por Alberto López Girondo | Ene 26, 2017 | Sin categoría
Consciente de que la llegada de Donald Trump al gobierno representa un giro copernicano a lo que fueron sus ocho años de gestión, Obama dio una serie de señales que, si se leen los diarios de esta última semana, lo ubicarían como un mandatario de avanzada sobre el promedio de los últimos ocupantes del cargo, desde Ronald Reagan hacia acá.
Así, envió un correo a los congresistas republicanos –que sobre todo en esta última parte de su período presidencial usaron la mayoría en ambas Cámaras para bloquear las decisiones del oficialismo– donde denunció el rechazo a su reclamo de cerrar la prisión de Guantánamo. «No hay simplemente ninguna justificación, más allá de la política, para la insistencia del Congreso en dejar abierto ese centro de detención», sostiene Obama en su póstuma misiva a favor de una de las promesas electorales cuando ganó la primera elección, en 2008.
Pero también tomó cartas en asuntos más comprometidos, como el conflicto en Palestina. Y tras una histórica abstención en la ONU sobre los asentamientos judíos en Jerusalén Este –Washington siempre acompañaba a Israel en todos los foros internacionales–, dijo ahora que el actual “status quo es insostenible. Es peligroso para Israel, es malo para los palestinos, es malo para toda la región, y además es malo para la seguridad nacional de Estados Unidos”. Y abogó por la solución de dos Estados, uno judío y uno árabe, caso contrario, “de alguna forma estaremos extendiendo la ocupación”. Dura definición para un mandatario estadounidense.
Luego dio otro paso en su intento por recomponer vínculos con Cuba, que fue su gran apuesta desde fines de 2014 en su relación con América Latina. Y puso fin a la política de “pies secos-pies mojados”, por la cual todo cubano que lograba pisar suelo estadounidense era considerado un exiliado mientras que si caía en manos de la guardia costera era devuelto a la isla. Aunque no logró –y no hizo una carta a los republicanos– modificar el bloqueo comercial y financiero al gobierno revolucionario.
Luego, también en esta su última semana en el poder, conmutó la pena a Chelsea Manning, la exsoldado que como Bradley Manning había filtrado miles de documentos a WikiLeaks y había sido condenadoa 35 años de prisión. «Vi los detalles de este caso de la misma manera que otras conmutaciones y perdones y sentí a la luz de todas las circunstancias que conmutar su sentencia era completamente apropiado», se justificó.
Finalmente, y en una acción menos difundida pero altamente significativa, conmutó la pena al independentista puertorriqueño Óscar López Rivera, detenido en 1981 como integrante de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN) y condenado a 55 años de cárcel, a los que en 1988 se le agregaron otros 15 años adicionales. López Rivera quedará en libertad en mayo, si es que Trump no veta esta decisión.
Pero ante el reclamo de organizaciones de derechos civiles, se negó a indultar a otro preso político, Leonard Peltier, activista del Movimiento Indígena Estadounidense encarcelado desde 1976 y condenado –en un juicio de dudosa imparcialidad– a dos cadenas perpetuas consecutivas por el crimen de dos agentes del FBI durante un tiroteo en la reserva Pine Ridge, en los territorios sagrados Sioux de Dakota del Sur, donde meses antes se hallaron uranio y carbón.
Otra mella para su aspiración es que en su mandato –con Hillary Clinton en la secretaría de Estado– tres gobiernos progresistas de la región fueron destituidos mediante golpes parlamentarios: Honduras, Paraguay y Brasil. Y en todos los casos los destituyentes recibieron apoyo y reconocimiento de Washington. Además, el 13 de enero renovó por otro año el decreto que declara a Venezuela «una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de EE UU». «
Tiempo Argentino
Enero 22 de 2017
por Alberto López Girondo | Ene 19, 2017 | Sin categoría
La liberación de Ricardo Antihual, Ariel Garci y Nicolás Hernández Huana, los últimos tres detenidos tras la brutal represión a la comunidad mapuche de Cushamen, marcó el corolario de una semana de máxima tensión en la Comarca Andina de Chubut y Río Negro. Para muchos lugareños con no menguada perspicacia política, el ataque de Gendarmería en la Pu Lof de Vuelta del Río no fue más que el intento de esconder un elefante en una manada. De este modo vinculan el impacto que produjo la multitudinaria manifestación de no menos de 10 mil personas del sábado pasado en El Bolsón contra el proyecto turístico de una empresa ligada al magnate británico Joe Lewis –amigo del presidente Mauricio Macri– con la feroz incursión de los uniformados en tierras recuperadas a la familia Benetton en marzo de 2015. A esta sospecha se añade la oportunidad en que se produce esta manifestación de violencia estatal, en el marco de una creciente espiral represiva reclamada desde los medios concentrados y el gobierno central contra la protesta social y cuando en Buenos Aires se desarrollaban atropellos similares contra los manteros de Once.
