por Alberto López Girondo | Ago 15, 2014 | Sin categoría
Barack Obama apareció con una oferta razonable para terminar con las incursiones bélicas de Estados Unidos en los rincones más alejados del mundo. Empantanado en Afganistán y en Irak, el gobierno de George W. Bush enfrentaba en sus horas póstumas de 2008 una grave crisis económica que amenazaba la estabilidad del sistema financiero internacional. Además, los sectores progresistas o simplemente liberales le imputaban los ataques contra las garantías individuales a partir de las leyes «patrióticas» dictadas tras el 11S.
El «Yes, we can» (Sí, podemos) fue todo un símbolo para una sociedad que, hastiada de las gestiones republicanas y sobre todo de décadas de neoliberalismo, soñó con un giro hacia aquellos ideales representados por el partido demócrata desde el cuatro veces electo presidente Franklin Roosevelt en adelante.
Pero luego de cinco años en la Casa Blanca, hay poco espacio para malos entendidos. Obama es lo que mostró hasta ahora, más allá de que aparezca incómodo dando la orden de volver a los bombardeos en Irak. A tres meses de los cruciales comicios de medio término, ahora enfrenta en el oficialismo a alguien que aspira a sucederlo y se quiere ofrecer como su contracara: Hillary Clinton.
La ex primera dama y ex secretaria de Estado del propio Obama salió a la palestra como precandidata para 2017 con un libro, Decisiones difíciles, donde critica la política exterior del actual inquilino de la Casa Blanca. Claro que, como se usa por estas costas, le cuestiona las iniciativas que tomó desde que ella dejó el cargo, en febrero de 2013. Así, en un reportaje a la revista The Atlantic le recrimina a su ex jefe haber dejado un vacío en Siria «que fue llenado por los yihadistas». Luego buscó despegarse del gobierno sumándose a la acidez que los republicanos suelen dedicarle a Obama. La oposición ironiza que la toda política del demócrata consiste en «no hacer idioteces», y Hillary replica que «las grandes naciones necesitan principios rectores, y ‘no hacer idioteces’ no es un principio rector».
Hay un economista y docente de la Universidad de Quebec, Rodrigue Tremblay, autor entre otros libros de El nuevo imperio americano, que en un texto que tituló «Las decisiones inspiradas por los neoconservadores que gatillaron las mayores crisis de nuestro tiempo», anota algunos puntos que pueden servir para clarificar la responsabilidad de demócratas y republicanos en el mundo que nos toca padecer.
Recuerda Tremblay tres hechos fundamentales que tuvieron lugar durante la gestión de Bill Clinton, el esposo de la ahora crítica precandidata: la justificación de las guerras por razones humanitarias, la derogación de la ley Glass-Steagall en 1999 y la cancelación de la promesa de Bush padre y de Baker al presidente Mijail Gorbachov de que la OTAN no avanzaría sobre Europa oriental y la frontera rusa.
William Jefferson Clinton hizo uso –y abuso– del salón Oval entre 1993 y 2001. Poco antes la Unión Soviética se había diluido en una implosión inimaginable. George Herbert Walker Bush fue vicepresidente de Ronald Reagan entre 1981 y 1989 y luego presidente hasta 1993. Fue, por tanto, testigo y protagonista clave en el lento derrumbe del bloque socialista. James Baker fue su secretario de Estado. En un momento de esta historia, ambos se habían comprometido a mantener un status quo en el continente que contemplaba sorprendido la reunificación de Alemania y el avance del capitalismo en lo que fuera la «Cortina de Hierro». Mijail Gorbachov necesitaba ciertas garantías para tranquilizar a su frente militar interno, que el dúo Bush-Baker mantuvo mientras permaneció en el gobierno.
La guerra civil en Yugoslavia, que terminó con el desmembramiento del país en los inicios de los ’90, sirvió de excusa para la expansión de aquella Europa en crecimiento que enfrentaba el desafío de una moneda común. Azuzada como estaba por un gobierno como el de Clinton, que veía «el campo orégano» para avanzar sobre las fronteras rusas.
