por Alberto López Girondo | Oct 18, 2014 | Sin categoría
Los proyectos para hacer un canal transoceánico en Nicaragua no son nuevos. Pero desde que el gobierno de Daniel Ortega aprobó la Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte Nicaragüense Atingente a El Canal, Zonas de Libre Comercio e Infraestructuras Asociadas, la dirigencia panameña comenzó a preocuparse por un molesto competidor que, ahora sí, amenaza su exclusividad para la comunicación marítima entre el Pacífico y el Caribe. Por un lado se lanzaron a analizar cuáles podrían ser sus pérdidas de concretarse el proyecto, teniendo en cuenta que ya tenía en marcha la ampliación del canal propio, que acaba de cumplir 100 años de funcionamiento. Pero también para intentar de alguna manera convencer a los inversores de que el mejor negocio es quedarse con los viejos conocidos.
La primera novedad que trascendió llevó tranquilidad a la «opinión pública» panameña: el costo de tamaña obra treparía hasta cerca de 70 mil millones de dólares y la construcción se demoraría una década al menos, con lo que en términos prácticos no resultaría en una competencia a corto plazo. Y como diría John Maynard Keynes, «a largo plazo todos estaremos muertos».
Sin embargo, a medida que el gobierno nicaragüense avanzaba con los anuncios y presentó el documento firmado a favor exclusivo del Concesionario chino Wang Jing, la calma dejó lugar a una zozobra creciente. Si China está metida en el asunto, evaluaron, la situación tiene visos de ser una cuestión estratégica. Y el recuerdo de lo que implicó la construcción del actual canal en Panamá atormentó a aquellos descendientes de quienes durante décadas habían luchado por recuperar el control del emprendimiento de manos de Estados Unidos.
Es que el primer proyecto de construcción de una vía para evitar el largo camino hacia el estrecho de Magallanes para trasladarse en barco hacia el Atlántico tiene algunos componentes clásicos en las luchas imperiales. Hace algunas semanas recordaba el diario español El país un libro del holandés JanGeert van der Post, «El largo y sinuoso camino», donde se hace un prolijo estudio sobre los 72 proyectos de canal en Nicaragua, aprovechando las ventajas que ofrece en extenso Gran Lago de Nicaragua como para que el tramo de sección sobre tierra firme sea mínimo en territorio nicaragüense para pasar de un mar a otro.
Desde Napoleón…
El historiador de los Países Bajos señala en ese texto que ya desde las guerras napoleónicas surgió la idea de acortar camino para el creciente comercio internacional devenido tras la primera expansión global del capitalismo, hacia principios del siglo XIX. Para 1849 Cornelius Vanderbilt, uno de los empresarios estadounidenses más poderosos, había obtenido una concesión para construir un cruce interoceánico.
El propio Napoleón había encargado en 1799 estudios a un ingeniero francés para construir un canal en el istmo de Suez que conectaría el Mar Rojo con el mediterráneo, cosa de apurar el comercio con el Asia desde Europa sin pasar por las Américas. De hecho, el primer proyecto elaborado con los cánones ingenieriles modernos fue del año 1847. Ese desarrollo fue el que tomó el célebre Ferdinand de Lesseps, quien lo presenta a las autoridades egipcias como de una empresa a su cargo en 1852. El Canal de Suez fue inaugurado el 17 de noviembre de 1866, con el estreno mundial de la opera Aída, de Giusseppe Verdi.
Sería Lesseps quien intentaría convencer al gobierno de Colombia de la construcción de un canal similar en el istmo de Panamá, por entonces una provincia colombiana y también el símbolo de la unidad latinoamericana tras el Congreso Anfictiónico panamericano promovido por el Libertador Simón Bolívar en 1826. En 1878 se firma en Bogotá un convenio para poner en marcha ese proyecto monumental.
En una saga de escándalo, corrupción e intrigas, la obra se fue tiñendo de sospecha y de hecho la empresa fundada por Lesseps fue a la bancarrota en 1888, arrastrando a inversores y dirigentes políticos de la Tercera República francesa. Para fines del siglo el polémico empresario había muerto y los acusados de desfalco resultaron absueltos. Pero el proyecto seguía interesando a las potencias del momento, por su implicancia para el comercio internacional.
El Big Stick
Entre la quiebra de la compañía francesa y el ingreso de Estados Unidos en el negocio y en la apropiación del proyecto final, el gobierno de Teddy Roosevelt, el presidente estadounidense famoso por su política del Big Stick (el Gran Garrote) , forzó la independencia de Panamá ante el rechazo de Bogotá al traspaso del proyecto original. Es así que tras la creación del nuevo estado, Panamá, en 1903, la construcción se acelera y la inauguración se produciría en agosto de 1914. Con una salvedad: el usufructo del canal era a perpetuidad para Estados Unidos, la soberanía del territorio alrededor de la vía navegable era también exclusiva y además, los buques estadounidenses tenían el derecho a cruzar gratuitamente, no así los que circulaban bajo otra bandera.
Esto creó un territorio partido al medio con una población de origen estadounidense que se autodenominaba «zonians». En ocasión de celebrarse el centenario del canal, el fotoperiodista español Matías Costa hizo un extenso reportaje sobre los que quedan de ese grupo de nativos de un país que ya no existe y que gozó mientras pudo de un paraíso irrepetible. Lo tenían todo al alcance de la mano y subvencionado por el gobierno estadounidense.
