por Alberto López Girondo | Jun 27, 2017 | Sin categoría
Mientras avanzan las causas contra el mandatario, sus principales denunciantes, los dueños del frigorífico JBS, intentan conseguir fondos para pagar las multas por las coimas abonadas.
Ante la mirada poco piadosa de una dirigencia política plagada de miembros de iglesias evangélicas ultraconservadoras –representadas por quienes mentaron a Dios para destituir a Dilma Rousseff– resulta paradójico que el presidente al que ayudaron a ungir cayera por el pecado de la carne. Y sin embargo el explosivo enfrentamiento de Michel Temer con los dueños del frigorífico JBS se ha convertido no solo en un problema para el ocupante del Planalto, sino que puede hundir a una de las industrias más importantes del vecino país, con repercusiones de este lado de la frontera.
Por un lado, el procurador general, Rodrigo Janot, presentará tres denuncias contra Temer, con base en las confesiones de los directivos de JBS y al audio que grabó el titular de la multinacional, Joesley Batista.
La primera será por corrupción pasiva, la segunda por obstrucción de la Justicia y la tercera por organización criminal.
Al mismo tiempo la industria cárnica de Brasil, la más importante del mundo y que emplea en forma directa e indirecta a por lo menos 6 millones de personas y factura más de 13 mil millones de dólares al año, recibió un golpe que puede ser letal. EE UU suspendió el ingreso de carne, alegando problemas sanitarios derivados del uso de una vacuna contra la aftosa.
Luego de que saliera a la luz el operativo Carne Débil, que involucró a los mayores faenadores brasileños en una adulteración masiva de los productos que procesan, el negocio comenzó a tambalear y a duras penas el gobierno alcanzó a frenar el bloqueo a las compras de varios países.
Pero se sabe que ese rubro nadie se anda con chiquitas a la hora de ganar mercados, y JBS, una multinacional que nació hace 64 años como una pequeña comercializadora local y se expandió al infinito durante la gestión Lula, está ahora probando parte de su medicina.
JBS logró créditos muy convenientes del Banco Nacional de Desarrollo. Así salió a la compra de frigoríficos en todo el mundo. En Argentina se quedó en 2005 con Swift Armour, además de otras plantas menores por las que pagaron, según Dardo Chiesa, titular de Confederaciones Rurales Argentinas, mucho más de su valor de mercado con tal de quitar de en medio a los competidores. Dos años más tarde desembarcaron en EE UU, donde la joya de la corona fue una procesadora de pollos.
Ahora, JBS aceptó haber pagado coimas a por lo menos 1800 políticos, y en un acuerdo con la fiscalía, no solo grabó al presidente en negociaciones comprometidas, sino que aceptó pagar una fuerte multa para resarcir al Estado por sus faltas.
Pero además apuró la venta a Minerva Foods, también brasileña, de sus subsidiarias en Argentina, Uruguay, Paraguay, con el argumento de que debía hacerse de fondos para las penalidades. Pero para algunos funcionarios judiciales ese apuro podría esconder una maniobra para guardar a buen recaudo la fortuna de sus dueños.
Fue así que la Defensoría General pidió al Tribunal de Cuentas el bloqueo de todos los bienes de JBS. Y un juez paralizó la venta de las empresas en el Cono Sur, hasta que el Tribunal Supremo confirme el acuerdo de delación premiada. Para ambos estamentos, esos activos pueden ser la única forma de resarcirse de los delitos de los que se acusa a la multinacional. De este lado, en tanto, esperan que con JBS o con quien sea, Argentina recupere los mercados que a causa de la aftosa, también, perdió décadas atrás. «
Tiempo Argentino
Junio 25 de 2017
por Alberto López Girondo | Jun 27, 2017 | Sin categoría
La foto es de El debate/La Jornada
La vigilancia que ejerce el Ejecutivo de Peña Nieto sobre los trabajadores de prensa no evita que continúen siendo asesinados.
Mientras el gobierno de Enrique Peña Nieto encabezaba una ofensiva contra Venezuela en el marco de la 47ª Asamblea General de la OEA que se realizaba en Cancún, debía enfrentar una andanada de cuestionamientos por el espionaje contra periodistas y activistas de DD HH.
El caso, de por sí escandaloso, no fue tratado en la Organización de Estados Americanos, donde en cambio el canciller Luis Videgaray impulsaba duras sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro, al que reclama «el respeto a la Asamblea Nacional, la elaboración de un calendario electoral, la libertad de presos políticos y el freno al proceso constituyente que polariza más a la sociedad».
