Pero el primer experimento había sido Chile.
La concepción social y política de Allende fue el núcleo de lo que la dictadura militar se propuso eliminar a sangre y fuego de la agenda de los chilenos. No en vano el golpe había sido preparado desde el momento en que el médico socialista ganó las elecciones por el mismísimo secretario de Estado estadounidense, Henry Kissinger, la CIA y las grandes multinacionales, según corroboran documentos de la época desclasificados por Washington.
Autoritarismo con proyecto
Enríquez Ominami acaba de cumplir 40 años y en la última elección logró, con una nueva agrupación política, el 20% de los sufragios, resquebrajando el bipartidismo instaurado por la Constitución pinochetista. «A partir del 11 de setiembre de 1973 millones de personas fueron perseguidas y marginalizadas, expulsadas de sus trabajos, convertidas en parias sociales. Miles fueron encarcelados, exiliados, torturados, asesinados. El otrora poderoso movimiento sindical fue destruido, las colectividades políticas fueron prohibidas y reprimidas y la vida cultural quedó amordazada. Se intentó reescribir la historia de Chile, presentar como real un país inexistente en la práctica pero anclado en los deseos de unos pocos, mediante una narrativa sectaria y excluyente. La desconfianza entre los individuos y los grupos pasó a ser el clima imperante. La arbitrariedad su norma», recuerda el candidato por el Partido Progresista (PRO).
Tomás Moulian es sociólogo y politólogo. Integró el Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), uno de los partidos que formaban la Unidad Popular (UP), alianza que llevó al poder a Allende. También fue precandidato por el Partido Comunista Chileno (PCCh) en 2005. Docente universitario y autor de varios libros, entre ellos Socialismo del siglo XXI: la quinta vía, El consumismo me consume y Contradicciones del desarrollo político chileno, 1920-1990, considera que aquel 11 de setiembre de 1973 «no fue un acontecimiento de esos que se desvanecen en la historia» y caracteriza al pinochetismo como «una dictadura con proyecto». Un proyecto en el que, ironiza, «hemos sido profetas del exceso». «El programa de reconversión capitalista sólo podía realizarse en el Chile de esa época con una dictadura, pues necesitaba aniquilar al movimiento obrero y a los partidos de izquierda».
¿Cómo pudo ocurrir algo así en una sociedad que se mostraba como ejemplo de democracia y respeto por la voluntad ciudadana para todos los países vecinos? Eduardo Rojas, a los 30 años, era vicepresidente de la Central Única de Trabajadores (CUT) y militaba en el MAPU. Trabajador portuario entonces, hoy sociólogo, hace 35 años que vive en la Argentina, donde dicta clases en la Universidad Nacional de San Martín. Autor de Memoria de la izquierda chilena junto con Jorge Arrate, sostiene una explicación un tanto inquietante. «Había una transformación subterránea que venía tal vez desde lo profundo de la historia de Chile y no nos dimos cuenta. Nosotros creíamos que el país caminaba hacia el socialismo y la gente se estaba haciendo fascista. El golpe no fue minoritario, tuvo un apoyo notable de la población, había una trasformación de la cultura, del modo de vida, lo que contribuyó a que la dictadura anclara en la sociedad y pudiera transformar no sólo la economía en el sentido neoliberal sino la política y el sistema político, algo que aún se mantiene».
Si en algo hay plena coincidencia de todos los entrevistados es en el carácter individualista y marcadamente economicista que invadió a la sociedad chilena a partir del golpe. Alfredo Troncoso, manager y representante artístico de los grupos más emblemáticos de la música chilena (Inti Illimani y Quilapayún), lo señala con un ejemplo: «Pinochet dijo que quería que todos los chilenos tengan uno o dos televisores y un auto. No pensó en que los chilenos deberían ser buenas personas, gente solidaria».
Con la vuelta de la democracia, en 1990, la dirigencia política aceptó un sistema bipartidista y una constitución amañada por los militares para cuidarse las espaldas luego de las violaciones a los derechos humanos cometidas en 17 años en el poder. Pero fundamentalmente para preservar los privilegios que las clases dominantes habían recuperado en aquel aciago 11 de setiembre. Tan es así que los sucesivos gobiernos de centroizquierda (encarnada por la Concertación), y el actual mandato del conservador Sebastián Piñera firmaron acuerdos de libre comercio con 58 países. Además Chile integra, junto con Perú, Colombia y México, la Alianza del Pacífico, el bloque regional más cercano a Washington. Los sucesivos gobiernos democráticos mantuvieron, además, eso que los economistas llaman «fundamentals», al punto que el PBI chileno fue aumentando a un promedio de poco más del 4% anual desde 1991 en adelante y el país tuvo un ingreso per cápita de 18.419 dólares el año pasado, una cifra que lo acerca al de las naciones desarrolladas –según se entusiasman los voceros de la derecha–, pero de esa riqueza, el 60% queda en manos del 20% más rico de la sociedad. El combate contra la desigualdad fue, efectivamente, el eje del gobierno allendista.
