Secretos servicios y el nacimiento de la AFI

por Alberto López Girondo | Mar 15, 2015 | Sin categoría

Una escena de Tiempo de valientes, filme de Damián Szifron, resulta una revelación sobre lo que ocurría en los servicios de inteligencia argentinos. El personaje que interpreta Diego Peretti, Silverstein, un psicoanalista circunstancialmente envuelto en una trama entre policías y agentes secretos, se las rebusca para ingresar al edificio de la SIDE, en la porteña esquina de 25 de Mayo y Rivadavia. Cae en manos del siempre eficiente Oscar Ferreiro, un «malo» de antología que interpreta al jefe de la organización, de apellido Lebonian. En busca de defenderse, Silverstein-Peretti argumenta razones por las que no conviene que lo maten.

–Conozco mucha gente, no le va a resultar tan fácil –sostiene, inocente.

–Yo saqué y puse presidentes, ni te imaginás lo fácil que va a ser –es la fría respuesta de Lebonian-Ferreiro.

La película es de 2005, la misma época en que la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) perdió las últimas dos letras de su sigla para quedar en SI. Un año antes, el entonces ministro de Justicia, Gustavo Beliz, había revelado públicamente una imagen de Antonio Horacio Jaime Stiuso, al que acusó de ser el arquitecto del encubrimiento en la causa por la voladura de la AMIA y de encabezar una trama de operaciones para mantener bajo control al poder judicial y político.

Una década más tarde, la imagen en blanco y negro del misterioso Stiuso que difundió Beliz sigue siendo una de las pocas que se conoce de ese personaje que, raleado de la Secretaría de Inteligencia por la presidenta Cristina Fernández, aparece en el centro de cuanta trama se revela desde la denuncia del fiscal Alberto Nisman y su posterior muerte. Esa fotocopia se funde ahora con la imagen de Lebonian y parece recordar desde las sombras que no solo puede haber puesto y sacado presidentes –estuvo en los servicios desde 1972– sino que conserva poder de fuego.

Poner bajo control democrático ese poder es la razón que subyace en la reforma a la ley que aprobó el Congreso Nacional, por iniciativa del Gobierno, mediante la cual se crea la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y se disuelve el organismo tan cuestionado desde la recuperación de la democracia, hace 32 años.

Según cuenta Gerardo Young, autor de SIDE, la Argentina secreta, editado en 2006, Cristina Fernández nunca tuvo simpatía por Stiuso ni por quienes lo secundaban en la institución desde que su esposo llegó al poder, en 2003. Cuando la mandataria decidió reorganizar la SI, a fines de diciembre, cambiando a la cúpula y forzando el retiro de Stiuso –un personaje que había atravesado el tramo final del general Alejandro Lanusse, los gobiernos peronistas del 73 al 75, la dictadura más sangrienta que vivió el país y todo el período democrático desde 1983 en adelante–, los medios develaron una feroz interna en el servicio de inteligencia y se puso el foco en los vínculos de los espías con los funcionarios del Poder Judicial y autoridades políticas.

El tiempo demostró que todavía estaba todo por contarse. Porque a mediados de enero el fiscal de la causa AMIA pateó el tablero presentando, en plena feria judicial, una denuncia por encubrimiento contra la presidenta, el canciller Héctor Timerman y una serie de presuntos operadores acusados de negociar la impunidad de Irán en el atentado a la AMIA mediante la firma del Memorándum de Entendimiento. La muerte de Nisman pocos días después de hacer pública su acusación no hizo sino apurar definiciones del Gobierno en torno de una reforma profunda del servicio de informaciones estatal. Lo que pareció revelar una guerra subterránea entre las autoridades y los espías vernáculos.

