por Alberto López Girondo | Ene 19, 2017 | Sin categoría
La liberación de Ricardo Antihual, Ariel Garci y Nicolás Hernández Huana, los últimos tres detenidos tras la brutal represión a la comunidad mapuche de Cushamen, marcó el corolario de una semana de máxima tensión en la Comarca Andina de Chubut y Río Negro. Para muchos lugareños con no menguada perspicacia política, el ataque de Gendarmería en la Pu Lof de Vuelta del Río no fue más que el intento de esconder un elefante en una manada. De este modo vinculan el impacto que produjo la multitudinaria manifestación de no menos de 10 mil personas del sábado pasado en El Bolsón contra el proyecto turístico de una empresa ligada al magnate británico Joe Lewis –amigo del presidente Mauricio Macri– con la feroz incursión de los uniformados en tierras recuperadas a la familia Benetton en marzo de 2015. A esta sospecha se añade la oportunidad en que se produce esta manifestación de violencia estatal, en el marco de una creciente espiral represiva reclamada desde los medios concentrados y el gobierno central contra la protesta social y cuando en Buenos Aires se desarrollaban atropellos similares contra los manteros de Once.
El capítulo violento en Chubut comenzó en las primeras horas del martes cuando dos centenares de efectivos de Gendarmería tomaron por asalto un sector de la Pu Lof de Cushamen, unos 40 kilómetros al norte de Cholila –donde alguna vez vivió el pistolero Butch Cassidy–, amparados en una orden del juez federal de Esquel Guido Otranto para liberar la traza del ferrocarril conocido como La Trochita. «Sufrimos una represión nefasta», relató a este diario una de las referentes de las comunidades mapuches de la zona, Ivana Huenelaf. Los gendarmes arrasaron viviendas y golpearon bárbaramente a mujeres y niños, mientras algunos jóvenes huían atravesando el río. «Nos atacaron con balas de goma pero también con plomo, nos persiguieron con drones, helicópteros y con aviones hidrantes», agregó Huenelaf.
Los gendarmes cortaron todos los accesos al territorio por la ruta 40 y El Maitén y obligaron a un desvío del tránsito a través de Cholila y el camino de ripio que atraviesa el Parque Los Alerces. Pobladores y activistas cortaron, a su vez, la ruta a la altura de Epuyén, donde se agolparon en pocos minutos cientos de autos de turistas y camiones repletos de carga. Tras una tensa negociación con la policía local, que quedó muy expuesta por el airado reclamo de los representantes comunitarios ante un enjambre de periodistas locales y de Tiempo, único medio porteño en el lugar, los caminos quedaron despejados.
Un día más tarde, los policías chubutenses se tomaron revancha con un nuevo ataque, a cargo de la infantería y un escuadrón del GEOP: desde una camioneta y una combi balearon a mansalva hacia la Pu Lof, con un saldo de dos heridos graves, uno de ellos con fractura de cráneo. El saldo de esos dos días de violencia estatal fue de diez detenidos y varios lesionados por balas de goma. Organismos de Derechos Humanos, dirigentes sociales y políticos y representes de la Iglesia reclamaron a los gobiernos nacional y provincial que pongan fin a semejante accionar.
La disputa sobre ese tramo de vías comenzó el año pasado y formaba parte de las negociaciones de la comunidad mapuche en pos de plasmar en hechos más firmes la recuperación de sus tierras ancestrales en la región. El tren, sin embargo, lleva años sin pasar por allí. El gobierno chubutense y la empresa explotadora del ferrocarril turístico rompieron la mesa de diálogo a fines de 2016. Para diciembre, más de un centenar de gendarmes habían sido trasladados a la zona de El Maitén por orden de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, hecho que las comunidades habían denunciado como una amenaza.