En 1998 el Senado de EE UU aprobó la extensión de la OTAN a Polonia, Hungría y la República Checa. Poco después, en la primavera del ’99, y luego de ocho años de guerras genocidas entre los pueblos balcánicos, se inició una intervención humanitaria «para proteger al pueblo kosovar».
En ese mismo fin de siglo XX el gobierno demócrata liberalizó el mercado financiero. La Ley Glass-Steagal, promulgada durante el primer mandato de Roosevelt, estableció en 1933 medidas tendientes a evitar la especulación financiera como la que había llevado a la crisis del treinta. Tremblay pone en su artículo una frase de un libro de Luigi Zingales, Un capitalismo para el pueblo: «La belleza de la Ley Glass-Steagall, después de todo, era su simplicidad: los bancos no deben apostar con dinero asegurado por el gobierno, hasta un chico de seis años puede entender eso.»
Un especialista en relaciones diplomáticas con Rusia, George F. Kennan –que no era precisamente un amigo del comunismo ni de la URSS–, escribió para la misma época que con la ampliación de la OTAN comenzaba una nueva Guerra Fría. «Creo que los rusos gradualmente reaccionarán muy negativamente. Creo que es un error trágico (…este acto) demuestra muy poca comprensión de la historia rusa y soviética. Por supuesto, va a haber una mala reacción de Rusia, y luego dirán que siempre dijimos que (los culpables) son los rusos, pero esto está mal.»
Estados Unidos siempre osciló entre la voluntad de tomar al mundo por asalto y el debate de las ideas más sublimes de la humanidad. Fueron república antes que la revolución francesa, pero una república conservadora, lo que no impidió que las ideas liberales calaran hondo en la sociedad. Luego sería una república imperial, como registró el francés Jean-Jacques Servan-Schreiber.
Hace un par de años el cineasta Oliver Stone filmó el documental La historia no contada de Estados Unidos. Comienza por la segunda guerra mundial, que es cuando el país abandonó su aislacionismo para lanzarse a la conquista del planeta. Stone muestra con sólida documentación una posición si se quiere romántica de Roosevelt sobre el mundo que estaban diseñando con Stalin y Winston Churchill.
Pero poco antes de que terminara la contienda, Roosevelt murió y quedó a cargo su vicepresidente, Harry Truman. Demócratas ambos, representaban visiones totalmente diferentes sobre el rol que debería desempeñar Estados Unidos en el futuro. Con mencionar que –prueba Stone– Truman ordenó arrojar dos bombas atómicas sobre Japón cuando el Imperio del Sol Naciente estaba a punto de rendirse está todo dicho.
Desde entonces, la industria bélica condiciona a cuanto gobierno se instaló en Washington. Ya lo sabía el general Dwight Eisenhower, triunfador en la batalla por Europa contra los nazis, que en el discurso de despedida de su presidencia, en 1960, pronunció la célebre frase: «Nunca debemos permitir que el peso del complejo militar industrial ponga en peligro nuestras libertades ni nuestros procesos democráticos.»
Obama ganó en 2008 en medio de una crisis financiera provocada por haber abandonado las regulaciones del ’33 y un descrédito fenomenal por esas guerras de las que no resulta fácil salirse. Prometió y se convirtió en promesa. Pero ni bien se instaló en la Casa Blanca fue virando hacia lo que juraba que no debía de hacerse. No supo, no pudo o no quiso enfrentarse con el complejo militar-industrial ni con su socio no menos despiadado: el complejo financiero.
Poco queda de aquel senador que en 2002 tildó a la aventura en Irak de una «guerra tonta, una guerra precipitada, una guerra no basada en la razón sino en la pasión, no basada en principios sino en la política». Una guerra, puede agregarse, que sumió al país asiático en un infierno.
Que Obama no haya cerrado la cárcel de Guantánamo es casi lo menos que le reprochan. Porque además profundizó el estado vigilante heredado y buscó rendijas constitucionales para legalizar los asesinatos selectivos en cualquier parte del mundo.