El espionaje masivo en México surge de una denuncia de organizaciones mexicanas que fue revelada por The New York Times, en la que insistieron en que diferentes actores sociales son vigilados en el marco de una política de intimidación generalizada.
En un documento titulado «Gobierno Espía: la vigilancia sistemática en contra de periodistas y defensores de Derechos Humanos en México», las principales organizaciones de la sociedad civil denunciaron que «el espionaje en México se ha convertido en un mecanismo efectivo de intimidación».
El influyente diario estadounidense informó esta semana que personalidades como la periodista Carmen Aristegui y el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Mario Patrón, fueron víctimas de espionaje en sus celulares mediante un programa desarrollado en Israel y que se comercializa bajo el nombre de Pegasus.
La empresa desarrolladora, NSO Group, asegura que el Pegasus se vende exclusivamente a gobiernos y su objetivo es el seguimiento de organizaciones criminales y terroristas. Esa es la defensa que esgrimió en su favor el gobierno de Peña Nieto, quien afirmó que esa sofisticada tecnología es utilizada con el fin de «mantener condiciones de seguridad para la sociedad y para combatir al crimen organizado».
El software se dispara con un SMS y puede llegar a infectar el teléfono para espiar al usuario hasta el punto de usar la cámara y el micrófono para vigilarlo.
La empresa mexicana Balam Seguridad Privada y su subsidiaria Grupo Tech Bull con conexiones con compañías de Israel serían el vehículo a través del cual dependencias oficiales adquirieron el malware.
Balam, propiedad del empresario de origen israelí Asaf Israel Zanzuri y del mexicano Rodrigo Ruiz Treviño de Teresa sería la única distribuidora autorizada del grupo NSO en México, según publicó el sitio especializado Reporte Índigo.
Los dos dueños son señalados como clientes del despacho panameño Mossack Fonseca, cuyas operaciones sirvieron de base para la investigación internacional de los Panama Papers. En 2015 el despacho creó dos fideicomisos en Nueva Zelanda en la que ambos eran beneficiarios.
La Procuración General de la República (PGR) respondió con evasivas sobre la firma de los contratos con NSO Group, la empresa que comercializa Pegasus. Cuando el año pasado activistas digitales preguntaron oficialmente a la Fiscalía qué servicios había adquirido a la firma israelí, la respuesta burocrática fue que «la Agencia de Investigación Criminal (de la PGR) localizó la información solicitada (y) la misma constituye información clasificada como reservada», según consta en el mencionado informe «Gobierno espía», realizado por la Red de Defensa de Derechos Digitales. Esto indica que la sociedad podrá conocer los detalles del controvertido acuerdo recién en 2021.
Si se comprobara que el gobierno usa el software para espiar a periodistas, no parece haber tenido demasiada efectividad en detectar el operativo por el que resultó asesinado el 16 de mayo pasado el periodista Javier Valdez Cárdenas, corresponsal de La Jornada, en Culiacán, la capital de Sinaloa. El hombre era el que más conocía dentro de la sociedad civil sobre los cárteles de la droga y especialmente en su estado. Su crimen, en plena calle y a la luz del día, fue un mensaje mafioso que los servicios de espionaje no pudieron o no quisieron detectar.
En marzo otra corresponsal del diario mexicano, Miroslava Breach, fue acribillada a balazos a la salida de su casa en Chihuahua. En lo que va del año ya fueron asesinados seis periodistas en México, ya más de la mitad que el año pasado, que batió récords con 11 ejecuciones. Desde 2000, han muerto más de 100 trabajadores de prensa, lo que indica que la profesión de periodista en ese país está entre las de mayor riesgo.
Otro problema para el presidente Peña Nieto es la respuesta que tuvo ante la publicación de New York Times y las críticas de los sectores involucrados en el espionaje: pidió que se aplique todo el peso de la ley contra quienes, a su juicio, levantaron falso testimonio contra su gobierno.
«Espero que la PGR con celeridad pueda deslindar responsabilidades y espero que al amparo de la ley pueda aplicarse contra aquellos que han levantado estos falsos señalamientos contra el gobierno», dijo en un acto en el estado de Jalisco.
Pero tuvo que desdecirse en forma inmediata por la repercusión adversa que tuvo el comentario. Y ahora dice haber instruido a la PGR para que investigue las denuncias de los diferentes foros sociales y gremiales.
Legisladores mexicanos de todas las tendencias, en tanto, condenaron el espionaje y estudian la creación de una comisión bicameral para investigar el caso. Según publicó la agencia Sputnik, el proyecto presentado por el Partido del Trabajo con apoyo del movimiento de Andrés López Obrador, Morena, llama a «evitar que estas conductas antidemocráticas queden impunes».