El juez Otranto no está considerado un enemigo del pueblo mapuche. De hecho, había rechazado el pedido de extradición del activista mapuche Facundo Jones Huala a Chile en septiembre de 2016, lo que le acarreó elogios de los organismos de Derechos Humanos y el repudio del gobernador Mario Das Neves, que incluso lo denunció ante el Consejo de la Magistratura por mal desempeño de sus funciones. Jones Huala está acusado en Chile por las leyes antiterroristas que rigen allí para perseguir a las poblaciones originarias que reclaman sus derechos territoriales. Nació dentro de las fronteras argentinas, lo que para su pueblo es sólo una clasificación arbitraria. Para el ministro de Gobierno chubutense Pablo Durán, su accionar también debería ser clasificado como terrorista en la Argentina, idea que comparte Bullrich con el envío de tropas federales para reprimir a los pobladores originarios.
Quien sí fue recusado por la defensa de los mapuches detenidos, por «enemistad manifiesta», fue José Luis Colabelli, juez que ordenó otro de los allanamientos y que en 2004 fuera destituido por la represión a la comunidad Fermín, de Vuelta de Río, y por declaraciones discriminatorias hacia los pueblos originarios. La Corte Suprema lo devolvió a sus funciones en 2010.
Ante la repercusión que alcanzó el hecho en el país y en el exterior, Das Neves envió a sus mejores negociadores para abrir algún espacio de diálogo con las comunidades: el mismo miércoles se firmó un acta para «preservar la paz social» y avanzar «en reclamos y necesidades de las comunidades de los pueblos originarios», un acuerdo a las apuradas que cayó mal entre no pocos dirigentes mapuches. Soraya Maicoño, una de las voceras reconocidas por los pobladores prefiere esperar para ver: «Tres personas no pueden arrogarse la representación de todas las comunidades, eso no es bueno. Sin embargo, tal vez esto sirva para que paren la represión brutal que estamos padeciendo.»
Por lo pronto, siete de los detenidos fueron liberados al otro día. A esa altura los reclamos crecían y hasta el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, debió emitir un comunicado instando a retomar vías civilizadas para negociar. El viernes, una comitiva integrada por Nora Cortiñas, Nicolás del Caño, Pablo Pimentel y Maria del Carmen Verdú, entre otros referentes sociales, viajaron a Esquel para hablar con el juez Otranto. A la salida, Verdú dijo a este diario que el magistrado había reconocido que no había muchas razones jurídicas para mantener a los últimos tres detenidos tras el ataque en Cushamen. Lo que adelantaba una salida a un nuevo episodio de esta centenaria historia de despojo.
Tiempo Argentino
Enero 15 de 2017
por Alberto López Girondo | Dic 19, 2016 | Sin categoría
El gobierno de Barack Obama y el aparato militar industrial pusieron todos los cañones en tratar de que Donald Trump no sea nominado mañana presidente por el Colegio Electoral (ver aparte). Puede parecer una elucubración de mentes afiebradas, proclives a las teorías conspirativas. Pero las últimas denuncias sobre el hackeo de mails comprometedores de Hillary Clinton y el argumento de que detrás de esa operación estarían espías cibernéticos y el propio Vladimir Putin para que ganara el polémico empresario, despertó las más encendidas refutaciones de sectores, tanto de la derecha como de la izquierda.
La ecuación, según advierte el canadiense Michel Chossudovsky –un académico creador del Centro de Investigación sobre la Globalización (CRG) y del sitio globalresearch.ca– es fácil de entender si se analiza a quiénes responden Trump y Clinton. «Hillary es la candidata del complejo industrial militar de EE UU, su agenda de política exterior no responde directamente a los intereses de un gran segmento de la América corporativa, incluyendo un sector importante de la industria petrolera», detalla.
La designación de Rex Tillerson como secretario de Estado, en cambio, es una muestra del grupo al que representa Trump. Porque Tillerson es CEO de ExxonMobil y como representante de la industria petrolera tejió una sólida amistad con Putin al cabo de múltiples negociaciones en asociación con la rusa Rosneft para explotaciones en el Mar Negro, en Siberia y en el Ártico.