El tránsito hacia el belicismo fue profusamente fundamentado por el periodista Bob Woodward –uno de los investigadores del escándalo Watergate en 1972– en Las guerras de Obama. Como no había versión en castellano, Fidel Castro lo hizo traducir y lo fue resumiendo en una serie de artículos publicados en octubre de 2010. Se lo puede consultar en: www.cubadebate.cu/?s=el+imperio+por+dentro. Vale la pena.
Tiempo Argentino, 15 de Agosto de 2014
por Alberto López Girondo | Ago 15, 2014 | Sin categoría
El suburbio de Saint Louis, de población mayoritariamente negra pero con una policía mayoritariamente blanca, se levantó por el asesinato de un chico de 18 años a manos de un agente policial.
“La nuestra es una nación de leyes: tanto para los ciudadanos que viven bajo ellas como para los ciudadanos que las hacen cumplir, (por eso digo) a la comunidad de Ferguson que está haciendo daño y buscando respuestas, que debemos procurar un entendimiento en lugar de simplemente gritar el uno contra el otro. Debemos curar en lugar de herir a los otros».
Parece la homilía de algún obispo compungido por el levantamiento de la población negra de ese pequeño suburbio de Saint Louis, Missouri, Estados Unidos. Pero no, es una de las primeras frases que pronunció el presidente Barack Obama cuando interrumpió brevemente sus vacaciones en la isla de Martha’s Vineyard, en Massachusetts. Suspendidas en parte para dar algún tipo de respuesta a los incidentes generados por el asesinato de un adolescente negro a manos de un policía blanco en un caso difícil de catalogar de otra forma que no sea «gatillo fácil racial». Un descanso básicamente interrumpido también para resolver cuestiones logísticas en torno de la nueva incursión aérea estadounidense en Irak, pero que necesariamente debió enfocarse en ese espinoso tema.
«Nunca se puede excusar la violencia contra la policía o los que se ocultan tras esta tragedia para vandalizar o robar», abundó Obama. El centro de las quejas radica en que, siendo el primer presidente afroamericano en ocupar la Casa Blanca, poco hizo por limar las diferencias que permanecen en la sociedad entre los WASP (blanco americano sajón protestante, como se autodenomina la mayoría dirigente del país) y los afrodescendientes.
En tren de aquietar las aguas luego de varios días de protestas, saqueos y detenciones masivas, el gobierno federal decidió enviar al fiscal general, Eric Holder, también el primer afroamericano en ocupar un cargo semejante. El gobernador del estado de Missouri, el demócrata Jay Nixon –sin parentesco alguno con el protagonista del Watergate, el republicano Richard Nixon– pidió la intervención de la Guardia Nacional, la milicia estatal conformada por voluntarios que suele movilizarse en catástrofes naturales y también para afrontar situaciones de desorden público.
Pero hay coincidencia en organismos de derechos civiles acerca de que esto es más bien agregar combustible al incendio. Por si hiciera falta, el fósforo para acelerar el estallido viene de la mano de grupos supremacistas xenófobos de vieja data, como el Ku Klux Klan, que ya avisó que está juntando dinero para solventar los gastos que demande la defensa del policía implicado en el crimen.
Seis balazos
Ferguson es un distrito de la principal ciudad de Missouri, con un 67% de población negra y un 29% de blancos, pero cuya policía está integrada por 50 blancos y sólo tres negros. Las tensiones eran palpables y si ahora salieron a la luz fue porque el pueblo se rebeló contra al asesinato a mansalva de Michael Brown, de 18 años, cuando caminaba por una de las calles del poblado, Canfield Drive, el 9 de agosto pasado el mediodía junto con un amigo.
Según los datos más certeros, desde un patrullero el agente Darren Wilson le exigió al dúo que caminaran por la vereda y no por el pavimento. Una tontería irritativa en cualquier distrito del planeta con una mínima circulación de autos como ese. Lo que sigue es difícil de reconstruir, pero según una pericia encargada en forma particular por la madre de Brown, Lesley McSpadden, el chico recibió seis disparos, todos de frente. Dos de ellos fueron en la cabeza, de arriba hacia abajo, lo que indicaría que sea lo que fuera que hubiera ocurrido, el muchacho estaba arrodillado frente al autor de los disparos. Es decir, estaba literalmente entregado. Y para colmo, no tenía armas en su poder.