Obreros y pingüinos
La dictadura prohibió y persiguió la actividad gremial. Sin embargo, en 1988 se constituyó la Central Unitaria de Trabajadores. Nicolás Rojas Scherer es magíster en Ciencia Política por la Universidad Diego Portales y comenta que «el movimiento obrero chileno, que fue el pilar de la Unidad Popular en los 70, quedó desarticulado por la dictadura a través de las leyes laborales de José Piñera (ministro de Pinochet y hermano del actual presidente). Hoy, apenas el 5% de los trabajadores está sindicalizado». Sin embargo, en los últimos años tanto la CUT como los profesores, el servicio público y la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), que nuclea a trabajadores estatales, plantearon movilizaciones y reclamos. Sólo que quedaron invisibilizados porque fueron muy poco numerosas. La primera huelga general de la CUT fue en agosto de 2003, cuando ocupaba al Palacio de La Moneda el socialista Ricardo Lagos.
Recién en 2006, cuando Bachelet estaba asumiendo la presidencia, se produjo la multitudinaria Revolución Pingüina, por el uniforme de los estudiantes secundarios, protagonistas de la movida. Fue el primer hito en una demanda que ya es histórica y que pone de relieve esos resabios de la dictadura enquistados en la sociedad. A ellos se sumarían los universitarios, que desde hace dos años rescatan lo mejor de ese Chile aplastado con las botas en 1973. De hecho, Andrés Fielbaum, el actual presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), recupera el legado que dejó Salvador Allende para las nuevas generaciones y sobre todo para los jóvenes. «Hay que recordar que Allende da su discurso de triunfo el 4 de setiembre de 1970, desde el balcón de la FECH, que no es el de hoy día –aclara Fielbaum, quien integra la agrupación Izquierda Autónoma–, lo que de alguna manera mostró la alianza férrea que existía entre los estudiantes de la universidad, los obreros y el gobierno popular».
Las masivas movilizaciones de los estudiantes fueron sumando adhesiones tanto entre los universitarios como en el resto de la sociedad. Es que de la mano del reclamo por una educación gratuita y de calidad se fue destapando el aspecto más perdurable del pinochetismo: la privatización de los aspectos esenciales de la vida humana. En ese contexto, la educación apareció en primer lugar quizás porque, como analiza Fielbaum, «las nuevas camadas de la sociedad no tienen ese miedo que dejó la dictadura en los que vivieron aquellos días en carne propia».
La política educativa de Pinochet consistió en estructurar un sistema privado que se paga con créditos familiares, lo que impide que los más pobres tengan las mismas oportunidades y, para peor, hipotecó el futuro de millones de personas.
Por eso las marchas estudiantiles calaron tan hondo en Chile. Porque pusieron el dedo en una llaga que llevaba décadas oculta en los pliegues de la memoria. Porque el sueño de crecimiento a partir de la educación de los hijos, aunque sea al precio de un endeudamiento familiar, fue dejando sólo hilachas cuando el «mercado» no pudo satisfacer las necesidades de empleo y buen vivir acordes con el esfuerzo realizado.
De tal manera que cuatro décadas más tarde, la gestión y, sobre todo, el compromiso de Allende aparecen como un ejemplo que muy pocos pueden sustentar en cualquier disciplina. «Más allá del proyecto político, un aspecto muy destacable de su presencia en la historia política y en la sociedad chilenas hasta hoy es su congruencia, su sacrificio personal, contrastado esto con la impresión que la gente tiene, no sólo en Chile sino en el mundo entero, sobre la deslealtad de los dirigentes políticos», señala Carlos Parker, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Socialista de Chile y ex embajador de Bachelet en Rumania y Bulgaria. Parker, quien a los 17 años compartió cárcel en un campo de concentración de la Isla Dawson con los ministros del derrocado mandatario a raíz de su militancia en la escuela secundaria, destaca que «Allende llevó su proyecto político, su convicción, hasta el final, hasta la muerte».
Rojas recuerda haber estado presente en una reunión con Allende y otros dirigentes partidarios a quienes les adelantó: «Camaradas, de este lugar a mí no me van sacar vivo». Y, según cuenta el docente e investigador en la UNSAM, el mandatario les mostró una metralleta que tenía guardada en su escritorio. «Nos dijo “Yo voy a morir combatiendo, no voy a ir al exilio, voy a morir aquí”», recuerda. «Fue muy consecuente, se hizo cargo del hecho de que él creía, a fondo, que lo único que justificaba la política de izquierda era la posibilidad de una transformación socialista y democrática». Enríquez-Ominami, por su parte, sostiene que el gobierno del cirujano socialista «encarnó los anhelos de justicia social, progreso democrático, independencia nacional y desarrollo económico al servicio de las mayorías». Y señala que «la huella dejada por Allende es un ejemplo de ética política, integridad personal, dignidad republicana, consecuencia democrática. Por su lealtad a los trabajadores, su vocación por los débiles y desposeídos ante los embates del gran capital y su valerosa independencia frente a los poderes mundiales».
Aquel período histórico que va desde el 4 noviembre de 1970 al 11 de setiembre del 73 es todavía objeto de estudio en todas las academias del mundo. Para los chilenos de hoy, es tanto una huella como un horizonte.
Etapas, candidatos y renovación generacional
La historia política de Chile se puede dividir en un período que va desde 1938 a 1973, que partió de una sociedad estructurada políticamente en tres fracciones (derecha, centro e izquierda), y la era que nace con la restauración democrática, en 1990.