« El lugar era administrado por una única e inmensa corporación, la Compañía del Canal de Panamá (PCC en sus siglas en inglés), que, financiada por el Departamento de Defensa, creó una especie de falansterio: eran autosuficientes y no existía la propiedad privada, sino un régimen de usufructo. La compañía se hacía cargo de las escuelas, hospitales, clubes, cines y oficinas de correos, y protegía a sus ciudadanos de modo paternalista. Tenían su propia policía, sus propios jueces y fiscales, que no obedecían a las leyes de Estados Unidos, sino a las de la Administración del Canal. Todos los productos de consumo básico tenían la etiqueta de la compañía, en todos los despachos colgaba el mismo calendario y en cada mesa se usaba el mismo pisapapeles. Cualquiera no podía ir a vivir allí, había listas de espera y quien no cumplía las normas a rajatabla era expulsado de la zona.», anota Costa.
Pero todo se fue al diablo cuando el gobierno de Jimmy Carter cedió ante el impùslo de un mandatario con ímpetu nacionalista como Omar Torrijos y firmó un acuerdo en 1979 por el cual le otorgaría la soberanía del canal y su explotacuión al país centroamericano en 1999.
El proyecto de Nicaragua, sin embargo, se mantenía latente por las ventajas que otorgaría al tráfico mundial en momentos en que los grandes petroleros y los buques de carga fueron creciendo a niveles que ya no hacían viable el viejo canal. Fue así que se comenzó con el plan de ampliación en Panamá, en 2007, a un costo estimado entonces de poco más de 5200 millones de dólares financiado por créditos de los principales bancos de fomento internacionales. El plan es construir un canal paralelo y nuevas exclusas para duplicar la capacidad de transporte.
¿Mayores costos?
A principios de este año, un incidente casi paraliza las obras, cuando el consorcio que integra la constructora española Sacyr, que en Argentina llegó a tener participación en el paquete accionario de Repsol YPF, planteó mayores costos para su parte de las obras, lo que implicó el rechazo del gobierno de Ricardo Martinelli. A su reemplazo por Juan Carlos Varela, en julio pasado, la situación se había normalizado sin que se difundieran los términos del convenio al que arribaron las autoridades. En concreto, la empresa española se comprometió a entregar las obras en 2016.
Pero en ese transcurso se hizo patente el interés de China en no perder el «barco de la historia». Fue así que el empresario Wang aparece al frente de un consorcio denominado H K Nicaragua Canal Development Invest Co. Ltda, empresa constituida en Hong Kong para llevar adelante el emprendimiento a un costo que estimaron en 40 mil millones de dólares, pero que podría subir un 50%, según analistas panameños.
Las críticas sobre el proyecto y quienes lo llevan a la práctica se parecen mucho a las que envolvieron al viejo Lesseps y sus aliados en el gobierno francés de fines del siglo XIX. Se dice que el empresario es un aventurero que no tiene ningún tipo de aval para lanzarse a semejante aventura. Que el gobierno de Ortega se embarca –nunca mejor aplicado el término- en un proyecto irrealizable.
El ex canciller Fernando Núñez Fábrega le dijo a la web de BBC Mundo hace unos meses que «es más fácil llegar a la Luna a que se construya un canal en Nicaragua». El actual administrador del Canal, Jorge Luis Quijano, y otros funcionarios del gobierno panameño coincidieron en las críticas. «No es viable un segundo canal en Centroamérica» dijo Quijano, y lamentó que «compartir el negocio no sea bueno para ellos (por los nicaragüenses) ni para nosotros».
Los ejemplos que ponía Quijano parecen demoledores. «Desde que lo iniciaron los franceses (1881) a la fecha de terminar la ampliación, habremos excavado y dragado 545 millones de metros cúbicos. Ellos tienen que excavar y dragar por lo menos 10 veces, en cinco años. Calculamos que esas obras costarán unos 70.000 millones de dólares, no 40.000 (como estima Managua)».
Entre los fundamentos técnicos, insistió el administrador panameño, «ese canal mide más de tres veces que el nuestro: 80 kilómetros versus más de 230 kilómetros. Esto implica que excavando podrían llevarse más de 10 años. Asimismo, hablan de que la inversión es de $60,000 millones, cifra al menos 10 veces superior a la ampliación en curso de nuestro canal». Mientras tanto, la Asamblea nicaragüense aprobó su construcción y los estudios ambientales comenzarían a principios de 2015.
Octubre 18 de 2014
por Alberto López Girondo | Oct 17, 2014 | Sin categoría
“Una revolución está viniendo –una revolución que será pacífica si somos lo suficientemente sabios; compasiva, si nos preocupamos lo suficiente; exitosa si tenemos suerte– pero una revolución que está llegando, queramos o no. Podemos influir en su carácter pero no podemos alterar su inevitabilidad.» El 9 de mayo de 1966, el entonces senador Robert F. Kennedy explicaba así ante la Cámara Alta estadounidense las reflexiones de su gira por el «patio trasero» latinoamericano. La frase fue rescatada en estos días por Information Clearing House (http://www.informationclearinghouse.info/), un sitio no partidario con información «que no publica la CNN«, como se jactan.