Tras las primeras manifestaciones de indignación por las calles de Ferguson, la revuelta comenzó a tomar peso en otras comunidades estadounidenses. Recién cuando habló Obama y Jay Nixon pidió la Guardia Nacional, la policía local aceptó dar el nombre del agente que había disparado. Lo hizo con una pequeña trampa: difundió al mismo tiempo un video de un local cercano donde presuntamente se demostraría que los adolescentes habían robado cigarrillos. De ser cierto, se trataría de un delito menor, pero el agente Wilson no tenía ese dato cuando interceptó a los muchachos, según atestigua un vecino que colgó en Twitter el relato de la matanza.
Al cierre de esta edición, las autoridades aún no habían difundido el resultado de la autopsia oficial al cuerpo de Brown. Y Holder –autor por otro lado de un memo que justifica constitucionalmente el asesinato selectivo de ciudadanos en cualquier parte del mundo, que se difundió a pedido de una ONG de derechos civiles tras el homicidio en Irak de un estadounidense que adhería a Al Qaeda, en 2011– dijo que comprometía al gobierno federal para realizar una investigación independiente. Enseguida los sabuesos del FBI se desplegaron sobre el terreno.
Mala imagen
El asesinato de Brown no hizo más que destapar las hondas diferencias que se mantienen entre dos poblaciones íntimamente vinculadas desde el nacimiento de la nación. Es que, como decía el actor Denzel Washington, los negros fueron el único pueblo que fue a Estados Unidos para estar peor que en sus países de origen. Fueron llevados a la fuerza para convertirse en esclavos y acrecentar así la riqueza de los WASP. Según estudios de una entidad de respeto como el Centro de Investigaciones PEW, con base en Washington, el 65% de los negros del país acusa de excesos a la policía de Ferguson, mientras que un tercio de los blancos dicen que actuó como corresponde.
Gallup, una encuestadora privada muy activa en cuestiones de imagen política, señala a su vez que entre 2012 y 2014, el 64% de los encuestados sin distinción de etnias tenían poca, muy poca o ninguna confianza en la policía, en tanto el 58% de los blancos tenían mucha o muchísima confianza en los uniformados. Un estudio previo, realizado entre 2009 y 2011, revelaba que el 61% de los negros tenían poca o ninguna confianza en la policía, mientras el 62% de los blancos tenía mucha confianza en las fuerzas de vigilancia. Lo que implica decir que desde la gestión de Obama las cosas empeoraron.
Por un lado ocurre que desde las grandes revueltas de los 60, que llevaron la firma de la Ley de Derechos Civiles dictada por Lyndon Johnson –precisamente el 2 de julio se cumplieron 50 años de ese acontecimiento– se fueron registrando cambios demográficos profundos en muchos lugares de Estados Unidos que ahora generan nuevas complicaciones, porque el racismo sigue vigente, sólo que es políticamente incorrecto mencionar ese detalle.
Ferguson es un ejemplo de estos cambios. Ubicada a unos 15 kilómetros del centro de Saint Louis, esta localidad que ahora tiene 21.000 habitantes era hasta hace medio siglo un poblado mayoritariamente blanco. Pero luego de las leyes antisegregacionistas en las escuelas, hubo un éxodo hacia otras regiones. Hacia el inicio de este siglo, los blancos dejaron de ser mayoría y desde entonces la diferencia se acrecentó hasta los niveles actuales, cuando representan un cuarto de la población total. Dice Joan Faus en un artículo del diario español El Pais que «Saint Louis es la gran urbe de EEUU que ha experimentado una mayor pérdida de población desde 1950, del 62%». Elizabeth Kneebone, de la Brookings Institution, agregó a la agencia alemana DPA que el desempleo en Ferguson pasó de menos del 5% en 2000 a más del 13% en 2012 y que además, uno de cada cuatro habitentes vive por debajo de la línea de pobreza. En este contexto de una isla de dirigencia blanca en un mar de población negra, no extraña que según datos oficiales del fiscal general de Missouri, Bob McCulloch, la policía de Ferguson haya arrestado casi dos veces más a conductores negros que a blancos en iguales circunstancias.
