por Alberto López Girondo | Mar 9, 2017 | Sin categoría
Como cada vez que el gobierno de Cambiemos adelanta medidas difíciles de digerir, en las últimas semanas de febrero comenzaron a circular en los medios afines al oficialismo estadísticas sobre el consumo excesivo de agua en Buenos Aires y el Conurbano. Según estudios de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, en el área metropolitana, la que cubre AYSA, cada usuario gasta un promedio de 336 litros de agua al día, el doble de Uruguay, Chile y Brasil y el triple de México, Colombia y Perú.
Probablemente el dato sea correcto, no hace falta sino ver, sobre todo por las mañanas, la cantidad que se gasta en la clásica «manguereada» a las veredas de los edificios porteños o los fines de semana, cuando los vecinos limpian generosamente sus autos a puro baldazo.
En distritos del interior es normal que este tipo de acciones estén penalizadas y que para evitar una multa se deba aclarar que para los patios se usa agua de pozo y no del servicio público. Potabilizar es caro y más cuando el agua no abunda.
Lo que en este caso oscurece el mensaje es que de inmediato sale el anuncio de que el gobierno proyecta subir un 22% la tarifa, quitar el subsidio a 1,5 millones de usuarios y poner medidores.
Una de las primeras medidas del gobierno al llegar a la Casa Rosada fue aumentar los servicios públicos. Tuvo tropiezos con la electricidad y el gas, pero el incremento del agua, que fue de un 400%, pasó casi inadvertido. Y hablando en términos crudamente reales, una vida sin electricidad ni gas es técnicamente posible, pero no sin agua.
Otro mal gusto que deja esta campaña es que se produce al mismo tiempo que en El Bolsón hubo otra masiva marcha contra el proyecto turístico de una empresa ligada a un amigo del presidente que pretende lotear las fuentes de las que muchos productores nutren sus campos y muchos otros pobladores obtienen el agua para consumo personal.
Revista Acción
Febrero 15 de 2017
por Alberto López Girondo | Feb 15, 2017 | Sin categoría
La represión a los integrantes de la comunidad mapuche de Cushamen a mediados de enero generó una tensa situación para el gobernador chubutense Mario Das Neves y puso en foco a nivel nacional el tema de la posesión de las tierras en grandes extensiones de la Patagonia.
Por orden del juez federal Guido Otranto, dos centenares de gendarmes tomaron por asalto la comunidad Pu Lof, ubicada a unos 40 kilómetros al norte de Esquel. Fue a pedido del mandatario provincial, que exigía desalojar la ocupación de un tramo del tren conocido como La Trochita, que va hasta El Maitén, un tramo que, desde hace anos no se utiliza para el recorrido turístico. El operativo dejó un sal- do de al menos tres heridos graves y una decena de detenidos, y repercutió en los medios de todo el país e incluso más allá́ de las fronteras.
En varias entrevistas el gobernador negó́ su responsabilidad en la represión, pero se encargó de defenestrar a los miembros de la agrupación Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) a la que acusa de «no reconocer las leyes ni al Estado argentino». Y acusa directa- mente a Facundo Jones Huala de ser el líder y responsable de múltiples atentados tanto de este lado de la frontera como en Chile.
Jones Huala y el juez Otranto se vieron las caras el año pasado, cuando la Justicia chilena reclamaba la extradición del activista mapuche por una causa penal en ese país. Otranto, en ese caso, denegó́ el pedido y liberó a Jones Huala, con lo que se ganó el enfrentamiento con Das Neves, que le pidió́ el juicio político. El RAM se reivindica como representante de la nación mapuche que, como tal, es preexistente a la creación de los Estados chileno y argentino. Del otro lado de la frontera se los persigue apelando a las leyes antiterroristas de la época de Pinochet. De este lado, el ministro de gobierno de Das Neves pidió aplicar normativas similares en su contra. Cushamen es un territorio que fue recupera- do por esa comunidad a fines de 2015 a la empresa Benetton. El grupo italiano había obtenido como parte de la compra de Tierras del Sur, de capitales británicos, que a su vez las habían conseguido por su apoyo a la Campaña del Desierto de Julio Roca, en el siglo XIX.
La perfección de los títulos
Desde el punto de vista de la organización estatal instaurada por la Generación del 90, Benetton tiene lo que se llama «títulos perfectos» para justificar la propiedad de las enormes extensiones de tierras que tienen en esa región. El problema es que se obtuvieron mediante el despojo de los ocupantes originarios, ya que la Patagonia no era un desierto y esos habitantes tenían una concepción bien diferente de la propiedad de la tierra, a la que consideran un bien que deben cuidar pero no le pertenece a ningún humano.