El capítulo violento en Chubut comenzó en las primeras horas del martes cuando dos centenares de efectivos de Gendarmería tomaron por asalto un sector de la Pu Lof de Cushamen, unos 40 kilómetros al norte de Cholila –donde alguna vez vivió el pistolero Butch Cassidy–, amparados en una orden del juez federal de Esquel Guido Otranto para liberar la traza del ferrocarril conocido como La Trochita. «Sufrimos una represión nefasta», relató a este diario una de las referentes de las comunidades mapuches de la zona, Ivana Huenelaf. Los gendarmes arrasaron viviendas y golpearon bárbaramente a mujeres y niños, mientras algunos jóvenes huían atravesando el río. «Nos atacaron con balas de goma pero también con plomo, nos persiguieron con drones, helicópteros y con aviones hidrantes», agregó Huenelaf.
Los gendarmes cortaron todos los accesos al territorio por la ruta 40 y El Maitén y obligaron a un desvío del tránsito a través de Cholila y el camino de ripio que atraviesa el Parque Los Alerces. Pobladores y activistas cortaron, a su vez, la ruta a la altura de Epuyén, donde se agolparon en pocos minutos cientos de autos de turistas y camiones repletos de carga. Tras una tensa negociación con la policía local, que quedó muy expuesta por el airado reclamo de los representantes comunitarios ante un enjambre de periodistas locales y de Tiempo, único medio porteño en el lugar, los caminos quedaron despejados.
Un día más tarde, los policías chubutenses se tomaron revancha con un nuevo ataque, a cargo de la infantería y un escuadrón del GEOP: desde una camioneta y una combi balearon a mansalva hacia la Pu Lof, con un saldo de dos heridos graves, uno de ellos con fractura de cráneo. El saldo de esos dos días de violencia estatal fue de diez detenidos y varios lesionados por balas de goma. Organismos de Derechos Humanos, dirigentes sociales y políticos y representes de la Iglesia reclamaron a los gobiernos nacional y provincial que pongan fin a semejante accionar.
La disputa sobre ese tramo de vías comenzó el año pasado y formaba parte de las negociaciones de la comunidad mapuche en pos de plasmar en hechos más firmes la recuperación de sus tierras ancestrales en la región. El tren, sin embargo, lleva años sin pasar por allí. El gobierno chubutense y la empresa explotadora del ferrocarril turístico rompieron la mesa de diálogo a fines de 2016. Para diciembre, más de un centenar de gendarmes habían sido trasladados a la zona de El Maitén por orden de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, hecho que las comunidades habían denunciado como una amenaza.
El juez Otranto no está considerado un enemigo del pueblo mapuche. De hecho, había rechazado el pedido de extradición del activista mapuche Facundo Jones Huala a Chile en septiembre de 2016, lo que le acarreó elogios de los organismos de Derechos Humanos y el repudio del gobernador Mario Das Neves, que incluso lo denunció ante el Consejo de la Magistratura por mal desempeño de sus funciones. Jones Huala está acusado en Chile por las leyes antiterroristas que rigen allí para perseguir a las poblaciones originarias que reclaman sus derechos territoriales. Nació dentro de las fronteras argentinas, lo que para su pueblo es sólo una clasificación arbitraria. Para el ministro de Gobierno chubutense Pablo Durán, su accionar también debería ser clasificado como terrorista en la Argentina, idea que comparte Bullrich con el envío de tropas federales para reprimir a los pobladores originarios.