Hasta la llegada de Salvador Allende al poder, se fue conformando un sector más conservador y otro progresista. Así, la Falange Nacional –luego Democracia Cristiana–, y el Partido Radical fueron los grandes protagonistas, con un Partido Comunista y otro Socialista que representaron a los sectores de la izquierda algunas veces en un frente común, como el que llevaron entre el 38 y el 41, y en otras ocasiones, en forma separada. Hasta la crucial elección del 73, que ganó la Unidad Popular, una coalición que se nucleó detrás de Salvador Allende con el PS, el PC, el MAPU y otras agrupaciones menores, junto con las centrales sindicales y las federaciones estudiantiles. Todo eso quedó trunco el día del golpe.
La Concertación, que gobernó entre 1990 y 2010, está conformada por partidos de centro como la Democracia Cristiana, y de izquierda como el PS. En abril pasado se conformó la Nueva Mayoría, que a los miembros de la Concertación añade el PCCh, el Movimiento Amplio Social (MAS), el Partido por la Democracia (PPD), el Partido Radical Socialdemócrata (PRSD), e Izquierda Ciudadana (IC). Presenta como candidata a Michelle Bachelet.
Desde los 90, los partidos de la derecha están representados por la Unión Demócrata Independiente (UDI), también llamados «gremialistas» por su origen en un movimiento estudiantil en la Universidad Católica en los 60, que son los más cercanos al pinochetismo; y la Renovación Nacional (RN), al que pertenece Piñera. Integran para esta elección la Alianza por Chile, que lleva como candidata a Evelyn Matthei.
Esta vez hubo un verdadero récord de inscriptos para la presidencia. En las boletas electorales también figurarán Marcel Claude, por los partidos Humanista e Izquierda Unida; Ricardo Israel, del Partido Regionalista de los Independientes; el economista Franco Parisi; el ex DC. Tomás Jocelyn Holt; Roxana Miranda, del Partido de la Igualdad y líder de la Asociación Nacional de Deudores Habitacionales; y Alfredo Sfeir, del Partido Ecologista.
El dato relevante es la participación de los jóvenes. Y así como Camila Vallejo es candidata a diputada del PC en Nueva Mayoría, también figuran por ese espacio Karol Cariola, secretaria general de las Juventudes Comunistas de Chile, que ganó la primaria con una alta votación.
Giorgio Jackson, otro líder juvenil que viene de la FECH, es candidato independiente, creador del movimiento Revolución Democrática. Jackson tuvo su bautismo de fuego cuando protagonizó una campaña para votar en contra de Cristian Labbé, que fue brazo derecho de Pinochet y estuvo como alcalde del distrito capitalino de Providencia, desde donde defendió no sólo sus políticas económicas sino la represión contra los militantes populares.
Otra agrupación, Izquierda Autónoma, lleva a una diputación a Gabriel Boric, que fue presidente de la FECH en el 2012; Francisco Figueroa, que ocupó ese cargo en 2011; y Daniela López, ex presidenta del centro de estudiantes de la Universidad Central.
El problema, para muchos de estos jóvenes, piensa Fielbaum, es que «son capaces de hacer tomas de edificios escolares y de marchar en las peores condiciones pero muchas veces no son capaces de levantarse temprano un día para ir a votar». Otro resabio de la dictadura que está en proceso de cambio.
Programa popular
Tomás Moulian resumió para Acción un detalle de las medidas que caracterizaron la gestión de Allende y que aún hoy resultan revolucionarias: «Nacionalización del cobre sin pago de indemnizaciones a las grandes compañías estadounidenses, estatización de la banca a través de la compra de acciones. También la expropiación o intervención de algunas de las principales empresas monopólicas, formando el Área de Propiedad Social, finalización del latifundio improductivo a través de la Reforma Agraria, estímulo a la participación de los trabajadores en la gestión de las empresas». Este programa de gobierno se conoció como «Primeras 40 medidas del Gobierno Popular» y fue luego el eje de los ataques más concentrados y despiadados de la dictadura. Entre las principales medidas allendistas figuraban algunas destinadas a la transparencia del gobierno y a la lucha contra la corrupción en las instituciones. Pero las más eran de tipo social, como la jubilación y la previsión social para los mayores de 60 años, la protección a las familias, la igualdad en las asignaciones familiares.
«El niño nace para ser feliz», dice la número 12, y es ya toda una definición, porque además, promete dar «matrícula completamente gratuita, libros, cuadernos y útiles escolares sin costo, para todos los niños de la enseñanza básica». En relación con la infancia, a la copa de leche se sumaba el almuerzo «a aquellos cuyos padres no se lo puedan proporcionar» y los consultorios materno-infantiles en todas las poblaciones.
El plan social incluía la medicina gratuita para todos y una reforma agraria «de verdad», destinada a «medianos y pequeños agricultores, minifundistas, medieros, empleados y afuerinos». A los campesinos les prometió crédito agrario pero también mercado para la totalidad de sus productos. Un punto clave es la medida número 30: «No más amarras con el Fondo Monetario Internacional». Al organismo de crédito le anunciaba que iban a «deshauciar los compromisos» y a la sociedad chilena, que terminarían «con las escandalosas devaluaciones del Escudo».
¿Cómo plantarse de aquí al futuro? Para el sociólogo no hay alternativa: se debe perfeccionar la democracia representativa; generar mayores instancias de participación, «en especial a nivel de municipios y regiones, para tender hacia una democracia mucho más participativa; que se promuevan políticas sociales, mejorando la salud pública y las asignaciones de viviendas a sectores populares y capas medias; que se aumente de manera realista la participación del Estado en la economía, en especial en funciones de control; que se creen empresas públicas en sectores donde se necesitan fuertes protecciones medioambientales, relacionados con la energía y con el agua».