Unos días antes se había realizado una masiva marcha en El Bolsón, provincia de Río Negro, contra un proyecto turístico en las laderas del cerro Perito Moreno en que tiene supuesta participación el británico Joseph Lewis, amigo del presidente Mauricio Macri. En este caso, el proyecto pone en riesgo la provisión de agua para regadío, e incluso para beber, para un área importante de tierras, ya que ocupa las nacientes de ríos y arroyos.
Muchos de los que marcharon por la ciudad rionegrina –hubo unos 10.000 manifestantes, la mitad de la población estable– comentaban que Lewis, que también es propietario de todos los campos que rodean a Lago Escondido, no tenia títulos tan perfectos para ocupar esas extensiones. Para colmo, no facilita el acceso al lago como exigen las leyes nacionales.
Unos días más tarde el presidente Macri salió́ en su defensa en la primera conferencia de prensa del año. Dijo que daba trabajo a centenares de personas y que no entendía lo que consideró «ataques permanentes» contra la figura del empresario inglés.
Revista Acción
Febrero 1 de 2017
por Alberto López Girondo | Feb 15, 2017 | Sin categoría
La CGT anunció una movilización para el 7 de marzo y un paro, sin fecha fija, para «la segunda semana» de ese mes. Se abrieron negociaciones a todo vapor en medio de los enfrentamientos internos dentro del sindicalismo. Debate por el perfil gremial.
Si algo mostró la masiva manifestación del 30 de abril de 2016 por el Día del Trabajador, es que el espacio del movimiento obrero podría convertirse en un baluarte de la oposición a las medidas más irritativas del gobierno de Mauricio Macri. El escenario de Paseo Colón e Independencia había juntado a las hasta entonces tres CGT y a las dos CTA en lo que se interpretó como el inicio de una escalada de reclamos por la pérdida de puestos de trabajo, poder adquisitivo y derechos laborales. Las más de 300.000 personas que habían ocupado de bote a bote las dos avenidas planteaban ese reclamo de combatividad que, sin embargo, se fue demorando en el tiempo.
En los meses subsiguientes, la caída de la actividad económica y la profundización de la crisis económica corrieron paralelas a negociaciones entre los distintos líderes sindicales y las autoridades. Como fruto de esas conversaciones, desde el gobierno decidieron abrir el grifo para pagar deudas con las obras sociales sindicales por unos 30.000 millones de pesos. El 22 de agosto se conformó finalmente el triunvirato para conducir una CGT unificada más por el espanto que por el amor. Héctor Daer, Carlos Acuña y Juan Carlos Schmid emergieron como las caras visibles de los sectores gremiales dentro de la central obrera cercana al peronismo.
Que no comulgaban en muchas de las iniciativas ni en las perspectivas frente al oficialismo era evidente desde antes de cerrar ese acuerdo. Pero hubo entonces una coincidencia que en sordina todos admitían: no convenía enfrentar drásticamente a un gobierno que había asumido pocos meses antes mediante el voto popular. Sobre todo ante un frente conservador que había llegado a la Casa Rosada enancado en los aires antipopulistas que destilaban los medios de comunicación.
Pero el inicio de 2017 trajo peores noticias. El aumento en el precio de los combustibles a mediados de enero y el tarifazo de la luz en febrero, que en nada contribuyen a la prometida baja en la inflación –41% en 2016, cerca de 2% en enero de este año– socavan cualquier intento de paz social que quiera ensayar una organización obrera, por más amigable que pretenda mostrarse. Más aún cuando los despidos en la actividad privada, con el añadido de la caída del consumo, golpean en el mismo sector asalariado que espera respuestas de la dirigencia y no la encuentra en la oposición política. Fue en este contexto que las CTA anunciaron la reunificación de la central, pero para 2018.
Shock eléctrico
El anuncio del ministro de Energía de un nuevo golpe al bolsillo de los argentinos, con subas de hasta 148% en la electricidad, fue difícil de digerir tanto para el ciudadano de a pie como para los empresarios pyme, que no logran despegar y ya computan miles de persianas cerradas desde diciembre de 2015. Las recomendaciones de Juan José Aranguren de reducir consumos de elementos ya esenciales para la vida en comunidad, como una computadora o un lavarropas, sin ir más lejos, generaron el punto de quiebre para convencer a los más realistas entre los dirigentes cegetistas de que algo tendrían que hacer.