Ponerlo en el lugar que hasta 2013 ocupó Hillary es toda una señal de los nuevos tiempos que quiere imponer Trump, que fustigó en la campaña la política exterior de los demócratas y especialmente el tono belicista de la gestión de Obama. No se trata de que el futuro mandatario sea de por sí un pacifista, sino de que en el establishment estadounidense hay una pelea de fondo entre dos grupos contrapuestos que pelean por la hegemonía.
En la edición web de Tiempo pueden verse los detalles de una operación mediático-política iniciada en mayo con las primeras denuncias de un posible hackeo que hicieron voceros del gobierno de Obama. Gran parte de esa información se conoció, avanzada la campaña electoral, a través del sitio WikiLeaks, que publicó cientos de mails que comprometían a la candidata demócrata. Clinton salió ahora con encendida furia a hacerse eco de supuestas investigaciones de la CIA que confirmarían la incursión cibernética rusa.
Lo que destacan analistas de la talla de Justin Raimondo –un «paleolibertario antibélico» más cercano a los conservadores que al progresismo– es algo elemental para quien quiere entender lo que está sucediendo con esa denuncia: ninguno de los grandes medios ni funcionarios dice cuál es la fuente de esa investigación. Además, si existiera algo semejante no se entiende por qué Obama no llamó por lo menos al embajador ruso para pedirle explicaciones, algo usual en la diplomacia en casos como este. Por otro lado, la agencia que hurga en las redes cibernéticas no es la CIA sino la NSA, según reveló el Edward Snowden. Y en ese organismo nadie abrió la boca.
Finalmente, hay dos testimonios que desnudan que las ediciones de estos días de diarios como el New York Times y el Washington Post compraron información poco verificada. Uno es de Craig Murray, un bloguero británico que fue por casi dos años embajador de Londres en Uzbekistán. Murray declaró que los mails que según Clinton habría perjudicado su candidatura no fueron hackeados sino que fueron divulgados mediante una filtración de los servicios de inteligencia, de alguien como Snowden que quería que el público conociera lo que ocurre puertas adentro del poder en EE UU. Y dijo más, que conocía al whistlerblower (soplón) pero no iba a divulgar su nombre.
La otra fuente es el fundador de WikiLeaks, hoy día asilado en la embajada ecuatoriana en Londres. Julian Assange declaró que los famosos cables no provenían de espías rusos sino de alguien de la CIA al que iban a proteger por seguridad.
Ante los primeros ataques, Trump tildó a las denuncias de ridículas y luego fue al grano. «Ellos (la CIA) son los mismos que dijeron que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva.» La alianza entre la diplomacia estadounidense, los organismos de inteligencia y el régimen saudita puede ser la primera víctima de este acercamiento a Rusia. Y la industria bélica puede perder mucho dinero.
«Bajo el liderazgo de Clinton –revela Chossudovsky– el Departamento de Estado aprobó $ 165 mil millones en ventas de armas comerciales a 20 naciones cuyos gobiernos han dado dinero a la Fundación Clinton(…) 151 mil millones de dólares de acuerdos separados por el Pentágono para 16 de los países que donaron a la Fundación Clinton, lo que resultó en un aumento del 143% en las ventas realizadas a esas naciones durante el mismo período durante la administración Bush.»
Mucho dinero como para rendirse sin al menos hacer bulla. «
Hackeo a hackeo, elector a elector
El sistema electoral de EE UU es el mismo que crearon los «padres fundadores». Y al presidente lo elige un colegio electoral que surge de los comicios. Muy pocas veces ocurrió que el candidato con más votos electorales no haya sido el más votado en las urnas. Pero nunca se había dado que la diferencia fuera tan abismal. Hillary Clinton obtuvo el 8N más de 2,6 millones de votos que Trump, aunque tiene 232 electores contra 302 del republicano.