Moulian, en pocas palabras, pide que tras esta gestión del empresario Sebastián Piñera y luego de cuatro años de la centroizquierda, un nuevo gobierno acabe con el «neoliberalismo corregido» que se aplicó entre 1989 y 2009. El docente de la Universidad de Arte y Ciencias Sociales (ARCIS) aspira a que en Chile se terminen los resabios dictatoriales que aún hoy rigen la economía del país. En el fondo, recuperar lo mejor de los viejos tiempos allendistas.
Revista Acción, 1 de Septiembre de 2013
por Alberto López Girondo | Sep 1, 2013 | Sin categoría
Para muchos países –y en la lista debe incluirse a la Argentina– la actitud belicista del presidente de Estados Unidos representa una bofetada al multilateralismo. Para la dirigencia política de su propio país, es una muestra de su escaso liderazgo a nivel internacional, por lo que le pasó factura mostrándose remisa a apoyar la intervención armada en Siria. En las calles estadounidenses mientras tanto, es cada vez mayor el rechazo a una nueva aventura militar a miles de kilómetros de sus propias fronteras. Ni qué decir de lo que piensa la opinión pública mundial.
Como al pastor mentiroso de la fábula, le tocó a Obama hacerse cargo de la explicación de por qué es imperioso actuar contra el uso de armas químicas por parte de Bashar Al Assad. El relato se parece demasiado al usado cuando invadieron Irak hace diez años. Y ya nadie está dispuesto así como así a creer esos argumentos por varias razones: una de ellas es porque Obama llegó a la Casa Blanca enarbolando las banderas de giro copernicano a la gestión de George W. Bush. Pero hay más: la sociedad estadounidense repudia las bolsas negras con cadáveres de compatriotas llegando desde el campo de batalla, además de las secuelas de miles de víctimas con problemas mentales y las revelaciones que cada tanto se cuelan –desde Bradley Mannig a hoy– sobre atrocidades cometidas en Irak y Afganistán bajo el amparo de la insignia de las barras y las estrellas.
Por eso es que el plan de «castigo» al régimen sirio contemplaba inicialmente la utilización de aviones no tripulados y misiles teledirigidos. Incluso anunció que sería una incursión punitiva de no más de 72 horas, sin intención de cambiar al gobierno del oftalmólogo que asumió en 2000 tras la muerte de su padre, sino dirigida a destruir sitios estratégicos sin desembarcar soldados.
Pero la administración del Premio Nobel de la Paz 2009 está en un atolladero. Al frente de un puñado de países que sustenta a la oposición a Al Assad desde que estalló la revuelta, hace algo más de dos años, EE.UU. en la práctica terminó aliado a un grupo desordenado e incontrolable que entre los más radicalizados cuenta con miembros de Al Qaeda. Eso no impidió que durante estos meses EE.UU. y sus socios le dieran armas, pertrechos y cobertura mediática. Con todo, la situación es de virtual empate técnico. Los rebeldes no están en condiciones de derrotar a Al Assad pero tampoco el gobierno puede con ellos.
Damasco tiene como aliados a Rusia e Irán y a Hezbollah, pero no le son ajenos Venezuela, Cuba y China. Si Occidente les retira su apoyo a los opositores, serían fagocitados por las tropas leales en poco tiempo. Es una historia que ya se vio con el derrocamiento de Muammar Khadafi en Libia. Los no menos dispersos rebeldes libios necesitaron de la OTAN para terminar con el gobierno del coronel que estaba en el poder desde 1969. El problema con Siria hoy, al igual que antes Libia e Irak, es que esos gobiernos fueron regímenes laicos en un mundo lleno de tentaciones fundamentalistas. Basta con mirarse en el espejo de Egipto y el proceso abierto en Irak tras la invasión para darse cuenta del riesgo de la jugada de Obama. Además, el final de Hussein, ejecutado en diciembre de 2006, o de Khadafi, apaleado en una emboscada en octubre de 2011, seguramente es un antecedente como para que Al Assad no quiera dar el brazo a torcer. Incluso, el mandatario insistió en que si EE.UU. tiene pruebas de que sus tropas arrojaron gases letales las muestre. El líder sirio sabe que tras la invasión a Irak en 2003, el argumento necesita de evidencias incontrastables.
El secretario de Estado, John Kerry, se la había dejado servida cuando apeló a una pirueta insólita: dijo que las pruebas existen, que resultan absolutamente confiables, pero que no las podía mostrar porque eso afectaría la seguridad de Estados Unidos. Obama reforzó esta explicación recordando que él como senador no había creído en los argumentos de Bush y había votado en contra del ataque a Irak. Por lo tanto, ahora tendrían que creerle. Si él decía que había armas químicas, y que las había utilizado el gobierno de Damasco ¿Cómo iban a desconfiar?
Tablero peligroso
Como sea, la cuestión no es tanto qué ocurrirá en Oriente Medio luego de la incursión armada sino cómo se recompondrá el tablero de las relaciones internacionales. Si algo pudo comprobar Obama en estos meses es que el mundo ya no es lo que era. El multilateralismo como programa para la gestión de los conflictos internacionales es una «ideología» que encuentra cada vez más adeptos.