Principales víctimas
«Más afroestadounidenses y latinos que estadounidenses blancos creen que la policía detiene sin causa, emplea fuerza excesiva y comete abusos verbales», corroboró a la agencia The Associated Press Ronald Weitzer, sociólogo especialista en cuestiones raciales. Los ejemplos que recuerda el periodista Jesse Holland en ese despacho de la agencia son ilustrativos: en 1992 cuatro agentes de Los Angeles fueron absueltos tras el juicio por una terrible golpiza a Rodney King que desató los más graves incidentes raciales en décadas. En 1967 hubo un caso similar con una paliza al taxista John Smith en Newark, Nueva Jersey. Seis uniformados fueron absueltos en Miami en 1980 a pesar de haberse comprobado que mataron a palos al motociclista negro Arthur McDuffie. La muerte en Cincinnati en 2001 de Timothy Thomas, de 19 años, también quedó impune.
«Nos encaminamos hacia un período de creciente protesta social», pronostica Lawrence Hamm, presidente de la Organización para el Progreso del Pueblo (POP, por sus siglas en inglés), con sede en Newark, que nuclea aproximadamente a 10.000 miembros en todo el país. Entrevistado por el periodista Chris Hedges para el sitio Truthdig (algo así como «extraer la verdad»), Hamm, que viene de aquellas luchas de hace 50 años y por lo tanto lo ha visto todo o poco menos, es muy claro sobre lo que ocurre. «El péndulo se balanceó demasiado hacia la derecha después del 11 de setiembre de 2001. El miedo y la parálisis se apoderaron del país y crearon nuestro Estado policial autoritario. Estamos superando ese miedo, la rebelión de Ferguson no fue planeada, fue espontánea. La gente dijo “basta” y estalló de la única forma que sabía. Vamos a tener otras rebeliones pero con los cambios demográficos serán en lugares donde previamente hubo incidentes».
Pero Hamm dice más. El hombre, protagonista de mil batallas, señala que «la policía es el instrumento de control social primario», pero que tras las rebeliones de los 60, Nixon –el presidente que debió renunciar en 1974– se dio cuenta de que no resultaría suficiente y comenzó entonces a responder con la Guardia Nacional y la policía estatal e incluso con las Fuerzas Armadas. Recuerda Hamm que en 1967 Richard Nixon envió a la 82ª División Aerotransportada para controlar un levantamiento en Detroit y que en 1999 tropas SWAT con pertrecho bélico de última generación intervinieron para sofocar protestas en Orange, Nueva Jersey. La manifestación, de la que participó el activista de los derechos civiles, se produjo contra la muerte en una sesión de tortura de Earl Faison. Hamm cuenta que los reprimieron «y éramos los manifestantes no violentos. Los verdaderos criminales –quienes mataron Faison– estaban dentro de las filas de la policía».
Silencio presidencial
En 2009, Obama se había corrido del protocolo de la Casa Blanca cuando afirmó que la policía había actuado «estúpidamente» al arrestar a Henry Louis Gates, un profesor negro de la Universidad de Harvard, en su propia casa al confundirlo con un ladrón. Esa vez el incidente terminó con un par de cervezas entre los protagonistas con el presidente.
En febrero de 2012 otro joven negro, Trayvon Martin, fue asesinado por George Zimmerman, quien vigilaba un suburbio de Orlando, en Florida, tras una serie de robos, lo que provocó protestas en toda Florida. En ese momento Obama declaró que se sentía muy ligado con el caso porque el muchacho le hacía acordar a él mismo 35 años antes.