En la lista de funcionarios que deberían testificar ante esa comisión inscribieron al secretario de la Gobernación (Interior), Miguel Ángel Osorio; al procurador general de la República, Raúl Cervantes; y al director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Eugenio Ímaz. Quieren que expliquen qué dependencias o entidades del gobierno mexicano son las que ordenaron la compra del software Pegasus y bajo qué argumentos.
Una docena de periodistas y directivos de organismos humanitarios afectados por el presunto espionaje presentaron denuncias ante el Ministerio Público y reclamaron protección a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a organismos internacionales.
Tiempo Argentino
Junio 25 de 2017
por Alberto López Girondo | Jun 24, 2017 | Sin categoría
El oficialismo celebró de buena gana que el candidato de la alianza ECO-Cambiemos, Eduardo Tassano, destronara al intendente correntino Fabián Ríos, del Partido Justicialista (PJ), por casi 4 puntos de diferencia: 50,17% contra 46,47%. El jefe comunal electo superó la mitad de los votantes en un distrito que Ríos gobernó en los últimos cuatro años, pero que dirigió el radicalismo desde 2001, luego de la debacle del clan Romero Feris, que llevó a las intervenciones federales de Ramón Mestre y Oscar Aguad. El peronismo siempre tuvo dificultades para hacer pie en la provincia, hasta que en 2009 el regatista olímpico Carlos Mauricio Espínola dio el batacazo y ganó la intendencia de la capital, justo cuando el Frente para la Victoria (FpV) sufría un revés en las parlamentarias de medio término de la primera gestión de Cristina Fernández, con el recuerdo fresco del conflicto con el campo. Ríos sucedió a Espínola en otro momento crítico para el kirchnerismo, en 2013.
Este cambio de tendencia encuentra a la alianza de gobierno en plena deliberación sobre el modo de construir consensos internos para las legislativas de octubre, con amplios sectores del radicalismo molestos por el modo en que el presidente Mauricio Macri maneja la relación con el partido que en 2015 le aportó estructura para poder presentarse en todos los distritos. El triunfo de Tassano, un médico cardiólogo radical de reconocida trayectoria, que fue concejal y diputado provincial, alegró al oficialismo nacional y le dio un respiro cuando varias encuestas mostraban a un electorado esquivo a las políticas del gobierno central.
El peronismo, en tanto, pudo mostrar dos triunfos en el primer domingo del año electoral que le dan aire en momentos en que también dirime su interna, bastante áspera en más de una provincia. En Chaco, que realizó las PASO para renovar la mitad de la Cámara Baja, el Frente Chaco Merece Más, que gobierna la provincia con Domingo Peppo y la capital con Jorge Capitanich, obtuvo 50,12% de los sufragios, contra el 33,5% de las tres listas sumadas que apoyan a Cambiemos.
En La Rioja también se renueva la mitad de la Cámara Baja y allí Cambiemos apenas superó el 18% de los votos. El justicialismo fue dividido, y en su versión más exitosa, que llevaba el logo oficial del PJ, logró cerca del 25% de los votos, mientras que Encuentro por La Rioja, otro afluente peronista, quedó en segundo lugar, con escasa diferencia sobre Cambiemos. El triunfo permitió que el presidente del PJ a nivel nacional, el sanjuanino José Luis Gioja, apelara a la unidad federal para las parlamentarias.
Al mismo tiempo que celebraba Tassano, en el gobierno nacional cundía el temor por las consecuencias que pueden tener las revelaciones de directivos de Odebrecht, un escándalo que puede generar en este lado de la frontera un cataclismo político similar al que produjo en Brasil, donde quedaron salpicados dirigentes de todos los partidos.
La preocupación llevó al ministro de Justicia, Germán Garavano, a viajar a Estados Unidos para hablar con el jefe de los fiscales, Jeff Sessions, para liberar información que ejecutivos de la multinacional brasileña entregaron a la Justicia estadounidense sobre sobornos pagados en el país en los últimos años y que la empresa estimó en 35 millones de dólares.
El caso Odebrecht desnuda un modus operandi que, si bien es escandaloso, no por eso deja de sorprender, ya que tiene décadas de funcionamiento más o menos aceitado. La propia empresa, que tiene a su presidente, Marcelo Odebrecht, preso y condenado en Brasil, reconoció que lleva pagados más de 3.000 millones de dólares en coimas en casi todos los países de América Latina. Los ejecutivos de la constructora aceptaron «prender el ventilador» con tal de reducir la condena que les esperaría en su nación de origen, y en ese camino dejaron mal parados al expresidente de Perú, Alejandro Toledo, y al actual mandatario de Colombia, Juan Manuel Santos. Aquí las autoincriminaciones de Odebrecht podrían repercutir tanto contra funcionarios del gobierno anterior, como a los actuales y a miembros de gobiernos provinciales o municipales.
