por Alberto López Girondo | Abr 12, 2017 | Sin categoría
El gobierno de Vladimir Putin exigirá a Donald Trump que presente pruebas de que Siria atacó con armas químicas en la ciudad de Jan Sheijun, provincia de Idlib, la excusa para ordenar la andanada de misiles que descargó sobre una base militar en Homs y que puso en vilo a la comunidad internacional. Será este martes cuando el secretario de Estado Rex Tillerson visite Moscú. «Que venga y que nos explique lo que hicieron. Le vamos a decir todo lo que pensamos», señaló a la cadena NTV la portavoz de la cancillería rusa, María Zajárova.
El sorpresivo ataque ordenado por Trump con misiles Tomahawk, según deslizan cerca de Putin y coinciden analistas internacionales, tenía como objetivo demostrar –mediante una peligrosa exageración de recién converso- que para nada es amigo del presidente ruso, principal sostén internacional de Bashar al Assad. Y que detrás de ese bombardeo sobre la base de Shairat, en la provincia de Homs, está el interés de realinear a la coalición occidental.
En ese sentido, en las últimas horas Bélgica y Alemania adelantaron un paso al costado de la coalición militar destinada a combatir al grupo yihadista Estado Islámico (ver aparte). Los últimos atentados en Suecia, Bélgica, Alemania y antes Francia tienen mucho que ver con esta decisión, pero también que no les queda claro hacia dónde quiere ir Trump o hasta dónde lo dejará el establishment, que desde que ganó la elección viene fustigando su pretendido acercamiento a Putin.
En la madrugada del jueves pasado, fueron lanzados 59 misiles de crucero Tomahawk desde el portaaviones USS George H. W. Bush, de la Sexta Flota apostada en el Mediterráneo, contra la base aérea siria de Shairat, causando al menos siete muertos, dos de ellos civiles.
La ofensiva unilateral estadounidense fue, según Trump, en respuesta a un supuesto ataque con armas químicas contra la ciudad de Jan Sheijun que causó 84 muertes y más de 500 heridos y había sido denunciado tres días antes por la opositora Coalición Nacional para las Fuerzas de la Oposición y la Revolución Siria, una ONG con sede en Londres.
Las imágenes de niños y adultos bajo los efectos del gas sarín conmovieron a todo el mundo y levantaron quejas en los grandes medios contra el gobierno de Al Assad, acusado de haber vuelto a viejas prácticas de utilizar químicos prohibidos por los protocolos de la guerra. Desde Damasco respondieron que todas las armas no convencionales en manos del gobierno sirio habían sido destruidas con supervisión de Naciones Unidas, tal como marcaron los acuerdos entre Barack Obama y Putin en 2014. Y que el ataque en Jan Sheijun fue contra una base del EI, que si eso desencadenó una nube letal es porque los terroristas tenían esas armas atesoradas en el lugar.
El canciller ruso, Sergei Lavrov, insiste en la posición de Moscú: no hay pruebas de que las tropas de Al Assad hayan usado armas químicas. «Esto recuerda a 2003 cuando Estados Unidos, el Reino Unido y sus aliado, invadieron Irak sin autorización del Consejo de Seguridad usando como excusa que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva » que, por otro lado, nunca se encontraron. Este martes, Lavrov y el secretario de Estado Rex Tillerson se verán los rostros en Moscú, y el ruso ya adelantó que le piensa decir en la cara todo lo que piensa de esta peligrosa movida.
¿Esta maniobra implica un giro copernicano de Trump sobre su planteo inicial de cambiar de cuajo las relaciones internacionales de Estados Unidos? Se recordará que el empresario dijo en campaña y anunció desde que se mudó a la Casa Blanca, el 20 de enero, que la política de Obama había sido errada, que era necesario coordinar con Rusia la forma de manejar las relaciones internacionales. Además, que EE UU no iba a seguir haciendo el mayor gasto para sostener a la OTAN en Europa, y que los europeos debían hacerse cargo de cuidar de sus propias espaldas.