Quien sí fue recusado por la defensa de los mapuches detenidos, por «enemistad manifiesta», fue José Luis Colabelli, juez que ordenó otro de los allanamientos y que en 2004 fuera destituido por la represión a la comunidad Fermín, de Vuelta de Río, y por declaraciones discriminatorias hacia los pueblos originarios. La Corte Suprema lo devolvió a sus funciones en 2010.
Ante la repercusión que alcanzó el hecho en el país y en el exterior, Das Neves envió a sus mejores negociadores para abrir algún espacio de diálogo con las comunidades: el mismo miércoles se firmó un acta para «preservar la paz social» y avanzar «en reclamos y necesidades de las comunidades de los pueblos originarios», un acuerdo a las apuradas que cayó mal entre no pocos dirigentes mapuches. Soraya Maicoño, una de las voceras reconocidas por los pobladores prefiere esperar para ver: «Tres personas no pueden arrogarse la representación de todas las comunidades, eso no es bueno. Sin embargo, tal vez esto sirva para que paren la represión brutal que estamos padeciendo.»
Por lo pronto, siete de los detenidos fueron liberados al otro día. A esa altura los reclamos crecían y hasta el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, debió emitir un comunicado instando a retomar vías civilizadas para negociar. El viernes, una comitiva integrada por Nora Cortiñas, Nicolás del Caño, Pablo Pimentel y Maria del Carmen Verdú, entre otros referentes sociales, viajaron a Esquel para hablar con el juez Otranto. A la salida, Verdú dijo a este diario que el magistrado había reconocido que no había muchas razones jurídicas para mantener a los últimos tres detenidos tras el ataque en Cushamen. Lo que adelantaba una salida a un nuevo episodio de esta centenaria historia de despojo.
Tiempo Argentino
Enero 15 de 2017
por Alberto López Girondo | Dic 19, 2016 | Sin categoría
El gobierno de Barack Obama y el aparato militar industrial pusieron todos los cañones en tratar de que Donald Trump no sea nominado mañana presidente por el Colegio Electoral (ver aparte). Puede parecer una elucubración de mentes afiebradas, proclives a las teorías conspirativas. Pero las últimas denuncias sobre el hackeo de mails comprometedores de Hillary Clinton y el argumento de que detrás de esa operación estarían espías cibernéticos y el propio Vladimir Putin para que ganara el polémico empresario, despertó las más encendidas refutaciones de sectores, tanto de la derecha como de la izquierda.
La ecuación, según advierte el canadiense Michel Chossudovsky –un académico creador del Centro de Investigación sobre la Globalización (CRG) y del sitio globalresearch.ca– es fácil de entender si se analiza a quiénes responden Trump y Clinton. «Hillary es la candidata del complejo industrial militar de EE UU, su agenda de política exterior no responde directamente a los intereses de un gran segmento de la América corporativa, incluyendo un sector importante de la industria petrolera», detalla.
La designación de Rex Tillerson como secretario de Estado, en cambio, es una muestra del grupo al que representa Trump. Porque Tillerson es CEO de ExxonMobil y como representante de la industria petrolera tejió una sólida amistad con Putin al cabo de múltiples negociaciones en asociación con la rusa Rosneft para explotaciones en el Mar Negro, en Siberia y en el Ártico.
Ponerlo en el lugar que hasta 2013 ocupó Hillary es toda una señal de los nuevos tiempos que quiere imponer Trump, que fustigó en la campaña la política exterior de los demócratas y especialmente el tono belicista de la gestión de Obama. No se trata de que el futuro mandatario sea de por sí un pacifista, sino de que en el establishment estadounidense hay una pelea de fondo entre dos grupos contrapuestos que pelean por la hegemonía.
En la edición web de Tiempo pueden verse los detalles de una operación mediático-política iniciada en mayo con las primeras denuncias de un posible hackeo que hicieron voceros del gobierno de Obama. Gran parte de esa información se conoció, avanzada la campaña electoral, a través del sitio WikiLeaks, que publicó cientos de mails que comprometían a la candidata demócrata. Clinton salió ahora con encendida furia a hacerse eco de supuestas investigaciones de la CIA que confirmarían la incursión cibernética rusa.