Jueces en la mira
El caso Odebrecht desnudó otro momento crítico para la institucionalidad. Porque voceros del oficialismo volvieron a arremeter contra la procuradora Alejandra Gils Carbó, a la que no quieren cerca y aún no hallaron el modo de expulsar. Ahora dijeron que busca direccionar esa investigación en contra del gobierno.
Las palabras del presidente Macri en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires en una entrevista pública fueron indicativas del rumbo que pretenden en la Casa Rosada. «Los miembros de la Justicia Federal tienen que saber que cuidado (sic), porque los argentinos queremos saber la verdad, entonces más vale que ellos nos representen. Si no, vamos a buscar otros jueces que nos representen».
Otro acusado de afinidad con el anterior gobierno, el juez Eduardo Freiler, seguía en la picota. Las presiones para que renuncie no encontraron la respuesta esperada y los intentos de someterlo a juicio político tampoco, por la falta de un voto clave en el Consejo de la Magistratura, el del representante de los académicos, Jorge Daniel Candis, convertido entonces en un obstáculo para el nuevo diseño al que en el área de Justicia aspira Cambiemos. Un diseño que choca con la resistencia de jueces no necesariamente filokirchneristas o incluso notoriamente opuestos. Así nació la Asociación de Jueces Federales, cuyo presidente, Jorge Morán, de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, confió en que «pueda contar algún día con las herramientas y los hombres para poder tener una Justicia que permita llegar a una República con la que soñamos».
La sorpresiva renuncia de Susana Malcorra, en tanto, despertó suspicacias de las que no fue ajeno el escándalo Odebrecht. Pero otros temas la podrían haber malquistado con el oficialismo, como haber apostado a pleno a la candidatura de Hillary Clinton en las elecciones estadounidenses, sin dejar margen a un triunfo de Donald Trump, lo que complicó al presidente con un viejo conocido. Además, su renuncia por razones personales explicando que debía estar cerca de su familia en Madrid contradice su deseo –en el que embarcó a la cancillería en pleno– de estar al frente de la ONU, un organismo con sede en Nueva York.
Revista Acción
Junio 15 de 2017
por Alberto López Girondo | Jun 24, 2017 | Sin categoría
Si algo se puede decir de Donald Trump es que está dispuesto a echar por tierra todos los convenios a los que Estados Unidos se comprometió durante los ocho años de Barack Obama en la Casa Blanca. Así, luego de patear el tablero con los acuerdos climáticos de París y amenazar con barrer el que se alcanzó con Irán y las grandes potencias por los proyectos nucleares del país asiático, ahora fue por Cuba. Lo prometió en campaña, lo venía adelantando y el viernes llegó a Miami a mediodía para, una hora más tarde, ante un Teatro Manuel Artime repleto de cubano-estadounidenses, entusiasmar a los más exaltados con un puñado de frases que, por lo menos, sonaron a retórica antigua.
«Estoy cancelando todo el acuerdo bilateral del último gobierno –dijo el polémico empresario–, estoy anunciando una nueva política, como prometí durante la campaña, y firmaré ese decreto en esa mesa en solo un momento.» Acto seguido estampó su rúbrica en una Orden Ejecutiva (Decreto de Necesidad y Urgencia) que endurece algunas políticas que se venían poniendo en marcha desde que el 17 de diciembre de 2014 Obama y el presidente cubano Raúl Castro sorprendieron al mundo dando a conocer el inicio de negociaciones para restablecer relaciones diplomáticas luego de más de medio siglo.
La Cancillería cubana se apuró a declarar que las nuevas medidas de endurecimiento del bloqueo están destinadas al fracaso. «Trump toma decisiones que favorecen a los intereses de una minoría extremista de origen cubano», destacó el comunicado oficial distribuido a última hora del viernes. A pesar de la condena, «el gobierno de Cuba reitera su voluntad de continuar el diálogo respetuoso y la cooperación con EE UU.»
Alrededor de 1000 personas que asistieron al encuentro en Miami celebraron la osadía tan poco frecuente en EE UU de un presidente que anula de un modo tan manifiestamente brutal una medida de su antecesor. A Trump le gritaban «te quiero» y hasta se animaron a un «feliz cumpleaños». Y él saludaba con las manos en alto como un colegial, agradeciendo el homenaje a su 71º aniversario, que fue el miércoles.