Si los «malditos mails» perjudicaron a Clinton no se notó en las urnas, más bien se refleja en que los republicanos armaron una ingeniería electoral que les permitió tener más votos en distritos clave que les permitían sumar más electores. Detalle: salvo en dos estados, en el resto el que gana la elección, así sea por un voto, se lleva todos los electores.
Así se entiende mejor el objetivo de una operación como la que se armó en torno al supuesto hackeo ruso. Putin es el ogro de la película para los medios y el aparato político occidental desde hace algunos años. Si además se lo puede vincular al polémico Trump, se podría lograr que algunos de los electores den vuelta su mandato partidario en aras de la Patria y nombren a HIllary.
Así, diversos colectivos y organizaciones a través de redes sociales impulsan una campaña para que los electores republicanos no voten por un candidato que, dicen, no es apto para defender al país. Se prevén manifestaciones este lunes bajo el lema de que Clinton tuvo mayor cantidad de apoyos populares, lo cual se cierto. Un grupo anti-Trump denominado «Electors Trust», ofrece asesoría legal gratuita a los electores presidenciales republicanos que quieran pegar el salto para advertirlos sobre las consecuencias, que según el distrito no pasa de una multa de 1000 dólares.
El objetivo de máxima no es que todos se den vuelta. Para ser ungido presidente se necesitan 270 votos electorales. Con 37 que salten el cerco, a Hillary le alcanza para llegar a la Casa Blanca. Hacia ellos apuntan.
Tiempo Argentino
Diciembre 18 de 2016
por Alberto López Girondo | Dic 19, 2016 | Sin categoría
La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la tan célebre como tenebrosa CIA, parece inmersa en otra de sus ancestrales costumbres: la de elaborar estrategias para derrocar presidentes poco amigos “de la casa”. O al menos eso denuncian muchos cronistas que no se creen eso de que Rusia intervino en las elecciones de Estados Unidos a favor de Donald Trump en un inédito resabio de la guerra fría. Sin embargo, el pedido de investigar una posible incursión cibernética de expertos de Moscú es apoyado hasta por líderes del mismo partido por el que compitió el polémico empresario inmobiliario.
Paul Ryan, presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, fue candidato a vice de Mitt Romney en 2012 y es uno de los favoritos del Tea Party, el grupo más radicalizado dentro del partido republicano, lo que no es poco decir. A regañadientes –como muchos otros republicanos- aceptó que Donald Trump hubiera sido el aspirante a la Casa Blanca y se supone que lo votó por disciplina partidaria aunque con un broche en la nariz.
Ahora se sumó al abanico de dirigentes que rechazan las nuevas alianzas que “su” presidente electo quiere establecer con Vladimir Putin. Y es uno de los conservadores que se sumó al pedido de investigación de espionaje ruso en los comicios estadounidenses que la CIA viene fogoneando en sordina desde hace meses.
Un caso que, de ser verdad, implicaría no solo un escándalo internacional sino que debería poner al país en pie de guerra. Trump, sin embargo, dobló su apuesta y nombró a alguien que conoce muy bien a Putin y negoció infinidad de veces con él, como el CEO de ExxonMobil Rex Tillerson para la secretaría de Estado.
Quema esos mails
Desde sectores políticos de izquierda y principalmente desde rincones libertarios de tendencia pacifista, sin ser “trumpistas” sostienen que hay en danza una colosal operación del servicio de inteligencia que se inició en mayo con la intención de limar el apoyo ciudadano al mediático empresario. Y ahora, elucubran, buscan quitarle apoyos en el colegio electoral. Es bueno recordar que Hillary Clinton obtuvo más de 2,6 millones de votos que Trump, aunque tiene 232 electores contra 302 del republicano.