No es casual que entre la ocupación de Libia y la situación en Siria, EE.UU. encuentre tanta negativa a su deseo de extender sus tentáculos militares. En Libia eligió ocupar un segundo plano detrás de Francia. Tras él, se encolumnaron Gran Bretaña, el resto de la comunidad europea y sobre todo la OTAN, que fue la que manejó el bloqueo aéreo. Y también hubo anuencia de la ONU, donde el operativo contó con el visto bueno esquivo pero favorable de Rusia y China.
Ahora el organismo internacional envió expertos a analizar si se lanzaron gases venenosos y, en caso afirmativo, quién los arrojó. Y son mayoría los países que reclaman esperar el resultado de esa investigación. Argentina, que presidió el Consejo de Seguridad durante el mes de agosto, propuso que, además de contar con ese informe, se buscara una solución política de alto nivel para la situación siria. Y a la manera de la resolución de conflictos que encontró la Unasur, pidió que los cancilleres de los 15 países del consejo se instalen en Siria para encontrar un arreglo político al entuerto.
Por su parte, Moscú utilizó esta vez su poder de veto en el Consejo de Seguridad. Es que en Tartus, Siria, hay una base militar rusa. Además, el premier Vladimir Putin sabe que en última instancia lo que el Pentágono busca es instalarse en territorio sirio para terminar de rodear a Rusia con un anillo de misiles desde Europa oriental a Afganistán. Por otro lado, a nadie escapa que la provisión de gas y petróleo mediante ductos que atraviesen Siria es uno de los proyectos en ciernes para el futuro cercano. Rusia no está sola, China, que también ocupa un escaño permanente y con derecho de veto en el Consejo de Seguridad, comparte el rechazo a la intervención militar.
Otro dato que inquietó a EE.UU. fue que su aliado más firme, Gran Bretaña, esta vez no estuvo de su lado. David Cameron, bastante golpeado por la crisis económica y los continuos escándalos –por su acercamiento con el vapuleado grupo Murdoch y por la manipulación de tasas con el banco Barclays– no consiguió el apoyo legislativo para «castigar» a Al Assad.
El presidente francés, François Hollande, siguiendo el ejemplo de su antecesor en la ocupación de Libia, es el más firme partidario europeo de la intervención militar en Siria. Al igual que Obama, el socialista viró hacia posiciones cada vez más cercanas al colonialismo del siglo XIX, a pesar de que también en Francia la condena al ataque es masiva.
Tanto cambiaron algunas cosas que hasta el Vaticano decidió esta vez asumir compromisos antes de la batalla. El argentino Jorge Bergoglio emitió comunicados condenando el uso de la violencia y el comercio de armas y protagonizó una jornada de ayuno en contra de una nueva guerra.
Para desazón de Obama, el encuentro del G20 en San Petersburgo, el grupo de los países más desarrollados y los emergentes, entre los que figura la Argentina, se convirtió en un foro donde se ventiló la situación siria, más allá de que es un espacio para el debate de cuestiones económicas. Si el presidente estadounidense esperaba conseguir un apoyo explícito a su intentona, se llevó la sorpresa de que mayoritariamente le dieron la espalda.
Amigos son los amigos
Sólo consiguió un tibio documento firmado por un puñado de países amigos que propone «una fuerte respuesta internacional a esta grave violación de las normas» por el uso de armas químicas. Si bien el texto no refiere explícitamente a operaciones militares, significó una suerte de carta blanca a Obama. Como primer fogonero, entre los firmantes está Francia, y le siguen Gran Bretaña, Australia, Canadá, Italia, Japón, Corea del Sur, Arabia Saudita y Turquía. España, como país invitado, también aprobó el respaldo.
Con ese papel en la mano y una catarata de videos donde se ven los horrores del uso de armas químicas, Obama fue a la caza de votos en el Capitolio. Según las encuestas, 6 de cada 10 estadounidenses rechazan la intervención. Ni siquiera el aniversario de los atentados del 11S logró cambiar estos datos.
La población, que mostró su hastío a las guerras votando a Obama en 2008, percibe ahora que con el demócrata nada cambió. Para peor, la revelación de que todos son espiados por organismos de seguridad con la justificación de que así se combate el terrorismo es un trago amargo que ya no están dispuestos a digerir. Ni en EE.UU. ni afuera, como le dijo la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, al mandatario en su encuentro en Rusia.
Asimismo, hay una movida internacional para pedir que le retiren el Nobel a Obama. El propio presidente admitió ante periodistas –y a confesión de parte relevo de pruebas– que él siempre había dicho que no se lo merecía. El discurso de que la suya es la última de las guerras hasta alcanzar la paz puede desencadenar consecuencias imprevisibles en Oriente Medio, a poco de anunciarse la vuelta al diálogo entre palestinos e israelíes.
Revista Acción, 1 de Septiembre de 2013
por Alberto López Girondo | Ago 30, 2013 | Sin categoría
La presidenta Dilma Rousseff tuvo que salir a aclarar que América Latina es prioridad absoluta de la política exterior de Brasil. Fue cuando le tomaba juramento a su nuevo ministro de Relaciones Exteriores, nombrado a las apuradas luego del escándalo por la fuga de un senador condenado por corrupción en Bolivia. Luego del paso de Lula da Silva por el Palacio del Planalto, el mandato de su sucesora apareció más bien deslucido en torno a la necesaria profundización del proceso de integración regional. Necesaria para los vecinos tanto como para el propio Brasil, que a pesar de estar jugando en las grandes ligas internacionales –como el grupo BRICS– necesita como el agua tener las espaldas cubiertas en lo geopolítico –uno nunca sabe– tanto como preservar sus mercados naturales. Es que en los últimos años la economía brasileña, de la mano del auge de la producción primaria, fue cediendo impulso a su crecimiento industrial, y Latinoamérica y algunos países africanos son su única opción de comercio de bienes manufacturados.