Entre los presentes estaban el senador Marco Rubio, el representante Mario Díaz-Balart, algunos notorios activistas anticubanos y veteranos de la invasión de Bahía de Cochinos, en 1961. Artime, que da nombre al teatro donde habló Trump, fue uno de los líderes de aquella intentona.
El fracaso de ese intento de desplazar al gobierno revolucionario por la fuerza provocó una profunda decepción en los grupos más extremistas de los exiliados, que estarían detrás de una conspiración que terminó con el asesinato de John F. Kennedy en 1963, según la investigación del fiscal Jim Garrison.
Algunas de las frases que encendieron el éxtasis fueron del tipo de «no levantaremos las sanciones a Cuba hasta que todos los prisioneros políticos sean libres, todos los partidos políticos estén legalizados y se programen elecciones libres y supervisadas internacionalmente», o bravuconadas como «desafiamos a Cuba a que venga a la mesa con un nuevo acuerdo que sea más beneficioso tanto para su pueblo como para nuestro pueblo, como para los cubano-estadounidenses».
¿Qué cambia en la práctica luego de este anuncio? La Embajada de Estados Unidos en La Habana, reabierta el 20 de julio de 2015, permanecerá abierta. Serán más duras las condiciones para el viaje y el comercio con la isla, sobre todo cuando se trata de ciudadanos estadounidenses que quieran ir por su cuenta y no lo hagan como parte de una delegación, no así para quienes tengan parientes. Habrá, también, mayores regulaciones para los negocios con empresas de capital estatal o ligadas a las Fuerzas Armadas.
Pero los vuelos comerciales continuarán como se venían haciendo, Cuba permanecerá fuera de la lista de países que patrocinan el terrorismo y no se reinstalará la política de «pies secos, pies mojados» que facilitaba la permanencia de cubanos que se fueran de la isla a condición que ya hubieran logrado descender en suelo estadounidense.
Fuentes de la Cancillería cubana analizaban que el anuncio fue un gesto para los «gusanos» más recalcitrantes con poco sustento entre las generaciones más jóvenes. Incluso, deslizaron, «tampoco es que Obama había hecho tan bien los deberes, de hecho, el bloqueo no se ha levantado y eso sigue causando perjuicios enormes a la economía cubana que, entre otras cosas, no puede operar con moneda extranjera por las restricciones que aún mantienen los bancos internacionales».
Por otro lado, según los últimos sondeos, el 65% de la población de EE UU apoya el acercamiento que ensayó Obama y el reclamo por poner fin al bloqueo es casi unánime en cada asamblea de las Naciones Unidas en que se trate el asunto. Por otro lado, durante este año y medio de distensión se crearon oportunidades de negocios para miles de productores de Florida y de otros estados de la costa atlántica.
Es así que legisladores, empresarios, analistas políticos y económicos, y gurúes de todas los pelambres venían dando la voz de alarma cuando se supo de la intención del presidente. «Esto atenta contra otra promesa electoral, la que se representa mediante el slogan America First (Estados Unidos primero)», dijeron.
A las pruebas se remitieron: más de 250 mil estadounidenses visitaron la isla en los primeros cinco meses de este año, un 145% más que en igual período del año pasado. Todavía no están las cifras –van a aparecer en estos días– pero ya se sabe que es enorme el volumen de inversiones de empresas aéreas, marítimas y hoteleras que apostaron a las posibilidades que se abren para Cuba.
Hay en el trasfondo del anuncio de Trump, finalmente, una especulación que juega con los tiempos para quedar bien parado ante los pobladores de un distrito que fue clave para ganar la presidencia en 2015. El líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, murió en noviembre pasado y en febrero de 2018 el presidente Raúl Castro termina su mandato y con él la camada que inició este camino en 1959 pasa, como se dice, a «cuarteles de invierno».
Si bien hay una hoja de ruta que el gobierno cubano ya tiene establecida para ese momento, en pocos meses pase lo que pase, la administración estadounidense tendrá que vérselas con nuevas caras en La Habana. Tal vez a lo que apunta Trump es a marcar la cancha a los que vengan sin pagar un precio tan alto por el desafío.
Pero es bueno recordar que luego de más de medio siglo de medidas de toda índole contra el gobierno revolucionario, Obama terminó admitiendo que habían sido un fracaso y que había condenado a Estados Unidos a la aislación, más que a Cuba.
Tiempo Argentino
Junio 18 de 2017
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