Lo que destacan analistas de la talla de Justin Raimondo –un «paleolibertario antibélico» más cercano a los conservadores que al progresismo– es algo elemental para quien quiere entender lo que está sucediendo con esa denuncia: ninguno de los grandes medios ni funcionarios dice cuál es la fuente de esa investigación. Además, si existiera algo semejante no se entiende por qué Obama no llamó por lo menos al embajador ruso para pedirle explicaciones, algo usual en la diplomacia en casos como este. Por otro lado, la agencia que hurga en las redes cibernéticas no es la CIA sino la NSA, según reveló el Edward Snowden. Y en ese organismo nadie abrió la boca.
Finalmente, hay dos testimonios que desnudan que las ediciones de estos días de diarios como el New York Times y el Washington Post compraron información poco verificada. Uno es de Craig Murray, un bloguero británico que fue por casi dos años embajador de Londres en Uzbekistán. Murray declaró que los mails que según Clinton habría perjudicado su candidatura no fueron hackeados sino que fueron divulgados mediante una filtración de los servicios de inteligencia, de alguien como Snowden que quería que el público conociera lo que ocurre puertas adentro del poder en EE UU. Y dijo más, que conocía al whistlerblower (soplón) pero no iba a divulgar su nombre.
La otra fuente es el fundador de WikiLeaks, hoy día asilado en la embajada ecuatoriana en Londres. Julian Assange declaró que los famosos cables no provenían de espías rusos sino de alguien de la CIA al que iban a proteger por seguridad.
Ante los primeros ataques, Trump tildó a las denuncias de ridículas y luego fue al grano. «Ellos (la CIA) son los mismos que dijeron que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva.» La alianza entre la diplomacia estadounidense, los organismos de inteligencia y el régimen saudita puede ser la primera víctima de este acercamiento a Rusia. Y la industria bélica puede perder mucho dinero.
«Bajo el liderazgo de Clinton –revela Chossudovsky– el Departamento de Estado aprobó $ 165 mil millones en ventas de armas comerciales a 20 naciones cuyos gobiernos han dado dinero a la Fundación Clinton(…) 151 mil millones de dólares de acuerdos separados por el Pentágono para 16 de los países que donaron a la Fundación Clinton, lo que resultó en un aumento del 143% en las ventas realizadas a esas naciones durante el mismo período durante la administración Bush.»
Mucho dinero como para rendirse sin al menos hacer bulla. «
Hackeo a hackeo, elector a elector
El sistema electoral de EE UU es el mismo que crearon los «padres fundadores». Y al presidente lo elige un colegio electoral que surge de los comicios. Muy pocas veces ocurrió que el candidato con más votos electorales no haya sido el más votado en las urnas. Pero nunca se había dado que la diferencia fuera tan abismal. Hillary Clinton obtuvo el 8N más de 2,6 millones de votos que Trump, aunque tiene 232 electores contra 302 del republicano.
Si los «malditos mails» perjudicaron a Clinton no se notó en las urnas, más bien se refleja en que los republicanos armaron una ingeniería electoral que les permitió tener más votos en distritos clave que les permitían sumar más electores. Detalle: salvo en dos estados, en el resto el que gana la elección, así sea por un voto, se lleva todos los electores.
Así se entiende mejor el objetivo de una operación como la que se armó en torno al supuesto hackeo ruso. Putin es el ogro de la película para los medios y el aparato político occidental desde hace algunos años. Si además se lo puede vincular al polémico Trump, se podría lograr que algunos de los electores den vuelta su mandato partidario en aras de la Patria y nombren a HIllary.
Así, diversos colectivos y organizaciones a través de redes sociales impulsan una campaña para que los electores republicanos no voten por un candidato que, dicen, no es apto para defender al país. Se prevén manifestaciones este lunes bajo el lema de que Clinton tuvo mayor cantidad de apoyos populares, lo cual se cierto. Un grupo anti-Trump denominado «Electors Trust», ofrece asesoría legal gratuita a los electores presidenciales republicanos que quieran pegar el salto para advertirlos sobre las consecuencias, que según el distrito no pasa de una multa de 1000 dólares.
El objetivo de máxima no es que todos se den vuelta. Para ser ungido presidente se necesitan 270 votos electorales. Con 37 que salten el cerco, a Hillary le alcanza para llegar a la Casa Blanca. Hacia ellos apuntan.
Tiempo Argentino
Diciembre 18 de 2016
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