Eso no impide que grupos retrógrados desde lo cultural, pero muy bien enquistados en las burocracias gubernamentales –y principalmente en la Cancillería– hayan puesto un palo en la rueda de las relaciones de Bolivia con Brasil. Como era de esperarse, ese grano en las relaciones con un aspirante a ingresar al Mercosur y proveedor fundamental de energía al polo paulista, venía de antes. De cuando el pastor evangelista y senador opositor boliviano Roger Pinto Molina ingresa a la Embajada de Brasil en La Paz, el 28 de mayo de 2012, para pedir asilo. Alegó ante el entonces embajador Marcel Biato que era un perseguido político. Las protestas del gobierno de Evo contra Brasil no se hicieron esperar.
Pinto, sin embargo, cargaba 21 acusaciones de corrupción. Y no sólo eso: como íntimo allegado al ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, también pesan sobre él las sospechas por el asesinato de trece campesinos a manos de grupos paramilitares apoyados por la oligarquía de la rica «Media Luna» de Bolivia en 2008, en lo que se conoció como la Masacre de Pando. De hecho, Fernández fue condenado como autor intelectual de aquella matanza cuando la derecha pensaba en voltear a Morales o al menos producir la secesión del país. Pinto, que se presenta como pastor evangélico, siempre estuvo a la derecha del dial. Primero, en el partido del ex dictador (1971-78) y luego mandatario (1997-2001) Hugo Banzer; y más tarde, con el sucesor y delfín de aquel, Jorge Quiroga (2001-02). Fue juez y también gobernador del ganadero distrito de Pando en los ’90 y llegaría al Senado antes de la llegada de Morales al poder. Se acercaría luego a otro gobernador de la región, el cochabambino Manfred Reyes Villa, quien también caería en desgracia judicial, aunque fue más rápido y se exilió en Estados Unidos antes de rendir cuentas en su país de origen.
Las causas contra Pinto Molina van desde la venta irregular de tierras estatales al traspaso ilegal de fondos públicos y «daño económico al Estado» cuando era gobernador de Pando y director de la Zona Franca de Cobija, la capital de la provincia (2000), y supuestamente habría desviado irregularmente recursos a la Universidad Amazónica de Pando. Su defensa alega que en todos los casos se trata de procesos políticos sin sustento judicial. Hablan de persecución.
Hubo tres hechos en los últimos meses que aceleraron la fuga de Pinto. Uno es que en junio, un tribunal de sentencia lo condenó a un año de cárcel por una de las causas en su contra que implicaba el manejo ilícito de 11 millones de pesos bolivianos. En ese mismo mes el embajador Biato fue retirado y la sede diplomática quedó en manos del encargado de Negocios, Eduardo Saboia.
El otro dato es que un mes más tarde, en la última reunión de Mercosur, se emitió una declaración donde se garantizaba que los países miembros se comprometen a respetar el derecho de asilo. Bolivia era uno de los firmantes de ese compromiso en su condición de país que pidió el ingreso al organismo y que espera la ratificación de los restantes miembros. La declaración hacía referencia al pedido de asilo de Julian Assange en la embajada ecuatoriana en Londres, pero a Pinto le cabían las generales de la ley, y a la posibilidad de que Edward Snowden hiciera lo propio desde Moscú.
Hasta acá todo se podría haber resuelto por una vía diplomática. La tesis de Itamaraty podría traducirse como dejar que el tiempo pase y en algún momento convencer al gobierno de Morales –o a algún sucesor– de que le otorgaran el salvoconducto al ex senador boliviano para que viajara a Brasil. Pero como el diablo siempre mete la cola, Saboia parece haberse conmovido por la situación que atravesaba Pinto, literalmente preso en el edificio de la embajada durante 454 días, y decidió una operación más propia de Hollywood que de relaciones entre países hermanos en un contexto de integración regional. Como se sabe, escuchó la voz de Dios y metió al pastor evangelista en un vehículo oficial custodiado por fusileros navales, justo a las 14:30 del sábado 24 de agosto –Pinto se sacó una foto donde muestra en primer plano el reloj pulsera– y lo llevó a atravesar el país para cruzar la frontera con Brasil 22 horas más tarde. No porque la distancia sea tan grande, sino porque los caminos son difíciles en llanura pero mucho más en la montaña desde La Paz hasta Corumbá, en el estado de Matto Grosso.
Allí esperaba al dúo una avioneta contratada por el senador del PMDB Ricardo Ferraço, que lo llevó a su casa en Brasilia. El dirigente de Espíritu Santo pensaba llevar a Pinto al Senado en Brasilia, donde preside la comisión de Relaciones Exteriores, para que explicara su situación. Pero el escándalo era demasiado grande como para que los legisladores pisaran el palito. El PMDB es socio del PT en el gobierno y aportó apoyo legislativo y, primordialmente, al vicepresidente Michel Temer. Pero la relación con Bolivia no es para boicotear así como así para el trabalhismo. Y menos con un gobierno que proviene de la dirigencia gremial como es el de Evo Morales.