Así fue que el 2 de febrero, en un debate áspero entre los distintos sectores que forman parte de la CGT, se anunció una movilización para el 7 de marzo y un paro general para la segunda semana de ese mes. La distancia a la movilización y la laxitud del anuncio de una huelga son síntomas no solo de la falta de consenso para enfrentar las medidas del gobierno, sino el deseo de negociar hasta última hora para que la sangre no llegue al río.
Se sabe que dentro del local de la Federación Naval donde se desarrolló el debate hubo pases de facturas. La división entre gremios de servicios y de la producción –por poner dos ejemplos extremos: metalúrgicos y trabajadores de estaciones de servicios– viven distintas etapas de esta realidad. Algunos tienen un día a día de despidos y suspensiones, los otros pueden capear mejor los temporales. Por otro lado, hay un grupo de gremialistas que fueron indispensables para sostener el modelo menemista en los 90, conocidos como «los Gordos» (entre ellos Carlos West Ocampo, de Sanidad; y Armando Cavalieri, de Comercio), que encabezan los grupos más afines a Macri y recibieron los mayores aportes a sus obras sociales. Como para devolver gentilezas a quienes rememoraron ese pasado, salieron a impugnar el acercamiento que gremios como la UOM y los albañiles tuvieron con los gobiernos de los Kirchner.
El secretario general de la Bancaria, Sergio Palazzo, hace tiempo reclama la elaboración de un programa de los trabajadores para enfrentar el embate contra derechos adquiridos. Radical de origen, Palazzo tiene buena llegada y sabe cómo moverse dentro de un mundo de tradición peronista como el de la CGT y les evoca asiduamente los programas combativos de La Falda y Huerta Grande en 1957 y 1962.
El gremio bancario logró aumentos en una paritaria corta con las cámaras que debía revisarse en mayo. El acuerdo no gustó en la Casa Rosada, que lo caratuló como un arreglo inflacionario y dio orden de no homologar al Ministerio de Trabajo. La puja llegó a la Justicia, que aceptó el pedido de amparo del gremio. Ahora es el turno de los docentes, que consiguieron que las provincias se sumaran a su reclamo de una paritaria nacional por área y no por distrito, como pretendían desde el Palacio Pizzurno. La oferta en la provincia de Buenos Aires era de un 18% con una cláusula gatillo si se dispara la inflación. Los gremios la rechazaron porque el año pasado se disparó la inflación pero el gatillo permaneció inmutable.
Revista Acción
Febrero 15 de 2016
por Alberto López Girondo | Feb 15, 2017 | Sin categoría
«No puede ser embajador un señor que viene a destruir la casa», dijo de un modo categórico –y haciendo honor a su apellido– Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo. El «señor» en cuestión es Theodore Roosevelt Malloch, PHD en Economía Política Internacional por la Universidad de Toronto, docente y lobista en el Capitolio con un paso como diplomático en las Naciones Unidas en Ginebra, quien se ganó la enemistad de los organismos paneuropeos por decir que el euro podría colapsar en un plazo de 18 meses y que Grecia estaría a punto de salirse de la moneda común.
Tal vez finalmente no ocurra lo que Tajani y la propia canciller Federica Mogherini rechazan: que Malloch sea designado embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea. Pero en todo caso, el desatino del asesor presidencial fue suficiente como para erizar los pelos en un continente que todavía no digiere el Brexit. Y para alertar sobre el plan de Donald Trump de desatar una guerra de monedas que consume esa ambigua situación que crece larvadamente desde la crisis de 2008 en episodios puntuales.
Malloch, que no tiene prurito en decir lo que piensa –lo que atrae especialmente a Trump, otro incontinente verbal– se ufanó de que en su anterior paso por la diplomacia había ayudado a «hacer caer a la antigua Unión Soviética. Así que es probable que haya otra Unión que necesita un poco de amansamiento», señaló en referencia clara a la Unión Europea. Trump ya había dado muestras de incondicional apoyo al Reino Unido y al gobierno conservador de Theresa May en este momento crítico. Malloch explicó esa posición al decir que su presidente «no cree en las instituciones supranacionales». Algo que ya había demostrado con el retiro del Tratado Trans Pacífico y el anuncio de que piensa rever el que Estados Unidos mantiene con México y Canadá y de que reimpulsará la industria estadounidense a como dé lugar.