Pero no abrió la boca en julio pasado, cuando George Zimmerman fue declarado «no culpable» porque un jurado determinó que había actuado en defensa propia ante un ataque –no probado– de Trayvon Martin. Salió libre tres días después del homicidio de Michael Brown.
Revista Acción, 15 de Agosto de 2014
por Alberto López Girondo | Ago 8, 2014 | Sin categoría
El presidente Juan Manuel Santos asumió su segundo mandato con la expectativa de lograr el supremo anhelo de la mayoría de los colombianos: sellar una paz definitiva con los grupos guerrilleros. Con ese objetivo y principal oferta de campaña, Santos ganó la segunda vuelta y aceleró las negociaciones con las FARC en La Habana, que comenzaron en 2012 en Oslo, para terminar con las últimas puntadas de un acuerdo sostenible en el tiempo.
Es que hubo otros acuerdos con la guerrilla en el medio siglo que pasó que terminaron en verdaderas cacerías humanas. La derecha más cerrada de Colombia necesita del estado de guerra permanente para mantenerse en el poder. El Pentágono necesitó el conflicto para extender sus tentáculos a América del Sur a través de sus bases militares. Los intentos de personajes como Álvaro Uribe por petardear cualquier acercamiento han sido ostensibles y hasta descarados. Pero por sobre el discurso del miedo y el militarismo que proponía el candidato uribista, en la sociedad primó la promesa de un futuro de armonía para todos.
Como regalo para el nuevo mandato, ayer la Corte Constitucional de Colombia le aprobó a Santos el proyecto que autoriza la participación política de los guerrilleros que se desmovilicen para incorporarse en la vida democrática. La reinserción de los rebeldes es un tramo tan espinoso de resolver como imprescindible para lograr un marco de convivencia civilizada en un país atravesado por décadas de violencia. Por eso, los jueces se apuraron a aclarar que el beneficio será para quienes no hayan cometido delitos de lesa humanidad.
Según cifras oficiales del Centro Nacional de Memoria Histórica publicado en 2013, la guerra civil dejó desde 1958 más de 220 mil muertos y produjo casi 6 millones de desplazados. «El reloj de la violencia no letal registra, según datos acumulados, que entre 1985 y 2012 fueron desplazadas 26 personas cada hora como consecuencia del conflicto armado, mientras que cada 12 horas fue secuestrada una persona. El período 1996-2005 fue más crítico: una persona fue secuestrada cada ocho horas, y un civil o un militar cayeron cada día en una mina antipersonal», señalaba el voluminoso informe de 400 páginas titulado Basta Ya. La coordinadora del estudio, Martha Nubia Bello, explicó las razones por las cuales resultaba imposible determinar exactamente la cantidad total de víctimas. «Uno de los objetivos principales de los actores armados es el de invisibilizar. Que no se vea, que no se noten los muertos», dijo.
Contra la conocida sentencia del teórico alemán Carl von Clausewitz de que «la guerra es la continuación de la política por otros medios», el filósofo francés Michel Foucault deslizó en un curso que dio en 1975 que «la política es la continuación de la guerra por otros medios». Es cierto que una de las condiciones para desatar una guerra es que la política no esté en condiciones de resolver un conflicto. Otra es que los dos bandos estén de acuerdo en batallar. «Se necesitan dos para bailar un tango», resumía Perón. Una guerra, finalmente, es la forma violenta de obligar a que el enemigo acepte las condiciones del ganador.
Sin embargo, ninguna guerra puede ser eterna. Y es aquí donde por fatalidad de los hechos se debe retornar a la política como forma de canalizar las divergencias. El grueso de la dirigencia colombiana, al igual que los líderes guerrilleros, se fueron encaminando hacia la mesa de negociaciones cuando percibieron que la guerra no llevaba hacia ningún lado. Que nadie la podía ganar en un tiempo razonable. Que es mejor negocio la paz.