La Asamblea General de la ONU eligió ayer a cinco nuevos miembros rotativos para el Consejo de Seguridad. Si hay un dato de relevancia para la región es que Venezuela logró 181 votos para ocupar un lugar en la primera votación, entre las 193 naciones que participan del organismo. A España, otro país que aspiraba a un lugar, le costó un poco más y necesitó de tres rondas para imponerse sobre Turquía.
Como se sabe, las plazas permanentes están en manos de las cinco naciones que se declararon ganadoras de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, Rusia –como continuadora de la Unión Soviética–- China, Gran Bretaña y Francia. Otras diez bancas se reparten entre el resto de los países, cada una por un período de dos años y en representación de las diferentes regiones. La renovación de esos sitiales es de a mitad por año, de manera que los cinco nuevos miembros deberán compartir parte de su mandato con Chad, Chile, Jordania, Lituania y Nigeria. Argentina cede su lugar a la Venezuela de Nicolás Maduro, el sucesor del líder bolivariano Hugo Chávez.
Los analistas coinciden en que entre los principales desafíos que deberá enfrentar el nuevo Consejo de Seguridad figuran los conflictos en África, Medio Oriente y Ucrania. A los que se agrega la crisis económica y últimamente la falta de respuestas globales a la epidemia de ébola, que parece haberse convertido en un grave problema en la medida en que se extendió del África pobre hacia España y Estados Unidos.
La postulación de Venezuela, como era de esperarse, había despertado críticas de la derecha internacional. La congresista estadounidense Ileana Ros-Lehtinen, una anticrastrista visceral, había alertado a sus pares que la nominación del país sudamericano «tendrá serias consecuencias para la seguridad global y los intereses de Estados Unidos». La representante republicana por Florida, argumentó que ahora Venezuela se convertirá en «un golpe de propaganda para Maduro y sus titiriteros, el régimen Castro». Por supuesto que Ros-Lehtinen, cubano-estadounidense, no estuvo sola en esta virulenta crítica.
Uno de quienes la acompañó fue el venezolano Diego Arria, quien fuera embajador ante las Naciones Unidas y candidato presidencial por la derecha en Venezuela. Arria se quejó de que «un régimen como el venezolano, que tiene un record olímpico de violaciones a los derechos humanos, que se ha opuesto a todas las resoluciones de la Asamblea General que tienen que ver con la paz, que es algo muy serio, tenga ahora el compromiso de naciones de Latinoamérica y el Caribe de apoyarlo, pagándole de cierta manera la ayuda que reciben».
Si es por desoír las decisiones de la ONU, en lo que afecta a Argentina es evidente la sordera de Gran Bretaña para sentarse a discutir la soberanía de Malvinas. Estados Unidos es campeón en este rubro y sin dudas el más flagrante de los «olvidos» es el fin del bloqueo a Cuba, un pedido refrendado cada año por una aplastante mayoría de estados miembros del organismo –los rechazos se cuentan con los dedos de una mano- y que incluso va alcanzando consenso dentro de los mismos EE UU.
Precisamente el The New York Times publicó una encendido alegato por el levantamiento del embargo a la nación caribeña. Fue quizás el más grande argumento desde que fue instaurado el castigo a la revolución cubana, en 1961. Sobre todo porque proviene de uno de los medios más influyentes en la dirigencia política estadounidense.
Claro que el NYT no podía aparecer apoyando al gobierno de La Habana. Y si bien sostiene que “en conjunto estos cambios demuestran que Cuba se está preparando para una era post-embargo”, dice que el “régimen” sigue “acosando disidentes” y critica que “el proceso de reformas ha sido lento y ha habido reveses”. De todas maneras el periódico le da ideas a Barack Obama, al recordarle que la Casa Blanca no necesita respaldo del Congreso para reanudar las relaciones diplomáticas. A su vez, le avisa que “un acercamiento a Cuba ayudaría a mejorar las relaciones de EE.UU. con varios países de América Latina y a impulsar iniciativas regionales que han sufrido como consecuencia del antagonismo entre Washington y La Habana”.
El tono sinuoso del editorial despertó críticas en el propio Fidel Castro, quien definió a la movida como un intento de obtener «el mayor beneficio para la política» interna de Estados Unidos, sumido en una realidad grave y en medio de una “compleja situación, cuando los problemas políticos, económicos, financieros y comerciales se acrecientan”.
Más allá del artículo del líder de la revolución cubana en el Granma, el NYT se hace eco de un clamor que va creciendo fronteras adentro. Es que los descendientes de los primeros “gusanos” no conservan el mismo odio al gobierno surgido en 1959 tras el triunfo de la guerrilla. Y además, la crisis económica en muchos sectores estadounidenses hace ver las ventajas que ganarían en poder comerciar con la isla.