Justin Raimondo, un “paleolibertario antibélico”, es agudo en la ironía: “la CIA está a la altura de sus viejos trucos, derribar un gobierno democráticamente elegido. Solo que esta vez es nuestro gobierno”.
El 18 de mayo, cuando las primarias estaban a pleno y Trump venía arrollando entre los republicanos, el director de Inteligencia Nacional del gobierno de Barack Obama, James Clapper, denunció una serie de ataques informáticos contra los dos partidos y adelantó que “a medida que la campaña avance probablemente sabremos mucho más” sobre el asunto.
Un mes más tarde, una empresa de ciberseguridad contratada por el Partido Demócrata señaló como posibles responsables del robo de datos del sistema informático a “los poderosos y muy capacitados servicios de inteligencia del gobierno ruso”.
Al otro día de la nominación de Trump, el 22 de julio, WikiLeaks publicó cerca de 44.000 mails y unos 18.000 documentos pirateados al Comité Nacional Demócrata (CND).
WikiLeaks entre en el juego
No fue sino hasta octubre, en plena disputa electoral entre Clinton y Trump y a un mes de la elección, que Clapper denunció que detrás de los ataques estaba Moscú. Desde entonces WikiLeaks fue poniendo en la web correos electrónicos de la cuenta personal del director de campaña de Clinton, John Podestá, que afectan especialmente a la aspirante a la Casa Blanca por las maniobras que expone para llegar al poder y por su responsabilidad en el uso de servidor oficial para mandar información privada.
Algunos de esos mails demuestran que la esposa de Bill Clinton estaba muy preocupada por el avance de Bernie Sanders en la interna demócrata y desnuda oscuras estrategias para atacar al senador por Vermont. La defesa del CND fue decir que los mismos que habían atacado al comité son los que hackearon las cuentas y las filtraron a WikiLeaks.
Tras la confirmación del triunfo electoral de Trump, desde la comisión de Inteligencia del Senado estadounidense se comenzó a menear la idea de investigar si hubo intervención de Rusia en el comicio para beneficiar al empresario. Y este último fin de semana el Washington Post y el New York Times se hicieron eco de un informe de la CIA que afirma que el gobierno ruso quiso ayudar a Trump publicando los correos hackeados a Podestá y al CND.
El Post, incluso, asegura –siguiendo la línea indicada por el dossier de la CIA- que espías ligados a Rusia entregaron los correos pirateados a WikiLeaks. Y agrega, citando a un alto funcionario estadounidense al que deja en el anonimato, que “la opinión de consenso” en la agencia es que “el objetivo de Rusia era favorecer a un candidato sobre el otro, ayudar a Trump a ser elegido”.
Por las dudas, el diario aclara líneas abajo que esa información es apenas una evaluación de una de las 17 agencias de Estados Unidos y que no hay pruebas de quienes serían los funcionarios rusos que ordenaron filtrar la información a WikiLeaks. El mandatario electo, como era de esperar, rechazó las conclusiones del informe de inteligencia y las calificó de ridículas. «No saben si fue China, Rusia u otro», aseveró. Y golpeó en un lugar que duele en las mentes mejor pensantes de Estados Unidos: “Son los mismos que dijeron que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva”.
¿Pirateo o filtración?
La primera gran desmentida sobre la información partió desde la embajada ecuatoriana en Londres. Allí el asilado creador de WikiLeaks, Julian Assange, declaró que la fuente de los documentos publicados por el sitio no es ningún agente ni intermediario ruso.
A favor de los dichos de Assange intervino Craig Murray, un diplomático, académico y bloguero británico que fue por casi dos años embajador de Londres en Uzbekistán, hasta que fue depuesto por decir cosas inconvenientes para la política de la corona como que el uzbeco era un régimen fascista. Ahora Murray reveló que no hubo hackeo en la difusión de los correos. Más aún, tras aclarar que hay una diferencia sustancial entre piratear y filtrar, asegura que la información que supuestamente benefició a Trump salió de Langley, la sede de la CIA. Y afirma que conoce al “garganta profunda” que llevó el material a WikiLeaks. Que obviamente no es ruso, recalca.