En estas horas, negociadores de Israel y Palestina intentan prolongar un alto el fuego que evite nuevas matanzas en la Franja de Gaza. El conflicto en Medio Oriente no es mucho más antiguo que el de Colombia, porque el nacimiento del Estado de Israel –14 de mayo de 1948– coincide casi exactamente con el asesinato del candidato a la presidencia Jorge Eliécer Gaitán –9 de abril de 1948– que dio origen a levantamientos armados que algunos años más tarde resultaron en las FARC.
Las cifras de víctimas en Palestina también son escalofriantes: se estima que desde ese 1948 se registraron al menos 51 mil muertos y un total de desplazados que supera a los 700 mil palestinos que aún se reclama en los foros internacionales. Sólo en los últimos dos grandes operativos israelíes, Plomo Fundido de 2009 y el actual Borde Protector, hubo un total de 3200 palestinos muertos y 80 israelíes.
Uno de los puntos para cumplir con la Resolución 181 de Naciones Unidas que repartió el territorio de Palestina en dos estados, es el reconocimiento de las naciones árabes al Estado judío. Lo que a su vez derivó en el no reconocimiento de las fronteras palestinas. La guerra de los Seis Días no hizo sino profundizar el antagonismo, ya que las tropas israelíes ocuparon territorios asignados para la creación de un Estado árabe. La construcción de asentamientos en esos territorios fue, con el tiempo, otro punto de choque. En ambos casos hay resoluciones de la ONU y del tribunal de La Haya que especifican la ilegalidad de la ocupación.
Para los sucesivos gobiernos israelíes, es crucial el reconocimiento del Estado judío y el fin de atentados cometidos por grupos extremistas, como es el caso de Hamas, que ganó la elección en Gaza en 2005 desafiando el poder de Mahmud Abbas en Cisjordania.
Para lograr acuerdos duraderos y sostenibles es indispensable una firme voluntad política y el apoyo mayoritario de la sociedad. Algo que se logra con fuertes liderazgos en cada uno de los sectores en pugna. El primer ministro Benjamín Netanyahu se puso a la cabeza de este operativo, luego un par de hechos relevantes: en abril Al Fatah, el grupo moderado que gobierna Cisjordania, acordó la formación de un gobierno de unidad con Hamas. Luego vendría el asesinato de tres jóvenes israelíes y la represalia contra un muchacho palestino. Después, un planteo del canciller Avigdor Lieberman acusando de tibieza al premier ante un clima agravado por el lanzamiento de cohetes desde la Franja de Gaza. No hace falta abundar en detalles del operativo militar.
¿Qué pasó luego? Para el escritor estadounidense Norman Finkelstein, un conocedor del tema: «Netanyahu, básicamente opera bajo dos limitaciones: la restricción internacional –es decir, hay límites a las muerte y destrucción que se puede infligir en Gaza– y luego la restricción interna. La sociedad israelí no tolera un gran número de combatientes muertos». ¿Por qué no hubo un freno antes? Otra vez conviene escuchar a Finkelstein: «Cada vez que Obama dijo que Israel tiene derecho a defenderse, fue la luz verde para continuar con el bombardeo en Gaza (…) El límite fue cuando Israel empezó a concentrarse en los refugios de la ONU y la presión comenzó a acumularse.» Fue entonces que Ban Ki-moon tildó a esos hechos de acto criminal y Obama de «deplorables».
¿Hay alguna vía de solución? Sería difícil dar una respuesta concluyente. Por lo pronto, el ex presidente Jimmy Carter –que en 1979 logró el acuerdo entre Egipto e Israel que firmaron Anwar el-Sadat y Menahem Begin– escribió un artículo con la ex presidenta de Irlanda y luchadora por los Derechos Humanos Mary Robinson donde dan una posibilidad, que por ahora suena horrorosa a los oídos de la extrema derecha israelí. Carter y Robinson, miembros de la ONG The Elders (Los Ancianos), creada por el fallecido líder sudafricano Nelson Mandela, recomiendan reconocer a Hamas como actor político en Palestina. La alianza de abril con Al Fatah, considera el dúo de ex mandatarios, «fue una concesión importante de Hamas hacia la apertura de Gaza al control conjunto bajo un gobierno tecnocrático que no incluyó a ningún miembro de Hamas. El nuevo gobierno también se comprometía a adoptar los tres principios básicos exigidos por el cuarteto de Medio Oriente –Naciones Unidas, Estados Unidos, Unión Europea y Rusia–: la no violencia, el reconocimiento de Israel y la adhesión a los acuerdos de paz.»