La oposición se puso a la cabeza de las demandas contra el kirchnerismo. « ¿Por qué ahora cambian a la ex SIDE (nunca se terminó de incorporar al imaginario popular la sigla SI)?». «Hace 12 años que están en el poder, ¿por qué no lo hicieron antes?», fue uno de los puntos más repetidos. La respuesta oficial se basó en una verdad irrefutable: salvo la izquierda trotskista, que coincide en la crítica pero que nunca ocupó el Ejecutivo, a los dirigentes partidarios les cabían las generales de la ley. Marcelo Sain, experto en la cuestión y uno de los dos especialistas que se presentaron en el Senado para proponer modificaciones al texto original del proyecto (ver «Una reforma…»), indicó que «este tema no ayuda electoralmente a nadie, estas son las razones de la falta de disposición de la clase política argentina a tratarlo». Esto puede explicar por qué, si de poner un personaje como emblema se trata, Stiuso haya sobrevivido a Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando de la Rúa y a Eduardo Duhalde.

Algunas usinas oficialistas incluso recordaron que desde las arcas de la SIDE salieron los dineros con que se pagaron las coimas para aprobar la Ley de Flexibilización Laboral, el mayor escándalo que envolvió al Gobierno de la Alianza, cuando una de las más acérrimas críticas de la nueva Ley de Inteligencia, principal defensora de la denuncia de Nisman, Patricia Bullrich, era nada menos que ministra de Trabajo del presidente De la Rúa.

El historial de la SIDE en democracia incluye personajes como Raúl Guglielminetti, fotografiado como custodio de Alfonsín, y Aníbal Gordon; ambos estaban en el «lado oscuro» desde la dictadura cívico-militar, cuando formaron parte de grupos de tareas, pero también participantes de operativos «menores», como la rotura de vidrieras de un local de la cadena Modart de la avenida de Mayo durante un acto de la CGT en 1988, o determinantes como el encubrimiento del atentado a la embajada de Israel, en 1992 y de la AMIA dos años más tarde. Agentes de la SIDE tuvieron un rol importante en los incidentes que terminaron con los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en la estación Avellaneda en 2002. Ni qué decir de la red armada desde el gobierno de Menem –de la mano de quien fue «Señor 5», como se denomina al secretario en la jerga de los servicios, Hugo Anzorreguy– en torno a los juzgados federales que ahora están en la picota a partir de los proyectos de reforma judicial que Cristina Fernández impulsa desde hace dos años.

El problema de los controles

«Las actividades de espionaje en el país han crecido tanto que se han vuelto difíciles de manejar, al punto de que nadie sabe realmente cuánto cuestan, cuánta gente participa en ellas ni a qué se dedican». No se trata de un informe sobre la situación de la ex SIDE. Es el resultado de una investigación que el diario estadounidense The Washington Post publicó en julio de 2010. Fue un trabajo en la línea del realizado con el caso Watergate, aquella vez a cargo de un equipo especial que investigó durante dos años para revelar un submundo que en Estados Unidos empleaba para la época a 854.000 personas en varios países y que sirvió para alertar sobre un tema que para los sectores que en esa nación defienden la transparencia resultaba preocupante. Conviene no olvidar que en Estados Unidos no solo sacan y ponen presidentes, sino que los servicios estuvieron involucrados, por caso, en el asesinato del presidente John Kennedy, y tienen responsabilidad en otros crímenes de estado tanto dentro como fuera de ese territorio.

Un descontrol con ciertas similitudes subsistía en la agencia nacional, con un adicional difundido cuando se conocieron los cables filtrados por el sitio Wikileaks: los responsables de la investigación de la causa AMIA recibían datos y literalmente obedecían las directivas de la CIA estadounidense y del Mossad israelí. Datos inútiles para llegar a la verdad, ya que, si la causa no avanzó, en gran medida se debe a que las pruebas recolectadas son escasas y poco contundentes, según lo que desliza el juez a cargo del proceso, Rodolfo Canicoba Corral.