De cara al frente interno, Trump quiso representar la demanda de sectores afectados por la globalización, como los asentados en el «cinturón de óxido», la región del medio este donde prosperó la industria automotriz. Un cambio radical en relación al crecimiento de áreas como Silicon Valley, con su ultrasofisticado desarrollo tecnológico, y el aparato militar industrial, que hace negocios con la guerra. Esto bastó para enfrentarlo a la dirigencia política, la burocracia estatal (el llamado Estado Profundo) y los servicios de inteligencia y los medios hegemónicos.
Obama dejó el gobierno despotricando contra una presunta injerencia de Putin en la campaña a favor de Trump, culpando a espías rusos de haber hackeado cuentas de correo de su candidata, Hillary Clinton, quien sin embargo logró 3 millones de votos más en el conteo final. La embestida creció desde el 20 de enero al punto de que obligó a la renuncia de su designado asesor en Seguridad Nacional, el general Michael Flynn. El sucesor del puesto que alguna vez ocupó Henry Kissinger fue «acusado» de haber mantenido reuniones con el embajador ruso en Washington. El mismo cargo pesa sobre varios de los funcionarios designados por Trump.
El viernes, mientras el secretario general de la ONU, António Guterres, expresaba su preocupación por la escalada bélica en Siria, Trump celebraba en Florida el «formidable avance» de sus relaciones con China, durante el segundo día de visita oficial del presidente chino, Xi Jinping. En la Bolsa de Nueva York, en tanto, las acciones del fabricante de los misiles Tomahawk, Raytheon, subían el 1,72 por ciento. Mucho en los términos en que se manejan las acciones en el centro del poder financiero internacional. Raytheon, para los fundadores de la compañía, quiere decir “Luz de los dioses”.
Tiempo Argentino
Abril 9 de 2017
por Alberto López Girondo | Abr 8, 2017 | Sin categoría
En menos de 24 horas, la intervención de la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, desactivó una decisión del Tribunal Supremo de Justicia arrogándose funciones legislativas, con el simple expediente de decir que, como planteaban en fila los sectores opositores y la derecha internacional pero también muchos dentro del chavismo, esa medida atentaba contra la Constitución.
Lo que vino después aceleró un trámite que se percibía intrincado: el Consejo de la Defensa de Venezuela, encabezado por el presidente Nicolás Maduro –sin la presencia de Ortega Díaz ni del presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges– determinó que el polémico fallo debería volver atrás, cosa que el TSJ cumplió de inmediato. Así, los cancilleres de los países fundantes del Mercosur, convocados de urgencia a Buenos Aires, también recularon en lo que apuntaba a la aplicación de alguna sanción grave contra Venezuela, ya suspendida por la adecuación de normativas burocráticas para la incorporación plena al organismo regional.
Las controvertidas decisiones numeradas como 155 y 156 del TSJ se referían a dos cuestiones concretas. Una quitaba la inmunidad legal a los integrantes de la Asamblea Nacional, la otra derivaba en el propio tribunal funciones legislativas reconocidas para el Parlamento. Desde el oficialismo defendieron esta medida como un modo de garantizar la gobernabilidad en el marco de un continuo hostigamiento de la Asamblea, dominada por la oposición, que bloquea cualquier intento de encauzar la difícil situación económica por la que atraviesa el país.
La diputada Tania Díaz, del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), la agrupación política creada por Hugo Chávez, recordó en un reportaje al programa Ida y Vuelta, de Radio Cooperativa, que «el 9 de enero la Asamblea Nacional decretó el abandono del cargo del presidente Nicolás Maduro, un acuerdo aprobado solo que no hubo escándalo ni denuncia de golpe de Estado, porque los medios están alineados a los grandes capitales que quieren venir a apropiarse de la renta petrolera».
Para explicar cómo se llegó hasta acá se debe señalar que la Asamblea se negaba a aprobar la posibilidad de que el gobierno constituyera empresas petroleras mixtas, una forma de obtener recursos mediante PDVSA ante la baja de ingresos por los valores del casi exclusivo producto de exportación del país. La sentencia 156 de la Sala Constitucional del TSJ le daba esa facultad al Ejecutivo sin pasar por el Legislativo.
El enfrentamiento entre la Asamblea y el Palacio Miraflores se hizo habitual desde que la oposición nucleada en la Mesa de la Unidad Democrática, (MUD) ganó las elecciones legislativas del 6 de diciembre de 2015. El triunfo fue abrumador pero generó una controversia ya que la elección de tres diputados de la región amazónica fue impugnada por el TSJ a raíz de denuncias de fraude. Esas tres bancas le permitían a la MUD contar con más del 66% de los curules, lo que daría pie incluso a una reforma constitucional.