Los israelíes, por lo pronto, reclaman en esta ronda de El Cairo la desmilitarización de Hamas, mientras que los representantes palestinos exigen el levantamiento del bloqueo sobre Gaza y la creación de un puerto. Si bien no se habían visto cara a cara, había una delegación de Hamas en la ronda de diálogo. Una forma indirecta de reconocimientos mutuos de resultado incierto.
Tiempo Argentino, 8 de Agosto de 2014
por Alberto López Girondo | Ago 2, 2014 | Sin categoría
Lo que tienen algunos opinólogos de la derecha es que, como se sienten dueños, no tienen empacho en decir ciertas cosas sin aditamentos. Es lo que ocurre con Carlos Pagni, uno de los estrellas de La Nación, furioso antiK y sin dudas del lado menos amigable para hablar del manejo de la controversia con los fondos buitre. En una columna de este viernes que tituló “El alto costo de un capricho”, Pagni sostiene que “Acusar a los holdouts porque «quieren más» es ignorar que la justicia a la que las partes se sometieron les dio derecho a más”.
Luego cuestiona el argumento oficial de que no se conformaban con el 300% que se les ofrecía porque “no se está debatiendo un contrato entre un país y sus acreedores, sino la determinación del capitalismo de «tumbar» a un «modelo» impertinente, que no se sometió a las exigencias del sistema financiero” (Pagni dixit). La crítica es que la postura gubernamental es inocente. “Era natural que esos acreedores no iban a aceptar los términos de los canjes. Por eso fueron a juicio”.
“Cristina Kirchner y Kicillof siguieron acusando a Griesa de coincidir con los «buitres». Tienen razón –destaca- . Griesa, como la mayoría de los jueces neoyorquinos, suele ser más sensible al derecho de propiedad de los acreedores que al «interés general». Más: identifican el interés general con el derecho de propiedad de los acreedores. Y suelen provenir, como Griesa, de estudios jurídicos que defienden a los bancos. Pero la Presidenta y el ministro olvidan que la Argentina se sometió a esa justicia por esas razones. Es decir, porque cuando intervienen magistrados que sacralizan la letra de los contratos los que prestan su dinero cobran una tasa de interés inferior. En otras palabras: la afinidad de los Griesa con los acreedores fue, en su momento, un subsidio para los deudores”.
Se puede agregar que los bonos en cuestión no fueron emitidos por este gobierno. Y que la sociedad y la dirigencia política no mostraron en su momento ninguna oposición al tribunal porque las crisis de la deuda implicaban dar respuesta urgente con una pistola en la nuca. Los medios cacarearon entonces- La Nación, entre ellos- sobre la necesidad imperiosa de aceptar ese tribunal o perecer. Pero las políticas de shock, que abrieron las puertas a la entrega del patrimonio nacional, llevaron indefectiblemente a la crisis del 2001.
Ahora la sociedad aprendió. Se nota en las calles que no quiere comprar el discurso de apurar definiciones bajo amenaza de las peores consecuencias. Y está bien. Ni en la vida cotidiana es bueno negociar bajo presión.
Es cierto que una pistola en la nuca es peligrosa. Depende de la pericia de quien la empuñe que no se dispare el tiro fatal. Y de que quien padece el frío caño en la piel no haga un movimiento que desencadene la matanza.
Pero es bueno recordar aquella idea de Néstor Kirchner de que nadie le puede cobrar a un muerto. Sigue siendo una carta ganadora. Los buitres quieren castigo, si, pero sobre todo aprecian el dinero. Y si aprietan el gatillo no tendrán quién les pague. Esa es una ventaja para cualquier deudor. Solo hace falta mantener la calma.
2 de Agosto de 2014
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