El nuevo enemigo publico
Varias preguntas surgen a partir de todo esto. Una es por qué desde la agencia e incluso entre quienes proponen investigar el caso desde el Congreso -ligados al partido republicano muchos de ellos- quieren ir contra Trump. La periodista independiente Marcy Wheeler, experta en temas de seguridad y defensora de las libertades civiles, percibe que las nuevas alianzas que pretende Trump incomodan a la gran corriente de pensamiento e intereses creados en torno de la política exterior estadounidense en varias décadas.
Y un punto clave sería el Medio Oriente, ya que el acercamiento a Putin implica correrse de la intervención en Siria, donde Moscú es el principal sostén de Bashar al Assad. Por otro lado, la relación con el régimen de Arabia Saudita cambiaría radicalmente, lo que dejaría a la CIA fuera de foco en esa región y complicaría una relación tortuosa pero beneficiosa para las necesidades estratégicas de Washington.
“La CIA tiene una relación de larga data con Riad y juntos han trabajado asiduamente no sólo para derrocar a Al Assad en Siria, sino para forjar una alianza sunita ´moderada´ que vigile la región mientras establece a los saudíes como hegemón regional”, sostiene Wheeler.
Esto explicaría algunas de las razones para ir contra el inefable Trump y también para haber planteado la operación cuando todavía se podía minar el apoyo al empresario en la interna partidaria y luego cuando se lo podía derrotar en la presidencial. La otra cuestión sería porqué con el resultado puesto seguir batiendo ese parche.
El que ensaya una respuesta es Raimondo. El 19 de diciembre se reúne el Colegio Electoral que debería ungir a Trump. Los que se oponen a su nominación podrían tener en este informe de la CIA –que bueno es decirlo, carece de fuentes identificadas y no generó una protesta encendida de Obama ni de su canciller John Kerry- una buena excusa para abstenerse o votar por otro, que no necesariamente debería ser Hillary Clinton.
La opción es la que desliza Paul Craig Roberts, ex funcionario del Tesoro en el gobierno de Ronald Reagan y encendido opositor ahora a la limitación de derechos que se extendió en Estados Unidos desde el 2001. “Si los oligarcas neoconservadores o de seguridad militar están dispuestos a actuar tan públicamente en violación de la ley contra un presidente entrante que podría acusarlos y someterlos a juicio por alta traición, ¿no estarían dispuestos a asesinar el presidente electo?”.
Inquietante pregunta para una nación que ya sabe de qué se trata eso.
Tiempo Argentino
Diciembre 15 de 2016
por Alberto López Girondo | Dic 14, 2016 | Sin categoría
El embate contra el polémico presidente de la Cámara de Senadores brasileña, Renan Calheiros –que se atrevió a no dejar el cargo ante el pedido de un juez de la Corte y se salió con la suya– es apenas una muestra en escala de la descomposición que envuelve a la dirigencia política, que usó una argucia para acusar y destituir a Dilma Rousseff y ahora enfrenta escándalos de proporciones mayúsculas. Uno de los protagonistas de esta trama es la empresa Odebrecht, uno de los emblemas del período de Lula en el poder y ahora una pieza clave para develar los manejos de la política en Brasil.
La historia de este gigante que emplea a 168 mil trabajadores en 28 países –incluida la Argentina– y factura alrededor de 29 mil millones de dólares anuales comienza en 1856. Ese año, Emil Odebrecht, un joven de 23 años oriundo de Jacobshagen, Pomerania –entonces parte de Prusia y ahora territorio polaco– llegaba a América para afincarse en el sur del Brasil.