Cierto que no es la primera vez que hay choques entre La Paz y Brasilia desde que Lula llegó al gobierno. No se debe olvidar que la derecha brasileña –que no es poca ni silenciosa precisamente– despotricó contra el metalúrgico cuando el gobierno de Evo nacionalizó y ocupó militarmente las instalaciones de Petrobras, o cuando a raíz de las protestas de comunidades indígenas se suspendió el contrato con la empresa OAS para la construcción de una carretera por el TIPNIS. En el último encontronazo estuvo presente Ferraço, cuando hinchas del Club Corinthias, del que es «torcedor», protagonizaron incidentes en el estadio de Oruro, que dejó como resultado la muerte de un simpatizante del local San José, en febrero pasado.
El que fue a interceder entonces por los doce «corinthianos» detenidos por el crimen fue el bueno de Saboia. Pero allí tomó partido por su caso el senador Ferraço, que denunció la investigación como una represalia por el asilo a Pinto Molina. Nadie duda de que aprovechando esa visita es que se armó el operativo de fuga que ya le costó la cabeza al canciller Antonio Pariota, que en un enroque de esos que caracterizan a las reglas del buen arte político, trocó su puesto con el embajador de Brasil en la ONU, Luiz Alberto Figueiredo Machado.
La ONU no es un puesto menor para ningún diplomático de ese país, habida cuenta de que Brasil aspira a reformar su carta orgánica para ingresar en el selecto grupo de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Quiere entrar como representante de América Latina. Una posición bien diferente a la que plantea la Argentina, actual presidente pro témpore de ese suborganismo, que propone la desaparición de la figura de miembro con derecho a veto, porque lo entiende como un privilegio antidemocrático.
En relación con Siria, ambos gobiernos mostraron también sus diferencias: no aceptan una intervención militar, aunque Itamaraty dice que hasta que la ONU no dé el aval. La Cancillería local, en cambio, señaló que no quiere ser cómplice de nuevas muertes en ese país. Mientras tanto, el presidente Barack Obama, dice su gobierno, está decidiendo cuándo y cómo intervenir. Él también quisiera dejar que todo sucediera sin que nadie haga demasiadas olas. Por eso todavía no resolvió si en Egipto hubo un golpe militar, dato central para mantener la ayuda a los militares que gobiernan nuevamente de facto ese país. Pero no siempre resulta fácil dejarse llevar por la corriente.
Tiempo Argentino, 30 de Agosto de 2013
por Alberto López Girondo | Ago 23, 2013 | Sin categoría
En una carta que leyó uno de sus abogados, el soldado Bradley Manning pidió el perdón presidencial para no tener que pasar 35 años de su vida en prisión por las filtraciones publicadas por WikiLeaks hace tres años. «Las decisiones que tomé en 2010 surgieron de mi preocupación por mi país y el mundo. Desde los trágicos sucesos del 11 de septiembre, nuestro país ha estado en guerra. Inicialmente estuve de acuerdo y me ofrecí voluntariamente para ayudar a defender al país. Hasta que llegué a Irak, leí informes militares secretos a diario, y comencé a cuestionar el contenido moral de lo que hacíamos», dice el joven condenado el miércoles por un tribunal militar. «En ese momento me di cuenta de que al enfrentar el riesgo presentado por el enemigo nos olvidamos de nuestra humanidad. Elegimos de manera deliberada la devaluación de la vida de los seres humanos en Irak y Afganistán. Al luchar contra aquellos que percibimos como enemigos, a veces matamos a civiles inocentes. Y toda vez que matamos a civiles inocentes, en lugar de asumir responsabilidad por nuestra conducta, elegimos escondernos detrás del velo de la seguridad nacional y la información clasificada para eludir cualquier tipo de responsabilidad públicamente», dice en otro tramo de la misiva que, circunspecto, fue desgranando David Coombs, según tradujo Silvia Arana en Rebelión. «En nuestro objetivo de matar al enemigo, debatimos internamente la definición de tortura. Mantenemos a personas en Guantánamo durante años y sin el debido proceso. Toleramos inexplicablemente la tortura y las ejecuciones sumarias realizadas por el gobierno iraquí», prosigue el joven en un encendido mensaje en que finaliza pidiendo perdón a quien podría haber dañado con las relevaciones que lanzaron a la fama al sitio WikiLeaks tanto como a su creador, Julian Assange. Alexa O’Brien, una de las periodistas que estuvo en la audiencia judicial, transcribió la declaración final de Manning ante los jueces militares. Allí el analista que se horrorizó con lo que hacían las tropas de su país en Irak cuenta cómo fue el origen de su náusea. Supo que en circunstancias muy poco claras habían sido asesinados por «fuego amigo» dos periodistas de la agencia Reuters: «Busqué en Google el suceso por fecha y ubicación general», desmenuzó el joven. «Hallé numerosos relatos sobre los dos empleados de Reuters que murieron durante el ataque con armas aéreas. Otro relato explicaba que Reuters había solicitado una copia del video aludiendo al Acta de Libertad de Información (FOIA, según sus siglas en inglés). Reuters quería observar el video para tratar de entender lo que había sucedido y mejorar las normas de seguridad en zonas de combate. Un vocero de Reuters habría dicho que el material podría evitar la repetición de la tragedia y creía que había una necesidad imperiosa de que se diera a conocer el video.» Manning lo encontró y mostró el horror. No era una equivocación, habían sido masacrados con total crueldad y una sensación de impunidad que abruma. «Era muy claro para mí que la tragedia ocurrió porque el equipo de ataque