La Asamblea, decidida a capitalizar el resultado de las urnas, de todas maneras les tomó juramento. Las diferencias se fueron acentuando y de poco sirvió la intervención del Papa Francisco, que envió a un representante para abrir una mesa de diálogo con participación de expresidentes de varios países. La oposición quería un referéndum revocatorio que el gobierno fue demorando a la espera de mejores momentos políticos.
A esta altura, los gobiernos derechistas regionales apuraban definiciones contra Venezuela para consolidar sus políticas neoliberales y así fue que en el Mercosur, los gobiernos de Argentina, el golpista de Brasil y el de Paraguay forzaron a retirarle la presidencia pro témpore a pesar de que Uruguay había planteado su voluntad de seguir las normativas en vigencia.
Por otro lado, un uruguayo que había sido canciller del Frente Amplio, Luis Almagro, comenzó a desplegar desde la OEA una ofensiva antichavista que lo llevó a ganarse la enemistad de líderes de su propia agrupación, como el expresidente José Mujica. El crecimiento de la OEA desde el oriental que llegó a la Secretaría es paralelo al «ninguneo» que sufre Unasur, la creación de Chávez que impulsa una salida negociada para la crisis.
En los primeros días de este año la MUD dio por terminado el diálogo y decretó el abandono del cargo de Maduro. El TSJ respondió declarando en desacato a la Asamblea ya que la Carta Magna no contempla el impeachment.
«Desde que la oposición ganó, la Asamblea Nacional ha desconocido a los demás poderes y se niega a acatar la última palabra en materia de ordenamiento jurídico que garantiza el cumplimiento de la Constitución», sostuvo la diputada Díaz, que hace hincapié en que el Parlamento no hizo nada para investigar el fraude que rodea la elección de los tres diputados amazónicos.
¿Cómo sigue la historia? Por el momento, los países del Mercosur pidieron garantizar la independencia de los poderes y el sistema democrático en Venezuela. «Estamos abogando porque se cumpla el cronograma electoral, para las elecciones a gobernadores, que fueron postergadas en 2016, a autoridades comunales previstas para 2017, y a las presidenciales de 2018», dijo ayer la canciller argentina, Susana Malcorra. Habrá que ver qué hace Almagro, que la semana pasada no logró consenso para imponer a aquel país la cláusula democrática del organismo regional con sede en Washington.
Tiempo Argentino
Abril 2 de 2017
por Alberto López Girondo | Mar 29, 2017 | Sin categoría
Dos gobiernos sudamericanos que por su posición ideológica deberían marchar juntos en el camino de la integración regional, se encuentran enfrentados por las consecuencias de una guerra que solo benefició a las empresas explotadoras de guano, salitre y metales a fines del siglo XIX. Y en estos días, cuando se cumplen 138 años de las primeras refriegas de aquella contienda, la detención de dos militares y siete civiles bolivianos acusados de haber cruzado 400 metros la frontera son el emblema de una escalada de imprevisibles consecuencias entre Chile y Bolivia.
Para el gobierno de Evo Morales, fueron carabineros chilenos los que pasaron el límite estatal, y dicen que se instauró una operación en venganza por el planteo que La Paz hizo en la corte de La Haya en reclamo de una salida al mar. «Sobre todo, porque ese reclamo está prosperando y hay muchas posibilidades de obtener resultados favorables», dicen en fuentes diplomáticas bolivianas.
El disparador de esta explosiva situación se produjo el lunes pasado, cuando desde Santiago se informó sobre la captura de nueve personas que según la presidenta Michelle Bachelet, «estaban en territorio chileno cometiendo delitos; querían robarse nueve camiones con productos y se robaron uno».
De inmediato, desde el Palacio Quemado replicaron que en realidad carabineros chilenos habían ingresado a territorio boliviano para apresar a dos uniformados y siete civiles que estaban haciendo un operativo para desbaratar una maniobra de contrabando con camiones que pretendían ingresar en el país del Altiplano. Para más datos, aseguran contar con los registros de los equipos de GPS de los militares donde se demostraría que el incidente se produjo en jurisdicción boliviana.