Por otro lado, desde el punto de vista ideológico no hay defensa posible del embargo. Salvo que el orgullo nacional del principal imperio de la tierra todavía se considere herido por la afrenta de aquellos barbudos entre los cuales fulguraba el argentino Ernesto Che Guevara. A esto apunta el reverendo Jesse Jackson, alguna vez precandidato demócrata a la presidencia, quien llamó a terminar con el bloqueo desde las páginas del Chicago Sun-Times. «La oposición implacable del gobierno de Estados Unidos a la presencia de Cuba en las reuniones hemisféricas, ha ofendido prácticamente a todos nuestros vecinos», dijo.
«El embargo contra Cuba se ha mantenido en gran medida por dos razones. En primer lugar, (Fidel) Castro avergonzó a la CIA y los guerreros fríos, frustrando sus intentos de invadir la isla, desestabilizar el régimen y asesinarlo», finalizó el religioso.
Documentos desclasificados del gobierno demuestran que el propio Robert Bob Kennedy había promovido el levantamiento de la prohibición de viajar a Cuba cuando era procurador de Justicia, en diciembre de 1963, poco después del asesinato de su hermano John. RFK consideraba entonces que la medida aprobada durante la administración de JFK no resultaba coherente «con nuestros criterios de sociedad libre y contrastaría con cosas tales como el Muro de Berlín y los controles comunistas a esos viajes».
Otros documentos desclasificados que salieron a la luz estos días hablan de la intervención de la CIA en el asesinato del Che en Bolivia, el 8 de octubre de 1967, cuatro años después del pedido de RFK al Secretario de Estado, un año después del informe al congreso sobre su viaje a América Latina y uno antes de que fuera asesinado a tiros tras haber ganado la nominación como candidato a presidente por los demócratas. Toda una parábola.
Esa revolución que los Kennedy querían sofrenar o conducir mediante la Alianza para el Progreso, siguió su marcha en Cuba y se fue extendiendo al resto del continente de diversas maneras y en distintos grados. El Chile de Salvador Allende fue uno de los casos más emblemáticos. Los golpes de los ’70 y los genocidios cometidos por las dictaduras militares fueron la respuesta que llegó desde Washington.
El ALCA, la nueva Alianza para el Progreso, fue enterrada en Mar del Plata en 2005. Para entonces, Evo Morales se disponía a ocupar la presidencia de Bolivia, Chávez estaba en todo su esplendor, Néstor Kirchner comenzaba a mostrar sus cartas regionales y Lula da Silva ponía en marcha sus primeros planes sociales.
El domingo pasado, el ex líder cocalero ganó por tercera vez una elección presidencial. Con una mayoría que le suma dos tercios del parlamento tras ocho años de gestión. De pronto, el indígena que aprendió a hablar castellano en una escuela argentina cuando su padre venía a hacer la zafra, que para algunos no sería capaz de gobernar un país complejo como Bolivia, es visto por los capitales internacionales como rubio y alto –incluso en nada revolucionario semanario británico The Economist escribió artículos laudatorios sobre su figura– y batirá un récord en el tradicionalmente combustible asiento presidencial boliviano.
Ya lo había avisado Bob Kennedy. Se venía una revolución en América Latina. Con sus diferencias y algunos retrocesos, pero ya sin la “ayuda” estadounidense. Un dato a tener en cuenta.
Tiempo Argentino
Octubre 17 de 2014
Ilustró: Sócrates
por Alberto López Girondo | Oct 15, 2014 | Sin categoría
Si es cierto que la crisis es una oportunidad, la región latinoamericana constituyó, en lo que va de este siglo, una prueba palpable de que es posible aprovechar situaciones críticas para avanzar y construir modelos de desarrollo e integración. Fue un ejemplo, además, del modo en que la pérdida relativa de poder e influencia de Estados Unidos permitió un avance importante en los procesos de integración regional hacia la construcción de modelos de desarrollo autónomo como hacía décadas no sucedía en esta parte del mundo.
Sin embargo, no se puede negar que son horas decisivas para la región. Es que en las elecciones de Brasil, Bolivia y Uruguay no se juega solamente la continuidad de esos proyectos políticos en particular, sino de una estrategia común que, con sus altibajos y diferencias, tiñó de un modo inédito este comienzo de siglo.
El resultado de la primera vuelta en Brasil es, en tal sentido, una buena manifestación de las tensiones que atraviesan sociedades, gobiernos y proyectos en danza. Ganó el Partido de los Trabajadores (PT) creado por Luiz Inácio Lula da Silva que, con un conglomerado de partidos aliados de un extenso arco político que incluye desde un conservadurismo moderado hasta una izquierda más radicalizada, gobierna desde hace 12 años.
Aunque el balance final demuestra que el PT perdió votos en relación con elecciones anteriores, también revela que, tras más de una década en el poder, mantiene a casi el 45% del electorado de su lado. La contracara es que la derecha, representada por Aécio Neves, mantiene un 34% de voluntades. A pesar de que una amplia capa de la sociedad pudo mejorar su propia situación y el país en general ya integra el selecto grupo de los «top ten» a nivel mundial por su poderío económico, hay un tercio de la población que parece ser reacio a los cambios.