La injerencia en el país de los organismos de espionaje internacionales incluyó, desde los 90, y en medio de un incremento de eso que se llama genéricamente «inseguridad», la presencia de agencias de seguridad privadas ligadas con policías y afines, muchas de ellas con «tecnologías» provistas por sus socios retirados de la CIA o de agencias internacionales… si es que un espía alguna vez deja de serlo.

El problema de la seguridad y la investigación en manos privadas y asociadas a «expertos internacionales» no es solo un tema de soberanía, sino también de defensa de los derechos individuales. Sin embargo, en muchos sectores de la sociedad las siglas foráneas tienen un cariz seductor. Por caso, el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, justificó en su momento la decisión de poner al frente de la Policía Metropolitana a Jorge Alberto Palacios: «La DEA, la CIA, la SIDE y el Mossad, todos recomendaron al Fino Palacios» como el mejor para ese puesto. Macri, además, está implicado en una operación de espionaje armada bajo su gestión contra familiares de víctimas del atentado a la AMIA pero también contra sus propios parientes en el marco de disputas por dinero de las sociedades que integran. Sin embargo, como dice la periodista Clarisa Ercolano, autora del libro Escuchas ilegales, «Macri está procesado junto con Ciro James y Palacios pero durante toda la etapa de instrucción del juicio no se pudo comprobar que haya sido el jefe de una banda de espías que escuchaban para él». En todo caso, el asunto ofrece más aristas oscuras sobre los vínculos entre espías, policías y magistrados. Al respecto, la fiscal federal Mónica Cuñarro comentó, sin tapujos, que «es hora de terminar con esta relación promiscua entre algunos jueces y fiscales con sectores de los servicios de inteligencia que viene desde los 90».

La discusión se produce en un contexto de tensión entre el Gobierno y el sistema judicial, que no es nueva. El kirchnerismo impulsó los juicios a los militares responsables de violaciones a los derechos humanos contra la voluntad de muchos representantes del Poder Judicial. Y desde la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual el clima se espesó aún más a partir de las trabas que el Grupo Clarín logró interponer en distintos tribunales.

Una prueba de este enfrentamiento la dio el director del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Eduardo Jozami, en un cruce con el fiscal general Ricardo Sáenz en un programa de TN, cuando daban su interpretación del 18F. Para Jozami, había que entender la marcha en homenaje a Nisman en el contexto de que muchos de los fiscales que la habían organizado estaban acusados de encubrir la causa AMIA y, en el caso concreto de Sáenz, había considerado en 2003 que las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final eran constitucionales. Sáenz dijo que no tenía nada que ver con eso, pero junto con otro fiscal polémico, José María Campagnoli, consideraron, en lugar de fundamentar una respuesta, que las palabras de Jozami eran como un «carpetazo».

Internas siniestras

Gran parte del poder omnímodo que detentaba la SIDE consistía en la acumulación de información personal de los principales actores de la política, la Justicia y el periodismo. A la manera del mítico John Edgar Hoover, que dirigió el FBI durante 37 años acopiando datos comprometedores sobre los ocho presidentes que se sucedieron en ese lapso, los espías locales están acusados de haber difundido carpetas al rojo vivo sobre los personajes más variados. Uno de los escándalos más resonantes fue el del juez Norberto Oyarbide, filmado en un prostíbulo masculino en 1998 en una operación de servicios y policías federales nunca aclarada del todo.

El 23 de diciembre pasado, el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, le solicitó a la jueza interviniente, Sandra Arroyo Salgado, a la sazón ex esposa de Nisman, el envío a juicio oral y público de la causa por espionaje y asociación ilícita y encubrimiento a 8 personas. La investigación determinó que agentes de la SIDE hackeaban correos y conversaciones de funcionarios públicos, dirigentes políticos y sociales y hasta la presidenta para luego vender la información a periodistas y empresarios de medios. Los acusados son: quien fue titular de la SIDE en el inicio de la gestión de Menem, Juan Bautista Yofre; los periodistas Carlos Pagni –uno de los principales columnistas de La Nación–, Edgar Mainhard y Roberto García; el director del portal Seprin, Héctor Alderete; el militar retirado Daniel Reimundes; el empresario mediático santiagueño Néstor Carlos Ick y Pablo Alfredo Carpintero, un espía relacionado con otro ex agente, prófugo de la Justicia, Iván Velázquez. El 6 de marzo la jueza firmó el procesamiento de los 8 imputados sin prisión preventiva.