Era la segunda gran oleada de alemanes que llegaban a este rincón del mundo. En 1820 hubo una primera migración, atraída por el emperador Pedro I, que quería poblar de connacionales de su esposa, María Leopoldina de Habsburgo, esa región en disputa con las Provincias Unidas. Muchos de aquellos germanos terminaron como mercenarios en la guerra contra Buenos Aires, entre 1825 y 1828.
El primero de los Odebrecht se casó con su paisana Bertha Bichels y tuvieron 15 hijos. Es el tronco de una rama que computa más de 1300 personas con ese apellido. El más famoso en estos últimos meses es Marcelo Odebrecht, condenado a 19 años de prisión bajo severos cargos de corrupción como responsable de uno de los mayores conglomerados empresariales del mundo, con intereses en la construcción y la industria petrolera y química.
Marcelo Odebrecht fue uno de los principales aliados de Lula desde que llegó al poder, en 2003. Tanto la megaempresa como otros grandes holdings como Camargo Correa, constituyeron la “burguesía nacional” con la que el PT aspiraba al despegue de Brasil como potencia mundial.
Con créditos del Banco Nacional de Desarrollo y un empuje indudable, Odebrecht había extendido sus tentáculos hacia la mayoría de los países latinoamericanos y algunos africanos de lengua portuguesa. En Argentina ganó decenas de licitaciones desde 1987 y es uno de los que hará el soterramiento del ferrocarril Sarmiento. En Cuba construyó el complejo Puerto Mariel, una de las mayores apuestas del gobierno de la isla en esta etapa de actualización del modelo socialista.
Pero desde que intentaron poner un pie en Miami, murmuran en la filial porteña, se le complicaron las cosas. Y cuando el juez Sergio Moro avanzó en la megacausa Lava Jato, el nombre de Odebrecht era figura cantada en el despacho del polémico magistrado. Hace 16 meses, tras varios amagues, Moro ordenó la detención de Marcelo Odebrecht y de otros directivos de la firma. Ya había dejado tras las rejas a responsables de otras contratistas de Petrobras.
Marcelo Odebrecht cerró la boca por más de un año, como para cumplir un pacto de caballeros con el partido con el que había crecido tanto. Hasta que un golpe parlamentario dejó fuera de juego a Dilma Rousseff en agosto pasado. Y entonces abrió negociaciones con el juez. Prendería el ventilador y ordenaría hacer lo propio a ejecutivos bajo la figura de la “delación premiada”.
La semana pasada trascendió la lista de los que recibieron aportes de Odebrecht en distintas etapas de estos últimos años. Podría decirse que están todos, pero todos. Es cierto que aparecen encumbrados representantes del PT –no así Lula ni Dilma– pero especialmente se pueden ver los dirigentes que dieron el golpe. El que abrió el impeachment y terminó expulsado de la Cámara Baja, Eduardo Cunha, el canciller José Serra, algún apellido Temer que se relaciona fácilmente con el presidente y, claro, el senador Calheiros.
Esta semana hubo un pase de comedia cuando el juez supremo Marco Aurelio Mello ordenó suspender al jefe de los senadores por una causa de corrupción que data de 2007. La edición de Playboy de octubre de ese año mostraba como “conejita” de tapa a Mónica Veloso, examante del presidente de la Cámara Alta. La mujer, periodista, dijo que tenía una hija de tres años con Calheiros y que le retaceaba dinero. Era grave que las hubiera mantenido en las sombras, pero más que había conseguido “aportes” de empresas para darles una mensualidad bajo cuerda durante años.
Calheiros, del mismo partido de Temer y pieza clave hoy día para aprobar una reforma constitucional que limita el gasto público por dos décadas, también fue acusado de haber beneficiado a una fabricante de cerveza y de ser socio oculto de emisoras de radio. En esa época, el escándalo repercutía en el PT, ya que el hombre era aliado del gobierno de Lula. Ahora, todos sus atributos quedaron expuestos, como en una tapa de Playboy.
Tiempo Argentino
Diciembre 11 de 2016
Comentarios recientes