Con sólo ver en qué consiste el enfrentamiento entre gobierno y oposición en el plano ideológico se puede percibir qué es lo que está en juego. El gobierno de Dilma Rousseff continuó con las políticas de mayor autonomía llevadas a cabo por Lula, aunque enfocadas más a la profundización de su alianza con el grupo de los BRICS (que Brasil integra junto con Rusia, India, China y Sudáfrica) que con sus vecinos. Eso implicó distanciarse aún más de Washington, un tradicional aliado de la burguesía paulista y, sobre todo, del imaginario de pertenencia de las clases dirigentes brasileñas por décadas.
El punto culminante fue la cancelación, por parte de la presidenta Dilma Rousseff, de una visita programada a la Casa Blanca, después de que el ex agente estadounidense Edward Snowden revelara que el gobierno de Barack Obama espiaba a empresas, organismos y hasta a la presidenta de Brasil. Se trató de una medida extrema, de un fuerte contenido en la diplomacia internacional: un país latinoamericano enfrentaba de igual a igual a la gran potencia mundial.
El Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) que sustenta la candidatura de Neves, es el mismo que aún lidera ideológicamente el ex presidente Fernando Henrique Cardoso. El intelectual desarrollista de los 60, que devino en defensor del proyecto neoliberal «noventista» en dos presidencias consecutivas, entregó en 2002 la banda presidencial a Lula da Silva. Pero nunca renunció a sus últimas posiciones ideológicas, de una cercanía estrecha con Washington. Cardoso es el padrino político de Neves. Y el candidato del PSDB, nieto de Tancredo Neves, primer presidente electo tras la dictadura, que murió antes de poder asumir el cargo en 1985, expresa esta posición sin ambages: promete que si es electo abandonará las alianzas recientes a nivel global y se volcará, en cambio, hacia el norte.
El ex gobernador de Minas Gerais propone una mayor apertura económica pero también un cambio en el sistema de asociaciones continentales. Esto es, acercarse a los países de la Alianza del Pacífico (AP), un grupo de corte neoliberal creado en 2011 a instancias de los gobiernos conservadores del chileno Sebastián Piñera, el peruano Alan García, el colombiano Juan Manuel Santos y el mexicano Felipe Calderón. Una aspiración que comparte con la poderosa central industrial paulista, que ve en el Mercosur actual una traba para lograr acuerdos comerciales fuera del marco regional, a los que imagina más provechosos para el tamaño de la economía brasileña.
Este es un aspecto central de la disputa política que se da en las tres elecciones de este octubre caliente en Latinoamérica. Porque, al igual que el PSDB en Brasil, también los candidatos de la derecha en Bolivia (el empresario Samuel Doria Medina) y en Uruguay (Pedro Bordaberry y Luis Lacalle Pou, hijos ambos de ex presidentes conservadores) proponen respuestas neoliberales a los problemas coyunturales que fueron apareciendo en estos últimos meses en todos los países de la región. Esa convergencia entre las expresiones de la derecha en distintos países de América Latina parece abonar la teoría del presidente ecuatoriano Rafael Correa, quien habla de un intento de «restauración oligárquica» para referirse a este proceso.
La otra derecha
Es que desde la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, y de la mano de la consolidación de proyectos de integración regional, los países latinoamericanos fueron ganando crecientes grados de autonomía. Muchos de ellos surgieron al calor del impulso del fallecido líder bolivariano, tomaron vuelo a partir de los gobiernos de Lula da Silva y Néstor Kirchner desde 2003 y se afirmaron con los triunfos del Frente Amplio (FA) en Uruguay y de Evo Morales, con el Movimiento al Socialismo (MAS), en Bolivia.
El gran hito en este rumbo fue, sin dudas, el No al Alca, la primera gran respuesta colectiva al intento de crear un mercado común desde Canadá hasta Tierra del Fuego, impulsado por el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, y otros gobiernos neoliberales, como consecuencia del Consenso de Washington. La IV Cumbre de las Américas realizada en Mar del Plata en 2005 fue el escenario en el que, por primera vez en la historia latinoamericana, los presidentes de las principales naciones de la región expresaron su oposición a un mandatario estadounidense.
Desde entonces se fue consolidando el camino de la integración. Primero con la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), que tendría un rol preponderante ante el intento de golpe contra Evo Morales en 2008 y contra Correa en 2010, y luego con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC), una entidad continental que genera ámbitos de debate y de políticas al margen de Estados Unidos y Canadá.
El proceso de integración no estuvo exento de altibajos. El firme rechazo de la Unasur a los golpes de Estado en Honduras y Paraguay no impidió que se consolidaran gobiernos ligados con las oligarquías locales vinculadas con Estados Unidos. Paralelamente, las negociaciones que se llevan a cabo en Cuba para alcanzar acuerdos de paz definitivos entre la guerrilla de las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos, plebiscitado prácticamente con la reelección del mandatario colombiano, demuestran que otros vientos soplan en América Latina. Santos representa a la derecha, pero una derecha más racional y dispuesta a soluciones democráticas de las controversias políticas.
Hay otra derecha que fluctúa entre las reglas democráticas y la salida golpista. Al venezolano Henrique Capriles le cabe este sayo. Heredero de una familia de fortuna y notorio antichavista, en el intento de golpe contra el líder bolivariano de 2002 ocupó con un grupo de seguidores la embajada de Cuba en Caracas y cuestionó la cercanía del «régimen» con la revolución. Hace dos años se puso al frente de una coalición, la Mesa de Unidad Democrática (MUD), que si bien perdió la elección contra el mismo Chávez, tras la muerte del líder venezolano estuvo a apenas un par de puntos de vencer a su sucesor, Nicolás Maduro, a principios de 2013.