Yofre, uno de los procesados, no se privó de convocar a la marcha del 18F, y en ese marco reprendió a jueces y fiscales que habían permitido los juicios por violaciones a los derechos humanos. Señaló que esa «flaqueza» estaba en el origen de esta puja con el Gobierno.

Para muchos analistas, la llegada al máximo cargo en el Ejército del general César Milani, en julio de 2013, obedeció al cambio de rumbo en la relación entre el Gobierno y la SI, bastante dañada desde que se aprobó el Memorándum de Entendimiento con Irán y de los proyectos de modificaciones al sistema judicial. En el caso concreto de Stiuso, además, por la muerte de uno de sus hombres de confianza, Pedro Tomás Viale, más conocido como El Lauchón, acribillado por agentes de la bonaerense en un vidrioso operativo antidrogas, para la misma época.

Milani es un especialista en Inteligencia que, en medio de semejante interna del espionaje, venía a tomar el control del área. Fue entonces que se difundió que sus primeros pasos en el Ejército fueron en el Operativo Independencia y luego en La Rioja, entre 1976 y 1978. Y que estaba implicado en la desaparición del conscripto Alberto Agapito Ledo, en Monteros, Tucumán.

Con todos estos antecedentes como telón de fondo llegó al Congreso el proyecto de ley que dispone la creación de la AFI. La iniciativa enfrentó un fuerte rechazo opositor. La propuesta entró por la Cámara Alta y los únicos que se presentaron a debatir en la comisión fueron el mencionado Sain y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), encabezado por su presidente, el periodista Horacio Verbitsky. Ellos fundamentaron críticas a la propuesta original, parte de las cuales fueron incorporadas en el proyecto definitivo. En Diputados la situación fue otra: Elisa Carrió «pateó» el tablero y fue a las comisiones donde se trató la propuesta para cuestionar a Milani. Su presencia fue suficiente para que el resto de la oposición entendiera que debía estar presente en el debate, aun siendo minoría, porque era un tema sensible para la sociedad. La ley, sancionada con los votos del kirchnerismo y sus aliados, está vigente desde su promulgación, el 5 de marzo.

Origen militar

En julio de 2004, en su programa A fuego lento, el periodista Herman Schiller, contó parte de la historia de los servicios de inteligencia y su vinculación con el aparato militar. Según Schiller, todo comenzó en 1949, cuando el gobierno de Juan Perón creó, en medio de la huelga de ferroviarios, un organismo denominado «Control de Estado», que luego mutó en Coordinación de Informaciones de Estado (CIDE). El objetivo, relató, era «neutralizar los bolsones opositores y combativos que aun quedaban entre los trabajadores». Schiller detalló que los organizadores primigenios de esos servicios fueron los militares Ramón Solveyra Casares y Jorge Osinde. Este último sería indicado con los años como uno de los responsables de la Masacre de Ezeiza cuando Perón regresó definitivamente al país, en mayo de 1973. De él diría el tres veces presidente, tiempo después, que «era un hombre de los servicios de inteligencia, es decir, un animal». Todavía bajo la sigla CIDE, el organismo aparece en escena en el asesinato del abogado Marcos Satanovsky, en 1957, en una disputa por acciones del diario La Razón y cuya trama reveló Rodolfo Walsh. Fue con la dictadura de Juan Carlos Onganía que la CIDE pasaría a ser SIDE. Pero las costumbres no cambiaron demasiado.