aéreo identificó erróneamente a los empleados de Reuters como una amenaza potencial, cuando en realidad la gente en el camión estaba simplemente tratando de ayudar a los heridos».El video y los cables posteriores filtrados por el muchacho, que hoy tiene 25 años, recorrieron el mundo y generaron un gran debate, tal que aceleraron la retirada de tropas que había prometido el presidente Barack Obama. También hicieron subir el prestigio de los diarios que habían acordado la publicación con el sitio de Assange. De allí el reclamo de Chris Hedges, ganador de un Pulitzer y corresponsal de guerra de vasta experiencia en temas de Medio Oriente, quien caratula como una de las mayores vergüenzas del periodismo «la cobardía de los periódicos The New York Times, El País, Der Spiegel y Le Monde, que usaron grandes cantidades de material filtrado por Manning y luego le dieron la espalda cruelmente». «El rescate de los restos de honor que puedan quedar de nuestra profesión –abunda Hedges– estuvo a cargo de un puñado de periodistas independientes, a menudo marginalizados y de otros pocos individuos y grupos –incluyendo la mencionada O’Brien– y a Glenn Greenwald, Nathan Fuller, Kevin Gosztola, La Red de Apoyo a Bradley Manning, al activista político Kevin Zeese y el dibujante que hizo sketches en el tribunal, Clark Stoeckley, además de The Guardian, que también había publicado los documentos de WikiLeaks.»Greenwald fue el destinatario de la otra gran filtración de la época, la que hizo otro «arrepentido» estadounidense, Edward Snowden. Vive en Río de Janeiro y es el compañero de David Miranda, el brasileño demorado el domingo por la policía londinense, que además le quitó los archivos que llevaba en sus dispositivos electrónicos para Greenwald. Ayer los abogados de Miranda solicitaron a la Suprema Corte británica una orden de amparo para impedir que las autoridades «inspeccionen, copien o compartan» los datos confiscados durante el interrogatorio en el aeropuerto de Heathrow.Lo que está en debate desde hace demasiado tiempo es el derecho a la información. Los últimos escándalos en la prensa internacional se relacionan con la forma en que se obtiene esa información y hasta qué punto los ciudadanos tienen derecho a saber. No es casual que en estos días también volviera al candelero el caso del espionaje realizado por medios del magnate Rupert Murdoch en connivencia con agentes de Scotland Yard para hurgar hechos noticiables en la intimidad de personajes de la política y la farándula.El martes, cuatro periodistas del Daily Mirror y el The Sun fueron formalmente procesados bajo el cargo de haber sobornado a funcionarios policiales. También resultaron acusados nueve personas, sumando un policía y cuatro guardias penitenciarios. Greig Box Turnbull, del Mirror, y Graham Dudman, John Troup y Vince Soodin del Sun aparecen en el centro de las denuncias por haber pagado a agentes policiales para que pincharan teléfonos de celebridades y consiguieran datos de presos de alto perfil a cambio de dinero. Una modalidad que llevó al cierre del News of the World y al escarnio público de los altos mandos de News Corp, el grupo mediático del australiano Murdoch. El total de los implicados hasta ahora suma a 30 personas.El otro australiano inmerso en el debate, Assange, espera en la embajada ecuatoriana en Londres el salvoconducto para asilarse en el país sudamericano. Snowden, el otro perseguido de estos tiempos, logró destrabar su situación en Rusia, pero nadie sabe por cuánto tiempo podrá permanecer en Moscú sin que tenga que buscar un refugio más seguro.Es curioso que las recriminaciones que los halcones de Washington le hacen a ambos estén calcadas de la misma matriz. El Pentágono, a través de la fiscalía, presentó a Manning como «un narcisista y un traidor». Un ex director de la CIA y la NSA, el general Michael Hayden, definió a Snowden como «un perturbado y narcisista». Acotación 1: Una de las características de ese síndrome que sin ser una enfermedad, como el propio propagador de esta chicana tuvo que reconocer –conviene recordar que el publicista en cuestión es de profesión médico– se divulgó estos días es precisamente el narcisismo. Acotación 2: Hubris, hibris o más puntillosamente hybris, es una palabra griega que no tiene equivalente. Es lo más parecido para aquella cultura milenaria de lo que luego el cristianismo introduciría en Europa con el concepto del pecado. Suele traducírselo como «desmesura» porque los atenienses adoraban eso de «todo en su medida y armoniosamente». Pero algo más parecido a lo que un griego hubiera querido significar con el término sería decir que el hybris (pronunciar la y como la ü alemana en Müller) es una falta contra los dioses. Uno podría asimilar el uso de la acusación de «narcisismo» a la intención de los personajes en cuestión de ir contra la corriente. Algo que a algunos dioses –del establishment, de los valores culturales en vigencia, de los medios– incomoda en grado sumo.En el caso de Manning, Chase Madar, un abogado de derechos civiles de Nueva York, considera que el joven idealista –que ayer reveló su deseo de convertirse mujer– es un chivo expiatorio muy conveniente para «lidiar con el desastre militar humillante», como el que dejó Irak y Afganistán. «Las élites políticas –agrega Madar– no pueden encontrar a nadie que culpar de su fracaso», salvo al soldado. Pero también con Manning, Assange y Snowden se quiere castigar cualquier otro intento de desafiar el designio de los dioses. Del mercado, de la vigilancia o de la guerra.
Tiempo Argentino, 23 de Agosto de 2013
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