Ese resultado estrecho le sirvió para encabezar una campaña de desprestigio que un año después culminó en movilizaciones e intentos de desestabilización que dejaron como saldo más de 40 muertos y una situación que dificultó la consolidación del liderazgo de Maduro. Capriles, que es gobernador de Miranda, hizo campaña comprometiéndose a mantener las conquistas para los menos favorecidos que el chavismo venía poniendo en práctica desde que llegó al Palacio Miraflores, en una sociedad exclusiva y excluyente como era la de Venezuela.
Juegos peligrosos
Con un discurso similar, la candidata brasileña Marina Silva logró algo más de 22 millones de votos y Neves llegó a la segunda vuelta, con más de 34 millones. En Bolivia, el triunfo de Morales no resultaba cuestionado por ninguna encuesta. El líder cocalero pudo llevar a cabo los cambios más profundos en ese país, hasta no hace mucho convulsionado, al fundar el Estado Plurinacional. Uno de sus mayores logros es haber derrotado –con la ayuda de los vecinos regionales, que bloquearon cualquier intento de golpe– a la derecha más retrógrada, afincada en lo que se conoce como la Media Luna próspera del Oriente, sobre todo en el departamento de Santa Cruz de la Sierra.
Sólo así se puede explicar que, tras una crisis que parecía terminal para la unidad territorial de Bolivia, el MAS esté en condiciones de ganar el comicio departamental y sea la fuerza dominante, como señalaba el investigador Juan Manuel Karg en una charla llevada a cabo en el CCC Floreal Gorini. En ese mismo encuentro, el docente e investigador boliviano Hugo Moldiz señaló que «los grandes empresarios de Santa Cruz que en algún momento quisieron jugar a desestabilizar al gobierno e incidir a nivel político en los destinos de Bolivia, han terminado aceptando el liderazgo de Morales y han dicho “déjanos hacer negocio acá”, dejando de lado lo político». El apenas 14% que logra en los sondeos su más cercano competidor demuestra que algo ocurrió en Bolivia desde que el MAS está en el Palacio Quemado.
En Uruguay sucede algo similar. Hay una derecha que entendió algunos de los cambios que se sucedieron desde que, en 2005, el oncólogo Tabaré Vázquez con el Frente Amplio puso fin a 174 años de bipartidismo entre Blancos y Colorados. Hoy, el propio Vázquez intenta que el FA retenga la presidencia tras el gobierno de José Pepe Mujica.
La derecha parece haber encontrado a su candidato en el representante del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, hijo del ex presidente Luis Alberto Lacalle, quien gobernó Uruguay durante la década del 90. Lacalle fue, en palabras del investigador del CCC Agustín Lewit, «el presidente que se asocia con la implantación del neoliberalismo en Uruguay. Gobernó entre 1990 y 1995 y fue el encargado de aplicar el recetario neoliberal que también se aplicaba en el resto de los países de la región».
¿Qué propone Lacalle Pou, el favorito de los medios? Según Lewitt, «despegándose de lo que fue la historia del partido Blanco, muy ligado con los sectores agrarios, se presenta como el candidato de la renovación, el candidato de la modernización política. Y centra todo su discurso en la eficiencia de la gestión. En ese sentido es interesante analizarlo y cuadra bastante bien en lo que algunos han empezado a llamar la nueva derecha regional».
Los nuevos liderazgos
Bolivia, según datos que publicó la Cepal y que corroboró el FMI, es el país que más creció en este año, como lo viene haciendo de manera ininterrumpida desde que Evo Morales asumió el poder. El promedio arroja un 5% durante su gestión y para los próximos años apunta a un 7%. Tasas chinas, se solía decir en otras épocas. Al mismo tiempo, redujo la pobreza extrema del 38% al 18%.
En Brasil las cifras son de igual magnitud, con el agregado de que allí se invirtió el tamaño de la ocupación formalizada. La cantidad de trabajadores en negro se redujo aceleradamente al punto que, como señala Amílcar Salas Oroño, investigador del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Universidad de Buenos Aires, se desarrollaron nuevas clases medias que ingresaron al mercado de consumo con el PT –se calcula que son alrededor de 40 millones de personas, entre las cuales hay muchos trabajadores–. «En concreto se crearon 20 millones de puestos de trabajo desde 2008», agregó.
El gobierno del MAS, en tanto, sufrió el embate de la derecha y de instituciones públicas y secretas ligadas con Estados Unidos desde que Evo Morales llegó al gobierno. A la publicidad en contra de Morales por su origen campesino como cultivador de coca, los medios masivos le añadieron su perfil cercano a Chávez y al líder cubano Fidel Castro. Pero, además, logró aprobar una Constitución que a todas luces es revolucionaria y que les da poder a las organizaciones sociales que sustentan este nuevo Estado Plurinacional.