Marcelo Sain: «Una reforma sustantiva»

Marcelo Sain, licenciado en Ciencias Políticas y experto en temas de seguridad, fue interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y actualmente es diputado provincial bonaerense por Nuevo Encuentro. Participó del debate del proyecto de ley de inteligencia y aportó sus conocimientos para recomendar modificaciones en la ley que crea la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

– ¿Qué va a cambiar con la creación de la AFI?

–Es una reforma parcial pero extremadamente sustantiva porque reconfigura todo el sistema. Se mantiene la función de la AFI de órgano rector del sistema para establecer las políticas y las estrategias del sistema de inteligencia en defensa nacional y seguridad interior. Pero se le incorpora la función de producir inteligencia en materia de delincuencia compleja, terrorismo, crimen organizado y atentados contra los lugares públicos y el orden institucional. Implica un reconocimiento de que la Argentina no tenía inteligencia a nivel de crimen organizado. Diría que la única inteligencia más o menos seria en materia de narcotráfico la llevaba adelante la DEA y a partir de allí ejercía influencia sobre las fuerzas federales de seguridad. A nivel terrorismo había un contubernio entre la CIA y la SIDE, detrás del cual eclosiona esta crisis. El segundo gran eje de cambio es la transferencia de la dirección de Observaciones Judiciales.

–Al área de la Procuración, ¿verdad?

–Exactamente. Ese traspaso tiene dos esferas, una es que no esté más en el órgano de inteligencia y la otra es el destino del material, que en este caso es la Procuración General. No hay razón para que un órgano que tenía como objetivo la ejecución de decisiones judiciales esté en manos de un organismo administrativo ajeno a las tareas jurisdiccionales. El único sentido que tenía era inconfesable desde el punto de vista institucional: monopolizar las escuchas legales para tener conocimiento de lo que ocurría en las causas más importantes para la SI. Pero eso encubría una gran red de espionaje político a través de la utilización de escuchas ilegales. Que deje de estar en la sede central del organismo de inteligencia nacional es un avance institucional enorme. Un tercer punto es la obligación de que el Gobierno someta a la consideración del Senado la designación de las autoridades de la AFI, porque eso lo obliga a establecer políticas y estrategias que deberán ser explicadas por los candidatos en el Senado, que será quien deba convalidar la decisión del Ejecutivo.

–Pero se dice que el control parlamentario nunca funcionó.

–La dirigencia política argentina debería estudiar la ley, las reformas que se introdujeron, porque lo que hemos visto en este debate es que son muy pocos los que conocían no solamente las bases legales del sistema sino cómo funcionaba realmente. Las facultades del control parlamentario de la comisión bicameral son amplísimas y no fueron llevadas a cabo por ningún sector político. Siempre se anteponía la resistencia de la SI a ser controlada pero eso era una excusa, porque fue muy poco el accionar tendiente a garantizar control parlamentario. Cuando se deja en manos de los espías el manejo de la inteligencia inevitablemente termina en una situación de crisis, de la misma manera que cuando se deja la política de defensa nacional en manos de generales, o la política de seguridad en manos de comisarios. Esta crisis debe enseñarnos que se tienen que formar cuadros políticos de gestión especializados, porque si no, inevitablemente, quienes terminan gobernando la defensa nacional, la seguridad pública y la inteligencia son los generales, los comisarios y los espías.

–La otra crítica es por qué no se hizo antes.

–Yo comparto esa crítica, pero creo que hay una equivocación por parte de la oposición. Con la excusa de que, como no se hizo antes, ahora no voy a apoyar, lo que se esconde es la disposición a mantener el sistema tal cual estaba. Esto sería algo así como «mirá, yo no estoy de acuerdo con el desembarco de Normandía porque nunca estuve de acuerdo con que se lo dejara crecer tanto a Hitler en la década del 30, la culpa es que las potencias europeas no se dieron cuenta de lo que el nazismo iba a producir». Esto es lo mismo.

Revista Acción  Marzo 15 de 2015

Colaboró en la producción Facundo Alé