El hecho resulta llamativo, al conmemorarse el jueves pasado el Día del Mar, en recuerdo del 23 de marzo de 1879, cuando se desataron los primeros escarceos de la guerra de los tres nombres (del Pacífico, del Guano o del Salitre), que hasta 1883 enfrentó a tropas chilenas, peruanas y bolivianas y que culminó con la derrota de Bolivia, lo que implicó la pérdida de 120 mil kilómetros cuadrados de superficie y 400 kilómetros de costa.
Lo que ahora reclama el gobierno de Morales no es la restitución del territorio, ya que los chilenos se aferran a un tratado conseguido tras la rendición, en 1904, y que involucra también a Perú, sino «un acceso soberano al mar a través de una negociación diplomática y así garantizar una sana convivencia pacífica de los pueblos y la integración de nuestra región»; según los documentos presentados en La Haya.
Lo curioso es que este enfrentamiento se agudiza con un gobierno como el de Bachelet, del Partido Socialista chileno, y otro como el de Evo Morales, del Movimiento al Socialismo (MAS). Más aun si se recuerda que el tema de la salida al mar estuvo a punto de ser resuelto entre dos dictaduras criminales como la de Augusto Pinochet y Hugo Banzer, en 1979.
Para mostrar las razones para el reclamo–además de su contenido simbólico, que los bolivianos comparan con lo que Malvinas representa para los argentinos- Bolivia aportó cifras frías: carecer de una ruta para la exportación a través del mar representa pagar un 31% más en fletes que el resto de los países de la región, un 55,7% más que las exportaciones chilenas, y un 60% más que las peruanas. Por otro lado, sostienen que desde el fin de aquella guerra nefasta para el continente, Chile recibió más de 900 mil millones de dólares por la exportación de cobre extraído de territorio que era de Bolivia.
Tiempo Argentino
Marzo 26 de 2017
por Alberto López Girondo | Mar 21, 2017 | Sin categoría
Mackie Messer (El Navajas) pasó a la historia no solo por ser un personaje clave de la Ópera de tres centavos de Bertolt Brecht, sino por una frase con la que pretende justificarse minutos antes de ser ahorcado. «¿Qué delito es robar un banco comparado con fundarlo?» Y al menos desde la quiebra del Lehman Brothers, en septiembre de 2008, los grandes bancos no hicieron sino corroborar ese aserto por sus oscuros procedimientos para hacer dinero más allá de todo límite. La parábola podría cerrar con el escándalo de los Panamá Papers, donde claramente aparecen los mismos bancos que hace casi diez años llevaron al mundo a la mayor crisis económica desde 1930.
Pero últimamente grandes marcas industriales se encolumnan en las mayores investigaciones judiciales de varios países por manejos copiados del capitalismo financiero: manipulación de datos, sobornos, evasión y hasta lavado de dinero. Los que descuellan por estos días son la alemana Volkswagen, el segundo mayor fabricante de autos del mundo; Samsung, el coloso de la electrónica coreano; Odebrecht, la constructora brasileña; y Airbus, la trinacional europea productora de aviones comerciales. Pero no son los únicos, ni habrán de ser los últimos seguramente.
En el caso de las instituciones financieras, es bueno mencionar que desde aquel aciago 2008 pagaron la friolera de 321 mil millones de dólares de multas (la mitad del PBI argentino) por delitos detectados por organismos de control estadounidenses, según datos del Boston Consulting Group.
En la lista están el Deutsche Bank, el Credit Suisse, el JP Morgan Chase, el HSBC, el ING, el Lloyds, el ABN AMRO, el Barclays y, más recientemente, el BNP Paribasy el Commerzbank. Que hayan preferido pagar a las autoridades reguladores antes que someterse a juicio indica que el riesgo de pasar por el banquillo es mucho mayor, y no solo a nivel monetario.
Para tener una idea de lo que significa este proceder valga contar que en España hay más de 200 banqueros acusados de delitos económicos. Algunos, como los titulares del Santander, Emilio Botín –ya fallecido– o Emilio Yebra, expresidente del BBVA, fueron acusados de delitos fiscales, otros como el extitular del FMI y ministro de Hacienda español Rodrigo Rato, por utilizar tarjetas de crédito no declaradas cuando fue directivo del Bankia, aunque también enfrenta cargos por haber llevado esa entidad a la bancarrota.