Durante el año de las grandes revueltas contra Morales, el empresario cruceño Branko Marinkovich, de origen croata, era el representante del ala más dura de la burguesía de Santa Cruz y junto con el entonces prefecto del departamento, Leopoldo Fernández, estaba al frente de un movimiento secesionista, ya que no veían posibilidades de recuperar el poder mediante las urnas. La crisis fue finalmente superada con un poco de mano dura desde La Paz, otro poco de ayuda regional y bastante de muñeca política.
Si algo caracteriza a Evo Morales es su capacidad de negociación, adquirida en sus años de dirigente sindical. Una práctica que lo emparenta con Lula da Silva, pero también con Nicolás Maduro, metalúrgico el uno, transportista el otro. Esto implica que saben sentarse a una mesa de diálogo y tensar la cuerda hasta obtener el mejor resultado para quienes representan en una puja con los poderosos. Algo que no suele estar en los cánones de lo que que se espera de la dirigencia política. De allí las acusaciones de «dictadores» que esgrimen la oposición y los publicistas políticos, que pueden calar hondo en ciertos sectores de la sociedad.
¿Por qué la derecha busca canales alternativos para volver al poder si, como sucedió en todos los países de la región tras la llegada de estos movimientos progresistas, los sectores sociales que representan no dejaron de ganar dinero? Quizás sea porque, como señala Salas Oroño, «estas transformaciones golpean por el lado de lo simbólico».
En el caso de Brasil, Bolivia y Uruguay es más evidente. Estos cambios implicaron el ingreso a lugares relevantes en la estructura del poder de dirigentes surgidos de las clases bajas de la población y de algunos que habían participado en los años de plomo en la lucha armada.
Más allá de la historia personal de Dilma o de Mujica, es interesante resaltar el factor que representa la denominada «plebeyización» de la política, un proceso que implicó, además, la pérdida de influencia de los sectores tradicionales, algo difícil de digerir para muchos.
Para Salas Oroño, «de alguna forma el PT ha popularizado no sólo el Parlamento, sino también los ministerios. Ha sido así no sólo por la figura de Lula, porque en Brasil si uno hila un poco más fino y ve quiénes son efectivamente los diputados y quiénes los ministros que llegaron, cuáles son sus orígenes de clase, descubre que también hay una revolución cultural».
Para Salas Oroño, este es «un fenómeno que no es irrelevante, porque no sólo trae autoestima en los sectores populares, sobre todo rompe la visión respecto a que Brasil es un país de las elites, que estaba muy instalada en la sociología. Porque es cierto, Getulio Vargas era un estanciero y ni Joao Goulart ni Juscelino Kubitschek eran personas de origen popular. Entonces, las transformaciones que se dan con Lula, se dan en ese plano simbólico, son impresionantes».
Revista Acción
Octubre 15 de 2014
por Alberto López Girondo | Oct 10, 2014 | Sin categoría
Es un gran paso adelante hacia la integración que en un par de años comiencen a circular los vehículos con patentes del Mercosur. Puede parecer un avance mínimo, una nimiedad incluso, pero sin dudas representa el fortalecimiento de un proyecto fundamental de cara a la sociedad de cada una de las naciones que integran el organismo regional. Es la bandera de la unidad sudamericana en cada auto, en cada ciudad, en cada rincón. Un mensaje de pertenencia que hace falta en un organismo que parece por momentos languidecer en disputas que los medios concentrados se encargan de magnificar pero muchas veces los gobiernos no alcanzan a resolver para bien del conjunto. La Unión Europea puso en marcha un mecanismo similar en 1992, casi una década antes que la moneda común y bastante después de haberse lanzado a la unión aduanera.
Cierto que con la patente no alcanza. En Europa, donde el proceso de integración está a todas luces mucho más adelantado, a las tensiones secesionistas en algunos sitios clave como Cataluña y Escocia se suman grandes capas de la sociedad que ven con sospecha o resquemor a la unión, a la que culpan de muchos de sus males. En todo grupo todos tienen que ceder algo a favor del bien del equipo. El problema se sucede cuando los vientos soplan en contra, como ocurre en muchos países del viejo continente. Es allí que las acusaciones se esparcen sobre los socios. Es entonces que aparecen sobre la mesa aquellas renuncias originales y en grandes sectores son muchos los que creen que estarían mejor fuera del paraguas de la UE que adentro.
Los británicos marchan a la cabeza entre los que dudan de las ventajas de seguir en la UE y no sería extraño que vayan a un referéndum para su continuidad dentro del organismo paneuropeo en 2016. Partidos derechistas de Francia –el Frente Nacional– y de Holanda se posicionan de un modo similar, al igual que grupos más inclinados a la izquierda en Grecia. Lo que demuestra que el camino hacia la integración está más sembrado de espinas de lo que se cree en su inicio.
Sin haber llegado a niveles como los alcanzados del otro lado del Atlántico, hay que admitir que nuestros organismos regionales –Mercosur en primer lugar, pero Unasur y CELAC a continuación– enfrentan dificultades luego de una década de avances. En el caso del Mercado Común al que adhieren Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, a las tensiones propias de un nuevo rumbo para el organismo creado durante el decenio neoliberal se agrega el complicado ingreso de Venezuela como nuevo miembro. Además, los países más chicos mantienen históricos reclamos contra los dos socios mayores que, lejos de solucionarse, con el recrudecimiento de la crisis internacional, se fueron agravando. Lo que debería quedar claro para las dirigencias, con todo, es que la mejor opción siempre es la unidad. No hay otra forma de plantarse frente a los poderosos de turno.