Precisamente otra de las formas para poner en marcha el programa que prometió en campaña es presentar batalla en el mercado de cambios. En el primer día en la presidencia denunció a China, con ese tono de indignado que lo caracteriza, como «un manipulador de divisas». En uno de sus ya masivos tuits, fue más contundente al decir que «si miran lo que hace China y lo que hizo Japón durante años, ellos juegan al jueguito de la devaluación, mientras que nosotros nos quedamos sentados como unos idiotas». Esto es, que las dos economías asiáticas fijan un valor arbitrariamente bajo a sus monedas para hacer más competitiva a su economía y beneficiar a su comercio exterior.
Por esa misma época otro de sus asesores, Peter Navarro, director del Consejo Nacional para el Comercio de Estados Unidos, disparaba sus dardos contra Alemania, país al que acusó de mantener un euro muy subvalorado «para explotar a sus socios comerciales de Europa y a los EEUU». Trump en persona dijo en una entrevista al británico The Times y al germano Bild que «si miras a la UE, es Alemania. Básicamente es un vehículo para Alemania», frase puntualmente repudiada por la canciller AngelaMerkel.
No resulta casual que el euro cayó levemente el viernes ante el dólar, que sigue animado por la promesa del presidente estadounidense de anunciar en pocas semanas una «fenomenal» reforma fiscal con rebajas de impuestos.
Para quienes piensan el valor de la divisa en función de los bienes o las reservas que garantizan su fortaleza, resulta difícil explicar cuál es el sustento real del dólar desde que en agosto de 1971 el presidente Richard Nixon suspendió la convertibilidad con el oro. No es osado decir que en gran medida se apoya en Estados Unidos como gendarme del mundo, pero sobre todo en que el dólar es la moneda en que se intercambian productos esenciales en esta etapa del capitalismo internacional, como el petróleo y los alimentos.
Desde este ángulo, se puede interpretar la invasión de Libia y la destrucción del Estado construido por Muhammar Khadafi desde 2011 y los ataques a los gobiernos progresistas latinoamericanos como una represalia. A partir de la crisis de 2008, China anunció la acuñación del yuan de oro y desde algunos países árabes exportadores se comenzó a manifestar la voluntad de reintroducir el patrón de oro. Khadafi pretendía emplear el dinar de oro para su comercio internacional. Mientras tanto, en América Latina los gobiernos de Venezuela, Brasil y Argentina –Lula da Silva, Cristina Fernández y Hugo Chávez, junto con los mandatarios de Bolivia y Ecuador– propugnaban el comercio intrazona en monedas locales o en un recurso financiero denominado SUCRE.
Ahora, Trump también amenazó con romper o al menos diluir el efecto de los acuerdos nucleares que habían firmado los cinco miembros permanentes en el Consejo de Seguridad de la ONU más Alemania con el gobierno de Irán. La respuesta de estos últimos días de Teherán la dio el gobernador del Banco Central de la República Islámica, Valiollah Seifm, quien adelantó que desde el 21 de marzo dejará de utilizar al dólar como moneda de elección en sus informes financieros para avanzar paulatinamente hacia el intercambio en otras divisas. Irán tiene el 13% de las reservas de petróleo reconocidas por la OPEP y tuvo ventas en 2016 por 41 mil millones de dólares, lo que para los analistas es un volumen importante como para hacer ruido en esa guerra que se avecina.
El último año de gestión de Barack Obama no dejó buenas señales para su sucesor, que bien podría hablar de «pesada herencia». El país celebró sus 41 años ininterrumpidos de déficit comercial con una diferencia negativa en su comercio exterior de 502.252 millones de dólares, la mayor desde 2012. Mientras tanto, el dólar se fortaleció un 3,6% en relación a una canasta de seis monedas.
El diario mexicano El Financiero cita a Joachim Fels, asesor económico global de Pacific Investment Management, en una frase que ilustra claramente que las bravatas de Trump tienen también un contexto y buscan un objetivo en el mundo de las cosas concretas: «El nuevo gobierno estadounidense es menos propenso a tolerar la solidez del dólar y mucho más inclinado a usar el arma nuclear del proteccionismo.» Lo que abre las puertas a una abierta guerra de divisas que quizás el cálido intercambio telefónico del jueves con el presidente chino Xi Jinping –en el que se comprometió a respetar la política de «una sola China»– no alcance a disipar.
Tiempo Argentino
Febrero 12 de 2017
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