Pero las empresas industriales, esas que se dedican a elaborar productos tangibles, se ven sometidas cada vez más a ese mismo tipo de escrutinios judiciales.
Un caso flagrante es el de Volkswagen, que también prefirió pagar 23 mil millones de dólares a organismos estadounidenses antes que explicar por qué había fraguado un equipamiento electrónico que aseguraba un nivel mínimo de contaminación en motores diesel para burlar los controles oficiales de emisiones. Cuando se detectó la maniobra, el presidente de la compañía, Martin Winterkorn, se cargó todas las culpas y renunció para no profundizar el escándalo. Ya se habían vendido 11 millones de vehículos en todo el mundo, 600 mil solo en EE UU. Este miércoles la canciller alemana, Angela Merkel, tuvo que pasar por una comisión parlamentaria para rendir cuentas, ya que la firma tiene participación estatal. Allí dijo que no supo nada del caso sino hasta que estalló en la prensa, a fines de 2015.
En América Latina el caso Odebrecht resuena en los despachos de cientos de dirigentes políticos, con o sin mandato actual, luego de la orden de los propietarios de la compañía brasileña, un gigante de la construcción que tiene intereses también en la industria química, para que los ejecutivos involucrados en la causa Lava Jato ingresen en el sistema de delación premiada . O sea, que prendan el ventilador en la fiscalía a cambio de morigerar las penas que le cabrían.
En estos días el fiscal Rodrigo Janot tiene en sus manos un frondoso expediente con las declaraciones de casi 80 directivos que salpican a prácticamente toda la dirigencia brasileña, sin distinción de lengua, raza o religión (ver página 23). Pero también involucra a dirigentes de una docena de países de la región e incluso del África lusoparlante. La empresa también pagó multas –2600 millones de dólares en EE UU, Suiza y Brasil– tras reconocer que pagó sobornos. De todas manaeras su presidente, Marcelo Odebrecht, continúa preso y difícilmente eluda el proceso judicial.
La operatoria también roza al expresidente peruano Alejandro Toledo y al colombiano Juan Manuel Santos. Todavía en Argentina no se conocen todos los alcances, aunque ya tocó al jefe de los espías, Gustavo Arribas y a la empresa del primo del presidente, Angelo Calcaterra.
Al mismo nivel presidencial, pero en la lejanía, descuella el hecho que le costó el cargo esta semana a la primera mandataria de Corea del Sur, Park Geun-hye y que llevó tras las rejas al vicepresidente de Samsung, Lee Jae-yong, hijo y heredero del fundador de este enorme conglomerado orgullo de la tecnología de su país.
La mandataria tiene –o tenía, quién sabe– una amiga y confidente, Choi Soon-sil, maliciosamente apodada «la Rasputina». La investigación judicial determinó que Soon-sil le había pedido fuertes sumas de dinero a Jae-yong a cambio de facilitarle la resolución de ciertos asuntillos necesarios para el crecimiento de la empresa. Según parece, le habría dado unos 40 millones de dólares para, entre otras cosas, financiar en Alemania el entrenamiento de jinetes surcoreanos. Una de las amazonas es hija de Soon-sil. A cambio de tamaño altruismo, Samsung recibió el aval para la fusión de sus dos unidades de negocios, Cheil Industries y C&T.
Fiscales financieros de Francia y Gran Bretaña, a su vez, investigan desde hace algunas semanas el presunto pago de sobornos para «aceitar» la venta de aviones Airbus en distintas partes del mundo. Airbus Group integra el selecto club de miembros de la industria aeroespacial y de defensa y surgió en 2000 de la fusión de la alemana Daimler-Benz Aerospace AG, la francesa Aerospatiale-Matra y la española CASA.
A mediados de febrero, el gobierno de Austria se sumó a este embate judicial con una demanda por la venta hace 15 años de aviones caza Eurofighters. Argumenta que las autoridades fueron víctimas de un «engaño fraudulento» y reclaman el pago de 1100 millones de euros en daños. Por ahora Airbus dice que no hubo dolo y que no piensan pagar.
Tiempo Argentino
Marzo 19 de 2017
Comentarios recientes