En Brasil, las élites industriales, que desde la llegada de Lula da Silva a Planalto, en enero de 2003, pudieron desarrollarse a nivel global mediante políticas de apoyo, créditos oficiales y la ampliación de su mercado interno, nunca dejaron de ser críticas del PT. Lula solía decir que no le perdonaban que alguien que jamás había pasado por una academia universitaria le diera el progreso que él le había dado a Brasil. Tal vez sea que no toleran que un hombre nacido en la pobreza, y que por lo tanto estaba destinado a no trabajar de otra cosa más que de tornero, haya dado vuelta al país con un partido que demuestra su capacidad de ser el más adecuado para gobernar un territorio de ese tamaño y contradicciones. Tampoco le toleran el acercamiento a sus socios vecinales y a las naciones que buscan un nuevo orden mundial, como las del BRICS.
Los dos candidatos con mayor caudal de votos tras la presidenta Dilma Rousseff en las elecciones del domingo pasado decidieron sumar voluntades para derrotar al PT luego de 12 años en el poder. Más allá de las críticas sobre las que se asienta su discurso opositor en todos los planos, ambos hicieron hincapié en la necesidad de nuevas alianzas y miran hacia el Pacífico. Si es cierto, como los mismos sondeos indican, que la unión regional no es el principal tema de agenda en las encuestas, la única explicación para semejante compromiso antes del balotaje sería lograr el apoyo de los grandes jugadores económicos tanto brasileños como regionales.
Las élites gobernantes, que son las mismas que en los ’90, cuando Fernando Collor de Melo y Carlos Menem firmaron el Tratado de Asunción que dio origen al Mercosur, apoyaron en su momento la creación del espacio común. Las empresas multinacionales también, porque les resultaba y resulta beneficioso planificar e intercambiar libremente entre los socios y con protección externa común. Entonces también firmó el uruguayo Luis Alberto Lacalle y el paraguayo Andrés Rodríguez, que poco antes había desplazado a su consuegro, el dictador Alfredo Stroessner.
Pero desde la llegada de Néstor Kirchner y Lula da Silva el enfoque con que se manejó el Mercosur fue cambiando hacia una mayor integración industrial. Que no favoreció a todos los socios pero le dio un perfil más autonómico en relación con las potencias centrales, además de haber avanzado hacia posiciones sociopolíticas más progresistas. Sobre esta base es que crecen las críticas en Uruguay y Paraguay. Un guante que recogió el candidato opositor oriental Luis Lacalle Pou, hijo del mandatario que firmó en Asunción y que ahora intenta canalizar las quejas por lo que reclaman los uruguayos.
En Brasil el rechazo es más bien porque los caballeros de la industria paulista consideran que Mercosur es un freno para un país que, creen, está para cosas mayores. Sueñan con volver al «primer mundo». Pero fundamentalmente saben que con organismos regionales sólidos y una integración más profunda a nivel social y económico pierden privilegios obtenidos de su conexión con el establishment global.
Este domingo hay elecciones en Bolivia y nada indica que Evo Morales vaya a tener menos votos que hace cinco años, cuando se alzó con el 64% de los sufragios. Es posible, incluso, que el triunfo sea por un porcentaje mayor, con el dato adicional de que ganaría en Santa Cruz de la Sierra, que fuera foco de la resistencia a su gobierno y donde se llegó a plantear el secesionismo de la mano de sectores vinculados a la oligarquía más reaccionaria.
No es inocuo que Evo se convierta en el mandatario que más tiempo estuvo en el poder en su país desde la independencia, superando al general Andrés de Santa Cruz, quien gobernó entre 1829 y 1839. Pero aquellos eran otros tiempos y para ocupar un despacho en la casa de gobierno era necesario mucha voluntad política y bayonetas fieles, algo que nadie logró desde entonces, al punto de que en los 180 años anteriores al triunfo del MAS, en 2005, hubo 84 mandatarios –34 de ellos de facto– a un promedio de 172 días en el cargo para cada uno.
Morales encarnó las transformaciones más profundas desde la Revolución de Paz Estenssoro en 1952 y tiene el más firme apoyo popular. Hay razones para su éxito. Uno es la sólida alianza de los sectores populares y las organizaciones sociales, que ahora son un factor de poder relevante y con conciencia de su rol. También por la nacionalización de los recursos hidrocarburíferos, que le permitió disponer de un excedente para inversiones sociales y desarrollo, cuando antes iban a bolsillos privados.
Pero hay una realidad a esta altura histórica que explica este momento: en el tramo más duro del enfrentamiento en la Media Luna próspera de Oriente, Morales contó con el apoyo de las instituciones regionales y de los gobiernos de Argentina –estaba ya en el poder Cristina Kirchner– y de Lula da Silva en Brasil. ¿Podrá tener la misma tranquilidad si cambia la ecuación política en el vecino mayor y más poderoso? ¿Qué ocurriría si en Argentina llegara a ganar alguno de los candida
Tiempo Argentino
Octubre 10 de 2014
Ilustró Sócrates
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